La Justicia de Entre Ríos suspendió de manera provisoria la implementación del nuevo sistema provincial de desayunos y meriendas escolares impulsado por el Gobierno provincial. La decisión fue adoptada por el vocal de Juicio y Apelaciones, Juan Malvasio, al hacer lugar a una medida cautelar solicitada en el marco de un amparo colectivo presentado por AGMER, la Fundación CAUCE y un grupo de padres y madres de alumnos de escuelas públicas.

La resolución ordena que, hasta que exista una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión, la Provincia se abstenga de distribuir alimentos que contengan uno o más sellos de advertencia nutricional o leyendas precautorias en los establecimientos educativos dependientes del Consejo General de Educación (CGE).

El recurso de amparo fue presentado el pasado 31 de julio por los abogados Rubén Pagliotto y Aldana Sasia, en representación de las familias; Verónica Fischbach, por AGMER; y Valeria Enderle, por Fundación CAUCE.

Los demandantes cuestionan el nuevo sistema de provisión de desayunos y meriendas adjudicado a la empresa Teknofood, que reemplazaría el mecanismo mediante el cual las escuelas adquirían los alimentos a través de la tarjeta Sidecreer.

Según sostienen, el nuevo esquema incorpora alimentos ultraprocesados con sellos de advertencia, en presunto incumplimiento de la Ley Nacional de Promoción de la Alimentación Saludable (Ley de Etiquetado Frontal).

Además, advirtieron sobre el impacto que estos productos podrían tener en la salud de niños y adolescentes, especialmente en una población vulnerable que asiste diariamente a los comedores escolares.

En su resolución, Malvasio aclaró que el amparo no analizará en esta instancia el procedimiento licitatorio ni la legalidad de la contratación, sino exclusivamente los aspectos vinculados con la protección del derecho a una alimentación saludable.

Por ese motivo, dispuso que la Provincia:

Asimismo, el magistrado dio intervención al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público Pupilar, y requirió al Gobierno provincial la documentación administrativa y los informes técnicos que fundamentaron la adquisición de los productos.

La Provincia tiene plazo hasta este viernes para contestar la demanda y remitir toda la información solicitada.

Horas después de conocerse la resolución judicial, el Gobierno de Entre Ríos informó que apelará la medida cautelar y defendió la legalidad del nuevo sistema de provisión alimentaria.

Desde la Fiscalía de Estado remarcaron que la resolución dictada por el juez Malvasio tiene carácter provisorio y no constituye una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad o legalidad del programa.

En ese sentido, señalaron que la cuestión de fondo será debatida durante el desarrollo del proceso judicial.

El Ejecutivo provincial también llevó tranquilidad a las comunidades educativas al confirmar que la prestación alimentaria no sufrirá interrupciones.

Recordó que desde el inicio de la implementación del nuevo esquema se había dispuesto que los directores de las escuelas continuaran utilizando el sistema anterior hasta que la nueva modalidad estuviera completamente operativa.

Por esa razón, sostuvieron que la medida cautelar "no modifica la continuidad del servicio ni el normal funcionamiento de los establecimientos educativos".

Desde el Gobierno provincial indicaron que el nuevo esquema forma parte de una política destinada a transparentar la administración de los recursos públicos y mejorar los mecanismos de compra y distribución de alimentos para los comedores escolares.

En ese marco, afirmaron que el sistema busca dejar atrás modalidades de contratación que durante años fueron cuestionadas por presuntas irregularidades.

Finalmente, la Provincia ratificó que defenderá judicialmente el programa, al considerar que la modernización de las compras públicas, la eficiencia en el uso de los recursos y la transparencia constituyen objetivos centrales de la gestión.

Mientras el Gobierno prepara la apelación y presenta su contestación a la demanda, el expediente continuará su trámite en la Justicia entrerriana.

La resolución cautelar permanecerá vigente hasta que el juez dicte una sentencia definitiva o disponga su modificación, por lo que, al menos por el momento, el nuevo sistema de desayunos y meriendas escolares permanecerá suspendido.

Victoria.- La situación del ex Frigorífico Guillermo Huarte volvió a quedar en el centro de la escena tras una serie de presentaciones judiciales y denuncias cruzadas entre quienes reclaman derechos sobre la empresa.

La planta, considerada en su momento una de las más modernas de la región, comenzó a construirse en Victoria luego de que el empresario Luis Guillermo Huarte gestionara la cesión de un predio municipal. El proyecto contemplaba la faena de bovinos y porcinos para abastecer el mercado interno y eventualmente exportar carne.

Con el paso de los años, la firma atravesó distintos cambios societarios. Tras el fallecimiento de Huarte, la conducción quedó vinculada a Estela Mari Gallo, quien adquirió el paquete accionario mayoritario de la empresa.

El nombre de Gallo apareció posteriormente en una causa judicial de alto impacto vinculada al denominado "Clan Loza", una organización investigada por lavado de activos provenientes del narcotráfico.

En 2023, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó condenas contra varios integrantes de la estructura, entre ellos Estela Mari Gallo, como resultado de una investigación por maniobras para introducir en la economía formal fondos provenientes del tráfico internacional de drogas. Inclusive a través de una empresa que manejaba esta persona se había adquirido el paquete accionario a Huarte.

Según la investigación judicial, parte de esas operaciones se habrían realizado mediante distintas empresas utilizadas para dar apariencia lícita a los fondos, según publicación de Infobae, Fiscales.gob.ar, y La Capital de Mar del Plata

En los últimos días, el ganadero Marcelo Bosio, accionista minoritario de la firma, difundió un comunicado en el que advirtió sobre presuntas irregularidades relacionadas con el patrimonio del establecimiento.

Bosio sostuvo que existe una disputa judicial en curso y afirmó que cualquier traslado, venta o desarme de bienes pertenecientes a la planta podría derivar en denuncias penales. Además, cuestionó la legitimidad de quienes actualmente estarían tomando decisiones dentro de la empresa.

Las acusaciones fueron formuladas públicamente por Bosio y deberán ser determinadas por la Justicia competente. El empresario lucha actualmente para que las acciones de la firma sean vendidas a una empresa interesada en su adquisición, de mucho prestigio y solidez económica, tratando de evitar que Gallo entregue el negocio a una firma recién constituida, sin experiencia en el rubro y sin garantías de solidez financiera.

El administrador que estaba al frente de la concesión, Ramón Juárez, falleció el mes pasado y a partir de ese momento se profundizo el conflicto con los obreros y uno de los socios inició una demanda judicial.

La expectativa de los distintos sectores involucrados es que la Justicia avance en el esclarecimiento de la situación para determinar responsabilidades y definir el futuro de un establecimiento que durante años fue considerado uno de los proyectos industriales más importantes de Victoria.

En medio de todo esto quedan los empleados, con el serio riesgo de perder su fuente de trabajo.

En el año 2009, durante la gestión de Cesar Garcilazo, se presentó un empresario ante las autoridades municipales solicitando la cesión de un predio donde pensaba construir un frigorífico. El proyecto contemplaba faenar bovinos y cerdos, destinado en  principio al mercado interno, pero con la posibilidad de cumplir con las exigencias del SENASA para exportar carne.

¿Quien era este personaje? Se trató de Luis Guillermo Huarte quien aducía tener muchos años de experiencia en el mercado de la carne, pero al momento de presentar los papeles se generaron incógnitas. Veamos los datos: para AFIP esta persona era monotributista, categoría K, cuya facturación anual, tenía un tope de hasta 94 mil pesos”.

Aunque conformó una sociedad anónima con un capital inicial de 12 mil pesos, el empresario Guillermo Huarte tenía proyectada la construcción de un frigorífico en Victoria, cuya inversión rondaría 2,3 millones de dólares.

Para dar forma a la sociedad anónima, el aporte minoritario lo hizo Marcelo Bossio un productor agropecuario y empresario titular de un feet lot de  miles de cabeza que pasaba a ser una pata importante de la firma Huarte, con años en la comercialización de carne y otro que podría aportar la hacienda destinada a faena inmediatamente.

Pero a pesar de los aportes de ambos socios el frigorífico quedó a medio terminar y hacía falta capital para continuar. Huarte, según datos recabados, tenía contacto con personas que podrían aportar lo que faltaba para terminar la planta. Ahí aparece Estela Mari Gallo que, con un pasado ligado al narcotráfico y blanqueo de dinero, le compra las acciones a Huarte en el marco de una sociedad anónima, sin cumplir mínimamente con lo que establece la legislación para este tipo de transacciones para transferir paquetes accionarios de una SA. Gracias al “oxigeno” de la nueva propietaria, ésta se convierte en la socia mayoritaria pero ante un desconocimiento de Bosio, que realizó oportunamente presentaciones judiciales por esta situación, por cuanto el nuevo aporte de capital licuaba sus acciones reduciéndolas del 49% al 0,6%.

Finalmente el frigorífico se terminó, es uno de los más modernos de la provincia con capacidad para faenar miles de cabezas por día, además de cerdos, con una planta de personal que oscila entre los 60 y 80 en promedio.

A partir de ahí se iniciaron los conflictos, tuvieron que tercerizar la explotación con personas que no cumplieron, muere Huarte, que solo había quedado como administrador y se desencadena una trama jurídica intrincada, sin solución hasta la fecha.

Todo indicaba que detrás de toda esta inversión había cuestiones desconocidas que varios años después salen a la luz.

el martes está programada una reunión Bossio y Gallo con abogados de ambas partes para destrabar el conflicto la planta al 12 de julio tiene un atraso de 3 a 4 quincenas con el personal y la semana pasada ENERSA le cortó el suministro eléctrico, estaban en negociaciones para poder resolver el tema. La propuesta de Bossio es alquilar la planta a empresas con respaldo y trayectoria con las que tiene contacto, respectar los porcentajes societarios y hacerse cargo de la administración.

Una investigación encabezada por la Justicia de Entre Ríos permitió avanzar sobre una presunta organización dedicada a cometer estafas telefónicas contra adultos mayores en Crespo y Paraná. Como resultado, se realizaron dos allanamientos en la ciudad de Resistencia (Chaco), donde fueron secuestrados dinero en efectivo, dólares, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa.

Si bien el operativo representó un importante avance en la investigación, el principal sospechoso logró escapar y continúa con pedido de captura a nivel nacional.

La causa se inició a partir de denuncias radicadas por víctimas de Paraná y Crespo, quienes fueron engañadas mediante una modalidad conocida como el "cuento del familiar".

Según la investigación, los delincuentes se comunicaban telefónicamente haciéndose pasar por hijos u otros familiares cercanos y, bajo distintos pretextos, convencían a las víctimas de entregar sus ahorros a un supuesto empleado bancario.

Los investigadores sostienen que la organización elegía principalmente a personas de edad avanzada, aprovechando su vulnerabilidad.

Uno de los hechos investigados ocurrió en Paraná y tuvo como víctima a una mujer de 92 años.

De acuerdo con la causa judicial, un estafador se hizo pasar por su hijo y le aseguró que existía una supuesta disposición nacional por la cual los billetes en circulación perderían validez y debían ser reemplazados.

Con ese engaño, logró convencerla de entregar sus ahorros en dólares y joyas a un hombre que se presentó en su domicilio simulando ser un empleado bancario.

En otro de los casos investigados, una persona de Crespo fue víctima de una maniobra similar y perdió cerca de 10 millones de pesos.

La pesquisa fue dirigida por la fiscal Sofía Patat, quien coordinó un trabajo que incluyó el análisis de imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas.

Ese relevamiento permitió identificar el vehículo utilizado por los sospechosos para retirar el dinero y establecer que uno de los principales investigados tenía domicilio en la provincia del Chaco.

Con esa información, la Justicia entrerriana solicitó exhortos que derivaron en allanamientos simultáneos en viviendas ubicadas en los barrios Carpincho Macho y Villa Río Negro, en la ciudad de Resistencia.

Durante uno de los procedimientos, realizado en una vivienda vinculada a familiares del principal acusado, los efectivos secuestraron:

Los elementos serán analizados como parte de la investigación que busca reconstruir el funcionamiento de la organización.

Pese a los resultados de los allanamientos, el hombre señalado como presunto líder de la banda no fue localizado.

Sobre él pesa una orden de captura nacional, mientras que la Justicia también ordenó el secuestro del vehículo identificado en las filmaciones obtenidas durante la investigación.

La ciudad de Concordia será escenario de las II Jornadas Internacionales de Derecho de Familia y de la Niñez, un encuentro académico que reunirá a juristas, magistrados, docentes e investigadores de distintos países de Latinoamérica para analizar los principales desafíos que enfrenta el derecho de familia en la actualidad.

La actividad se desarrollará los días 6, 7 y 8 de agosto en el Centro de Convenciones de Concordia, organizada por el Colegio de la Abogacía Sección Concordia, en el marco del 70° aniversario del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos.

El programa reunirá a expositores de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, México, Costa Rica y Guatemala, quienes abordarán temas vinculados con la protección integral de niños, niñas y adolescentes, la parentalidad, la adopción, la restitución internacional, la violencia digital, el acceso a la Justicia y las nuevas problemáticas familiares.

Las jornadas se desarrollarán mediante paneles temáticos que combinarán enfoques jurídicos, sociales e interdisciplinarios, con la participación presencial de los asistentes y exposiciones internacionales a través de videoconferencia.

Durante las tres jornadas se analizarán cuestiones de fuerte actualidad para el ámbito judicial y profesional, entre ellas:

La propuesta está dirigida a abogados, magistrados, funcionarios judiciales, integrantes de equipos interdisciplinarios y estudiantes avanzados, quienes podrán acceder a un espacio de actualización académica sobre las principales transformaciones que atraviesa el derecho de familia en América Latina.

Los organizadores informaron que los asistentes recibirán certificados de participación y que los cupos son limitados.

Las II Jornadas Internacionales de Derecho de Familia y de la Niñez se realizarán en modalidad presencial, con participación virtual de los disertantes internacionales mediante la plataforma Zoom.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse a través del formulario habilitado por la organización a través de este link: https://forms.gle/X1oFthEXtsFVEu54A

El encuentro busca consolidarse como uno de los espacios de referencia para el intercambio de experiencias y el análisis de los desafíos jurídicos que plantean la protección de la infancia, la adolescencia y las nuevas configuraciones familiares en la región.

Nogoyá.– Seis años después de aquella denuncia presentada en medio de la pandemia, y tras un proceso judicial marcado por idas y vueltas, anulaciones y demoras, César Roberto Cepeda fue declarado culpable. El veredicto del jurado popular se conoció durante la noche del martes 30 de junio, en la sede del Colegio de la Abogacía de Nogoyá: culpable de los delitos de abuso sexual simple y abuso sexual gravemente ultrajante contra dos menores, sus sobrinas políticas, que tenían tres y seis años cuando ocurrieron los hechos.

El juicio había comenzado el martes 23 de junio, con el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, Darío Tórtul, como juez técnico. La acusación pública estuvo a cargo del fiscal Fernando Martínez, mientras que la defensa del imputado fue ejercida por el abogado Walter Martínez. Los fiscales de la Unidad Fiscal de Nogoyá, Maite Burruchaga y Rodrigo Molina, junto al querellante particular Mariano Navarro, habían solicitado una pena de 19 años de prisión para Cepeda. La condena efectiva se conocerá el próximo 23 de julio.

Los hechos por los que fue juzgado Cepeda ocurrieron en Lucas González durante el aislamiento obligatorio dispuesto por la pandemia de Covid-19. La madre de las dos niñas las dejaba al cuidado de su hermana y de Cepeda —pareja de esa hermana— mientras cumplía con su horario laboral. Según la imputación fiscal, el acusado se valió de esa relación de confianza y del rol que ocupaba respecto de las menores para cometer los abusos de manera reiterada.

La denuncia fue presentada en 2020 por los padres de las niñas. Desde entonces, la causa transitó un camino sinuoso: en septiembre de 2022, el entonces juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta, remitió el caso a juicio oral, decisión que fue ratificada por el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú, Mauricio Derudi. Sin embargo, la defensa de Cepeda impugnó esa resolución ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, que en febrero de 2024 anuló la audiencia y ordenó retrotraer las actuaciones para encauzar el proceso a través del sistema de juicio por jurados.

Fue la jueza subrogante de Garantías de Nogoyá, María Gabriela Tepsich, quien finalmente no hizo lugar a los planteos de la defensa y remitió la causa al jurado popular, a fines de octubre de 2025.

Pero el juicio no estuvo exento de episodios un tanto extraños. Antes del inicio de las audiencias, se detectaron intentos de contacto por parte de allegados al imputado hacia miembros del jurado popular, una situación que derivó en la solicitud de prisión preventiva para Cepeda —quien hasta ese momento se encontraba en libertad— y que podría desembocar en una investigación penal separada.

El fiscal Fernando Martínez describió el episodio como algo sin antecedentes en su trayectoria. "La verdad que nunca ha pasado algo así, al menos que yo conozca", afirmó, y explicó el marco legal: "Está previsto en la Ley de Juicios por Jurados la imposibilidad que tenemos las partes de acercarnos y de tratar de contactar por cualquier medio a cualquiera de los miembros del jurado. El jurado es sagrado. Se cuida esa imparcialidad del jurado".

Según relató el fiscal, fueron dos integrantes del jurado quienes, de manera espontánea, informaron haber vivido situaciones anómalas antes del comienzo de las audiencias. Eso motivó una consulta al resto del cuerpo, que permitió establecer que había tres situaciones similares más que no habían sido reportadas. En total, cinco miembros del jurado habían recibido intentos de contacto por parte de personas identificadas como familiares muy cercanos a Cepeda.

El fiscal agregó que la "extraña coincidencia" de que los intentos de comunicación comenzaran a pocos días de haberse constituido el jurado popular, fue parte de su alegato en la audiencia en la que se ordenó la prisión preventiva de Cepeda. La investigación de esos contactos quedará a cargo de la fiscal Sofía Pittaluga, quien deberá determinar si los hechos ameritan una causa penal independiente.

Durante todos esos años de proceso judicial, el padre de las niñas no guardó silencio. Corredor de ultramaratón, convirtió cada competencia en una herramienta de visibilización: en cada carrera desplegó una bandera con la leyenda "Los niños no mienten", consigna que se transformó en símbolo de su lucha. Organizó carreras de concientización en Lucas González y completó una ultramaratón que unió las localidades de Ramírez y Lucas González bajo esa misma bandera. El martes a la noche, el veredicto del jurado le dio la razón.

Según informó la Jefatura Departamental Diamante, personal policial que se encontraba afectado a un operativo fue alertado sobre la presencia de una persona herida en la intersección de Belgrano y Dr. Materi.

Al llegar al lugar, los efectivos solicitaron de inmediato la intervención del servicio de emergencias, que trasladó al herido al Hospital San José. Sin embargo, pese a la asistencia médica recibida, se constató su fallecimiento poco después de su ingreso al nosocomio.

Desde la fuerza policial se indicó que, en un primer análisis, la muerte estaría relacionada con una lesión provocada por un arma blanca, aunque será la investigación judicial la que determine las causas del deceso.

La División Investigaciones inició las tareas tendientes a esclarecer lo ocurrido, bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal de Diamante.

Como parte de las medidas dispuestas por la Fiscalía, se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense de Oro Verde, donde se realizará la correspondiente autopsia para establecer con precisión la causa de la muerte.

Nogoyá.- No ha sido una semana fácil en materia informativa por los desenlaces inesperados que hubo en torno a una protesta realizada el pasado lunes en Plaza Libertad.

Amigas y familiares de la víctima del caso de abuso sexual y privación ilegítima de la libertad, ocurrido en la madrugada del pasado 27 de junio contra una joven de 19 años, organizaron una marcha que tuvo como punto de concentración la plaza principal.

Allí se confeccionó un petitorio que fue entregado al Juzgado de Transición y Garantías, exigiendo que no se dilaten los tiempos de la causa. Hasta ese momento no había más información que el pedido de justicia de una madre, amigas de la víctima y un importante número de vecinos, para que llegue pronto la condena a los culpables del abuso sexual cometido a manos de tres masculinos, (dos mayores y un menor de edad) que se encuentran detenidos en prisión preventiva.

En la movilización se convocó a quienes deseen contar situaciones de abuso, podían hacerlo de forma anónima en un papel y también quedó a criterio de quienes escriban esa experiencia, poner el nombre del abusador. Fue así que hubo una decena de relatos breves donde en su mayoría se puso el nombre de quien cometió los abusos.

Entre esos nombres, apareció el de Ricardo Ruiz Diaz. Es el nombre a destacar porque Ricardo, el día martes por la mañana se quitó la vida, presuntamente al conocer que su nombre aparecía en el escrache realizado el día anterior en la plaza principal del pueblo. La investigación que inició Paralelo32, confirma que Ricardo no tenía denuncia alguna por abuso.

El abuso se visibilizó por parte de la víctima en una movilización popular pero no en la justicia. Una vez más, la condena social demuestra tener mucho más peso que una condena judicial, como ha pasado con otros casos, pero aquí la situación es distinta, porque se está hablando de abusos contra la integridad sexual. No es un robo, no es un accidente. Detrás hay víctimas que por años han guardado esas horribles experiencias y hoy la sororidad las lleva a visibilizar lo sufrido y sacarse de encima una mochila que por miedo antes no hacían.

Como sociedad, atravesamos hoy un punto de inflexión donde las generaciones actuales no permiten naturalizar absolutamente nada. Y está bien. Lo que está mal, está mal y hay que exponerlo. No existe más lugar para las frases simples o atenuantes, tales como: “no digas nada, por respeto a tu familia”, “quédate callada porque va a ser peor”, “tampoco es para tanto”.

Hoy en una comunidad pequeña como Nogoyá somos testigos de una valentía de víctimas sin precedentes y al ser una ciudad chica, lo vuelve aún más valeroso para quienes deciden dar el paso de contar sus experiencias pasadas y como han sabido convivir con ese peso durante años. Además, esas mujeres deben tomar el doble coraje de salir a su vida cotidiana siendo señaladas, o reconocidas como víctimas.

Claro está que en medio de este valiente accionar, las consecuencias sacuden y conmueven. Algunas voces definen al caso del reciente abuso sexual como la gota que rebalsó el vaso, sacó a muchas mujeres de su silencio y están dispuestas a visibilizar las numerosas situaciones que sufren por parte de hombres y muchas veces de su propio entorno familiar.

Surgen interrogantes también. Hoy tenemos al menos diez delitos expuestos públicamente pero ninguna denuncia. En este caso la justicia no puede actuar de oficio, pero si puede accionar al recibir las denuncias tanto de las víctimas como de los acusados, porque estos también pueden denunciar un perjuicio hacia su persona y solicitar que se ratifique o rectifique lo denunciado en los escraches.

En los tribunales, la causa del reciente abuso sexual marcha a buen ritmo según confirmaron fuentes judiciales a Paralelo32. Se actuó rápidamente apenas recibida la denuncia y se logró poner en prisión a los tres acusados. Incluso a un menor de edad que planta un precedente en la provincia. Es el único menor detenido por un delito de abuso sexual en Entre Ríos. La mayoría queda en libertad, pero supeditados a la causa.

En medio de esto, se quita la vida Ricardo Ruiz Díaz. Sus familiares y allegados repudiaron el accionar de la autora del escrache. Su hermana, dio a conocer unas palabras donde menciona: “digan lo que quieran, para nosotros siempre serás el negro de la sonrisa brillante el que nos enseñó los valores de la vida; fuiste juzgado por una persona cobarde, porque si fue así ¿por qué no hicieron la denuncia correspondiente, por qué no hicieron las cosas como debían hacer? No vengan con que (fue) por no hacerle mal a nuestra madre, porque en esa marcha no pensaron en eso, porque no hicieron las cosas como se deben. Decir que eras enfermo no es ninguna excusa, eso no es verdad. Doce hermanos dormíamos en la misma cama cuando éramos chicos y jamás nos tocó jamás nos hizo daño y ahora me vienen a hablar de un enfermo. Enferma es la persona que te escrachó y no dio la cara ante la justicia, pero hay un Dios y esto no va a quedar así”.

A dos semanas del abuso, queda claro que hay un hartazgo en la sociedad, que no es opción guardar silencio, también queda expuesto cierto descreimiento hacia la justicia ordinaria y se apuesta a la condena social en vez de esperar el lento curso de un expediente judicial. Que si bien cumple con sus procesos correspondientes, se choca con la realidad que atravesamos.

Muchos órganos de estado regulan su funcionamiento con reglamentos y leyes del siglo pasado. Hoy, las redes sociales y la necesidad de respuestas inmediatas en cualquier orden de la vida, nos generan cierto grado de ansiedad que nos hace intolerantes a cualquier organismo con sus debidos pasos procesales, que también incluyen demoras provocadas por las apelaciones de los acusados, mientras el que espera justicia quizás ignora sus formas y capacidad de respuesta.

La valentía y la necesidad de escucha, van relegando a las instituciones y su manera de funcionar. Transitamos tiempos de vaivenes donde la acción espontanea parece superar a la justicia ordinaria y toma partido la justicia por mano propia. El peligroso juego del ojo por ojo, donde puede quedar ciego el mundo. 

Al referirse al caso, el mandatario señaló que la causa investiga el otorgamiento de préstamos falsos destinados a emprendedores que, según la investigación judicial, terminaban en manos de funcionarios. "La Justicia tiene la obligación de investigar. No estoy dispuesto a judicializar la política, como tampoco politizo la Justicia. Exijo que la Justicia se ocupe y llegue hasta las últimas circunstancias", sostuvo.

Frigerio remarcó que el objetivo principal debe ser reparar el daño causado a la sociedad. "La mayor reparación para los entrerrianos no es solo que haya condenas, sino que se recuperen los fondos públicos que les fueron robados. La Justicia se tiene que ocupar de encontrar esa plata que se robaron", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que esos recursos pertenecen a todos los entrerrianos y deben volver al Estado para transformarse en obras, servicios y políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la población.

El gobernador consideró además que la investigación debe permitir reconstruir el recorrido de los fondos públicos y esclarecer el alcance completo de la maniobra.

"No sé quién es responsable, hasta qué instancia de Gobierno hay responsabilidades en este como en todos los casos de corrupción que han salido a la luz de esos años, pero claramente hay una responsabilidad política, no se pueden hacer los sonsos", expresó.

Finalmente, Frigerio insistió en que los entrerrianos tienen derecho a conocer toda la verdad sobre estos hechos, a que se determinen todas las responsabilidades y a que el Estado recupere cada peso posible de los recursos públicos que fueron desviados.

En el marco del debate por la desregulación inmobiliaria impulsada por el Gobierno nacional, figuras como José María Armándola –histórico expresidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos– han salido a defender públicamente el modelo actual de colegiación obligatoria, bajo la premisa de que los Colegios son los únicos garantes de la seguridad jurídica y la protección de la sociedad. Sin embargo, los hechos recientes y las voces críticas del sector sugieren que este argumento no es más que un “fantasma” utilizado para proteger estructuras corporativas y privilegios.

Armándola sostiene que el corretaje inmobiliario requiere una formación académica rígida y un control ético estatal delegado en los Colegios para evitar estafas. Sin embargo, figuras que se muestran a favor de la desregulación del sector, como el empresario y fundador de la PropTech Pint Jorge Amoreo Casotti desacredita este razonamiento con una analogía contundente: “Decir que los Colegios garantizan seguridad jurídica es como decir que un peaje garantiza que las rutas sean seguras”.

Lo cierto es que –tal como señalan diversos analistas– la verdadera seguridad jurídica emana del sistema judicial, de los contratos bien redactados y de la fe pública que otorgan los escribanos, “no de una credencial emitida por un grupo de burócratas”. De hecho, se argumenta que el rol actual de los Colegios funciona más como una barrera de entrada que encarece los costos y limita la competencia, basándose en leyes de gobiernos de facto que otorgan monopolios territoriales.

El argumento de Armándola sobre la “protección de la sociedad” se desmorona al observar lo que ocurre en su propia jurisdicción. El reciente escándalo del loteo “Paisaje Costero” en la zona sur de Paraná es una prueba fehaciente de que la colegiación obligatoria no impide las irregularidades.

Este desarrollo inmobiliario, realizado sobre terrenos de la extinta empresa Coceramic, fue suspendido de forma “total y temporaria” por la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos debido a que se desarrollaba sobre una reserva natural protegida por ley. Asimismo, se supo que los impulsores no pidieron autorización ni hicieron presentaciones legales. El irregular loteo provocó daño ambiental, incluyendo desmontes, quemas y afectación de cursos de agua. Desde la Secretaría de Ambiente indicaron incluso que el lugar se comercializaba mediante redes sociales a pesar de la falta de estudios de impacto ambiental.

A pesar de que los desarrolladores promovían el loteo sin autorización legal, y de que la Secretaría de Ambiente notificó formalmente al Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos sobre esta situación, la institución no ha sabido responder ni prevenir que profesionales matriculados o firmas del sector se involucraran en este tipo de ofertas irregulares.

Al ser una institución cuya función declarada es el “control ético” y la “protección de la sociedad”, su falta de respuesta ante la comercialización de lotes en una reserva natural protegida socava su legitimidad institucional.

Mientras Armándola –que fue presidente del Colegio entrerriano por casi 30 años– insiste en que la desregulación inmobiliaria implicaría un “deterioro institucional”, otros expertos señalan que el profesionalismo no se adquiere únicamente en una carrera universitaria de tres años, sino en la capacitación continua en nuevas tecnologías y habilidades de mercado. La insistencia en mantener estructuras rígidas parece ignorar que existen infinidad de ejemplos de profesionales colegiados que venden inmuebles que no están aptos para ser comercializados.

El proyecto de desregulación impulsado por el Gobierno nacional busca eliminar específicamente el “poder de control y sanción” que actualmente detentan los colegios profesionales sobre sus matriculados.

En ese sentido, el caso de Paraná demuestra que la colegiación obligatoria no es el “paraguas protector” que Armándola describe. Por el contrario, la desregulación asoma como una oportunidad para que los consumidores elijan libremente basándose en la reputación y la calidad del servicio, eliminando una burocracia que ha demostrado ser ineficaz para garantizar la legalidad de los desarrollos que se ofrecen bajo su supuesta vigilancia.

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) resolvió declarar inhábiles judiciales los días viernes 26 de junio y miércoles 1° de julio para distintos organismos de la ciudad de Victoria, en el marco de un proceso de reorganización y traslado de dependencias judiciales.

La medida alcanza este viernes al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral N° 1, al Equipo Técnico Interdisciplinario, al Juzgado de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes y a la Oficina de Notificaciones de esa jurisdicción. En tanto, el 1° de julio la suspensión de la atención al público regirá para los tres primeros organismos.

La decisión fue adoptada luego de que el Superior Tribunal aprobara un plan integral de reubicación funcional destinado a mejorar la distribución de los espacios y optimizar las condiciones de trabajo y de atención al público.

Como parte de esa reorganización, el Equipo Técnico Interdisciplinario y la Oficina de Notificaciones pasarán a funcionar en un nuevo edificio ubicado en Sarmiento 580, mientras que el Juzgado Civil, Comercial y Laboral N° 1 continuará atendiendo en su actual sede de Mitre 581.

Según informó el Poder Judicial, las tareas de traslado, instalación y reorganización de las oficinas se desarrollarán entre el 26 de junio y el 1° de julio, siguiendo un cronograma elaborado por las áreas técnicas.

Durante esas jornadas, el personal judicial deberá concurrir normalmente a sus lugares de trabajo para colaborar con el traslado del equipamiento, la instalación de las nuevas dependencias y la puesta en funcionamiento de los servicios.

Desde el Superior Tribunal señalaron que esta iniciativa forma parte de un plan de adecuación de la infraestructura judicial en toda la provincia, con el objetivo de ofrecer mejores condiciones laborales para el personal y una atención más eficiente para quienes recurren al servicio de justicia.

A partir del 1° de agosto, quienes deban iniciar una sucesión sin testamento en Entre Ríos deberán hacerlo mediante un nuevo sistema digital que promete agilizar uno de los trámites judiciales más frecuentes. La herramienta, desarrollada por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), permitirá reducir los tiempos de resolución y simplificar el procedimiento para abogados y ciudadanos.

La implementación fue dispuesta mediante el Acuerdo N° 16/26 del STJ y alcanzará a todos los juzgados civiles y comerciales con competencia en materia sucesoria de la provincia.

La principal novedad es que desaparecerá la tradicional demanda escrita para iniciar una sucesión sin testamento. En su lugar, los abogados deberán completar un formulario digital disponible en la Mesa Virtual del Poder Judicial.

Una vez cargada la información, el sistema realizará automáticamente varias tareas que hasta ahora requerían intervenciones administrativas: generará la tasa de justicia, enviará el expediente para su sorteo y lo asignará al juzgado correspondiente mediante el sistema SIRIRI.

Además, dejará de utilizarse la denominada "foja 0", un paso administrativo que formaba parte del procedimiento tradicional.

Uno de los principales objetivos de esta reforma es reducir considerablemente los plazos.

Actualmente, una sucesión sin testamento demora, en promedio, un año y seis meses desde su inicio hasta la obtención de la declaratoria de herederos, aunque ese tiempo puede variar según el juzgado y las características del expediente.

Con el nuevo modelo, el Superior Tribunal estima que, si la presentación inicial se realiza correctamente y no surgen observaciones durante el trámite, la declaratoria podrá obtenerse en un plazo de 45 a 60 días.

La automatización comprende precisamente esa etapa del proceso, considerada una de las más importantes para que los herederos puedan avanzar luego con la administración o disposición de los bienes.

El sistema comenzó a diseñarse en 2023 por iniciativa de la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia. Tras varios meses de trabajo técnico y de consenso, en noviembre de 2025 se puso en marcha una prueba piloto en distintos juzgados de la provincia.

Luego de más de seis meses de funcionamiento y ajustes, el Poder Judicial concluyó que la herramienta respondió de manera satisfactoria y decidió extender su utilización a todo el territorio entrerriano.

Desde el STJ destacan que se trata de un desarrollo tecnológico inédito en Argentina, pensado para mejorar la eficiencia judicial, brindar mayor seguridad jurídica y establecer un modelo que pueda aplicarse en otros procesos judiciales.

Para acompañar la implementación, el Instituto Alberdi puso en marcha un programa de capacitación destinado tanto a empleados judiciales como a profesionales de la abogacía.

La primera etapa ya reúne a 304 trabajadores judiciales y 525 abogados, mientras que una segunda cohorte abrirá sus inscripciones a partir del 29 de junio.

Según informaron desde el Superior Tribunal, el nuevo sistema fue diseñado para ser intuitivo y sencillo de utilizar. Además de guiar al usuario durante todo el procedimiento, solicita únicamente la información indispensable para iniciar correctamente la sucesión y unifica los criterios de tramitación en todos los juzgados de la provincia.

Nogoyá.– Desde el martes y hasta el 1° de julio, según el cronograma fijado por las autoridades judiciales, se llevará a cabo en nuestra ciudad el juicio oral y público contra César Roberto Cepeda. El imputado, oriundo de la localidad de Lucas González y quien se desempeñó como empleado de una empresa vinculada al gobierno provincial, deberá sentarse en el banquillo de los acusados para responder por una denuncia gravísima. En esta oportunidad, nuevamente bajo la modalidad de juicio por jurados, como sucedió con el caso del crimen de Beatriz Fernández en agosto del año pasado.

Ahora un cuerpo de ciudadanos seleccionados previamente, será el encargado de evaluar las hipótesis de la acusación y de la defensa, determinando la culpabilidad o inocencia del encausado respecto de los cargos por presunto abuso sexual en perjuicio de sus dos pequeñas sobrinas.

La investigación penal preparatoria sitúa los hechos en el contexto del ámbito familiar, señalando que las presuntas agresiones ocurrieron cuando las víctimas tenían apenas 3 y 6 años de edad. De acuerdo a las constancias del expediente, los abusos habrían tenido lugar en la vivienda del acusado y su esposa —hermana de la madre de las damnificadas— durante el período de restricciones por la pandemia, oportunidad en que las niñas quedaban al cuidado de sus tíos maternos mientras sus progenitores cumplían con sus respectivas jornadas laborales.

La causa tomó estado público a partir de las denuncias formuladas por el padre de las menores, quien expuso las severas dilaciones que venía sufriendo el trámite en las oficinas judiciales.

El laberinto procesal del caso sumó idas y vueltas que retrasaron significativamente el inicio del debate. En el año 2022, el entonces juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta, dispuso la elevación de la causa a un juicio oral de tipo común, resolución que fue confirmada en las instancias ordinarias de revisión. No obstante, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos terminó revirtiendo dicha medida tras un planteo articulado por el abogado defensor de Cepeda, Walter Martínez. El máximo tribunal provincial ordenó retrotraer las actuaciones para que el caso fuera encuadrado bajo la Ley de Juicio por Jurados. Dicha estrategia de la defensa técnica significó una postergación de cuatro años en el avance del expediente, hasta que el año pasado la jueza de Garantías subrogante, María Gabriela Tepsich, remitió finalmente la causa a juicio bajo los nuevos parámetros requeridos.

A partir de esta semana, las audiencias de debate ciudadano contarán con la coordinación y dirección técnica del magistrado Dardo Tórtul. En la antesala del juicio, el padre de las menores, expresó la expectativa de la familia de concluir un proceso que el próximo 1 de julio cumplirá exactamente seis años desde la presentación de la primera denuncia formal. Asimismo, el progenitor recordó que Cepeda se encuentra actualmente bajo medidas de restricción de acercamiento hacia las niñas y sus padres, luego de haber transitado una etapa previa de prisión domiciliaria que el imputado habría incumplido, manifestando el anhelo familiar de que el tribunal popular dicte una sentencia condenatoria de cumplimiento efectivo en una unidad penal.

Nogoyá.– El juez de Garantías subrogante de nuestra ciudad, Américo Daniel Luna, dictó el sobreseimiento del médico cirujano Gustavo Cresta, quien se encontraba acusado por presunta mala praxis médica en la atención de una niña de ocho años en el hospital local. La resolución del magistrado —quien es titular del Juzgado Civil y Comercial local y actuó de manera provisoria en el fuero penal— no se adentró en evaluar la eventual responsabilidad del profesional respecto de las graves secuelas padecidas por la paciente, sino que se centró exclusivamente en la vigencia de la acción penal. El fallo hizo lugar al planteo del abogado defensor, Augusto Lafferriere, determinando que los plazos legales para juzgar el hecho se encuentran agotados y consagrando la prescripción de la causa, una medida técnica que el Ministerio Público Fiscal ya adelantó que recurrirá ante las instancias superiores.

Los hechos que originaron la causa penal se remontan a enero del año 2019, a raíz de la atención brindada a la menor en el Hospital San Blas. La fiscal Maite Burruchaga había formalizado oportunamente la investigación bajo el cargo de lesiones graves culposas, sosteniendo que el cirujano obró de manera negligente al dilatar por espacio de aproximadamente doce horas la intervención quirúrgica de una apendicitis de urgencia. Según la hipótesis fiscal, dicha demora desencadenó severas complicaciones postoperatorias en la salud de la niña, incluyendo abscesos intraabdominales, fascitis necrotizante y una evisceración que derivaron en una debilitación permanente de la pared abdominal de la paciente.

Al ejercer su derecho de defensa en octubre de 2021, el médico Cresta brindó un pormenorizado descargo donde rechazó los cargos de negligencia y fundamentó los criterios científicos aplicados, argumentando además las severas limitaciones materiales del nosocomio. El profesional explicó que las apendicitis constituyen metodológicamente una urgencia y no una emergencia, lo que otorga un margen clínico de resolución de hasta 24 horas. Precisó que reprogramó la cirugía para el día siguiente a primera hora debido a que el único quirófano disponible debió ser utilizado de forma inmediata para una cesárea de urgencia por riesgo inminente de vida de un recién nacido, asegurando que la postergación respondió a una prioridad médica insalvable y ajena a su voluntad.

El debate de fondo que dividió las aguas en los Tribunales locales se focalizó en determinar si la acción penal continuaba activa. Dado que el delito imputado contempla una pena máxima de tres años de prisión, la defensa argumentó el cumplimiento del plazo. Por su parte, el fiscal Fernando Martínez y el querellante Walter Martínez sostuvieron que, por tratarse de un médico de un hospital público, los plazos estaban automáticamente suspendidos por su condición de empleado del Estado, asimilando dicho rol al de funcionario público en base a interpretaciones del Código Penal. Sin embargo, el juez Luna adhirió a la postura defensiva, dictaminando que la suspensión de los plazos cede cuando la conducta del agente se circunscribe estrictamente a su habilitación profesional técnica o científica y no a competencias administrativas o de ejercicio del poder estatal. El magistrado criticó la prolongada inacción de los órganos acusadores y ratificó el derecho constitucional de todo ciudadano a liberarse de un estado de sospecha indefinido. No obstante, fuentes judiciales advirtieron sobre posibles fisuras en los fundamentos del fallo, señalando precedentes provinciales donde el concepto de funcionario abarca de forma genérica al empleado estatal y recordando que el tipo penal prevé una inhabilitación de cuatro años, lo que elevaría el plazo de prescripción.

Crespo.- Vuelto a primera instancia el recurso de amparo presentado por la abogada Sonia Spreafico contra la designación de la terna que compitió por la titularidad del Juzgado de Paz y Familia de Crespo, se produjo un nuevo rechazo a la presentación de la demandante.

En esta oportunidad, el caso fue revisado por el doctor Alejandro Grippo, vocal de Juicio y Apelaciones Nº 6 de Paraná, que declaró “inadmisible” la presentación de la profesional.

El fallo fue apelado y volverá a instancia de revisión ante el Superior Tribunal de Justicia. Solo resta saber si la nueva revisión será realizada por la misma composición que actuó la primera vez o si se formará una nueva composición de vocales del STJ.

Spreafico había presentado Acción de Amparo - Habeas Data contra la Municipalidad de Crespo y contra el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos para que ambas entidades brinden el acceso a la información pública y a publicar todos los actos administrativos correspondientes a la integración, conformación y documentación respectiva en relación a la terna de candidatos a Juez de Paz. Además, pidió la nulidad de la norma municipal que dispuso la conformación de la terna de postulantes conformada por Jorge Kriger (elegido para el cargo), Rocío Weber y Rocío Rodríguez Mayer.

En un escrito de veinte páginas, Grippo destacó en uno de los párrafos centrales de su fallo, que “no se advierte prima facie que el Departamento Ejecutivo Municipal ni el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Crespo hayan obrado por fuera del marco de legalidad o juridicidad que rige la actividad de la administración en todo su ámbito de actuación para su normal desenvolvimiento. Ya que en principio, todo acto administrativo se presume legítimo, y la arbitrariedad denunciada debe emanar de forma evidente, manifiesta y palmaria para dar cauce a esta acción, lo cual no sucede en estos autos”.

El magistrado agregó que “también cabe rechazar la alegada inconstitucionalidad del procedimiento llevado a cabo para la conformación de la terna destinada a cubrir el cargo de Juez de Paz de la ciudad de Crespo, pues tal planteo no solo que se confunde con el objeto (ampliado) de la presente acción, sino que no se encuentra suficientemente fundado como para habilitar la declaración de inconstitucionalidad de una norma, que es de última ratio y de carácter excepcional”.

Más adelantó, Grippo subrayó que la abogada Spreafico “ni siquiera ha podido cumplimentar su carga procesal de demostrar, como mínimo un actuar ilegítimo de las partes demandadas, ya que no surge ni de lo invocado por la misma en su demanda, ni de la documentación por ella presentada ni de la adjuntada por las partes demandadas. Por todo ello, entiendo no se verifican las condiciones legales de procedencia de la acción de amparo”.

Con costas a cargo de Spreafico, el doctor Grippo reguló honorarios por 1.738.424,40 pesos, equivalente a 20 juristas (86921,22 pesos cada jurista, nombre que recibe la unidad de regulación de honorarios en la Justicia), a favor del abogado de la Municipalidad de Crespo, Francisco Ferrer. Otro tanto a favor de los abogados de la Fiscalia de Estado de la Provincia, Martín Rettore Elena y Juan Francischelli; cada uno percibirá 869.212,20 pesos.

En el fallo original del Superior Tribunal de Justicia, que mandó a revisar el procedimiento, se pidió que se incluya la opinión de los tres ternados en torno a la controversia entre Spreafico y Municipalidad/Provincia. Sólo respondieron Kriger y R. Mayer.

• Kriger expuso que la parte actora “debió demostrar el carácter de manifiestamente ilegítimos” de los decretos del Concejo Deliberante de Crspo y del Gobierno provincial. Señaló que “son actos administrativos dictados por organismos del Estado con facultades para emitirlos” y que “no han sido motivo de impugnaciones por la vía correspondiente en el período posterior a su publicación en los respectivos boletines oficiales”. Entiende que corresponde declarar “inadmisible” la presentación de Spreafico y destacó “la situación de

‘derecho adquirido’” que reviste su nombramiento. El abogado solicitó que “se rechace la demanda con la adición de la causal de inadmisibilidad, se declare la pérdida de objeto del presente amparo por haberse tornado abstracta la cuestión debatida”.

• Rodríguez Mayer expresó “que su interés y vinculación en el trámite de designación de Juez de Paz de Crespo culminó con la elección del colega Dr. Jorge Kriger, no teniendo más que manifestar sobre el procedimiento ejecutado ni sobre el presente proceso”.

CRESPO.- El exintendente de Crespo, Juan Carlos "Cachi" Brambilla, decidió intervenir públicamente en la polémica por el terreno ubicado en calle Catamarca al 1400, en barrio San José, donde una mujer denunció a la Municipalidad por la demolición de una vivienda y la ocupación de un predio que considera parte de su historia familiar.

En declaraciones a Radio SOLNoticias, Brambilla buscó aclarar su participación en los antecedentes del caso luego de que su nombre fuera mencionado reiteradamente por Andrea Hernández, quien sostiene que el exjefe comunal habría otorgado el terreno a su familia décadas atrás.

"Yo nunca entregué ese terreno ni podía hacerlo", afirmó Brambilla, al tiempo que recordó que ningún intendente tiene facultades para adjudicar inmuebles municipales de manera directa sin cumplir con los procedimientos legales establecidos.

Según relató el exintendente, la historia se remonta a finales de la década de 1980, durante la construcción de los complejos habitacionales de la zona. En aquel entonces, una familia de apellido Sosa ocupaba una vivienda precaria ubicada en el sector donde se proyectaban nuevas unidades habitacionales.

Brambilla explicó que intervino únicamente como nexo entre esa familia y una mujer de apellido Gadea, quien tenía algún vínculo con la propiedad.

"Yo acerqué a las partes para que dialogaran. Sosa no tenía dónde vivir y la señora Gadea tenía esa vivienda. Se pusieron de acuerdo para que él permaneciera allí hasta que fuera requerido el lugar", recordó.

Según su versión, desde entonces la familia Sosa habitó el inmueble durante décadas, realizó conexiones de servicios y ejerció una posesión efectiva sobre el lugar.

Más allá de la situación jurídica, Brambilla planteó una mirada social sobre el conflicto y sostuvo que el caso merece una respuesta que contemple la realidad de la familia involucrada.

"La chica defiende como cualquiera su lugar donde vive. Eso es lógico", expresó.

Si bien evitó cuestionar las resoluciones judiciales que respaldan la posición del municipio, insistió en diferenciar los aspectos legales de lo que considera una situación legítima construida a partir de casi cuatro décadas de ocupación y permanencia en el lugar.

"Yo hablo de lo legal y de lo legítimo. Después de tantos años, entiendo que ella siente que ese lugar le pertenece porque allí vivieron sus abuelos, sus padres y ella misma", señaló.

Durante la entrevista, Brambilla manifestó preocupación por la situación habitacional de Andrea Hernández tras el desalojo concretado en las últimas horas y consideró que el municipio podría intervenir para encontrar una alternativa.

"No me gustaría ver personas de Crespo en la calle. Creo que la Municipalidad tiene capacidad para dar una solución, aunque sea una parcela pequeña para que puedan levantar una pieza y un baño", sostuvo.

En ese sentido, sugirió explorar alternativas que permitan compatibilizar el interés municipal sobre el terreno con una respuesta social para la familia afectada.

"No digo que le entreguen todo el terreno. Pero siempre el municipio tiene más posibilidades que una persona que no tiene recursos. Estoy seguro de que podría encontrarse alguna salida razonable", afirmó.

Uno de los principales objetivos de su aparición pública fue despegarse de las versiones que lo señalaban como responsable de una eventual cesión del inmueble.

"Salgo a hablar porque me nombraron y algunos decían que yo tenía que aclarar esta situación. Yo no tengo ningún problema en dar la cara", expresó.

Brambilla recordó que durante sus años de gestión las adjudicaciones de terrenos se realizaban mediante procedimientos institucionales, con intervención del Concejo Deliberante y organismos provinciales, como ocurrió con distintos planes habitacionales desarrollados en la ciudad.

"Ninguna vivienda ni ningún terreno se entregaban por decisión personal del intendente. Había mecanismos legales y administrativos que respetar", enfatizó.

Mientras tanto, el conflicto continúa sumando repercusiones. Desde el municipio sostienen que el terreno pertenece al Estado local, que existen tres fallos judiciales favorables a esa postura y que la ocupación carecía de respaldo documental. Del otro lado, Hernández insiste en que la propiedad forma parte de la historia de su familia y reclama asistencia para recuperar un lugar donde vivir.

Nogoyá.– Una grave denuncia por presuntas irregularidades en el manejo de las arcas públicas ha sacudido la tranquilidad de la comuna de XX de Septiembre. La Unidad Fiscal local, procedió a la apertura formal de una Investigación Penal Preparatoria (IPP) que tiene como principal imputada a la presidenta comunal de dicha localidad, Adriana Hernández. Las actuaciones judiciales se iniciaron a raíz de sospechas fundadas sobre la supuesta comisión de los delitos de peculado, apropiación y malversación de fondos públicos, todos ellos relacionados de manera directa con las partidas presupuestarias afectadas a la ejecución de la obra del Salón de Usos Múltiples (SUM) de la comunidad.

Más allá del impacto político que genera el inicio de una causa de estas características contra una autoridad electa, advierten que la gravedad del escenario radica en el denso contenido de las pruebas y las sospechas que sustentan el expediente. Ante este panorama, desde la fiscalía interviniente se han dispuesto medidas procesales concretas de alto impacto administrativo para intentar esclarecer si existió un desvío de los recursos estatales o una administración infiel del patrimonio comunitario.

En este sentido, el fiscal Martínez libró una serie de órdenes destinadas a requerir informes técnicos y detallados al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, al Tribunal de Cuentas provincial y a la Dirección de Comunas y Juntas de Gobierno. El objetivo central de estos requerimientos es reconstruir de manera minuciosa e histórica el recorrido completo y la trazabilidad de cada uno de los fondos y partidas que fueron enviados a la administración de Veinte de Septiembre desde el año 2012 hasta la fecha actual para el desarrollo de la mencionada obra edilicia.

La investigación judicial apunta a poner bajo la lupa un extenso archivo de documentos públicos que incluye transferencias bancarias, subsidios otorgados, expedientes de obra, balances contables, decretos comunales y la totalidad de los movimientos de las cuentas bancarias institucionales. Asimismo, los peritos judiciales pretenden determinar si existieron intimaciones previas u observaciones por parte de los organismos de control ante la posible falta de presentación de información pública y rendiciones de cuentas por parte de la comuna, en una causa que promete sumar nuevos capítulos en los tribunales de nuestra ciudad a medida que ingresen las respuestas a los oficios emitidos.

Por mayoría de tres votos contra dos, el Superior Tribunal de Justicia resolvió que una Acción de Amparo presentada por la abogada Sonia Spreafico (Expediente N°28.382, “Spreafico Sonia Gabriela c/Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y Municipalidad de Crespo s/Acción de Amparo”), vuelva a  primera instancia, para rever aspectos procedimentales sobre la terna de profesionales que se elevó desde el Concejo Deliberante al Poder Ejecutivo Provincial para determinar el futuro juez de Paz de Crespo.

De aquella terna, que habían integrado Rocío Dinorah Weber, Rocío Guadalupe Rodríguez Mayer y Jorge Kriger, este último terminó siendo elegido con la firma del gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia.

La mayoría del STJ, compuesta por las vocales Gisela Schumacher, Claudia Mizawak y Laura Soage, resolvió:

“1º) Declarar la nulidad de lo actuado desde el momento en que debió ordenarse la citación de los terceros interesados y remitir las actuaciones a la instancia de origen para que, previa convocatoria de éstos al proceso, se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho.

2º) No dar tratamiento al recurso de apelación articulado por la codemandada Municipalidad de Crespo, atento a lo resuelto en el punto anterior”.

En rechazo del amparo, se habían definido los vocales Daniel Carubia y Carlos Tepsich.

El fallo estaba siendo analizado en la Municipalidad y según lo determinado por el STJ, la nulidad de lo actuado en primera instancia se produciría desde la citación de la Municipalidad y la Provincia, porque se entiende que el fallo establece que debían citarse también los tres ternados (Jorge Kriger, Rocío Dinorah Weber y Rocío Guadalupe Rodríguez Mayer), para que respondan y opinen sobre las posiciones de Spreafico y su contraparte los gobiernos de la Provincia y de la Municipalidad de Crespo. El procedimiento desde ahí para adelante es nulo.

El caso tiene que volver a un tribunal de primera instancia que no podría ser el que ya dictó sentencia, se tiene que designar otro, de acuerdo a lo consultado por Paralelo32 a una fuente jurídica. Ese juez va a correr traslado a los tres ternados (Kriger, Weber, R. Mayer) que deberán contestar en base a la presentación de Spreafico y las contestaciones de Municipalidad y Provincia. A partir de esa instancia, el nuevo tribunal de origen deberá dictar sentencia de origen. Si ese fallo no le conforma a alguna de las partes, puede apelar y avanzar nuevamente el caso hasta el Superior Tribunal de Justicia.

En definitiva, la sentencia del STJ no se expidió sobre la cuestión de fondo: si la Municipalidad debió hacer una convocatoria amplia a abogados para determinar una terna a partir de antecedentes y entrevistas. Lo que se revisa es un elemento procedimental: mientras Spreafico por un lado, Provincia/Municipio por otro, disputaban sobre el trámite de selección de la terna, el juez interviniente no pidió opinión y respuestas a los ternados, quienes tenían derechos adquiridos por formar parte de la terna, derechos que podían ser lesionados por esa disputa.

Parte central del dictamen de la vocal Schumacher en torno a la que gravita el fallo emitido por el STJ:

“(…) Ahora bien, aun cuando la actora (Spreafico, N. de R.) amplió su pretensión solicitando la nulidad de actos administrativos dictados con posterioridad a la interposición de la demanda, omitió pedir la convocatoria al proceso de las personas que integraban la terna oportunamente conformada mediante Decreto “DCD-2026-7-E-MUNICRESPO-CD”, una de las cuales resultó finalmente designada por Decreto “DTO-2026-823-E-GER-GOB”.

Tal omisión no reviste carácter meramente formal, sino que se trata de sujetos cuya esfera jurídica se vería directa e inmediatamente afectada en caso de prosperar la pretensión, ya sea por la frustración de una expectativa legítima de acceso al cargo -respecto de quienes integraban la terna- o por la eventual privación de un derecho subjetivo ya consolidado –en relación con quien resultó designado-.

En tales condiciones, su intervención (abogados ternados, N. de R.) en el proceso resultaba necesaria y la falta de integración de estos terceros configura un defecto de proponibilidad subjetiva que compromete la validez misma de la relación procesal, en tanto impide el dictado de una sentencia útil sin vulnerar la garantía de defensa en juicio y del debido proceso (art. 18 CN).

Por ello, a mi entender la situación debió ser subsanada oficiosamente en la instancia de grado, mediante la citación de los terceros interesados (abogados ternados, N. de R.) antes del ingreso de los autos a sentencia. Es que no obstante la falta de previsión expresa en la norma de rito, entiendo que ello se enmarca dentro de los poderes-deberes implícitos de dirección y ordenación que incumben a quienes tenemos la función jurisdiccional.

(…) En consecuencia, la omisión de integrar debidamente la litis en un supuesto de intervención necesaria constituye un vicio insalvable que afecta la validez del pronunciamiento. Por ello, corresponde declarar la nulidad de lo actuado desde el momento en que debió ordenarse la citación de los terceros interesados y remitir las actuaciones a la instancia de origen para que, previa convocatoria de éstos al proceso, se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho”.

El Superior Tribunal de Justicia resolvió, por mayoría de tres votos a dos, que una Acción de Amparo presentada por la abogada Sonia Spreafico, vuelva a  primera instancia, para rever la forma en que se definió la terna de profesionales que se elevó desde el Concejo Deliberante al Poder Ejecutivo Provincial para determinar el futuro juez de Paz de Crespo.

De aquella terna, que habían integrado Rocío Dinorah Weber, Rocío Guadalupe Rodríguez Mayer y Jorge Kriger, este último terminó siendo elegido con la firma del gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia.

El fallo exige que el Vocal de Juicio y Apelaciones N° 5, doctor Gervacio Labriola, se expida nuevamente frente al recurso presentado en su momento por Spreafico.

La mayoría del STJ resolvió: “Declarar la nulidad de lo actuado desde el momento en que debió ordenarse la citación de los terceros interesados y remitir las actuaciones a la instancia de origen para que, previa convocatoria de éstos al proceso, se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho”.

En su presentación, la profesional local sostuvo que “ha quedado demostrado que la Municipalidad de Crespo decidió omitir el concurso público, sustituyéndolo por la elección directa de tres ciudadanos, por parte del Intendente local, quien  expresó elegirlos por el prestigio del que esos tres abogados gozarían, según su criterio subjetivo y personal que fue convalidado por los concejales”. Siguiendo ese argumento, consideró que la Municipalidad de Crespo violó el derecho a la igualdad de oportunidades para otros abogados que podrían postularse para el cargo.

Previamente, el titular del despacho de Juicio y Apelaciones N°5, Gervacio Labriola, había rechazado por “inadmisible” el amparo. En su primer intento, la demandante había argumentado que el Concejo Deliberante de Crespo “efectuó sesión especial -sin convocatoria a la ciudadanía con la finalidad de aprobar una terna; que la terna no fue precedida de ningún concurso público de ninguna especie, sino que se originó en una propuesta del Sr. Intendente hecha luego de cerradas las sesiones legislativas del año 2025”. La demandante agregó, en su primera presentación, que la propuesta fue aprobada “en una sorpresiva sesión de dudosa legalidad en relación a la Ley Orgánica de Municipios”.

Ahora, con el fallo del STJ, el expediente volverá al despacho de Labriola, para que se expida nuevamente sobre el tema.

Autoridades de la Municipalidad de Crespo brindaron una conferencia de prensa para aclarar la situación vinculada a un terreno de propiedad municipal ubicado sobre calle Catamarca, entre Kaehler y Buenos Aires, luego de que se viralizara en redes sociales un video en el que una pareja acusa al Estado local de haber demolido una vivienda y retirado pertenencias personales.

La secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano, Vanesa Pusineri, y el asesor letrado municipal, Francisco Ferrer, detallaron el proceso administrativo y judicial que derivó en una orden de desalojo, actualmente en instancia de ejecución.

Según explicó Pusineri, el conflicto se originó durante 2024 cuando una pareja tomó posesión de un terreno que, de acuerdo con la documentación municipal, pertenece al Estado local.

“Cuando el municipio tomó conocimiento de esta situación, se los intimó para que abandonaran el lugar. Al no ocurrir eso, se inició un proceso judicial”, señaló la funcionaria.

La secretaria indicó que las personas involucradas manifestaron haber tenido vínculos familiares con el predio durante su infancia, aunque sostuvo que nunca presentaron documentación que acreditara derechos de propiedad sobre el inmueble.

“Tenemos la obligación de resguardar los bienes del Estado. No podemos permitir este tipo de situaciones porque existen mecanismos legales para acceder a terrenos y viviendas, como los programas municipales de lotes sociales”, expresó.

Por su parte, el asesor legal Francisco Ferrer explicó que antes de acudir a la Justicia existieron instancias de diálogo en las que se solicitó a los ocupantes que acreditaran la titularidad que decían poseer.

“Ante la falta de documentación y la negativa a abandonar el lugar, el municipio inició la acción judicial correspondiente”, indicó.

Según detalló, la causa obtuvo tres resoluciones favorables al municipio en distintas instancias judiciales, hasta llegar al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que recientemente ratificó la posición municipal.

“Hace aproximadamente veinte días se resolvió la última instancia y se confirmó que deben desalojar el inmueble y restituir la posesión al municipio”, afirmó Ferrer.

El letrado agregó que actualmente existe un mandamiento de desalojo radicado en el Juzgado de Paz de Crespo y que se aguarda la fijación de una fecha para concretar la medida.

Durante la conferencia, Ferrer precisó que cuando la pareja ocupó el predio se trataba de un terreno baldío cercado posteriormente por los ocupantes.

Asimismo, explicó que años atrás existió una vivienda precaria en ese lugar, donde habría residido parte de la familia involucrada. Sin embargo, aseguró que esa construcción fue demolida por el municipio en 2019 debido a su avanzado estado de deterioro y al riesgo que representaba para terceros.

“En ese momento no había personas viviendo allí y la estructura estaba más cerca del derrumbe que de ser habitable”, sostuvo.

Consultados sobre el futuro del inmueble, las autoridades señalaron que una vez recuperada la posesión se avanzará en un trámite de usucapión para regularizar formalmente la titularidad municipal.

Según explicó Ferrer, el municipio cumple actualmente casi veinte años de posesión sobre el terreno, plazo que habilitaría el inicio de ese procedimiento judicial.

Además, remarcó que no es posible arribar a acuerdos particulares sobre terrenos públicos porque ello podría generar situaciones similares en otros sectores de la ciudad.

“Tenemos programas de acceso a terrenos y viviendas que funcionan mediante evaluaciones sociales, sorteos y procedimientos transparentes. No podemos establecer excepciones por fuera de esos mecanismos”, manifestó.

Finalmente, desde el municipio señalaron que continúan las gestiones para concretar la restitución del inmueble de la manera más pacífica posible. No obstante, recordaron que el mandamiento judicial contempla la posibilidad de requerir asistencia policial en caso de ser necesario.