La intención del Gobierno nacional de derogar la Ley Nº 25.542 de Defensa de la Actividad Librera abrió un fuerte debate dentro del sector editorial argentino. Editores, libreros y entidades vinculadas al mundo del libro manifestaron su preocupación por una iniciativa que, aseguran, podría afectar la diversidad editorial y comprometer la continuidad de cientos de librerías independientes en todo el país.

La propuesta forma parte del paquete de reformas impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, y plantea eliminar el sistema de precio uniforme de venta al público, vigente desde 2001.

La legislación actual establece que cada libro debe comercializarse al mismo precio en todos los puntos de venta, valor fijado por la editorial o el importador. Según sus defensores, este mecanismo evita la competencia basada exclusivamente en descuentos y permite que pequeñas librerías puedan competir con grandes cadenas comerciales y plataformas de venta online.

La Cámara Argentina del Libro (CAL), que reúne a unas 500 editoriales pequeñas y medianas, sostuvo que la norma constituye una herramienta fundamental para preservar el ecosistema editorial argentino.

En un comunicado, la entidad señaló que el precio uniforme promueve la competencia a través de la calidad del servicio, el asesoramiento especializado, la amplitud del catálogo y la difusión de nuevos autores, en lugar de hacerlo únicamente mediante rebajas de precios.

Desde la CAL advirtieron que, si prospera la derogación, las grandes cadenas y plataformas digitales podrían aplicar políticas comerciales imposibles de sostener para las librerías independientes, generando cierres y una mayor concentración del mercado.

La entidad recordó que desde la sanción de la ley se registró un importante crecimiento del sector editorial argentino, con un aumento en la cantidad de editoriales, publicaciones y librerías distribuidas en todo el país.

También destacó que el sistema brinda previsibilidad para el cálculo de regalías de los autores y contribuye a desalentar la piratería al establecer un precio de referencia para las ediciones legales.

La inquietud también se hizo sentir en Entre Ríos. En declaraciones a APFDigital, los propietarios de la tradicional librería El Templo del Libro, de Paraná, cuestionaron el proyecto y consideraron que eliminar el precio uniforme dejaría a los pequeños comercios en una situación de marcada desigualdad.

Pedro Demonte y Juan Sebastián Demonte afirmaron que la ley cuenta con el respaldo de toda la cadena del libro y advirtieron que, sin esa protección, resultaría imposible competir con supermercados, grandes cadenas o plataformas digitales que pueden aplicar descuentos muy superiores.

"Se busca eliminar la competencia mediante prácticas de dumping. En ese escenario, las librerías independientes tendríamos enormes dificultades para seguir funcionando", expresaron.

Los libreros remarcaron además que estos espacios cumplen una función cultural que va mucho más allá de la venta de libros.

Según explicaron, en su local conviven lectores de todas las edades, desde niños interesados en cómics hasta adultos que buscan novelas, ensayos, libros de historia, política o publicaciones vinculadas con Paraná y Entre Ríos.

En ese sentido, sostuvieron que la desaparición de librerías de cercanía también implicaría la pérdida de espacios de encuentro, recomendación y promoción de la lectura.

La Ley de Defensa de la Actividad Librera fue sancionada en 2001 tomando como referencia la denominada Ley Lang, vigente en Francia desde 1981, y tiene equivalentes en países como España, Alemania, Italia, Portugal, Japón y Corea del Sur.

Entre sus principales objetivos figura garantizar condiciones equitativas para toda la cadena comercial del libro, proteger la bibliodiversidad y favorecer el acceso de los lectores a una oferta amplia y plural.

Mientras el proyecto del Gobierno aún no ingresó formalmente al Congreso, el debate continúa sumando voces. Editores, libreros, distribuidores y autores coinciden en que cualquier modificación al régimen vigente tendrá un impacto directo sobre el futuro de una de las industrias culturales más importantes del país.