El defensor general de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, encabezó este viernes en Concordia la reunión anual del Ministerio Público de la Defensa (MPD), encuentro en el que presentó el informe de gestión y los principales lineamientos institucionales del organismo.

La jornada reunió a integrantes de la Defensa Pública de toda la provincia y contó con la participación de Stella Maris Martínez, ex defensora general de la Nación, quien estuvo a cargo de una conferencia sobre la evolución de la Defensa Pública y su papel en la protección de los derechos humanos dentro del sistema de Justicia.

También participaron el vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Carlos Federico Tepsich; el presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, Rafael Cotorruelo; el ex defensor general de la provincia, Arsenio Francisco Mendoza; y la vocal del STJ Susana Medina, entre otras autoridades.

Durante su exposición, Benítez realizó un repaso de las acciones desarrolladas por el Ministerio Público de la Defensa en distintos puntos de Entre Ríos.

Entre los temas abordados estuvieron las políticas vinculadas con salud mental, con especial atención a la problemática del suicidio; el Régimen Penal Juvenil; la situación de la adopción y la disminución de inscriptos en el Registro de Adoptantes; y la difusión del dispositivo Referentes de Cuidado y Acompañamiento de Niños, Niñas y Adolescentes.

También se destacó la expansión del sistema de Entrevistas Testimoniales Videograbadas, que actualmente alcanza a casi todo el territorio provincial y cuenta con el acompañamiento de equipos técnicos interdisciplinarios.

El informe incluyó además un análisis de la situación carcelaria y del trabajo desarrollado por las defensorías en materia Penal, Civil y de Familia.

“Tenemos que destacar el esfuerzo que hacen todos los defensores públicos y defensoras públicas para poder darle acceso a justicia a la gente. Es un trabajo cotidiano que no se puede cuantificar y que en épocas de crisis como la actual es cuando más se incrementa”, sostuvo Benítez.

El defensor general también se refirió a las herramientas creadas para atender cuestiones vinculadas con salud mental. “Nos hicimos cargo de los derechos que se ampliaron y por eso tenemos instituciones como el Órgano de Revisión de Salud Mental y la Unidad de Letrados en Procesos de Salud Mental”, señaló.

En ese contexto, planteó la necesidad de profundizar el trabajo institucional frente a las tasas de suicidio registradas en Entre Ríos, con especial atención a la población joven.

Luego de la presentación del informe se desarrollaron talleres de trabajo sobre distintas áreas de intervención de la Defensa Pública. Los encuentros abordaron cuestiones penales, de familia, niñez y adolescencia, además del funcionamiento de los equipos técnicos interdisciplinarios.

La actividad fue organizada conjuntamente por el Ministerio Público de la Defensa y la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, en el marco de las obligaciones establecidas por la Ley Orgánica del Ministerio Público N° 10.407.

El cierre estuvo a cargo de Stella Maris Martínez, quien brindó una conferencia sobre la historia y la actualidad de la Defensa Pública en Argentina y su función como garante del acceso a derechos dentro del sistema de Justicia.

Entre las autoridades presentes también estuvieron el secretario general de la Asociación de la Magistratura, Germán Dri; los vocales Gaspar Reca y Victoria Federik; la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante de Concordia, Magdalena Reta de Urquiza; y la presidenta de la Sección Concordia del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Graciela Chiappa.

El exgobernador Sergio Urribarri, el exministro Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera mantuvieron este jueves su primera audiencia de conocimiento con la jueza de Ejecución de Penas de Paraná, Cecilia Bértora, desde la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú.

Las entrevistas se realizaron por videoconferencia y tuvieron como objetivo establecer un primer contacto entre la magistrada y los tres condenados, además de conocer aspectos relacionados con su adaptación al régimen penitenciario y las condiciones en las que cumplen sus penas. También participaron la fiscal Fernanda Ruffatti y los defensores Miguel Ángel Cullen, por Urribarri y Aguilera, y José Velázquez, por Báez.

Durante su audiencia, Urribarri puso el foco en las condiciones de alojamiento y en los insultos que, según relató, recibe cuando debe desplazarse por sectores comunes del establecimiento.

El exgobernador contó que durante su primera semana estuvo alojado en un espacio común junto a otros internos y describió ese período como “siete días horribles”.

Según relató, posteriormente fue trasladado a otro sector junto a Aguilera. Desde entonces, sostuvo que evita los espacios compartidos por temor a posibles agresiones.

“No puedo compartir ningún espacio común. A un exgobernador que tomó decisiones que afectaron a familiares o a ellos mismos, no les resulta grato verme”, manifestó.

También explicó que actualmente su rutina transcurre principalmente dentro del sector donde está alojado. Al mismo tiempo, reconoció la actuación del personal penitenciario después del traslado y señaló que no tenía cuestionamientos contra los agentes. Según expresó, considera que realizaron un esfuerzo para garantizar su seguridad.

Ante el planteo, Bértora explicó que las restricciones para circular por determinados sectores por temor a agresiones no son una situación exclusiva de Urribarri.

“Esto sucede con un porcentaje alto de la población penal: internos que no pueden salir por miedo a ser agredidos o que deben volver al confinamiento”, explicó la magistrada.

La jueza señaló que corresponde al Servicio Penitenciario evitar el contacto entre personas que mantienen conflictos y sostuvo que situaciones de este tipo también se presentan en otros establecimientos penitenciarios.

“Entiendo que la privación de la libertad es lo más doloroso para un ser humano, pero quiero decirle que no es la única persona en esta situación”, expresó.

Urribarri respondió que desconoce las condiciones particulares del resto de los internos y planteó si existe un régimen específico para un exgobernador. “No, la verdad que no”, contestó Bértora, quien explicó que los regímenes penitenciarios se organizan de acuerdo con las características de la población alojada y no contemplan una categoría especial para quienes ocuparon cargos políticos.

Los tres condenados fueron trasladados desde la Unidad Penal Nº 1 de Paraná a la UP Nº 9 de Gualeguaychú a comienzos de septiembre. El Servicio Penitenciario dispuso posteriormente su alojamiento en un sector que originalmente había sido destinado al área de Sanidad.

Actualmente cuentan con 14 habitaciones, cuatro baños —dos fuera de servicio— y climatización centralizada, según la descripción realizada durante la audiencia. El espacio es utilizado exclusivamente por Urribarri, Báez y Aguilera.

El traslado al sector se produjo luego de que se registraran presiones e insultos por parte de otros internos.

Durante la entrevista, Bértora también recomendó a Urribarri realizar tratamiento psicológico, sugerencia que extendió a Báez y Aguilera.

La magistrada explicó que, cuando corresponda analizar eventuales salidas, se tendrán en cuenta distintos aspectos de la evolución de cada condenado durante el cumplimiento de la pena, además de su conducta.

La audiencia también permitió conocer aspectos personales y educativos de los tres condenados. Urribarri contó que cursó hasta quinto año de Ciencias Económicas y que abandonó la carrera cuando asumió como intendente de General Campos. Ante la consulta de la jueza, manifestó que actualmente no tiene interés en retomar una propuesta educativa dentro del establecimiento.

En el caso de Aguilera, en cambio, durante su audiencia manifestó su intención de continuar con sus estudios universitarios y ya inició gestiones con el área de Educación de la unidad para avanzar en esa posibilidad.

Las audiencias constituyeron el primer contacto formal entre Bértora y los tres condenados desde su traslado a la Unidad Penal Nº 9, dentro del seguimiento judicial de sus respectivas penas.

La Justicia de La Paz condenó a un hombre de 37 años, oriundo de Santa Elena, por la explotación de juegos de azar ilegales a través de plataformas de casinos en línea. La pena es de tres años de prisión de ejecución condicional y, según se informó, constituye el primer fallo de este tipo en Entre Ríos.

El Juzgado de Garantías y Transición de La Paz, a cargo del juez Ramón Lell, declaró al acusado autor material y penalmente responsable de la infracción prevista en el artículo 301 bis del Código Penal Argentino.

La sentencia fue firmada el 18 de agosto y establece una pena de tres años de prisión de ejecución condicional por la explotación de juegos de azar sin autorización legal.

El caso adquiere particular relevancia porque se trata, de acuerdo con la información proporcionada, de la primera condena dictada en la provincia por el delito de ofrecer y captar apuestas clandestinas.

Según los fundamentos de la sentencia, el condenado había organizado un sistema destinado a captar apuestas para casinos en línea que no contaban con autorización oficial.

Para llevar adelante la actividad contaba con la colaboración de otras personas que cumplían funciones de "cajeros" y "cajeras". De acuerdo con la resolución judicial, estos intermediarios se encargaban de gestionar los cobros y actuaban como vínculo entre los apostadores y las plataformas digitales.

La Justicia consideró acreditada la existencia de una estructura organizada para desarrollar de manera sistemática la actividad ilegal.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el equipo legal del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas), organismo provincial encargado de la autoridad de aplicación y fiscalización de los juegos de azar en Entre Ríos.

La presentación tuvo como antecedente una publicación del portal La Departamental Noticias, en la que el propio acusado había brindado una entrevista y explicado espontáneamente cómo funcionaba la actividad que desarrollaba.

A partir de esa información se realizaron distintas medidas probatorias, entre ellas peritajes y un allanamiento en el domicilio del involucrado. Esos procedimientos permitieron reunir elementos sobre la infraestructura utilizada para la captación de apuestas no autorizadas.

Uno de los aspectos destacados por el juez Lell fue que el propio imputado había explicado públicamente la estructura mediante la cual se desarrollaba la actividad.

La resolución señala que describió cómo se gestionaban los cobros y cuál era la función de las personas que actuaban como cajeros y cajeras, estableciendo el vínculo entre quienes realizaban las apuestas y las plataformas digitales.

Para el tribunal, esas declaraciones no sólo permitieron establecer su participación en la actividad investigada, sino también identificar los distintos roles dentro de una organización previamente estructurada para explotar el juego clandestino.

El artículo 301 bis del Código Penal Argentino contempla penas de tres a seis años de prisión para quienes exploten, administren u organicen sistemas de juegos de azar sin la autorización legal correspondiente.

En este caso, la Justicia de La Paz aplicó una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, en lo que representa un antecedente inédito en la provincia para este tipo de delito.

La investigación por un robo ocurrido en un comercio de Victoria avanzó este lunes con un procedimiento realizado por la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental.

Según informó la Policía, la medida judicial se concretó alrededor de las 12:00 en una vivienda de calle Bartoloni al 1100, donde fue detenido un hombre de 27 años, señalado como presunto autor material del hecho.

El robo investigado ocurrió en un comercio ubicado en la zona de Vélez Sarsfield y Perú, en Victoria.

El procedimiento había sido autorizado por el Juzgado de Garantías y Transición de Victoria y contemplaba la requisa de la vivienda, el secuestro de elementos considerados de interés para la causa y la detención de una persona vinculada con la investigación.

Los elementos incautados serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar su vinculación con el hecho.

En el operativo también intervino personal de la División Policía Científica, cuyos especialistas realizaron las tareas técnicas en el lugar.

Tras el procedimiento, el joven quedó a disposición de la Fiscalía en turno, mientras continúan las actuaciones judiciales para avanzar en el esclarecimiento del robo.

Crespo.- La Cámara Contencioso Administrativa de Paraná dictó un fallo donde reconoce la antigüedad de una empleada contratada en la planta transitoria de la Municipalidad de Crespo y ordenó al municipio abonar dicho adicional computable desde su ingreso en 2016.

En tanto, el gobierno municipal trabaja en la apelación del fallo, por entender que el tribunal ha interpretado equivocadamente el texto de la ordenanza Nº 2/86 en la cual no está previsto un adicional por antigüedad para los agentes transitorios.

La sentencia contempla el pago de porcentajes mensuales que van del 10% al 42% sobre el sueldo básico, incrementados con los intereses correspondientes a la fecha del dictamen.

El tribunal fundamentó su decisión citando doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos ‘Perramón Dávalos’ y ‘Caeiro’: “La antigüedad en el derecho público computa a distintos fines y de diversos modos. En los casos en que atienda a retribuir experiencia en la función pública encomendada al agente se contabilizan los años de servicio desde su ingreso, más allá de las formas utilizadas por la administración para vincularse.”

La agente ingreso a trabajar en 2016 como contratada y planta transitoria del municipio, encontrándose en la misma categoría desde entonces, demostrándose que durante ese tiempo, todos sus compañeros fueron nombrados como agentes de planta permanente por decreto, discriminándola en esas decisiones, para luego, desde el año 2020 ser víctima de violencia laboral en contexto de genero por el que el municipio fue condenado a reparar los daños causados.

Los abogados patrocinantes de la trabajadora, María de los Ángeles Petit y Matías Llados, manifestaron su conformidad con el reconocimiento de la antigüedad destacando que el adicional por ese rubro debe ser liquidado a todo el personal contratado al que se le realizan los aportes previsionales vigentes; su omisión vulnera derechos salariales y disminuye considerablemente los haberes brutos.

Por otra parte, los abogados confirmaron que apelarán el tramo de la sentencia que rechazó la estabilidad laboral. La defensa sostiene que la medida resulta contradictoria, habiéndose probado en el expediente que la totalidad del personal contratado ingresó a la planta permanente mediante decreto, sin la realización de concursos públicos. Destacan que su representada tiene dos sentencias previas a su favor por violencia laboral en contexto de género, vinculadas a situaciones acontecidas en la anterior gestión y en la actual.

“Confiamos en que la instancia superior revierta la negativa respecto a la estabilidad, garantizando la protección integral de los derechos de la trabajadora”, concluyeron.

Desde la Municipalidad, con el caso en desarrollo, la secretaria de Economía, Hacienda y Producción, Evangelina Schmidt comentó a Paralelo 32: “Respecto al fallo se está trabajando en la apelación, él mismo no cuenta con sentencia firme por el momento”. Consultada sobre el monto a pagar, la funcionaria aclaró: “En esta instancia no hay una cifra definitiva. Por ese motivo, entendemos que sería prematuro hablar de números hasta que haya mayores precisiones sobre la resolución y hasta no tener sentencia firme”.

La agente municipal tiene otro juicio por violencia de género ocurrida en 2020, que en junio pasado tuvo un fallo de la misma cámara, a su favor con una indemnización establecida en 8 millones de pesos, a pagar por la Municipalidad. Sobre este juicio, Schmidt señaló que ese fallo fue apelado, por lo que el caso ahora está en segunda instancia.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a ocho años de prisión contra el exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri, por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, en una causa vinculada con el direccionamiento de contrataciones de publicidad oficial.

El máximo tribunal rechazó por inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa. La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Además de la pena de prisión, la sentencia contempla la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Con el fallo de la Corte, la definición sobre el cumplimiento efectivo de la condena quedó ahora en manos de la Justicia de Entre Ríos.

Antes de que el expediente de la Corte Suprema ingresara formalmente al Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, el abogado de Urribarri, Leopoldo Cappa, presentó un pedido para que el exmandatario no sea trasladado a una unidad penal.

La defensa solicitó que los ocho años de prisión sean cumplidos bajo modalidad domiciliaria, en una vivienda ubicada en calle Néstor Garat, en Concordia.

Como argumento, planteó que Urribarri atraviesa un trastorno de estrés postraumático con síntomas disociativos y que se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico y farmacológico.

Urribarri tiene actualmente 67 años, por lo que, según el planteo presentado, su pedido de prisión domiciliaria no se fundamenta en la edad, sino en su estado de salud y en la supuesta incompatibilidad del encierro carcelario con ese cuadro.

La Fiscalía, por su parte, ya solicitó su detención y traslado a una unidad penal.

La expectativa está puesta en la decisión que adopte el tribunal provincial. Deberá definir si Urribarri regresa a una unidad penitenciaria o cumple la condena en su domicilio de Concordia.

El exgobernador ya había estado detenido durante 50 días, luego de que en noviembre de 2024 la Casación provincial ordenara su prisión preventiva al considerar que existía riesgo de fuga.

En enero de 2025, esa medida fue revocada por la Sala de Feria del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

Urribarri fue condenado el 7 de abril de 2022 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. La sentencia estableció ocho años de prisión por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.

En el mismo proceso fueron condenados el exministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, ambos a seis años de prisión.

La sentencia de primera instancia fue confirmada en 2023 por el Tribunal de Casación de Entre Ríos. Posteriormente, el Superior Tribunal de Justicia provincial rechazó los recursos de las defensas, por lo que el caso llegó finalmente a la Corte Suprema.

La investigación analizó cinco hechos vinculados con el manejo de publicidad y fondos estatales.

Entre ellos se incluyó el otorgamiento de pauta oficial a la empresa Global Means antes de que tuviera existencia efectiva; el manejo durante cinco años del negocio de cartelería oficial mediante las firmas Tep SRL y Next SRL; y la denominada causa del “Sueño Entrerriano”.

También fueron investigados la instalación de un parador en Mar del Plata, cuyo costo fue de $14 millones de aquella época, y el pago a la productora Nelly Entertainment por tres spots relacionados formalmente con la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en 2014.

Según la acusación, las maniobras habrían permitido direccionar contrataciones de publicidad oficial con fines particulares y beneficiado a Aguilera, a quien se señaló como responsable de un esquema de testaferros y cartelización para captar fondos provenientes de la pauta estatal.

Sergio Urribarri gobernó Entre Ríos entre 2007 y 2015. Luego fue legislador provincial y, en 2020, asumió como embajador argentino en Israel.

Renunció a ese cargo en 2022, después de que se conociera la condena dictada por la Justicia entrerriana.

Ahora, tras la decisión de la Corte Suprema que dejó firme la sentencia, el próximo capítulo del caso se definirá en Entre Ríos: la Justicia deberá resolver cómo y dónde cumplirá Urribarri los ocho años de prisión impuestos por la condena.

Victoria.- La Fiscalía de Victoria dio un paso determinante en la causa penal que investiga al exsecretario de Planeamiento de la Municipalidad, Ebenezer García, al resolver la ampliación formal de las imputaciones e incluir, en una medida inédita para los tribunales locales, a dos empresas como personas jurídicas. La resolución alcanza a nuevos involucrados en una trama de presunta corrupción por la provisión de hormigón para obras públicas de la ciudad.

La fiscalía a cargo de Eduardo Guaita confirmó –la semana pasada- que los peritajes informáticos y telefónicos concluidos recientemente permitieron consolidar la hipótesis del presunto delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tipificado en el artículo 265 del Código Penal.

El expediente judicial se inició a partir de una presentación formulada en su momento por los concejales de la oposición Bettina Zabala, Alejandro Rees y Luciana Zorzabal, quienes contaron con el asesoramiento técnico del abogado Rubén Pagliotto. La denuncia cuestionaba una serie de contrataciones directas concretadas a comienzos de 2024, amparadas en la ordenanza de emergencia económica aprobada al inicio de la gestión municipal. Se adquirió cemento procesado a una firma de Nogoyá que estaba relacionada comercialmente a García.

A raíz de las primeras sospechas, la Justicia ordenó allanamientos simultáneos en las sedes comerciales de las firmas involucradas: E&H SRL —propiedad del propio Ebenezer García y su socio Torrigiani- y Hormigonera Nogoyá SRL. En esos procedimientos la policía secuestró tres teléfonos celulares y 11 computadoras de uso empresarial.

También se conoció que el volumen de información que tenían las computadoras fue clave para desentrañar la información que interesaba, pero el procedimiento implicó una demora importante.

Luego de procesar la totalidad de los soportes digitales, en abril de este año la Fiscalía recibió los primeros reportes telefónicos y a fines de julio concluyó el análisis integral del material informático.

En esa línea los elementos que se conocieron fueron determinantes para imputar a García, quien tenía un vínculo muy cercano con la Hormigonera Nogoyá y que su propia firma privada (E&H SRL) habría participado directamente en la provisión de hormigón al municipio, siendo Secretario de Planeamiento.

De acuerdo a la reconstrucción efectuada por los investigadores, se lograron acreditar al menos cuatro operaciones concretadas entre enero y marzo de 2024. Las compras se interrumpieron de manera abrupta en abril de ese año, cuando el Concejo Deliberante aprobó un pedido de informes impulsado por el bloque opositor que expuso las irregularidades.

La principal novedad contenida en la cédula notificada días atrás es la aplicación de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal Jurídica, un marco normativo que permite atribuir responsabilidad penal directa a las sociedades comerciales cuando los actos de sus miembros redundan en un beneficio económico para la entidad. Es un hecho poco conocido de imputación a personas jurídicas

Con los nuevos elementos de prueba, la causa sumó como imputados a Horacio Torrigiani y a un directivo de apellido Noguera, quienes se agregan a la nómina de acusados que desde el inicio integraban García y Saenz. Cada uno de los imputados nominó abogado defensor y en el caso del ex funcionario lo ejerce Oscar Firpo y su hijo Sebastián.

En la siguiente fase procesal, en base a datos recabados por Paralelo32, la Fiscalía citará a prestar declaración testimonial a empleados municipales que trabajaban en la obra de calle Bartoloni (e/Ezpeleta y San Martìn), a dependientes de las firmas comerciales y al funcionario policial que procesó la prueba informática. Tras ello, se fijará la fecha para recibir las declaraciones indagatorias de todos los imputados.

A partir de ahora –en audiencia- la fiscalía expondrá los elementos y pruebas disponibles que lo imputan como responsables de negocios incompatibles con la función pública y, en ese marco, tendrán que brindar las explicaciones.

Priman a esta altura dos alternativas: si los involucrados pueden esclarecer todos los puntos que cuestionan el procedimiento de la compra de cemento, la causa se archiva; por el contrario, si no se logran aclarar los puntos cuestionado se elevará la causa a juicio oral ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay.

La detención del conocido comisario y abogado Daniel Rosatelli generó repercusiones en ámbitos judiciales y policiales de Entre Ríos. El exfuncionario fue detenido el miércoles 19 de agosto en el marco de una investigación federal por narcotráfico y actualmente permanece alojado en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, en un pabellón destinado a policías.

La causa se tramita bajo secreto de sumario, dispuesto por el juez federal Leandro Ríos, por lo que hasta el momento no trascendieron públicamente todos los elementos que fundamentaron la medida.

Según la información difundida por Diario Uno, Rosatelli quedó vinculado a un expediente que se inició el 13 de febrero de 2026, cuando fueron secuestrados 1.345 kilos de marihuana que eran transportados en una camioneta Citroën Jumper, localizada en un camino rural de San Gustavo, departamento La Paz.

En la investigación hay otras seis personas involucradas.

Los abogados que representan a Rosatelli —Miguel Ángel Cullen, Rubén Pagliotto y Damián Petenatti— cuestionaron la acusación y sostienen que el expediente no contiene elementos suficientes para relacionarlo con una organización dedicada al tráfico de drogas.

De acuerdo con lo señalado por la defensa y publicado por Diario Uno, no existirían en la causa registros de comunicaciones, filmaciones ni contactos que vinculen directamente al excomisario con personas relacionadas con el cargamento de marihuana.

“Rosatelli ni siquiera conoce a quien la investigación apunta como quien dirigió ese cargamento”, señalaron sus abogados.

La defensa también cuestionó los informes elaborados por personal policial, a los que calificó de “ridículos y poco serios”, y adelantó que buscará explicar cuál fue la relación de Rosatelli con el vehículo mencionado en la investigación.

El abogado, por su parte, se abstuvo de declarar el jueves 20 de agosto y, según sus representantes, prestará declaración en otra oportunidad.

Además de cuestionar la existencia de pruebas relacionadas con el narcotráfico, los abogados de Rosatelli plantearon otra hipótesis: que la detención podría estar relacionada con una denuncia penal por presuntas irregularidades dentro de la División 911 de la Policía de Entre Ríos.

La defensa sostiene que Rosatelli estaría pagando las consecuencias de esa presentación judicial.

Uno de los abogados que integra su equipo, Rubén Pagliotto, también representa a policías que impulsaron la denuncia contra funcionarios de la División 911.

La presentación judicial apunta, entre otros, contra el jefe de esa división, Juan Manuel Zunino, y menciona a otros oficiales: Alejandro Villarreal, Luján Micheloud, Alexis Minetti y César Gutiérrez.

La denuncia a la que hace referencia la defensa fue presentada por un grupo de policías y plantea presuntas irregularidades vinculadas con el manejo de servicios adicionales y fondos dentro de la División 911.

Según la presentación, los denunciantes sostienen que podría existir un sistema organizado de recaudación ilegal dentro de esa dependencia y eventualmente en otras áreas de la Policía.

La denuncia menciona posibles delitos como peculado, malversación de caudales públicos, exacciones ilegales, abuso de autoridad, coacción, falsedad ideológica y encubrimiento, además de otras figuras que pudieran surgir durante la investigación.

En mayo se había concretado una primera medida de prueba, con el secuestro de documentación física y digital en las oficinas de la División 911, siempre de acuerdo con los antecedentes publicados por el medio citado.

Por el momento, la investigación por narcotráfico continúa bajo secreto de sumario, por lo que no se conocen públicamente todos los elementos reunidos por la Justicia federal ni los fundamentos completos que llevaron a vincular a Rosatelli con el expediente.

La defensa sostiene que la acusación carece de sustento y que la detención responde a una operación vinculada con la denuncia contra integrantes de la estructura policial.

Esa interpretación forma parte de la estrategia de los abogados y no implica que la Justicia haya establecido que la causa sea una represalia. La investigación continúa y será el proceso judicial el que determine la existencia o no de responsabilidades.

Por ahora, Rosatelli permanece detenido mientras avanzan las actuaciones y se aguardan nuevas medidas dentro del expediente federal.

La cuestión merece un análisis sereno, porque confluyen dos bienes jurídicos igualmente importantes: el derecho de las víctimas a denunciar sin miedo y el derecho de toda persona a no ser destruida por una acusación deliberadamente falsa.

En primer lugar, conviene precisar un aspecto. En Argentina ya existe el delito de denuncia falsa. El Código Penal sanciona desde hace décadas a quien acusa falsamente a otra persona de un delito. Lo que propone el proyecto actualmente en debate es agravar las penas cuando la imputación falsa se refiere a delitos especialmente sensibles, como la violencia de género, el abuso sexual o el acoso sexual.

A partir de allí aparecen dos posturas legítimas.

Quienes apoyan la reforma sostienen que una denuncia falsa de esa naturaleza puede destruir una vida. Aunque luego la Justicia absuelva al acusado, muchas veces ya perdió su familia, su trabajo, su prestigio o el vínculo con sus hijos. Solo basta recordar el caso del obstetra Pablo Ghisoni, preso por falsa denuncia de su mujer, quien fue absuelto por la Justicia muchos años después cuando ya lo había perdido todo. Argumentan que el daño social es tan grave que merece una sanción más severa cuando se demuestra que hubo una acusación dolosamente inventada.

Quienes cuestionan el proyecto advierten otro riesgo: que mujeres que realmente sufrieron violencia o abuso teman denunciar por miedo a que, si no logran probar los hechos, terminen siendo investigadas ellas mismas. Señalan que en estos delitos suele haber escasa prueba directa y que una absolución del acusado no implica automáticamente que la denuncia haya sido falsa. Para que exista una falsa denuncia debe acreditarse que la persona sabía que mentía al formular la acusación; ese punto es fundamental.

Desde el punto de vista jurídico existen tres escenarios muy distintos: a) Una denuncia verdadera. b) Una denuncia que no puede probarse por falta de evidencia. c) Una denuncia deliberadamente falsa.

Solo el tercer caso podrá ser castigado con la nueva ley.

También es cierto que durante los últimos años se consolidó un amplio sistema de protección para las víctimas de violencia de género, fruto de leyes como la 26.485 y de políticas públicas destinadas a revertir una problemática históricamente invisibilizada. Esa protección constituye un avance social importante y no debería debilitarse.

Al mismo tiempo, un Estado de Derecho tampoco puede ignorar que existen denuncias maliciosas, y aunque sean minoritarias, cuando ocurren producen daños profundos. La ley debe ser capaz de proteger simultáneamente a la víctima auténtica y al inocente acusado.

Con las garantías constitucionales vigentes en nuestro país, la protección de las víctimas y las garantías del acusado no son objetivos incompatibles, sino complementarios. Una justicia que castiga la violencia, pero también sanciona el uso fraudulento de sus propios mecanismos, fortalece la confianza pública en lugar de debilitarla, por lo que nadie debería temerle, porque solo hará debida justicia con aquellas personas que abusen de la ley existente denunciando falsamente por venganzas, rencores u otras motivaciones ocultas.

El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná analiza los acuerdos de juicio abreviado alcanzados con seis de los acusados en la causa por el millonario fraude contra la ex Dirección General de Rentas (DGR), posteriormente Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).

El vocal Alejandro Grippo deberá resolver en los próximos días si homologa los acuerdos presentados por la Fiscalía. Según lo expuesto durante la audiencia, los imputados reconocieron haber integrado la maniobra mediante la cual se habrían sustraído fondos públicos entre 2004 y 2014.

La investigación se inició hace 12 años y llegó a involucrar originalmente a unos 180 imputados, aunque con el avance del expediente la cantidad de personas que podrían llegar a juicio oral se redujo considerablemente.

Los fiscales Álvaro Piérola y Patricia Yedro informaron al juez los alcances de los acuerdos alcanzados con los acusados.

En caso de ser homologados, la Provincia percibirá $100.200.000 en concepto de multas, que serán abonados en 10 cuotas consecutivas.

La presentación contó además con la participación de los representantes de la Fiscalía de Estado, Gustavo Acosta y Tulio Kamlofky.

La causa investiga una maniobra que habría permitido beneficiar a grandes contribuyentes que mantenían deudas con el Estado provincial. Para ello, se habrían registrado compensaciones impositivas inexistentes mediante modificaciones en el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Los acuerdos presentados contemplan diferentes penas, multas e inhabilitaciones de acuerdo con la participación atribuida a cada imputado.

La exjefa del Departamento Despacho, de 77 años, acordó una pena de tres años de prisión condicional, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de $30 millones.

También deberá realizar 96 horas anuales de tareas comunitarias, de acuerdo con las pautas que establezca la Oficina de Medios Alternativos (OMA).

El exjefe de Mesa de Entradas, de 62 años, acordó tres años de prisión condicional, inhabilitación perpetua y una multa de $20 millones.

Además, deberá cumplir con 96 horas anuales de tareas comunitarias.

El exdirector del Interior y exjefe de la Representación Territorial en San Salvador, de 61 años, acordó tres años de prisión condicional, una multa de $30 millones y 96 horas anuales de tareas comunitarias.

Fue defendido por el abogado José Ostolazza.

El extesorero de la Provincia, de 62 años, acordó dos años de prisión condicional, inhabilitación perpetua y una multa de $10 millones.

Martínez de Yankelevich, Gaggión y Gioria fueron defendidos por Miguel Cullen.

El contador público de Concordia, de 81 años, acordó tres años de prisión condicional, inhabilitación perpetua y una multa de $10 millones.

Por su edad, quedó exceptuado de las pautas de conducta habituales. En su lugar, deberá realizar un aporte de $40.000 mensuales durante 36 meses a una institución de bien público.

Fue patrocinado por Eduardo Martínez.

El contador público, de 72 años, acordó tres años de prisión condicional, pena que se unifica de manera comprensiva con una condena anterior por estafa dictada en Concordia en 2014.

También deberá pagar una multa de $200.000 y cumplir reglas de conducta durante 24 meses.

La causa tubo además una instancia clave el viernes 7 de agosto, cuando el juez Grippo encabezó nuevas audiencias vinculadas con la situación de otros acusados.

Entre ellos se encuentran Jorge Martín Zuttión, exdirector de Impuestos y actual auditor del Tribunal de Cuentas, y Luis Alfredo Speroni, integrante de un estudio contable.

Ambos se encaminaban originalmente hacia un juicio oral, pero solicitaron acceder a la suspensión del juicio a prueba, conocida como probation.

La situación de Zuttión genera especial expectativa porque, de acuerdo con la acusación, los hechos que se le atribuyen habrían sido cometidos mientras se desempeñaba como funcionario público. Esa condición podría impedirle acceder al beneficio.

La postura que adopten los fiscales y la posterior resolución del juez Grippo serán determinantes para definir si ambos casos quedan fuera del debate oral.

Previamente, el Tribunal realizó una audiencia de visu con los contribuyentes Javier David Kolln, Diego Raúl García, Marta Delfina Ponce y Javier Ramírez.

Para acceder a la probation deberán acreditar el pago actualizado de los impuestos adeudados y de la multa fijada por la Provincia.

Uno de los datos que dimensiona la extensión de la investigación es la evolución de la causa.

El expediente comenzó con alrededor de 180 imputados y, a más de una década de iniciada la investigación, la nómina se redujo significativamente.

La mayoría de los contribuyentes involucrados habría regularizado sus deudas para evitar la continuidad del proceso penal. Al mismo tiempo, los exempleados públicos que permanecen vinculados a la causa fueron reduciendo su número a partir de los distintos acuerdos y planteos procesales.

Por el momento, quienes aparecen confirmados para afrontar un juicio oral y público son dos exempleados de menor jerarquía: Fabrizio Abrahan Carmelo Dayub y Daniela Romina María Miño.

Exagente técnico-administrativo de Mesa de Entradas, está imputado como coautor de defraudación a la Administración Pública y cohecho pasivo reiterados.

Es defendido por los abogados Iván Vernengo y Damián Pettenati.

Exagente y actual jefa de la División Despacho, declaró durante la investigación que habría actuado siguiendo órdenes de sus superiores.

Está imputada por defraudación a la Administración Pública y cohecho pasivo reiterados y es patrocinada por Tomás Virgala.

El mecanismo investigado se habría basado en la alteración del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

A través de la carga de compensaciones impositivas falsas, se habrían cancelado o reducido deudas que determinados contribuyentes mantenían con el Estado provincial, generando un perjuicio económico para las arcas públicas.

La investigación busca determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados y establecer el alcance económico total de la maniobra.

Ahora, con los acuerdos de juicio abreviado ya presentados, la decisión de Alejandro Grippo sobre su homologación será uno de los próximos pasos centrales de una causa que lleva más de una década en los tribunales entrerrianos.

La Justicia de Entre Ríos suspendió de manera provisoria la implementación del nuevo sistema provincial de desayunos y meriendas escolares impulsado por el Gobierno provincial. La decisión fue adoptada por el vocal de Juicio y Apelaciones, Juan Malvasio, al hacer lugar a una medida cautelar solicitada en el marco de un amparo colectivo presentado por AGMER, la Fundación CAUCE y un grupo de padres y madres de alumnos de escuelas públicas.

La resolución ordena que, hasta que exista una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión, la Provincia se abstenga de distribuir alimentos que contengan uno o más sellos de advertencia nutricional o leyendas precautorias en los establecimientos educativos dependientes del Consejo General de Educación (CGE).

El recurso de amparo fue presentado el pasado 31 de julio por los abogados Rubén Pagliotto y Aldana Sasia, en representación de las familias; Verónica Fischbach, por AGMER; y Valeria Enderle, por Fundación CAUCE.

Los demandantes cuestionan el nuevo sistema de provisión de desayunos y meriendas adjudicado a la empresa Teknofood, que reemplazaría el mecanismo mediante el cual las escuelas adquirían los alimentos a través de la tarjeta Sidecreer.

Según sostienen, el nuevo esquema incorpora alimentos ultraprocesados con sellos de advertencia, en presunto incumplimiento de la Ley Nacional de Promoción de la Alimentación Saludable (Ley de Etiquetado Frontal).

Además, advirtieron sobre el impacto que estos productos podrían tener en la salud de niños y adolescentes, especialmente en una población vulnerable que asiste diariamente a los comedores escolares.

En su resolución, Malvasio aclaró que el amparo no analizará en esta instancia el procedimiento licitatorio ni la legalidad de la contratación, sino exclusivamente los aspectos vinculados con la protección del derecho a una alimentación saludable.

Por ese motivo, dispuso que la Provincia:

Asimismo, el magistrado dio intervención al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público Pupilar, y requirió al Gobierno provincial la documentación administrativa y los informes técnicos que fundamentaron la adquisición de los productos.

La Provincia tiene plazo hasta este viernes para contestar la demanda y remitir toda la información solicitada.

Horas después de conocerse la resolución judicial, el Gobierno de Entre Ríos informó que apelará la medida cautelar y defendió la legalidad del nuevo sistema de provisión alimentaria.

Desde la Fiscalía de Estado remarcaron que la resolución dictada por el juez Malvasio tiene carácter provisorio y no constituye una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad o legalidad del programa.

En ese sentido, señalaron que la cuestión de fondo será debatida durante el desarrollo del proceso judicial.

El Ejecutivo provincial también llevó tranquilidad a las comunidades educativas al confirmar que la prestación alimentaria no sufrirá interrupciones.

Recordó que desde el inicio de la implementación del nuevo esquema se había dispuesto que los directores de las escuelas continuaran utilizando el sistema anterior hasta que la nueva modalidad estuviera completamente operativa.

Por esa razón, sostuvieron que la medida cautelar "no modifica la continuidad del servicio ni el normal funcionamiento de los establecimientos educativos".

Desde el Gobierno provincial indicaron que el nuevo esquema forma parte de una política destinada a transparentar la administración de los recursos públicos y mejorar los mecanismos de compra y distribución de alimentos para los comedores escolares.

En ese marco, afirmaron que el sistema busca dejar atrás modalidades de contratación que durante años fueron cuestionadas por presuntas irregularidades.

Finalmente, la Provincia ratificó que defenderá judicialmente el programa, al considerar que la modernización de las compras públicas, la eficiencia en el uso de los recursos y la transparencia constituyen objetivos centrales de la gestión.

Mientras el Gobierno prepara la apelación y presenta su contestación a la demanda, el expediente continuará su trámite en la Justicia entrerriana.

La resolución cautelar permanecerá vigente hasta que el juez dicte una sentencia definitiva o disponga su modificación, por lo que, al menos por el momento, el nuevo sistema de desayunos y meriendas escolares permanecerá suspendido.

Victoria.- La situación del ex Frigorífico Guillermo Huarte volvió a quedar en el centro de la escena tras una serie de presentaciones judiciales y denuncias cruzadas entre quienes reclaman derechos sobre la empresa.

La planta, considerada en su momento una de las más modernas de la región, comenzó a construirse en Victoria luego de que el empresario Luis Guillermo Huarte gestionara la cesión de un predio municipal. El proyecto contemplaba la faena de bovinos y porcinos para abastecer el mercado interno y eventualmente exportar carne.

Con el paso de los años, la firma atravesó distintos cambios societarios. Tras el fallecimiento de Huarte, la conducción quedó vinculada a Estela Mari Gallo, quien adquirió el paquete accionario mayoritario de la empresa.

El nombre de Gallo apareció posteriormente en una causa judicial de alto impacto vinculada al denominado "Clan Loza", una organización investigada por lavado de activos provenientes del narcotráfico.

En 2023, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó condenas contra varios integrantes de la estructura, entre ellos Estela Mari Gallo, como resultado de una investigación por maniobras para introducir en la economía formal fondos provenientes del tráfico internacional de drogas. Inclusive a través de una empresa que manejaba esta persona se había adquirido el paquete accionario a Huarte.

Según la investigación judicial, parte de esas operaciones se habrían realizado mediante distintas empresas utilizadas para dar apariencia lícita a los fondos, según publicación de Infobae, Fiscales.gob.ar, y La Capital de Mar del Plata

En los últimos días, el ganadero Marcelo Bosio, accionista minoritario de la firma, difundió un comunicado en el que advirtió sobre presuntas irregularidades relacionadas con el patrimonio del establecimiento.

Bosio sostuvo que existe una disputa judicial en curso y afirmó que cualquier traslado, venta o desarme de bienes pertenecientes a la planta podría derivar en denuncias penales. Además, cuestionó la legitimidad de quienes actualmente estarían tomando decisiones dentro de la empresa.

Las acusaciones fueron formuladas públicamente por Bosio y deberán ser determinadas por la Justicia competente. El empresario lucha actualmente para que las acciones de la firma sean vendidas a una empresa interesada en su adquisición, de mucho prestigio y solidez económica, tratando de evitar que Gallo entregue el negocio a una firma recién constituida, sin experiencia en el rubro y sin garantías de solidez financiera.

El administrador que estaba al frente de la concesión, Ramón Juárez, falleció el mes pasado y a partir de ese momento se profundizo el conflicto con los obreros y uno de los socios inició una demanda judicial.

La expectativa de los distintos sectores involucrados es que la Justicia avance en el esclarecimiento de la situación para determinar responsabilidades y definir el futuro de un establecimiento que durante años fue considerado uno de los proyectos industriales más importantes de Victoria.

En medio de todo esto quedan los empleados, con el serio riesgo de perder su fuente de trabajo.

En el año 2009, durante la gestión de Cesar Garcilazo, se presentó un empresario ante las autoridades municipales solicitando la cesión de un predio donde pensaba construir un frigorífico. El proyecto contemplaba faenar bovinos y cerdos, destinado en  principio al mercado interno, pero con la posibilidad de cumplir con las exigencias del SENASA para exportar carne.

¿Quien era este personaje? Se trató de Luis Guillermo Huarte quien aducía tener muchos años de experiencia en el mercado de la carne, pero al momento de presentar los papeles se generaron incógnitas. Veamos los datos: para AFIP esta persona era monotributista, categoría K, cuya facturación anual, tenía un tope de hasta 94 mil pesos”.

Aunque conformó una sociedad anónima con un capital inicial de 12 mil pesos, el empresario Guillermo Huarte tenía proyectada la construcción de un frigorífico en Victoria, cuya inversión rondaría 2,3 millones de dólares.

Para dar forma a la sociedad anónima, el aporte minoritario lo hizo Marcelo Bossio un productor agropecuario y empresario titular de un feet lot de  miles de cabeza que pasaba a ser una pata importante de la firma Huarte, con años en la comercialización de carne y otro que podría aportar la hacienda destinada a faena inmediatamente.

Pero a pesar de los aportes de ambos socios el frigorífico quedó a medio terminar y hacía falta capital para continuar. Huarte, según datos recabados, tenía contacto con personas que podrían aportar lo que faltaba para terminar la planta. Ahí aparece Estela Mari Gallo que, con un pasado ligado al narcotráfico y blanqueo de dinero, le compra las acciones a Huarte en el marco de una sociedad anónima, sin cumplir mínimamente con lo que establece la legislación para este tipo de transacciones para transferir paquetes accionarios de una SA. Gracias al “oxigeno” de la nueva propietaria, ésta se convierte en la socia mayoritaria pero ante un desconocimiento de Bosio, que realizó oportunamente presentaciones judiciales por esta situación, por cuanto el nuevo aporte de capital licuaba sus acciones reduciéndolas del 49% al 0,6%.

Finalmente el frigorífico se terminó, es uno de los más modernos de la provincia con capacidad para faenar miles de cabezas por día, además de cerdos, con una planta de personal que oscila entre los 60 y 80 en promedio.

A partir de ahí se iniciaron los conflictos, tuvieron que tercerizar la explotación con personas que no cumplieron, muere Huarte, que solo había quedado como administrador y se desencadena una trama jurídica intrincada, sin solución hasta la fecha.

Todo indicaba que detrás de toda esta inversión había cuestiones desconocidas que varios años después salen a la luz.

el martes está programada una reunión Bossio y Gallo con abogados de ambas partes para destrabar el conflicto la planta al 12 de julio tiene un atraso de 3 a 4 quincenas con el personal y la semana pasada ENERSA le cortó el suministro eléctrico, estaban en negociaciones para poder resolver el tema. La propuesta de Bossio es alquilar la planta a empresas con respaldo y trayectoria con las que tiene contacto, respectar los porcentajes societarios y hacerse cargo de la administración.

Una investigación encabezada por la Justicia de Entre Ríos permitió avanzar sobre una presunta organización dedicada a cometer estafas telefónicas contra adultos mayores en Crespo y Paraná. Como resultado, se realizaron dos allanamientos en la ciudad de Resistencia (Chaco), donde fueron secuestrados dinero en efectivo, dólares, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa.

Si bien el operativo representó un importante avance en la investigación, el principal sospechoso logró escapar y continúa con pedido de captura a nivel nacional.

La causa se inició a partir de denuncias radicadas por víctimas de Paraná y Crespo, quienes fueron engañadas mediante una modalidad conocida como el "cuento del familiar".

Según la investigación, los delincuentes se comunicaban telefónicamente haciéndose pasar por hijos u otros familiares cercanos y, bajo distintos pretextos, convencían a las víctimas de entregar sus ahorros a un supuesto empleado bancario.

Los investigadores sostienen que la organización elegía principalmente a personas de edad avanzada, aprovechando su vulnerabilidad.

Uno de los hechos investigados ocurrió en Paraná y tuvo como víctima a una mujer de 92 años.

De acuerdo con la causa judicial, un estafador se hizo pasar por su hijo y le aseguró que existía una supuesta disposición nacional por la cual los billetes en circulación perderían validez y debían ser reemplazados.

Con ese engaño, logró convencerla de entregar sus ahorros en dólares y joyas a un hombre que se presentó en su domicilio simulando ser un empleado bancario.

En otro de los casos investigados, una persona de Crespo fue víctima de una maniobra similar y perdió cerca de 10 millones de pesos.

La pesquisa fue dirigida por la fiscal Sofía Patat, quien coordinó un trabajo que incluyó el análisis de imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas.

Ese relevamiento permitió identificar el vehículo utilizado por los sospechosos para retirar el dinero y establecer que uno de los principales investigados tenía domicilio en la provincia del Chaco.

Con esa información, la Justicia entrerriana solicitó exhortos que derivaron en allanamientos simultáneos en viviendas ubicadas en los barrios Carpincho Macho y Villa Río Negro, en la ciudad de Resistencia.

Durante uno de los procedimientos, realizado en una vivienda vinculada a familiares del principal acusado, los efectivos secuestraron:

Los elementos serán analizados como parte de la investigación que busca reconstruir el funcionamiento de la organización.

Pese a los resultados de los allanamientos, el hombre señalado como presunto líder de la banda no fue localizado.

Sobre él pesa una orden de captura nacional, mientras que la Justicia también ordenó el secuestro del vehículo identificado en las filmaciones obtenidas durante la investigación.

La ciudad de Concordia será escenario de las II Jornadas Internacionales de Derecho de Familia y de la Niñez, un encuentro académico que reunirá a juristas, magistrados, docentes e investigadores de distintos países de Latinoamérica para analizar los principales desafíos que enfrenta el derecho de familia en la actualidad.

La actividad se desarrollará los días 6, 7 y 8 de agosto en el Centro de Convenciones de Concordia, organizada por el Colegio de la Abogacía Sección Concordia, en el marco del 70° aniversario del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos.

El programa reunirá a expositores de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, México, Costa Rica y Guatemala, quienes abordarán temas vinculados con la protección integral de niños, niñas y adolescentes, la parentalidad, la adopción, la restitución internacional, la violencia digital, el acceso a la Justicia y las nuevas problemáticas familiares.

Las jornadas se desarrollarán mediante paneles temáticos que combinarán enfoques jurídicos, sociales e interdisciplinarios, con la participación presencial de los asistentes y exposiciones internacionales a través de videoconferencia.

Durante las tres jornadas se analizarán cuestiones de fuerte actualidad para el ámbito judicial y profesional, entre ellas:

La propuesta está dirigida a abogados, magistrados, funcionarios judiciales, integrantes de equipos interdisciplinarios y estudiantes avanzados, quienes podrán acceder a un espacio de actualización académica sobre las principales transformaciones que atraviesa el derecho de familia en América Latina.

Los organizadores informaron que los asistentes recibirán certificados de participación y que los cupos son limitados.

Las II Jornadas Internacionales de Derecho de Familia y de la Niñez se realizarán en modalidad presencial, con participación virtual de los disertantes internacionales mediante la plataforma Zoom.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse a través del formulario habilitado por la organización a través de este link: https://forms.gle/X1oFthEXtsFVEu54A

El encuentro busca consolidarse como uno de los espacios de referencia para el intercambio de experiencias y el análisis de los desafíos jurídicos que plantean la protección de la infancia, la adolescencia y las nuevas configuraciones familiares en la región.

Nogoyá.– Seis años después de aquella denuncia presentada en medio de la pandemia, y tras un proceso judicial marcado por idas y vueltas, anulaciones y demoras, César Roberto Cepeda fue declarado culpable. El veredicto del jurado popular se conoció durante la noche del martes 30 de junio, en la sede del Colegio de la Abogacía de Nogoyá: culpable de los delitos de abuso sexual simple y abuso sexual gravemente ultrajante contra dos menores, sus sobrinas políticas, que tenían tres y seis años cuando ocurrieron los hechos.

El juicio había comenzado el martes 23 de junio, con el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, Darío Tórtul, como juez técnico. La acusación pública estuvo a cargo del fiscal Fernando Martínez, mientras que la defensa del imputado fue ejercida por el abogado Walter Martínez. Los fiscales de la Unidad Fiscal de Nogoyá, Maite Burruchaga y Rodrigo Molina, junto al querellante particular Mariano Navarro, habían solicitado una pena de 19 años de prisión para Cepeda. La condena efectiva se conocerá el próximo 23 de julio.

Los hechos por los que fue juzgado Cepeda ocurrieron en Lucas González durante el aislamiento obligatorio dispuesto por la pandemia de Covid-19. La madre de las dos niñas las dejaba al cuidado de su hermana y de Cepeda —pareja de esa hermana— mientras cumplía con su horario laboral. Según la imputación fiscal, el acusado se valió de esa relación de confianza y del rol que ocupaba respecto de las menores para cometer los abusos de manera reiterada.

La denuncia fue presentada en 2020 por los padres de las niñas. Desde entonces, la causa transitó un camino sinuoso: en septiembre de 2022, el entonces juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta, remitió el caso a juicio oral, decisión que fue ratificada por el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú, Mauricio Derudi. Sin embargo, la defensa de Cepeda impugnó esa resolución ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, que en febrero de 2024 anuló la audiencia y ordenó retrotraer las actuaciones para encauzar el proceso a través del sistema de juicio por jurados.

Fue la jueza subrogante de Garantías de Nogoyá, María Gabriela Tepsich, quien finalmente no hizo lugar a los planteos de la defensa y remitió la causa al jurado popular, a fines de octubre de 2025.

Pero el juicio no estuvo exento de episodios un tanto extraños. Antes del inicio de las audiencias, se detectaron intentos de contacto por parte de allegados al imputado hacia miembros del jurado popular, una situación que derivó en la solicitud de prisión preventiva para Cepeda —quien hasta ese momento se encontraba en libertad— y que podría desembocar en una investigación penal separada.

El fiscal Fernando Martínez describió el episodio como algo sin antecedentes en su trayectoria. "La verdad que nunca ha pasado algo así, al menos que yo conozca", afirmó, y explicó el marco legal: "Está previsto en la Ley de Juicios por Jurados la imposibilidad que tenemos las partes de acercarnos y de tratar de contactar por cualquier medio a cualquiera de los miembros del jurado. El jurado es sagrado. Se cuida esa imparcialidad del jurado".

Según relató el fiscal, fueron dos integrantes del jurado quienes, de manera espontánea, informaron haber vivido situaciones anómalas antes del comienzo de las audiencias. Eso motivó una consulta al resto del cuerpo, que permitió establecer que había tres situaciones similares más que no habían sido reportadas. En total, cinco miembros del jurado habían recibido intentos de contacto por parte de personas identificadas como familiares muy cercanos a Cepeda.

El fiscal agregó que la "extraña coincidencia" de que los intentos de comunicación comenzaran a pocos días de haberse constituido el jurado popular, fue parte de su alegato en la audiencia en la que se ordenó la prisión preventiva de Cepeda. La investigación de esos contactos quedará a cargo de la fiscal Sofía Pittaluga, quien deberá determinar si los hechos ameritan una causa penal independiente.

Durante todos esos años de proceso judicial, el padre de las niñas no guardó silencio. Corredor de ultramaratón, convirtió cada competencia en una herramienta de visibilización: en cada carrera desplegó una bandera con la leyenda "Los niños no mienten", consigna que se transformó en símbolo de su lucha. Organizó carreras de concientización en Lucas González y completó una ultramaratón que unió las localidades de Ramírez y Lucas González bajo esa misma bandera. El martes a la noche, el veredicto del jurado le dio la razón.

Según informó la Jefatura Departamental Diamante, personal policial que se encontraba afectado a un operativo fue alertado sobre la presencia de una persona herida en la intersección de Belgrano y Dr. Materi.

Al llegar al lugar, los efectivos solicitaron de inmediato la intervención del servicio de emergencias, que trasladó al herido al Hospital San José. Sin embargo, pese a la asistencia médica recibida, se constató su fallecimiento poco después de su ingreso al nosocomio.

Desde la fuerza policial se indicó que, en un primer análisis, la muerte estaría relacionada con una lesión provocada por un arma blanca, aunque será la investigación judicial la que determine las causas del deceso.

La División Investigaciones inició las tareas tendientes a esclarecer lo ocurrido, bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal de Diamante.

Como parte de las medidas dispuestas por la Fiscalía, se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense de Oro Verde, donde se realizará la correspondiente autopsia para establecer con precisión la causa de la muerte.

Nogoyá.- No ha sido una semana fácil en materia informativa por los desenlaces inesperados que hubo en torno a una protesta realizada el pasado lunes en Plaza Libertad.

Amigas y familiares de la víctima del caso de abuso sexual y privación ilegítima de la libertad, ocurrido en la madrugada del pasado 27 de junio contra una joven de 19 años, organizaron una marcha que tuvo como punto de concentración la plaza principal.

Allí se confeccionó un petitorio que fue entregado al Juzgado de Transición y Garantías, exigiendo que no se dilaten los tiempos de la causa. Hasta ese momento no había más información que el pedido de justicia de una madre, amigas de la víctima y un importante número de vecinos, para que llegue pronto la condena a los culpables del abuso sexual cometido a manos de tres masculinos, (dos mayores y un menor de edad) que se encuentran detenidos en prisión preventiva.

En la movilización se convocó a quienes deseen contar situaciones de abuso, podían hacerlo de forma anónima en un papel y también quedó a criterio de quienes escriban esa experiencia, poner el nombre del abusador. Fue así que hubo una decena de relatos breves donde en su mayoría se puso el nombre de quien cometió los abusos.

Entre esos nombres, apareció el de Ricardo Ruiz Diaz. Es el nombre a destacar porque Ricardo, el día martes por la mañana se quitó la vida, presuntamente al conocer que su nombre aparecía en el escrache realizado el día anterior en la plaza principal del pueblo. La investigación que inició Paralelo32, confirma que Ricardo no tenía denuncia alguna por abuso.

El abuso se visibilizó por parte de la víctima en una movilización popular pero no en la justicia. Una vez más, la condena social demuestra tener mucho más peso que una condena judicial, como ha pasado con otros casos, pero aquí la situación es distinta, porque se está hablando de abusos contra la integridad sexual. No es un robo, no es un accidente. Detrás hay víctimas que por años han guardado esas horribles experiencias y hoy la sororidad las lleva a visibilizar lo sufrido y sacarse de encima una mochila que por miedo antes no hacían.

Como sociedad, atravesamos hoy un punto de inflexión donde las generaciones actuales no permiten naturalizar absolutamente nada. Y está bien. Lo que está mal, está mal y hay que exponerlo. No existe más lugar para las frases simples o atenuantes, tales como: “no digas nada, por respeto a tu familia”, “quédate callada porque va a ser peor”, “tampoco es para tanto”.

Hoy en una comunidad pequeña como Nogoyá somos testigos de una valentía de víctimas sin precedentes y al ser una ciudad chica, lo vuelve aún más valeroso para quienes deciden dar el paso de contar sus experiencias pasadas y como han sabido convivir con ese peso durante años. Además, esas mujeres deben tomar el doble coraje de salir a su vida cotidiana siendo señaladas, o reconocidas como víctimas.

Claro está que en medio de este valiente accionar, las consecuencias sacuden y conmueven. Algunas voces definen al caso del reciente abuso sexual como la gota que rebalsó el vaso, sacó a muchas mujeres de su silencio y están dispuestas a visibilizar las numerosas situaciones que sufren por parte de hombres y muchas veces de su propio entorno familiar.

Surgen interrogantes también. Hoy tenemos al menos diez delitos expuestos públicamente pero ninguna denuncia. En este caso la justicia no puede actuar de oficio, pero si puede accionar al recibir las denuncias tanto de las víctimas como de los acusados, porque estos también pueden denunciar un perjuicio hacia su persona y solicitar que se ratifique o rectifique lo denunciado en los escraches.

En los tribunales, la causa del reciente abuso sexual marcha a buen ritmo según confirmaron fuentes judiciales a Paralelo32. Se actuó rápidamente apenas recibida la denuncia y se logró poner en prisión a los tres acusados. Incluso a un menor de edad que planta un precedente en la provincia. Es el único menor detenido por un delito de abuso sexual en Entre Ríos. La mayoría queda en libertad, pero supeditados a la causa.

En medio de esto, se quita la vida Ricardo Ruiz Díaz. Sus familiares y allegados repudiaron el accionar de la autora del escrache. Su hermana, dio a conocer unas palabras donde menciona: “digan lo que quieran, para nosotros siempre serás el negro de la sonrisa brillante el que nos enseñó los valores de la vida; fuiste juzgado por una persona cobarde, porque si fue así ¿por qué no hicieron la denuncia correspondiente, por qué no hicieron las cosas como debían hacer? No vengan con que (fue) por no hacerle mal a nuestra madre, porque en esa marcha no pensaron en eso, porque no hicieron las cosas como se deben. Decir que eras enfermo no es ninguna excusa, eso no es verdad. Doce hermanos dormíamos en la misma cama cuando éramos chicos y jamás nos tocó jamás nos hizo daño y ahora me vienen a hablar de un enfermo. Enferma es la persona que te escrachó y no dio la cara ante la justicia, pero hay un Dios y esto no va a quedar así”.

A dos semanas del abuso, queda claro que hay un hartazgo en la sociedad, que no es opción guardar silencio, también queda expuesto cierto descreimiento hacia la justicia ordinaria y se apuesta a la condena social en vez de esperar el lento curso de un expediente judicial. Que si bien cumple con sus procesos correspondientes, se choca con la realidad que atravesamos.

Muchos órganos de estado regulan su funcionamiento con reglamentos y leyes del siglo pasado. Hoy, las redes sociales y la necesidad de respuestas inmediatas en cualquier orden de la vida, nos generan cierto grado de ansiedad que nos hace intolerantes a cualquier organismo con sus debidos pasos procesales, que también incluyen demoras provocadas por las apelaciones de los acusados, mientras el que espera justicia quizás ignora sus formas y capacidad de respuesta.

La valentía y la necesidad de escucha, van relegando a las instituciones y su manera de funcionar. Transitamos tiempos de vaivenes donde la acción espontanea parece superar a la justicia ordinaria y toma partido la justicia por mano propia. El peligroso juego del ojo por ojo, donde puede quedar ciego el mundo. 

Al referirse al caso, el mandatario señaló que la causa investiga el otorgamiento de préstamos falsos destinados a emprendedores que, según la investigación judicial, terminaban en manos de funcionarios. "La Justicia tiene la obligación de investigar. No estoy dispuesto a judicializar la política, como tampoco politizo la Justicia. Exijo que la Justicia se ocupe y llegue hasta las últimas circunstancias", sostuvo.

Frigerio remarcó que el objetivo principal debe ser reparar el daño causado a la sociedad. "La mayor reparación para los entrerrianos no es solo que haya condenas, sino que se recuperen los fondos públicos que les fueron robados. La Justicia se tiene que ocupar de encontrar esa plata que se robaron", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que esos recursos pertenecen a todos los entrerrianos y deben volver al Estado para transformarse en obras, servicios y políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la población.

El gobernador consideró además que la investigación debe permitir reconstruir el recorrido de los fondos públicos y esclarecer el alcance completo de la maniobra.

"No sé quién es responsable, hasta qué instancia de Gobierno hay responsabilidades en este como en todos los casos de corrupción que han salido a la luz de esos años, pero claramente hay una responsabilidad política, no se pueden hacer los sonsos", expresó.

Finalmente, Frigerio insistió en que los entrerrianos tienen derecho a conocer toda la verdad sobre estos hechos, a que se determinen todas las responsabilidades y a que el Estado recupere cada peso posible de los recursos públicos que fueron desviados.

En el marco del debate por la desregulación inmobiliaria impulsada por el Gobierno nacional, figuras como José María Armándola –histórico expresidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos– han salido a defender públicamente el modelo actual de colegiación obligatoria, bajo la premisa de que los Colegios son los únicos garantes de la seguridad jurídica y la protección de la sociedad. Sin embargo, los hechos recientes y las voces críticas del sector sugieren que este argumento no es más que un “fantasma” utilizado para proteger estructuras corporativas y privilegios.

Armándola sostiene que el corretaje inmobiliario requiere una formación académica rígida y un control ético estatal delegado en los Colegios para evitar estafas. Sin embargo, figuras que se muestran a favor de la desregulación del sector, como el empresario y fundador de la PropTech Pint Jorge Amoreo Casotti desacredita este razonamiento con una analogía contundente: “Decir que los Colegios garantizan seguridad jurídica es como decir que un peaje garantiza que las rutas sean seguras”.

Lo cierto es que –tal como señalan diversos analistas– la verdadera seguridad jurídica emana del sistema judicial, de los contratos bien redactados y de la fe pública que otorgan los escribanos, “no de una credencial emitida por un grupo de burócratas”. De hecho, se argumenta que el rol actual de los Colegios funciona más como una barrera de entrada que encarece los costos y limita la competencia, basándose en leyes de gobiernos de facto que otorgan monopolios territoriales.

El argumento de Armándola sobre la “protección de la sociedad” se desmorona al observar lo que ocurre en su propia jurisdicción. El reciente escándalo del loteo “Paisaje Costero” en la zona sur de Paraná es una prueba fehaciente de que la colegiación obligatoria no impide las irregularidades.

Este desarrollo inmobiliario, realizado sobre terrenos de la extinta empresa Coceramic, fue suspendido de forma “total y temporaria” por la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos debido a que se desarrollaba sobre una reserva natural protegida por ley. Asimismo, se supo que los impulsores no pidieron autorización ni hicieron presentaciones legales. El irregular loteo provocó daño ambiental, incluyendo desmontes, quemas y afectación de cursos de agua. Desde la Secretaría de Ambiente indicaron incluso que el lugar se comercializaba mediante redes sociales a pesar de la falta de estudios de impacto ambiental.

A pesar de que los desarrolladores promovían el loteo sin autorización legal, y de que la Secretaría de Ambiente notificó formalmente al Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos sobre esta situación, la institución no ha sabido responder ni prevenir que profesionales matriculados o firmas del sector se involucraran en este tipo de ofertas irregulares.

Al ser una institución cuya función declarada es el “control ético” y la “protección de la sociedad”, su falta de respuesta ante la comercialización de lotes en una reserva natural protegida socava su legitimidad institucional.

Mientras Armándola –que fue presidente del Colegio entrerriano por casi 30 años– insiste en que la desregulación inmobiliaria implicaría un “deterioro institucional”, otros expertos señalan que el profesionalismo no se adquiere únicamente en una carrera universitaria de tres años, sino en la capacitación continua en nuevas tecnologías y habilidades de mercado. La insistencia en mantener estructuras rígidas parece ignorar que existen infinidad de ejemplos de profesionales colegiados que venden inmuebles que no están aptos para ser comercializados.

El proyecto de desregulación impulsado por el Gobierno nacional busca eliminar específicamente el “poder de control y sanción” que actualmente detentan los colegios profesionales sobre sus matriculados.

En ese sentido, el caso de Paraná demuestra que la colegiación obligatoria no es el “paraguas protector” que Armándola describe. Por el contrario, la desregulación asoma como una oportunidad para que los consumidores elijan libremente basándose en la reputación y la calidad del servicio, eliminando una burocracia que ha demostrado ser ineficaz para garantizar la legalidad de los desarrollos que se ofrecen bajo su supuesta vigilancia.