Según un relevamiento de la empresa Adecco, siete de cada diez compañías esperan que los cambios tengan un impacto favorable en las condiciones de contratación. Sin embargo, el verdadero desafío radica en cómo cada empresa adapta sus procesos internos a este nuevo escenario.

“Este nuevo marco representa una oportunidad para que las organizaciones revisen y fortalezcan su gestión interna. Comprender la norma es el primer paso, pero el verdadero diferencial está en cómo se implementa”, explicó Patricio Dewey, director comercial y de marketing de Adecco Argentina.

Uno de los ejes centrales de la reforma es la ampliación de las modalidades contractuales y la mayor discrecionalidad en la organización del trabajo. Esto permite a las empresas ajustar sus dotaciones con mayor precisión frente a cambios en la demanda o ciclos productivos.

No obstante, esta flexibilidad también implica nuevos desafíos. Las compañías deberán definir con mayor criterio técnico qué puestos requieren estabilidad estructural y cuáles pueden adaptarse a esquemas más dinámicos.

En este contexto, la tercerización a través de partners especializados aparece como una alternativa para acceder a esquemas flexibles sin asumir toda la carga operativa ni los riesgos asociados a errores contractuales.

Otro aspecto clave de la reforma es la modificación de los esquemas indemnizatorios, que ahora presentan criterios más claros en cuanto a base de cálculo, topes y pisos. Esto otorga mayor previsibilidad a las empresas al momento de proyectar costos laborales.

Sin embargo, esta ventaja exige una actualización inmediata de los modelos de costeo, la revisión de contratos vigentes y la adaptación de procesos internos.

“En este nuevo contexto, acompañar a las organizaciones en la planificación de dotaciones y el costeo laboral actualizado es clave para transformar el marco normativo en decisiones concretas”, señaló Dewey.

La reforma también redefine la responsabilidad en los procesos de tercerización, acotando la exposición legal de las empresas usuarias. Esto configura un escenario más previsible, aunque con mayores exigencias en materia de control documental.

La correcta elección de proveedores se vuelve así un factor determinante. Una gestión documental deficiente o la contratación de partners sin respaldo puede reactivar riesgos legales que la norma busca reducir.

Frente a este panorama, trabajar con empresas especializadas y con trayectoria aparece como una estrategia para garantizar cumplimiento y reducir contingencias.

A pesar de los cambios introducidos por la reforma, el mercado laboral argentino continúa enfrentando un problema estructural: la falta de talento calificado en sectores clave.

Áreas como Minería, Energía, Tecnología y Logística mantienen brechas significativas de perfiles técnicos, lo que obliga a las empresas a reforzar sus estrategias de formación y desarrollo.

Además, el rol de los mandos medios cobra especial relevancia en la implementación del nuevo marco normativo y en la gestión del clima organizacional.

En este escenario, la combinación entre flexibilidad contractual y políticas activas de desarrollo de talento será determinante para sostener la competitividad.

“La reforma no solo flexibiliza: también ordena y protege, si se gestiona correctamente. Trabajar con partners especializados permite operar con mayor control y enfocarse en el negocio con mayor tranquilidad”, concluyó Dewey.

Los recientes ataques a infraestructura energética en Qatar e Irán encendieron alarmas en los mercados internacionales y abrieron un nuevo escenario de incertidumbre para el suministro global de gas natural licuado (GNL), un recurso clave para la generación eléctrica, la industria y la transición energética.

El impacto fue inmediato. El precio del petróleo Brent superó los 119 dólares en operaciones intradiarias, mientras que el gas en Europa alcanzó máximos de varios años y el mercado estadounidense también registró subas. Sin embargo, especialistas advierten que la preocupación va más allá de la volatilidad de precios.

“La reacción de los mercados no puede interpretarse como un simple sobresalto geopolítico. Lo que estamos viendo es que se empieza a descontar una posible restricción física de oferta, especialmente en gas”, explicó Roberto Carnicer, director del Instituto de Energía de la Universidad Austral.

Uno de los focos más críticos fue el ataque a Ras Laffan Industrial City, en Qatar, considerado el principal nodo exportador de GNL a nivel mundial, donde se concentran instalaciones estratégicas como la planta Pearl GTL.

“Se cruzó una línea particularmente peligrosa: ya no se trata de ataques a activos periféricos, sino al corazón del sistema energético regional”, advirtió Carnicer.

A diferencia del petróleo, el gas presenta mayores dificultades ante este tipo de contingencias. “El petróleo tiene un mercado más flexible, con mayor capacidad para redireccionar cargamentos. El gas, en cambio, depende de una infraestructura mucho más rígida. Cuando se afecta una gran planta exportadora, el riesgo pasa rápidamente de precios a abastecimiento”, detalló.

En este contexto, el especialista alertó sobre la posibilidad de un escenario de escasez si las interrupciones se prolongan. “Cuando el cuello de botella es material, la sustitución es más lenta, más costosa y más incompleta”, señaló.

Carnicer comparó la situación con la crisis energética que atravesó Europa tras la guerra entre Rusia y Ucrania, aunque marcó una diferencia sustancial. “En aquel caso el gas existía, pero se interrumpió la relación política y comercial. Aquí el problema puede ser más grave, porque está en juego la capacidad física de producir y exportar”, sostuvo.

Las consecuencias podrían extenderse más allá del encarecimiento de la energía. Según el análisis, existe un riesgo creciente de desabastecimiento relativo, presión sobre los sistemas de generación eléctrica y una mayor competencia entre países para asegurarse cargamentos en el mercado internacional.

Frente a este escenario, el especialista remarcó la necesidad de repensar la seguridad energética global. “No alcanza solo con avanzar en energías renovables. También es fundamental diversificar geográficamente el origen del gas”, indicó.

En ese marco, Argentina comienza a posicionarse como un actor con potencial estratégico. “Vaca Muerta adquiere relevancia no solo por su escala y productividad, sino porque puede aportar oferta desde una región alejada de los principales focos de conflicto”, explicó.

Asimismo, destacó el desarrollo de proyectos de exportación de GNL en el país. “Si el mercado global internaliza que la infraestructura del Golfo puede ser un blanco recurrente, toda nueva plataforma exportadora fuera de esa región mejora su posicionamiento estratégico”, afirmó.

No obstante, Carnicer llamó a mantener una mirada realista. “Vaca Muerta no puede reemplazar en el corto plazo el volumen de Qatar, pero sí puede convertirse en una pieza importante dentro de un sistema energético más equilibrado”, concluyó.

El escenario actual deja en evidencia una fragilidad estructural del sistema energético global, donde gran parte de la oferta crítica se concentra en pocos nodos. Para los especialistas, el desafío hacia el futuro no solo será avanzar en energías limpias, sino también construir una red más diversificada y resiliente de proveedores confiables.

Trabajadores de la empresa avícola Granja Tres Arroyos (GTA), la principal productora de pollos del país, se encuentran en asamblea desde la madrugada de este martes 10 de marzo en la ciudad de Concepción del Uruguay, ante versiones que indican una posible quiebra de la firma en medio de una profunda crisis que afecta a sus plantas en Entre Ríos y Buenos Aires.

La información fue publicada por el diario La Calle. En paralelo, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, visitó este martes las instalaciones de Fepasa en la misma ciudad.

La medida de fuerza responde a la incertidumbre generada por los rumores de quiebra, que se suman a los conflictos salariales que la empresa arrastra desde hace meses. GTA ya enfrentaba reclamos por deudas salariales en su planta La China, en Concepción del Uruguay, y también en su establecimiento de Pilar, en la provincia de Buenos Aires.

La crisis empresarial se profundizó durante el último año y derivó en cerca de 400 desafectaciones de personal, entre despidos, retiros voluntarios y acuerdos. En tanto, la planta de Pilar también registró paralizaciones en su actividad debido a reclamos por salarios adeudados.

Los representantes gremiales informaron que actualmente no existe diálogo con la empresa. Así lo señalaron el secretario general del Sindicato de la Alimentación, Miguel Klenner, y el referente del Sindicato de la Carne, Sergio Vereda. Según indicaron, desde marzo de 2024 los trabajadores vienen percibiendo sus salarios en cuotas, llegando a cobrarlos en hasta cinco partes.

En la planta trabajan alrededor de 1.000 personas, muchas de las cuales atraviesan una situación económica crítica. De acuerdo con lo manifestado por los empleados, varios tienen dificultades para afrontar el pago de alquileres y presentan problemas financieros, incluso con tarjetas de crédito bloqueadas, lo que limita su acceso a alimentos y otros bienes básicos.

Ante este escenario, la planta de faena se encuentra paralizada y el sector de carga permanece bloqueado hasta tanto la empresa regularice el pago de los salarios adeudados.

Por su parte, el dirigente Sergio Vereda expresó su preocupación por la falta de comunicación de la empresa con los trabajadores, lo que ha generado un clima de incertidumbre y angustia en el sector.

Mientras tanto, el gobernador Rogelio Frigerio realizó una visita a las instalaciones de Fepasa en Concepción del Uruguay, aunque hasta el momento no trascendieron detalles sobre posibles gestiones vinculadas a la situación que atraviesa Granja Tres Arroyos.

La crisis laboral en la avícola es seguida de cerca por autoridades provinciales y organizaciones sindicales, que se mantienen en estado de alerta frente a la evolución del conflicto.

El presidente Javier Milei promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, sancionada por el Congreso de la Nación Argentina el pasado 27 de febrero, mediante el Decreto 137/2026. La norma introduce una reforma estructural del sistema laboral argentino, con modificaciones que abarcan desde la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 hasta el régimen de convenios colectivos, el derecho de huelga y la creación de nuevos mecanismos de financiamiento para indemnizaciones.

La promulgación fue firmada también por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Según el Gobierno, la reforma busca modernizar el mercado laboral, incentivar la formalización del empleo y promover inversiones productivas, mientras que distintos sectores sindicales y políticos advierten que la normativa implica una reducción de derechos laborales históricos.

La nueva legislación modifica el alcance de la Ley de Contrato de Trabajo al excluir expresamente a los trabajadores independientes, prestadores de servicios de plataformas tecnológicas y personas privadas de libertad.

Además redefine el concepto legal de trabajo como “toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración”.

Uno de los cambios más relevantes es que se limita la presunción de relación de dependencia cuando el trabajador emite facturas o recibe pagos mediante transferencias bancarias, lo que podría impactar en disputas judiciales vinculadas a vínculos laborales encubiertos.

La ley modifica el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y establece que la indemnización por despido sin causa será equivalente a un mes de sueldo por cada año de antigüedad, calculada sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año.

La norma define como remuneración “habitual” a los conceptos percibidos al menos seis meses durante el último año calendario.

También determina que la indemnización laboral será la única reparación procedente frente a la extinción sin justa causa, lo que impide iniciar acciones civiles o extracontractuales paralelas, salvo cuando exista un ilícito penal.

Además, el nuevo esquema permite que las indemnizaciones se paguen en cuotas: hasta 12 en empresas grandes y hasta 18 en micro, pequeñas y medianas empresas.

Uno de los ejes centrales de la reforma es la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), patrimonios separados que los empleadores deberán constituir para afrontar obligaciones indemnizatorias.

Las contribuciones obligatorias serán:

Los aportes se calcularán sobre las remuneraciones base del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Los fondos serán administrados por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores y entrarán en vigencia el 1° de junio de 2026, con posibilidad de prórroga de seis meses por parte del Poder Ejecutivo.

El Gobierno señaló que las empresas que integren estos fondos recibirán una reducción equivalente en sus contribuciones patronales a la seguridad social.

La ley incorpora un marco específico para trabajadores de plataformas tecnológicas de movilidad y reparto, estableciendo que serán considerados trabajadores independientes y no empleados en relación de dependencia.

Las empresas deberán brindar:

Los prestadores tendrán libertad de horario, conexión y rechazo de pedidos, según establece la normativa.

La reforma introduce cambios en la organización del tiempo de trabajo.

Las vacaciones deberán otorgarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril, aunque la ley establece que el trabajador tendrá derecho a disfrutarlas en temporada estival al menos una vez cada tres años. Además, podrán fraccionarse en períodos no menores a siete días.

También se incorpora un sistema de banco de horas, que permite compensar tiempo trabajado en exceso con reducción de jornada en otro momento. En ese marco, la jornada máxima podrá extenderse hasta 12 horas, siempre que exista un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas.

La norma modifica el régimen de conflictos colectivos y establece nuevos niveles obligatorios de prestación durante huelgas:

Entre los servicios esenciales se incluyen:

En tanto, como servicios trascendentales se incorporan sectores como:

La ley también introduce modificaciones a la Ley de Convenios Colectivos N° 14.250.

Los convenios colectivos vencidos solo mantendrán vigentes sus cláusulas normativas hasta que se firme uno nuevo, mientras que las cláusulas obligacionales solo continuarán si las partes acuerdan su prórroga.

Asimismo, se fijan límites a los aportes establecidos en los convenios colectivos:

La normativa también establece que los delegados sindicales dispondrán de hasta 10 días al mes para tareas gremiales dentro de la jornada laboral, y que las asambleas requerirán autorización del empleador.

La ley crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), vigente por un año desde el segundo mes posterior a la promulgación.

Los empleadores que incorporen trabajadores no registrados o desempleados pagarán una contribución patronal reducida del 2% durante los primeros cuatro años de la relación laboral.

También se establece el Programa de Promoción del Empleo Registrado (PER), que permite regularizar trabajadores con condonación de hasta el 70% de las deudas con la seguridad social.

En materia tributaria, la ley crea el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), destinado a micro, pequeñas y medianas empresas.

El esquema incluye:

La normativa dispone que, a partir del 1° de enero de 2027, quedarán derogados varios estatutos laborales especiales, entre ellos:

Estos sectores pasarán a regirse por el régimen general.

Además, la ley aprueba el acuerdo de transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo al fuero laboral de la Ciudad de Buenos Aires, firmado el 9 de febrero de 2026 entre el Estado nacional y el Gobierno porteño.

Las causas ya iniciadas continuarán tramitándose bajo la normativa vigente hasta completarse el proceso de traspaso.

La reforma laboral impulsada por el Gobierno de Milei representa uno de los cambios más profundos en la legislación laboral argentina en décadas, con impacto directo en la organización del trabajo, las indemnizaciones, la negociación colectiva y el derecho de huelga.

La economista Marina Dal Poggetto advirtió que la transición hacia un nuevo régimen macroeconómico ya está generando destrucción de empleo formal, deterioro en las hojas de balance de las empresas y un fuerte impacto sobre el consumo interno. Según sostuvo, el proceso de apertura y normalización financiera impulsado por el Gobierno implica costos que comienzan a hacerse visibles en la estructura productiva y laboral.

“Estás transitando de un régimen a otro”, planteó por Splendid AM 990 la directora ejecutiva de EcoGo, al describir el pasaje desde un modelo con alta brecha cambiaria, tasas reales negativas y fuerte protección comercial hacia otro con menor distorsión cambiaria, tasas positivas y apertura de importaciones.

En el esquema anterior, explicó, la economía funcionaba con una lógica de arbitraje: “Tomabas todos los pesos baratos que había en el sistema, comprabas todos los dólares baratos que te daba el Banco Central y si podías fijar precio eras Gardel”.

En contraste, sostuvo que el actual escenario implica “normalizar la macro”, con una brecha cambiaria que “tendió a desaparecer” y tasas de interés que ya no son negativas. “Hoy sí importa la demanda y parte de esa demanda es abastecida con un aumento en las importaciones”, afirmó, al señalar que los bienes de consumo y los autos muestran una fuerte expansión de compras externas.

Dal Poggetto remarcó que el Gobierno utiliza el tipo de cambio como ancla para frenar la inflación. “Hay una discusión detrás que tiene que ver con el uso del dólar como ancla y un tipo de cambio que lo estás volviendo a atrasar”, indicó.

Tras la devaluación inicial que llevó el dólar oficial de 360 a 800 pesos, el tipo de cambio real alcanzó niveles elevados, pero luego comenzó a descender. A su entender, si el dólar se mantiene estable mientras la inflación ronda el 2,9% mensual, el tipo de cambio real vuelve a apreciarse rápidamente y afecta la competitividad. “Si lo dejás clavado en estos niveles con una inflación en torno al 2,9% mensual, en dos meses volvés a bajarlo”, advirtió.

En ese marco, describió una presión creciente sobre los costos empresarios. “Empezás a ver una distorsión en la hoja de balance”, explicó, al señalar que muchos sectores enfrentan precios que evolucionan por debajo del promedio mientras sus costos avanzan por encima. Algunos lograron recapitalizarse en el ciclo anterior, pero otros operan ahora con márgenes estrechos en un contexto recesivo.

En el plano laboral, destacó que si bien la tasa de desempleo mostró una suba moderada —del 5,7% al 6,6% en los últimos datos—, el fenómeno central es la composición del empleo. “Lo que sí estás viendo es destrucción de empleo formal y creación de empleo semiformal, fundamentalmente monotributo”, afirmó.

Sobre la reforma laboral en debate, consideró que apunta a actualizar una legislación “muy rezagada”, pero advirtió que se aplica en una economía que pierde puestos registrados. “Le estás bajando alícuotas o el costo de las contribuciones patronales a lo nuevo en una economía que está perdiendo empleo”, señaló. Además, alertó sobre la dimensión fiscal del proceso: la recaudación “está cayendo y probablemente siga cayendo”, mientras el ajuste se sostiene con contención del gasto.

En materia inflacionaria, anticipó que febrero y marzo mostrarán registros elevados por subas en carne, combustibles, colegios y tarifas. “Febrero va a ser alta y marzo probablemente siga estando en esos niveles”, dijo, aunque estimó que abril podría ubicarse más cerca del 2% mensual si el esquema cambiario se sostiene.

La economista también puso el foco en el deterioro del poder adquisitivo. Explicó que el índice de precios refleja una canasta promedio, pero cada hogar enfrenta una estructura distinta. “Hay una parte de los servicios, sobre todo de la clase media, que son bastante inelásticos”, señaló, en referencia a prepagas, colegios, expensas y tarifas, rubros que subieron por encima de la inflación desde el inicio de la gestión. “Están indexados a una inflación donde los ingresos no están yendo con la inflación”, subrayó.

Finalmente, sostuvo que el cambio de precios relativos y la apertura comercial impactan directamente en la sostenibilidad de algunas compañías. “El cambio de los precios relativos tiene implicancias sobre las hojas de balance, sobre todo en un contexto recesivo”, concluyó, al advertir que el proceso de estabilización y apertura tiene costos sociales y productivos que todavía se están desplegando.

El diputado, que rechazó el proyecto del gobierno nacional,    señaló que la Argentina necesita una legislación laboral moderna y adaptada a los cambios tecnológicos y productivos, pero sostuvo que las reformas estructurales deben construirse con consensos amplios, diálogo federal y participación real de provincias, trabajadores y sectores productivos.

El ex mandatario remarcó además la situación laboral de Entre Ríos, donde —según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo analizados por el CEPA— entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 se registró una caída de 10.575 trabajadores formales y 774 empleadores. “No hablamos de teorías, hablamos de familias y empresas reales”, expresó.

Desde el plano técnico, indicó que la ley reduce la protección frente al despido, flexibiliza la jornada laboral mediante sistemas de banco de horas y debilita la negociación colectiva, medidas que —según afirmó— difícilmente generen el círculo virtuoso de inversión y empleo prometido.

En la misma línea, el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, a través de su Instituto de Derecho del Trabajo, emitió un pronunciamiento rechazando la normativa por considerarla regresiva y contraria a principios fundamentales del derecho laboral y a tratados internacionales de derechos humanos.

Finalmente, Bordet afirmó que el país necesita una reforma que combine competitividad con protección social, productividad con estabilidad y reglas claras con desarrollo federal. “El desafío es construir normas equilibradas que generen empleo y preserven derechos. Esta ley no cumple con esos objetivos”, sentenció.

Este viernes por la madrugada, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó la reforma laboral con 135 votos afirmativos, 115 negativos y ninguna abstención. Tras una extensa sesión y luego de intensas negociaciones, el oficialismo consiguió dar media sanción al proyecto de modernización laboral, que ahora deberá regresar al Senado de la Nación Argentina para su tratamiento final debido a las modificaciones introducidas a último momento.

El avance de la iniciativa se consolidó luego de que el Gobierno aceptara eliminar los artículos que modificaban el régimen de licencias médicas, un punto que había generado cuestionamientos incluso entre bloques aliados. Con esa concesión, los espacios que habían manifestado reparos mantuvieron su respaldo al texto impulsado por La Libertad Avanza.

Entre los bloques que acompañaron el proyecto se destacaron el Propuesta Republicana (PRO), la Unión Cívica Radical (UCR) y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). También resultaron determinantes los votos aportados por aliados provinciales, entre ellos legisladores de Tucumán (Independencia) y de San Juan (Producción y Trabajo), que inclinaron la balanza a favor del oficialismo.

En contraposición, Unión por la Patria se consolidó como la principal bancada opositora y votó en contra de la reforma. Al rechazo se sumaron los integrantes del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, Encuentro Federal y la Coalición Cívica.

Asimismo, expresaron su disconformidad algunos espacios provinciales como Elijo Catamarca, Primero San Luis y el monobloque Defendamos Córdoba, integrado por la diputada Natalia de la Sota. En tanto, dentro de Provincias Unidas e Innovación Federal se registraron posiciones divididas: algunos de sus miembros acompañaron la propuesta oficialista, mientras que otros votaron en contra.

En la nómina de ausentes figuraron los legisladores Sergio Casas (Unión por la Patria, La Rioja), Ignacio García Aresca (Provincias Unidas, Córdoba) y Juan Schiaretti (Provincias Unidas, Córdoba).

Con este resultado, la Cámara baja otorgó media sanción al proyecto de modernización laboral, que deberá volver al Senado debido a las modificaciones acordadas durante el debate. El oficialismo prevé que la iniciativa alcance estatus de ley el próximo viernes 27 de febrero, casi al límite del cierre del período de sesiones extraordinarias.

De concretarse ese escenario, el Gobierno sumará una de sus principales apuestas legislativas en materia económica y laboral, en un contexto de fuerte debate político y sindical sobre el alcance de los cambios propuestos.

El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) del Consejo de Empresarios de Entre Ríos presentó un informe que analiza la evolución del mercado laboral provincial a partir de datos correspondientes a septiembre de 2025. El estudio pone el foco en el empleo privado registrado y el empleo público, y revela un escenario de estancamiento, con comportamientos dispares entre los principales aglomerados urbanos de la provincia.

De acuerdo con el trabajo, los indicadores elaborados con datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) muestran realidades contrapuestas entre Concordia y el Gran Paraná. En el aglomerado de Concordia se registró una caída en las tasas de actividad y de empleo, acompañada por un aumento de la desocupación. En cambio, el Gran Paraná evidenció mejoras tanto en la actividad como en el empleo, mientras que la tasa de desocupación se mantuvo estable en torno al 5%.

En ambos casos, el nivel de desempleo continúa siendo inferior al promedio nacional, situación que el informe vincula, en parte, a la elevada participación del empleo público dentro de la estructura laboral entrerriana.

En septiembre de 2025, Entre Ríos registró 136.575 empleados asalariados privados formales, lo que representó una disminución interanual del 0,3%, equivalente a 436 puestos de trabajo menos respecto al mismo mes de 2024. Medido en relación con la población, la provincia cuenta con 94 asalariados privados cada 1.000 habitantes, un valor que se mantiene por debajo de los registros históricos previos a 2019, con excepción del período afectado por la pandemia.

La participación de Entre Ríos en el total nacional del empleo privado registrado sigue siendo reducida: apenas representa el 2,2% del total del país.

En comparación con el resto de la Región Centro, la provincia se ubica claramente por debajo. Santa Fe registra 139 asalariados privados cada 1.000 habitantes y Córdoba 132, frente a los 94 de Entre Ríos. Según el IIES, para igualar a Santa Fe la provincia debería crear unos 65.000 puestos de trabajo formales, lo que implicaría un aumento del 48%. Para alcanzar a Córdoba, la creación necesaria sería de más de 53.000 empleos, un incremento del 40%.

El análisis por ramas de actividad muestra que, en el primer trimestre de 2025, el empleo privado registrado cayó un 1,2% interanual. Entre los sectores con mayor peso, el comercio se mantuvo prácticamente estable, la industria manufacturera retrocedió un 2%, mientras que la enseñanza creció un 2,7%. La agricultura, ganadería y silvicultura mostró una leve baja del 0,3%.

Las mayores caídas se registraron en hotelería y restaurantes (-7,1%) y en transporte, almacenamiento y comunicaciones (-4,5%), reflejando las dificultades que atraviesan algunos sectores vinculados al consumo y a los servicios.

En septiembre de 2025, el empleo público provincial alcanzó los 90.397 agentes, con una variación interanual negativa del 0,3%, es decir, 314 trabajadores menos que un año atrás. No obstante, el informe señala una tendencia de estabilidad en torno a los 90 mil empleados, con una reducción gradual del número de empleados públicos cada 1.000 habitantes, que se ubicó en 62.

En la composición de la planta, la planta permanente disminuyó levemente, mientras que la planta transitoria y la suplente mostraron incrementos, lo que evidencia un cambio en la estructura del empleo estatal.

Por escalafón, los docentes y el personal general, que concentran casi el 70% del total, registraron caídas. En contraste, los escalafones de Salud, Seguridad y Justicia mostraron incrementos, destacándose el sector Salud con una suba del 4%.

El gasto en personal del Estado provincial ascendió en septiembre de 2025 a 180.523 millones de pesos, incluyendo salarios, obra social y aportes jubilatorios. El gasto promedio por empleado fue de casi 2 millones de pesos mensuales.

En paralelo, la cantidad de jubilados y pensionados provinciales llegó a 65.807 beneficiarios, un 2,8% más que en septiembre de 2024, con un haber medio de 1.480.836 pesos. Si se suman empleados públicos activos y pasivos, el total de personas que dependen del Estado provincial asciende a 155.949, unas 1.195 más que un año atrás.

El informe del IIES concluye que el mercado laboral entrerriano continúa mostrando un fuerte peso del sector público y un bajo dinamismo del empleo privado registrado, especialmente en comparación con las provincias vecinas. La brecha con Santa Fe y Córdoba evidencia un desafío estructural para la provincia: generar condiciones que permitan ampliar de manera sostenida el empleo formal privado, clave para fortalecer el desarrollo económico y reducir la dependencia del Estado como principal sostén laboral.

La sorpresiva intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro han marcado un antes y un después en la historia reciente de la región, dando inicio a una nueva fase de pragmatismo geopolítico en Washington que prioriza objetivos estratégicos específicos por encima de la democratización inmediata, según expertos en relaciones internacionales.

La operación, ejecutada a comienzos de enero de 2026 y que culminó con la captura y traslado a Nueva York de Maduro para enfrentar cargos en un tribunal federal estadounidense, ha generado una profunda crisis política, social y diplomática. La Casa Blanca argumentó que la acción formaba parte de una campaña contra el “narcoterrorismo” en la región, aunque voces críticas, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, sostienen que el trasfondo va más allá de la seguridad y se inscribe en la competición global por el control de los recursos energéticos venezolanos. 

Para Francisco Resnicoff, investigador senior del Centro de Estrategias Internacionales de Gobiernos y Organizaciones Sociales de la Universidad Austral, la intervención y sus consecuencias están guiadas por lógicas de poder y pragmatismo, no por un impulso ideológico de democratización.

“La intervención de Estados Unidos fue inusual por donde se la mire: entrar a un país y llevarse a su Presidente es algo muy poco frecuente en el sistema internacional.”“Tan inusual como la intervención es lo que estamos viendo después: un pragmatismo enorme por parte de Trump, que no habla de cambio de régimen ni de democratización inmediata.”

Resnicoff subraya que la administración estadounidense no ha colocado la democracia en la agenda como prioridad absoluta, sino que ha puesto el foco en garantizar que los recursos estratégicos de Venezuela, en particular el petróleo, no queden en manos que Washington juzga como adversas. “El objetivo primario de Estados Unidos no es la democracia, sino el petróleo y que esos recursos no terminen en manos que Washington considera inapropiadas.” afirmó.

En efecto, tras la captura de Maduro, el gobierno estadounidense ha mostrado interés en controlar las exportaciones petroleras venezolanas e incentivar inversiones en el sector energético, aunque analistas advierten que la infraestructura está severamente deteriorada tras años de abandono. 

Otro punto clave en el análisis de Resnicoff es que Estados Unidos parece dispuesto a negociar con sectores del chavismo que permanecen en el poder, si esto contribuye a la estabilidad política y energética necesaria para avanzar en sus objetivos.

“En ese marco, Estados Unidos está dispuesto a negociar incluso con sectores del gobierno que quedaron tras la salida de Maduro, si eso garantiza estabilidad. Hay una parte del gobierno venezolano, encabezada por Delcy Rodríguez, que parece muy dispuesta a aceptar las condiciones que impone Estados Unidos como única opción para mantenerse en el poder.”

De acuerdo con Resnicoff, esta fracción del antiguo gobierno chavista estaría más receptiva a acuerdos con Washington, contrastando con otros sectores —como los encabezados por figuras como Diosdado Cabello— que rechazan la intervención y denuncian una violación flagrante a la soberanía venezolana. Estos últimos se habrían negado incluso a cumplir demandas formuladas por Estados Unidos, como el cierre de centros de detención de presos políticos.

Resnicoff también advirtió sobre el sentimiento dominante de frustración dentro de la sociedad venezolana. La caída de Maduro no ha significado, de acuerdo con su perspectiva, la caída automática de la dictadura ni un retorno inmediato a reglas democráticas plenas.

“La salida de Maduro no implica automáticamente la caída de la dictadura, y eso genera una enorme frustración en buena parte de la sociedad venezolana.”

La situación económica tampoco se resuelve de un día para el otro. Venezuela enfrenta una debacle económica sin precedentes, con una caída drástica del PIB per cápita, pobreza extrema e incapacidad para acceder a bienes básicos. En el corazón de esta crisis está el colapso del sector petrolero: la producción habría caído cerca de un 70 % y reconstruir la industria requeriría inversiones masivas durante al menos una década.

Resnicoff apuntó además que la estructura militar venezolana no muestra divisiones tan profundas que permitan pensar en un golpe interno eficaz contra la actual conducción del país, liderada por Delcy Rodríguez. Esto limita la posibilidad de un cambio de poder por fuerzas internas sin un alto costo social o político.

Respecto a una presencia militar prolongada de Estados Unidos en Venezuela, el investigador enfatizó los riesgos que eso conllevaría, recordando experiencias como las de Irak o Afganistán.

“Una presencia militar prolongada de Estados Unidos implicaría riesgos enormes, como ya se vio en Irak o Afganistán. Trump va a tratar de evitar bajo cualquier circunstancia una ocupación prolongada, y por eso probablemente siga negociando con el madurismo residual.”

La intervención y su aftermath han desatado también un clima internacional tenso: numerosos países y organismos internacionales han condenado la operación como una violación del derecho internacional y de la soberanía venezolana, mientras que otros han aplaudido la caída de Maduro o han llamado a una transición pacífica y ordenada. 

En medio de este escenario, la política exterior estadounidense parece estar recalibrando sus prioridades regionales, moviéndose hacia un enfoque que combina negociación, intereses estratégicos y control de recursos, con una clara voluntad de evitar la implicación directa de larga duración en el terreno militar.

Tenable, la compañía de exposure management, identificó tres vulnerabilidades en la suite Gemini de Google, denominadas conjuntamente Gemini Trifecta. Estas fallas, ya corregidas, exponían a los usuarios a riesgos significativos de privacidad que podrían haber permitido a atacantes manipular el comportamiento de Gemini y robar sigilosamente datos sensibles, como información de ubicación y memorias guardadas de los usuarios.

La Gemini Trifecta afectaba tres componentes principales de la suite Gemini, cada uno exponiendo a los usuarios de formas diferentes pero igualmente peligrosas. En Gemini Cloud Assist, se podían insertar entradas maliciosas en los registros (logs) para que, cuando los usuarios interactuaran posteriormente con Gemini, el sistema siguiera instrucciones maliciosas sin saberlo. En el modelo de personalización de búsquedas de Gemini, los atacantes podían inyectar silenciosamente consultas en el historial del navegador de la víctima, que luego Gemini trataba como contexto confiable, permitiendo que datos sensibles como información guardada o de ubicación fueran extraídos. Y en la herramienta de navegación de Gemini, los atacantes podían engañar al sistema para que realizara solicitudes salientes ocultas que incluyeran datos privados del usuario, enviándolos directamente a un servidor controlado por el atacante.

En conjunto, estas tres fallas creaban puertas invisibles dentro de Gemini, permitiendo a los atacantes tomar el control del funcionamiento del sistema y robar información valiosa sin que el usuario se diera cuenta. En pocas palabras, la Gemini Trifecta demostró que los atacantes no necesitan acceso directo, malware o incluso correos de phishing para tener éxito, ya que el propio Gemini se convirtió en el vehículo del ataque, elevando los riesgos para todos.

Según Tenable Research, el principal problema era que las integraciones de Gemini no diferenciaban correctamente entre entradas seguras del usuario y contenido inyectado por atacantes. Esto significaba que registros contaminados, entradas manipuladas en el historial de búsqueda o contenido web oculto podían ser tratados como contexto confiable por Gemini, convirtiendo funciones rutinarias en canales de ataque ocultos.

“Gemini obtiene su fortaleza al reunir contexto de registros, búsquedas y navegación. Esa misma capacidad puede convertirse en una debilidad si los atacantes contaminan esas entradas”, explicó Liv Matan, investigador senior de seguridad en Tenable.

“La Gemini Trifecta demuestra cómo las plataformas de IA pueden ser manipuladas de maneras invisibles para los usuarios, haciendo que el robo de datos sea imperceptible y redefiniendo los desafíos de seguridad que las empresas deben enfrentar. Como cualquier tecnología poderosa, los modelos de lenguaje extensos (LLMs) como Gemini aportan un valor enorme, pero siguen siendo susceptibles a vulnerabilidades. Los profesionales de la seguridad deben actuar con decisión: cerrar debilidades antes de que los atacantes las exploten y construir entornos de IA resilientes por diseño, no por reacción. Esto no se trata solo de aplicar parches, sino de redefinir la seguridad en una era impulsada por la IA, donde la propia plataforma puede convertirse en el vehículo del ataque.”

Si se hubieran explotado antes de su corrección, las vulnerabilidades de la Gemini Trifecta podrían haber permitido a los atacantes:

●     Insertar instrucciones maliciosas en registros o historiales de búsqueda de manera silenciosa.

●     Extraer información sensible del usuario, como datos guardados e historial de ubicación.

●     Abusar de integraciones en la nube para acceder a recursos adicionales.

●     Engañar a Gemini para enviar datos del usuario a servidores controlados por atacantes mediante su herramienta de navegación.

Google ya ha corregido las tres vulnerabilidades, por lo que no se requiere ninguna acción por parte de los usuarios.

Aunque los usuarios no necesitan tomar medidas, Tenable recomienda a los profesionales de seguridad:

●     Tratar las funciones impulsadas por IA como superficies de ataque activas, no como herramientas pasivas.

●     Auditar regularmente registros, historiales de búsqueda e integraciones para detectar intentos de manipulación o contaminación.

●     Monitorear ejecuciones de herramientas o solicitudes salientes inusuales que puedan indicar exfiltración de datos.

●     Probar los servicios habilitados con IA para evaluar su resiliencia ante inyecciones de prompt y fortalecer las defensas proactivamente.

“Esta divulgación de vulnerabilidades deja claro que asegurar la IA no consiste solo en corregir fallas individuales”, enfatizó Matan. “Se trata de anticipar cómo los atacantes podrían explotar las mecánicas únicas de los sistemas de IA y construir defensas en capas que eviten que pequeñas grietas se conviertan en exposiciones sistémicas.”, finalizó.

El avance de la inteligencia artificial (IA) está transformando el mundo del trabajo a una velocidad sin precedentes. Aunque muchos puestos tradicionales están siendo reemplazados o modificados por sistemas automatizados, los especialistas coinciden en que este fenómeno no implica solo pérdida de empleos, sino también la aparición de nuevas oportunidades laborales y la necesidad de una reconversión acelerada de habilidades.

Tal como ocurrió durante la Revolución Industrial y otros grandes hitos tecnológicos, la irrupción de la IA impulsa un proceso de cambio profundo. La diferencia es el ritmo vertiginoso con que se produce: las empresas y los trabajadores deben readaptarse y reinventarse más rápido que nunca.

El nuevo escenario plantea desafíos concretos —como los sesgos en los algoritmos, la automatización de procesos sensibles o el riesgo de menor contacto humano—, pero también abre la posibilidad de multiplicar valor, potenciar capacidades humanas y generar empleos más estratégicos, creativos y significativos.

La magnitud del impacto varía según la industria. Algunos sectores, como el tecnológico y el financiero, avanzan con rapidez en la incorporación de soluciones de IA, mientras otros lo hacen de forma gradual. La tendencia general, sin embargo, es clara: liberar a los equipos de tareas operativas para que puedan enfocarse en el análisis, la estrategia y la toma de decisiones.

“La IA automatiza tareas repetitivas, reduce errores y predice resultados, brindando mayor precisión y capacidad de anticipación en el análisis y la toma de decisiones. Pero detrás de esos procesos siguen estando las personas que deciden, diseñan estrategias y gestionan relaciones. La tecnología potencia, pero no sustituye el talento humano”,destacó Germán Viceconti, Director Comercial de NeuralSoft.

Desde NeuralSoft —compañía especializada en soluciones tecnológicas para la gestión empresarial— remarcan que la innovación cobra verdadero sentido cuando se combina con la sensibilidad humana.“Mientras algunas aplicaciones pueden reemplazar por completo el contacto humano, en sistemas complejos y neurálgicos para una compañía, como un ERP, la atención personal sigue siendo indispensable”, explican desde la firma.

La empresa sostiene que su misión es liberar a las organizaciones de lo rutinario mediante sistemas modernos e innovadores, pero siempre respaldados por un equipo humano que escucha, acompaña y responde a cada cliente. Ese equilibrio entre inteligencia artificial y cercanía personal es, según Viceconti, el diferencial más valorado por sus usuarios, porque “potencia la confianza y abre oportunidades reales de desarrollo”.

En este contexto de transformación, la pregunta ya no es si la IA cambiará la manera de trabajar, sino cómo aprovecharla para generar más valor.El desafío, tanto para las empresas como para los profesionales, es sinergizar talento humano y tecnología en lugar de temer al cambio.

La IA nos invita a mirar el futuro con una nueva perspectiva: qué tareas debemos reinventar, qué procesos automatizar y cómo redirigir el tiempo y la creatividad hacia lo que realmente importa. En definitiva, la clave no está en resistirse a la tecnología, sino en liderar la transformación antes de que el futuro toque a la puerta.

Los investigadores en Australia están fascinados con el dato que acaban de revelar: los gatos no son diferentes a los seres humanos. Y bajo la suscripción de muchos psicólogos que adhieren a la teoría de que todas las personas poseen cinco rasgos de personalidad amplios (conocidos como el «big five») han descubierto que los gatos no se quedan atrás y también tienen un grupo de cinco factores que los asemejan.

Extroversión, agradabilidad, apertura a experimentar lo nuevo, conciencia y neurosis son los rasgos que mejor definen al ser humano. Pero, increíblemente, el equipo de investigadores de la Universidad del Sur en Australia ha encontrado el propio «grupo de los cinco» en los felinos.

Se llegó a esta conclusión después de que la administración de personalidad de la universidad australiana pusiera a prueba a alrededor de 2.800 gatos domésticos en Australia y Nueva Zelanda. La prueba fue completada por los propios dueños de los gatos, que clasificaron a sus mascotas en una escala de 1 a 7 para cada uno de los 52 comportamientos y rasgos, incluyendo términos como torpeza e imprudencia.

En base a los análisis que arrojaron estos micro rasgos, un ordenador reveló cinco amplias dimensiones de personalidad felina. «Tres de estos cinco rasgos corresponden a los de los de un humano», dijo Philip Roetman, quien lideró este proyecto y tantos otros de «ciencia ciudadana».

1. Ansiedad: Los gatos que obtuvieron puntajes altos resultaron ser más nerviosos, ansiosos y temerosos que aquellos con puntuaciones bajas (tranquilos y confiados). Lo consideraron afín a la neurosis que se genera en las personas.

2. Extroversión: Este es el equivalente de sociabilización en los seres humanos. Los gatos son curiosos y activos en su gran mayoría.

3. Dominación: Los gatos que no se intimidaron y fueron agresivos con sus compañeros han recibido puntuaciones altas. Enfrente, quienes fueron respetuosos o sumisos, obtuvieron bajas calificaciones.

«Tres de los cinco rasgos corresponden a los de cualquier ser humano», aclaró el estudio

4. Espontaneidad: Las puntuaciones altas especificaron que ese tipo de gatos son impulsivos y erráticos. Con bajo puntaje, los felinos se volvieron más predecibles pero certeros.

5. Amabilidad: Esto es similar a la agradabilidad en las personas. Los gatos altamente amigables tienden a ser cariñosos, mientras que aquellos con puntuaciones bajas son solitarios e irritables.

El estudio australiano es el primero en analizar los resultados de pruebas de personalidad de un gran número de gatos domésticos. «La mayoría de los participantes cayeron en un punto intermedio para cada rasgo», dijo Roetman. «Los gatos mayores tendían a ser ligeramente más dominantes y menos salientes que los más jóvenes», explicó el autor de la investigación. Sin embargo, no hubo variaciones significativas entre sexos, o entre los gatos en Nueva Zelanda y Australia.

Y lo más importante, según Roetman, es que «los resultados no revelaron grandes diferencias de personalidad entre los gatos domésticos y los «de calle». Puntualizó que este dato puede ser útil para las sociedades que creen que los gatos que deambulan por las calles son más salvajes o problemáticos que los que viven en el interior de una vivienda.

Sin embargo, la investigación también concluyó que «es un buen síntoma para los gatos que tengan una familia que los cuide y un hogar en donde vivir». Los dueños de gatos recibieron gráficos que muestran a su mascota reaccionando a cada rasgo estudiado, como también algunas sugerencias acerca de cómo interpretarlos. «Lo que he encontrado -hablando con los dueños de gatos- acerca de estos resultados es que intuitivamente tienen sentido», dijo Roetman.