El Tribunal Oral Federal de Paraná, en su conformación unipersonal a cargo de la jueza Mariela Emilce Rojas, dictó sentencia este viernes 4 de julio en una causa por narcotráfico que tuvo como acusados a dos hombres identificados como SPTP, de 41 años, y HLM, de 42. La jueza condenó al primero como autor penalmente responsable del delito de transporte de estupefacientes a cuatro años y dos meses de prisión efectiva, además de una multa de $5.068.440, conforme lo acordado en un juicio abreviado celebrado entre la Fiscalía y la Defensa.

El coimputado HLM fue condenado como partícipe secundario del mismo delito, recibiendo una pena de dos años y diez meses de prisión en suspenso, sujeta al cumplimiento de una serie de normas de conducta. Pese a la diferencia en la modalidad de cumplimiento de la condena, ambos deberán afrontar el mismo monto de multa.

Los hechos que motivaron la causa ocurrieron el 5 de septiembre de 2024, cuando personal de seguridad detuvo una Citroën Berlingo durante un control vehicular en el acceso a la localidad de Betbeder, en el Departamento Nogoyá. En el vehículo viajaban HLM, al volante, y SPTP como acompañante.

Durante la revisión del rodado, SPTP descendió para buscar el matafuego, momento en el que se le cayó del pantalón un envoltorio de nylon negro que contenía una sustancia blanca compacta, luego identificada como clorhidrato de cocaína. Posteriormente, se halló un bolso con $863.500 y 400 dólares en efectivo, oculto cerca del freno de mano del vehículo. El pesaje de la sustancia arrojó un total de 505 gramos, y el narco test confirmó la presencia del estupefaciente.

En su resolución, Rojas consideró que el cuadro probatorio reunido durante la instrucción, basado en evidencia documental, testimonial y pericial, resultó "contundente y suficiente" para acreditar los hechos atribuidos a ambos imputados, en consonancia con el acuerdo de juicio abreviado presentado el pasado 27 de junio.

La magistrada remarcó la diferencia en las escalas penales aplicadas a cada acusado, considerando la calidad de autor directo de SPTP y de partícipe secundario de HLM. Según explicó, la legislación vigente permite una reducción significativa de la pena en este último caso.

Además, dispuso el traslado definitivo de SPTP desde la Unidad Penal N°5 a la Unidad Penal N°1 de Paraná, para favorecer el contacto con sus hijos y su entorno de vida.

Respecto al dinero secuestrado, la jueza ordenó el decomiso y su transferencia, junto con los intereses generados, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cumplimiento de lo establecido por la ley 23.737. Los 400 dólares, custodiados en un sobre lacrado en el Banco Nación sucursal Victoria, también deberán ser entregados a la Administración General de la Corte Suprema.

Rojas concluyó que las penas acordadas "resultan adecuadas a las circunstancias personales de los imputados" y acordes a "la entidad del injusto que se les atribuye". Reafirmó la validez del juicio abreviado como mecanismo legítimo dentro del proceso penal, destacando que las partes valoraron debidamente los hechos para alcanzar una sanción proporcional.

El juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, encabezó este miércoles una audiencia clave en el marco del amparo ambiental colectivo presentado por un grupo de vecinos de Crespo, quienes denunciaron presuntos daños a la salud y al medio ambiente como consecuencia del uso de agua de arroyos contaminados para el riego de calles de tierra en la ciudad.

Durante la audiencia, el magistrado escuchó a todas las partes involucradas y, si bien aún no resolvió sobre el fondo del planteo, decidió mantener vigente la medida cautelar que prohíbe esta práctica, mientras se avanza con la producción de nuevos informes técnicos y se exploran alternativas para dar una respuesta integral al problema.

Los vecinos, representados por Luciano Lell y Maximiliano Pérez Viecenz, acompañados por el asesor técnico Alcides Alanis, solicitan mediante el amparo que se ordene al Municipio de Crespo:

Cesar el riego de calles con agua extraída de arroyos que contendrían efluentes cloacales sin tratamiento.

Reparar y poner en funcionamiento el sistema cloacal mediante sus estaciones elevadoras.

Diseñar y dar a conocer un plan de mantenimiento de dichas estaciones.

Implementar un Plan de Saneamiento con participación ciudadana para recomponer los cursos de agua contaminados.

Según se detalló en el expediente, los análisis de laboratorio adjuntados como prueba indican la presencia de coliformes totales y Escherichia coli en las descargas cloacales vertidas en los arroyos Hondonada de la Cruz y S30052, afluentes del arroyo Espinillo. Los vecinos señalaron que esta situación no solo compromete el ambiente, sino también representa un riesgo directo para la salud pública.

En la audiencia estuvieron presentes representantes del Municipio, de la Secretaría de Ambiente de la provincia, de Fiscalía de Estado, y del Ministerio Público Fiscal. Entre los participantes se encontraban los abogados municipales Lilian Caballero y Francisco Ferrer, así como funcionarios provinciales como María Valdez, Osvaldo Fernández y Andrea Pérez, entre otros.

El juez Vergara mostró especial interés en los detalles técnicos del caso y promovió el diálogo entre las partes para avanzar hacia posibles soluciones consensuadas. También hizo hincapié en la necesidad de informes imparciales y verificables, para lo cual destacó el rol técnico de la Secretaría de Ambiente y la intervención del Ministerio Público.

Desde el Municipio, se reconocieron los problemas de infraestructura y se indicó que se está en proceso de búsqueda de financiamiento a nivel provincial y nacional, ya que los recursos locales no serían suficientes para encarar las obras necesarias. Los vecinos, por su parte, insistieron en la necesidad de contar con garantías concretas sobre la ejecución de los trabajos prometidos.

Los arroyos involucrados en la denuncia forman parte de la cuenca alta del arroyo Espinillo, que alimenta al arroyo Las Conchas, el cual a su vez desemboca en el río Paraná. Cabe recordar que, a fines de 2024, se registró una importante mortandad de peces en esta zona, lo que motivó la intervención del equipo de Fiscalización Ambiental de la provincia y el hallazgo de una “gran carga de materia orgánica” en el agua.

El juez Vergara se retiró a deliberar sobre las distintas posiciones presentadas y en los próximos días podría emitir una resolución sobre el amparo colectivo. Mientras tanto, la medida cautelar seguirá vigente, prohibiendo el uso de agua de arroyos para el riego de calles sin pavimentar, hasta que se esclarezca la situación y se implementen medidas correctivas.

El juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, resolvió este martes declarar “improcedente” la casi totalidad de los recursos de apelación interpuestos por las defensas de los imputados en la denominada “causa coimas” —encabezada por el ex‑gobernador Sergio Urribarri— y sólo admitió, de manera parcial, el planteo formulado por el exministro de Trabajo Guillermo Smaldone, quien ejerce su propia defensa.

Rechazó los recursos promovidos por los abogados de Urribarri; Cardona Herreros; Luis Alfonso Erbes; Carlos Haidar; Miguel Ángel Ulrich y el propio Smaldone (en la parte que cuestionaba la validez de la evidencia fiscal).

Concedió el recurso de Smaldone únicamente respecto de la negativa a incorporar la prueba informativa, pericial y documental que había ofrecido para sostener su estrategia defensiva.

Tuvo por “reservado el caso federal” a favor de Urribarri, Cardona Herreros, Erbes y Ulrich, lo que les permite acudir a la Corte Suprema si lo consideran necesario.

Vergara sostuvo que la aceptación de la prueba digital y testimonial ofrecida por la Fiscalía “no genera un gravamen irreparable” para los imputados, pues podrá ser reexaminada durante el debate oral y, en última instancia, por el tribunal sentenciante. En cambio, negar las evidencias propuestas por Smaldone sí podría “impedirle fatalmente sostener su teoría del caso”, razón por la que habilitó la revisión del punto ante la Cámara de Apelaciones.

El magistrado también recordó que las calificaciones legales seleccionadas por el Ministerio Público Fiscal son provisorias y pueden modificarse en la sentencia sin vulnerar el principio de congruencia.

La investigación, elevada a juicio el 5 de junio, indaga presuntos pagos de sobornos y contrataciones direccionadas a favor de la firma Relevamientos Catastrales S.A., dirigida por Diego Armando Cardona Herreros, amigo personal de Urribarri. La acusación reclama para el exgobernador diez años de prisión y un monto millonario en concepto de decomisos y multas.

Según el legajo fiscal, los favores se habrían tejido entre 2007 y 2015 a través de sucesivos decretos, addendas y licitaciones amañadas para la provisión de software catastral. Entre los partícipes figuran —además de Urribarri y Cardona Herreros— el exdirector de Informática Carlos Haidar; el exdirector de Ajustes y Liquidaciones Miguel Ángel Ulrich; el exsubsecretario de Presupuesto Luis Alfonso Erbes; y el exsecretario de Hacienda Humberto Flores, entre otros.

El próximo miércoles 26 de junio a las 12 horas, el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Mauricio Mayer, dará a conocer su resolución respecto del acuerdo de juicio abreviado presentado en dos causas de alto perfil que involucran a exfuncionarios de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

Los imputados son Alicia Benítez, exdirectora del organismo, y Néstor Kemerer, quienes fueron acusados por Administración fraudulenta y Peculado negligente, respectivamente. El acuerdo fue elevado al magistrado por los fiscales Juan Ramírez Montrull y Gonzalo Badano, junto a las defensas de Benítez, representada por la abogada Victoria Halle, y Kemerer, defendido por Leopoldo Lambruschini.

El juicio abreviado incluye dos investigaciones. La primera se remonta a 2014 y aborda el presunto pago de sobreprecios en obras y servicios contratados de forma directa en el marco de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, realizada en Paraná. Se le imputa a Benítez haber coordinado las contrataciones de obras en espacios como la Vieja Usina y la Escuela Centenario, entre otros, mediante un decreto del Poder Ejecutivo Provincial.

La segunda causa, conocida como “Viáticos en Vialidad”, data de 2017 y alcanzó a ambos imputados. Se trata de viáticos abonados a empleados por comisiones de servicio que nunca se concretaron, situación que fue revelada gracias al control de relojes biométricos que demostraron la presencia de los agentes en la sede de la DPV, en lugar de en comisiones externas.

Como parte del acuerdo, Benítez se comprometió a pagar dos multas:

Una de $12.924.929 por el caso Cumbre, equivalente al 20% de los supuestos sobreprecios.

Otra de $457.476 por el caso Vialidad.

Ambas sumas serían abonadas en seis cuotas mensuales de $2.230.999,35, a partir del 1 al 10 de julio, siempre que el juez homologue el acuerdo.

Por su parte, Kemerer acordó el pago de $667.499, en dos cuotas bajo las mismas condiciones.

Cabe recordar que Kemerer ya cuenta con una condena previa en suspenso por el uso indebido de fondos de Vialidad para la construcción de una escuela privada para hijos de trabajadores del sector. No obstante, los fiscales aclararon que los hechos juzgados ahora son anteriores a aquella sentencia.

En la causa por la Cumbre del Mercosur también fueron imputados empresarios de la construcción que firmaron convenios con el Estado: Miguel Marizza, Néstor Ivan Szczech, Daniel Hereñú y Rubén Grasso. En junio de 2022, la jueza de Garantías Marina Barbagelata homologó acuerdos abreviados que incluyeron una probation con pagos de entre $250.000 y $500.000 a instituciones benéficas de Paraná y una reparación económica al Estado provincial.

La resolución del juez Mayer será clave para cerrar un capítulo que acumula más de una década de trámite judicial. Las causas han tenido múltiples derivaciones políticas y administrativas, y el fallo tendrá implicancias tanto para los imputados como para la jurisprudencia sobre hechos de corrupción en la gestión pública en Entre Ríos.

El juez de Garantías, Santiago Brugo, dictó una condena de 5 años y 6 meses de prisión efectiva e inhabilitación por 10 años para conducir vehículos a Maximiliano Zapata, hallado culpable de provocar el siniestro vial que costó la vida a tres jóvenes en la Ruta Nacional 12, a la altura del acceso a Crespo. La tragedia ocurrió el domingo 7 de abril de 2024, y se cobró la vida de Ayrton Bertozzi (22 años), Brian Bertozzi (24) y Néstor Rodríguez (25), todos oriundos de la localidad de Tabossi.

Pese a que la sentencia ya fue adelantada por el magistrado, aún se aguarda la definición sobre la modalidad de cumplimiento, ya que la defensa de Zapata solicitó prisión domiciliaria, mientras que tanto la Fiscalía como la querella insisten en que el condenado debe ser trasladado a la Unidad Penal Nº 1, dada la gravedad de los hechos.

Tras conocer la sentencia, la madre de Ayrton y Brian Bertozzi expresó con profundo dolor:

“Nada me va a devolver a mis hijos, pero que este hombre pague lo que hizo me da un poquito de alivio. Siempre estuvo cómodo en su casa, mientras nosotros llorábamos en la nuestra. Yo voy al cementerio tres o cuatro veces por semana”.

Además, cuestionó el accionar del médico policial interviniente, al que acusa de haber actuado con insensibilidad y negligencia en medio del doloroso momento. “Dijo que era mejor atender a un vivo que a un muerto, estando yo ahí. Me desgarró el alma”, relató entre lágrimas.

Sobre el pedido de prisión efectiva, fue clara: “Queremos que vaya a la cárcel, no a su casa. Aunque nada me devuelva a mis hijos, eso sería un poco de justicia”.

El hecho ocurrió sobre el kilómetro 404 de la Ruta Nacional N° 12, a escasos 500 metros del "acceso Libertad" a Crespo. Los jóvenes regresaban de un espectáculo musical a bordo de un Volkswagen Golf, cuando fueron embestidos de frente por un Toyota Corolla conducido por Zapata, quien circulaba a alta velocidad (132 km/h) y cruzó en doble línea amarilla.

El impacto fue devastador: los tres jóvenes murieron en el acto. Solo uno de los ocupantes del Golf, Emiliano Enrique, logró sobrevivir tras ser internado con graves heridas. Recibió el alta médica el 16 de abril de 2024.

Zapata, de 31 años, viajaba acompañado por Agustina Sukmanowski Pintado (35), propietaria del vehículo, quien resultó ilesa.

La querella y la Fiscalía reiteraron su solicitud de que el condenado cumpla la pena en una unidad penitenciaria, en consonancia con la magnitud del delito y sus consecuencias. El juez Brugo, quien ya dio a conocer el monto de la pena, deberá ahora resolver si convalida o no el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa.

Mientras tanto, los familiares de las víctimas reclaman justicia completa. “No queremos venganza, solo justicia. Y eso empieza con que este hombre cumpla su condena donde debe ser: en la cárcel”, concluyó la madre de dos de los jóvenes fallecidos.

El exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, se expresó públicamente a través de su cuenta de Facebook tras recuperar su libertad, luego de haber pasado 51 días en prisión preventiva. En su mensaje, Urribarri defendió su inocencia y cuestionó la imparcialidad del proceso judicial en su contra, al tiempo que destacó los logros de su gestión al frente de la provincia.

En su publicación, Urribarri enumeró los hechos que lo llevaron a su condena: “la contratación de carteles en la ruta, una solicitada, cuatro videos y la instalación de un parador turístico”. Según el exgobernador, estas acciones formaban parte de su gestión y no constituyen delitos.

“Se abrió una puerta muy peligrosa al condenar las aspiraciones políticas de un dirigente”, señaló, advirtiendo sobre las consecuencias que este tipo de fallos podrían tener en el ejercicio de la función pública.

Urribarri denunció irregularidades en el proceso judicial que lo involucró, señalando que quienes revisaron su condena eran personas vinculadas a actores clave del caso. “¿De qué imparcialidad me pueden hablar?”, cuestionó, haciendo referencia a supuestos conflictos de interés en el tribunal que revisó su sentencia.

El exmandatario confió en que la Corte Suprema de Justicia revisará las decisiones adoptadas en su contra y aseguró que continuará luchando por demostrar su inocencia.

Sobre su detención, Urribarri calificó de “ilegal” la prisión preventiva que se le dictó, la cual lo mantuvo encarcelado durante 51 días. Criticó particularmente los argumentos utilizados para justificar su posible fuga, mencionando que se llegó a plantear la posibilidad de que huyera al Uruguay en bote.

“El fallo del STJ dejó en claro la audacia de esos argumentos”, sostuvo, refiriéndose al dictamen del Superior Tribunal de Justicia que ordenó su liberación.

Urribarri agradeció a su familia, abogados, y al Servicio Penitenciario por el trato recibido durante su detención, así como a los militantes peronistas que expresaron su solidaridad a pesar de las presiones.

En un mensaje dirigido a los dirigentes de su partido, reconoció el miedo que podrían sentir ante la posibilidad de enfrentar situaciones similares, pero destacó que este tipo de persecuciones suelen ocurrirles a quienes llevan adelante “gestiones transformadoras”.

El exgobernador cerró su mensaje resaltando los logros de su administración, entre los que mencionó la construcción de 154 escuelas, 24.000 viviendas, kilómetros de rutas y accesos, hospitales, y la erradicación del analfabetismo.

“Para mí, el único poder que ostento es el de poder mirar a los ojos a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos y a los miles de entrerrianos y entrerrianas que recuerdan nuestra monumental obra de gobierno”, concluyó Urribarri.

La publicación generó diversas reacciones en redes sociales, reflejando la polarización que aún despierta su figura en el ámbito político y social de Entre Ríos.

Este jueves al mediodía se conformó el tribunal que deberá resolver sobre la situación procesal de Pedro Báez, exministro de Comunicación y Cultura, quien actualmente cumple prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 de Paraná. Báez fue condenado a seis años y medio de prisión por el delito de corrupción, y su defensa solicitó la libertad ambulatoria.

El tribunal quedó integrado por los jueces Miguel Ángel Giorgio, Gisela Schumacher y Gladys Pinto, según confirmaron fuentes judiciales a la agencia APFDigital. Inicialmente, estaba compuesto por el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Leonardo Portela; el juez Civil, Comercial, Laboral y de Paz, Juan Carlos Coglionesse; y Miguel Ángel Giorgio. Sin embargo, los dos primeros iniciaron sus vacaciones, por lo que fueron reemplazados por Schumacher y Pinto.

El orden de votación establecido en el expediente judicial determina que Miguel Ángel Giorgio será el primero en emitir su voto, seguido por Gisela Schumacher y finalmente Gladys Pinto.

El caso de Pedro Báez ha generado un alto nivel de interés público debido a las implicancias de su condena por corrupción. La decisión del tribunal será clave para definir si el exministro continúa cumpliendo la prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 o si accede al beneficio de la libertad ambulatoria mientras se resuelven instancias judiciales posteriores.

El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos en Feria, Leonardo Portela, dispuso este martes 14 de enero a las 13:00 horas el sorteo del tribunal que resolverá el recurso de impugnación extraordinaria presentado por la defensa de Pedro Báez. En cumplimiento del Reglamento N°4 sobre Ferias Judiciales, se determinó que el tribunal estará integrado por los vocales Miguel Ángel Giorgio, Juan Carlos Coglionesse (juez en Feria en materia Civil, Comercial, Laboral y de Paz de Paraná) y el propio Portela.

La medida es parte del proceso abierto tras la habilitación de la Feria Judicial el 10 de enero, cuando Portela resolvió tratar el pedido de la defensa de Báez, a cargo de los abogados Ignacio Díaz y José Velázquez. La defensa busca que se extiendan a su representado los efectos de un fallo del STJ que revocó la resolución de la Cámara de Casación respecto a Sergio Urribarri y Juan Pablo Aguilera, también condenados en la Causa Compleja. Este fallo permitió la excarcelación de Urribarri y Aguilera con restricciones.

El 13 de enero, a las 21:05, el Ministerio Público Fiscal (MPF) presentó su dictamen en respuesta a la vista que le fue corrido el 11 de enero, en la que se destacaba la relevancia del caso debido a que involucra la libertad ambulatoria del imputado, un derecho cuya afectación podría generar un perjuicio irreparable. El fiscal coordinador Leandro Dato había pedido el rechazo del recurso de Báez, argumentando la gravedad de los hechos imputados y la necesidad de mantener la prisión preventiva.

En la resolución de este martes, el STJ señaló que el expediente sobre la impugnación extraordinaria de Báez guarda una estrecha relación con el recurso de queja previamente tratado. Según un informe del 26 de noviembre de 2024, se recordó que diversos jueces y vocales se excusaron o fueron recusados en etapas anteriores del proceso, lo que ha influido en la composición del tribunal.

Entre los antecedentes, se mencionaron las excusaciones de los vocales Claudia Mizawak y Daniel Carubia, así como la resolución del 31 de mayo de 2024 que aceptó los planteos recusatorios de las defensas contra el vocal Juan Francisco Malvasio. También se mencionó la inhibición del vocal Alejandro Cánepa, aceptada en 2019.

El tribunal integrado en Feria deberá resolver sobre el recurso presentado por la defensa de Báez en los próximos días, en un contexto marcado por la complejidad procesal y las múltiples recusaciones que han afectado el desarrollo del caso.

Pedro Báez, condenado en abril de 2022 por su implicancia en la Causa Compleja, permanece en prisión preventiva mientras se espera una decisión final del Superior Tribunal de Justicia y, eventualmente, de la Corte Suprema. La resolución que adopte el tribunal en Feria podría tener un impacto significativo en la situación procesal del exfuncionario y en el desarrollo de las causas de corrupción que involucran a exintegrantes de la gestión de Sergio Urribarri.

El 30 de julio del año pasado marcó un punto de quiebre para la empresa Golsur, cuando esta pasó a manos de dos ciudadanos paraguayos: un abogado y un comerciante que adquirieron el 50% de las acciones cada uno, desembolsando apenas 10 millones de guaraníes (aproximadamente 1.200 dólares). Sin embargo, apenas dos meses después, los nuevos accionistas otorgaron un poder amplio a Iara Guinsel Consta, secretaria del exsenador argentino Edgardo Kueider, lo que levantó sospechas sobre los verdaderos propietarios y el propósito detrás de estas operaciones.

Una investigación de Infobae reveló documentos, facturas y resoluciones oficiales que destapan la compleja trama de Golsur, que incluye vínculos con Kueider, cambios societarios y poderes que habilitaron maniobras de amplio alcance en Paraguay.

Según los registros, los nuevos dueños, José Fernando Courisat y Amado Andrés Torales Benega, adquirieron las acciones de Pedro Roure Rius y María Fernanda Sbrocca por 10 millones de guaraníes cada uno. Los compradores asumieron roles clave en la firma: Torales Benega como presidente y Courisat como representante legal. Sin embargo, los registros de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) no reflejaron estos cambios, manteniendo a Roure Rius como representante legal, quien aseguró desconocer tanto a los nuevos dueños como a Kueider y Guinsel Consta.

El 15 de octubre, la secretaria de Kueider recibió un poder amplio de Courisat y Torales Benega, habilitándola para manejar la empresa. Este poder le permitía gestionar negocios, bienes e intereses, aceptar créditos, pagar obligaciones y realizar todo tipo de transacciones financieras a nombre de Golsur.

Los documentos aportados al expediente indican que Kueider y Guinsel Consta habrían buscado durante meses una sociedad para operaciones inmobiliarias en Asunción. Un empresario local confirmó que en junio intentaron adquirir cinco departamentos, pero la operación no prosperó por falta de una sociedad anónima adecuada.

En octubre, Golsur obtuvo autorización para operar en sectores como actividades inmobiliarias, construcciones civiles e industria publicitaria. Sin embargo, el domicilio registrado de la empresa, Alberdi 734 en Asunción, coincide con el de una empresa dedicada a la venta de sociedades anónimas, lo que refuerza las sospechas de irregularidades.

Actualmente, tanto Kueider como Guinsel Consta cumplen prisión domiciliaria en Asunción. La jueza federal argentina Sandra Arroyo Salgado solicitó su extradición para ser juzgados en el país, pero el proceso enfrenta demoras. La fiscalía paraguaya indicó que el pedido tiene defectos formales y prevé tomarse hasta cuatro meses para avanzar en la causa.

Las investigaciones bancarias sobre Golsur y posibles movimientos financieros de Kueider y Guinsel Consta podrían ser clave para determinar la existencia de delitos como lavado de activos o contrabando. Mientras tanto, la trama de Golsur sigue sumando capítulos, dejando entrever una red de maniobras con implicancias políticas, legales y económicas en ambos países.

Victoria.- Especializada en Derecho de Familia y Menores, dentro de su recorrido profesional en las lides del derecho, la abogada victoriense Verónica Mulone nos cuenta sobre su rol como Jurado de Concursos en el Consejo de la Magistratura, amén de su asesoramiento a afiliados a UPCN Unión personal Civil de la Nación, entre otras cosas desde su profesión ejercida en el campo privado.

Si bien en la actualidad encabeza la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad y Justicia; vale destacar que desde hace un par de años atrás, su nombre ha cobrado relevancia a partir de su desempeño como presidenta del Jurado de Enjuiciamiento, en representación del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, en el proceso que dictaminó la destitución de la Dra. Cecilia Goyeneche, ex subprocuradora provincial.

Durante 2024, la provincia de Entre Ríos llevó a cabo un total de 34 juicios por jurados, lo que demandó una inversión de $197.444.111 por parte del Poder Judicial. Esta cifra incluyó pagos a jurados, alquileres de salones, viáticos y otros costos operativos. Si bien se había proyectado realizar 37 juicios, variables propias de los procesos judiciales redujeron la cifra esperada.

Los 34 juicios realizados se distribuyeron en diversas ciudades de la provincia de la siguiente manera:

Desde la implementación del sistema en 2020, se han llevado a cabo 111 juicios por jurados, con un promedio anual de 22. Para 2025, se proyectan 50 juicios, lo que requerirá un presupuesto de $570.700.000.

Cada juicio demandó un promedio de cuatro días, destacándose la agilidad en la selección de jurados (audiencia voir dire) y la posibilidad de iniciar el mismo día las primeras etapas del juicio, según lo permite la Ley 10.746. Esto incluyó la promesa del jurado, el video de sensibilización en cumplimiento de la Ley Micaela y, en algunos casos, los alegatos de apertura.

El tiempo promedio entre la audiencia de admisión de evidencias y la realización del juicio fue de 25 a 40 días, permitiendo a las partes negociar salidas alternativas o preparar sus estrategias para el juicio.

En 2024, 544 ciudadanos cumplieron el rol de jurados, manteniendo la paridad de género. Desde la implementación del sistema, han sido convocadas 7.945 personas para la audiencia de selección, de las cuales 1.776 finalmente participaron como jurados en los juicios realizados.

La Dirección Provincial de Juicio por Jurados cuenta con solo dos cargos específicos creados desde la implementación del sistema, lo que destaca la necesidad de optimizar recursos en conjunto con las Oficinas de Gestión de Audiencias (OGAs).

El objetivo para 2025 es aumentar la cantidad de juicios en las jurisdicciones de Paraná y Concordia, que concentran la mayor cantidad de causas pendientes. Además, se buscará mantener la efectividad en tiempos y recursos, optimizando la coordinación entre las OGAs y la Dirección Provincial.

La implementación del juicio por jurados en Entre Ríos representa un avance en la participación ciudadana en el sistema judicial y un desafío constante en términos de recursos y planificación. Toda la información sobre los juicios realizados está disponible en el sitio oficial del Poder Judicial: https://www.jusentrerios.gov.ar/juicio-por-jurados/.

El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ), vocal Leonardo Portela, ofreció un balance de gestión al cierre de un año marcado por desafíos económicos a nivel nacional. A pesar de las dificultades, aseguró que “el año que termina arroja un balance positivo” y destacó que se logró garantizar el servicio de justicia en la provincia.

Entre febrero y noviembre de 2024, el Poder Judicial concretó 2.367.753 actos procesales y registró el inicio de 77.814 causas judiciales. Además, los abogados y abogadas realizaron más de 1 millón de presentaciones digitales (1.001.920), reflejando la consolidación de herramientas tecnológicas en la gestión judicial.

El trabajo del Poder Judicial incluyó:

Portela subrayó que estas cifras representan solo una parte del trabajo realizado, ya que no incluyen actividades no registradas electrónicamente, como las audiencias voluntarias en Juzgados de Paz.

El presidente del STJ destacó avances en infraestructura, tecnología y organización:

Portela también valoró la implementación de las Oficinas de Gestión Única (OGU) en el fuero de familia, como parte del proceso de modernización y desconcentración administrativa.

Entre los desafíos pendientes, Portela mencionó:

Portela concluyó su balance reconociendo el compromiso del personal judicial, cuya labor considera fundamental en un contexto de crisis social. “Vivimos intentando solucionar conflictos en una sociedad fragmentada y en permanente crisis. Es una actividad que agota física y mentalmente, pero los empleados siguen poniendo el cuerpo y llevando a sus comunidades el fruto de su trabajo de manera sostenida”, destacó.

El presidente del STJ valoró también la actitud de los otros poderes del Estado, que facilitaron la tarea mediante un diálogo permanente y disposición para abordar asuntos relevantes.

La reciente detención del senador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider, en Paraguay por transportar más de 200.000 dólares en efectivo sin declarar ha encendido el debate sobre los controles y límites legales para el traslado de dinero entre países.

En Argentina, está permitido ingresar o retirar hasta 10.000 dólares estadounidenses (o su equivalente en otra moneda) en efectivo sin necesidad de declararlo. Sin embargo, para montos que superen este límite, los viajeros deben cumplir con ciertas disposiciones:

Kueider fue detenido en la madrugada del martes en un control de rutina en el Puente Internacional de la Amistad, que conecta Paraguay y Brasil. Según informó la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DENIT) de Paraguay, el legislador transportaba más de 200.000 dólares estadounidenses y 600.000 pesos argentinos en efectivo.

Las autoridades paraguayas confirmaron que el senador no pudo justificar el origen ni el destino del dinero, lo que derivó en su detención inicial y el inicio de una investigación administrativa y penal. Actualmente, Kueider se encuentra en libertad a la espera de ser citado por el fiscal encargado del caso.

Este caso ha puesto en evidencia las irregularidades en el manejo de efectivo por parte de funcionarios públicos, así como la necesidad de reforzar los controles en los pasos fronterizos. Además, subraya el riesgo de sanciones legales para quienes incumplen con las normativas.

Es fundamental que las personas que transporten dinero en efectivo cumplan con las normativas locales e internacionales:

Victoria.- Ultimando los pertinentes detalles para lo que será la concreción del tercer juicio por jurado popular en la ciudad el próximo lunes 2 de diciembre, visitaron Victoria el pasado miércoles 27 el director de la Oficina de Gestión de Audiencias de la provincia (OGA), Dr. Fermín Bilbao y la directora de la misma dependencia del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Dra. Florencia Bascoy. Las audiencias se realizarán en el salón de usos múltiples del Cine Teatro Victoria durante los días que dure el mismo.

En diálogo con Paralelo 32, el abogado Rubén Pagliotto, denunciante en la causa contra Sergio Urribarri y sus funcionarios, explicó cómo se realizó la investigación. Dio fundamental mérito, “un 70%” de la información acreditada a la investigación periodística de Daniel Enz. “Un 70% de todo lo que pudimos acreditar fue el material que Enz publicó a través de sus investigaciones periodísticas”, comentó. Agregó que “gran parte de las pruebas las publicaba, otras no tanto porque necesitaba profundizar”.

Sobre el 30% restante de información que Pagliotto atribuye a su propia investigación junto a su socio y colega Guillermo Mulet, destacó que lo consiguió “a partir de mi conocimiento del Derecho Penal, mi experiencia en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA, creada por el gobernador Sergio Montiel y activa entre 2000 y fines de 2003, N. de R.), muchas ‘gargantas profundas’ que nos contaban cosas muy sórdidas desde adentro del gobierno”.

Hubo material que surgió de organismos de control oficial, como la Tesorería de la provincia, Tribunal de Cuentas, Contaduría General; así como funcionarios de carrera que acercaron material inculpatorio. “También, periodistas del interior que conocían situaciones e incluso ‘arrepentidos’ que nos dieron información valiosa”, agregó Pagliotto.

El abogado paranaense destacó que dentro de la investigación general, encontró información original sobre una mesa de dinero en la Legislatura, que prestaba fondos, canjeaba dólares y blanqueaba dinero del narcotráfico a partir conexiones con la banda rosarina de Los Monos. Esa mesa funcionó entre 2012 y 2014, aproximadamente, “y se ‘apaga’ cuando descubren al chofer de la gobernación transportando cocaína en 2015”. Aunque Pagliotto aclaró que no tiene elementos para asegurar que ambos casos, el chofer y la mesa de dinero, estén relacionados. 

El entrevistado comentó que esa causa está en el fuero federal, en el Juzgado de Aníbal Ríos, porque se le aplica una norma nacional, la Ley Penal Cambiaria. “Pero está durmiendo el sueño de los justos, desde que falleció el fiscal que venía investigando con tenacidad, Carlos García Escalada”, aclaró. 

El estudio de Pagliotto sufrió un atentado en febrero de 2016, que atribuyó al accionar de Los Monos, molestos con esa investigación penal. Tampoco le fue bien al colega Daniel Enz (Premio Fopea al periodismo de investigación), constantemente acusado por Urribarri como culpable de su situación, lo que maldisponía peligrosamente a sus seguidores menos razonables.

Podría decirse que desde hace décadas la revista Análisis, de Enz, ha publicando infinidad de denuncias –siempre respaldadas en pruebas documentales- que han motivado el fin de la carrera de ministros y eventualmente la cárcel para algún diputado. Si no hay otras provincias donde los corruptos sean delatados públicamente, es a falta de esta clase de periodismo de investigación y abogados que se enfrentan con los pesos pesados en tribunales.

El martes pasado, a mitad de la mañana, se conoció la sentencia de la Cámara de Casación Penal de Paraná, integrada por las vocales Marcela Davite, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo. Por unanimidad y con voto fundamentado por la doctora Davite, al que adhirieron sus pares, dispuso la ‘prisión preventiva’ para el ex gobernador Sergio Urribarri y para su cuñado, Juan Pablo Aguilera. Ambos, junto a otros acusados, como el ex ministro Pedro Báez, fueron condenados por corrupción, con condenas ratificadas en tres instancias sucesivas. Las apelaciones continúan con la esperanza de pasar la Navidad en su casa.

El ex gobernador caído en desgracia pasó a ocupar una celda en la Unidad Penal N° 1 de Paraná “Dr. Juan José O´Connor”, de cuatro metros por tres de superficie, baño, dos camas de una plaza, una mesa, utensilios para comer y “obviamente” luz eléctrica. Así describió el lugar de detención el director General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, inspector general Aníbal Alejandro Miotti, en el programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) que conduce Daniel Enz, el principal investigador desde su función periodística, sobre todas las irregularidades patrimoniales y de gestión gubernamental que generaron prueba contundente contra Urribarri, colaboradores y amigos que se beneficiaron durante su gestión de gobierno. 

Urribarri fue gobernador de Entre Ríos entre 2007 y 2015, y durante el gobierno anterior ofició de embajador argentino ante Israel. En 2022, cuando el Tribunal de Apelaciones provincial confirmó la sentencia, el entonces presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia a ese cargo.

A partir de la investigación periodística, los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet iniciaron la denuncia penal por delitos de peculado, negociaciones incompatibles con la administración pública y otros, por usar fondos provinciales para, entre otras acciones, realizar una campaña preelectoral para posicionar la imagen de Urribarri como candidato a presidente en las elecciones de 2015. Entre otras irregularidades, se constataron contrataciones anómalas para publicar solicitadas y publicidad, para la instalación de un parador playero en Mar del Plata y para difundir spots de promoción de la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en 2014

El 11 de octubre pasado entró en vigencia la Resolución 267/24 de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de la Nación, con fuertes limitaciones a los cargos, como impuestos y tasas sobre facturas de servicios que paguen los usuarios. La resolución había sido publicada el 10 de septiembre y otorgaba a las empresas un plazo de 30 días para que adecuen el modelo de facturación. Ese plazo se cumplió el 11 de octubre; y ahora en noviembre llegan las primeras intimaciones a quienes incumplieron la resolución federal.