Nogoyá.– El juez de Garantías subrogante de nuestra ciudad, Américo Daniel Luna, dictó el sobreseimiento del médico cirujano Gustavo Cresta, quien se encontraba acusado por presunta mala praxis médica en la atención de una niña de ocho años en el hospital local. La resolución del magistrado —quien es titular del Juzgado Civil y Comercial local y actuó de manera provisoria en el fuero penal— no se adentró en evaluar la eventual responsabilidad del profesional respecto de las graves secuelas padecidas por la paciente, sino que se centró exclusivamente en la vigencia de la acción penal. El fallo hizo lugar al planteo del abogado defensor, Augusto Lafferriere, determinando que los plazos legales para juzgar el hecho se encuentran agotados y consagrando la prescripción de la causa, una medida técnica que el Ministerio Público Fiscal ya adelantó que recurrirá ante las instancias superiores.

Los hechos que originaron la causa penal se remontan a enero del año 2019, a raíz de la atención brindada a la menor en el Hospital San Blas. La fiscal Maite Burruchaga había formalizado oportunamente la investigación bajo el cargo de lesiones graves culposas, sosteniendo que el cirujano obró de manera negligente al dilatar por espacio de aproximadamente doce horas la intervención quirúrgica de una apendicitis de urgencia. Según la hipótesis fiscal, dicha demora desencadenó severas complicaciones postoperatorias en la salud de la niña, incluyendo abscesos intraabdominales, fascitis necrotizante y una evisceración que derivaron en una debilitación permanente de la pared abdominal de la paciente.

Al ejercer su derecho de defensa en octubre de 2021, el médico Cresta brindó un pormenorizado descargo donde rechazó los cargos de negligencia y fundamentó los criterios científicos aplicados, argumentando además las severas limitaciones materiales del nosocomio. El profesional explicó que las apendicitis constituyen metodológicamente una urgencia y no una emergencia, lo que otorga un margen clínico de resolución de hasta 24 horas. Precisó que reprogramó la cirugía para el día siguiente a primera hora debido a que el único quirófano disponible debió ser utilizado de forma inmediata para una cesárea de urgencia por riesgo inminente de vida de un recién nacido, asegurando que la postergación respondió a una prioridad médica insalvable y ajena a su voluntad.

El debate de fondo que dividió las aguas en los Tribunales locales se focalizó en determinar si la acción penal continuaba activa. Dado que el delito imputado contempla una pena máxima de tres años de prisión, la defensa argumentó el cumplimiento del plazo. Por su parte, el fiscal Fernando Martínez y el querellante Walter Martínez sostuvieron que, por tratarse de un médico de un hospital público, los plazos estaban automáticamente suspendidos por su condición de empleado del Estado, asimilando dicho rol al de funcionario público en base a interpretaciones del Código Penal. Sin embargo, el juez Luna adhirió a la postura defensiva, dictaminando que la suspensión de los plazos cede cuando la conducta del agente se circunscribe estrictamente a su habilitación profesional técnica o científica y no a competencias administrativas o de ejercicio del poder estatal. El magistrado criticó la prolongada inacción de los órganos acusadores y ratificó el derecho constitucional de todo ciudadano a liberarse de un estado de sospecha indefinido. No obstante, fuentes judiciales advirtieron sobre posibles fisuras en los fundamentos del fallo, señalando precedentes provinciales donde el concepto de funcionario abarca de forma genérica al empleado estatal y recordando que el tipo penal prevé una inhabilitación de cuatro años, lo que elevaría el plazo de prescripción.

Crespo.- Vuelto a primera instancia el recurso de amparo presentado por la abogada Sonia Spreafico contra la designación de la terna que compitió por la titularidad del Juzgado de Paz y Familia de Crespo, se produjo un nuevo rechazo a la presentación de la demandante.

En esta oportunidad, el caso fue revisado por el doctor Alejandro Grippo, vocal de Juicio y Apelaciones Nº 6 de Paraná, que declaró “inadmisible” la presentación de la profesional.

El fallo fue apelado y volverá a instancia de revisión ante el Superior Tribunal de Justicia. Solo resta saber si la nueva revisión será realizada por la misma composición que actuó la primera vez o si se formará una nueva composición de vocales del STJ.

Spreafico había presentado Acción de Amparo - Habeas Data contra la Municipalidad de Crespo y contra el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos para que ambas entidades brinden el acceso a la información pública y a publicar todos los actos administrativos correspondientes a la integración, conformación y documentación respectiva en relación a la terna de candidatos a Juez de Paz. Además, pidió la nulidad de la norma municipal que dispuso la conformación de la terna de postulantes conformada por Jorge Kriger (elegido para el cargo), Rocío Weber y Rocío Rodríguez Mayer.

En un escrito de veinte páginas, Grippo destacó en uno de los párrafos centrales de su fallo, que “no se advierte prima facie que el Departamento Ejecutivo Municipal ni el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Crespo hayan obrado por fuera del marco de legalidad o juridicidad que rige la actividad de la administración en todo su ámbito de actuación para su normal desenvolvimiento. Ya que en principio, todo acto administrativo se presume legítimo, y la arbitrariedad denunciada debe emanar de forma evidente, manifiesta y palmaria para dar cauce a esta acción, lo cual no sucede en estos autos”.

El magistrado agregó que “también cabe rechazar la alegada inconstitucionalidad del procedimiento llevado a cabo para la conformación de la terna destinada a cubrir el cargo de Juez de Paz de la ciudad de Crespo, pues tal planteo no solo que se confunde con el objeto (ampliado) de la presente acción, sino que no se encuentra suficientemente fundado como para habilitar la declaración de inconstitucionalidad de una norma, que es de última ratio y de carácter excepcional”.

Más adelantó, Grippo subrayó que la abogada Spreafico “ni siquiera ha podido cumplimentar su carga procesal de demostrar, como mínimo un actuar ilegítimo de las partes demandadas, ya que no surge ni de lo invocado por la misma en su demanda, ni de la documentación por ella presentada ni de la adjuntada por las partes demandadas. Por todo ello, entiendo no se verifican las condiciones legales de procedencia de la acción de amparo”.

Con costas a cargo de Spreafico, el doctor Grippo reguló honorarios por 1.738.424,40 pesos, equivalente a 20 juristas (86921,22 pesos cada jurista, nombre que recibe la unidad de regulación de honorarios en la Justicia), a favor del abogado de la Municipalidad de Crespo, Francisco Ferrer. Otro tanto a favor de los abogados de la Fiscalia de Estado de la Provincia, Martín Rettore Elena y Juan Francischelli; cada uno percibirá 869.212,20 pesos.

En el fallo original del Superior Tribunal de Justicia, que mandó a revisar el procedimiento, se pidió que se incluya la opinión de los tres ternados en torno a la controversia entre Spreafico y Municipalidad/Provincia. Sólo respondieron Kriger y R. Mayer.

• Kriger expuso que la parte actora “debió demostrar el carácter de manifiestamente ilegítimos” de los decretos del Concejo Deliberante de Crspo y del Gobierno provincial. Señaló que “son actos administrativos dictados por organismos del Estado con facultades para emitirlos” y que “no han sido motivo de impugnaciones por la vía correspondiente en el período posterior a su publicación en los respectivos boletines oficiales”. Entiende que corresponde declarar “inadmisible” la presentación de Spreafico y destacó “la situación de

‘derecho adquirido’” que reviste su nombramiento. El abogado solicitó que “se rechace la demanda con la adición de la causal de inadmisibilidad, se declare la pérdida de objeto del presente amparo por haberse tornado abstracta la cuestión debatida”.

• Rodríguez Mayer expresó “que su interés y vinculación en el trámite de designación de Juez de Paz de Crespo culminó con la elección del colega Dr. Jorge Kriger, no teniendo más que manifestar sobre el procedimiento ejecutado ni sobre el presente proceso”.

CRESPO.- El exintendente de Crespo, Juan Carlos "Cachi" Brambilla, decidió intervenir públicamente en la polémica por el terreno ubicado en calle Catamarca al 1400, en barrio San José, donde una mujer denunció a la Municipalidad por la demolición de una vivienda y la ocupación de un predio que considera parte de su historia familiar.

En declaraciones a Radio SOLNoticias, Brambilla buscó aclarar su participación en los antecedentes del caso luego de que su nombre fuera mencionado reiteradamente por Andrea Hernández, quien sostiene que el exjefe comunal habría otorgado el terreno a su familia décadas atrás.

"Yo nunca entregué ese terreno ni podía hacerlo", afirmó Brambilla, al tiempo que recordó que ningún intendente tiene facultades para adjudicar inmuebles municipales de manera directa sin cumplir con los procedimientos legales establecidos.

Según relató el exintendente, la historia se remonta a finales de la década de 1980, durante la construcción de los complejos habitacionales de la zona. En aquel entonces, una familia de apellido Sosa ocupaba una vivienda precaria ubicada en el sector donde se proyectaban nuevas unidades habitacionales.

Brambilla explicó que intervino únicamente como nexo entre esa familia y una mujer de apellido Gadea, quien tenía algún vínculo con la propiedad.

"Yo acerqué a las partes para que dialogaran. Sosa no tenía dónde vivir y la señora Gadea tenía esa vivienda. Se pusieron de acuerdo para que él permaneciera allí hasta que fuera requerido el lugar", recordó.

Según su versión, desde entonces la familia Sosa habitó el inmueble durante décadas, realizó conexiones de servicios y ejerció una posesión efectiva sobre el lugar.

Más allá de la situación jurídica, Brambilla planteó una mirada social sobre el conflicto y sostuvo que el caso merece una respuesta que contemple la realidad de la familia involucrada.

"La chica defiende como cualquiera su lugar donde vive. Eso es lógico", expresó.

Si bien evitó cuestionar las resoluciones judiciales que respaldan la posición del municipio, insistió en diferenciar los aspectos legales de lo que considera una situación legítima construida a partir de casi cuatro décadas de ocupación y permanencia en el lugar.

"Yo hablo de lo legal y de lo legítimo. Después de tantos años, entiendo que ella siente que ese lugar le pertenece porque allí vivieron sus abuelos, sus padres y ella misma", señaló.

Durante la entrevista, Brambilla manifestó preocupación por la situación habitacional de Andrea Hernández tras el desalojo concretado en las últimas horas y consideró que el municipio podría intervenir para encontrar una alternativa.

"No me gustaría ver personas de Crespo en la calle. Creo que la Municipalidad tiene capacidad para dar una solución, aunque sea una parcela pequeña para que puedan levantar una pieza y un baño", sostuvo.

En ese sentido, sugirió explorar alternativas que permitan compatibilizar el interés municipal sobre el terreno con una respuesta social para la familia afectada.

"No digo que le entreguen todo el terreno. Pero siempre el municipio tiene más posibilidades que una persona que no tiene recursos. Estoy seguro de que podría encontrarse alguna salida razonable", afirmó.

Uno de los principales objetivos de su aparición pública fue despegarse de las versiones que lo señalaban como responsable de una eventual cesión del inmueble.

"Salgo a hablar porque me nombraron y algunos decían que yo tenía que aclarar esta situación. Yo no tengo ningún problema en dar la cara", expresó.

Brambilla recordó que durante sus años de gestión las adjudicaciones de terrenos se realizaban mediante procedimientos institucionales, con intervención del Concejo Deliberante y organismos provinciales, como ocurrió con distintos planes habitacionales desarrollados en la ciudad.

"Ninguna vivienda ni ningún terreno se entregaban por decisión personal del intendente. Había mecanismos legales y administrativos que respetar", enfatizó.

Mientras tanto, el conflicto continúa sumando repercusiones. Desde el municipio sostienen que el terreno pertenece al Estado local, que existen tres fallos judiciales favorables a esa postura y que la ocupación carecía de respaldo documental. Del otro lado, Hernández insiste en que la propiedad forma parte de la historia de su familia y reclama asistencia para recuperar un lugar donde vivir.

Nogoyá.– Una grave denuncia por presuntas irregularidades en el manejo de las arcas públicas ha sacudido la tranquilidad de la comuna de XX de Septiembre. La Unidad Fiscal local, procedió a la apertura formal de una Investigación Penal Preparatoria (IPP) que tiene como principal imputada a la presidenta comunal de dicha localidad, Adriana Hernández. Las actuaciones judiciales se iniciaron a raíz de sospechas fundadas sobre la supuesta comisión de los delitos de peculado, apropiación y malversación de fondos públicos, todos ellos relacionados de manera directa con las partidas presupuestarias afectadas a la ejecución de la obra del Salón de Usos Múltiples (SUM) de la comunidad.

Más allá del impacto político que genera el inicio de una causa de estas características contra una autoridad electa, advierten que la gravedad del escenario radica en el denso contenido de las pruebas y las sospechas que sustentan el expediente. Ante este panorama, desde la fiscalía interviniente se han dispuesto medidas procesales concretas de alto impacto administrativo para intentar esclarecer si existió un desvío de los recursos estatales o una administración infiel del patrimonio comunitario.

En este sentido, el fiscal Martínez libró una serie de órdenes destinadas a requerir informes técnicos y detallados al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, al Tribunal de Cuentas provincial y a la Dirección de Comunas y Juntas de Gobierno. El objetivo central de estos requerimientos es reconstruir de manera minuciosa e histórica el recorrido completo y la trazabilidad de cada uno de los fondos y partidas que fueron enviados a la administración de Veinte de Septiembre desde el año 2012 hasta la fecha actual para el desarrollo de la mencionada obra edilicia.

La investigación judicial apunta a poner bajo la lupa un extenso archivo de documentos públicos que incluye transferencias bancarias, subsidios otorgados, expedientes de obra, balances contables, decretos comunales y la totalidad de los movimientos de las cuentas bancarias institucionales. Asimismo, los peritos judiciales pretenden determinar si existieron intimaciones previas u observaciones por parte de los organismos de control ante la posible falta de presentación de información pública y rendiciones de cuentas por parte de la comuna, en una causa que promete sumar nuevos capítulos en los tribunales de nuestra ciudad a medida que ingresen las respuestas a los oficios emitidos.

Por mayoría de tres votos contra dos, el Superior Tribunal de Justicia resolvió que una Acción de Amparo presentada por la abogada Sonia Spreafico (Expediente N°28.382, “Spreafico Sonia Gabriela c/Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y Municipalidad de Crespo s/Acción de Amparo”), vuelva a  primera instancia, para rever aspectos procedimentales sobre la terna de profesionales que se elevó desde el Concejo Deliberante al Poder Ejecutivo Provincial para determinar el futuro juez de Paz de Crespo.

De aquella terna, que habían integrado Rocío Dinorah Weber, Rocío Guadalupe Rodríguez Mayer y Jorge Kriger, este último terminó siendo elegido con la firma del gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia.

La mayoría del STJ, compuesta por las vocales Gisela Schumacher, Claudia Mizawak y Laura Soage, resolvió:

“1º) Declarar la nulidad de lo actuado desde el momento en que debió ordenarse la citación de los terceros interesados y remitir las actuaciones a la instancia de origen para que, previa convocatoria de éstos al proceso, se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho.

2º) No dar tratamiento al recurso de apelación articulado por la codemandada Municipalidad de Crespo, atento a lo resuelto en el punto anterior”.

En rechazo del amparo, se habían definido los vocales Daniel Carubia y Carlos Tepsich.

El fallo estaba siendo analizado en la Municipalidad y según lo determinado por el STJ, la nulidad de lo actuado en primera instancia se produciría desde la citación de la Municipalidad y la Provincia, porque se entiende que el fallo establece que debían citarse también los tres ternados (Jorge Kriger, Rocío Dinorah Weber y Rocío Guadalupe Rodríguez Mayer), para que respondan y opinen sobre las posiciones de Spreafico y su contraparte los gobiernos de la Provincia y de la Municipalidad de Crespo. El procedimiento desde ahí para adelante es nulo.

El caso tiene que volver a un tribunal de primera instancia que no podría ser el que ya dictó sentencia, se tiene que designar otro, de acuerdo a lo consultado por Paralelo32 a una fuente jurídica. Ese juez va a correr traslado a los tres ternados (Kriger, Weber, R. Mayer) que deberán contestar en base a la presentación de Spreafico y las contestaciones de Municipalidad y Provincia. A partir de esa instancia, el nuevo tribunal de origen deberá dictar sentencia de origen. Si ese fallo no le conforma a alguna de las partes, puede apelar y avanzar nuevamente el caso hasta el Superior Tribunal de Justicia.

En definitiva, la sentencia del STJ no se expidió sobre la cuestión de fondo: si la Municipalidad debió hacer una convocatoria amplia a abogados para determinar una terna a partir de antecedentes y entrevistas. Lo que se revisa es un elemento procedimental: mientras Spreafico por un lado, Provincia/Municipio por otro, disputaban sobre el trámite de selección de la terna, el juez interviniente no pidió opinión y respuestas a los ternados, quienes tenían derechos adquiridos por formar parte de la terna, derechos que podían ser lesionados por esa disputa.

Parte central del dictamen de la vocal Schumacher en torno a la que gravita el fallo emitido por el STJ:

“(…) Ahora bien, aun cuando la actora (Spreafico, N. de R.) amplió su pretensión solicitando la nulidad de actos administrativos dictados con posterioridad a la interposición de la demanda, omitió pedir la convocatoria al proceso de las personas que integraban la terna oportunamente conformada mediante Decreto “DCD-2026-7-E-MUNICRESPO-CD”, una de las cuales resultó finalmente designada por Decreto “DTO-2026-823-E-GER-GOB”.

Tal omisión no reviste carácter meramente formal, sino que se trata de sujetos cuya esfera jurídica se vería directa e inmediatamente afectada en caso de prosperar la pretensión, ya sea por la frustración de una expectativa legítima de acceso al cargo -respecto de quienes integraban la terna- o por la eventual privación de un derecho subjetivo ya consolidado –en relación con quien resultó designado-.

En tales condiciones, su intervención (abogados ternados, N. de R.) en el proceso resultaba necesaria y la falta de integración de estos terceros configura un defecto de proponibilidad subjetiva que compromete la validez misma de la relación procesal, en tanto impide el dictado de una sentencia útil sin vulnerar la garantía de defensa en juicio y del debido proceso (art. 18 CN).

Por ello, a mi entender la situación debió ser subsanada oficiosamente en la instancia de grado, mediante la citación de los terceros interesados (abogados ternados, N. de R.) antes del ingreso de los autos a sentencia. Es que no obstante la falta de previsión expresa en la norma de rito, entiendo que ello se enmarca dentro de los poderes-deberes implícitos de dirección y ordenación que incumben a quienes tenemos la función jurisdiccional.

(…) En consecuencia, la omisión de integrar debidamente la litis en un supuesto de intervención necesaria constituye un vicio insalvable que afecta la validez del pronunciamiento. Por ello, corresponde declarar la nulidad de lo actuado desde el momento en que debió ordenarse la citación de los terceros interesados y remitir las actuaciones a la instancia de origen para que, previa convocatoria de éstos al proceso, se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho”.

El Superior Tribunal de Justicia resolvió, por mayoría de tres votos a dos, que una Acción de Amparo presentada por la abogada Sonia Spreafico, vuelva a  primera instancia, para rever la forma en que se definió la terna de profesionales que se elevó desde el Concejo Deliberante al Poder Ejecutivo Provincial para determinar el futuro juez de Paz de Crespo.

De aquella terna, que habían integrado Rocío Dinorah Weber, Rocío Guadalupe Rodríguez Mayer y Jorge Kriger, este último terminó siendo elegido con la firma del gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia.

El fallo exige que el Vocal de Juicio y Apelaciones N° 5, doctor Gervacio Labriola, se expida nuevamente frente al recurso presentado en su momento por Spreafico.

La mayoría del STJ resolvió: “Declarar la nulidad de lo actuado desde el momento en que debió ordenarse la citación de los terceros interesados y remitir las actuaciones a la instancia de origen para que, previa convocatoria de éstos al proceso, se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho”.

En su presentación, la profesional local sostuvo que “ha quedado demostrado que la Municipalidad de Crespo decidió omitir el concurso público, sustituyéndolo por la elección directa de tres ciudadanos, por parte del Intendente local, quien  expresó elegirlos por el prestigio del que esos tres abogados gozarían, según su criterio subjetivo y personal que fue convalidado por los concejales”. Siguiendo ese argumento, consideró que la Municipalidad de Crespo violó el derecho a la igualdad de oportunidades para otros abogados que podrían postularse para el cargo.

Previamente, el titular del despacho de Juicio y Apelaciones N°5, Gervacio Labriola, había rechazado por “inadmisible” el amparo. En su primer intento, la demandante había argumentado que el Concejo Deliberante de Crespo “efectuó sesión especial -sin convocatoria a la ciudadanía con la finalidad de aprobar una terna; que la terna no fue precedida de ningún concurso público de ninguna especie, sino que se originó en una propuesta del Sr. Intendente hecha luego de cerradas las sesiones legislativas del año 2025”. La demandante agregó, en su primera presentación, que la propuesta fue aprobada “en una sorpresiva sesión de dudosa legalidad en relación a la Ley Orgánica de Municipios”.

Ahora, con el fallo del STJ, el expediente volverá al despacho de Labriola, para que se expida nuevamente sobre el tema.

Autoridades de la Municipalidad de Crespo brindaron una conferencia de prensa para aclarar la situación vinculada a un terreno de propiedad municipal ubicado sobre calle Catamarca, entre Kaehler y Buenos Aires, luego de que se viralizara en redes sociales un video en el que una pareja acusa al Estado local de haber demolido una vivienda y retirado pertenencias personales.

La secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano, Vanesa Pusineri, y el asesor letrado municipal, Francisco Ferrer, detallaron el proceso administrativo y judicial que derivó en una orden de desalojo, actualmente en instancia de ejecución.

Según explicó Pusineri, el conflicto se originó durante 2024 cuando una pareja tomó posesión de un terreno que, de acuerdo con la documentación municipal, pertenece al Estado local.

“Cuando el municipio tomó conocimiento de esta situación, se los intimó para que abandonaran el lugar. Al no ocurrir eso, se inició un proceso judicial”, señaló la funcionaria.

La secretaria indicó que las personas involucradas manifestaron haber tenido vínculos familiares con el predio durante su infancia, aunque sostuvo que nunca presentaron documentación que acreditara derechos de propiedad sobre el inmueble.

“Tenemos la obligación de resguardar los bienes del Estado. No podemos permitir este tipo de situaciones porque existen mecanismos legales para acceder a terrenos y viviendas, como los programas municipales de lotes sociales”, expresó.

Por su parte, el asesor legal Francisco Ferrer explicó que antes de acudir a la Justicia existieron instancias de diálogo en las que se solicitó a los ocupantes que acreditaran la titularidad que decían poseer.

“Ante la falta de documentación y la negativa a abandonar el lugar, el municipio inició la acción judicial correspondiente”, indicó.

Según detalló, la causa obtuvo tres resoluciones favorables al municipio en distintas instancias judiciales, hasta llegar al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que recientemente ratificó la posición municipal.

“Hace aproximadamente veinte días se resolvió la última instancia y se confirmó que deben desalojar el inmueble y restituir la posesión al municipio”, afirmó Ferrer.

El letrado agregó que actualmente existe un mandamiento de desalojo radicado en el Juzgado de Paz de Crespo y que se aguarda la fijación de una fecha para concretar la medida.

Durante la conferencia, Ferrer precisó que cuando la pareja ocupó el predio se trataba de un terreno baldío cercado posteriormente por los ocupantes.

Asimismo, explicó que años atrás existió una vivienda precaria en ese lugar, donde habría residido parte de la familia involucrada. Sin embargo, aseguró que esa construcción fue demolida por el municipio en 2019 debido a su avanzado estado de deterioro y al riesgo que representaba para terceros.

“En ese momento no había personas viviendo allí y la estructura estaba más cerca del derrumbe que de ser habitable”, sostuvo.

Consultados sobre el futuro del inmueble, las autoridades señalaron que una vez recuperada la posesión se avanzará en un trámite de usucapión para regularizar formalmente la titularidad municipal.

Según explicó Ferrer, el municipio cumple actualmente casi veinte años de posesión sobre el terreno, plazo que habilitaría el inicio de ese procedimiento judicial.

Además, remarcó que no es posible arribar a acuerdos particulares sobre terrenos públicos porque ello podría generar situaciones similares en otros sectores de la ciudad.

“Tenemos programas de acceso a terrenos y viviendas que funcionan mediante evaluaciones sociales, sorteos y procedimientos transparentes. No podemos establecer excepciones por fuera de esos mecanismos”, manifestó.

Finalmente, desde el municipio señalaron que continúan las gestiones para concretar la restitución del inmueble de la manera más pacífica posible. No obstante, recordaron que el mandamiento judicial contempla la posibilidad de requerir asistencia policial en caso de ser necesario.

La actividad estuvo encabezada por el secretario de Justicia de Entre Ríos, Julián Maneiro, quien fue recibido por el director general del Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER), Alejandro Miotti. Durante la jornada también se concretó la presentación formal de Dana Eliana Godoy como nueva directora del Patronato de Liberados, organismo clave dentro del esquema de acompañamiento y asistencia a personas liberadas.

El encuentro se enmarca en una estrategia integral que busca fortalecer la coordinación institucional entre el sistema penitenciario y las áreas encargadas de la asistencia post-penitenciaria, promoviendo acciones concretas orientadas a la inclusión social, laboral y familiar de quienes recuperan su libertad.

El Patronato de Liberados cumple un rol fundamental dentro de la estructura de justicia y seguridad ciudadana de la provincia, ya que tiene a su cargo el acompañamiento técnico y profesional de personas que han cumplido sus condenas.

Su labor está orientada a facilitar procesos de reinserción social sostenibles, mediante herramientas que favorezcan el acceso al empleo, la reconstrucción de vínculos familiares y comunitarios, y la disminución de factores de riesgo asociados a la reincidencia delictiva.

Durante la reunión, Maneiro destacó la importancia de fortalecer esta área estratégica con una mirada dinámica y profesional, alineada a los objetivos del Ministerio de Seguridad y Justicia.

El funcionario subrayó la necesidad de consolidar políticas públicas con un fuerte componente social, orientadas a generar oportunidades reales de inclusión y acompañamiento para las personas liberadas, en el marco de una visión institucional vinculada a la identidad y el desarrollo de Entre Ríos.

Por su parte, desde la Dirección General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos ratificaron el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con el Patronato de Liberados, fortaleciendo la articulación entre ambas estructuras.

Esta integración institucional responde a lineamientos impulsados por la cartera de Seguridad y Justicia, que apuntan a unificar esfuerzos entre el sistema penitenciario y los organismos de asistencia post-penitenciaria para consolidar trayectorias de inclusión social y reducir los niveles de reincidencia.

Con un despliegue coordinado en toda la provincia, el Gobierno de Entre Ríos presentó los resultados del Operativo Blindaje, una estrategia de prevención del delito que se ejecutó de manera simultánea en diferentes jurisdicciones y que también alcanzó al sistema penitenciario provincial.

La intervención, considerada por las autoridades como una de las de mayor magnitud en materia de prevención y control territorial, involucró a más de 1.600 funcionarios, entre efectivos policiales, personal operativo y agentes del Servicio Penitenciario.

El objetivo central fue profundizar acciones estratégicas de seguridad, fortalecer la presencia del Estado en el territorio y generar mayores condiciones de prevención y control.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia señalaron que el Operativo Blindaje permitió realizar procedimientos simultáneos en distintos puntos de Entre Ríos, enfocados en la identificación de personas, controles preventivos y acciones vinculadas a investigaciones en curso.

El despliegue también dejó como resultado la sustracción de elementos considerados de interés investigativo y diferentes secuestros vinculados a tareas de control.

Según remarcaron desde el Ejecutivo, se trató de una intervención sin precedentes por su dimensión territorial y por la articulación entre distintas áreas de seguridad.

El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, destacó que uno de los aspectos centrales del operativo fue la capacidad de coordinación alcanzada por las fuerzas de seguridad.

“Lo importante de este operativo, más allá de la ejecución simultánea en toda la provincia y en el Servicio Penitenciario, es que nos permitió poner en evidencia el avance de conectividad y tecnología que adquirió nuestra fuerza en estos dos años”, sostuvo el funcionario.

En esa línea, desde el Gobierno provincial señalaron que las mejoras en infraestructura tecnológica y comunicaciones permitieron una ejecución más eficiente de este tipo de procedimientos.

Por su parte, el jefe de Policía de Entre Ríos, Claudio González, subrayó los cambios registrados en materia de equipamiento y conectividad dentro de la fuerza.

“Cuando empezamos la gestión había dependencias que no tenían acceso a internet, que tenían equipamientos antiguos que solo permitían recibir mensajes. Hoy podemos decir que la mayoría de las dependencias tienen acceso a conectividad y que hemos mejorado la calidad laboral y de servicio para nuestro personal”, afirmó.

Desde la Policía destacaron que estas mejoras impactan tanto en la operatividad diaria como en la capacidad de respuesta ante procedimientos de gran escala.

Uno de los puntos más relevantes del Operativo Blindaje fue la requisa rutinaria realizada en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, donde se desplegó un procedimiento exhaustivo dentro del Servicio Penitenciario.

Como resultado del operativo, se logró el secuestro de:

Las autoridades indicaron que estos controles forman parte de las tareas permanentes para prevenir irregularidades dentro de las unidades penitenciarias.

Desde el Ministerio recordaron que este tipo de operativos se desarrollan de manera cotidiana en la provincia.

En lo que va del año, ya se realizaron más de 400 procedimientos, con resultados vinculados a:

El Operativo Blindaje se suma así a una estrategia provincial orientada a reforzar la prevención del delito y aumentar la presencia territorial de las fuerzas de seguridad.

Con un despliegue simultáneo, fuerte participación de personal y acciones en calles, dependencias y unidades penales, el Operativo Blindaje dejó resultados concretos en materia de control e incautaciones.

Desde el Gobierno provincial sostienen que este tipo de intervenciones buscan llevar mayor tranquilidad a la ciudadanía y consolidar una estrategia de prevención sostenida.

Y en ese marco, la coordinación entre tecnología, presencia territorial y operatividad aparece como uno de los ejes centrales de la política de seguridad en Entre Ríos.

Victoria.- La información fue adelantada por Paralelo32 un par de semanas atrás, cuando la causa “Rubén Darío Garcilazo/ enriquecimiento ilícito” estaba en etapa de definición. El pasado 17 de abril el Juez de Garantías, Alejandro Calleja, en el marco de las pruebas obrantes, elevó la causa a juicio que se llevará a cabo ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay. 

El caso se remonta al año 2015, cuando un particular presentó una denuncia contra el ex intendente municipal, solicitando la intervención de la justicia para investigar posibles delitos relacionados con enriquecimiento ilícito. 

La fiscalía local comenzó a reconstruir la situación patrimonial del denunciado, se realizaron más de 40 medidas probatorias, basadas en informes de entidades públicas y privadas; en principio para conocer el activo del patrimonio y las deudas que canceló.

A finales de 2016 se agotaron las medidas previamente dispuestas y, con el fin de verificar de manera fehaciente la denuncia, el fiscal solicitó una verificación ante el cuerpo de auditores del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Este determinó que había una diferencia de 1 millón de pesos (*)  entre el capital declarado y lo que realmente pudo justificar a valores del 2014/15.

Oportunamente Garcilazo afirmó que la diferencia fue aportada por un familiar, pero el Fiscal igualmente imputó al ex intendente.  

La doctora Florencia Bascoy, a cargo de la oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de Gualeguay, explicó a Paralelo32 que “como se trata de una causa contra la administración pública corresponde la conformación de un tribunal; no es unipersonal como vienen siendo todas las causas. Ese tribunal se conformó el día 27 con los doctores Tórtul como presidente, el doctor Cadenas como vocal de 2° voto, y la doctora Matilde Federik como vocal de 3er voto”.

Amplió que recién ahora notifican la conformación del tribunal y luego quedarán en condiciones para fijar audiencia. “Todavía estamos en plazo para que las partes pudieran objetar el tribunal, y recién la semana que viene estaríamos en condiciones de fijar una fecha de juicio. En principio, a grandes rasgos, yo tengo completa la agenda de este año, por lo que probablemente esto pase para al año que viene”.

En varias oportunidades nuestro medio abordó el caso, dando cuenta de distintos procedimientos dilatorios fueron postergando decisiones, que finalmente terminaron en la elevación a juicio. En general se reiteraron recusaciones de fiscales y jueces que en la totalidad de los casos, no prosperaron, pasado un determinado período de tiempo, el expediente volvía a la justicia de Victoria para continuar con el tratamiento de la causa.

También se especuló con la posibilidad de suspender el juicio a prueba u otro tipo de acuerdo alternativo, en el intento de que el imputado cumpliera con la ley realizando tareas o ayuda comunitaria. Sin embargo, la naturaleza del delito investigado, que involucra a un funcionario público en ejercicio de sus funciones, no dejó alternativa para evitar el juicio.

La persona procesada enfrenta una presunción de delito basada en las evidencias; será el Tribunal quien decidirá su culpabilidad y, si corresponde, la pena a aplicar, que contempla resarcimiento e inhabilitación para ejercer cargos públicos (CP art.19/20).

(*) La diferencia entre lo declarado y el capital que no pudo demostrar, fue de 1 millón de pesos en el 2015. Para actualizar ese monto, se aplica una actualización según dólar, más una tasa en vigencia del Banco Nación. El dólar, en el 2015, osciló entre 8,50 y 13 pesos a lo largo del año.

Al cumplirse cuatro meses de la noche del 30 de diciembre que marcó a Victoria y sumió a varias familias en un crudo lamento, la causa judicial por lo ocurrido en el local "Costa Rica" registra avances determinantes en la determinación de responsabilidades. El Dr. Agustín Grecco, abogado de las familias que reclaman justicia, informó que la investigación ha tomado un impulso concreto con la citación de funcionarios claves del ámbito municipal.

El proceso busca esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Nataly García y Agustina Cabrera, y traer algo de paz y sosiego a los demás familiares que no pudieron sobrellevar los hechos posteriores como el fallecimiento de Fabricio Mansilla, ocurrido el 2 de enero.

La intervención de la querella y la decisión del Ministerio Público Fiscal apuntan directamente a las áreas de control. Según detalló el letrado, han sido citados a prestar declaración testimonial los encargados del área de Seguridad y Control Urbano, María Inés Dionisio y Juan Carrizo.

Asimismo, deberán comparecer inspectoras del área de Bromatología. Para la querella, estas declaraciones constituyen el núcleo de la causa, ya que permitirán entender el funcionamiento del sistema de inspecciones y habilitaciones vigentes al momento del siniestro.

El abogado Grecco enfatizó a Paralelo32 que la investigación no se limita a un hecho fortuito, sino que busca reconstruir una cadena de responsabilidades.

“Se investiga un sistema. Se investiga si quienes tenían la responsabilidad de inspeccionar, habilitar y garantizar condiciones de seguridad cumplieron con su deber. De haberse cumplido correctamente, probablemente se habría evitado esta tragedia”.

A cuatro meses de las ausencias de Nataly y Agustina, y ante la cercanía del tercer mes del fallecimiento de Fabricio, las familias exigen que la investigación avance sin dilaciones. "La memoria de las víctimas no admite pausas ni silencios. Nos obliga a sostener el reclamo y a confiar en que la verdad no será esquiva", concluyó el abogado.

El primer aviso a la Policía dio cuenta de un supuesto accidente vial: un camionero habría atropellado a la víctima sin advertir el hecho y continuado su marcha. El cuerpo de Cecilia quedó tendido sobre la cinta asfáltica. “El hecho se conoció alrededor de la 1, cuando personal policial tomó intervención ante la presencia de una persona sin vida”, informó el diario El Debate Pregón.

Sin embargo, con el avance de las primeras pericias comenzaron a surgir dudas sobre esa versión inicial.

La causa quedó a cargo de la fiscal Mariángeles Schell, quien se hizo presente en el lugar y ordenó la realización de una autopsia. Además, dispuso una serie de medidas que permitieron avanzar en la reconstrucción del hecho.

El conductor del camión, un hombre de unos 50 años que trabaja para una empresa de Crespo, no se detuvo tras el episodio. Fue localizado horas más tarde en las cercanías de General Galarza y quedó detenido con prisión preventiva en la Jefatura de Policía de Gualeguay.

Con el correr de las horas, la hipótesis de un simple accidente comenzó a perder fuerza. Una de las líneas investigativas apunta a que la víctima habría mantenido un encuentro previo con el camionero y que, tras una discusión vinculada al pago de un servicio sexual, el hombre intentó retirarse.

Según la reconstrucción preliminar, Cecilia habría intentado impedir su partida tomándose del vehículo, momento en el cual fue arrastrada y posteriormente atropellada. De confirmarse esta secuencia, se descartaría definitivamente la hipótesis accidental.

El caso generó una fuerte reacción de organizaciones sociales. Desde Diversidad Gualeguay exigieron que la causa sea investigada con perspectiva de género y diversidad, y que no se reduzca el hecho a un siniestro vial.

“Cecilia murió trabajando. Murió expuesta a la violencia y a la precariedad que enfrentan tantas compañeras trans”, expresaron en un comunicado. También reclamaron que, en caso de comprobarse un móvil vinculado al odio por identidad de género, el hecho sea calificado como travesticidio o transfemicidio.

La organización subrayó además la necesidad de políticas públicas que garanticen condiciones de vida dignas para la población trans, señalando que muchas personas continúan expuestas a situaciones de extrema vulnerabilidad.

Por el momento, la Fiscalía no ha definido una calificación legal definitiva, aunque se confirmó que la investigación sigue abierta bajo múltiples hipótesis. Las pericias, testimonios y resultados forenses serán claves para determinar las responsabilidades y el encuadre judicial del caso.

Mientras tanto, familiares de la víctima —dos hermanos residentes en Buenos Aires— trasladaron sus restos para su sepultura.

El gobierno de Entre Ríos avanza en la implementación de medidas para enfrentar la creciente cantidad de amenazas en establecimientos educativos. En ese marco, se analiza que los padres o tutores de menores identificados como responsables deban asumir los costos de los operativos policiales, a través de acciones de reparación civil por daños y perjuicios.

La iniciativa fue abordada en una reunión interministerial e interdisciplinaria que reunió a autoridades del Consejo General de Educación (CGE), la Policía provincial, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y el área de Justicia. Del encuentro participaron el presidente del CGE, Carlos Cuenca; el jefe de Policía, Claudio González; el secretario de Justicia, Julián Maneiro; y el juez penal de Niños y Adolescentes, Pablo Barbirotto, entre otros funcionarios.

Durante la reunión se definieron acciones legales y económicas orientadas a recuperar los gastos que generan este tipo de amenazas, muchas veces vinculadas a falsas alarmas de bomba o tiroteos. Según explicaron, cada activación de protocolos implica un importante despliegue de recursos humanos, tecnológicos y logísticos.

“Ese despliegue, provocado por una conducta irresponsable, configura un daño patrimonial que el Estado no tiene por qué absorber”, señalaron las autoridades, al remarcar el impacto que estos operativos tienen sobre los recursos públicos.

La propuesta se sustenta en lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación, que en sus artículos 1753 y 1755 fija la responsabilidad civil de los progenitores o responsables legales por los hechos cometidos por menores de edad. Bajo este encuadre, la provincia buscará que las familias de los estudiantes ya identificados en causas judiciales afronten los costos derivados de los operativos.

Desde el gobierno provincial destacaron que, si bien las sanciones penales pueden verse limitadas por la edad de los menores, la vía civil permite avanzar en el recupero de los gastos ocasionados.

De acuerdo con estimaciones presentadas en el encuentro, el costo total de los operativos realizados ante amenazas supera los 250 millones de pesos. Este cálculo incluye la movilización de móviles policiales, brigadas especializadas —como explosivos—, personal y horas de trabajo que se detraen de tareas preventivas.

Además, se informó que gracias al trabajo de inteligencia tecnológica de la policía, ya se logró identificar a la mayoría de los autores de amenazas registradas en distintas localidades.

Desde la mesa de seguimiento, de la cual también forma parte el Copnaf, se hizo un llamado a las familias para reforzar el control sobre el uso de dispositivos digitales por parte de niños y adolescentes.

“No estamos ante una broma estudiantil, sino ante un delito penal que genera alarma pública y un gasto innecesario de recursos que deberían destinarse a la prevención del delito real”, concluyeron las autoridades.

La medida, aún en evaluación, busca no solo sancionar económicamente estas conductas, sino también generar conciencia social sobre la gravedad de este tipo de acciones.

El Gobierno de Santa Fe notificó este lunes por primera vez a los padres de un menor identificado como autor de una amenaza a una escuela, en el marco de un procedimiento para recuperar los costos de los operativos policiales. La intimación fue por un monto de 6.024.944 pesos, que deberán abonar como responsables solidarios.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó que la medida formó parte de una acción patrimonial y administrativa destinada a resarcir el gasto público generado por este tipo de hechos. Según indicó, la Policía llevó adelante la notificación durante la mañana y, en ese momento, el padre reaccionó con la frase: “Cara la jodita”.

Cococcioni informó que ya se logró identificar a los responsables de 58 hechos, lo que implica más de 70 personas involucradas, ya que en algunos casos hay múltiples autores o adultos responsables.

Las notificaciones incluyen el detalle del monto adeudado y los medios de pago. Los responsables cuentan con un plazo de cinco días para cancelar la deuda; en caso contrario, los antecedentes son remitidos a la Fiscalía de Estado para su ejecución.

“A medida que la Fiscalía valida las identidades, se identifica a los responsables y se emiten automáticamente las intimaciones”, señaló. De acuerdo con estimaciones oficiales, el monto total a reclamar por estos casos superaría los 250 millones de pesos y podría incrementarse con nuevas validaciones.

El ministro aclaró que se trata de una indemnización civil destinada a reparar el daño ocasionado, y no de una sanción penal. En ese sentido, explicó que el procedimiento se rige por el Código Civil y Comercial y el Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, lo que habilita medidas como embargos o inhibiciones de bienes.

Finalmente, precisó que el monto se calcula en función de los recursos utilizados en cada operativo, como combustible, móviles policiales, brigadas especializadas y horas de servicio. “No es ni un peso más ni un peso menos que el costo exacto que el operativo tuvo para los santafesinos”, concluyó.

En Entre Ríos fueron 180 las amenazas en establecimientos educativos, lo que proyecta una probabilidad de más de doscientos involucrados y permite concluir en cifras millonarias gastadas en operativos por las “joditas” que conmovieron a las distintas comunidades educativas.

El titular del Consejo General de Educación de Entre Ríos, Carlos Cuenca, confirmó el jueves a Paralelo32, que nuestra provincia también está implementando medidas correctivas para estos casos: Estamos analizando eso, ya tomamos la decisión de multarlos a los padres y tutores en estos casos. Lo que no tenemos definido todavía es el monto de lo que se cobraría”.

El funcionario adelantó a nuestro medio que ya cuentan con el OK del gobernador Frigerio y probablemente el lunes próximo convocarán a una reunión interdisciplinaria e interministerial para darle forma a la decisión.

El presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, confirmó que se registraron 180 denuncias por amenazas de tiroteos en escuelas de la provincia.

“Son 180 denuncias en toda la provincia, no es algo menor. No se puede tomar como una broma ni minimizar”, afirmó.

En declaraciones periodísticas, el titular del CGE detalló que se está trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Seguridad, la Policía, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y la Justicia, incluyendo la intervención del fuero de menores. “Es un abordaje interdisciplinario e interministerial, porque muchas veces estas situaciones se originan fuera del ámbito escolar pero impactan directamente en las escuelas”, señaló.

Cuenca destacó el compromiso de todos los actores involucrados y valoró el trabajo conjunto. “La respuesta fue inmediata y articulada. Queremos agradecer a docentes, directivos, familias, a la policía, a la justicia y a todos los que fueron parte de la activación de los protocolos. Hay un diálogo directo y fluido que nos permite seguir tomando medidas para cuidar a la comunidad educativa”, concluyó.

Entre otras localidades, hubo casos en Paraná, donde se reforzó la presencia policial en al menos 15 establecimientos debido a amenazas; en Cerrito se hallaron mensajes intimidatorios en la Escuela Privada N° 14 “Nuestra Señora de Fátima” y en la Secundaria N° 41; en Victoria, cinco escuelas registraron amenazas; en Seguí se registró una amenaza en la Escuela Técnica N°68 Prof. Facundo Arce.

El hecho ocurrido semanas atrás en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe, donde un adolescente mató a otro e hirió a varios estudiantes, generó una ola de amenazas de tiroteos a nivel nacional. Sólo en el caso de Entre Ríos, con 180 amenazas detectadas se incrementa la posibilidad de que alguna sea algo más que una broma de mal gusto.

La base o punto de inicio de esta movida, que hoy responde a aspectos mucho más complejos, sociales, psicológicos y culturales, ha sido la True Crime Community (TCC, por sus siglas en inglés, o Comunidad de Crimen Real). Se trata de una subcultura digital descentralizada y global, activa principalmente en redes sociales como TikTok, Discord, Instagram y foros especializados, donde se consume, analiza y comparte contenido relacionado con crímenes violentos de la vida real.

Victoria.- Un estremecedor testimonio vuelve a poner en el centro de la escena al caso del estafador Ramón Piedrabuena. Su ex pareja relata cómo, tras casi una década de relación, terminó siendo víctima de una maniobra que —según denuncia— incluyó manipulación psicológica, engaños y la desaparición de una fortuna.

La víctima, Teresa Oberti, relató a Paralelo32 que mantuvo una relación de nueve años con Piedrabuena, desde 2016 hasta octubre del año pasado, cuando comenzó a confirmar las sospechas que venía acumulando.

Según su relato, durante ese tiempo fue víctima de una estrategia de manipulación que incluyó mensajes de una supuesta “vidente”, que luego sospechó que en realidad pertenecía al entorno del propio acusado. “Estábamos conviviendo con el enemigo”, enfatizó.

Uno de los puntos centrales del caso es la venta de un campo de 576 hectáreas, ubicado en Rincón de Nogoyá, concretada en 2021 por un monto cercano a los 3 millones de dólares.

De acuerdo a su testimonio, parte de ese dinero fue declarado formalmente —unos 600 mil dólares— mientras que el resto habría sido entregado en negro.

En ese contexto, asegura que tanto Piedrabuena como la supuesta vidente la convencieron de no depositar el dinero en bancos, argumentando riesgos inexistentes, lo que la llevó a guardar grandes sumas en su propia vivienda.

Parte del dinero, incluso, habría sido enterrado dentro de la propiedad.

Reconoció entrevistada durante su entrevista con Paralelo32, que siempre fue depresiva y atribuye a esa condición haber establecido un nivel de dependencia de ella y su hijo con el estafador.

La mujer relató que fue sometida a un fuerte condicionamiento psicológico, donde le hacían creer que en su casa había “espíritus malignos” y situaciones paranormales. Esto generó que evitara acercarse a ciertos espacios de la vivienda, justamente donde se encontraba el dinero.

“Cuando teníamos los dólares en caja fuerte en la planta alta, Piedrabuena me decía que no se podía ingresar a esa habitación porque estaba maldecida. Que según la vidente había 8 muertos enterrados en ese terreno” Agregó en su historia de temores, angustias y engaños: “me tenía totalmente manipulada. Yo lo creí ciegamente”, afirmó.

Con el paso del tiempo, el dinero guardado comenzó a desaparecer. La denunciante sostiene que es imposible que semejante suma haya sido gastada, por lo que cree firmemente que fue sustraída y debe estar en algún lugar. “Cuando el se fué ingresamos a la pieza de los dólares y no encontramos absolutamente nada”, señaló,

Incluso, sospecha que el dinero podría estar en la ciudad santafesina de Casilda, lugar donde Piedrabuena fue detenido en más de una oportunidad, por otras causas.

Afirma que, si bien no lo puede comprobar y queda solo en el marco de sospechas, su pareja cocinaba y una empleada una vez le comentó que le había parecido que puso algo en la comida. “Yo estaba como bloqueada, me sentía mal todo el día, después que el se fue, yo fui otra persona”.

El caso suma otro capítulo grave; la venta de una vivienda que anteriormente había sido comprada y puesta a nombre de su hijo: “Yo no sé lo que me puede pasar a mi y quería que Santiago (hijo) le quedaba una casa”, remarcó durante la entrevista, pero, según denunció, la propiedad —adquirida por unos 260 mil dólares— habría sido vendida mediante engaños, haciéndoles firmar documentación bajo la falsa creencia de que se trataba de una simple seña.

“Nos hicieron firmar la escritura sin saberlo”, aseguró. En la maniobra también señala la participación de otras personas, incluyendo profesionales, afirmación que abre el abanico de responsabilidades en esta situación truculenta que deberá esclarecer la justicia.

“Llegaron de noche con 60 millones de pesos y trajeron un escrito para que lo firme mi hijo, diciendo que era una seña y después se conformaría la operación con el resto del dinero”. Agregó que después se dieron cuenta que lo firmado no era un compromiso atado a una seña, si no que era un boleto de compra venta, que lo dejaba sin la vivienda. Menciona a un importante productor agropecuario de nuestro departamento y a un escribano como responsables. “Todo esto esta presentado por mi abogado en la justicia”, remarca.

Actualmente, la situación de la víctima es crítica. Según relató, fue desalojada y se encuentra sin recursos económicos. “No tengo nada. Ni un peso”, expresó.

Gracias a la ayuda de allegados y de sus abogados, logró conseguir alojamiento de manera provisoria. Fue despojada, como se explicó antes, de la única vivienda que le quedaba y había puesto a nombre de su hijo.

Los abogados que representan a la familia damnificada en el caso que involucra a Ramón Piedrabuena, advirtieron que se encontraron con una “estafa prácticamente consumada” al momento de tomar intervención y cuestionaron el avance del proceso de desalojo en paralelo a la causa penal.

El abogado Alejandro Rees -quien interviene junto a su colega Miguel Guridi- explicó a nuestro medio -acompañando ambos a su clienta en esta entrevista- que comenzaron a actuar a mediados de enero, luego de que la familia tomara contacto tras una publicación pública.

“Nos encontramos con una situación de hechos consumados. La estafa ya se había producido sobre todos los bienes de Teresa”, señaló, en diálogo con Paralelo32 Medios.

Según indicaron, el acusado habría llevado adelante un esquema de engaño y manipulación sostenido en el tiempo, incluso luego de existir restricciones judiciales.

Precio “vil” y abuso por inexperiencia de la titular.

En el plano civil, uno de los ejes centrales de la defensa es que la operación de venta de la vivienda se realizó a un valor muy por debajo del mercado. El abogado detalló que ya se ha planteado judicialmente la nulidad de la operación por “precio vil” y abuso de la inexperiencia del vendedor.

“Estamos hablando de una casa que puede rondar los 300 mil dólares y que fue vendida por un monto muy inferior (60 millones de pesos)”, explicó.

Según precisó, la escritura se habría realizado por unos 106 millones de pesos, mientras que el dinero efectivamente recibido habría sido incluso menor.

La defensa también apunta a una posible relación previa entre el comprador de la vivienda y Piedrabuena.

Uno de los puntos más cuestionados por los abogados es el avance del desalojo sin que se resuelva primero la causa penal. “Existe una prejudicialidad penal. Primero debería determinarse si hubo delito y después avanzar en lo civil”, explicaron.

Advirtieron que, de no respetarse ese orden, podrían generarse fallos contradictorios. “Podría devolverse la casa y luego establecerse que el acto fue inválido por estafa. Eso generaría un daño irreparable”, sostuvieron.

Para Guridi, la justicia castiga a la víctima, desde octubre hay una denuncia penal en fiscalía y no han llamado a ningún testigo, mientras que la causa civil curiosamente se resolvió en tiempo record.

Actualmente, la causa avanza en dos frentes: En el ámbito penal, con denuncias por estafa presentadas tanto por Teresa como por su hijo. En el ámbito civil, con el proceso de desalojo en curso y un futuro planteo de nulidad del acto jurídico.

Los abogados anticiparon que impulsarán una instancia de mediación como paso previo a la acción civil. Mientras la Justicia avanza, la familia atraviesa una situación crítica, angustiosa, desesperante.

En este marco los profesionales transmitieron a Paralelo32 que la situación de su clienta es de indigencia y apelan a un llamado solidario a la comunidad, especialmente a mucha gente que conoce esta realidad. Los que quieran colaborar pueden hacerlo al alias de Santiago Bazan (hijo de Teresa) : sb7777

Victoria.- La semana pasada hubo movimientos en la justicia local. El martes 7 a las 8:00 horas se llevó a cabo una audiencia con el acusado por estafa Ramón Piedrabuena, que finalmente se abstuvo de declarar. A las 9:00 el municipio se presentó en audiencia solicitando una copia de la causa que se sigue por obras y manejo de dinero en dólares durante la gestión Maiocco, y las 10:00 horas la imputación de enriquecimiento ilícito contra Rubén Darío Garcilazo.

Según datos recabados por Paralelo32 en distintos estamentos judiciales y de particulares, la causa por enriquecimiento ilícito contra el ex intendente R.D. Garcilazo avanza hacia un juicio oral, según lo determinó el juez, quien definirá las pruebas que serán admitidas. Por otro lado, la defensa presentó dos testigos, cuestión que deberá ser resuelta por el magistrado, aunque esto podría causar un retraso en el proceso.

Esta causa se encuentra en etapa previa a su elevación al tribunal, luego de que en una audiencia reciente se habrían admitido las pruebas presentadas por las partes.

Según una de nuestras fuentes, el proceso ya había sido elevado a juicio en una instancia anterior, por lo que en esta nueva audiencia el eje estuvo puesto en definir qué elementos probatorios podrán ser utilizados durante el debate. De acuerdo a los datos recabados, tanto la fiscalía como la defensa, realizaron sus respectivos ofrecimientos, incluyendo testigos y documentación, y de acuerdo a la misma fuente no hubo objeciones relevantes entre las partes.

De acuerdo al procedimiento, ahora será el juez de garantías quien resuelva, en los próximos días, cuáles de esas pruebas serán finalmente admitidas y cuáles quedarán excluidas. Una vez tomada esa decisión, la causa será remitida directamente al tribunal de juicio para continuar con el proceso, que se realizará ante la Cámara del Crimen de Gualeguay.

En este contexto, todo indica que no se solicitó una suspensión de juicio a prueba ni otro tipo de acuerdo alternativo, es decir las conocidas probation, que permitiría al imputado cumplir con la ley realizando tareas o ayuda comunitaria. Según la normativa y de acuerdo a la naturaleza del delito investigado, que involucra a un funcionario público en ejercicio de sus funciones, no hay otra posibilidad de evitar el juicio.

Por otra parte, también se brindaron precisiones sobre otra causa que generó repercusión en los últimos días, vinculada a los nombres ex Intendente Domingo Maioco, ex Secretario de Gobierno y Hacienda Sergio Navoni y funcionarios de obras Matías Bardou y Hugo Jara. Entre los puntos cuestionados se encuentran obras de 5 cuadras de asfalto en calle 25 de Mayo, trabajos vinculados a la terminal de ómnibus y la utilización de fondos provenientes de un préstamo en dólares, por denuncia presentada por particulares y la actual gestión municipal. Se trata de elementos que puede tipificarse como incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Esta semana en distintos medios se comunicó que se celebraría una audiencia con los exfuncionarios por los casos descriptos. Esto no ocurrió y en realidad, por la misma causa se llevó a cabo una audiencia, aunque no en los términos que trascendieron públicamente. Fue convocada a partir de un pedido del Ejecutivo municipal al solo efecto de acceder al expediente judicial de la causa en cuestión.

La información que maneja Paralelo32 es que desde la fiscalía se rechazó esa solicitud, al considerar que el organismo no acreditó un interés legítimo que le permita acceder a la documentación, dado que en el proceso penal solo pueden hacerlo las partes involucradas: fiscalía, imputados, defensores y eventualmente querellantes, según lo explicado por un abogado. ”No se pueden facilitar copias a terceros” según la norma, indicó nuestro asesor.

Sucede que, si bien el municipio fue denunciante, su rol no lo habilita automáticamente a acceder al expediente completo. No obstante, en fuentes oficiales se nos indicó que en cambio se le brindó información general sobre el estado de la causa, tal como lo establece la normativa vigente.

Tras este rechazo, el ejecutivo municipal recurrió al juez de garantías, quien deberá definir si corresponde o no autorizar el acceso solicitado. Esa resolución aún se encuentra pendiente.

A la par de todo esto, se confirmó que el próximo 30 de abril se llevará adelante una audiencia clave en esa misma causa, en la que se analizará un pedido de sobreseimiento presentado por una de las partes.

La investigación tiene su origen en una denuncia inicial impulsada por un particular, a la que posteriormente se sumó una presentación de la actual gestión municipal. Entre los puntos cuestionados se encuentran obras de asfaltado –5 cuadras en calle 25 de Mayo-, trabajos vinculados a la terminal y la utilización de fondos provenientes de un préstamo en dólares.

En particular, se analiza si esos recursos fueron utilizados conforme a los destinos establecidos por ley, que incluían la compra de maquinaria, la construcción de la Casa de la Mujer y distintas etapas del edificio de la terminal.

Desde la defensa sostiene que los trámites fueron realizados con total transparencia, con dictámenes del ex asesor letrado, Eduardo Ruda, y toda la documentación obrante se puede encontrar en el municipio, además hacen hincapié en que no existe daño para el municipio, una figura penal que implica responsabilidad de funcionarios. Además, sostienen que esto representó un incremento de los bienes del Estado municipal porque incorporar nueva infraestructura que no existía. Lo contrario habría sido una acelerada desvalorización del dinero, algo inadmisible para el sentido común.

De esta manera, ambas causas continúan su curso con definiciones pendientes que serán claves para determinar su avance y posible resolución en sede judicial.

El Consejo General de Educación (CGE) dispuso la implementación de un protocolo de actuación urgente tras la aparición de mensajes intimidatorios relacionados con retos virales en redes sociales. La medida busca garantizar la seguridad de estudiantes y docentes, al tiempo que asegura la continuidad de las clases en toda la provincia.

El protocolo establece que, ante la detección de una amenaza, las instituciones educativas deben dar intervención inmediata a los servicios de emergencia y a las fuerzas policiales, quienes serán las encargadas de evaluar el nivel de riesgo.

En este marco, la directiva central es sostener la presencialidad. Desde el CGE remarcaron que las clases no deben suspenderse, salvo que exista una indicación expresa por parte de la Policía, con el objetivo de evitar la propagación del temor y la desinformación.

En los casos que lo requieran, se prevé la presencia policial en los horarios de ingreso y permanencia en los establecimientos educativos.

Las autoridades educativas recordaron que este tipo de acciones, aunque se presenten como “desafíos” en redes sociales, constituyen un delito tipificado como intimidación pública en el artículo 149 bis del Código Penal.

En ese sentido, se advirtió que la Justicia puede intervenir de oficio y que existen posibles consecuencias penales, incluso cuando los responsables sean menores de edad, alcanzando también a sus representantes legales.

De acuerdo a lo informado, la Policía de Entre Ríos ya logró identificar a varios de los autores de estas amenazas en distintas ciudades, y continúa trabajando en conjunto con la Justicia para avanzar en las investigaciones.

El documento oficial también pone el foco en el abordaje integral de la situación. Se instruyó a los equipos directivos a trabajar junto a los Equipos de Orientación Escolar (EOE) para brindar contención socioemocional a los estudiantes.

Asimismo, se solicitó a las familias informarse únicamente a través de canales oficiales, evitar la difusión de rumores que puedan generar pánico y promover el diálogo con los jóvenes sobre el uso responsable de la tecnología y las consecuencias de la violencia.

“La prioridad es la seguridad, pero también el derecho a la educación en un entorno de calma”, señalaron desde la Coordinación de Políticas Transversales del CGE.

Desde el organismo indicaron que, gracias al trabajo preventivo desplegado, no se registraron hechos de violencia ni situaciones que alteraran el normal desarrollo de las actividades escolares.

En ese marco, todas las instituciones educativas de la provincia funcionaron con normalidad, bajo monitoreo permanente de las autoridades.

Victoria.- La Justicia local comenzó a desandar la semana pasada el entramado que rodea a Ramón Alberto Piedrabuena, cuya localización y traslado desde la vecina provincia de Santa Fe marcó un punto de giro en una investigación que trasciende lo local. El imputado fue puesto a disposición de las autoridades de Victoria para dar inicio formal a las actuaciones por una serie de presuntas estafas reiteradas que han generado una fuerte repercusión social.

A diferencia de procesos anteriores, pudo saber Paralelo32 que la situación de Piedrabuena hoy se encuentra bajo una examinación mucho más rigurosa. Según registros judiciales, el investigado ya cuenta con una condena previa por el delito de estafa. Si bien en aquella oportunidad la pena fue de ejecución condicional —lo que le permitió permanecer en libertad—, este nuevo frente judicial cambia las reglas del juego: de ser hallado culpable en esta instancia, la reincidencia obligaría a que la nueva condena sea de cumplimiento efectivo, tras las rejas.

Esta condición de "excarcelable" que gozó en el pasado es lo que hoy motiva el celo de la justicia en cuanto a sus medidas de detención, mientras su defensa técnica busca morigerar el arresto ante el avance de la instrucción.

El corazón de la causa que hoy analiza el Ministerio Público Fiscal es el volumen económico de las presuntas maniobras, centradas fundamentalmente en la liquidación del patrimonio de la familia Oberti en la zona de Rincón de Nogoyá.

La investigación busca determinar la transparencia en la transferencia de un establecimiento rural de aproximadamente 570 hectáreas en cercanías a Puerto Esquina. La operación, que se habría realizado en dos etapas (una de 200 y otra de 300 hectáreas), involucró tierras de alto valor productivo. Teniendo en cuenta los valores de mercado actuales, el flujo de divisas —sumado a otras ventas de bienes muebles— alcanzaría la extraordinaria cifra de 3 millones de dólares. El destino final de ese capital y la validez de las firmas en las escrituras son hoy las piezas clave que intenta unir la Justicia.

El escenario para el imputado se extiende también al Juzgado de Diamante, donde existen denuncias impulsadas por particulares damnificados, como el caso del ciudadano Carlos Solís.

Por estas horas, la investigación se encuentra en una etapa de recolección de pruebas documentales y testimonios. La Justicia no solo evalúa la responsabilidad directa de Piedrabuena, sino que también indaga sobre la posible existencia de "partícipes pasivos" que podrían haber facilitado o consentido las operaciones inmobiliarias. Lo que comenzó como un operativo de captura en un hotel santafesino, se ha transformado en un expediente que, por sus montos y antecedentes, encamina al investigado hacia un cierre judicial sin precedentes en la región, si exceptuamos el ya legendario Caso Beto Reggiardo, que no tiene parangón.