Así comienza esta crónica de Delia, su militancia y su huída en tiempos de la última dictadura en Argentina, mujer extremadamente frágil por su aspecto físico-“la flaca” para sus compañeros- pero de convicciones de acero. “Mis padres nos habían seguido discretamente, acordamos que nos acompañarían hasta Uruguayana, llevaba a mi bebé conmigo, si nos detenían, ellos tomarían a nuestro hijo y se harían cargo.”

 En la frontera, Delia simulaba pintarse los labios mientras miraba por el espejo retrovisor y veía cómo revisaban el equipaje a sus padres. Finalmente, se encontraron en la plaza de Uruguayana.

«Desgarradora la despedida, marchábamos al más incierto de los destinos… teníamos un hijo que nos obligaba».

Así llegan a Río de Janeiro y se dirigen al Episcopado, donde funcionaba una oficina de Cáritas Internacional, que los derivaba a ACNUR para el pedido de refugio  (ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) Les destinaron una casilla de chapa 

Recuerda su sorpresa al ver la cantidad de personas que esperaban para solicitar asilo político, y, la toma de conciencia que después de este paso a dar no había marcha atrás. Brasil otorgaba asilo político transitorio a los que no tenían muertes pendientes en sus países, para eso pedía información a la cancillería argentina con los datos de los solicitantes.

­“Era como una afirmación a las autoridades argentinas  de nuestra militancia, y de dónde estábamos, ahora sí que no podíamos volver.”

Una vez otorgado el asilo político en tránsito, viene la espera, el no saber qué país los recibirá, mientras tanto Delia crea una guardería para los niños de los asilados, además ayudaban  mediante la coordinadora de refugiados políticos  asesorando a los recién llegados sobre la documentación necesaria a presentar.  Brasil los alojó por 6 meses, luego vino la partida, en ese mismo año.

Recuerda con especial cariño a una pareja de uruguayos con los que hicieron amistad nacida  en el  exilio y la tristeza de una nueva separación.

Mientras en Argentina Seru Giran cantaba Canción de Alicia en el país (1980)  mezcla la obra de Lewis Caroll («Alicia en el país de las maravillas») con la realidad argentina aún en dictadura: «no cuentes lo que viste en los jardines/ el sueño acabó/ se acabó ese juego que te hacía feliz/ no tendrás poder ni abogados, ni testigos/los inocentes son los culpables/ reflejan la situación del país por esos tiempos. Ya en democracia la canción fue símbolo de resistencia. Mientras en cine Hugo Sofovich estrenaba “Departamento compartido” con los actores Alberto Olmedo, Tato Bores, Graciela Alfano, clara muestra del cine pasatista permitido por la dictadura.

No tuvieron opción de elegir el país dónde asilarse, únicamente había cupo en Francia; Méjico y España estaban completos… el dolor de alejarse cada vez más de la familia, sabiendo que no podrían volver a ver a sus seres queridos. La incertidumbre que genera un país absolutamente distinto, con un idioma y costumbres que desconocían; seis meses de idioma francés intensivo y el miedo, siempre el miedo, que perduró durante la estada en ese país, el no querer hablar con desconocidos, por temor,  la excusa para protegerse era que no hablaban el idioma.

«Nos alojaron en una misión católica, éramos 20 familias,» rememora Carlos. «Vivíamos en una habitación de cartón prensado… Fueron seis meses de francés intensivos… nos urgía conocer el idioma para poder trabajar». Durante la estadía en Francia, el miedo perduró, y la excusa para protegerse era que no hablaban el idioma.

“Delia, trabajó, en Francia en el periódico Latinoamericano, -comenta Carlos- que dirigía Hipólito Solari Irigoyen, también exiliado político, el diario se solventaba mediante suscripciones de embajadas, relaciones exteriores francesas e interesados en América latina.

En 1983, Solari Irigoyen regresa a la Argentina y se cierra el periódico”

De su relato, se desprende, que fueron cuatro  largos años llenos de vivencias, unas enriquecedoras y otras dolorosas, la separación de su compañero, el pozo profundo de la depresión, las noticias de la patria y la suerte corrida por sus compañeros. Le cuesta hablar de ese período de su vida,

En la secundaria, Delia era una joven como la mayoría de su edad: «salía, iba a bailar, lo que se hace a esa edad». No participó en ningún reclamo estudiantil; de hecho, fue su hermana mayor quien fue una activa participante en la confrontación por la enseñanza laica o libre.

Sin embargo, a los 17 años, al ingresar a la facultad, su vida cambió. Se identificó con La Vanguardia Comunista y su rama estudiantil, La TUPAC (Tendencia Universitaria Popular Antiimperialista Combatiente). Adherían a los postulados maoístas, a la revolución cultural estudiantil, y ella leía el Libro Rojo de Mao.

Al año siguiente, abandona la facultad y comienza a trabajar en una concesionaria de autos en Paraná, donde tuvo su primer contacto con el gremialismo y se afilió a SMATA. (Sindicato de mecánicos y afines del transporte automotor) Siempre comprometida con las conquistas sociales, sus compañeros la eligieron delegada, al poco tiempo descubrió connivencia con la patronal e irregularidades en el sindicato, su desempeño activo molestó tanto a la patronal como a algunos sindicalistas. A pesar de los conflictos, «la flaca» —como le decían sus compañeros de trabajo— disfrutaba tocando la guitarra y el arpa, amenizando las reuniones de camaradería dentro del gremio.

En 1970, Delia, aprovechando sus vacaciones laborales, viajó con sus padres a Chile para presenciar los cambios tras la asunción de Allende. Una gran nevada en el paso fronterizo de Las Cuevas la obligó a demorar su regreso. «No llegaría a tiempo para reincorporarme al trabajo, andamos telegrama colacionado a la empresa… y ahí a la patronal no le quedaron dudas: la empleada era comunista, estaba en Chile festejando».

Con la anuencia del sindicato, la acusaron de malversar la caja que tenía a cargo para forzar su renuncia. Apuntaron a su padre, un militar retirado, pues la acusación de comunista le causaría un grave daño. Su padre la apoyó en su decisión de no renunciar. Ganó el juicio dos años después, probando que la hoja de su rendición de cuentas había sido arrancada. Sus abogados fueron el Dr. Luis Agustín Brasesco, amigo personal de su padre, y Manuel Gaggero.

Tras el allanamiento de la casa paterna, Delia se trasladó a Buenos Aires el 29 de junio de 1974  y asume un rol más participativo en la logística del partido. A pesar de hacer una vida como todos, se sentía en la clandestinidad.

Carlos  relata el encuentro: «En julio del ’74, dos días antes de la muerte de Perón, llega Delia A Buenos Aires, a la semana siguiente, nos presentan en una reunión de Vanguardia comunista… nos casamos por civil en enero del ’75. Delia contaba con 26 años y yo con 23».

La dictadura de Videla los encontró en la clandestinidad. Un sábado por la mañana, mientras iban a visitar a sus suegros, recibieron el aviso de que el ejército los estaba esperando.

La casa fue allanada esa madrugada.Secuestraron a los hermanos de Carlos: Horacio, militante activo, y Osvaldo, de 16 años, quien fue confundido con Carlos.

Osvaldo fue detenido y torturado, pero regresado a su hogar. Horacio fue detenido, torturado y alojado en el centro de detención El Vesubio. Pese a las torturas, no reveló su paradero, simplemente porque lo desconocía. Por seguridad, cada integrante de Vanguardia mantenía en secreto su domicilio, si alguien era detenido, no podía dar el paradero de sus compañeros

La pareja no volvió a su departamento. Al día siguiente, Delia se arriesgó para «limpiar» el lugar.

«Tomando todas las precauciones del caso llegué y me puse a juntar lo mínimo y necesario, tocan el timbre, comencé a sentir miedo», si la secuestraban su plan era tirar los documentos al portero, para avisar que había «caído», falsa alarma, era un amigo y camarada.

“Flaca, dejame que te ayude” y comenzó  a quemar agendas, fotos familiares, documentos y papeles dentro del lavarropas. Nunca más lo vieron; al tiempo, supieron que estaba secuestrado en El Vesubio y que, a pesar de las torturas, no los delató. Continúa desaparecido.

 “La razón por la que no nos detuvieron se debe a que siempre cumplimos el protocolo que tenía nuestro partido desde la proscripción: Una sola persona sabía nuestro domicilio, nadie más, ni nuestros padres, si esa persona era detenida, debíamos cambiar de alojamiento en el acto. Nosotros lo cumplimos al pié de la letra”

Otra tarde, otro encuentro.” A ver que te puedo contar… ¿te interesa esto? … hay cosas que casi no las recuerdo, ni quiero”

No se permite quebrarse, a pesar de su esfuerzo se le escapa un sollozo, respira muy hondo, hace una  larga pausa, enciende un cigarrillo y continúa su relato.

Decidieron salir de Buenos Aires y viajar a Mendoza. Allí estuvieron más de un año, haciendo una vida que, aunque común, era de «mucho mucho miedo, con sobresaltos, no querer ni poder hacer amigos».

Tiempo después, Carlos se reencontró con su hermano Horacio, ya liberado. En una charla extendida hasta la madrugada, Horacio relató sus días en prisión como sobreviviente de las torturas en el centro clandestino  El Vesubio, eran 80 los detenidos con los que convivió, de ellos más de 50 están desaparecidos.

Se entera, además, que unos vecinos de sus padres, los habían visto en Mendoza y comentado en el barrio que estaban bien

La alarma se encendió: ya no podían quedarse allí

Ante el riesgo de detención, planearon viajar a Brasil, Delia quería ver a sus padres antes de partir al exterior, el encuentro fue en la basílica de Guadalupe, en Santa Fé, luego los acompañaron hasta suelo brasileño. «Desgarradora la despedida, marchábamos al más incierto de los destinos… teníamos un hijo que nos obligaba».

Al miedo casi crónico sentido todo ese tiempo, se agregaba el dolor por el alejamiento de sus seres queridos, dejar sus afectos, el querer un mundo mejor, todo por lo que habían luchado.

Llegan a Río de Janeiro se dirigen al episcopado, donde funcionaba una oficina de Caritas internacional, son derivados a ACNUR (alto comisionado de la Naciones Unidas para los refugiados) para solicitar refugio.

Se sorprenden  al ver la cantidad de personas en espera para solicitar asilo político, y la toma de conciencia que después de ese paso no había marcha atrás, Brasil otorgaba asilo político transitorio a los que no tenían muertes pendientes en sus países, para eso pedía información a la cancillería argentina, con los datos de los solicitantes.”Era como una afirmación a las autoridades argentinas de nuestra militancia y de donde estábamos, ahora sí que no podíamos volver”

«Nos alojaron en una misión católica, éramos 20 familias,» comenta Carlos. «Vivíamos en una habitación de cartón prensado… Fueron seis meses de francés intensivos… nos urgía conocer el idioma para poder trabajar». Durante la estadía en Francia, el miedo perduró, y la excusa para protegerse era que no hablaban el idioma.

El exilio fue un periodo de cuatro largos años, de vivencias enriquecedoras y dolorosas. Apenas restaurada la democracia, Delia regresó a la patria en los primeros meses de 1984, a comenzar una nueva vida.

Y aquí vivió transitando los vaivenes político-sociales argentinos, con una vida hecha, con hijos, nietos, familia.

“Conocí a Delia en la militancia, ya regresada del exilio-María Luz Piérola, amiga-

Rescato su compromiso, su lealtad, gran luchadora, con ella fundamos Hijos, inclaudicable con su principios, nos hicimos grandes amigas”

“Con Delia compartíamos la vecindad en nuestras infancias, cuando su familia cambia de domicilio, nos dejamos de ver, cada cual construyó su vida, nos volvimos a ver en el regreso de su exilio. Fuimos inseparables, nos veíamos a diario, fundamos 

La Asamblea por los derechos ciudadanos, la acompañé en su dolorosa enfermedad, gran amiga, fiel y leal” Alicia Glauser, la recuerda

La vida de Delia, una mujer que demostró  una enorme fortaleza ante la lucha por sus convicciones, culminó el 10 de octubre de 2018. Su recuerdo se mantiene vivo en quienes la conocieron.

En su habitual columna política en Dúplex por FM Boing 93.7 y Paralelo 32, Hugo Schira analizó el impacto del caso José Luis Espert–Fred Machado, y advirtió cómo este tipo de vínculos expone los riesgos del avance del narcotráfico en la política argentina.Según explicó Schira, el economista liberal enfrenta dos causas judiciales —una en Comodoro Py y otra en San Isidro— que lo vinculan al empresario argentino Fred Machado, actualmente investigado en Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico. “Machado era quien financiaba y opinaba sobre la campaña presidencial de Espert en 2019. Tenía acceso a los armados políticos y formaba parte del entorno más cercano”, señaló.El columnista precisó que la investigación internacional apunta a una red de lavado de más de 350 millones de dólares. “Si la justicia norteamericana no hubiese intervenido, Espert probablemente hoy sería candidato por el oficialismo en Buenos Aires”, expresó Schira, aludiendo al costo político que el caso representa también para el gobierno de Javier Milei.Más allá del hecho puntual, el analista sostuvo que el caso “muestra el modo en que el narcotráfico logra conectar con dirigentes políticos que, una vez en el poder, quedan atados a quienes los financiaron”. Y advirtió: “Espert es un ejemplo de cómo un país puede pasar de ser consumidor o territorio de tránsito a transformarse en un narcoestado”.Schira repasó las tres etapas del narcotráfico en Argentina: durante la dictadura militar, el país comenzó a funcionar como corredor de paso; en los años ’90 se consolidó el consumo interno; y en la última década, señaló, “se están dando las condiciones para la instalación de un narcoestado nacional”.El periodista recordó además que durante el macrismo hubo “intentos de penetración del narcotráfico en las estructuras económicas y políticas”, y destacó el rol del abogado de Fred Machado, que también representa a Javier Milei, como un “dato no menor en esta trama de conexiones”.“Con un gobierno que reduce la presencia del Estado, el narcotráfico encuentra un terreno fértil para avanzar tanto desde abajo —a través de la asistencia en barrios populares— como desde arriba, mediante la política y los negocios”, analizó.Schira cerró su exposición con un llamado de atención: “Si el Estado se retira de los espacios sociales y la política se deja financiar por dinero sucio, el narcotráfico no solo compra voluntades, sino que termina controlando sectores enteros del país. Eso es lo que nos está mostrando el caso Espert”.

En una reunión de trabajo celebrada en la capital entrerriana, el Secretario de Justicia de Entre Ríos, Julián Maneiro, fue recibido por la Intendenta de Paraná, Rosario Romero, y el Jefe de Gabinete, Santiago Halle, con el objetivo de fortalecer la articulación entre organismos y optimizar las respuestas ante casos de violencia de género y violencia familiar.

Durante el encuentro, se analizaron los recursos y herramientas actualmente disponibles, se compartieron experiencias y se definieron criterios de actuación unificados para dar respuestas más efectivas y rápidas en la atención y el acompañamiento de personas afectadas.

Las autoridades coincidieron en la necesidad de profundizar el trabajo conjunto, mejorar los canales de comunicación y garantizar la presencia del Estado en cada instancia de intervención, tanto en la prevención como en la asistencia directa.

Esta acción forma parte de una estrategia integral que busca construir redes interinstitucionales sólidas, optimizar los tiempos de respuesta y asegurar un abordaje interdisciplinario frente a situaciones de violencia que afectan gravemente a la comunidad.

En un multitudinario Congreso partidario realizado este sábado en Villaguay, la Unión Cívica Radical (UCR) de Entre Ríos renovó su conducción legislativa interna y eligió, por amplio consenso, a Gustavo Cusinato como nuevo presidente del Congreso Provincial del partido.

Cusinato, exdiputado nacional y actual Coordinador General de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), estará acompañado por la diputada provincial Gabriela Lena como vicepresidenta primera, y Pablo Alasino, Director General de Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Humano, como vicepresidente segundo.

Uno de los aspectos destacados de la jornada fue la ampliación de la Mesa de Conducción de 7 a 13 miembros, con el objetivo de garantizar una mayor representación interna, incluyendo por primera vez a la Juventud Radical dentro del órgano de decisión.

Durante la apertura, la presidenta del Comité Provincial e intendenta de Federal, Alicia Oviedo, destacó la masiva convocatoria y el clima de participación democrática. “Hoy la UCR provincial tiene una presencia activa y protagónica en el gobierno que encabeza Rogelio Frigerio, impulsando transformaciones profundas que estaban pendientes desde hace décadas”, afirmó.

Oviedo remarcó también que “la participación de tantos radicales en este Congreso es una muestra clara del compromiso con el fortalecimiento institucional del partido”.

Uno de los puntos más esperados y debatidos del Congreso fue la definición sobre la política de alianzas del radicalismo entrerriano, especialmente de cara a las próximas elecciones legislativas.

La línea interna UCR Activa propuso tratar el tema durante esta misma jornada, mientras que sectores como Illia, Construir, Evolución y otros mocionaron su postergación para un Congreso específico. Finalmente, la votación fue contundente: 178 congresales votaron por diferir el debate y 77 lo hicieron a favor de tratarlo en el momento.

Tras asumir formalmente la presidencia, Cusinato agradeció el respaldo recibido y subrayó el carácter plural y representativo de la nueva Mesa:

“Hemos logrado conformar una conducción con diversidad interna, que renueva el compromiso con la institucionalidad del partido. Hoy dimos un paso importante, con madurez política, y nos preparamos para debatir con responsabilidad los próximos desafíos que tenemos por delante”.

La jornada en Villaguay dejó así un mensaje de unidad interna dentro de la UCR, con un Congreso activo que apuesta al debate político pero también a la construcción de consensos para fortalecer su rol dentro de la coalición gobernante y el escenario provincial.

El Honorable Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos resolvió este jueves, por mayoría, destituir a la jueza Josefina Etienot, titular del Juzgado de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes de Diamante, por hechos probados de violencia laboral que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones.

La resolución fue tomada en Acuerdo General por el tribunal presidido por la senadora Gladys Domínguez e integrado por los vocales del Superior Tribunal de Justicia (Leonardo Portela, Miguel Ángel Giorgio y Gisela Schumacher), el diputado provincial Marcelo López, y los abogados Gonzalo García Garro y María Victoria Giménez.

En los fundamentos leídos en la audiencia pública, la vocal del STJ, Gisela Schumacher, afirmó que la conducta de la magistrada se encuadra dentro de las causales de destitución previstas en los incisos 6 y 9 del artículo 15 de la Ley N° 9283 (texto conforme Ley 9513), al haber incurrido en “actos incompatibles con el cargo y mal desempeño”.

La jueza generó un ambiente violento en su lugar de trabajo, según lo determinaron las pruebas reunidas durante el juicio. Se constataron 18 hechos de violencia sistemática sobre al menos siete víctimas, muchas de ellas integrantes del equipo judicial del juzgado, en un contexto de desigualdad de poder que agravó la situación.

El jurado también consideró que Etienot utilizó recursos públicos para ejercer esa violencia, lo que aumentó la gravedad de su accionar y afectó el funcionamiento del juzgado, así como los derechos de personas en situación de vulnerabilidad que eran atendidas por esa dependencia judicial.

La acusación contra la jueza incluía tres imputaciones. Si bien todas fueron analizadas, el Jurado resolvió que la causal determinante fue la violencia laboral, por la contundencia de las pruebas. En cuanto a otra de las denuncias, relacionada con una sentencia emitida por Etienot, se concluyó que, aunque “errada”, no puede ser objeto de revisión por este órgano político, al tratarse de una decisión judicial en el marco de sus competencias.

No obstante, la jurado abogada María Victoria Giménez votó en disidencia parcial, considerando que dicha sentencia también debía ser motivo de destitución.

El único voto por la absolución fue el del vocal del STJ Miguel Ángel Giorgio, quien argumentó que la falta de acusación por parte del Procurador General representa un impedimento legal para emitir una condena, reiterando la postura que ya había sostenido en un caso similar.

Con esta resolución, Josefina Etienot queda removida del cargo que ejercía en la ciudad de Diamante, tras haberse comprobado un accionar incompatible con la ética judicial y el ejercicio responsable de la función pública. El fallo marca un precedente en la provincia en materia de violencia laboral dentro del Poder Judicial y refuerza la mirada institucional sobre la calidad del ambiente laboral en organismos sensibles como los juzgados de familia.

El juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, encabezó este miércoles una audiencia clave en el marco del amparo ambiental colectivo presentado por un grupo de vecinos de Crespo, quienes denunciaron presuntos daños a la salud y al medio ambiente como consecuencia del uso de agua de arroyos contaminados para el riego de calles de tierra en la ciudad.

Durante la audiencia, el magistrado escuchó a todas las partes involucradas y, si bien aún no resolvió sobre el fondo del planteo, decidió mantener vigente la medida cautelar que prohíbe esta práctica, mientras se avanza con la producción de nuevos informes técnicos y se exploran alternativas para dar una respuesta integral al problema.

Los vecinos, representados por Luciano Lell y Maximiliano Pérez Viecenz, acompañados por el asesor técnico Alcides Alanis, solicitan mediante el amparo que se ordene al Municipio de Crespo:

Cesar el riego de calles con agua extraída de arroyos que contendrían efluentes cloacales sin tratamiento.

Reparar y poner en funcionamiento el sistema cloacal mediante sus estaciones elevadoras.

Diseñar y dar a conocer un plan de mantenimiento de dichas estaciones.

Implementar un Plan de Saneamiento con participación ciudadana para recomponer los cursos de agua contaminados.

Según se detalló en el expediente, los análisis de laboratorio adjuntados como prueba indican la presencia de coliformes totales y Escherichia coli en las descargas cloacales vertidas en los arroyos Hondonada de la Cruz y S30052, afluentes del arroyo Espinillo. Los vecinos señalaron que esta situación no solo compromete el ambiente, sino también representa un riesgo directo para la salud pública.

En la audiencia estuvieron presentes representantes del Municipio, de la Secretaría de Ambiente de la provincia, de Fiscalía de Estado, y del Ministerio Público Fiscal. Entre los participantes se encontraban los abogados municipales Lilian Caballero y Francisco Ferrer, así como funcionarios provinciales como María Valdez, Osvaldo Fernández y Andrea Pérez, entre otros.

El juez Vergara mostró especial interés en los detalles técnicos del caso y promovió el diálogo entre las partes para avanzar hacia posibles soluciones consensuadas. También hizo hincapié en la necesidad de informes imparciales y verificables, para lo cual destacó el rol técnico de la Secretaría de Ambiente y la intervención del Ministerio Público.

Desde el Municipio, se reconocieron los problemas de infraestructura y se indicó que se está en proceso de búsqueda de financiamiento a nivel provincial y nacional, ya que los recursos locales no serían suficientes para encarar las obras necesarias. Los vecinos, por su parte, insistieron en la necesidad de contar con garantías concretas sobre la ejecución de los trabajos prometidos.

Los arroyos involucrados en la denuncia forman parte de la cuenca alta del arroyo Espinillo, que alimenta al arroyo Las Conchas, el cual a su vez desemboca en el río Paraná. Cabe recordar que, a fines de 2024, se registró una importante mortandad de peces en esta zona, lo que motivó la intervención del equipo de Fiscalización Ambiental de la provincia y el hallazgo de una “gran carga de materia orgánica” en el agua.

El juez Vergara se retiró a deliberar sobre las distintas posiciones presentadas y en los próximos días podría emitir una resolución sobre el amparo colectivo. Mientras tanto, la medida cautelar seguirá vigente, prohibiendo el uso de agua de arroyos para el riego de calles sin pavimentar, hasta que se esclarezca la situación y se implementen medidas correctivas.

El juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, resolvió este martes declarar “improcedente” la casi totalidad de los recursos de apelación interpuestos por las defensas de los imputados en la denominada “causa coimas” —encabezada por el ex‑gobernador Sergio Urribarri— y sólo admitió, de manera parcial, el planteo formulado por el exministro de Trabajo Guillermo Smaldone, quien ejerce su propia defensa.

Rechazó los recursos promovidos por los abogados de Urribarri; Cardona Herreros; Luis Alfonso Erbes; Carlos Haidar; Miguel Ángel Ulrich y el propio Smaldone (en la parte que cuestionaba la validez de la evidencia fiscal).

Concedió el recurso de Smaldone únicamente respecto de la negativa a incorporar la prueba informativa, pericial y documental que había ofrecido para sostener su estrategia defensiva.

Tuvo por “reservado el caso federal” a favor de Urribarri, Cardona Herreros, Erbes y Ulrich, lo que les permite acudir a la Corte Suprema si lo consideran necesario.

Vergara sostuvo que la aceptación de la prueba digital y testimonial ofrecida por la Fiscalía “no genera un gravamen irreparable” para los imputados, pues podrá ser reexaminada durante el debate oral y, en última instancia, por el tribunal sentenciante. En cambio, negar las evidencias propuestas por Smaldone sí podría “impedirle fatalmente sostener su teoría del caso”, razón por la que habilitó la revisión del punto ante la Cámara de Apelaciones.

El magistrado también recordó que las calificaciones legales seleccionadas por el Ministerio Público Fiscal son provisorias y pueden modificarse en la sentencia sin vulnerar el principio de congruencia.

La investigación, elevada a juicio el 5 de junio, indaga presuntos pagos de sobornos y contrataciones direccionadas a favor de la firma Relevamientos Catastrales S.A., dirigida por Diego Armando Cardona Herreros, amigo personal de Urribarri. La acusación reclama para el exgobernador diez años de prisión y un monto millonario en concepto de decomisos y multas.

Según el legajo fiscal, los favores se habrían tejido entre 2007 y 2015 a través de sucesivos decretos, addendas y licitaciones amañadas para la provisión de software catastral. Entre los partícipes figuran —además de Urribarri y Cardona Herreros— el exdirector de Informática Carlos Haidar; el exdirector de Ajustes y Liquidaciones Miguel Ángel Ulrich; el exsubsecretario de Presupuesto Luis Alfonso Erbes; y el exsecretario de Hacienda Humberto Flores, entre otros.

El próximo miércoles 26 de junio a las 12 horas, el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Mauricio Mayer, dará a conocer su resolución respecto del acuerdo de juicio abreviado presentado en dos causas de alto perfil que involucran a exfuncionarios de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

Los imputados son Alicia Benítez, exdirectora del organismo, y Néstor Kemerer, quienes fueron acusados por Administración fraudulenta y Peculado negligente, respectivamente. El acuerdo fue elevado al magistrado por los fiscales Juan Ramírez Montrull y Gonzalo Badano, junto a las defensas de Benítez, representada por la abogada Victoria Halle, y Kemerer, defendido por Leopoldo Lambruschini.

El juicio abreviado incluye dos investigaciones. La primera se remonta a 2014 y aborda el presunto pago de sobreprecios en obras y servicios contratados de forma directa en el marco de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, realizada en Paraná. Se le imputa a Benítez haber coordinado las contrataciones de obras en espacios como la Vieja Usina y la Escuela Centenario, entre otros, mediante un decreto del Poder Ejecutivo Provincial.

La segunda causa, conocida como “Viáticos en Vialidad”, data de 2017 y alcanzó a ambos imputados. Se trata de viáticos abonados a empleados por comisiones de servicio que nunca se concretaron, situación que fue revelada gracias al control de relojes biométricos que demostraron la presencia de los agentes en la sede de la DPV, en lugar de en comisiones externas.

Como parte del acuerdo, Benítez se comprometió a pagar dos multas:

Una de $12.924.929 por el caso Cumbre, equivalente al 20% de los supuestos sobreprecios.

Otra de $457.476 por el caso Vialidad.

Ambas sumas serían abonadas en seis cuotas mensuales de $2.230.999,35, a partir del 1 al 10 de julio, siempre que el juez homologue el acuerdo.

Por su parte, Kemerer acordó el pago de $667.499, en dos cuotas bajo las mismas condiciones.

Cabe recordar que Kemerer ya cuenta con una condena previa en suspenso por el uso indebido de fondos de Vialidad para la construcción de una escuela privada para hijos de trabajadores del sector. No obstante, los fiscales aclararon que los hechos juzgados ahora son anteriores a aquella sentencia.

En la causa por la Cumbre del Mercosur también fueron imputados empresarios de la construcción que firmaron convenios con el Estado: Miguel Marizza, Néstor Ivan Szczech, Daniel Hereñú y Rubén Grasso. En junio de 2022, la jueza de Garantías Marina Barbagelata homologó acuerdos abreviados que incluyeron una probation con pagos de entre $250.000 y $500.000 a instituciones benéficas de Paraná y una reparación económica al Estado provincial.

La resolución del juez Mayer será clave para cerrar un capítulo que acumula más de una década de trámite judicial. Las causas han tenido múltiples derivaciones políticas y administrativas, y el fallo tendrá implicancias tanto para los imputados como para la jurisprudencia sobre hechos de corrupción en la gestión pública en Entre Ríos.

El 7 de junio, Argentina celebra el Día del Periodista, recordando la fundación de La Gazeta de Buenos Ayres por Mariano Moreno en 1810. Aquel primer periódico no pretendía los aplausos de sus lectores, sino plantear verdades incómodas: la importancia de un pueblo informado, la libertad de expresión y el debate público, y la rendición de cuentas de los gobernantes.

Más de dos siglos después, el periodismo muestra una peligrosa deformación de su esencia con esta suerte de "periodismo para la hinchada", que optan ejercer cada vez más periodistas y medios. Una práctica que deja de lado la búsqueda de la verdad para convertirse en un eco complaciente de las ideas y prejuicios de su audiencia. 

Si la audiencia cree que el gobierno es un desastre, encontrarán periodistas que lo dirán con fervor. Si creen que la oposición es lo peor que le pasó al país, tendrán comunicadores que les confirmarán cada sospecha. Y así, la rueda gira sin fricción, sin preguntas incómodas, sin información que realmente nos permita entender lo que pasa más allá de nuestras propias convicciones.

La propuesta prende. Vende. Fideliza seguidores. Genera rating. En tiempos de redes sociales y polarización extrema, decirle a la gente lo que quiere escuchar parece ser el camino más fácil para ganar influencia.

Lo que alguna vez fue una profesión dedicada a la investigación rigurosa y la fiscalización del poder como garantías de credibilidad, hoy se confunde cada vez más con el entretenimiento. Muchos periodistas se han convertido en operadores demagógicos que priorizan la espectacularidad por sobre la veracidad. Buscan indignación, clics y tendencia en redes antes que contexto y profundidad. El resultado es un periodismo debilitado, cada vez más cuestionado y asociado con intereses económicos, políticos o simplemente con la necesidad de alimentar egos y audiencias.

Pero el problema no es solo de quienes ejercen este periodismo, sino también de quienes lo consumen. Las audiencias alimentadas por medios que solo refuerzan sus sesgos de confirmación terminan viviendo en una realidad ficticia. Se engañan a sí mismas al elegir solo aquellas narrativas que les resultan cómodas y rechazar cualquier información que las confronte.

Sin embargo, la realidad, tarde o temprano, golpea la puerta. Y cuando lo hace, los ciudadanos que han vivido dentro de burbujas mediáticas se ven completamente desarmados. No saben cómo reaccionar ante hechos que no esperaban, porque simplemente nunca quisieron verlos. 

Ejercer el periodismo responsable es difícil. Decir la verdad, aunque duela, conlleva el riesgo de perder seguidores, recibir insultos y enfrentar presiones. Pero es la única manera de garantizar que la sociedad no quede atrapada en su propio reflejo.

En este Día del Periodista, vale la pena preguntarnos qué tipo de periodismo queremos: ¿uno que nos confirme lo que ya creemos, o uno que nos ayude a ver el mundo como realmente es? Si elegimos lo primero, estaremos condenados a vivir en una democracia frágil, en un país donde la verdad siempre llega tarde, y donde el periodismo deja de ser una herramienta de cambio para convertirse en un instrumento de complacencia.

En una sociedad donde la información es moldeada para agradar y no para informar, la capacidad crítica se erosiona. Y sin ciudadanos críticos, la democracia se debilita. Porque si solo vemos el mundo como queremos verlo y no como realmente es, nuestras decisiones—electorales, económicas, sociales—se basarán en ilusiones. Y como decía Mariano Moreno: "Si los pueblos no se ilustran, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y será tal vez su suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía."

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena por peculado contra Jorge Rodríguez, exdirector de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de Entre Ríos, al rechazar un recurso extraordinario por cuestiones formales, al considerar que no se cumplieron los requisitos de admisibilidad establecidos en la Acordada 4/2007.

Rodríguez había sido condenado en junio de 2018 por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, que lo halló culpable de haber desviado fondos públicos —por un total de 4.018.000 pesos del presupuesto de la DPV— para financiar la creación y el funcionamiento de la Escuela Privada N° 235 “Heraclia Ruiz Díaz”, inaugurada en 2014. La institución estaba vinculada a una asociación civil que él mismo integraba.

La sentencia impuso a Rodríguez una pena de dos años y seis meses de prisión condicional, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la obligación de realizar tareas comunitarias.

En la misma causa fue condenado Néstor Alberto Kemerer, exdirector de Mantenimiento y Suministros de la DPV, mientras que Mario Ricardo Heyde, también exfuncionario del organismo, resultó absuelto por falta de acusación durante el juicio.

El caso se inició a partir de una denuncia formulada por un grupo de diputados radicales, quienes advirtieron que la entidad vial había destinado recursos del Estado para sostener una escuela de gestión privada ubicada en calle Brasil 1050, en la ciudad de Paraná. Según el fallo, la Dirección Provincial de Vialidad carecía de atribuciones legales para afectar fondos al sistema educativo, y mucho menos para fundar o sostener una institución escolar.

Durante el juicio oral se comprobó que tanto el personal docente como administrativo había sido contratado mediante figuras laborales propias del organismo estatal, con documentación fechada incluso antes de la creación formal de la asociación civil encargada de gestionar la escuela.

El ex director tiene su escuela privada, no irá preso y no consta que tenga que devolver algo de la millonada de pesos que desvió en su beneficio.

El pasado viernes 16 de mayo, el Tribunal Oral Federal de Paraná, a cargo de la jueza Noemí Berros, resolvió otorgar la libertad condicional a Miguel Artemio Waigel, quien había sido condenado en julio de 2022 a cinco años y ocho meses de prisión, por los delitos de insolvencia fiscal fraudulenta y quiebra fraudulenta, en el marco de una causa que involucró maniobras que causaron un perjuicio económico millonario a particulares y al Estado nacional.

El beneficio fue concedido tras considerar el pedido de su abogado defensor, Sergio Fernando Schmidt, quien planteó que su asistido —de 85 años, viudo y jubilado— se encuentra en delicado estado de salud, actualmente internado en el Hogar San Miguel, ubicado en calle Moisés Lebensohn de la ciudad de Paraná, bajo asistencia médica permanente.

Según lo dispuesto por la magistrada, la libertad condicional regirá desde el 16 de mayo de 2025 hasta el 14 de marzo de 2027, fecha de cumplimiento total de la condena. Además, ordenó a la Policía Federal Argentina notificarse en el lugar de internación, tomar huellas dactilares, fijar domicilio y entregar copia de la resolución, conforme al procedimiento legal.

Miguel Artemio Waigel fue condenado mediante la sentencia Nº 09/22, dictada el 8 de julio de 2022, por haber sido considerado autor responsable de los delitos de insolvencia fiscal fraudulenta en concurso ideal con quiebra fraudulenta, en el marco de las maniobras ejecutadas desde la firma Miguel Waigel y Cía. S.A., donde ocupaba cargos en el directorio junto a otros miembros de su familia.

El caso tuvo gran repercusión pública. Ya en junio de 2022, se había conocido el adelanto de sentencia condenatoria contra los principales involucrados. Un año después, otros dos imputados fueron sobreseídos tras acceder a la suspensión del juicio a prueba, desvinculándose formalmente de los hechos.

El perjuicio total generado por las maniobras fraudulentas fue estimado en 65.504.510,20 de pesos contra acreedores particulares y 4.724.969,85 de pesos al fisco nacional.

La jueza Berros fundamentó su decisión en la normativa penal vigente, destacando que Waigel cumplió con el requisito temporal para acceder a la libertad condicional y que los informes elaborados por el Patronato de Liberados y la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) fueron favorables.

En el mismo sentido se expresó el fiscal general José Ignacio Candioti, quien dictaminó positivamente sobre la solicitud, ponderando que la condena fue bajo modalidad domiciliaria, que no hubo incumplimientos durante el cumplimiento de la pena, y que las condiciones de salud del condenado justificaban su liberación anticipada.

Berros concluyó que no existen elementos que obstaculicen el beneficio, considerando la ausencia de requisitos negativos previstos por el Código Penal, y resolvió así la soltura anticipada de Waigel, bajo los términos del artículo 13 del Código Penal y 28 de la Ley 24.660.

El juez de Garantías, Santiago Brugo, dictó una condena de 5 años y 6 meses de prisión efectiva e inhabilitación por 10 años para conducir vehículos a Maximiliano Zapata, hallado culpable de provocar el siniestro vial que costó la vida a tres jóvenes en la Ruta Nacional 12, a la altura del acceso a Crespo. La tragedia ocurrió el domingo 7 de abril de 2024, y se cobró la vida de Ayrton Bertozzi (22 años), Brian Bertozzi (24) y Néstor Rodríguez (25), todos oriundos de la localidad de Tabossi.

Pese a que la sentencia ya fue adelantada por el magistrado, aún se aguarda la definición sobre la modalidad de cumplimiento, ya que la defensa de Zapata solicitó prisión domiciliaria, mientras que tanto la Fiscalía como la querella insisten en que el condenado debe ser trasladado a la Unidad Penal Nº 1, dada la gravedad de los hechos.

Tras conocer la sentencia, la madre de Ayrton y Brian Bertozzi expresó con profundo dolor:

“Nada me va a devolver a mis hijos, pero que este hombre pague lo que hizo me da un poquito de alivio. Siempre estuvo cómodo en su casa, mientras nosotros llorábamos en la nuestra. Yo voy al cementerio tres o cuatro veces por semana”.

Además, cuestionó el accionar del médico policial interviniente, al que acusa de haber actuado con insensibilidad y negligencia en medio del doloroso momento. “Dijo que era mejor atender a un vivo que a un muerto, estando yo ahí. Me desgarró el alma”, relató entre lágrimas.

Sobre el pedido de prisión efectiva, fue clara: “Queremos que vaya a la cárcel, no a su casa. Aunque nada me devuelva a mis hijos, eso sería un poco de justicia”.

El hecho ocurrió sobre el kilómetro 404 de la Ruta Nacional N° 12, a escasos 500 metros del "acceso Libertad" a Crespo. Los jóvenes regresaban de un espectáculo musical a bordo de un Volkswagen Golf, cuando fueron embestidos de frente por un Toyota Corolla conducido por Zapata, quien circulaba a alta velocidad (132 km/h) y cruzó en doble línea amarilla.

El impacto fue devastador: los tres jóvenes murieron en el acto. Solo uno de los ocupantes del Golf, Emiliano Enrique, logró sobrevivir tras ser internado con graves heridas. Recibió el alta médica el 16 de abril de 2024.

Zapata, de 31 años, viajaba acompañado por Agustina Sukmanowski Pintado (35), propietaria del vehículo, quien resultó ilesa.

La querella y la Fiscalía reiteraron su solicitud de que el condenado cumpla la pena en una unidad penitenciaria, en consonancia con la magnitud del delito y sus consecuencias. El juez Brugo, quien ya dio a conocer el monto de la pena, deberá ahora resolver si convalida o no el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa.

Mientras tanto, los familiares de las víctimas reclaman justicia completa. “No queremos venganza, solo justicia. Y eso empieza con que este hombre cumpla su condena donde debe ser: en la cárcel”, concluyó la madre de dos de los jóvenes fallecidos.

El miércoles 23 de abril, la Justicia de Entre Ríos resolvió unificar las condenas impuestas al sacerdote Juan Diego Escobar Gaviria, quien fue hallado culpable de múltiples hechos de corrupción de menores mientras se desempeñaba como párroco en la iglesia San Lucas Evangelista de la localidad de Lucas González, departamento Nogoyá. La pena final fue establecida en 28 años de prisión efectiva, que deberá cumplir en la Unidad Penal Nº 5 de Victoria, donde se encuentra detenido desde 2017 con prisión preventiva.

El tribunal encargado de dictar la sentencia estuvo integrado por los jueces María Carolina Castagno, Maximiliano Otto Larocca Ress y Fernando Martínez Uncal, tras la audiencia de unificación de penas celebrada el pasado 14 de abril. El fiscal Rodrigo Molina, representante del Ministerio Público Fiscal, había solicitado una pena de 30 años, el máximo legal permitido. En tanto, la defensa de Escobar Gaviria, a cargo de los abogados Milton Urrutia y María Alejandra Pérez, pidió una condena menor, de 23 años.

Escobar Gaviria fue condenado por tres hechos de corrupción de menores agravada y uno de abuso sexual simple agravado, ocurridos entre los años 2005 y 2016, durante el período en el que ejerció funciones pastorales en Lucas González. La causa se originó tras una denuncia realizada en 2016 por religiosas de la congregación Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas, responsables del Colegio Castro Barros San José, donde el sacerdote tenía contacto con menores.

La investigación judicial reveló un patrón de abuso sistemático por parte del sacerdote, quien se valió de su posición de poder e influencia para perpetrar los delitos, en un contexto de gran vulnerabilidad para las víctimas.

Silvia Muñoz, madre de una de las víctimas, expresó su conformidad con el fallo en declaraciones al programa radial Puro Cuento (Radio Plaza): “Gracias a Dios se dio. Estoy conforme con los 28 años, porque considerando la edad que tiene (Gaviria), es un montón. Se hizo justicia”, afirmó.

Muñoz también compartió el doloroso proceso que vivieron como familia: “Nos pegaron mucho en la localidad. La mitad me ama y la mitad me odia. Pero estoy tranquila, hice todo por mi hijo y por muchos más. En su momento calculábamos que unos cincuenta chicos sufrieron abusos, pero solo cinco denunciaron”.

Muñoz fue especialmente crítica con la actitud del Vaticano y del Papa Francisco: “Jamás recibimos una respuesta del Papa. Jamás lo apartó de la Iglesia. Con las víctimas jamás se comunicó. Muchos le enviaron cartas. No hubo respuesta de nada”, lamentó.

También denunció que Escobar Gaviria mantiene influencia espiritual desde la cárcel, donde “sigue repartiendo aceites benditos y la gente sigue yendo para que les bendiga”, sin que existan medidas concretas que lo impidan.

Recién en 2023, la Iglesia de Paraná comunicó la finalización del proceso canónico contra Escobar Gaviria, tras años de silencio institucional. Como resultado, se le impuso la prohibición total del ejercicio del ministerio público sacerdotal. No obstante, esta sanción llegó años después de la condena penal y en medio de reiterados reclamos de las víctimas y sus familias.

El caso de la muerte de Guillermo Ramírez sigue en investigación en la justicia de Diamante. El jueves 27 de febrero ocurrió el hecho de aprehensión que derivó en su fallecimiento, y el sábado 1° de marzo, el juez de Garantías de Diamante, Jorge Barbagelata Xavier, dictaminó 15 días de arresto preventivo domiciliario para cuatro funcionarios policiales de la Comisaría de Libertador San Martín, mientras avanzaban las pesquisas.

El viernes 14 de marzo venció el plazo de arresto domiciliario. Sin embargo, en una audiencia de apelación realizada el martes siguiente, la fiscal Romina Blasich solicitó la extensión de la medida. Finalmente, el juez Barbagelata Xavier resolvió prorrogar la prisión domiciliaria de los cuatro policías imputados por 30 días más, mientras continúan las investigaciones.

En la audiencia, los abogados defensores expusieron sus argumentos: el doctor Nelson Schlotahuer representó a la familia de Guillermo Ramírez; el doctor Eduardo Gerard defendió a María Eugenia Tofolli y Mariana Cepeda; el doctor Nicolás Bronde, a Rubén Darío Ricle, y vía remota, el doctor Ricardo Temporetti asumió la defensa de Jonathan Vera.

Un día antes de la determinación judicial, el jueves 13 de marzo, Paralelo 32 dialogó con el doctor Nelson Schlotahuer, abogado querellante en representación de la familia de Ramírez. El letrado calificó el caso como "una tragedia humana" y aseguró que la investigación apunta a esclarecer un hecho grave en el que se perdió una vida.

Schlotahuer relató que Guillermo Ramírez fue detenido en la Plaza 25 de Mayo de Libertador San Martín, donde ya presentaba golpes visibles. Luego, esposado, fue trasladado a la Comisaría local y posteriormente a la Jefatura Departamental de Diamante. “No fue llevado a un hospital, no se solicitó la intervención de un médico, no se aplicó el protocolo existente para estos casos”, denunció el abogado.

El querellante detalló que, al llegar a la Jefatura de Diamante, Ramírez fue ingresado en estado inerte. Luego, fue colocado en la caja de una camioneta y trasladado al Hospital San José de Diamante, donde ingresó sin signos vitales.

La fiscalía ha calificado el caso, en esta etapa inicial, como "tortura seguida de muerte", aunque la figura penal podría cambiar a medida que se incorporen nuevas pruebas. “Es una situación gravísima porque los acusados son representantes del Estado”, advirtió Schlotahuer.

Respecto a la autopsia, el abogado informó que el informe preliminar determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica y que el cuerpo de Ramírez sigue en la morgue de la ciudad de Victoria, donde se realizan estudios adicionales.

Finalmente, Schlotahuer explicó que una vez completadas todas las pruebas, el Juzgado de Garantías decidirá si la causa va a juicio oral y cuál será la calificación definitiva del caso.

Este martes 25 de febrero, familiares y amigos de los tres jóvenes fallecidos en un accidente de tránsito en abril de 2024 realizarán una movilización frente a los Tribunales de Paraná para exigir justicia. La convocatoria se da a poco más de una semana del inicio del juicio contra Maximiliano Eduardo Zapata, conductor del otro vehículo involucrado en la tragedia.

El accidente ocurrió el domingo 7 de abril de 2024, alrededor de las 6:45, en el kilómetro 404 de la Ruta Nacional 12, cerca de la localidad de Crespo. Un Toyota Corolla, conducido por Zapata, de 31 años, quien viajaba acompañado por una joven de 35, impactó de frente contra un Volkswagen Golf en el que se desplazaban cuatro personas domiciliadas en la localidad de Tabossi. Como resultado del siniestro, tres de los ocupantes del Golf fallecieron en el lugar: Néstor Rodríguez (25), Ayrton Bertozzi (24) y Brian Bertozzi.

Por este hecho, Zapata fue imputado por "homicidio culposo triplemente agravado" debido a que manejaba a una velocidad superior a 30 kilómetros por encima del límite permitido, por haber causado la muerte de más de una persona y por violar las normas de tránsito sobre sentido de circulación. La fiscalía ha solicitado para él una pena de cinco años y ocho meses de prisión.

Desde el momento del accidente, Zapata quedó detenido: inicialmente en una clínica de Crespo, donde se recuperó de sus heridas, y luego bajo régimen de prisión domiciliaria. En esa condición enfrentará el juicio, que dará comienzo el próximo 5 de marzo.

Ante esta situación, la familia de los hermanos Bertozzi ha convocado a una marcha para el martes 25 de febrero a las 8 de la mañana, frente a los Tribunales de Paraná. “Hemos realizado al menos cinco marchas, pero el conductor siempre tuvo privilegios y nunca pisó la cárcel. Queremos un juicio justo”, manifestó Carina Emeri de Bertozzi, madre de Ayrton y Brian.

En declaraciones a FM Estación Plus de Crespo, la mujer explicó que durante las tres audiencias previstas para el juicio declararán alrededor de 18 testigos, entre ellos efectivos policiales y bomberos que intervinieron en el lugar del siniestro. Sin embargo, cuestionó la falta de ciertos peritajes: “El médico policial no le realizó los análisis de alcoholemia ni de drogas a Zapata, a pesar de que era una orden fiscal. Se le hicieron pruebas hasta a mi hijo fallecido, pero a él no. No sé si es por ser humilde que se las hicieron a él y al otro no”, lamentó.

Ante esta irregularidad, la familia presentará una denuncia penal contra el profesional responsable de los exámenes.

La madre de las víctimas también denunció que la defensa de Zapata intentó llegar a un acuerdo judicial a través de un juicio abreviado, ofreciendo una compensación económica. “El abogado de él ofreció plata. No quiero dinero, quiero que vaya a la cárcel”, afirmó tajante.

Finalmente, enfatizó la gravedad de lo sucedido: “No fue un accidente por morder la banquina o por un neumático reventado. Fue como sacar un revólver y matar a tres personas. Cruzó la doble línea a alta velocidad. Menos mal que estaba la cámara de la estación de servicio, sino estaríamos peor”.

Con la movilización convocada para el martes 25, la familia y los amigos de las víctimas esperan visibilizar su reclamo y garantizar que el juicio se lleve adelante con transparencia y justicia.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó hoy el amparo del expulsado ex senador del PJ entrerriano Edgardo Kueider para recuperar su banca y confirmó una decisión de primera instancia que avaló lo resuelto luego de la detención del legislador en Paraguay cuando intentaba ingresar con dólares sin declarar.

El Tribunal de Apelaciones ratificó que el amparo debe ser desestimado "in limine" porque la "valoración y votación de los miembros del Senado con respecto a la habilidad moral del amparista, se halla reservada al seno de ese órgano", según la resolución a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.  

Ante esto, el ex senador seguirá sin fueros parlamentarios que eviten ser detenido en Argentina, donde tiene dictada captura internacional.

Los camaristas Guillermo Treacy, Pablo Gallegos Fedriani y Jorge  Aleman resolvieron que “no corresponde a los jueces pronunciarse sobre los aspectos no reglados que atañen al funcionamiento interno de ese cuerpo, lo que implicaría una clara interferencia con las funciones que les son propias y exclusivas”.

En diciembre pasado, Kueider presentó un amparo para declarar inválida la sesión del Senado donde se lo expulsó de la banca por "inhabilidad moral" y la presentación fue rechazada "in limine" por un Juzgado de primera instancia. Ese fallo llegó en apelación a la Cámara, que se negó a habilitar la feria judicial de enero para tratarlo y ahora resolvió rechazar la apelación.

"La facultad de revisión judicial encuentra su límite en el ejercicio regular de las funciones privativas de los poderes políticos del Estado, ya que la función jurisdiccional no alcanza al modo del ejercicio de tales atribuciones, pues, de lo contrario, sería manifiesta la invasión del ámbito de las facultades propias de las otras autoridades de la Nación", agregó el Tribunal.

Kueider reclamó la nulidad y declaración de inconstitucionalidad de la Sesión Pública Especial del 12 de diciembre de 2024, en la que se votó y se dispuso su remoción del cargo de senador nacional.

Sostuvo que "fue ilegítima y arbitrariamente" removido pues la vicepresidenta Victoria Villarruel, al presidir la sesión, violó artículos constitucionales porque en ese momento "estaba reemplazando al Presidente (Javier Milei) en el ejercicio de sus funciones, pues este no se hallaba en el país por lo cual no debió, al mismo tiempo, haber presidido el Senado".

Además, sostuvo que se violó su derecho a defensa por no dejarlo presentar un descargo. Al momento de esa sesión Kueider ya tenía arresto domiciliario en Paraguay por intento de contrabando de 200 mil dólares y luego se sumó un pedido de captura internacional por parte de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Sobre el rol de Villarruel, el Tribunal de Apelaciones consideró que "en nada modifica lo resuelto" la afirmación de que "la Presidente del Senado estaba a cargo del Poder Ejecutivo Nacional".

"Ello toda vez que, al tiempo de intervenir como presidente del cuerpo en la Sesión cuestionada, aún no había sido notificada de la ausencia del Titular del Poder Ejecutivo Nacional, y por lo tanto, no se había hecho cargo de esa función", determinó el Tribunal.

En cuanto a la remoción de Kueider la decisión "fue adoptada sobre tablas y por el voto de más de dos terceras partes de los integrantes de ese cuerpo".

"Corresponde destacar que, en primer lugar, cuando el Senado sesiona en pleno y con las mayorías indicadas, puede asumir sobre tablas el tratamiento de las cuestiones que regularmente constituirían materia del tratamiento en comisión", concluyó la sentencia.

Soage y Schumacher se inclinaron por otorgarle el beneficio del arresto domiciliario, mientras que Tepsich consideró que Báez debía continuar detenido en la Unidad Penal N° 1, aunque con un plazo máximo de 18 meses.

El principal eje del planteo fue el riesgo de fuga del ex funcionario, quien fue condenado por delitos contra la administración pública. Su proceso ha concluido en la instancia provincial, restando sólo el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia.

En su voto, Soage sostuvo que los fundamentos del Tribunal de Juicio y la Cámara de Casación Penal para ordenar el arresto preventivo de Báez no fueron refutados por la defensa y que el peligro de fuga "se encuentra debidamente fundado y respaldado". No obstante, coincidió con el argumento de los abogados del ex ministro en que la Fiscalía no demostró por qué la prisión domiciliaria no era suficiente para mitigar este riesgo.

"El marco normativo no deja alternativa ni margen: cuando las circunstancias así lo permitan, debe escogerse la medida cautelar menos gravosa", expresó Soage, criterio al que adhirió Schumacher.

El Tribunal también descartó la posibilidad de equiparar el caso de Báez con el del ex gobernador Sergio Urribarri y su cuñado, Juan Pablo Aguilera, quienes recibieron medidas restrictivas menores en lugar de la prisión preventiva.

La resolución genera un nuevo escenario para la situación del ex ministro, quien continuará bajo arresto, pero con la posibilidad de cumplirlo en su domicilio.

La caza ilegal de un puma en el departamento de Gualeguaychú ha provocado indignación y repudio en la comunidad local y entre organizaciones ambientalistas. El hecho, ocurrido hace aproximadamente diez días en el paraje Cuchilla Federal, cerca de Larroque, fue denunciado y derivó en la apertura de una causa judicial. La fiscal de Gualeguaychú, Martina Cedrés, ha tomado cartas en el asunto, ordenando una serie de allanamientos que ya han arrojado resultados significativos.

El caso salió a la luz luego de que circularan fotografías en las que un hombre de 40 años posaba junto al cuerpo sin vida del puma. Estas imágenes, que rápidamente se viralizaron, motivaron la intervención de las autoridades. El primer allanamiento se realizó la semana pasada en la vivienda del principal sospechoso, ubicada en Gualeguaychú. Durante el procedimiento, se incautaron una cuchilla con cabo de asta, una hoja de hasta 40 centímetros, cartuchería y el teléfono celular del acusado. El análisis del dispositivo móvil permitió a la Policía obtener nuevos datos, lo que llevó a identificar a otros dos involucrados en el hecho.

Este jueves por la mañana, se llevaron a cabo dos nuevos allanamientos. El primero tuvo lugar en una vivienda del Pasaje Carlos Canzoneta, en la localidad de Enrique Carbó, donde reside el tío del principal acusado. En este operativo, participaron efectivos de la Brigada de Delitos Rurales de Arroyo El Cura, junto a policías de la Comisaría de Enrique Carbó y personal de la Jefatura Departamental de Gualeguaychú. Durante la búsqueda, se secuestraron linternas que aparecen en las fotografías vinculadas al caso. El segundo allanamiento se realizó en Larroque, en la casa de un amigo del sospechoso, y también habría proporcionado elementos de interés para la investigación.

Hasta el momento, no se han realizado detenciones, pero la investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas en los próximos días. La fiscalía ha manifestado su compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias para esclarecer el hecho y sancionar a los responsables.

La Asociación Civil Ecoguay, dedicada a la protección del medio ambiente y la fauna local, se presentó como denunciante en la causa. Ana Ardaiz, presidenta de la organización, expresó su profunda indignación por el caso y calificó el hecho como “aberrante y espantoso”. En diálogo con el medio Elonce, Ardaiz relató que el video que recibieron, en el que se observa la caza del puma, es de una crueldad extrema. “No se puede ver. Es un acto muy brutal que refleja la insensibilidad hacia los animales”, afirmó.

Ardaiz hizo un llamado a la sociedad para tomar conciencia sobre la importancia de respetar la vida silvestre y la naturaleza. “Necesitamos cambiar esa mentalidad. Todos debemos convivir y respetar a las especies que habitan el planeta”, subrayó. La ambientalista destacó la necesidad de fortalecer las leyes y los mecanismos de control para prevenir este tipo de delitos contra la fauna.

Este caso ha puesto en evidencia la problemática de la caza furtiva y la falta de conciencia ambiental en algunas comunidades. El puma, un depredador tope en la cadena alimentaria, cumple un rol fundamental en el equilibrio de los ecosistemas. Su caza no solo representa un acto de crueldad, sino también una amenaza para la biodiversidad.

Las autoridades han reiterado su compromiso de investigar a fondo el caso y aplicar las sanciones correspondientes. Mientras tanto, organizaciones como Ecoguay continúan trabajando en la concientización y educación ambiental, con el objetivo de prevenir hechos similares en el futuro.