Trabajadores de la empresa avícola Granja Tres Arroyos (GTA), la principal productora de pollos del país, se encuentran en asamblea desde la madrugada de este martes 10 de marzo en la ciudad de Concepción del Uruguay, ante versiones que indican una posible quiebra de la firma en medio de una profunda crisis que afecta a sus plantas en Entre Ríos y Buenos Aires.

La información fue publicada por el diario La Calle. En paralelo, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, visitó este martes las instalaciones de Fepasa en la misma ciudad.

La medida de fuerza responde a la incertidumbre generada por los rumores de quiebra, que se suman a los conflictos salariales que la empresa arrastra desde hace meses. GTA ya enfrentaba reclamos por deudas salariales en su planta La China, en Concepción del Uruguay, y también en su establecimiento de Pilar, en la provincia de Buenos Aires.

La crisis empresarial se profundizó durante el último año y derivó en cerca de 400 desafectaciones de personal, entre despidos, retiros voluntarios y acuerdos. En tanto, la planta de Pilar también registró paralizaciones en su actividad debido a reclamos por salarios adeudados.

Los representantes gremiales informaron que actualmente no existe diálogo con la empresa. Así lo señalaron el secretario general del Sindicato de la Alimentación, Miguel Klenner, y el referente del Sindicato de la Carne, Sergio Vereda. Según indicaron, desde marzo de 2024 los trabajadores vienen percibiendo sus salarios en cuotas, llegando a cobrarlos en hasta cinco partes.

En la planta trabajan alrededor de 1.000 personas, muchas de las cuales atraviesan una situación económica crítica. De acuerdo con lo manifestado por los empleados, varios tienen dificultades para afrontar el pago de alquileres y presentan problemas financieros, incluso con tarjetas de crédito bloqueadas, lo que limita su acceso a alimentos y otros bienes básicos.

Ante este escenario, la planta de faena se encuentra paralizada y el sector de carga permanece bloqueado hasta tanto la empresa regularice el pago de los salarios adeudados.

Por su parte, el dirigente Sergio Vereda expresó su preocupación por la falta de comunicación de la empresa con los trabajadores, lo que ha generado un clima de incertidumbre y angustia en el sector.

Mientras tanto, el gobernador Rogelio Frigerio realizó una visita a las instalaciones de Fepasa en Concepción del Uruguay, aunque hasta el momento no trascendieron detalles sobre posibles gestiones vinculadas a la situación que atraviesa Granja Tres Arroyos.

La crisis laboral en la avícola es seguida de cerca por autoridades provinciales y organizaciones sindicales, que se mantienen en estado de alerta frente a la evolución del conflicto.

El presidente Javier Milei promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, sancionada por el Congreso de la Nación Argentina el pasado 27 de febrero, mediante el Decreto 137/2026. La norma introduce una reforma estructural del sistema laboral argentino, con modificaciones que abarcan desde la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 hasta el régimen de convenios colectivos, el derecho de huelga y la creación de nuevos mecanismos de financiamiento para indemnizaciones.

La promulgación fue firmada también por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Según el Gobierno, la reforma busca modernizar el mercado laboral, incentivar la formalización del empleo y promover inversiones productivas, mientras que distintos sectores sindicales y políticos advierten que la normativa implica una reducción de derechos laborales históricos.

La nueva legislación modifica el alcance de la Ley de Contrato de Trabajo al excluir expresamente a los trabajadores independientes, prestadores de servicios de plataformas tecnológicas y personas privadas de libertad.

Además redefine el concepto legal de trabajo como “toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración”.

Uno de los cambios más relevantes es que se limita la presunción de relación de dependencia cuando el trabajador emite facturas o recibe pagos mediante transferencias bancarias, lo que podría impactar en disputas judiciales vinculadas a vínculos laborales encubiertos.

La ley modifica el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y establece que la indemnización por despido sin causa será equivalente a un mes de sueldo por cada año de antigüedad, calculada sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año.

La norma define como remuneración “habitual” a los conceptos percibidos al menos seis meses durante el último año calendario.

También determina que la indemnización laboral será la única reparación procedente frente a la extinción sin justa causa, lo que impide iniciar acciones civiles o extracontractuales paralelas, salvo cuando exista un ilícito penal.

Además, el nuevo esquema permite que las indemnizaciones se paguen en cuotas: hasta 12 en empresas grandes y hasta 18 en micro, pequeñas y medianas empresas.

Uno de los ejes centrales de la reforma es la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), patrimonios separados que los empleadores deberán constituir para afrontar obligaciones indemnizatorias.

Las contribuciones obligatorias serán:

Los aportes se calcularán sobre las remuneraciones base del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Los fondos serán administrados por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores y entrarán en vigencia el 1° de junio de 2026, con posibilidad de prórroga de seis meses por parte del Poder Ejecutivo.

El Gobierno señaló que las empresas que integren estos fondos recibirán una reducción equivalente en sus contribuciones patronales a la seguridad social.

La ley incorpora un marco específico para trabajadores de plataformas tecnológicas de movilidad y reparto, estableciendo que serán considerados trabajadores independientes y no empleados en relación de dependencia.

Las empresas deberán brindar:

Los prestadores tendrán libertad de horario, conexión y rechazo de pedidos, según establece la normativa.

La reforma introduce cambios en la organización del tiempo de trabajo.

Las vacaciones deberán otorgarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril, aunque la ley establece que el trabajador tendrá derecho a disfrutarlas en temporada estival al menos una vez cada tres años. Además, podrán fraccionarse en períodos no menores a siete días.

También se incorpora un sistema de banco de horas, que permite compensar tiempo trabajado en exceso con reducción de jornada en otro momento. En ese marco, la jornada máxima podrá extenderse hasta 12 horas, siempre que exista un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas.

La norma modifica el régimen de conflictos colectivos y establece nuevos niveles obligatorios de prestación durante huelgas:

Entre los servicios esenciales se incluyen:

En tanto, como servicios trascendentales se incorporan sectores como:

La ley también introduce modificaciones a la Ley de Convenios Colectivos N° 14.250.

Los convenios colectivos vencidos solo mantendrán vigentes sus cláusulas normativas hasta que se firme uno nuevo, mientras que las cláusulas obligacionales solo continuarán si las partes acuerdan su prórroga.

Asimismo, se fijan límites a los aportes establecidos en los convenios colectivos:

La normativa también establece que los delegados sindicales dispondrán de hasta 10 días al mes para tareas gremiales dentro de la jornada laboral, y que las asambleas requerirán autorización del empleador.

La ley crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), vigente por un año desde el segundo mes posterior a la promulgación.

Los empleadores que incorporen trabajadores no registrados o desempleados pagarán una contribución patronal reducida del 2% durante los primeros cuatro años de la relación laboral.

También se establece el Programa de Promoción del Empleo Registrado (PER), que permite regularizar trabajadores con condonación de hasta el 70% de las deudas con la seguridad social.

En materia tributaria, la ley crea el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), destinado a micro, pequeñas y medianas empresas.

El esquema incluye:

La normativa dispone que, a partir del 1° de enero de 2027, quedarán derogados varios estatutos laborales especiales, entre ellos:

Estos sectores pasarán a regirse por el régimen general.

Además, la ley aprueba el acuerdo de transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo al fuero laboral de la Ciudad de Buenos Aires, firmado el 9 de febrero de 2026 entre el Estado nacional y el Gobierno porteño.

Las causas ya iniciadas continuarán tramitándose bajo la normativa vigente hasta completarse el proceso de traspaso.

La reforma laboral impulsada por el Gobierno de Milei representa uno de los cambios más profundos en la legislación laboral argentina en décadas, con impacto directo en la organización del trabajo, las indemnizaciones, la negociación colectiva y el derecho de huelga.

Autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (CPCEER) y de la Secretaría de Trabajo mantuvieron un encuentro en el que analizaron los avances en el proceso de digitalización de documentación laboral y las dilaciones en la obtención de firma digital.

En ese marco, desde el Consejo transmitieron la preocupación de sus matriculados en relación a distintas dificultades que se han encontrado para la gestión y obtención de firma digital, requisito indispensable para operar dentro del Sistema de Presentación y Rúbrica de Documentación Laboral (SIDREL).

Atendiendo este planteo, y reafirmando el compromiso del gobierno provincial de acompañar el proceso de adaptación, se decidió habilitar de manera excepcional hasta el 27 de febrero próximo la presentación en formato papel de la documentación adeudada de 2025. De esta manera, se brinda la posibilidad a todos los empleadores de regularizar su situación.

En la misma línea, quienes se encuentran tramitando su firma digital podrán presentar en formato papel la documentación correspondiente a los primeros meses de 2026, con el objetivo de que puedan cumplir con sus obligaciones antes del primer vencimiento, establecido para el 27 de febrero para Planilla de Personal y Libro de Sueldo de enero 2026.

Por su parte, el Consejo solicitado extender los vencimientos para las presentaciones digitales hasta el 30 de abril, debido a las dificultades para la obtención de la firma digital. Desde la cartera provincial se asumió el compromiso de analizar el pedido.

Vale señalar que desde 2026, los empleadores con cuatro o más trabajadores registrados deben realizar sus presentaciones dentro del sistema digital, conforme a los plazos establecidos por la normativa vigente. En tanto, los de uno a tres tienen la posibilidad de optar por continuar con las presentaciones en papel o adherirse al formato digital.

Luego de la reunión, la Secretaría de Trabajo comenzó a comunicar esta medida a través de los datos de contacto declarados en el Registro Digital de Empleadores a fin de garantizar una difusión directa y efectiva a esta decisión.

El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) del Consejo de Empresarios de Entre Ríos presentó un informe que analiza la evolución del mercado laboral provincial a partir de datos correspondientes a septiembre de 2025. El estudio pone el foco en el empleo privado registrado y el empleo público, y revela un escenario de estancamiento, con comportamientos dispares entre los principales aglomerados urbanos de la provincia.

De acuerdo con el trabajo, los indicadores elaborados con datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) muestran realidades contrapuestas entre Concordia y el Gran Paraná. En el aglomerado de Concordia se registró una caída en las tasas de actividad y de empleo, acompañada por un aumento de la desocupación. En cambio, el Gran Paraná evidenció mejoras tanto en la actividad como en el empleo, mientras que la tasa de desocupación se mantuvo estable en torno al 5%.

En ambos casos, el nivel de desempleo continúa siendo inferior al promedio nacional, situación que el informe vincula, en parte, a la elevada participación del empleo público dentro de la estructura laboral entrerriana.

En septiembre de 2025, Entre Ríos registró 136.575 empleados asalariados privados formales, lo que representó una disminución interanual del 0,3%, equivalente a 436 puestos de trabajo menos respecto al mismo mes de 2024. Medido en relación con la población, la provincia cuenta con 94 asalariados privados cada 1.000 habitantes, un valor que se mantiene por debajo de los registros históricos previos a 2019, con excepción del período afectado por la pandemia.

La participación de Entre Ríos en el total nacional del empleo privado registrado sigue siendo reducida: apenas representa el 2,2% del total del país.

En comparación con el resto de la Región Centro, la provincia se ubica claramente por debajo. Santa Fe registra 139 asalariados privados cada 1.000 habitantes y Córdoba 132, frente a los 94 de Entre Ríos. Según el IIES, para igualar a Santa Fe la provincia debería crear unos 65.000 puestos de trabajo formales, lo que implicaría un aumento del 48%. Para alcanzar a Córdoba, la creación necesaria sería de más de 53.000 empleos, un incremento del 40%.

El análisis por ramas de actividad muestra que, en el primer trimestre de 2025, el empleo privado registrado cayó un 1,2% interanual. Entre los sectores con mayor peso, el comercio se mantuvo prácticamente estable, la industria manufacturera retrocedió un 2%, mientras que la enseñanza creció un 2,7%. La agricultura, ganadería y silvicultura mostró una leve baja del 0,3%.

Las mayores caídas se registraron en hotelería y restaurantes (-7,1%) y en transporte, almacenamiento y comunicaciones (-4,5%), reflejando las dificultades que atraviesan algunos sectores vinculados al consumo y a los servicios.

En septiembre de 2025, el empleo público provincial alcanzó los 90.397 agentes, con una variación interanual negativa del 0,3%, es decir, 314 trabajadores menos que un año atrás. No obstante, el informe señala una tendencia de estabilidad en torno a los 90 mil empleados, con una reducción gradual del número de empleados públicos cada 1.000 habitantes, que se ubicó en 62.

En la composición de la planta, la planta permanente disminuyó levemente, mientras que la planta transitoria y la suplente mostraron incrementos, lo que evidencia un cambio en la estructura del empleo estatal.

Por escalafón, los docentes y el personal general, que concentran casi el 70% del total, registraron caídas. En contraste, los escalafones de Salud, Seguridad y Justicia mostraron incrementos, destacándose el sector Salud con una suba del 4%.

El gasto en personal del Estado provincial ascendió en septiembre de 2025 a 180.523 millones de pesos, incluyendo salarios, obra social y aportes jubilatorios. El gasto promedio por empleado fue de casi 2 millones de pesos mensuales.

En paralelo, la cantidad de jubilados y pensionados provinciales llegó a 65.807 beneficiarios, un 2,8% más que en septiembre de 2024, con un haber medio de 1.480.836 pesos. Si se suman empleados públicos activos y pasivos, el total de personas que dependen del Estado provincial asciende a 155.949, unas 1.195 más que un año atrás.

El informe del IIES concluye que el mercado laboral entrerriano continúa mostrando un fuerte peso del sector público y un bajo dinamismo del empleo privado registrado, especialmente en comparación con las provincias vecinas. La brecha con Santa Fe y Córdoba evidencia un desafío estructural para la provincia: generar condiciones que permitan ampliar de manera sostenida el empleo formal privado, clave para fortalecer el desarrollo económico y reducir la dependencia del Estado como principal sostén laboral.

Nogoyá.- La oferta y la demanda laboral del departamento, pretende estar concentrada en una plataforma digital donde los trabajadores podrán postularse a ofertas laborales, o cargar sus perfiles para que los posibles empleadores filtren su búsqueda sin necesidad de abrir convocatorias de manera particular.

La propuesta nace en la Delegación Departamental de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social que se encuentra a cargo de Gisel Zárate, quien expresó en una entrevista brindada a Del Éxodo Nogoyá que, desde su gestión, no desea que la delegación de trabajo sea vista como un organismo administrativo, que no solo sea ente de contralor, sino que a su vez brinde servicios. “Entonces en esa búsqueda surge esta idea en base a la experiencia de la gente que acercaba su currículo y no tenía como trascender su experiencia laboral. Mediante un convenio marco celebrado con la Dirección Departamental de Escuelas y la Tecnicatura en Desarrollo de Software, cinco estudiantes están desarrollando la plataforma que piensa estar disponible para la comunidad en poco más de un mes.

“En este sitio, toda persona se podrá registrar, cargar sus datos y la plataforma misma va creando un perfil, acorde a sus conocimientos, capacitaciones, títulos y esto no solo que va a tener un perfil para trabajadores, sino también orientará un perfil para las empresas” explicó la funcionaria de trabajo, contando que en el origen de esta idea realizó las consultas con el Secretario de Trabajo de provincia Mariano Camoirano, “quien me dijo que le pareció una muy buena la idea y se analizará a futuro si se pueden sumar diferentes departamentos entrerrianos para llevarlo a cabo”.

“Como siempre lo digo y lo sostengo, el trabajo en red es fundamental en diferentes organismos, siempre hay que ver como fusionarnos y seguir trabajando de esa manera en bloques. Eso es lo que nosotros queremos generar, una confianza tanto de trabajador como de la empresa a la hora de utilizar esta plataforma. Con la Oficina de Empleo Municipal estamos en dialogo, para poder articular, porque ellos ya cuentan con una base de datos y eso a nosotros también nos va a servir porque nos va a dar un puntapié” detalló Gisel Zárate, quien agregó que una vez que esté lanzada la plataforma, el organismo saldrá a territorio, a recorrer distintos barrios para comentar los alcances de esta propuesta, enseñar como ingresar e incluso acompañar a los interesados en el proceso.

“Calculamos que en un mes y medio ya se podría lanzar. Hoy en día, necesitamos utilizar las tecnologías a nuestro favor, entonces esto permitirá además de cargar datos sumar las experiencias y conocimientos, porque muchas veces hay trabajadores que no tienen un certificado de capacitación, pero si una experiencia comprobable que le genera un perfil valioso en conocimiento, el que podrá poner en esta red mediante su celular sin tener que confeccionar e imprimir un currículo”.

La firma del convenio marco fue realizada por la Directora Departamental de Escuelas, Claudia Sosa, la rectora de la Escuela Normal Haydee Riffel y la delegada departamental Gisel Zárate. Como profesora coordinadora se encuentra Verónica Steven, y los estudiantes que desarrollan por estas horas los últimos detalles del sitio web son Jessica Vigliano, Valentina Zarate, Lucila Castillo, Emanuel Montero y Sebastián Dorsch.

En una nueva instancia de diálogo con los gremios estatales, el gobierno provincial presentó y acordó este lunes una propuesta salarial que incluye el pago de una asignación fija, no remunerativa y no bonificable de 50.000 pesos mensuales para los trabajadores activos y 25.000 pesos para los pasivos, por un período de tres meses.

La medida fue aceptada por los gremios UPCN y ATE, luego de que el Ejecutivo mejorara la oferta inicial presentada en horas de la mañana. El pago de estas sumas se realizará con los haberes de julio, agosto y septiembre, y apunta a aliviar el impacto de la inflación sobre los ingresos más bajos del sector público.

Según explicaron desde el Gobierno, la asignación representa un incremento aproximado del 6% en el salario de bolsillo para quienes se encuentran en los tramos más bajos de la escala salarial estatal. “Es una medida que impacta de inmediato y de forma más significativa en los sectores con menores ingresos”, subrayó Fanny Maidana, representante paritaria del Ejecutivo.

Asimismo, Maidana destacó que la propuesta fue elaborada “luego de un proceso de escucha activa” de los planteos de los gremios: “Hemos considerado con atención la preocupación legítima de los trabajadores ante la coyuntura actual. La propuesta es responsable, tanto con los trabajadores como con las finanzas públicas”.

Desde los gremios UPCN y ATE, que venían reclamando medidas urgentes frente a la pérdida del poder adquisitivo, se valoró que la oferta oficial haya sido mejorada y que el Ejecutivo haya mostrado predisposición al diálogo. La propuesta fue aceptada en el marco de la mesa de negociación, aunque las organizaciones adelantaron que seguirán evaluando la evolución de la inflación y el costo de vida.

Ambas partes acordaron una nueva instancia de revisión salarial para fines de septiembre, donde se retomará el análisis de la situación económica y la evolución de los ingresos de los trabajadores estatales.

El acuerdo alcanzado este lunes se enmarca en un contexto de fuerte presión inflacionaria y búsqueda de medidas que mitiguen su impacto, especialmente entre quienes perciben los salarios más bajos. Con esta decisión, el Gobierno provincial apunta a garantizar una recomposición parcial inmediata mientras se prepara un nuevo esquema de actualización para el último trimestre del año.

Nogoyá.- La Dirección Departamental de Escuelas y la delegación local de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social celebraron un convenio marco para las prácticas profesionales de estudiantes de la Tecnicatura Superior en Análisis y Desarrollo de Software y de esta manera fortalecer la formación académica y la experiencia laboral.

Paralelo 32 entrevistó a Gisel Zárate, Delegada Departamental de la Secretaría de Trabajo, quien detalló diversos aspectos de la idea que comenzó a gestarse en base a una necesidad que surgió en el ámbito del organismo y culminó con un trabajo en redes entre el sector público, el privado y el estudiantil. 

“Conectamos Trabajo” se denomina el proyecto que comienzan a desarrollar estudiantes de nuestra ciudad. Zárate dijo a nuestro medio que funcionará mediante una aplicación y su correspondiente pagina web para dar respuesta a la falta de centralización a nivel local de la oferta y la demanda laboral. 

Para ello, la Secretaría de Trabajo firmó un convenio con la Dirección Departamental de Escuelas para que los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Análisis y Desarrollo de Software realicen en su práctica profesional la diagramación, programación y ejecución de la plataforma digital. 

Es decir que aquella persona que esté buscando trabajo, ya no deberá preocuparse en confeccionar e imprimir el currículos vitae para distribuirlo, sino que ingresando a la plataforma completará sus datos como nombre, apellido, edad, contacto y podrá formar un perfil laboral acorde a sus experiencias o saberes. En tanto, el potencial empleador podrá ingresar a la plataforma y mediante filtros de búsqueda formará el perfil de empleado que busca. Asimismo podrán dar a conocer las diferentes convocatorias laborales que posean.

Gisel Zárate mencionó que la mayor dificultad en la demanda laboral se presenta en el rubro de personal de casas particulares, donde existe amplia oferta y demanda, pero los interesados no tienen un punto de encuentro para conocer los perfiles, de igual forma sucede con personal especializado en oficios. 

“Con esto además de fortalecer el mercado laboral, promover la equidad e impulsar la economía local; se busca crear un monitor en tiempo de real del perfil que buscan las empresas y así poder pensar en el futuro en un proyecto de carreras prioritarias para el departamento Nogoyá” agregó la Delegada Departamental de Trabajo.

Desde los próximos días y durante cuatro meses, cinco estudiantes de la Tecnicatura Superior en Análisis y Desarrollo de Software tendrán entre sus objetivos poner en servicio la plataforma a la que podrán acceder todos los trabajadores y empresarios del departamento Nogoyá que buscan la inserción en el mundo laboral. Por estos días han mantenido dialogo con empresarios, autoridades y trabajadores para plasmar las bases de la plataforma digital a crear. La firma del convenio marco fue realizada por la Directora Departamental de Escuelas Claudia Sosa, la rectora de la Escuela Normal Haydee Riffel  y la delegada departamental Gisel Zárate.

A través de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, el gobierno provincial presentó una serie de reformas destinadas a modernizar el sistema de empleo, optimizar recursos públicos y facilitar la gestión laboral para los empleadores de la provincia. Estas modificaciones buscan agilizar los procesos administrativos y reducir la burocracia.

En una reunión llevada a cabo en el Consejo de Ciencias Económicas, con la participación de representantes de cámaras empresariales, colegios profesionales, universidades y más de 500 contadores conectados de manera virtual, se expusieron los cambios en marcha impulsados por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Gobierno y Trabajo.

El secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, destacó la importancia de esta iniciativa: "Como marca el gobernador Frigerio, estamos poniendo sentido común en la forma de administrar el Estado, para mejorar el funcionamiento y eliminar la burocracia innecesaria".

El principal objetivo de estas reformas es modernizar el vínculo entre el gobierno y los empleadores, simplificando la gestión laboral para hacerla más ágil, eficiente y sostenible. En este marco, se han eliminado cargas y aranceles innecesarios, además de avanzar en la digitalización de documentación. "Estamos trabajando en un proyecto de ley de reforma arancelaria y en un nuevo sistema digital de documentación laboral, que facilitará y optimizará los procesos y la comunicación entre el gobierno y las empresas", explicó Camoirano.

Por su parte, el presidente de la Bolsa de Comercio de Entre Ríos, Alcides Balla, resaltó que estas reformas buscan racionalizar las operatorias y mejorar la relación entre el sector empresarial y el gobierno. "Es fundamental el trabajo conjunto entre el sector privado, el gobierno y los sindicatos para mejorar la calidad del empleo y fomentar el trabajo registrado", afirmó.

Entre las medidas anunciadas, se encuentra la eliminación de una de las múltiples cargas arancelarias que los empleadores debían pagar para la presentación de documentación laboral. "Estas trabas burocráticas han hecho que disminuya el número de empleadores que cumplen con sus obligaciones", indicó Camoirano. En este sentido, se está diseñando una reforma arancelaria integral que establezca un pago único anual por todas las rúbricas, con aranceles ajustados para mejorar los servicios prestados.

Además, se presentó el nuevo sistema digital de documentación laboral, que se apoyará en el Registro Digital de Empleadores, implementado a inicios de 2025. Hasta la fecha, este registro ha permitido empadronar a más de 14.000 empresas y pymes, generando una base de datos sistematizada. A partir de mayo próximo, el nuevo sistema digital reemplazará progresivamente la presentación de documentación en papel y de forma presencial. Para garantizar su implementación efectiva, se llevarán a cabo capacitaciones dirigidas a los empleadores.

En medio de las políticas de ajuste destinadas a equilibrar las cuentas, que incluyeron la desaparición de la obra pública, se perdieron casi 185 mil empleos formales en los primeros doce meses de gestión de Javier Milei.

Los datos son oficiales y corresponden al período que va de diciembre de 2023 a noviembre de 2024.

En ese período el empleo privado asalariado registrado se redujo en 119.000 personas, al bajar de 6.385.000 a 6.266.000 trabajadores.

Además, el empleo público se achicó en 51.000 personas (desde 3.484.000 a 3.433.000 millones) y el personal de casas particulares, en 15.000 (de 464.000 a 449.000).

En cambio, los monotributistas aumentaron en 25.000 (de 2.037.000 a 2.062.000 millones).

El total de trabajadores registrados se redujo de 13.392.000 a 13.281.000 trabajadores, según los datos de la Secretaría de Trabajo, que depende del Ministerio de Capital Humano.

En noviembre, el trabajo registrado se redujo apenas 0,1% mensual, lo que implicó 16.500 trabajadores menos, tras un retroceso semejante en octubre, lo que marca una desaceleración en la pérdida de puestos, aunque aún no se nota una recuperación. 

El empleo formal cumplió 11 de 12 meses con retrocesos o sin crecimiento desde diciembre de 2023, cuando asumió la gestión actual.

En cuanto al empleo privado, hubo una creación de 2.400 puestos en noviembre, lo cual equivale a una tasa de variación mensual sin estacionalidad de 0,0%.

El informe señala que el crecimiento del empleo formal acumulado durante los últimos cuatro meses es “acotado con relación a la contracción verificada en los meses previos y en comparación con la expansión de la actividad económica observada durante los últimos meses”.

Es decir, la economía se empieza a recuperar pero eso no se refleja en el crecimiento de la demanda laboral.

A su vez, el empleo formal presenta un incremento intermensual oscilante, y no llega a estabilizarse. 

En septiembre y octubre la creación neta de empleo se aceleró con respecto a agosto, pero en diciembre volvió a desacelerarse hasta alcanzar un valor similar al verificado en agosto, dice el reporte.

De acuerdo a la información que brinda la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), el empleo privado cayó 0,2% en diciembre con relación al mes anterior, que las autoridades lo atribuyeron a "factores estacionales".

El informe consigna que el empleo privado solo creció levemente en la Industria manufacturera (0,1%), mientras que se estancó en Comercio, restaurantes y hoteles (0,0%), Transporte, Servicios financieros y Sociales mostraron valores negativos (entre 0,0% y -0,5%8), y la Construcción cayó (1,9%).

Desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2024, el salario promedio registrado tuvo en cada mes variaciones interanuales menores a la inflación. Recién en noviembre, la variación salarial fue superior a la de los precios.

La remuneración nominal bruta promedio de noviembre de 2024 fue de $1.423.257 y creció 172,8% con relación al mismo mes del año anterior, mientras que la inflación fue del 166%. 

El gobierno de Entre Ríos informó que los empleadores deberán realizar el empadronamiento de manera online hasta el 30 de diciembre a través del nuevo sistema digital creado con el objetivo de ordenar y agilizar los trámites laborales. La medida, dispuesta por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Gobierno y Trabajo, establece la necesidad de regularizar la información del sistema de registros de empleadores de la provincia.

El secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, explicó que este nuevo sistema se enmarca en el proceso de transformación digital del sector público. “Estamos llevando adelante una transformación digital para agilizar los trámites en todos los sectores. Este registro permite operar de forma más eficaz y segura, mejorando la comunicación entre las empresas, comercios y emprendimientos con la provincia”, afirmó.

Para registrarse, los empleadores deberán ingresar al portal oficial trabajo-entrerios.com.ar y completar el formulario de empadronamiento con la siguiente información:

Aquellos que ya se hayan empadronado bajo la Resolución N° 0025/14 MT (S.I.PR.O.D.) deberán actualizar sus datos para operar en el nuevo Sistema Provincial de Registro y Administración de Rúbrica de Libros y Documentación Laboral (SIDREL). Además, quienes cuenten con autorización para la centralización de documentación laboral en otra jurisdicción deberán adjuntar la resolución correspondiente.

La Secretaría de Trabajo informó que, debido a la implementación del nuevo sistema, se suspenderán todas las presentaciones de documentación laboral durante el mes de enero de 2025, según lo establece la Resolución N° 0581/24 STySS. En consecuencia, el empadronamiento y la actualización de datos serán obligatorios antes de fin de año.

Quienes no cumplan con el registro no podrán realizar rúbricas, habilitaciones o intervenciones de documentación laboral ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Además, podrán ser sancionados según lo estipula el Régimen General de Sanciones por Infracciones Laborales (Ley Nacional N° 25.212, ratificada por Ley Provincial N° 9297).

El Registro Digital de Empleadores, creado mediante la Resolución N° 580/24, es la primera etapa de la implementación del SIDREL, que entrará en funcionamiento a partir de 2025. Este sistema permitirá realizar todas las presentaciones de documentación laboral vía web y con firma digital, facilitando un proceso más eficiente y seguro.

Para realizar el trámite, los interesados pueden acceder a:

Este jueves 26 de septiembre se conmemora el Día del Empleado de Comercio en Argentina, pero, como es habitual, el feriado será trasladado al lunes siguiente. Así lo confirmó la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), en línea con lo acordado entre las partes, estableciendo que este año la fecha se moverá al lunes 30 de septiembre.

Conforme a la Ley 26.541, sancionada en 2009, cada año la conmemoración tiene lugar el 26 de septiembre. No obstante, se ha consensuado que, para facilitar la organización tanto de los empleados como de los establecimientos comerciales, el día no laborable se trasladará al lunes, permitiendo a los comercios adaptar mejor sus actividades.

La Cámara de Comercio aclaró que el traslado del feriado “no afecta la apertura de los establecimientos, siempre que estos sean atendidos por sus dueños o por empleados que acepten trabajar durante esa jornada”. Sin embargo, desde el gremio que representa a los empleados de comercio se promueve que los trabajadores no presten servicios ese día.

En caso de que los empleados mercantiles decidan trabajar el lunes 30 de septiembre, recibirán una compensación especial: se deberá abonar un recargo del 100% sobre su salario habitual, conforme a la normativa que equipara esta conmemoración a los feriados nacionales. Para aquellos que no trabajen, su salario mensual no se verá afectado, ya que este día se paga como si hubiesen cumplido con su jornada regular de trabajo.

Es importante destacar que este tipo de feriados no exige que se otorgue un descanso compensatorio, por lo que quienes trabajen no podrán recibir otro día libre en lugar de este.

El convenio colectivo de la Faecys (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios) establece que están sujetos a esta jornada todos los trabajadores que se desempeñen como empleados en distintas ramas del comercio o en actividades civiles con fines de lucro, así como en áreas administrativas de explotaciones industriales y agropecuarias con boca de expendio.

En consecuencia, la mayoría de los comercios, incluidas las grandes cadenas de supermercados y centros comerciales, no abrirán sus puertas el 30 de septiembre, ya que respetarán el descanso establecido por la ley.

El Día del Empleado de Comercio fue instaurado en honor a la sanción de la ley n° 11.729 en 1934, durante la presidencia de Agustín Pedro Justo. Esta legislación, impulsada por la entonces Federación Argentina de Empleados de Comercio, introdujo avances significativos para los trabajadores del sector, como la indemnización por despido y licencias por enfermedades y accidentes.

El gremio docente Agmer ha vuelto a rechazar la reciente propuesta salarial presentada por el gobierno de Entre Ríos y ha confirmado la implementación de medidas de fuerza en respuesta a la situación. Este desenlace se produjo en el marco de una nueva reunión en el contexto de la Conciliación Obligatoria, donde se ofreció un pago de 32.000 pesos en concepto de compensación por las pérdidas relacionadas con el Fondo Nacional de Incentivo Docente y Conectividad, aunque este monto fue catalogado como no remunerativo ni bonificable.

Marcelo Pagani, secretario general de Agmer, destacó que esta situación marca un hito negativo en la historia de las paritarias en la provincia: “Es la primera vez desde que está vigente la Ley de Paritarias que fracasa una instancia de conciliación”. En su declaración, resaltó que el mandato recibido del Congreso de Agmer estipulaba que cualquier propuesta debía incluir una suma remunerativa.

“Acá terminó la etapa de conciliación y lamentablemente con un fracaso. No hay posibilidad desde lo jurídico de una nueva conciliación obligatoria”, afirmó Pagani, enfatizando la posición del gremio respecto a las condiciones salariales que se deben cumplir.

La oferta presentada por el Poder Ejecutivo incluía el pago de 32.000 pesos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, además de un aumento salarial desde septiembre hasta diciembre que se alinearía con la inflación del mes anterior. Sin embargo, estas condiciones no fueron suficientes para satisfacer las demandas de los docentes.

Ante esta situación, Agmer ha decidido mantener las medidas de fuerza ya anunciadas. Se realizará un paro de 48 horas los días miércoles y jueves de la próxima semana. Posteriormente, en la primera semana de octubre, la medida de fuerza se extenderá a 72 horas, abarcando los días 1, 2 y 3 de octubre. Estas acciones estarán acompañadas por una marcha provincial, cuya fecha se definirá próximamente.

Este miércoles, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, participó en la mesa de trabajo titulada "Análisis de Litigiosidad Laboral y su Impacto en el Desarrollo Económico de la Región", organizada por el Ministerio de Gobierno a través de la Secretaría de Trabajo. El encuentro se llevó a cabo en el Centro Provincial de Convenciones en Paraná y reunió a diversos actores clave del ámbito judicial, empresarial y gubernamental con el objetivo de discutir el impacto de las sentencias judiciales en juicios por enfermedades y accidentes de trabajo, así como la incidencia de estas en los costos para el sector productivo de la provincia.

Durante su intervención, Frigerio destacó la importancia de la temática para el desarrollo económico de Entre Ríos. "Tengo una obsesión con la generación de empleo y si comparamos a la provincia con las de la Región Centro, vemos que, a igualdad de leyes laborales nacionales y políticas macroeconómicas desfavorables en los últimos 50 años, no hemos logrado hacer crecer nuestro empleo privado", afirmó.

El gobernador subrayó la necesidad de crear un marco que promueva la inversión y el crecimiento del sector privado. "Hoy, gobernar es generar condiciones para que haya empleo, sobre todo empleo de calidad", expresó Frigerio, enfatizando la importancia de aplicar sentido común, racionalidad y equilibrio en la implementación de las normas laborales. "Me han votado para dejar atrás muchas décadas de políticas que desincentivaron la generación de empleo privado e hicieron que prácticamente el Estado sea la única fuente laboral. Por eso, tenemos que ponernos de acuerdo, todos los que tengamos algo que ver con esta materia, desde el Poder Ejecutivo, la sociedad civil, la Justicia y las empresas", concluyó.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, también realizó un balance positivo del encuentro. "Estamos muy conformes porque participaron actores de trascendencia en la temática. La idea es, luego de esta reunión, cómo ponernos de acuerdo entre todos los actores intervinientes, porque queremos ver cómo podemos trazar en conjunto políticas de Estado para morigerar costos, generar inversiones y un ciclo virtuoso de crecimiento", señaló Troncoso.

El evento contó con la participación de destacadas figuras, entre ellas el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Lenardo Portela; directivos del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser); representantes de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo; de la Unión Argentina de ART; y de las aseguradoras de riesgos de trabajo Sancor, La Segunda y San Cristóbal. La reunión permitió un intercambio de ideas y propuestas para enfrentar los desafíos que la litigiosidad laboral plantea al desarrollo económico de la provincia.

Esta reforma, que pretende flexibilizar el mercado de trabajo, ha generado una amplia gama de reacciones, desde el apoyo entusiasta de sectores empresariales hasta la preocupación y resistencia de los sindicatos y organizaciones de derechos laborales.

El argumento central del gobierno es que la rigidez del actual sistema laboral es un obstáculo insalvable para la creación de empleo, especialmente en un contexto donde la economía informal representa más del 30% de la actividad laboral. Desde esta perspectiva, la reforma busca reducir las cargas sobre los empleadores, especialmente para las PyMEs, que frecuentemente se ven ahogadas por los costos derivados de las indemnizaciones por despido y otras obligaciones laborales.

La propuesta de un Fondo de Cese Laboral, por ejemplo, busca aliviar la presión sobre las empresas al permitir que estas contribuyan anticipadamente a un fondo destinado a cubrir las indemnizaciones. Sin embargo, este mecanismo plantea serios interrogantes sobre la seguridad y estabilidad laboral, dado que traslada gran parte del riesgo del empleo a los trabajadores.

Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es la modificación del período de prueba, que podría extenderse hasta un año en algunas empresas. Durante este tiempo, los trabajadores podrían ser despedidos sin derecho a indemnización ni preaviso, lo que aumenta la precariedad laboral y debilita la posición negociadora de los empleados.

Además, la limitación de las indemnizaciones, excluyendo conceptos como bonos y viáticos, representa un claro retroceso en los derechos laborales que han sido conquistados a lo largo de décadas de lucha sindical.

Otro punto de preocupación es la redefinición de las causas de despido. La participación en huelgas que afecten la operatividad de las empresas podría ser motivo de despido justificado, lo que restringe gravemente el derecho a la protesta y la organización sindical, pilares fundamentales en una sociedad democrática.

La reforma laboral de Milei no es un fenómeno aislado. En muchos países de América Latina, la flexibilización laboral ha sido presentada como la solución mágica para reducir el desempleo y atraer inversiones. Sin embargo, la experiencia internacional muestra que tales reformas, en ausencia de un sólido marco de protección social, tienden a aumentar la precarización y la desigualdad. En países como Brasil y México, reformas similares han generado empleos de baja calidad, con escasa estabilidad y menor poder adquisitivo para los trabajadores.

En Entre Ríos, donde la economía se sustenta en gran medida en la agricultura, el comercio y las pequeñas industrias, esta reforma podría tener efectos mixtos. Si bien podría facilitar la contratación en sectores que requieren flexibilidad, también podría generar un ambiente laboral más incierto y desalentador para los trabajadores, especialmente para aquellos que ya se encuentran en situaciones vulnerables.

La reforma laboral del gobierno de Javier Milei representa una apuesta arriesgada en un país donde las tensiones sociales y económicas están a flor de piel. Si bien el objetivo de mejorar la competitividad y reducir la informalidad laboral es legítimo, los medios propuestos para lograrlo podrían traer más desventajas que beneficios para la mayoría de los trabajadores argentinos. 

Desde el Centro de Estudios Políticos y Sociales "José Gervasio Artigas", instamos a una reflexión profunda sobre las implicaciones de esta reforma, a fin de garantizar que el progreso económico no se logre a costa de los derechos laborales que tanto han costado conseguir.

Es crucial que cualquier reforma laboral se lleve a cabo con un enfoque equilibrado que considere tanto las necesidades de los empleadores como los derechos y la dignidad de los trabajadores. Solo así se podrá construir un futuro laboral justo y sostenible para todos los argentinos.

En un contexto económico desafiante, la Directora del Departamento de Economía de la sede Rosario de la Universidad Austral, Ana Luis Navarro, ha analizado las recientes cifras de empleo difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). A través de su evaluación, Navarro revela la relación entre la recesión económica registrada durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei y el aumento del desempleo. A continuación, se presentan algunas de sus consideraciones clave.

Los datos recientes relativos al desempleo y nivel de actividad del primer trimestre de este año reflejan una economía en recesión, donde el desempleo va en aumento. Comparando con el año anterior, el Producto Bruto Interno (PIB) cayó un 5,1%, mientras que el desempleo subió a un 7,7%, evidenciando un crecimiento de 0,8 puntos porcentuales (p.p).

Desglosando los factores que inciden en el desempleo, se observa que la tasa de empleo cayó 0,7 p.p en promedio para los 31 aglomerados urbanos (EPH-INDEC). La oferta laboral, es decir, la cantidad de personas que tienen empleo o están buscándolo activamente, se contrajo 0,3 p.p, lo que ayudó a moderar el aumento de la tasa de desempleo.

Los datos muestran una realidad esperada, aunque de menor magnitud a la temida, conforme se conocían datos puntuales de algunas industrias, especialmente la construcción, afectada severamente por el cese de la obra pública.

Con estos números de caída en la actividad económica durante el primer trimestre del año, parece que las empresas han retenido a sus trabajadores. Esto plantea algunas preguntas sobre la elasticidad empleo del PIB y las motivaciones empresariales para retener empleados en un contexto de contracción económica.

La elasticidad del empleo respecto del PIB, calculada como la sensibilidad del empleo a las variaciones del producto, muestra un valor de 0,7. Esto indica que el empleo varía en menor proporción que el PIB. Si bien es un cálculo simple y con limitaciones, como suponer una relación lineal y la posible causalidad inversa, este valor revela una sensibilidad a corto plazo, que puede ser mayor a largo plazo según diversos estudios.

¿Por qué no hubo un aumento mayor en el desempleo promedio? Navarro plantea conjeturas: las empresas podrían estar expectantes a cambios de rumbo y a la desregulación de aspectos que encarecen sus actividades. Además, los empleados son un activo valioso para las empresas. La relación laboral tiene ventajas clave para ambas partes, a pesar de que los salarios son un costo para las empresas y un medio de vida para los empleados.

En el mismo período, los salarios reales perdieron en promedio un 20% de su poder adquisitivo, lo que ha ayudado a reducir visiblemente el costo laboral para las empresas en un entorno de alta inflación.

En el segundo semestre, los salarios reales han comenzado a mostrar variaciones interanuales positivas desde abril, con aumentos mensuales por encima de la tasa de inflación. Además, se observan signos de recuperación económica en sectores como agricultura, ganadería, pesca, minería, electricidad y agua, enseñanza, transportes y salud. En abril, el empleo registrado en empresas de 10 o más personas mostró un aumento en los despidos, no compensado por nuevas incorporaciones. Los datos de mayo y junio aún se desconocen.

En un contexto de creciente debate sobre la necesidad de desregulación en la economía argentina, Ana Inés Navarro, directora del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, en su sede de Rosario, ofrece un análisis perspicaz que invita a reflexionar sobre el papel de las regulaciones en el estancamiento económico del país.

Navarro comienza cuestionando la pertinencia de una profunda desregulación económica y plantea una interrogante fundamental: ¿Argentina requiere realmente la desregulación para superar su prolongada recesión y la incapacidad de generar empleo? En su visión, la economía argentina se encuentra estancada y en declive, lo que plantea la necesidad de examinar las razones detrás de este estancamiento.

La directora del Departamento de Economía destaca un dato preocupante: de los aproximadamente 21 millones de puestos de trabajo en Argentina, solo 6.5 millones son asalariados privados formales. Esta cifra se ve acompañada por 5.5 millones de trabajadores informales y alrededor de 4 millones de empleados públicos. Además, unos 5 millones de personas participan en el mercado laboral como cuentapropistas o monotributistas, careciendo de las ventajas del sistema de regulaciones laborales. En total, entre 9 y 10 millones de personas no se benefician de las protecciones del mercado laboral.

Este análisis se extiende a otras áreas económicas, como la actividad industrial y comercial, donde Navarro identifica numerosas regulaciones, como el observatorio de precios, la ley de góndolas y la ley de abastecimiento. Según la teoría microeconómica citada, estas leyes no solo fracasan en abordar la inflación, sino que también obstaculizan el funcionamiento eficiente de la microeconomía.

Navarro subraya que Argentina cuenta con los mecanismos institucionales necesarios para respaldar o frenar cualquier Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) relacionado con la desregulación económica. Esto plantea la pregunta crucial sobre si estas medidas impulsarían o desacelerarían la economía.

Para respaldar su argumento, Navarro ofrece un ejemplo concreto: la privatización de la hidrovía Paraná-Paraguay entre 1992 y 1993, donde están todos los puertos ubicados al norte y sur de Rosario y se les dio la posesión plena del derecho a los puertos que había en ese momento y que hasta ese momento tenían una posesión precaria de sus terrenos. "Eso, ¿qué produjo? Que la capacidad de molienda entre ese año y el 2014 se multiplicara por 6; crecieron más del 500% por las inversiones privadas. A partir de esa legislación del comienzo del gobierno de Carlos Menem, cuando se desreguló y se privatizó algunos aspectos, esta industria, que hoy en día es el polo aceitero más grande del mundo, tuvo un crecimiento exponencial. Hoy en día ese sector representa entre el 45 y el 50% de las exportaciones de Argentina”, relató.

Sin embargo, advierte sobre el exceso de regulaciones acumuladas con el tiempo, algunas bien intencionadas pero sin resultados positivos palpables. “Con el correr de tiempo, los argentinos nos fuimos llenando de nuevas regulaciones, algunas con buena intención de proteger al consumidor, a los trabajadores, a las empresas; pero sin resultados positivos”, indicó. Este llamado de atención insta a una revisión crítica de las regulaciones existentes y plantea la pregunta sobre si la desregulación selectiva podría ser la clave para impulsar la economía argentina.

En definitiva, el análisis de Navarro plantea preguntas cruciales sobre la necesidad y los posibles beneficios de la desregulación económica en Argentina. La reflexión sobre estos temas se convierte en imperativa en un momento en que el país busca desesperadamente soluciones para superar sus desafíos económicos persistentes.

La Argentina es el país de la región con más trabajadores que afirman padecer agotamiento laboral o "Síndrome de Burnout", según un reporte privado.

En términos coloquiales se les llama "cabeza quemada", ya que el estrés y el denominado "estrés de la desmotivación" son las principales sensaciones que refieren los argentinos.

En la Argentina, el 94% de los consultados afirmó sufrir de "agotamiento laboral excesivo", según la consultora de recursos humanos Jobint.

En este contexto, el estrés y la desmotivación son las sensaciones principales que se experimentaron durante el último año, indica el informe.

La consultora viene realizando este estudio desde 2020, en plena pandemia de coronavirus. En ese año un 88% decía sufrir agotamiento, 2021 era un 80% y en 2022, el 86%. Pero en este 2023 se registró el nivel más alto de este síndrome en la Argentina.

Por detrás de la Argentina se ubican Chile, 91%; Panamá, 83%; Ecuador, 79%; y Perú, 78%. En tanto, el 52% de los trabajadores afirma sentir falta de energía o cansancio extremo, hasta que el 41% experimenta "negativismo o cinismo" con relación al trabajo.

El 23% advierte una disminución en su eficacia para trabajar y apenas un 4% sin relación alguno de los síntomas de Burnout.

El informe indica que durante el último año el 79% de los consultado sintió estrés, el 75% está desmotivado, el 45% experimenta un agotamiento por encima de lo normal por la carga de trabajo.

El 43% de los consultados dijo que no logra desconectarse de su empleo y le cuesta encontrar tiempo para sí, el 42% que nota que disminuyó su rendimiento; el 41% se siente más presionado que antes; y al 32% las tareas le demandan más tiempo de lo habitual; entre otros.

El Síndrome de Burnout o del "trabajador agotado" alude a la denominada "cronificación del estrés laboral". Este se manifiesta a través de un estado de agotamiento físico y mental que se prolonga en el tiempo y se ha desviado a la personalidad y autoestima del trabajador.

Es un proceso en el que el trabajador sufre una pérdida del interés por sus tareas y va a hacer una reacción psicológica negativa hacia su ocupación laboral.

Respecto de los motivos del burnout, aseguran que se debe a la falta de claridad con respecto a lo que su rol implica (22%); a la sobrecarga de trabajo (21%); al trato de superiores (18%); a la presión en el trabajo (13%); a la de identificación con la falta de los valores de la organización (11%); a que no se encuentra en la altura de la rol (7%); y a la de tiempo para llevar a cabo todas las tareas (7%).

Del porcentaje que dice sentirse "quemado", el 22% no hace actividad para sentirse mejor y el 5% piensa no hacer nada para mitigar el burnout.

La ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, ratificó la posición del Gobierno en favor de una reducción de la jornada laboral, ya que afirmó que la situación actual "es uno de los resabios más anticuados de la legislación" argentina.

Luego de que la CGT planteara como un punto importante la necesidad de avanzar en ese sentido, la funcionaria nacional subrayó: "Estamos de acuerdo. Es uno de los resabios más anticuados de nuestra legislación seguir planteando una jornada de 48 horas semanal".

En declaraciones radiales, la integrante del Gabinete explicó que el Gobierno no quiso insistir con "un planteo propio" y señaló: "Pensamos que estaba un debate en el Congreso y quisimos apoyar el consenso que se alcanzara para avanzar en esta materia".

Sin embargo, planteó dos puntos importantes que debería contemplar una ley que modifique la reducción de la jornada laboral: "Que se alcance progresivamente ese nuevo horario y que deje un marco importante para la negociación tripartita, dada la heterogeneidad de actividades y la necesidad de adaptar esta duración de la jornada dada las características de cada actividad".

A falta de un mes para el final del mandato del presidente Alberto Fernández, Olmos reconoció que la gran deuda pendiente tiene que ver con "el poder adquisitivo de los ingresos" y recordó que su cartera sostuvo "las paritarias libres" y se "redujeron los plazos de homologación" de los acuerdos salariales.

"Lo que más afecta la capacidad adquisitiva de los salarios es el problema inflacionario, que tiene que ver con un desequilibrio macroecónomico", concluyó.