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    <title>Paralelo 32</title>
    <subtitle>Periodismo Confiable</subtitle>
    <updated>2026-11-16T13:56:55+00:00</updated>
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            La Justicia rechazó un amparo contra la reforma previsional de Entre Ríos
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                <![CDATA[Mariano Jacobi]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/HzdEvtwaRjS9jGA3CHToZePbbTI=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2026/11/caja_jubilaciones_entre_rios.webp" class="type:primaryImage" /></figure><p>La Justicia entrerriana rechazó una acción de amparo presentada contra el Estado provincial y la Caja de Jubilaciones y Pensiones por un jubilado del ex Banco de Entre Ríos, quien buscaba que se declarara inconstitucional la reforma previsional establecida por la Ley 11.302.</p><p>La sentencia fue dictada el 12 de noviembre por el juez Juan Francisco Malvasio, quien declaró inadmisible la presentación y dispuso que las costas del proceso quedaran a cargo del demandante.</p><p>El reclamo apuntaba a mantener el mecanismo de movilidad anterior, que actualizaba los haberes jubilatorios en función de los aumentos salariales del sector bancario. La reforma, en cambio, estableció como referencia el escalafón con mayor cantidad de aportantes del Estado provincial.</p>El argumento sobre los aumentos jubilatorios<p>Durante el proceso, la Caja de Jubilaciones informó que el beneficiario había recibido todos los incrementos salariales bancarios correspondientes hasta la entrada en vigencia de la reforma, el 22 de agosto.</p><p>Además, presentó la comparación entre los aumentos aplicados en septiembre, primer mes de vigencia del nuevo mecanismo: mientras la actualización para el jubilado fue del 3,5%, el incremento salarial bancario alcanzó el 1,9%.</p><p>De esta manera, el haber del reclamante tuvo una mejora 1,6 puntos porcentuales superior a la que habría recibido si continuaba vigente el régimen anterior.</p><p>Tanto la Caja de Jubilaciones como la Fiscalía de Estado defendieron la legalidad de la modificación. También sostuvieron que el cuestionamiento de constitucionalidad debía plantearse mediante los procedimientos judiciales específicos.</p>La resolución judicial<p>En su intervención, la Fiscalía de Estado expuso la situación financiera del sistema previsional provincial, su déficit estructural y la necesidad de preservar su sustentabilidad. También hizo referencia al carácter solidario del régimen y a los derechos del conjunto de los beneficiarios.</p><p>Al resolver, el juez Malvasio coincidió con el dictamen del Ministerio Público Fiscal y consideró que la controversia requiere un debate más amplio y una producción de pruebas que exceden las posibilidades de una acción de amparo.</p><p>Por ese motivo, entendió que existen otras vías judiciales más adecuadas para analizar el planteo y resolvió rechazar la presentación.</p><p>La sentencia no declaró constitucional la reforma previsional ni se pronunció sobre el fondo de ese cuestionamiento. Su alcance se limitó a establecer que la discusión sobre la validez de la Ley 11.302 debe tramitarse mediante los procedimientos judiciales correspondientes.</p>]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/HzdEvtwaRjS9jGA3CHToZePbbTI=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2026/11/caja_jubilaciones_entre_rios.webp" class="type:primaryImage" /></figure>Un jubilado del ex Banco de Entre Ríos cuestionó la modificación de la movilidad establecida por la Ley 11.302. El juez Juan Francisco Malvasio declaró inadmisible la presentación al considerar que el planteo requiere un proceso judicial con mayor debate y producción de pruebas.]]>
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                                                <category term="entrerios" label="Entre Ríos" />
                                <updated>2026-11-16T13:56:55+00:00</updated>
                <published>2026-11-16T13:44:20+00:00</published>
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            El robo a Cáritas que genera malestar social
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        <link rel="alternate" href="https://www.paralelo32.com.ar/el-robo-a-caritas-que-genera-malestar-social" type="text/html" title="El robo a Cáritas que genera malestar social" />
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                <![CDATA[Mirko Reynoso]]>
            </name>
        </author>
        
                                <content type="html" xml:base="https://www.paralelo32.com.ar/el-robo-a-caritas-que-genera-malestar-social">
                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/bUsDSWGGBbG4hZRRcUPojIrmyTk=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2026/11/el_robo_a_caritas_que_genera_malestar_social.webp" class="type:primaryImage" /></figure><p>Nogoyá.– Un rápido accionar policial permitió esclarecer en las últimas horas un robo perpetrado en perjuicio de Cáritas Parroquial, logrando el secuestro de diversos elementos sustraídos y la identificación del presunto autor. Lo sustraído no representa un alto valor económico, pero sí genera indignación por tratarse de una institución que siempre actúa de manera solidaria hacia la comunidad. Aún se generó más preocupación y malestar tras conocerse que el implicado había protagonizado múltiples hechos delictivos en el transcurso de pocos días sin que se dictara su detención preventiva y donde se vio afectado uno de los integrantes de la institución.</p><p>En materia policial, se informó que los operativos comenzaron a estructurarse el pasado viernes 7 de noviembre cuando los efectivos hallaron una bolsa abandonada en calle Güemes —entre Córdoba y Coronel Rodríguez— que contenía seis botellas de aceite de girasol. El seguimiento de las cámaras de videovigilancia ubicadas en la intersección de Moreno y La Rioja permitió advertir que un individuo circulaba con dichos efectos, lo que derivó en la intervención de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal.</p><p>A partir del análisis del material fílmico y tareas de campo, los investigadores determinaron que el sospechoso, un hombre de 32 años, estaba directamente vinculado al robo sufrido por Cáritas. Como resultado de las medidas y los rastrillajes, la policía logró secuestrar dos frazadas de tela polar y un fardo con doce cajas de puré de tomate sustraídos a la entidad benéfica, sumando las botellas de aceite recuperadas en la vía pública.</p><p>Pese al recupero de los bienes, la fiscal en turno dispuso el traslado del sospechoso a la Jefatura Departamental únicamente para su correcta identificación, constatación de prendas y la posterior emisión de una citación para designar abogado defensor en sede judicial, quedando en libertad.</p>El reclamo público y la reiteración de delitos<p>La situación procesal del imputado desató una fuerte reacción en el entorno de la institución damnificada. En las últimas horas, un familiar de uno de los responsables de Cáritas hizo público un duro descargo que expuso la indignación ciudadana frente a la puerta giratoria de la justicia: “Me queda la sensación que estamos viviendo de manera torcida, que las cosas funcionan al revés, que los ciudadanos que intentan aportar algo a la comunidad no estamos siendo cuidados”, expresó.</p><p>El testimonio reveló un dato alarmante en el sistema de prevención y persecución penal: posterior al robo, el mismo individuo había cometido delitos en la casa del director de Cáritas los días lunes y jueves posteriores al golpe del sábado contra la sede de la organización solidaria, acumulando tres hechos en menos de una semana. “Si la justicia también es prevención, necesitamos acciones concretas que prevengan, necesitamos estar tranquilos, a salvo y seguros para que quienes prestan servicio de manera solidaria no sufran intimidaciones ni hostigamientos”, concluyó el mensaje.</p>]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/bUsDSWGGBbG4hZRRcUPojIrmyTk=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2026/11/el_robo_a_caritas_que_genera_malestar_social.webp" class="type:primaryImage" /></figure>Recuperaron los elementos sustraídos y lograron identificar al presunto autor • La familia de un referente de la institución expuso públicamente su indignación.]]>
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                                                <category term="nogoya" label="Nogoyá" />
                                <updated>2026-11-14T15:54:55+00:00</updated>
                <published>2026-11-14T15:51:58+00:00</published>
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            Marcelo Bermolén: “La corrupción es un fenómeno estructural en Argentina y América Latina”
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                <![CDATA[Redacción Paralelo 32]]>
            </name>
        </author>
        
                                <content type="html" xml:base="https://www.paralelo32.com.ar/marcelo-bermolen-la-corrupcion-es-un-fenomeno-estructural-en-argentina-y-america-latina">
                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/42Z_lCGDaas1sEgyw3NG1UOyA48=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2026/11/corrupcion_en_paraguay.webp" class="type:primaryImage" /></figure><p>El escándalo político y financiero que atraviesa Paraguay volvió a poner en discusión la calidad de las instituciones y los mecanismos de control en América Latina. Las relaciones entre el poder político y los intereses empresariales, la supervisión de las entidades financieras y la transparencia en la administración pública forman parte de un debate que también alcanza a la Argentina.</p><p>Marcelo Bermolén, abogado especialista en transparencia y acceso a la información pública, profesor de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales y director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral, sostuvo que la crisis paraguaya no debe interpretarse como un hecho aislado, sino como una expresión de problemas institucionales extendidos en la región.</p><p>“Las reglas se ponen a prueba cuando aplicarlas incomoda a quienes tienen poder. Eso es lo que tienen en común una supervisión bancaria, un control fronterizo y una reforma electoral”, afirmó.</p><p>En su análisis, el especialista señaló que la corrupción constituye un problema estructural y sistémico. Según explicó, no alcanza con identificar responsabilidades individuales: también es necesario revisar el funcionamiento de las instituciones y la capacidad de los organismos para prevenir irregularidades.</p>Controles que llegan tarde<p>Al referirse a la crisis financiera paraguaya, Bermolén cuestionó la capacidad de los mecanismos de supervisión para advertir a tiempo el crecimiento de una entidad bancaria y los riesgos asociados a su funcionamiento.</p><p>“Llegaron tarde los controles, fallaron las instituciones”, expresó. En ese sentido, consideró que la intervención del Congreso una vez desatada la crisis demuestra que el sistema pudo reaccionar, pero que el desafío central está en actuar antes de que se produzcan los daños.</p><p>El especialista también puso el foco en los posibles conflictos de intereses derivados de la participación de funcionarios y autoridades financieras en estructuras vinculadas con la entidad cuestionada.</p><p>“Cuando los empresarios llegan al poder se necesita una ética profundizada”, sostuvo. Para Bermolén, los conflictos de intereses deben gestionarse antes de que se adopten decisiones: declarar los vínculos, apartarse cuando corresponda y dejar constancia de quién intervino y cuáles fueron los fundamentos.</p><p>En ese marco, planteó interrogantes sobre los controles aplicados mientras el Estado paraguayo colocaba fondos públicos y previsionales en la entidad financiera.</p>Transparencia y vínculos personales<p>Bermolén consideró que las declaraciones patrimoniales de los funcionarios no siempre alcanzan para conocer todos los posibles conflictos de intereses. También resulta necesario identificar relaciones profesionales, comerciales o personales que puedan influir en decisiones públicas.</p><p>La amistad o una relación laboral anterior no constituyen, por sí mismas, una irregularidad. Sin embargo, adquieren otra dimensión cuando una persona del entorno de un funcionario obtiene un contrato, una autorización o un trato excepcional por parte del Estado.</p><p>Para el director del Observatorio de Calidad Institucional, la transparencia debe funcionar como una herramienta preventiva y no limitarse a reaccionar cuando una irregularidad ya tomó estado público.</p><p>“La corrupción cambia de formas, pero lamentablemente cuando no hay controles va buscando grietas, se mete y se perpetúa”, advirtió.</p><p>En esa línea, sostuvo que un organismo demuestra su independencia cuando puede investigar, solicitar información o revisar decisiones incluso si eso implica incomodar a funcionarios que permanecen en el ejercicio del poder.</p><p>También señaló que los problemas se vuelven sistémicos cuando los cambios de gobierno no modifican las condiciones que permiten tomar decisiones sin rendir cuentas.</p>La Argentina y los interrogantes sobre Paraguay<p>En su análisis, Bermolén también se refirió a las denuncias del senador paraguayo Eduardo Nakayama, quien pidió colaboración para esclarecer un vuelo que, según su presentación, habría llegado a Buenos Aires el día de la destitución de Santiago Peña.</p><p>El supuesto traslado de dinero o documentación todavía está pendiente de corroboración. El especialista consideró que los organismos argentinos deben estar en condiciones de explicar qué controles aplicaron y aportar a la Justicia los registros que correspondan.</p><p>En ese contexto, mencionó el antecedente del paso por la Argentina de Flávio Bolsonaro, que sí fue confirmado, y sostuvo que las afinidades políticas entre dirigentes no deben determinar qué hechos se documentan ni con quién se coopera.</p><p>Sobre las consecuencias económicas del escándalo paraguayo, estimó que el impacto financiero directo sobre la Argentina podría ser limitado, aunque advirtió que la crisis puede afectar la percepción de estabilidad institucional de Paraguay, presentado hasta ahora como un destino atractivo para inversiones argentinas.</p><p>A su entender, la confianza de los inversores también se pone a prueba cuando aparecen problemas: quienes ahorraron o colocaron fondos necesitan saber cuánto podrán recuperar, en qué plazo y quién debe responder por las decisiones que comprometieron su dinero.</p>Brasil y el movimiento del escenario político<p>Bermolén también analizó el resultado electoral de Brasil y lo vinculó con los cambios en las preferencias de los votantes frente a distintas propuestas ideológicas.</p><p>“Yo creo que es un péndulo. En algún momento se inclina hacia la izquierda, en otro momento se había inclinado a la derecha. Creo que el péndulo está volviendo”, afirmó.</p><p>No obstante, señaló que el resultado electoral es apenas una parte del proceso institucional. Después de los comicios, explicó, quienes pierden deben reconocer el resultado y quienes ganan tienen la responsabilidad de preservar las reglas que hicieron posible la elección, incluso cuando esas mismas reglas protegen a sus adversarios.</p>Milei y el antecedente del gobierno de Macri<p>Al evaluar las perspectivas políticas del presidente Javier Milei, Bermolén encontró similitudes entre la experiencia actual y la gestión de Mauricio Macri, especialmente en las expectativas iniciales, el desempeño electoral y el posterior desgaste de gobierno.</p><p>“Me parece que la experiencia que estamos transitando los argentinos se parece más a la de Mauricio Macri”, expresó.</p><p>Según su mirada, un triunfo en una elección de medio término puede otorgar respaldo político, pero no garantiza el acompañamiento ciudadano en los comicios siguientes. La evolución de la economía y la evaluación de la gestión vuelven a ocupar un lugar central cuando los votantes deben decidir.</p><p>También cuestionó los intentos de modificar las condiciones de competencia electoral en beneficio del oficialismo. “Quitarle a los otros lo que yo tuve no parece ser el mejor camino”, señaló.</p><p>Finalmente, el especialista sostuvo que no debe subestimarse la capacidad de decisión de la ciudadanía argentina frente a una eventual pérdida de confianza en el Gobierno.</p><p>“Yo no subestimo a la ciudadanía argentina. Los argentinos están bastante atentos y, en caso de disolución, de pérdida de confianza o de visualizar que las cosas no están por el camino adecuado, deciden cambiar. Y me parece que está bien que lo hagan”, concluyó.</p><p>Para Bermolén, la calidad institucional también se mide por la posibilidad de que la sociedad cuente con información suficiente para evaluar a sus gobernantes y elegir entre alternativas reales. Un sistema de controles independiente, transparente y capaz de actuar a tiempo resulta, en ese sentido, una condición central para sostener la confianza pública.</p>]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/42Z_lCGDaas1sEgyw3NG1UOyA48=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2026/11/corrupcion_en_paraguay.webp" class="type:primaryImage" /></figure>El director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral analizó las fallas en los organismos de control, los conflictos de intereses y la falta de mecanismos preventivos. También se refirió al escenario electoral de Brasil y a las perspectivas políticas del gobierno de Javier Milei.]]>
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                                                <category term="nacionales" label="Nacionales" />
                                <updated>2026-11-13T12:18:10+00:00</updated>
                <published>2026-11-13T12:14:11+00:00</published>
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            Homologaron el acuerdo de juicio abreviado para el exintendente de Seguí, Cristian Treppo
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        <author>
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                <![CDATA[Hugo Schira]]>
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        </author>
        
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/TlGHm3Mmw3aIwe2cFA7-ceQ1lIE=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2026/11/cristian_treppo.webp" class="type:primaryImage" /></figure><p>Este jueves se conoció la resolución de la jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Matilde Federik, que homologó el acuerdo de juicio abreviado presentado por la Fiscalía y la defensa de Cristian Treppo, exintendente de Seguí, en la causa en la que fue acusado por el delito de peculado culposo.</p><p>Treppo llegó a Tribunales junto a su abogado defensor, Germán Coronel, para recibir la notificación de la decisión. Tras conocerse la resolución, el letrado confirmó que el acuerdo fue homologado en los términos presentados por los fiscales Gonzalo Badano y Franco Bonggiovani y la defensa.</p><p>“Se homologó el acuerdo que se presentó. Treppo fue declarado culpable por el delito de peculado culposo”, señaló Coronel. Además, explicó que la sanción prevista para esa calificación legal es una multa y que, una vez depositada, quedará concluida la cuestión judicial respecto del exintendente.</p><p>El acuerdo establece el pago de $14.163.056,056, equivalente al 40% del monto actualizado del perjuicio estimado a las arcas municipales, que fue calculado originalmente en $5.591.876.</p><p>La causa también involucró a Sara Carina Zapata, Darío Alexis Monzón, Daniel Aníbal Hereñú, Hernán Roberto Barrera, Néstor Alejandro Hereñú y Néstor Iván Szczech, quienes resolvieron sus respectivas situaciones procesales mediante acuerdos de suspensión del juicio a prueba o probation.</p>Un proceso judicial que demandó diez años<p>Consultado sobre el extenso recorrido del expediente, Coronel sostuvo que durante la investigación la defensa cuestionó distintas decisiones judiciales, aunque aclaró que esos planteos no tuvieron como objetivo dilatar el proceso.</p><p>“Fue un proceso que se dilató mucho. Si bien es cierto que nosotros hemos cuestionado un montón de cosas, en realidad se cuestionaba no para dilatar el proceso, sino porque había cuestiones que merecían ser impugnadas”, expresó.</p><p>El abogado consideró que hubo decisiones judiciales que, a su entender, fueron ilegítimas en la valoración de los hechos y del derecho. En particular, mencionó la discusión sobre la posibilidad de utilizar como prueba el informe pericial escrito de Beltrán Uranga, quien falleció en abril de 2023.</p><p>La defensa había solicitado el archivo del expediente y el sobreseimiento de Treppo, al sostener que la muerte del perito impedía interrogarlo durante un eventual juicio oral y que esa circunstancia afectaba la validez de su informe. Según Coronel, la Cámara y Casación habían avalado inicialmente su incorporación, pero luego el Superior Tribunal de Justicia revocó esas decisiones.</p><p>“Ese trámite llevó mucho tiempo”, señaló.</p>La valoración de la defensa<p>Coronel manifestó que, pese a los cuestionamientos realizados durante el proceso, considera que las garantías constitucionales de su defendido fueron finalmente resguardadas.</p><p>“Entiendo que en el fondo las garantías constitucionales de Treppo estuvieron resguardadas. Pudimos llegar al Superior Tribunal, que nos dio la razón a los planteos realizados. Me siento satisfecho. La Justicia entrerriana es una buena justicia, es, sobre todo, honesta, y se puede equivocar como todos los mortales en esta Tierra”, afirmó.</p><p>El defensor también recordó las dificultades que atravesaron durante la investigación y las apelaciones presentadas ante distintas instancias judiciales.</p><p>“Hubo cuestiones que hubo que apelarlas porque el juez de Garantías no daba garantías. Así, hubo mucha lucha. Cuando hubo garantías, arriba las revocaron. Fue realmente una pelea muy dura”, sostuvo.</p><p>Respecto del resultado final, el abogado remarcó que el acuerdo reconoce que la conducta atribuida a Treppo fue culposa y no dolosa, vinculada con una supuesta inobservancia de los deberes de cuidado.</p><p>También señaló que, según su interpretación, la obra se ejecutó en su totalidad y que los fondos enviados por el Estado nacional fueron invertidos y rendidos al 100%.</p><p>Coronel planteó, además, lo que consideró una contradicción en el desarrollo de la causa: sostuvo que las eventuales maniobras vinculadas con el peculado habían sido atribuidas a los empresarios involucrados, quienes resolvieron sus situaciones procesales mediante acuerdos anteriores.</p><p>“En el fondo creo que se hizo un buen acuerdo. Él estuvo de acuerdo con que lleguemos a este final y cerrarlo. Diez años lleva esta causa, una de las más viejas de Tribunales”, expresó.</p>El origen de la causa<p>La investigación se inició por las gestiones realizadas en 2015 por Treppo, cuando se desempeñaba como presidente municipal de Seguí, para obtener financiamiento nacional destinado a la pavimentación de 16 cuadras de la localidad, en el marco del programa Más Cerca.</p><p>De acuerdo con la acusación fiscal, en enero de ese año Treppo realizó gestiones ante el entonces responsable del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, José López. El trámite derivó en la firma de un Convenio Único de Colaboración y Transferencia entre el organismo nacional y la Municipalidad de Seguí, el 14 de mayo de 2015.</p><p>El presupuesto oficial de la obra ascendía a $20.644.036,81. Para su ejecución, el municipio contrató a Sara Carina Zapata como asesora externa y responsable técnica, mientras que la empresa Organización Industrial Construcciones S.A. (Oicsa), vinculada a Aníbal Hereñú, resultó adjudicataria de los trabajos.</p><p>La Fiscalía sostuvo que el contrato de obra, firmado el 25 de junio de 2015, estableció precios desproporcionados respecto de los valores de mercado. Según la acusación, los montos acordados coincidían con el presupuesto oficial presentado originalmente ante las autoridades nacionales.</p><p>La investigación también cuestionó las certificaciones de avance de obra emitidas por Zapata y Hernán Roberto Barrera, representante de la empresa contratista. Según la hipótesis fiscal, se certificaron trabajos sin realizar ensayos ni controles de calidad y sin llevar los registros correspondientes.</p><p>La acusación indicó que Treppo y el contador municipal Darío Alexis Monzón suscribieron las declaraciones juradas de rendición de cuentas que permitieron los desembolsos nacionales. Los fondos ingresaron a una cuenta del municipio en el Banco de la Nación Argentina y fueron utilizados para pagar a la empresa contratista los $20.644.036,81 previstos.</p><p>Para la Fiscalía, el costo de la obra debió ubicarse entre aproximadamente $12 millones y $15.052.160,72, por lo que estimó un perjuicio para las arcas municipales de $5.591.876.</p><p>Con la homologación del acuerdo de juicio abreviado, quedó resuelta la situación procesal de Treppo en una causa que se extendió durante una década.</p>]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/TlGHm3Mmw3aIwe2cFA7-ceQ1lIE=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2026/11/cristian_treppo.webp" class="type:primaryImage" /></figure>La jueza Matilde Federik declaró culpable al exmandatario por el delito de peculado culposo y homologó el acuerdo que establece el pago de una multa de más de $14 millones. La defensa destacó el cierre de un proceso judicial que se extendió durante diez años.]]>
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                                                <category term="segui" label="Seguí" />
                                <updated>2026-11-12T20:47:44+00:00</updated>
                <published>2026-11-12T20:35:34+00:00</published>
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        <title>
            &quot;Vínculos&quot;: La aplicación que quiere bajar los conflictos familiares
        </title>
        <link rel="alternate" href="https://www.paralelo32.com.ar/vinculos-la-aplicacion-que-quiere-bajar-los-conflictos-familiares" type="text/html" title="&quot;Vínculos&quot;: La aplicación que quiere bajar los conflictos familiares" />
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        <author>
            <name>
                <![CDATA[Hugo Schira]]>
            </name>
        </author>
        
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/2JgxQdkM07v3WLVl4dJqFF_MnZQ=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2026/11/jueza_bonaerense_lucchini_minuzzi.webp" class="type:primaryImage" /></figure>La jueza bonaerense Lucchini Minuzzi diseñó una app con IA que puede atenuar los conflictos de comunicación entre padres separados • Detectó que muchos casos de roces judiciales se originan por peleas constantes en mensajes de WhatsApp referidas a la crianza de los hijos • Qué se necesita para que llegue a Entre Ríos donde más de 20 mil expedientes se mueven por año en el Fuero de Familia.]]>
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                                                <category term="exclusivo-susciptor" label="Exclusivo susciptor" />
                                <updated>2026-11-12T13:40:46+00:00</updated>
                <published>2026-11-12T13:20:42+00:00</published>
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        <title>
            Victoria contará con un segundo Juzgado Civil, Comercial y Laboral desde este miércoles
        </title>
        <link rel="alternate" href="https://www.paralelo32.com.ar/victoria-contara-con-un-segundo-juzgado-civil-comercial-y-laboral-desde-este-miercoles" type="text/html" title="Victoria contará con un segundo Juzgado Civil, Comercial y Laboral desde este miércoles" />
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        <author>
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                <![CDATA[Mariano Jacobi]]>
            </name>
        </author>
        
                                <content type="html" xml:base="https://www.paralelo32.com.ar/victoria-contara-con-un-segundo-juzgado-civil-comercial-y-laboral-desde-este-miercoles">
                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/N2xoUGZXG3eWhWmaqj7OR4IGkeo=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2026/11/victoria_contara_con_un_segundo_juzgado_civil_comercial_y_laboral_desde_este_miercoles.webp" class="type:primaryImage" /></figure><p>Victoria contará desde este miércoles con un segundo Juzgado Civil, Comercial y Laboral, que quedó formalmente inaugurado este martes durante una jornada institucional del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos.</p><p>En ese marco, Patricia Gabriela Sanabria asumió como jueza a cargo del despacho del Juzgado Civil y Comercial con competencia Laboral Nº 2, tras prestar juramento en una ceremonia realizada en el Salón de Actos del Honorable Concejo Deliberante de Victoria.</p><p>La designación de Sanabria fue dispuesta mediante el Acuerdo General Nº 28/26, del 27 de octubre, en su punto tercero. El juramento fue tomado por el presidente del STJ, Germán Carlomagno, ante autoridades judiciales, municipales, representantes institucionales, trabajadores del Poder Judicial, familiares e invitados especiales.</p>Reunión del Superior Tribunal de Justicia<p>Antes de la ceremonia, los integrantes del STJ realizaron su reunión de Acuerdo en los Tribunales de calle Mitre, donde analizaron cuestiones vinculadas con la jurisdicción y la prestación del servicio de justicia en Victoria.</p><p>Participaron el presidente del organismo, Germán Carlomagno; el vicepresidente, Carlos Federico Tepsich; los vocales Daniel Carubia, Susana Medina, Miguel Ángel Giorgio, Gisela Schumacher —de manera virtual—, Leonardo Portela y Laura Mariana Soage.</p><p>Durante el encuentro fueron recibidos el juez de Familia y de Menores, Juan Eduardo Lloveras; el juez de Garantías, Alejandro Calleja; las integrantes de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI), Nancy Anabel Udrizard y Aranzazú Macarena Obeid; y las autoridades del Colegio de la Abogacía de Victoria, Paula Crossa y Teodoro Gorelik, presidenta y vicepresidente, respectivamente.</p>Asunción de la nueva magistrada<p>Durante la jura, Patricia Gabriela Sanabria se comprometió a desempeñar el cargo con lealtad y patriotismo, y a cumplir y hacer cumplir las constituciones de la Nación y de la provincia.</p><p>La ceremonia fue asistida por la secretaria general del STJ, Elena Salomón, y contó con la presencia de la presidenta municipal de Victoria, Isa Castagnino Xavier; el juez de Garantías y Transición, José Alejandro Calleja; el juez de Menores, Juan Eduardo Lloveras; el fiscal Eduardo Guaita; la defensora pública María Natalia Smaldone y el juez de Paz, Carlos Omar Pacher.</p><p>También asistieron funcionarios municipales, autoridades policiales, representantes del Registro Civil, de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), del Colegio de la Abogacía y de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), junto con integrantes del Poder Judicial y familiares de la magistrada.</p><p>Con la puesta en funcionamiento del nuevo juzgado, Victoria suma una segunda dependencia con competencia Civil, Comercial y Laboral, que comenzará a prestar servicios este miércoles.</p>]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/N2xoUGZXG3eWhWmaqj7OR4IGkeo=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2026/11/victoria_contara_con_un_segundo_juzgado_civil_comercial_y_laboral_desde_este_miercoles.webp" class="type:primaryImage" /></figure>El Superior Tribunal de Justicia inauguró el Juzgado Civil y Comercial con competencia Laboral Nº 2 de Victoria. Patricia Gabriela Sanabria asumió como jueza a cargo del despacho, luego de prestar juramento en un acto encabezado por el presidente del STJ, Germán Carlomagno.]]>
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                                <updated>2026-11-10T23:12:08+00:00</updated>
                <published>2026-11-10T23:02:21+00:00</published>
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        <title>
            María Elena Irusta también purgará con perpetua
        </title>
        <link rel="alternate" href="https://www.paralelo32.com.ar/maria-elena-irusta-tambien-purgara-con-perpetua" type="text/html" title="María Elena Irusta también purgará con perpetua" />
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        <author>
            <name>
                <![CDATA[Mirko Reynoso]]>
            </name>
        </author>
        
                                <content type="html" xml:base="https://www.paralelo32.com.ar/maria-elena-irusta-tambien-purgara-con-perpetua">
                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/Daw4jkkotJYYuWslo9ZFM7AnWqk=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2026/11/maria_elena_irusta_tambien_purgara_con_perpetua.webp" class="type:primaryImage" /></figure><p>Nogoyá.– El juez de Garantías de Gualeguay, Roberto Cadenas, comunicó a las partes involucradas la aprobación del cómputo de pena practicado a María Elena Irusta, quien fue declarada culpable el 20 de noviembre de 2025 por un jurado popular en el marco del juicio por el homicidio de la docente Beatriz Fernández, cometido en abril de 2024 en su vivienda ubicada sobre la Ruta 12, en la zona de Villa 3 de Febrero.</p><p>La notificación judicial incluyó el envío de las constancias pertinentes al Juzgado de Ejecución para iniciar el contralor de la condena. No obstante, se precisó que la imputada por el momento no se encuentra a disposición de dicho juzgado, ya que permanece alojada en la Unidad Penal N° 6 de Paraná, supeditada a las actuaciones de la Cámara de Casación Penal debido a un recurso presentado por su defensa contra la denegatoria de la morigeración de la prisión preventiva.</p>El caso y las condenas<p>Beatriz Fernández tenía 62 años cuando fue asesinada en su domicilio. Durante la etapa de investigación penal preparatoria se estableció que el homicidio fue cometido por tres personas: Hugo del Luján Bonadeo —cónyuge de la víctima—, Gustavo "Murdoc" Quinodoz, y la propia Irusta.</p><p>Meses atrás, tanto Bonadeo como Quinodoz reconocieron su responsabilidad en un juicio abreviado y fueron condenados a prisión perpetua. Posteriormente, el debate oral y público respecto a la participación de Irusta culminó con el veredicto del jurado popular, que la encontró culpable del delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en carácter de coautora. En la audiencia de cesura, el juez técnico Javier Cadenas le impuso la pena de prisión perpetua tras determinar su rol en la planificación y ejecución del crimen contra la pareja de su amante.</p><p>Durante el juicio, uno de los testimonios más relevantes fue el de Gustavo Quinodoz, quien confesó la autoría material y relató detalles de cómo fue contactado por Irusta para perpetrar el hecho, señalando además que la motivación detrás del asesinato tuvo trasfondos económicos vinculados a tensiones de pareja. Por su parte, el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Maite Burruchaga, sostuvo durante el debate que Irusta actuó como la principal orquestadora y "jefa de la banda". En contraposición, la defensa técnica, a cargo del abogado Augusto Lafferriere, había solicitado la absolución al argumentar la inexistencia de pruebas suficientes sobre su presencia en el lugar o su rol organizador en el suceso.</p>]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/Daw4jkkotJYYuWslo9ZFM7AnWqk=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2026/11/maria_elena_irusta_tambien_purgara_con_perpetua.webp" class="type:primaryImage" /></figure>Hace un año, fue hallada culpable por un jurado popular como coautora del homicidio ocurrido en abril de 2024 • Actualmente permanece detenida mientras se evalúa una apelación.]]>
                </summary>
                                                <category term="nogoya" label="Nogoyá" />
                                <updated>2026-11-09T11:45:03+00:00</updated>
                <published>2026-11-09T11:45:00+00:00</published>
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        <title>
            Exigieron justicia por el crimen de Nancy Godoy
        </title>
        <link rel="alternate" href="https://www.paralelo32.com.ar/exigieron-justicia-por-el-crimen-de-nancy-godoy" type="text/html" title="Exigieron justicia por el crimen de Nancy Godoy" />
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        <author>
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                <![CDATA[Mirko Reynoso]]>
            </name>
        </author>
        
                                <content type="html" xml:base="https://www.paralelo32.com.ar/exigieron-justicia-por-el-crimen-de-nancy-godoy">
                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/pjNlN8j5zis_AjpiJZaof5i1IBM=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2026/11/exigieron_justicia_por_el_crimen_de_nancy_godoy.webp" class="type:primaryImage" /></figure><p>Nogoyá.– Vecinos autoconvocados, docentes, referentes sociales y políticos, junto a agrupaciones como el colectivo Ni Una Menos y el MST en el FIT-Unidad, se concentraron este jueves en la Plaza Libertad de nuestra ciudad para exigir justicia por Nancy Godoy, la docente oriunda de Corrientes cuyo trágico caso conmociona a la comunidad educativa y a la sociedad en general.</p><p>La movilización expresó un firme respaldo a los familiares de la víctima, visibilizando la demanda de un rápido esclarecimiento del hecho y la determinación de responsabilidades en torno a un crimen que enluta profundamente a la docencia. Durante la convocatoria, los presentes enfatizaron la necesidad de mantener activo el reclamo de verdad y justicia.</p><p>En el marco de la protesta, la dirigente política Keili Gonzalez reflexionó ante este medio sobre el trasfondo social y las implicancias de la tragedia. «Ni Una Menos es que no vuelva a pasar. Más allá del reclamo de Justicia a los autores materiales, es importante hablar de la responsabilidad del Estado y los Gobiernos. Las situaciones y malas condiciones laborales y salariales que atraviesan las y los docentes es producto de los ajustes que aplican los gobernadores en cada provincia y el presidente Milei en el país», expresó.</p><p>Asimismo, la referente cuestionó las condiciones de vulnerabilidad del sector y criticó el rol de la seccional local del gremio docente: «Este doloroso hecho desnuda fuertemente la condición de clase más allá de lo de género, entonces nos afecta profundamente por qué es insoportable tener que vivir situaciones así. Más aún cuando no son hechos aislados, porque las condiciones laborales de Nancy, son la de muchas docentes en nuestro contexto, en nuestra provincia y en el país. No solo se necesita un paro, sino la acción, un plan de lucha. Por eso nos preocupa Agmer Nogoyá que no estuvo presente en la actividad».</p><p>Finalmente, la manifestación remarcó el paralelismo con otras luchas históricas contra la violencia de género en la región, recordando el impacto sostenido del femicidio de Micaela García en territorio entrerriano y la urgencia de garantizar entornos seguros y condiciones dignas para quienes ejercen la docencia.</p>]]>
                </content>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/pjNlN8j5zis_AjpiJZaof5i1IBM=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2026/11/exigieron_justicia_por_el_crimen_de_nancy_godoy.webp" class="type:primaryImage" /></figure>Vecinos, organizaciones sociales y referentes políticos se manifestaron en el centro de la ciudad • Cuestionaron las condiciones laborales del sector docente y la ausencia del gremio local.]]>
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                                                <category term="nogoya" label="Nogoyá" />
                                <updated>2026-11-08T16:43:03+00:00</updated>
                <published>2026-11-08T16:41:03+00:00</published>
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            Sobreprecios en Seguí: Treppo aceptó su responsabilidad y será condenado
        </title>
        <link rel="alternate" href="https://www.paralelo32.com.ar/sobreprecios-en-segui-treppo-acepto-su-responsabilidad-y-sera-condenado" type="text/html" title="Sobreprecios en Seguí: Treppo aceptó su responsabilidad y será condenado" />
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        <author>
            <name>
                <![CDATA[Egidio Luis Jacobi]]>
            </name>
        </author>
        
                                <content type="html" xml:base="https://www.paralelo32.com.ar/sobreprecios-en-segui-treppo-acepto-su-responsabilidad-y-sera-condenado">
                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/gBLQ9nqsG59aruZugxnvMAE4NNs=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2022/11/Treppo-Cristian.jpg" class="type:primaryImage" /></figure><p>Tras casi una década de proceso judicial, el exintendente de Seguí y extitular de la Unidad Ejecutora Provincial, Cristian Álvaro Treppo, acordó con la Fiscalía una condena por peculado imprudente, en perjuicio de la Administración Pública, por irregularidades en la contratación de 16 cuadras de asfalto financiadas mediante el programa nacional Más Cerca, durante el kirchnerismo.</p><p>El acuerdo de juicio abreviado fue presentado este jueves ante la jueza de Garantías Matilde Federik. En un acuerdo previo para evitar el juicio por jurados que podía significar varios años de cárcel, Treppo reconoció expresamente su responsabilidad en los hechos. La pena contempla una multa de $14.163.056,56, que deberá abonar en un único pago dentro de los siete días. La magistrada dará a conocer su resolución en los próximos días.</p><p>La investigación determinó que la obra, adjudicada a la empresa Organización Industrial Construcciones SA (OICSA), tuvo un presupuesto oficial de $20.644.036,81, cuando su costo de mercado se estimó entre $12 millones y $15 millones. La diferencia ocasionó un perjuicio aproximado de $5.591.876 a las arcas municipales, a valores de 2016. Este último monto fue establecido mediante una pericia del ingeniero Beltrán Uranga, fallecido en 2023, y actualizado con la tasa activa del Banco Nación para calcular la multa acordada.</p><p>Entre las pruebas centrales de la acusación se destacó un archivo Excel encontrado en computadoras de la empresa contratista, con detalles de la obra y su presupuesto, cuya última modificación databa del 4 de febrero de 2015, antes de la convocatoria formal a licitación. Para la Fiscalía, esto evidenció que la firma había preparado la oferta económica que luego formalizó el municipio. También se cuestionaron las certificaciones de avance, emitidas sin controles de calidad ni registros técnicos adecuados.</p><p>La causa se inició en 2016, a partir de una denuncia de concejales de Cambiemos. La acusación sostuvo que Treppo, en su condición de intendente, gestionó el financiamiento nacional y luego intervino en la contratación de OICSA, adjudicada en junio de 2015. Los fondos fueron transferidos en distintas etapas hasta completar el pago de la obra.</p><p>El acuerdo representa el desenlace judicial para el exfuncionario. En 2025, otros empresarios involucrados en la causa habían obtenido el beneficio de la probation.</p>Estimación de valores&nbsp;&nbsp;<p>Según tablas de cotización disponibles en Paralelo32, en 2016 el comportamiento de la cotización de la moneda norteamericana fue fluctuante y permite tomar un promedio de $ 15 por dólar, por lo que aquel presupuesto significaba, junio de 2016, la suma de U$S 1.376.269. Convertido a pesos de esta semana con el dólar compra Banco Nación a $ 1.520, representa 2.092 millones de pesos ($ 130 millones por cuadra).&nbsp;</p>]]>
                </content>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/gBLQ9nqsG59aruZugxnvMAE4NNs=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2022/11/Treppo-Cristian.jpg" class="type:primaryImage" /></figure>El ex intendente seguiense admitió culpas y acordó con la Fiscalía una condena por peculado en perjuicio de la administración pública]]>
                </summary>
                                                <category term="segui" label="Seguí" />
                                <updated>2026-11-06T11:57:02+00:00</updated>
                <published>2026-11-06T11:54:55+00:00</published>
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        <title>
            Urribarri irá a juicio oral por presunto enriquecimiento ilícito: rechazaron dos pedidos de pericias
        </title>
        <link rel="alternate" href="https://www.paralelo32.com.ar/urribarri-ira-a-juicio-oral-por-presunto-enriquecimiento-ilicito-rechazaron-dos-pedidos-de-pericias" type="text/html" title="Urribarri irá a juicio oral por presunto enriquecimiento ilícito: rechazaron dos pedidos de pericias" />
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        <author>
            <name>
                <![CDATA[Redacción Paralelo 32]]>
            </name>
        </author>
        
                                <content type="html" xml:base="https://www.paralelo32.com.ar/urribarri-ira-a-juicio-oral-por-presunto-enriquecimiento-ilicito-rechazaron-dos-pedidos-de-pericias">
                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/siku80imV54RWAOtREy2VLD0Sfk=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2026/11/urribarri_ira_a_juicio_oral_por_presunto_enriquecimiento_ilicito_rechazaron_dos_pedidos_de_pericias.webp" class="type:primaryImage" /></figure><p>El juez de Garantías de Paraná, Mariano Budasoff, resolvió este jueves remitir a juicio la causa en la que Sergio Urribarri está acusado como presunto autor de enriquecimiento ilícito, mientras que el empresario de origen paraguayo Diego Armando Cardona Herreros está señalado como partícipe necesario.</p><p>La decisión se produjo luego de que el magistrado rechazara los planteos de las defensas, que cuestionaron parte de la prueba ofrecida por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y solicitaron la realización de dos nuevas pericias: una informática y otra contable.</p><p>La resolución será remitida a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), que deberá establecer la fecha para el inicio del debate oral y público.</p>Los planteos de las defensas<p>Las oposiciones fueron presentadas por Miguel Cullen, abogado de Urribarri, y por Ignacio Díaz y José Velázquez, representantes de Cardona Herreros. Los defensores cuestionaron la incorporación de documentos, notas, correos electrónicos, informes y soportes de información ofrecidos como prueba por la Fiscalía, representada por los fiscales Juan Ramírez Montrull y Gonzalo Badano.</p><p>Uno de los pedidos apuntó a realizar una nueva pericia informática. La defensa cuestionó la idoneidad de los profesionales del MPF que intervinieron en la extracción de datos de dispositivos electrónicos.</p><p>El segundo planteo estuvo relacionado con una pericia contable, que las defensas pretendían realizar con profesionales independientes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y peritos de parte. El objetivo era revisar diferencias entre los montos incluidos en un informe contable de la investigación y los consignados por la Fiscalía al solicitar la elevación a juicio.</p><p>Los abogados sostuvieron que ambas medidas eran relevantes porque, según plantearon, de esos elementos surgen documentos y cifras que sustentan la acusación y los montos que el Ministerio Público considera que no fueron justificados por Urribarri.</p>Qué resolvió sobre la prueba informática<p>Al analizar los pedidos, Budasoff consideró que las medidas solicitadas no demostraban una utilidad concreta para esclarecer los puntos que las defensas pretendían discutir. También señaló que los planteos no precisaban suficientemente qué aspectos buscaban determinar.</p><p>En relación con la evidencia informática, el juez rechazó la oposición a incorporar un informe del 5 de diciembre de 2018, elaborado por el Gabinete de Informática Forense del Laboratorio Regional de Investigación Forense del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos.</p><p>Ese documento contiene información obtenida durante una investigación anterior por los delitos de peculado, defraudación a la Administración Pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.</p><p>Budasoff entendió que esos elementos están vinculados con los hechos investigados en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, ya que forman parte de la evidencia con la que la Fiscalía sostiene haber reconstruido operaciones patrimoniales y relaciones entre bienes, personas y movimientos económicos.</p><p>El magistrado distinguió entre la pertinencia de incorporar una prueba y la valoración que deberá hacerse de ella durante el juicio. En ese sentido, sostuvo que cuestiones como la autenticidad de los registros, su atribución a determinadas personas o las posibles interpretaciones de su contenido deberán discutirse durante el debate.</p><p>También rechazó los cuestionamientos sobre los informes de las compañías telefónicas. Según recordó, la validez de su incorporación ya había sido analizada y confirmada por el Tribunal de Juicio y Apelación y por la Cámara de Casación.</p>Por qué rechazó una nueva pericia contable<p>Respecto del pedido de una segunda pericia contable, Budasoff consideró que las defensas no demostraron la existencia de una insuficiencia concreta en el estudio realizado durante la investigación que justificara repetir el trabajo.</p><p>El juez señaló que una nueva intervención técnica no puede basarse únicamente en la expectativa de obtener conclusiones diferentes ni utilizarse para reiterar una investigación que ya se realizó.</p><p>Durante la etapa investigativa se había desarrollado una pericia contable con la participación de la contadora Romina Stepanik-Pouey y del contador Cristian Dumé, este último propuesto por la defensa. De acuerdo con los antecedentes analizados por el magistrado, ambos intervinieron en la definición de los puntos periciales, el examen de la documentación y la elaboración de las conclusiones, a las que arribaron en forma coincidente.</p><p>Para Budasoff, esa participación permitió a la defensa controlar técnicamente el trabajo, proponer aspectos para examinar y ejercer sus facultades durante la producción de la prueba.</p><p>El juez consideró que las diferencias entre el informe contable y los montos planteados por la Fiscalía, así como las discusiones sobre la atribución de gastos, los ingresos provenientes de la actividad futbolística y la interpretación de los registros económicos, podrán ser abordadas durante el juicio.</p><p>En esa instancia, las defensas tendrán la posibilidad de interrogar al contador Dumé y contrainterrogar a la contadora Stepanik-Pouey, cuestionar la metodología utilizada y confrontar las conclusiones con la documentación incorporada.</p>Los cinco puntos que las defensas pretendían revisar<p>Durante la audiencia, el pedido de una nueva pericia contable quedó delimitado en cinco aspectos:</p>La incidencia de considerar al grupo familiar como una unidad económica en la reconstrucción del patrimonio individual de Sergio Daniel Urribarri.Las diferencias entre los resultados del informe contable de la investigación y los montos consignados por la Fiscalía al solicitar la remisión a juicio.La atribución contable y financiera de esas diferencias al ex gobernador.La distinción entre valores nominales y valores de mercado.La reconstrucción de ingresos y su tratamiento en el análisis patrimonial.<p>Además, la defensa de Urribarri cuestionó la identificación de determinados registros en planillas electrónicas, especialmente las referencias identificadas como “SDU”, la consideración de los ingresos de Bruno Urribarri por su actividad futbolística y la atribución de adquisiciones y gastos realizados por terceros.</p><p>La Fiscalía se opuso a la realización de una nueva pericia por considerar que el pedido había sido presentado fuera de término y que resultaba impertinente y sobreabundante. También sostuvo que el informe existente fue elaborado con intervención de un profesional propuesto por la defensa y que sus conclusiones podrán discutirse mediante interrogatorios durante el debate.</p><p>Al resolver, Budasoff entendió que no se había identificado una operación técnica concreta que necesitara una nueva revisión ni una controversia entre los profesionales que intervinieron en el estudio anterior.</p><p>De esta manera, el magistrado rechazó los pedidos de nuevas pericias y dispuso la apertura del juicio oral y público contra Urribarri y Cardona Herreros. La fecha del debate será definida por la Oficina de Gestión de Audiencias.</p>]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/siku80imV54RWAOtREy2VLD0Sfk=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2026/11/urribarri_ira_a_juicio_oral_por_presunto_enriquecimiento_ilicito_rechazaron_dos_pedidos_de_pericias.webp" class="type:primaryImage" /></figure>El juez de Garantías de Paraná, Mariano Budasoff, rechazó los planteos de las defensas del ex gobernador Sergio Urribarri y del empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros para realizar nuevas pericias informática y contable. Además, dispuso la apertura del juicio oral y público, cuya fecha deberá ser establecida por la Oficina de Gestión de Audiencias.]]>
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                                <updated>2026-11-06T10:45:03+00:00</updated>
                <published>2026-11-06T10:45:00+00:00</published>
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        <title>
            Sergio Urribarri irá a juicio oral por presunto enriquecimiento ilícito
        </title>
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                <![CDATA[Redacción Paralelo 32]]>
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                                <content type="html" xml:base="https://www.paralelo32.com.ar/sergio-urribarri-ira-a-juicio-oral-por-presunto-enriquecimiento-ilicito">
                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/DBMnUCM6j6fYMkcYsAKmuzinOLY=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2026/10/sergio_urribarri_ira_a_juicio_oral_por_presunto_enriquecimiento_ilicito.webp" class="type:primaryImage" /></figure><p>El exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, y el empresario Diego Armando Cardona Herreros deberán afrontar un juicio oral y público en la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito de funcionario público.</p><p>La decisión fue tomada este miércoles por el juez de Garantías de Paraná, Mariano Budasoff, quien consideró que la acusación fiscal reúne elementos suficientes para ser debatida en un juicio, sin que en esta instancia sea necesario alcanzar certeza sobre la responsabilidad penal de los imputados.</p><p>La Fiscalía atribuye a Urribarri la presunta comisión del delito como autor y a Cardona Herreros la participación secundaria. Según la hipótesis acusatoria, el exmandatario habría utilizado al empresario y a Rubén Ángel Martínez —quien ya resolvió su situación mediante un juicio abreviado— para disimular su patrimonio y administrar fondos y bienes.</p><p>La apertura del juicio no implica una declaración de culpabilidad: la responsabilidad de los acusados deberá ser evaluada durante el proceso judicial.</p>Este viernes comenzará el análisis de las pruebas<p>Tras resolver los planteos presentados por las defensas, Budasoff informó que este viernes, desde las 9, comenzará la etapa destinada a discutir qué evidencias serán incorporadas al juicio y si las partes pueden alcanzar acuerdos probatorios sobre determinados hechos.</p><p>El objetivo es ordenar el material que se presentará durante el debate y facilitar su desarrollo.</p><p>El magistrado rechazó los planteos de nulidad de la remisión a juicio, reformulación del hecho imputado, aclaración de los montos atribuidos, apartamiento de informes periciales contables e informáticos y sobreseimiento.</p><p>En su análisis, consideró que la acusación identifica el incremento patrimonial que la Fiscalía entiende ilícito, el período investigado, la modalidad en que se habría producido, las personas que habrían intervenido y la finalidad atribuida al uso de terceros.</p><p>También sostuvo que la hipótesis fiscal se apoya en documentación contable, registros digitales y otros elementos individualizados por año.</p>La defensa cuestionó la figura penal y la carga de la prueba<p>Uno de los planteos analizados por el juez fue el cuestionamiento de las defensas a la constitucionalidad de la figura de enriquecimiento ilícito.</p><p>Según los argumentos expuestos por la defensa, la aplicación de esa figura podría afectar la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a no declarar contra uno mismo, al exigir al funcionario investigado que justifique el origen de su patrimonio.</p><p>La Fiscalía respondió que la cuestión ya fue analizada en precedentes judiciales provinciales y nacionales. Entre los antecedentes mencionados figuran los casos “Yedro” y “Rossi”, en el ámbito entrerriano, y decisiones vinculadas con “Rossi” y María Julia Alsogaray en el ámbito de la Corte Suprema.</p><p>Budasoff rechazó el planteo y consideró que la figura penal es compatible con las garantías constitucionales, siempre que no se traslade al imputado la obligación de probar su inocencia.</p><p>En ese sentido, remarcó que la falta de una explicación sobre el patrimonio no reemplaza la prueba que debe aportar la acusación y que la evolución patrimonial debe analizarse a partir de elementos objetivos suficientes.</p>Los montos atribuidos a Urribarri y Cardona Herreros<p>Las defensas también cuestionaron diferencias entre los montos consignados en la imputación y los datos de un informe contable utilizado como parte de la base de la acusación.</p><p>Según los importes incluidos en el planteo defensivo, a Urribarri se le atribuyen presuntos incrementos patrimoniales por 11.546.740,92 pesos, 7.245.441 dólares y 16.300 euros.</p><p>En el caso de Cardona Herreros, los montos señalados son de 8.673.275,42 pesos, 7.155.783,71 dólares y 14.100 euros.</p><p>Las defensas sostuvieron que las diferencias con los registros contables dificultarían reconstruir la evolución patrimonial y preparar una defensa adecuada. También argumentaron que los movimientos económicos deben analizarse considerando la continuidad entre ejercicios, ya que los saldos de un año pueden incidir en la situación del siguiente.</p><p>La Fiscalía respondió que el informe contable constituye una parte de la evidencia reunida, pero que la imputación también contempla otros gastos y elementos que, según su interpretación, permiten fundamentar los montos atribuidos.</p><p>El juez consideró que las objeciones no impedían avanzar hacia el juicio oral, donde la evidencia podrá ser discutida por las partes.</p>La situación patrimonial del grupo familiar<p>Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con la inclusión de bienes y gastos de integrantes de la familia de Urribarri en la investigación.</p><p>La defensa del exgobernador sostuvo que la pesquisa inicial abarcó inmuebles, vehículos, inversiones y otros activos de distintos familiares, por lo que consideró necesario diferenciar los patrimonios y movimientos económicos de cada persona.</p><p>También señaló que Bruno Urribarri desarrolló una carrera como futbolista profesional en clubes de Argentina y Grecia, y planteó que esos ingresos debían tenerse en cuenta al analizar la evolución económica familiar.</p><p>Las defensas advirtieron, además, sobre limitaciones en la información obtenida de entidades bancarias y fuentes extranjeras, cuyos registros, según indicaron, presentarían datos ambiguos o contradictorios.</p><p>Frente a estos cuestionamientos, Budasoff consideró que la Fiscalía presentó elementos que, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa, permitirían sostener que determinadas operaciones registradas a nombre de la empresa Relevamientos Catastrales habrían tenido como beneficiarios a Urribarri y su grupo familiar, aunque la facturación no estuviera emitida directamente a nombre del exgobernador.</p><p>El magistrado entendió que las diferencias planteadas por las defensas no justificaban impedir la apertura del juicio.</p>Qué se discutirá en el juicio oral<p>Con la resolución de apertura, la causa avanzará hacia la etapa de admisión de evidencias, en la que se determinará qué pruebas podrán incorporarse al debate y bajo qué condiciones.</p><p>La acusación deberá sostener su hipótesis durante el juicio, mientras que las defensas tendrán la oportunidad de cuestionar los elementos presentados y exponer sus argumentos.</p><p>La responsabilidad penal de Urribarri y Cardona Herreros será materia de evaluación durante el proceso oral y público, luego de que la Justicia considere admisible la discusión de la imputación en esa instancia.</p>]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/DBMnUCM6j6fYMkcYsAKmuzinOLY=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2026/10/sergio_urribarri_ira_a_juicio_oral_por_presunto_enriquecimiento_ilicito.webp" class="type:primaryImage" /></figure>El juez de Garantías de Paraná, Mariano Budasoff, dispuso la apertura del juicio contra el exgobernador y el empresario Diego Armando Cardona Herreros, acusado de actuar como partícipe secundario. La audiencia para analizar las pruebas comenzará este viernes a las 9, luego del rechazo de los planteos de las defensas.]]>
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                                                <category term="entrerios" label="Entre Ríos" />
                                <updated>2026-10-28T20:02:40+00:00</updated>
                <published>2026-10-28T19:59:58+00:00</published>
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            Femicidio de Andrea Bruselario: La causa avanza con el imputado detenido y un fuerte reclamo de justicia
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                <![CDATA[Nicolás Rochi]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/LagXs6SHSA5JdSw2_NSYFlT-xDk=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2026/10/femicidio_de_andrea_bruselario.webp" class="type:primaryImage" /></figure><p>Victoria. - El aberrante femicidio de Andrea Fabiana Bruselario (48) en la localidad rural de Rincón del Doll mantiene conmocionada a toda la comunidad. A medida que pasan los días, la instrucción judicial a cargo del fiscal Dr. Iván Yedro suma elementos clave y consolida la situación procesal del único sospechoso: Cristian Díaz (33), empleado comunal y pareja de la víctima, sobre quien recayeron 90 días de prisión preventiva dictados por la Justicia, siendo alojado en la Unidad Penal Nº5.</p>Cómo avanzó la investigación<p>El caso comenzó a esclarecerse cuando una de las hijas de la víctima radicó la denuncia por averiguación de paradero, alertada por los diez días transcurridos sin lograr comunicarse con su madre. En los primeros momentos, el ahora imputado intentó desviar la atención de los investigadores asegurando que Fabiana se había marchado a otra ciudad por una supuesta propuesta laboral.</p><p>Sin embargo, las contradicciones y el entrecruzamiento de datos permitieron orientar la pesquisa. Mediante un allanamiento y un rastrillaje con canes policiales en un campo lindante a la vivienda del sospechoso, los efectivos hallaron el cuerpo sin vida de la mujer, el cual presentaba indicios de una muerte violenta y motivó su traslado a la Morgue Judicial de Oro Verde para la autopsia. Con esos elementos y las pericias de la Policía Científica, la fiscalía formalizó la imputación por el delito de homicidio agravado por el vínculo.</p>El dolor y la exigencia de la comunidad<p>En paralelo al avance en los tribunales, el pulso social se hizo sentir en las calles. Convocados por familiares, amigos y organizaciones, los vecinos protagonizaron masivas y silenciosas marchas pacíficas —desde la Plaza Mariano Moreno y frente a los edificios judiciales— para manifestar su dolor y repudiar categóricamente el hecho.</p><p>Durante las movilizaciones, el entorno de la víctima expresó su firme postura frente a la estrategia legal del imputado, advirtiendo sobre posibles intentos de la defensa de alegar problemas de salud mental o inimputabilidad. Los allegados remarcaron que el acusado actuó con absoluta premeditación y plena capacidad de entendimiento tanto al cometer el hecho como al ocultar los rastros y la moto de la víctima. Asimismo, insistieron ante la Justicia en la necesidad de investigar a fondo para determinar si existieron cómplices o encubridores que hayan facilitado el encubrimiento en la zona rural.</p>]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/LagXs6SHSA5JdSw2_NSYFlT-xDk=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2026/10/femicidio_de_andrea_bruselario.webp" class="type:primaryImage" /></figure>Mientras el único sospechoso cumple 90 días de prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 5, familiares y vecinos llevaron adelante marchas pacíficas para exigir el total esclarecimiento del crimen]]>
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                                                <category term="victoria" label="Victoria" />
                                <updated>2026-10-26T16:01:55+00:00</updated>
                <published>2026-10-26T15:58:33+00:00</published>
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            Causa por presunto enriquecimiento ilícito: Fiscalía defendió los montos y pidió avanzar hacia el juicio
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            <name>
                <![CDATA[Redacción Paralelo 32]]>
            </name>
        </author>
        
                                <content type="html" xml:base="https://www.paralelo32.com.ar/causa-por-presunto-enriquecimiento-ilicito-fiscalia-defendio-los-montos-y-pidio-avanzar-hacia-el-juicio">
                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/YKSr3ZJIxpNyBLAYL6ANdvYtQLk=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2026/10/causa_por_presunto_enriquecimiento_ilicito_fiscalia_defendio_los_montos_y_pidio_avanzar_hacia_el_juicio.webp" class="type:primaryImage" /></figure><p>En el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de corrupción y beneficios económicos vinculados al exgobernador entrerriano Sergio Urribarri y al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, la Fiscalía rechazó los cuestionamientos de las defensas sobre los montos consignados en la descripción de los hechos y el informe contable incorporado al expediente.</p><p>Durante la audiencia del martes 20 de octubre, los fiscales Juan Ramírez Montrull y Gonzalo Badano respondieron a los planteos formulados por los abogados defensores y se opusieron a la realización de una nueva pericia contable y a la elevación de la causa a juicio en los términos cuestionados por las defensas.</p><p>Los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que no existe “ni una coma o centavo” de diferencia entre los montos atribuidos y las conclusiones del informe contable. Según argumentaron, los importes surgen de la suma de los gastos considerados no justificados y de los resultados de la pericia.</p><p>El juez de Garantías de Paraná, Mariano Budasoff, dispuso un cuarto intermedio y comunicará su resolución en una nueva audiencia, cuya fecha será notificada por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) con dos días de anticipación.</p>Qué cuestionaron las defensas<p>Los planteos fueron presentados por Miguel Cullen, defensor de Urribarri, y por Ignacio Díaz y José Velázquez, representantes de Cardona Herreros.</p><p>Entre los cuestionamientos, Cullen señaló supuestas diferencias entre los montos mencionados en la descripción del hecho investigado y los consignados en el informe pericial contable, elaborado por una contadora del Ministerio Público Fiscal y un contador propuesto por la defensa.</p><p>Según la Fiscalía, ambos profesionales arribaron a una conclusión común. Los fiscales sostuvieron que las defensas no habían manifestado disconformidad con esas conclusiones en la etapa procesal correspondiente y consideraron que el planteo fue presentado fuera de tiempo.</p><p>También se opusieron al pedido de realizar una nueva pericia con participación de especialistas del Superior Tribunal de Justicia, del Ministerio Público Fiscal y de las partes. Argumentaron que la solicitud debió formularse en una etapa anterior y que la información reunida resulta suficiente para avanzar en el proceso.</p><p>Los fiscales pidieron que se rechacen los planteos y que la audiencia continúe con la admisión de las pruebas y la eventual formulación de acuerdos probatorios.</p>La hipótesis fiscal sobre los bienes y los viajes<p>Otro de los ejes de la respuesta fiscal estuvo relacionado con los gastos, las inversiones inmobiliarias y los viajes al exterior que forman parte de la investigación.</p><p>Frente al argumento defensivo de que los hijos de Urribarri y Ana Lía Aguilera habrían tenido capacidad económica para afrontar determinados gastos, los fiscales sostuvieron que la evidencia reunida hasta el momento indicaría que distintas compras de inmuebles, refacciones, amoblamientos y viajes fueron gestionados a nombre de Cardona Herreros.</p><p>En la hipótesis de la Fiscalía, el empresario habría actuado como testaferro del exgobernador y se habría beneficiado con el acceso a licitaciones millonarias del Estado provincial. Se trata de una interpretación de los investigadores que deberá ser evaluada en el marco del proceso judicial.</p><p>Los fiscales también mencionaron viajes a Europa, Nueva York y Brasil, con alojamientos en hoteles de cinco estrellas, que, según su exposición, habrían sido adquiridos a través de la firma Relevamientos Catastrales SA y registrados a nombre del empresario.</p><p>Como respaldo, hicieron referencia a documentación y evidencia informática secuestradas durante distintos allanamientos realizados en Buenos Aires, Concordia y Paraná.</p>Cómo justificó Fiscalía los montos cuestionados<p>Al responder las objeciones sobre la pericia, los fiscales afirmaron que los importes consignados en el relato del hecho están debidamente detallados y surgen de la suma de los conceptos incluidos en el informe contable y de otros gastos que, según la acusación, no tendrían una justificación económica suficiente.</p><p>También señalaron que la investigación analizó la situación patrimonial del grupo familiar. De acuerdo con lo expuesto por Fiscalía, el informe no registró actividades generadoras de recursos por parte de la esposa del exgobernador y detectó resultados patrimoniales negativos en distintos períodos para los hijos adultos.</p><p>Los fiscales cuestionaron, además, la interpretación parcial de la documentación que atribuyeron a la exposición de Cullen. Sostuvieron que la defensa se había concentrado en determinados anexos referidos a la capacidad de ahorro familiar, sin considerar otros apartados que detallan los gastos que la acusación considera no justificados.</p><p>“Solo con revisar la pericia se ve que los montos coinciden”, afirmaron, al defender la correspondencia entre las cifras del informe y las incluidas en la descripción del hecho investigado.</p>El juez deberá resolver los planteos<p>La resolución de Mariano Budasoff definirá si se rechazan las objeciones formuladas por las defensas y cómo continuará la etapa intermedia del proceso.</p><p>Mientras Fiscalía sostiene que la documentación reunida permite avanzar hacia el juicio, las defensas cuestionan aspectos de la acusación y de la prueba contable. La decisión del juez determinará los pasos procesales siguientes en esta causa que involucra a Urribarri, Cardona Herreros y otros imputados por presuntos delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho pasivo y fraude.</p>]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/YKSr3ZJIxpNyBLAYL6ANdvYtQLk=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2026/10/causa_por_presunto_enriquecimiento_ilicito_fiscalia_defendio_los_montos_y_pidio_avanzar_hacia_el_juicio.webp" class="type:primaryImage" /></figure>Los fiscales Juan Ramírez Montrull y Gonzalo Badano rechazaron los planteos de las defensas de Sergio Urribarri y del empresario Diego Cardona Herreros. Aseguraron que los importes cuestionados coinciden con el informe contable y sostuvieron que no existen diferencias que afecten el derecho de defensa. El juez Mariano Budasoff resolverá los planteos en una próxima audiencia.]]>
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                                                <category term="entrerios" label="Entre Ríos" />
                                <updated>2026-10-21T22:29:26+00:00</updated>
                <published>2026-10-21T21:31:25+00:00</published>
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        <title>
            Denuncian un presunto desmonte ilegal de 83 hectáreas de bosque nativo en Villaguay
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                <![CDATA[Redacción Paralelo 32]]>
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        </author>
        
                                <content type="html" xml:base="https://www.paralelo32.com.ar/denuncian-un-presunto-desmonte-ilegal-de-83-hectareas-de-bosque-nativo-en-villaguay">
                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/wW9xYGaaLRf7DEJCMlXc7Nja_ZA=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2026/10/denuncian_un_presunto_desmonte_ilegal_de_83_hectareas_de_bosque_nativo_en_villaguay.webp" class="type:primaryImage" /></figure><p>Una jornada de capacitación sobre ganadería regenerativa fue interrumpida el miércoles 14 de octubre por el ruido de maquinaria pesada que provenía de un campo lindante, ubicado a unos 10 kilómetros al noroeste de Mojones Sur, en el departamento Villaguay. Al investigar lo que sucedía, los participantes advirtieron un presunto desmonte de bosque nativo en un inmueble que, según la información difundida por ERA Verde, pertenece al dirigente de la Sociedad Rural Juan Carlos Secchi.</p><p>De acuerdo con la denuncia, las tareas se estarían realizando dentro de un área de protección arbórea. Las imágenes satelitales analizadas por quienes dieron a conocer el caso indicarían que la superficie afectada alcanza unas 83 hectáreas, distribuidas en cuatro parcelas.</p>Cuatro denuncias y una intervención policial<p>Según la información difundida, al advertir la tala los testigos realizaron cuatro denuncias ante el área de Bosques Nativos de Entre Ríos. Hasta el momento de la publicación de esos datos, no habían recibido respuestas ni acuses de recibo.</p><p>Por otra parte, intervino una patrulla de la Brigada de Abigeato de Villaguay, que realizó un acta sobre lo ocurrido.</p><p>Los registros satelitales mencionados en la denuncia señalan que el desmonte habría afectado cuatro parcelas que, en conjunto, abarcarían aproximadamente 83 hectáreas de bosque nativo.</p>Un área alcanzada por la Ley de Bosques Nativos<p>De acuerdo con el mapeo citado en la denuncia, los sectores afectados estarían comprendidos en zonas identificadas con las categorías amarilla y roja del ordenamiento territorial del bosque nativo, establecido por la Ley nacional N.º 26.331.</p><p>Estas categorías contemplan distintos niveles de conservación. La roja corresponde a bosques de muy alto valor ambiental, mientras que la amarilla comprende áreas de valor medio, donde pueden autorizarse actividades de aprovechamiento sostenible bajo las condiciones previstas por la normativa.</p><p>En Entre Ríos, la Ley provincial N.º 10.284, sancionada en 2014, establece el ordenamiento territorial de los bosques nativos y se enmarca en el cumplimiento de la legislación nacional.</p><p>Según las disposiciones mencionadas en la denuncia, no se admiten desmontes en bosques incluidos en la categoría roja. En las áreas amarillas, las intervenciones deben ajustarse a criterios de conservación y aprovechamiento sostenible.</p>La situación deberá ser evaluada por las autoridades<p>La denuncia pone el foco en la posible afectación de bosque nativo en un área sometida a protección ambiental. La superficie señalada por los registros satelitales y las presentaciones realizadas ante el organismo provincial deberán ser evaluadas por las autoridades competentes para determinar el alcance de las tareas y establecer si existieron incumplimientos de la normativa vigente.</p><p>Hasta la información difundida por ERA Verde, no se habían informado respuestas oficiales del área de Bosques Nativos sobre las denuncias presentadas.</p>]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/wW9xYGaaLRf7DEJCMlXc7Nja_ZA=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2026/10/denuncian_un_presunto_desmonte_ilegal_de_83_hectareas_de_bosque_nativo_en_villaguay.webp" class="type:primaryImage" /></figure>La tala habría ocurrido en un campo ubicado cerca de Mojones Sur, dentro de un área de protección ambiental. Según la denuncia difundida por ERA Verde, el inmueble pertenece al dirigente de la Sociedad Rural Juan Carlos Secchi. Testigos realizaron cuatro presentaciones ante el área provincial de Bosques Nativos y también intervino la Brigada de Abigeato de Villaguay.]]>
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                                                <category term="campo" label="Campo" />
                                <updated>2026-10-20T15:41:07+00:00</updated>
                <published>2026-10-20T15:39:13+00:00</published>
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        <title>
            Enriquecimiento ilícito: Fiscalía pidió que Sergio Urribarri y un empresario paraguayo vayan a juicio
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                <![CDATA[Hugo Schira]]>
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        </author>
        
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/8k9nj6Sgf2AAvlsjMtQm14KTT1s=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2026/10/enriquecimiento_ilicito_fiscalia_pidio_que_sergio_urribarri_y_un_empresario_paraguayo_vayan_a_juicio.webp" class="type:primaryImage" /></figure><p>La Fiscalía expuso los fundamentos de su pedido para que la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, y el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros sea elevada a juicio oral y público.</p><p>Durante la audiencia ante el juez de Garantías de Paraná, Mariano Budasoff, los fiscales Juan Ramírez Montrull y Gonzalo Badano detallaron la evidencia reunida para sostener la acusación, que comprende el período entre enero de 2008 y diciembre de 2015, cuando Urribarri se desempeñó como gobernador y diputado provincial.</p><p>El martes 20 será el turno de las defensas de los dos imputados que continúan vinculados a la investigación. El otro sospechoso, Ángel Rubén Martínez, resolvió su situación procesal mediante un juicio abreviado.</p>Las penas que solicitaría la Fiscalía<p>Los fiscales adelantaron las penas que solicitarán durante el eventual debate oral.</p><p>Para Urribarri, en calidad de autor, pedirán cinco años y diez meses de prisión, una multa equivalente al 100% del monto del presunto enriquecimiento y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.</p><p>De acuerdo con las pericias que sustentan la imputación, el monto atribuido al exmandatario asciende, tras su actualización, a $11.546.740,92, US$7.245.441 y 16.300 euros.</p><p>Urribarri ya cumple una condena en la Unidad Penal de Gualeguaychú por cinco hechos de corrupción que fueron juzgados en un mismo debate.</p><p>En el caso de Cardona Herreros, la Fiscalía solicitará cinco años de prisión como partícipe necesario y una multa equivalente al 100% del monto investigado. Según la acusación, la suma atribuida al empresario asciende a $8.673.275,42, US$7.155.783,71 y 14.100 euros.</p><p>Estos pedidos corresponden a la pretensión de los fiscales y deberán ser evaluados en las instancias judiciales correspondientes.</p>Los planteos de las defensas y el avance de la causa<p>Al comenzar la audiencia, Budasoff recordó que ya se habían agotado las cuestiones preliminares y resuelto los recursos presentados por las defensas.</p><p>Entre otros planteos, los abogados cuestionaron la extracción de evidencia digital, señalaron presuntos incumplimientos de los protocolos para su obtención y solicitaron que se declarara extinguida la acción penal por prescripción. También pidieron la nulidad de la remisión de la causa a juicio y el sobreseimiento de los imputados.</p><p>Una vez resueltas esas cuestiones, la audiencia avanzó sobre los argumentos de las partes respecto de la prueba reunida y la solicitud de elevación a juicio.</p>Viajes, propiedades y gastos bajo investigación<p>Durante la exposición, los fiscales repasaron año por año los elementos obtenidos en distintos allanamientos. Los procedimientos se realizaron en Buenos Aires, en la vivienda de Cardona Herreros y en la empresa Relevamientos Catastrales SA, de la que es presidente. También se secuestraron elementos en la casa de Urribarri, ubicada en calle Néstor Garat, en Concordia, y en el domicilio de Martínez, en Buenos Aires.</p><p>Según la hipótesis de la Fiscalía, Cardona Herreros habría actuado como una “persona interpósita” para gestionar y facilitar beneficios para Urribarri y su familia, cuyos gastos habrían sido afrontados posteriormente por el exgobernador.</p><p>Los fiscales señalaron que entre la documentación secuestrada encontraron correos electrónicos y mensajes que, según la acusación, permitirían reconstruir esas operaciones. Entre los elementos mencionados figura un intercambio de información que identificaron con el nombre de “Ayolas”.</p>Viajes internacionales y hoteles de lujo<p>Otro de los ejes de la exposición estuvo relacionado con viajes al exterior que habrían realizado Urribarri, su esposa, Ana Lía Aguilera, sus hijos y personas de su entorno.</p><p>La Fiscalía enumeró desplazamientos a Londres, Madrid, París, Atenas, Venecia y Cerdeña, además de viajes a Nueva York, Natal y Río de Janeiro.</p><p>Según los fiscales, en varios casos los viajes se habrían gestionado desde la empresa de Cardona Herreros, que también habría intervenido en las reservas de hoteles de cinco estrellas y en la organización y el pago de los traslados.</p><p>La acusación sostuvo que los viajes están respaldados por informes de la Dirección Nacional de Migraciones, que fueron incorporados a la investigación.</p>Una escultura, un reloj y un departamento en Puerto Madero<p>Entre las operaciones detalladas durante la audiencia, la Fiscalía mencionó la compra de una escultura en Venecia por US$2.200. La obra, de 45,6 kilos, habría generado otros US$7.000 en gastos para su traslado desde Murano.</p><p>También se expuso la presunta adquisición de un reloj Rolex cuyo valor actualizado fue estimado en $21 millones.</p><p>Otro de los puntos señalados fue la compra, modificación y amueblamiento de un departamento en Puerto Madero, junto con el pago de sus gastos e impuestos. Según la hipótesis fiscal, la propiedad habría sido adquirida por el empresario a comisión por US$1.227.000 y abonada mediante una entrega inicial y 29 cuotas.</p><p>Estos elementos forman parte de la evidencia que la Fiscalía considera relevante para sostener la acusación por presunto enriquecimiento ilícito.</p>Vehículos a nombre de allegados<p>Los fiscales también describieron operaciones vinculadas con la adquisición de vehículos por parte de Cardona Herreros y otras personas de su entorno. Según la acusación, algunos de esos automóviles contaban con autorizaciones para ser conducidos por los hijos mayores de Urribarri.</p><p>Como parte de la exposición, mencionaron una infracción de tránsito registrada sobre la Ruta Nacional 14, en cercanías de Concordia, correspondiente a uno de los vehículos vinculados con el empresario.</p>Otras acusaciones en una investigación relacionada<p>Urribarri y Cardona Herreros también están acusados por presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, cohecho pasivo y fraude en una causa vinculada con la contratación de un sistema de software para la administración pública.</p><p>Según la investigación, la contratación se habría concretado mediante el pago de coimas a exfuncionarios de las gestiones de Urribarri y habría beneficiado a Relevamientos Catastrales SA, empresa presidida por Cardona Herreros.</p><p>En ese expediente, numerosos exfuncionarios resolvieron su situación procesal mediante juicios abreviados en los que reconocieron los cargos formulados en su contra.</p><p>La audiencia continuará con las exposiciones de las defensas. La eventual elevación a juicio permitirá que las acusaciones y los elementos reunidos sean examinados en la instancia oral, en caso de que así lo resuelva la Justicia.</p>]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/8k9nj6Sgf2AAvlsjMtQm14KTT1s=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2026/10/enriquecimiento_ilicito_fiscalia_pidio_que_sergio_urribarri_y_un_empresario_paraguayo_vayan_a_juicio.webp" class="type:primaryImage" /></figure>Los fiscales Juan Ramírez Montrull y Gonzalo Badano expusieron ante el juez de Garantías de Paraná, Mariano Budasoff, las pruebas que sustentan la acusación contra el exgobernador y el empresario Diego Armando Cardona Herreros. La investigación abarca el período comprendido entre 2008 y 2015 e incluye presuntas maniobras vinculadas con viajes, propiedades, vehículos y gastos personales.]]>
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                                                <category term="entrerios" label="Entre Ríos" />
                                <updated>2026-10-19T20:56:07+00:00</updated>
                <published>2026-10-19T20:54:18+00:00</published>
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        <title>
            El STJ de Entre Ríos ordenó avanzar hacia el juicio oral en una causa por abuso sexual en Concordia
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        <link rel="alternate" href="https://www.paralelo32.com.ar/el-stj-de-entre-rios-ordeno-avanzar-hacia-el-juicio-oral-en-una-causa-por-abuso-sexual-en-concordia" type="text/html" title="El STJ de Entre Ríos ordenó avanzar hacia el juicio oral en una causa por abuso sexual en Concordia" />
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        <author>
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                <![CDATA[Redacción Paralelo 32]]>
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                                <content type="html" xml:base="https://www.paralelo32.com.ar/el-stj-de-entre-rios-ordeno-avanzar-hacia-el-juicio-oral-en-una-causa-por-abuso-sexual-en-concordia">
                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/PFcmrrF_bI-_2_0AcQ1hePAufC4=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2026/10/el_stj_de_entre_rios_ordeno_avanzar_hacia_el_juicio_oral_en_una_causa_por_abuso_sexual_en_concordia.webp" class="type:primaryImage" /></figure><p>La Sala I en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos resolvió avanzar hacia el juicio oral en una causa por abuso sexual que se tramita en Concordia, al rechazar una impugnación extraordinaria presentada por la defensa del imputado e instruir que se realice la audiencia de remisión a juicio.</p><p>El pronunciamiento fue emitido el viernes 9 de octubre, con una nueva integración del tribunal conformada por Leonardo Portela, Carlos Federico Tepsich y Laura Mariana Soage, y se ajustó a los criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.</p><p>La causa se inició en 2020 a partir de la denuncia de una agente de la Municipalidad de Concordia, quien habría sido agredida mientras desempeñaba sus funciones durante la pandemia de COVID-19. La identidad del imputado se mantiene bajo reserva y fue identificado en el expediente con las iniciales J. K.</p><p>Con esta resolución, el máximo tribunal entrerriano dispuso remitir las actuaciones al Juzgado de Garantías de Concordia para que se concrete, por quien corresponda, la audiencia previa a la elevación de la causa a juicio oral.</p>La intervención de la Corte Suprema<p>El expediente atravesó distintas instancias judiciales antes de llegar a esta nueva resolución.</p><p>El 31 de marzo de 2025, la Sala I en lo Penal del STJ, integrada entonces por Daniel Omar Carubia, Claudia Mónica Mizawak y Laura Mariana Soage, había hecho lugar a un planteo de la defensa contra una sentencia de la Sala II de la Cámara de Casación Penal.</p><p>En aquella oportunidad, el tribunal declaró la nulidad de ese pronunciamiento y de otras decisiones anteriores dictadas en la causa. Además, consideró insubsistente la potestad del Ministerio Público Fiscal para continuar con los actos de investigación y dispuso el sobreseimiento del imputado.</p><p>Sin embargo, la cuestión llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El 4 de junio de 2026, el máximo tribunal nacional revocó la sentencia del STJ entrerriano y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento, al considerar que la cuestión ya había sido abordada en el precedente conocido como Price.</p><p>A partir de esa intervención, la Sala I volvió a analizar el caso y emitió la resolución del 9 de octubre.</p>Qué estableció el fallo sobre los plazos de investigación<p>Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue la diferencia entre el vencimiento de los plazos para investigar y la extinción de la acción penal.</p><p>El STJ reconoció que los plazos previstos para la Investigación Penal Preparatoria habían transcurrido sin que la Fiscalía solicitara oportunamente las prórrogas correspondientes. También señaló que el pedido de remisión a juicio había sido presentado fuera del plazo legal.</p><p>No obstante, el tribunal sostuvo que esa situación no implica, por sí misma, que la acción penal quede extinguida ni constituye una causal autónoma para disponer el sobreseimiento del imputado.</p><p>En cambio, precisó que el vencimiento de los términos legales limita las facultades procesales de la Fiscalía para continuar con la investigación e incorporar nuevas pruebas.</p><p>De esta manera, la resolución distingue entre la vigencia de la acción penal y la posibilidad de seguir realizando actos de investigación una vez vencidos los plazos establecidos por el Código Procesal Penal de Entre Ríos.</p><p>Sobre esa base, el tribunal rechazó la impugnación extraordinaria de la defensa y ordenó que la causa regrese al Juzgado de Garantías de Concordia para avanzar con la audiencia de remisión a juicio.</p>La reacción de la querella<p>Tras conocerse la resolución, la abogada querellante María de los Ángeles Petit, representante de la denunciante, manifestó su conformidad con la decisión judicial y destacó el trabajo del fiscal de la causa, el doctor Núñez.</p><p>“Estamos muy conformes con el fallo, y sobre todo, por el trabajo del Fiscal de la causa, el Dr. Núñez”, expresó.</p><p>La letrada también cuestionó el tiempo transcurrido desde el inicio del expediente y señaló que la víctima debió esperar varios años para llegar a esta instancia.</p><p>“Esperamos la audiencia de remisión a juicio que debió realizarse hace muchos años, pero un tecnicismo privó a la víctima de justicia y de un acto de reparación, después de tanto tiempo de exposición y revictimización”, afirmó.</p><p>Con el nuevo pronunciamiento, la causa deberá continuar su trámite en Concordia. La resolución habilita el avance hacia la instancia de juicio oral, aunque no implica una declaración de culpabilidad: la responsabilidad penal del imputado deberá determinarse en el proceso judicial correspondiente.</p>]]>
                </content>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/PFcmrrF_bI-_2_0AcQ1hePAufC4=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2026/10/el_stj_de_entre_rios_ordeno_avanzar_hacia_el_juicio_oral_en_una_causa_por_abuso_sexual_en_concordia.webp" class="type:primaryImage" /></figure>El Superior Tribunal de Justicia provincial rechazó un recurso de la defensa y dispuso que se realice la audiencia de remisión a juicio. La causa se inició en 2020 por la denuncia de una agente municipal que habría sido agredida mientras cumplía funciones durante la pandemia. La decisión se produjo tras una intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.]]>
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                                                <category term="entrerios" label="Entre Ríos" />
                                <updated>2026-10-13T14:52:45+00:00</updated>
                <published>2026-10-13T14:50:45+00:00</published>
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        <title>
            Confirmaron el procesamiento de cuatro imputados por intervenciones en un humedal de Victoria
        </title>
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        <author>
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                <![CDATA[Agencia de Noticias]]>
            </name>
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                                <content type="html" xml:base="https://www.paralelo32.com.ar/confirmaron-el-procesamiento-de-cuatro-imputados-por-intervenciones-en-un-humedal-de-victoria">
                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/39r9XrZK023Viy3MlOeINdxp2Rw=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2026/10/confirmaron_el_procesamiento_de_cuatro_imputados_por_intervenciones_en_un_humedal_de_victoria.webp" class="type:primaryImage" /></figure><p>La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó el 16 de septiembre el procesamiento de Fabián Carlos José Pulido, Aldo Ezequiel Paganucci, Lucas Diego Martínez Videla y Alberto Luis Martínez, imputados por presunto entorpecimiento del ejercicio de derechos ajenos sobre las aguas, previsto en el artículo 182, inciso 2, del Código Penal.</p><p>La investigación está vinculada con intervenciones realizadas en el arroyo Colorado, afluente del arroyo Los Laureles, en un sector protegido del Delta del Paraná. Los cuatro procesados tienen distintos roles y responsabilidades relacionados con la firma Establecimiento Los Laureles SA, dedicada a la cría y el engorde de animales.</p><p>Según publicó Era Verde, la empresa cuenta con un permiso transitorio para desarrollar actividades pecuarias en unas 995 hectáreas del denominado Lote 35, Lámina 2 Sur, perteneciente al Estado entrerriano.</p>Obras sobre el arroyo y modificaciones en el humedal<p>El área intervenida se encuentra a unos 52 kilómetros al sur-suroeste de Victoria y a aproximadamente 15 kilómetros al norte de Villa Constitución, en la costa santafesina.</p><p>De acuerdo con los informes incorporados a la causa, se realizaron movimientos de suelo sobre la ribera sur del arroyo Colorado, en la zona de su confluencia con el arroyo Los Laureles.</p><p>También se constató la instalación de estructuras modulares de hormigón armado conocidas como tetrápodos, además de un murallón de piedras y un tablestacado. Estas obras de estabilización habrían modificado el paisaje en una extensión aproximada de 110 metros.</p><p>A su vez, los relevamientos señalaron la eliminación mecánica de vegetación mediante tareas de desmalezado en unas 121 hectáreas de humedal.</p><p>Uno de los elementos considerados en la investigación fue que las intervenciones se realizaron dentro del Área Natural Protegida Reserva de Usos Múltiples Humedales e Islas de Victoria y en un contexto en el que rige una medida cautelar federal de protección del Delta del Paraná desde el 1 de julio de 2020.</p>La causa avanza hacia el juicio oral<p>La confirmación de la Cámara Federal mantiene vigente el procesamiento de los cuatro imputados, pero no constituye una condena. La responsabilidad penal deberá determinarse en las siguientes etapas del proceso judicial.</p><p>El expediente continuará su curso hacia el juicio oral, donde se evaluarán los hechos investigados y la eventual responsabilidad de los acusados.</p><p>Según el encuadre penal mencionado en la causa, el delito contempla penas de prisión que pueden variar según las circunstancias y la calificación que finalmente se determine. Además, el caso podría tener consecuencias en materia ambiental: la Ley General del Ambiente N.º 25.675 establece el principio de recomposición del daño cuando se produce una afectación al ambiente.</p><p>De este modo, el proceso judicial deberá establecer tanto las responsabilidades penales que correspondan como las eventuales obligaciones de reparación ambiental.</p>]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/39r9XrZK023Viy3MlOeINdxp2Rw=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2026/10/confirmaron_el_procesamiento_de_cuatro_imputados_por_intervenciones_en_un_humedal_de_victoria.webp" class="type:primaryImage" /></figure>La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná ratificó el procesamiento de cuatro personas vinculadas a Establecimiento Los Laureles SA por presuntas obras que habrían alterado el curso del arroyo Colorado y afectado unas 121 hectáreas de vegetación en el Delta del Paraná. La causa avanza hacia el juicio oral.]]>
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                                <updated>2026-10-10T16:31:06+00:00</updated>
                <published>2026-10-10T16:29:11+00:00</published>
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            General Ramírez: denuncian públicamente al viceintendente Troncoso y piden su renuncia
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        <link rel="alternate" href="https://www.paralelo32.com.ar/general-ramirez-denuncian-publicamente-al-viceintendente-troncoso-y-piden-su-renuncia" type="text/html" title="General Ramírez: denuncian públicamente al viceintendente Troncoso y piden su renuncia" />
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                <![CDATA[Redacción Paralelo 32]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/scn5NAXLjUnz9ECG5DZTZg4055c=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2026/10/carlos_tito_troncoso.webp" class="type:primaryImage" /></figure><p>El viceintendente de General Ramírez, Carlos “Tito” Troncoso, quedó en el centro de una situación que comenzó como un conflicto de pareja y tomó dimensión institucional por el cargo que ocupa dentro del Ejecutivo municipal.</p><p>La situación se hizo pública luego de distintas publicaciones y comentarios en redes sociales. En ese contexto, Eugenia Fugaza, expareja del funcionario, afirmó que se encontraba internada y acusó públicamente a Troncoso de haberla agredido físicamente.</p><p>Las declaraciones fueron realizadas en respuesta a una publicación periodística que inicialmente había difundido una versión sobre una supuesta internación del viceintendente. Esa información fue posteriormente desmentida por el propio Troncoso.</p><p>Fugaza sostuvo públicamente que era ella quien se encontraba internada y atribuyó su situación a una agresión. También calificó a Troncoso como una persona violenta.</p>Troncoso negó haber ejercido violencia<p>Luego de la repercusión que alcanzó el caso, el viceintendente difundió una carta pública en la que reconoció que atraviesa una situación familiar y de pareja compleja, pero negó haber ejercido violencia física contra Fugaza.</p><p>“Estoy bien de salud y no estuve internado. Quien sí se encuentra internada y recibiendo atención profesional es Eugenia, mi expareja”, expresó.</p><p>El funcionario rechazó además que la internación de Fugaza haya sido consecuencia de una agresión física de su parte.</p><p>“Rechazo totalmente que esto haya sido a causa de cualquier hecho de violencia física de mi parte hacia ella. Al respecto vengo haciendo las presentaciones correspondientes y hay un trámite judicial en marcha”, afirmó.</p><p>Troncoso cuestionó también algunas de las versiones que circularon durante los últimos días y señaló que evalúa iniciar acciones legales por la difusión de información que considera falsa o no chequeada.</p><p>El viceintendente sostuvo que el conflicto pertenece al ámbito privado y que no involucró a personal municipal. También afirmó que continúa cumpliendo sus funciones y concurriendo diariamente a trabajar.</p><p>“Hay chicos de por medio y nuestra prioridad, como adultos, es preservarlos”, manifestó.</p><p>Las declaraciones de Fugaza y Troncoso constituyen versiones contrapuestas sobre lo ocurrido. Hasta el momento, no existe una determinación judicial pública que establezca responsabilidades sobre los hechos denunciados.</p>Un pedido de renuncia en el Concejo<p>La situación tuvo además una consecuencia política. El concejal de La Libertad Avanza, César Schanzenbach, presentó un proyecto de resolución en el Concejo Deliberante de General Ramírez para solicitar la renuncia de Troncoso.</p><p>La iniciativa plantea que los hechos denunciados comprometen la idoneidad ética requerida para el ejercicio de una función pública y propone que el cuerpo legislativo exprese su repudio institucional.</p><p>En uno de sus artículos, el proyecto solicita a Troncoso la “renuncia indeclinable” al cargo de viceintendente por una supuesta pérdida de idoneidad moral sobreviniente.</p><p>El concejal también propone que el Ejecutivo municipal, a través de las áreas de Desarrollo Social y Género, garantice asistencia y protección psicológica, médica y legal a las personas afectadas del entorno familiar.</p><p>La presentación de Schanzenbach no implica que el Concejo haya resuelto la renuncia del viceintendente. Se trata de un proyecto que deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente.</p>El escenario institucional<p>Troncoso integra la gestión de la intendenta Flavia Pamberger como vicepresidente municipal de General Ramírez. La situación abre ahora un escenario institucional que deberá seguirse en dos planos: por un lado, el trámite judicial al que hizo referencia el propio funcionario; por otro, el tratamiento político que pueda tener el pedido presentado en el Concejo Deliberante.</p><p>El caso también puso bajo discusión la respuesta que deberá adoptar el gobierno municipal frente a una denuncia pública que involucra a uno de los principales integrantes del Ejecutivo.</p>]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/scn5NAXLjUnz9ECG5DZTZg4055c=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2026/10/carlos_tito_troncoso.webp" class="type:primaryImage" /></figure>Eugenia Fugaza acusó públicamente a su expareja, el viceintendente Carlos “Tito” Troncoso, de haberla agredido físicamente. El funcionario negó haber ejercido violencia y afirmó que existe un trámite judicial en marcha. En paralelo, el concejal de La Libertad Avanza César Schanzenbach presentó un proyecto para solicitar su renuncia.]]>
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                                                <category term="ramirez" label="Ramírez" />
                                <updated>2026-10-07T16:11:54+00:00</updated>
                <published>2026-10-07T16:11:46+00:00</published>
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        <title>
            El Ministerio Público de la Defensa presentó su informe anual en Concordia
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        <link rel="alternate" href="https://www.paralelo32.com.ar/el-ministerio-publico-de-la-defensa-presento-su-informe-anual-en-concordia" type="text/html" title="El Ministerio Público de la Defensa presentó su informe anual en Concordia" />
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                <![CDATA[Redacción Paralelo 32]]>
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                                <content type="html" xml:base="https://www.paralelo32.com.ar/el-ministerio-publico-de-la-defensa-presento-su-informe-anual-en-concordia">
                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/xr50gqXAc_FXsk1ORfF8m0wj5mw=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2026/10/el_ministerio_publico_de_la_defensa_presento_su_informe_anual_en_concordia.webp" class="type:primaryImage" /></figure><p>El defensor general de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, encabezó este viernes en Concordia la reunión anual del Ministerio Público de la Defensa (MPD), encuentro en el que presentó el informe de gestión y los principales lineamientos institucionales del organismo.</p><p>La jornada reunió a integrantes de la Defensa Pública de toda la provincia y contó con la participación de Stella Maris Martínez, ex defensora general de la Nación, quien estuvo a cargo de una conferencia sobre la evolución de la Defensa Pública y su papel en la protección de los derechos humanos dentro del sistema de Justicia.</p><p>También participaron el vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Carlos Federico Tepsich; el presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, Rafael Cotorruelo; el ex defensor general de la provincia, Arsenio Francisco Mendoza; y la vocal del STJ Susana Medina, entre otras autoridades.</p>Los principales temas del informe<p>Durante su exposición, Benítez realizó un repaso de las acciones desarrolladas por el Ministerio Público de la Defensa en distintos puntos de Entre Ríos.</p><p>Entre los temas abordados estuvieron las políticas vinculadas con salud mental, con especial atención a la problemática del suicidio; el Régimen Penal Juvenil; la situación de la adopción y la disminución de inscriptos en el Registro de Adoptantes; y la difusión del dispositivo Referentes de Cuidado y Acompañamiento de Niños, Niñas y Adolescentes.</p><p>También se destacó la expansión del sistema de Entrevistas Testimoniales Videograbadas, que actualmente alcanza a casi todo el territorio provincial y cuenta con el acompañamiento de equipos técnicos interdisciplinarios.</p><p>El informe incluyó además un análisis de la situación carcelaria y del trabajo desarrollado por las defensorías en materia Penal, Civil y de Familia.</p><p>“Tenemos que destacar el esfuerzo que hacen todos los defensores públicos y defensoras públicas para poder darle acceso a justicia a la gente. Es un trabajo cotidiano que no se puede cuantificar y que en épocas de crisis como la actual es cuando más se incrementa”, sostuvo Benítez.</p><p>El defensor general también se refirió a las herramientas creadas para atender cuestiones vinculadas con salud mental. “Nos hicimos cargo de los derechos que se ampliaron y por eso tenemos instituciones como el Órgano de Revisión de Salud Mental y la Unidad de Letrados en Procesos de Salud Mental”, señaló.</p><p>En ese contexto, planteó la necesidad de profundizar el trabajo institucional frente a las tasas de suicidio registradas en Entre Ríos, con especial atención a la población joven.</p>Talleres y capacitación<p>Luego de la presentación del informe se desarrollaron talleres de trabajo sobre distintas áreas de intervención de la Defensa Pública. Los encuentros abordaron cuestiones penales, de familia, niñez y adolescencia, además del funcionamiento de los equipos técnicos interdisciplinarios.</p><p>La actividad fue organizada conjuntamente por el Ministerio Público de la Defensa y la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, en el marco de las obligaciones establecidas por la Ley Orgánica del Ministerio Público N° 10.407.</p><p>El cierre estuvo a cargo de Stella Maris Martínez, quien brindó una conferencia sobre la historia y la actualidad de la Defensa Pública en Argentina y su función como garante del acceso a derechos dentro del sistema de Justicia.</p><p>Entre las autoridades presentes también estuvieron el secretario general de la Asociación de la Magistratura, Germán Dri; los vocales Gaspar Reca y Victoria Federik; la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante de Concordia, Magdalena Reta de Urquiza; y la presidenta de la Sección Concordia del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Graciela Chiappa.</p>]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/xr50gqXAc_FXsk1ORfF8m0wj5mw=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2026/10/el_ministerio_publico_de_la_defensa_presento_su_informe_anual_en_concordia.webp" class="type:primaryImage" /></figure>Maximiliano Benítez encabezó la reunión anual del organismo en Concordia, donde repasó las principales líneas de trabajo en la provincia. Salud mental, régimen penal juvenil, adopciones, situación carcelaria y acceso a la Justicia fueron algunos de los temas abordados.]]>
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                                <updated>2026-10-04T11:15:03+00:00</updated>
                <published>2026-10-04T11:15:00+00:00</published>
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            Urribarri habló de las condiciones de su detención y Bértora respondió que no tiene un régimen especial
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        <author>
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                <![CDATA[Redacción Paralelo 32]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/Ftptai0wrV15A8HaTBMYXLpJ6MM=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2026/09/urribarri_hablo_de_las_condiciones_de_su_detencion_y_bertora_respondio_que_no_tiene_un_regimen_especial.webp" class="type:primaryImage" /></figure><p>El exgobernador Sergio Urribarri, el exministro Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera mantuvieron este jueves su primera audiencia de conocimiento con la jueza de Ejecución de Penas de Paraná, Cecilia Bértora, desde la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú.</p><p>Las entrevistas se realizaron por videoconferencia y tuvieron como objetivo establecer un primer contacto entre la magistrada y los tres condenados, además de conocer aspectos relacionados con su adaptación al régimen penitenciario y las condiciones en las que cumplen sus penas. También participaron la fiscal Fernanda Ruffatti y los defensores Miguel Ángel Cullen, por Urribarri y Aguilera, y José Velázquez, por Báez.</p>Urribarri relató sus primeros días en la cárcel<p>Durante su audiencia, Urribarri puso el foco en las condiciones de alojamiento y en los insultos que, según relató, recibe cuando debe desplazarse por sectores comunes del establecimiento.</p><p>El exgobernador contó que durante su primera semana estuvo alojado en un espacio común junto a otros internos y describió ese período como “siete días horribles”.</p><p>Según relató, posteriormente fue trasladado a otro sector junto a Aguilera. Desde entonces, sostuvo que evita los espacios compartidos por temor a posibles agresiones.</p><p>“No puedo compartir ningún espacio común. A un exgobernador que tomó decisiones que afectaron a familiares o a ellos mismos, no les resulta grato verme”, manifestó.</p><p>También explicó que actualmente su rutina transcurre principalmente dentro del sector donde está alojado. Al mismo tiempo, reconoció la actuación del personal penitenciario después del traslado y señaló que no tenía cuestionamientos contra los agentes. Según expresó, considera que realizaron un esfuerzo para garantizar su seguridad.</p>La jueza: “No es la única persona en esta situación”<p>Ante el planteo, Bértora explicó que las restricciones para circular por determinados sectores por temor a agresiones no son una situación exclusiva de Urribarri.</p><p>“Esto sucede con un porcentaje alto de la población penal: internos que no pueden salir por miedo a ser agredidos o que deben volver al confinamiento”, explicó la magistrada.</p><p>La jueza señaló que corresponde al Servicio Penitenciario evitar el contacto entre personas que mantienen conflictos y sostuvo que situaciones de este tipo también se presentan en otros establecimientos penitenciarios.</p><p>“Entiendo que la privación de la libertad es lo más doloroso para un ser humano, pero quiero decirle que no es la única persona en esta situación”, expresó.</p><p>Urribarri respondió que desconoce las condiciones particulares del resto de los internos y planteó si existe un régimen específico para un exgobernador. “No, la verdad que no”, contestó Bértora, quien explicó que los regímenes penitenciarios se organizan de acuerdo con las características de la población alojada y no contemplan una categoría especial para quienes ocuparon cargos políticos.</p>El sector donde están alojados<p>Los tres condenados fueron trasladados desde la Unidad Penal Nº 1 de Paraná a la UP Nº 9 de Gualeguaychú a comienzos de septiembre. El Servicio Penitenciario dispuso posteriormente su alojamiento en un sector que originalmente había sido destinado al área de Sanidad.</p><p>Actualmente cuentan con 14 habitaciones, cuatro baños —dos fuera de servicio— y climatización centralizada, según la descripción realizada durante la audiencia. El espacio es utilizado exclusivamente por Urribarri, Báez y Aguilera.</p><p>El traslado al sector se produjo luego de que se registraran presiones e insultos por parte de otros internos.</p>La jueza recomendó tratamiento psicológico<p>Durante la entrevista, Bértora también recomendó a Urribarri realizar tratamiento psicológico, sugerencia que extendió a Báez y Aguilera.</p><p>La magistrada explicó que, cuando corresponda analizar eventuales salidas, se tendrán en cuenta distintos aspectos de la evolución de cada condenado durante el cumplimiento de la pena, además de su conducta.</p>Estudios y adaptación al régimen penitenciario<p>La audiencia también permitió conocer aspectos personales y educativos de los tres condenados. Urribarri contó que cursó hasta quinto año de Ciencias Económicas y que abandonó la carrera cuando asumió como intendente de General Campos. Ante la consulta de la jueza, manifestó que actualmente no tiene interés en retomar una propuesta educativa dentro del establecimiento.</p><p>En el caso de Aguilera, en cambio, durante su audiencia manifestó su intención de continuar con sus estudios universitarios y ya inició gestiones con el área de Educación de la unidad para avanzar en esa posibilidad.</p><p>Las audiencias constituyeron el primer contacto formal entre Bértora y los tres condenados desde su traslado a la Unidad Penal Nº 9, dentro del seguimiento judicial de sus respectivas penas.</p>]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/Ftptai0wrV15A8HaTBMYXLpJ6MM=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2026/09/urribarri_hablo_de_las_condiciones_de_su_detencion_y_bertora_respondio_que_no_tiene_un_regimen_especial.webp" class="type:primaryImage" /></figure>El exgobernador describió ante la jueza las dificultades que atraviesa en la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú. La magistrada explicó que situaciones similares alcanzan a otros internos.]]>
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                                <updated>2026-09-25T12:28:45+00:00</updated>
                <published>2026-09-25T12:22:32+00:00</published>
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