La expansión de la industria energética argentina podría abrir una oportunidad para recuperar parte del talento profesional que en los últimos años desarrolló su carrera en otros países.

Un relevamiento realizado por NUMAN, firma especializada en búsqueda de talento industrial, entre 183 profesionales argentinos del sector que trabajan en el exterior, señala que el 54% considera probable o muy probable volver a trabajar en Argentina durante los próximos tres años.

Dentro de ese grupo, un 14% ya analiza activamente la posibilidad de regresar, mientras que otro 40% estaría dispuesto a hacerlo si aparece una oportunidad laboral adecuada.

El dato adquiere relevancia frente a las necesidades de personal especializado que plantea el crecimiento de la actividad energética en el país, particularmente en áreas vinculadas con Vaca Muerta, gas natural licuado (GNL), infraestructura, almacenamiento y generación e interconexión eléctrica.

El relevamiento muestra que el eventual regreso no depende exclusivamente del salario. La propuesta profesional, el nivel de responsabilidad y las condiciones de previsibilidad también aparecen entre los factores determinantes.

Entre las condiciones que podrían incentivar el retorno, los profesionales consultados señalaron:

El estudio plantea así un escenario en el que las empresas argentinas deberán competir no solamente por salario, sino también por proyectos, responsabilidades, estabilidad y posibilidades de desarrollo profesional.

Los perfiles consultados tienen una trayectoria significativa dentro de la industria energética. El 55% cuenta con más de 20 años de experiencia, mientras que el 56% reside en el exterior desde hace más de una década.

Además, el 55% trabaja en áreas vinculadas con la exploración, perforación y producción de petróleo y gas.

Seis de cada diez profesionales consultados están radicados en Norteamérica y Europa. Estados Unidos aparece como el principal destino individual, con el 26% de los casos.

Para NUMAN, esta experiencia adquirida en otros mercados puede transformarse en un activo para los proyectos argentinos si existen condiciones capaces de incentivar el regreso.

“Observamos flujo de talento virtuoso más que una fuga de profesionales, porque la experiencia lograda en otros mercados puede convertirse en un activo para proyectos locales”, explicó Daniel Urman, director y cofundador de la firma.

La distancia no implica desconexión con la industria nacional.

Según el relevamiento, el 71% de los profesionales consultados sigue diariamente o semanalmente las noticias relacionadas con el sector energético argentino. Entre quienes ocupan posiciones de dirección o nivel C-Level, el porcentaje alcanza el 74%.

La disposición a regresar también es mayor entre los perfiles de mayor jerarquía. Sólo el 4% de los profesionales C-Level descarta volver a Argentina, mientras que entre quienes ocupan puestos de jefatura o coordinación ese porcentaje llega al 20%.

“La disposición a regresar existe, pero muchas veces falta la posición que la active”, sostuvo Leandro di Nardo, cofundador de NUMAN.

El desafío de atraer profesionales con experiencia se relaciona con las perspectivas de crecimiento de la industria.

De acuerdo con las proyecciones citadas en el relevamiento, el sector energético podría necesitar entre 30.000 y 43.000 trabajadores directos adicionales hacia 2030 para actividades vinculadas principalmente con perforación, fractura y operaciones.

La incorporación de personal no estará limitada a los oficios tradicionales de la industria. La transformación tecnológica también está generando nuevas necesidades en áreas como automatización, gestión de datos, digitalización y mejora de procesos.

El crecimiento de la actividad energética plantea así una doble necesidad: generar nuevos puestos de trabajo y, al mismo tiempo, contar con profesionales especializados capaces de asumir operaciones cada vez más complejas.

En ese escenario, los argentinos que construyeron experiencia profesional en otros mercados podrían convertirse en una fuente de talento para acompañar la expansión de la industria nacional.

La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) expresó su respaldo al proyecto de reforma del Código Procesal Laboral de Entre Ríos y consideró que la iniciativa puede contribuir a modificar el nivel de litigiosidad vinculado con accidentes y enfermedades laborales.

El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo provincial a la Legislatura, propone cambios en el sistema de peritajes, entre ellos la creación de un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos dentro del Poder Judicial, la aplicación obligatoria del baremo oficial para determinar incapacidades y un nuevo esquema para regular los honorarios de los peritos.

La propuesta también contempla eliminar el requisito que actualmente obliga al empleador condenado a depositar el monto de la condena o constituir un embargo como condición para acceder a una apelación. Según los fundamentos del proyecto, se busca evitar que ese requisito económico limite el acceso a una segunda instancia.

En su análisis, la UART señaló que Entre Ríos registró 2.502 nuevos juicios por Riesgos del Trabajo durante 2025, un 25% más que el año anterior.

La entidad también indicó que el índice de judicialidad pasó de 69 a 87 demandas cada 10.000 trabajadores cubiertos. Según sus datos, entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 la cantidad de juicios aumentó un 38%, el mayor incremento entre las nueve principales jurisdicciones del país.

La organización comparó además esos valores con otros sistemas de riesgos laborales. Según la UART, España registra alrededor de 8,5 demandas cada 10.000 trabajadores y Chile aproximadamente 5,8.

Estos datos forman parte de la argumentación de la entidad aseguradora para plantear la necesidad de reducir la litigiosidad en el sistema entrerriano. Se trata, en este caso, de estadísticas y una interpretación aportadas por la propia UART.

Uno de los cambios centrales consiste en crear un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos, con sede en Paraná y competencia en toda la provincia, destinado a intervenir en procesos vinculados con riesgos del trabajo y accidentes laborales.

El proyecto prevé tres cargos de peritos médicos, seleccionados mediante concurso público, con dedicación exclusiva y dependencia del Poder Judicial.

La iniciativa también establece que las pericias deberán utilizar obligatoriamente el Baremo Nacional de Incapacidades Laborales, con el objetivo de unificar los criterios técnicos utilizados para determinar incapacidades.

Otro de los cambios alcanza a los honorarios de los peritos. La propuesta busca que no estén vinculados al monto económico del juicio ni al porcentaje de incapacidad establecido, sino que sean determinados por el juez en función de la naturaleza, complejidad, extensión y utilidad del trabajo realizado.

Desde la UART consideraron que estas modificaciones representan un primer paso y señalaron que su impacto dependerá de la implementación efectiva de las nuevas herramientas.

La entidad planteó como aspectos centrales la conformación y funcionamiento del cuerpo médico, la aplicación uniforme del baremo y el reconocimiento del trabajo técnico de las Comisiones Médicas como instancia administrativa especializada.

Para la UART, una reducción de la litigiosidad permitiría limitar costos e incertidumbres asociados al sistema de Riesgos del Trabajo. La entidad sostiene además que un nivel elevado de judicialización puede afectar a las empresas y, según su planteo, tener consecuencias sobre la actividad productiva y el empleo.

El proyecto continúa ahora su tratamiento en la Legislatura de Entre Ríos, donde deberá ser analizado y debatido antes de una eventual sanción.

La investigación por un robo ocurrido en un comercio de Victoria avanzó este lunes con un procedimiento realizado por la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental.

Según informó la Policía, la medida judicial se concretó alrededor de las 12:00 en una vivienda de calle Bartoloni al 1100, donde fue detenido un hombre de 27 años, señalado como presunto autor material del hecho.

El robo investigado ocurrió en un comercio ubicado en la zona de Vélez Sarsfield y Perú, en Victoria.

El procedimiento había sido autorizado por el Juzgado de Garantías y Transición de Victoria y contemplaba la requisa de la vivienda, el secuestro de elementos considerados de interés para la causa y la detención de una persona vinculada con la investigación.

Los elementos incautados serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar su vinculación con el hecho.

En el operativo también intervino personal de la División Policía Científica, cuyos especialistas realizaron las tareas técnicas en el lugar.

Tras el procedimiento, el joven quedó a disposición de la Fiscalía en turno, mientras continúan las actuaciones judiciales para avanzar en el esclarecimiento del robo.

La discusión sobre el impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo acaba de sumar una voz de enorme peso. Bill Gates publicó un extenso ensayo en el que advierte que la IA no debe ser analizada simplemente como otra herramienta para aumentar la productividad, sino como una tecnología capaz de reemplazar tareas cognitivas y transformar en pocos años sectores enteros de la economía.

En su artículo, titulado “The turbulent AI era is here. The choices we make now are critical” (“La era turbulenta de la IA está aquí. Las decisiones que tomemos ahora son críticas”), Gates sostiene que el mundo todavía no está preparando un plan suficiente para afrontar la transición.

El planteo no es que la inteligencia artificial vaya a eliminar todos los empleos. De hecho, Gates reconoce que también puede generar nuevas oportunidades y mejorar radicalmente áreas como la medicina, la agricultura, la educación y los servicios públicos. El problema, advierte, es la velocidad del cambio y la distribución de sus beneficios.

“La IA será el mayor igualador jamás inventado o la peor fuente de injusticia”.

Para Gates, comparar la IA con anteriores transformaciones tecnológicas puede llevar a subestimar lo que viene. La computadora personal, por ejemplo, necesitó décadas para modificar profundamente la manera de trabajar: hubo que desarrollar software, reducir costos, capacitar trabajadores y adaptar los procesos empresariales.

Con la IA, el escenario es diferente. Los dispositivos ya existen, los modelos utilizan lenguaje natural y pueden aprender de información y materiales que las empresas ya utilizan para capacitar a sus empleados. Además, la IA no está limitada a una industria.

Gates menciona actividades como atención al cliente, ventas, programación, tareas administrativas, análisis de datos, derecho, medicina y manufactura entre los sectores que pueden experimentar una fuerte transformación. Y anticipa que la robótica terminará ampliando ese impacto hacia trabajos físicos, incluidos algunos vinculados con la construcción y la hotelería.

Uno de los aspectos que más preocupa a Gates es el futuro de quienes recién ingresan al mercado laboral. Según su análisis, los puestos de nivel inicial y medio están entre los más expuestos a la automatización, mientras que muchos de los nuevos empleos podrían requerir conocimientos y habilidades que demanden años de formación.

Eso puede generar una paradoja: una persona joven podría tener más acceso que nunca a herramientas tecnológicas, pero al mismo tiempo encontrar menos oportunidades para conseguir su primer empleo. El empresario cita además investigaciones que ya detectaron una caída del empleo entre trabajadores jóvenes en ocupaciones particularmente vulnerables a la IA, mientras que el efecto todavía no se observa de la misma manera entre trabajadores de mayor edad.

Una de las propuestas más llamativas del ensayo es la creación de un espacio denominado “Human Reserved”, algo así como “Reservado para humanos”. Gates utiliza la comparación con las reservas naturales: lugares donde técnicamente podrían construirse caminos o edificios, pero se decide no hacerlo porque la pérdida sería demasiado importante. La misma lógica podría aplicarse al trabajo.

Algunas actividades podrían ser realizadas técnicamente por máquinas, pero la sociedad podría decidir que deben continuar siendo desempeñadas por personas. El ejemplo que utiliza Gates es personal.

Su padre murió de Alzheimer en 2020 y durante la etapa final de su enfermedad recibió atención permanente de cuidadores profesionales. Para Gates, hubo algo en ese cuidado que fue “irremplazablemente humano”. Por eso plantea que determinadas tareas vinculadas con el cuidado de personas, la educación, la salud y la salud mental podrían quedar dentro de una categoría reservada total o parcialmente a trabajadores humanos.

También contempla razones económicas. Por ejemplo, proteger temporalmente determinados empleos cuando la sustitución tecnológica pueda dejar fuera del mercado laboral a personas que difícilmente puedan reconvertirse.

La propuesta abre, sin embargo, un debate complejo.

¿Quién decide qué profesiones deben quedar reservadas para humanos?

El propio Gates reconoce que no tiene todas las respuestas. También plantea interrogantes sobre los criterios para determinar esas actividades, la posibilidad de que las empresas eludan las restricciones y las consecuencias para el comercio internacional si un país permite una automatización que otro decide limitar. Es decir, la discusión no sería solamente tecnológica. Sería también económica, política, laboral y cultural.

Otra de sus propuestas es modificar la forma en que los sistemas tributarios tratan al trabajo humano y a las máquinas. Actualmente, sostiene, contratar una persona implica pagar impuestos sobre el trabajo, mientras que comprar un robot puede ser considerado una inversión empresarial deducible.

Gates plantea entonces gravar determinadas formas de automatización y también los “tokens” utilizados por sistemas de IA, con el objetivo de reducir parcialmente el incentivo económico para reemplazar trabajadores y, al mismo tiempo, generar recursos para capacitación y protección social.

No propone frenar la innovación. Por el contrario, reconoce que la IA puede producir beneficios enormes. Pero considera necesario que parte de la riqueza generada por la automatización permita financiar la reconversión laboral y una red de protección social más fuerte.

Para Gates, el problema del trabajo tiene una dimensión que va mucho más allá del salario. El empleo representa para muchas personas ingresos, estabilidad, identidad, vínculos sociales y una sensación de pertenencia.

Por eso advierte que una transición rápida podría generar consecuencias sociales importantes en comunidades donde desaparezcan fuentes de trabajo. El temor es que la automatización genere una dinámica difícil de detener: una empresa incorpora IA o robots, reduce sus costos y baja sus precios. Sus competidores quedan obligados a hacer lo mismo para sobrevivir.

Así, la presión del mercado puede acelerar la sustitución de trabajadores incluso cuando las empresas individualmente no tengan un incentivo inicial para hacerlo.

El empleo no es el único riesgo que Gates identifica. También advierte sobre el uso de IA para fraudes, desinformación, deepfakes, vigilancia y ciberataques, así como sobre riesgos relacionados con el desarrollo de armas y herramientas biológicas.

Otro de sus focos de preocupación son los llamados “compañeros” de inteligencia artificial, especialmente entre niños y jóvenes. Gates sostiene que estos sistemas pueden resultar altamente adictivos porque están diseñados para adaptarse al usuario, permanecer siempre disponibles y evitar conflictos. Cita un estudio realizado por investigadores de Stanford y Carnegie Mellon sobre más de 1.100 usuarios de compañeros de IA, que encontró una asociación entre un uso emocionalmente más intenso y un peor estado subjetivo en determinados usuarios.

También plantea un dilema educativo: una herramienta capaz de explicar prácticamente cualquier tema puede ayudar a aprender, pero también puede hacer que las personas dejen de desarrollar por sí mismas determinadas capacidades de pensamiento crítico.

El diagnóstico de Gates no es exclusivamente pesimista. De hecho, dedica buena parte de su ensayo a explicar por qué considera que la IA puede mejorar radicalmente la vida de millones de personas.

En medicina, por ejemplo, menciona sistemas capaces de analizar imágenes y detectar accidentes cerebrovasculares. En agricultura, destaca la posibilidad de brindar a pequeños productores información sobre clima, semillas, enfermedades y manejo de cultivos.

También imagina sistemas capaces de simplificar trámites estatales, mejorar la educación y ampliar el acceso a profesionales de la salud en lugares donde actualmente son escasos. El desafío, según Gates, es que esos beneficios no queden concentrados en quienes ya tienen más recursos.

La conclusión de Gates es una advertencia, pero también un llamado a la acción. Considera que no alcanza con que las empresas tecnológicas decidan por sí mismas cómo administrar la transición. La discusión debería involucrar a gobiernos, trabajadores, empresarios, educadores, especialistas, organizaciones sociales y comunidades.

También reclama una mayor cooperación internacional, porque los riesgos y las consecuencias de la IA no respetan fronteras. Su propuesta incluye crear nuevas instituciones capaces de coordinar políticas vinculadas con empleo, educación, impuestos, seguridad, salud, energía y tecnología, además de avanzar hacia algún tipo de marco internacional.

La pregunta que queda planteada es enorme y también cercana: ¿qué pasará cuando una máquina pueda hacer nuestro trabajo mejor, más rápido y más barato? La respuesta de Gates no es frenar la inteligencia artificial. Es decidir qué queremos automatizar, qué queremos conservar como actividad humana y cómo distribuimos la riqueza que genere la nueva tecnología.

Y en esa discusión, la cuestión central quizás ya no sea solamente qué puede hacer la IA, sino qué tipo de sociedad queremos construir cuando pueda hacer casi todo lo que hoy hacemos nosotros.

El ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, Gustavo Fernández, y Mariel Gabur, ministra de Industria, Trabajo y Comercio de Corrientes, participaron este martes de un panel debate sobre el futuro del trabajo industrial en las provincias del interior en un contexto de reconversión de las políticas económicas locales y globales.

En el marco del 7° Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, durante la Expo Industrias y Servicios 2026, Gabur explicó: “Corrientes viene trabajando con un programa de Gobierno para generar empleo y lo estamos logrando a pesar de todas las dificultades que venimos sufriendo”.

“Las políticas nacen como consecuencia de la necesidad de Corrientes de generar empleo y que no vengan a buscarlo a Buenos Aires. Somos una provincia esencialmente productiva, agraria y ganadera. Tenemos grandes extensiones de campo. Somos el tercer productor de ternero. Pero la mirada que tuvo el Gobierno de Corrientes es generar valor agregado a todo el potencial agrícola”, añadió.

Y dijo: “Y lo estamos logrando. Tenemos 550 mil hectáreas en forestación, de las cuales el 70 por ciento son pinos y el 30 por ciento eucaliptos. Y el gran desafío era darle valor agregado a esa forestación. Hoy tenemos el aserradero más grande de Argentina con capitales austríacos y belgas que generó más de 350 puestos de trabajo”. Luego, precisó que si antes el 70 por ciento de la madera salía sin valor agregado del país, ahora ese número bajó a tan sólo el 30 por ciento.

“Estamos viajando por el mundo. Necesitamos más inversiones en las provincias y estamos abiertos a que lleguen. Necesitamos inversiones en frigoríficos. Dar valor agregado dentro de la provincia, porque hacemos los terneros, pero la carne sale cortada de otras provincias”, afirmó.

Sobre cómo hacen para evitar una crisis de empleo, sostuvo: “Nosotros tenemos subsidios y créditos especiales para reconversiones que llevan el traslado de algunas empresas a los parques industriales, donde tienen la infraestructura a disposición del desarrollo industrial”. “Estamos haciendo equilibrio: si perdemos un puesto laboral, tratamos de buscar que otras industrias resurjan y puedan tomar esos puestos de trabajo de aquellas empresas que no pueden sostenerse”, dijo.

Por su lado, Gustavo Fernández, ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, dijo: “Todo cambio de sistema como el que estamos viviendo, y no sólo tiene que ver con el nivel interno, sino con un mundo que se reconfigura, abre nuevas oportunidades. Y no hablo sólo de la actividad minera, sino de otras actividades vinculadas al sector agroindustrial”.

Y dijo: “El 17 por ciento de nuestro producto se explica por la industria manufacturera. Por más de que el 18 por ciento de las exportaciones son de origen mineral. En términos de empleo los números se repiten. En términos de quién es el principal empleador formal. Ahora bien, cuando uno hace doble click, la principal actividad es el sector de alimentos y bebidas”.

“Lo que ha ocurrido en el país en los últimos años limitó a nuestra industria y a nuestro sector de alimentos. Porque es un sector que depende del mercado externo. San Juan exporta pasas de uva. Y eso hace que Argentina sea el séptimo a nivel mundial. Pero uno piensa que es un producto primarizado y no lo es: yo los invitaría a ver una instalación de procesamiento de pasas de uva”, afirmó.

Y sumó: “Hoy tenemos una gran oportunidad porque podemos incorporar tecnología y volver a mercados que se habían cerrado por la política externa del país. Esa oportunidad la tenemos. Estamos trabajando para recuperarlos con una visión clara: no queremos ser una provincia que sólo depende de la minería. Está claro que va a ser una locomotora. Pero buscamos que sea una llave”.

Finalmente, sobre el apoyo a las industrias locales, explicó: “En San Juan acompañamos a sectores en el proceso de reconversión. Esto no resuelve el problema de la coyuntura del corto plazo, pero así logramos ser una de las pocas provincias que logró crear empleo formal en un contexto donde cayó en el país”.

En el marco del Día de la Inteligencia Artificial, que se conmemora cada 16 de julio, desde Adecco Argentina señalaron que el principal desafío ya no consiste únicamente en incorporar soluciones tecnológicas, sino en preparar a las personas para convivir y trabajar junto a ellas.

"La inteligencia artificial no viene a reemplazar el talento humano, sino a redefinir la forma en que generamos valor. Las organizaciones que logren combinar innovación tecnológica con desarrollo de habilidades serán las que lideren el futuro del trabajo", afirmó Camila Nievas, especialista en selección de talentos tecnológicos de la firma.

Uno de los cambios más visibles se observa en los primeros empleos. Muchas tareas operativas y administrativas que históricamente eran desempeñadas por trabajadores que daban sus primeros pasos en el mundo laboral comienzan a ser automatizadas mediante herramientas de inteligencia artificial.

Como consecuencia, las empresas priorizan cada vez más perfiles con capacidad para analizar información, resolver problemas, trabajar de manera colaborativa y utilizar tecnologías basadas en IA desde el inicio de su carrera.

En este nuevo escenario, además de la formación técnica, cobran mayor importancia competencias como el pensamiento crítico, la adaptabilidad, la creatividad y la capacidad de aprendizaje permanente.

La tendencia ya se refleja en distintos mercados internacionales. Un estudio de Revelio Labs indicó que las vacantes para puestos de nivel inicial en Estados Unidos disminuyeron cerca de un 35% durante los últimos 18 meses, en gran parte debido a la automatización de tareas.

La irrupción de la inteligencia artificial también está generando nuevas preocupaciones entre los trabajadores. A la tradicional problemática del agotamiento laboral (burnout) se suma ahora el denominado FOBO (Fear of Becoming Obsolete), es decir, el miedo a perder relevancia profesional frente al avance de la tecnología.

Según el informe Business Leaders Report 2026 elaborado por The Adecco Group, el 45% de los líderes empresariales prevé incorporar agentes de inteligencia artificial en sus procesos de trabajo durante los próximos doce meses.

Sin embargo, apenas el 22% considera que sus organizaciones están preparando adecuadamente a los equipos para adaptarse a estos cambios mediante programas de capacitación y aprendizaje continuo.

La incertidumbre sobre cómo evolucionarán las tareas laborales y cuáles serán las habilidades más demandadas aparece hoy como una de las principales preocupaciones dentro de las empresas.

Desde Adecco sostienen que la inteligencia artificial no elimina la necesidad de talento humano, sino que incrementa el valor de aquellas capacidades que las máquinas todavía no pueden reemplazar, como el criterio profesional, la creatividad, la comunicación, la resolución de problemas complejos y la toma de decisiones.

En ese contexto, las organizaciones que mejor atraviesen esta transformación serán aquellas que combinen la incorporación de nuevas tecnologías con políticas de formación, actualización permanente y reconversión laboral de sus equipos.

"La verdadera ventaja competitiva ya no estará solamente en disponer de inteligencia artificial, sino en contar con personas capaces de aprovecharla para generar valor", concluyó Nievas.

De este modo, la inteligencia artificial deja de ser únicamente una innovación tecnológica para convertirse en uno de los principales factores que redefinen el futuro del empleo y las competencias que demandará el mercado laboral en los próximos años.

La reciente caída del precio internacional del petróleo volvió a poner en debate la evolución de los combustibles en Argentina. Mientras que los aumentos registrados durante los últimos meses estuvieron asociados al encarecimiento del crudo, especialistas plantean ahora una pregunta clave: ¿los valores en los surtidores reflejarán también la baja del mercado internacional?

El planteo surge de un análisis realizado por Roberto Carnicer, quien sostiene que la discusión no debería centrarse únicamente en los incrementos aplicados cuando subió el petróleo, sino también en la posibilidad de que exista una reacción similar cuando el valor del barril desciende.

Según el especialista, la caída más significativa del petróleo ocurrió en los últimos días posteriores al 12 de junio, cuando los mercados comenzaron a anticipar una posible normalización de la oferta internacional.

Por ese motivo, considera que el análisis debe dividirse en dos etapas: por un lado, el período previo al 12 de junio, durante el cual el petróleo se mantuvo en niveles elevados; y por otro, la baja registrada posteriormente, cuyo impacto sobre los combustibles todavía está por verse.

“La baja relevante del petróleo no se distribuye a lo largo de los últimos meses, sino que se concentra en pocos días”, explicó.

Los datos analizados muestran que entre febrero y marzo el precio del petróleo WTI experimentó un aumento del 41,7%, mientras que el valor de la nafta súper de YPF en la Ciudad de Buenos Aires subió un 24,2%.

Esto implica que el incremento en los surtidores representó aproximadamente el 58% de la suba registrada por el crudo.

Para Carnicer, ese dato demuestra que el traslado de los costos internacionales hacia el consumidor fue parcial y estuvo concentrado principalmente durante marzo. En los meses siguientes, los precios locales mostraron escasas variaciones pese a que el petróleo continuó operando en niveles elevados.

El informe sostiene que durante abril y mayo no se observó una correspondencia automática entre el valor internacional del petróleo y el precio de la nafta.

Según el análisis, distintos factores —como estrategias comerciales, márgenes empresariales, estructura impositiva o mecanismos de estabilización— contribuyeron a amortiguar el impacto del aumento del crudo sobre los surtidores.

A partir de esa situación, el especialista considera que tampoco puede esperarse una reducción automática cuando baja el petróleo, aunque entiende que el escenario habilita una discusión razonable sobre posibles ajustes.

El estudio calcula que el precio del barril WTI cayó cerca de un 9,8% entre el 12 y el 17 de junio, pasando de 84,88 a 76,54 dólares.

Si se aplicara la misma proporción de traslado observada durante marzo, existiría un margen teórico para una reducción cercana a 117 pesos por litro en el precio de la nafta súper.

En un escenario hipotético donde la baja del petróleo se trasladara completamente al consumidor, la reducción podría acercarse a los 200 pesos por litro. Sin embargo, el informe aclara que se trata de estimaciones teóricas, ya que el precio final de los combustibles depende también de impuestos, costos logísticos, refinación, comercialización y otras variables.

Para Carnicer, el punto central es la necesidad de mantener cierta coherencia entre los movimientos del mercado internacional y los precios locales.

“Si el surtidor se ajusta cuando sube el petróleo, el consumidor tiene derecho a esperar algún grado de simetría cuando el petróleo baja”, sostuvo.

El especialista remarcó además que los combustibles tienen una influencia directa sobre la economía cotidiana, ya que impactan en los costos del transporte, la logística, la producción y las expectativas inflacionarias.

Por eso, considera que la reciente caída del crudo abre una oportunidad para revisar los valores vigentes o, al menos, evitar nuevos aumentos mientras el mercado petrolero se estabiliza.

La conclusión del informe es que los incrementos aplicados durante marzo absorbieron solo una parte del aumento internacional del petróleo y que posteriormente los precios locales permanecieron relativamente contenidos.

No obstante, la baja observada en junio abre un nuevo escenario y alimenta las expectativas de consumidores y sectores productivos, que seguirán de cerca las decisiones de las petroleras y la evolución del mercado energético en las próximas semanas.

Según el relevamiento realizado sobre más de 750 empresas de todo el país, la Expectativa Neta de Empleo (ENE) se ubicó en +6%, un indicador que surge de la diferencia entre las organizaciones que prevén incorporar personal y aquellas que anticipan reducciones en sus plantillas.

El resultado representa una caída de cuatro puntos porcentuales respecto del trimestre anterior, aunque se mantiene prácticamente estable en comparación con el mismo período del año pasado.

Los datos indican que el 33% de los empleadores planea aumentar su dotación de personal durante el próximo trimestre, mientras que el 29% prevé reducirla. Por otra parte, el 36% no espera realizar cambios y un 2% manifestó no tener una decisión definida.

Desde ManpowerGroup señalaron que el mercado laboral atraviesa una etapa de mayor prudencia, con procesos de contratación más selectivos y una tendencia a postergar decisiones de incorporación de personal en diversos sectores de la economía.

De las once actividades económicas relevadas, nueve muestran expectativas positivas de contratación para los próximos meses.

El sector de Servicios Públicos y Recursos Naturales encabeza las previsiones de crecimiento, con una expectativa neta de empleo del 30%. Le siguen la industria Automotriz, con 25%, y Tecnología y Servicios de TI, con 22%.

En el otro extremo aparecen los sectores de Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos, que registran una expectativa negativa de -8%, y Finanzas y Seguros, con -2%.

El informe también destaca que las expectativas se debilitaron en siete de los once sectores analizados respecto del trimestre anterior, aunque en la comparación interanual seis actividades muestran mejoras.

Uno de los avances más significativos se observa en Tecnología y Servicios de TI, que registró un incremento de 28 puntos porcentuales frente al mismo período de 2025.

A nivel regional, las mayores expectativas de contratación se observan en el Noroeste Argentino (NOA), con una ENE de +17%. Detrás se ubican Patagonia (+14%) y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con +7%.

Por el contrario, la región Pampeana presenta la proyección más baja, con una expectativa negativa de -2%, mientras que Cuyo muestra un escenario neutral.

Respecto al trimestre anterior, las intenciones de contratación disminuyeron en cinco de las seis regiones relevadas. La mayor caída se registró precisamente en la región Pampeana, que retrocedió 15 puntos porcentuales.

El informe también compara la situación local con otros mercados de la región. En América, los doce países analizados presentan expectativas positivas de contratación para el tercer trimestre de 2026.

Sin embargo, Argentina aparece con el nivel más bajo de la región, con una expectativa neta de empleo del 6%. Por encima se ubican Panamá (+11%), Chile (+12%), Costa Rica (+36%), Brasil (+37%) y Estados Unidos (+45%), entre otros.

A escala global, las previsiones de contratación resultan positivas en 46 de los 49 países y territorios incluidos en el relevamiento.

Los resultados reflejan un mercado laboral que continúa mostrando capacidad de generar empleo, aunque con un ritmo más moderado y concentrado en sectores específicos de la economía, en un contexto donde las empresas priorizan la cautela a la hora de definir nuevas incorporaciones.

Banco Entre Ríos participará de una nueva edición de Agroactiva, la muestra agroindustrial a cielo abierto más importante del país, que se desarrollará del 3 al 6 de junio en Armstrong, provincia de Santa Fe. Allí exhibirá una propuesta integral de financiamiento, productos y servicios destinada a productores agropecuarios, contratistas y empresas vinculadas al sector.

La entidad contará con un stand propio (206 F), donde presentará líneas de crédito en pesos y dólares orientadas a capital de trabajo, adquisición de maquinaria e inversiones tecnológicas. Según informó el banco, las alternativas de financiamiento contemplan plazos acordes a los ciclos productivos y esquemas adaptados tanto para las campañas fina como gruesa.

En el marco de la exposición, Banco Entre Ríos también pondrá en marcha una estrategia comercial basada en la presencia de equipos y oficiales de negocios en distintos stands de fabricantes y empresas con las que mantiene convenios vigentes. El objetivo será facilitar la generación y precalificación de operaciones comerciales durante la muestra.

Otro de los anuncios previstos para Agroactiva será el lanzamiento de una nueva herramienta de onboarding digital destinada a empresas y personas con actividad comercial. La solución permitirá realizar el proceso de vinculación bancaria de manera completamente digital, buscando simplificar los trámites y reducir los tiempos de gestión.

La propuesta incluirá además acuerdos con empresas proveedoras de maquinaria agrícola e insumos, a través de los cuales los clientes podrán acceder a condiciones preferenciales para la adquisición de bienes y financiamiento para capital de trabajo.

Entre los productos que el banco exhibirá durante la exposición figuran Cuenta Agro, Tarjeta Agro y diversas soluciones financieras diseñadas para acompañar el desarrollo de la actividad agropecuaria.

Asimismo, la entidad dará a conocer su oferta de seguros agropecuarios, que contempla coberturas frente a eventos climáticos, protección contra granizo y otros riesgos que pueden afectar la producción, junto con beneficios comerciales específicos para el sector.

Desde la entidad señalaron que su presencia en Agroactiva forma parte de una estrategia orientada a fortalecer el acompañamiento financiero al sector productivo, uno de los principales motores de la economía regional.

Así lo refleja un análisis de escucha social realizado por la consultora MileniumGroup, que registró más de 422 mil menciones en español sobre inteligencia artificial y empleo en la región durante los últimos seis meses, entre octubre de 2025 y marzo de 2026. El estudio abarcó conversaciones digitales en múltiples plataformas —desde redes sociales hasta medios, blogs, podcasts y foros— en países hispanohablantes, excluyendo Brasil.

El principal hallazgo revela un cambio de enfoque: aunque persiste el temor al reemplazo laboral, la conversación ya no está dominada únicamente por ese eje. La inteligencia artificial aparece cada vez más asociada a la productividad, el desarrollo de nuevas habilidades, la reconversión profesional y la generación de oportunidades.

“El debate sobre inteligencia artificial y empleo en América Latina ya no puede reducirse a si la tecnología va a destruir o crear puestos de trabajo. La pregunta más relevante es quién está preparado para adaptarse a la velocidad del cambio”, señaló Alonso Salinas, Head Región Sur de la consultora. “El miedo existe y es legítimo, pero la oportunidad y la adaptación están ganando centralidad”, agregó.

Según el análisis, sobre un universo de más de 272 mil menciones clasificadas, la conversación se distribuye en cuatro grandes ejes:

La narrativa de riesgo sigue presente, especialmente en torno a la automatización, la posible pérdida de valor del trabajo humano y el reemplazo de profesiones tanto creativas como técnicas y administrativas. Estos discursos suelen amplificarse en redes sociales, particularmente cuando se vinculan con casos virales o declaraciones de figuras públicas.

Sin embargo, más del 40% de la conversación analizada muestra una visión más propositiva: la IA como herramienta para mejorar la productividad, automatizar tareas repetitivas, generar ingresos y democratizar capacidades.

En este contexto, el debate comienza a desplazarse hacia una pregunta más estructural: qué habilidades necesitarán trabajadores, empresas y gobiernos para adaptarse a un mercado laboral cada vez más atravesado por la tecnología.

“La adaptación dejó de ser una ventaja competitiva y empieza a convertirse en una condición básica de empleabilidad”, sostuvo Salinas. “Aprender a usar IA ya no es opcional, sino parte del nuevo estándar laboral”.

El estudio también identifica matices según el país. En Argentina, la conversación se vincula fuertemente con la crisis económica, reformas laborales y la incertidumbre sobre el empleo. En cambio, en Chile y Perú, el foco está más orientado a las habilidades, los sectores productivos y la adaptación profesional.

Para Yeniffer Bermudez, líder de investigación de la consultora, el impacto de la inteligencia artificial dependerá de cómo se gestione esta transición: “La IA puede convertirse en un motor de desarrollo para América Latina, pero también puede amplificar desigualdades si no se cierran brechas de acceso, formación y adaptación”.

Uno de los puntos más relevantes del informe es el peso creciente de la reconversión laboral. Más de una de cada cinco menciones se refiere a capacitación, aprendizaje, reskilling y upskilling.

El análisis muestra un cambio significativo: ya no se trata solo de “aprender inteligencia artificial” en términos técnicos, sino de saber utilizarla estratégicamente para mejorar procesos, generar valor y ampliar capacidades individuales.

Este enfoque coincide con proyecciones internacionales como el informe Future of Jobs 2025 del World Economic Forum, que estima la creación de 170 millones de nuevos empleos hacia 2030 y la desaparición de 92 millones, con un saldo positivo de 78 millones. En la misma línea, estudios del World Bank y la Organización Internacional del Trabajo indican que solo entre el 2% y el 5% de los empleos en América Latina podrían automatizarse completamente, aunque muchos más sufrirán transformaciones.

El informe concluye que la discusión sobre inteligencia artificial y trabajo en la región entró en una nueva etapa. El temor al reemplazo sigue presente, pero ya no explica por sí solo el fenómeno.

La clave ahora pasa por la capacidad de adaptación: quiénes podrán incorporar herramientas de IA, desarrollar nuevas habilidades y mantenerse competitivos en un mercado laboral en transformación constante.

Según un relevamiento de la empresa Adecco, siete de cada diez compañías esperan que los cambios tengan un impacto favorable en las condiciones de contratación. Sin embargo, el verdadero desafío radica en cómo cada empresa adapta sus procesos internos a este nuevo escenario.

“Este nuevo marco representa una oportunidad para que las organizaciones revisen y fortalezcan su gestión interna. Comprender la norma es el primer paso, pero el verdadero diferencial está en cómo se implementa”, explicó Patricio Dewey, director comercial y de marketing de Adecco Argentina.

Uno de los ejes centrales de la reforma es la ampliación de las modalidades contractuales y la mayor discrecionalidad en la organización del trabajo. Esto permite a las empresas ajustar sus dotaciones con mayor precisión frente a cambios en la demanda o ciclos productivos.

No obstante, esta flexibilidad también implica nuevos desafíos. Las compañías deberán definir con mayor criterio técnico qué puestos requieren estabilidad estructural y cuáles pueden adaptarse a esquemas más dinámicos.

En este contexto, la tercerización a través de partners especializados aparece como una alternativa para acceder a esquemas flexibles sin asumir toda la carga operativa ni los riesgos asociados a errores contractuales.

Otro aspecto clave de la reforma es la modificación de los esquemas indemnizatorios, que ahora presentan criterios más claros en cuanto a base de cálculo, topes y pisos. Esto otorga mayor previsibilidad a las empresas al momento de proyectar costos laborales.

Sin embargo, esta ventaja exige una actualización inmediata de los modelos de costeo, la revisión de contratos vigentes y la adaptación de procesos internos.

“En este nuevo contexto, acompañar a las organizaciones en la planificación de dotaciones y el costeo laboral actualizado es clave para transformar el marco normativo en decisiones concretas”, señaló Dewey.

La reforma también redefine la responsabilidad en los procesos de tercerización, acotando la exposición legal de las empresas usuarias. Esto configura un escenario más previsible, aunque con mayores exigencias en materia de control documental.

La correcta elección de proveedores se vuelve así un factor determinante. Una gestión documental deficiente o la contratación de partners sin respaldo puede reactivar riesgos legales que la norma busca reducir.

Frente a este panorama, trabajar con empresas especializadas y con trayectoria aparece como una estrategia para garantizar cumplimiento y reducir contingencias.

A pesar de los cambios introducidos por la reforma, el mercado laboral argentino continúa enfrentando un problema estructural: la falta de talento calificado en sectores clave.

Áreas como Minería, Energía, Tecnología y Logística mantienen brechas significativas de perfiles técnicos, lo que obliga a las empresas a reforzar sus estrategias de formación y desarrollo.

Además, el rol de los mandos medios cobra especial relevancia en la implementación del nuevo marco normativo y en la gestión del clima organizacional.

En este escenario, la combinación entre flexibilidad contractual y políticas activas de desarrollo de talento será determinante para sostener la competitividad.

“La reforma no solo flexibiliza: también ordena y protege, si se gestiona correctamente. Trabajar con partners especializados permite operar con mayor control y enfocarse en el negocio con mayor tranquilidad”, concluyó Dewey.

Los recientes ataques a infraestructura energética en Qatar e Irán encendieron alarmas en los mercados internacionales y abrieron un nuevo escenario de incertidumbre para el suministro global de gas natural licuado (GNL), un recurso clave para la generación eléctrica, la industria y la transición energética.

El impacto fue inmediato. El precio del petróleo Brent superó los 119 dólares en operaciones intradiarias, mientras que el gas en Europa alcanzó máximos de varios años y el mercado estadounidense también registró subas. Sin embargo, especialistas advierten que la preocupación va más allá de la volatilidad de precios.

“La reacción de los mercados no puede interpretarse como un simple sobresalto geopolítico. Lo que estamos viendo es que se empieza a descontar una posible restricción física de oferta, especialmente en gas”, explicó Roberto Carnicer, director del Instituto de Energía de la Universidad Austral.

Uno de los focos más críticos fue el ataque a Ras Laffan Industrial City, en Qatar, considerado el principal nodo exportador de GNL a nivel mundial, donde se concentran instalaciones estratégicas como la planta Pearl GTL.

“Se cruzó una línea particularmente peligrosa: ya no se trata de ataques a activos periféricos, sino al corazón del sistema energético regional”, advirtió Carnicer.

A diferencia del petróleo, el gas presenta mayores dificultades ante este tipo de contingencias. “El petróleo tiene un mercado más flexible, con mayor capacidad para redireccionar cargamentos. El gas, en cambio, depende de una infraestructura mucho más rígida. Cuando se afecta una gran planta exportadora, el riesgo pasa rápidamente de precios a abastecimiento”, detalló.

En este contexto, el especialista alertó sobre la posibilidad de un escenario de escasez si las interrupciones se prolongan. “Cuando el cuello de botella es material, la sustitución es más lenta, más costosa y más incompleta”, señaló.

Carnicer comparó la situación con la crisis energética que atravesó Europa tras la guerra entre Rusia y Ucrania, aunque marcó una diferencia sustancial. “En aquel caso el gas existía, pero se interrumpió la relación política y comercial. Aquí el problema puede ser más grave, porque está en juego la capacidad física de producir y exportar”, sostuvo.

Las consecuencias podrían extenderse más allá del encarecimiento de la energía. Según el análisis, existe un riesgo creciente de desabastecimiento relativo, presión sobre los sistemas de generación eléctrica y una mayor competencia entre países para asegurarse cargamentos en el mercado internacional.

Frente a este escenario, el especialista remarcó la necesidad de repensar la seguridad energética global. “No alcanza solo con avanzar en energías renovables. También es fundamental diversificar geográficamente el origen del gas”, indicó.

En ese marco, Argentina comienza a posicionarse como un actor con potencial estratégico. “Vaca Muerta adquiere relevancia no solo por su escala y productividad, sino porque puede aportar oferta desde una región alejada de los principales focos de conflicto”, explicó.

Asimismo, destacó el desarrollo de proyectos de exportación de GNL en el país. “Si el mercado global internaliza que la infraestructura del Golfo puede ser un blanco recurrente, toda nueva plataforma exportadora fuera de esa región mejora su posicionamiento estratégico”, afirmó.

No obstante, Carnicer llamó a mantener una mirada realista. “Vaca Muerta no puede reemplazar en el corto plazo el volumen de Qatar, pero sí puede convertirse en una pieza importante dentro de un sistema energético más equilibrado”, concluyó.

El escenario actual deja en evidencia una fragilidad estructural del sistema energético global, donde gran parte de la oferta crítica se concentra en pocos nodos. Para los especialistas, el desafío hacia el futuro no solo será avanzar en energías limpias, sino también construir una red más diversificada y resiliente de proveedores confiables.

Trabajadores de la empresa avícola Granja Tres Arroyos (GTA), la principal productora de pollos del país, se encuentran en asamblea desde la madrugada de este martes 10 de marzo en la ciudad de Concepción del Uruguay, ante versiones que indican una posible quiebra de la firma en medio de una profunda crisis que afecta a sus plantas en Entre Ríos y Buenos Aires.

La información fue publicada por el diario La Calle. En paralelo, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, visitó este martes las instalaciones de Fepasa en la misma ciudad.

La medida de fuerza responde a la incertidumbre generada por los rumores de quiebra, que se suman a los conflictos salariales que la empresa arrastra desde hace meses. GTA ya enfrentaba reclamos por deudas salariales en su planta La China, en Concepción del Uruguay, y también en su establecimiento de Pilar, en la provincia de Buenos Aires.

La crisis empresarial se profundizó durante el último año y derivó en cerca de 400 desafectaciones de personal, entre despidos, retiros voluntarios y acuerdos. En tanto, la planta de Pilar también registró paralizaciones en su actividad debido a reclamos por salarios adeudados.

Los representantes gremiales informaron que actualmente no existe diálogo con la empresa. Así lo señalaron el secretario general del Sindicato de la Alimentación, Miguel Klenner, y el referente del Sindicato de la Carne, Sergio Vereda. Según indicaron, desde marzo de 2024 los trabajadores vienen percibiendo sus salarios en cuotas, llegando a cobrarlos en hasta cinco partes.

En la planta trabajan alrededor de 1.000 personas, muchas de las cuales atraviesan una situación económica crítica. De acuerdo con lo manifestado por los empleados, varios tienen dificultades para afrontar el pago de alquileres y presentan problemas financieros, incluso con tarjetas de crédito bloqueadas, lo que limita su acceso a alimentos y otros bienes básicos.

Ante este escenario, la planta de faena se encuentra paralizada y el sector de carga permanece bloqueado hasta tanto la empresa regularice el pago de los salarios adeudados.

Por su parte, el dirigente Sergio Vereda expresó su preocupación por la falta de comunicación de la empresa con los trabajadores, lo que ha generado un clima de incertidumbre y angustia en el sector.

Mientras tanto, el gobernador Rogelio Frigerio realizó una visita a las instalaciones de Fepasa en Concepción del Uruguay, aunque hasta el momento no trascendieron detalles sobre posibles gestiones vinculadas a la situación que atraviesa Granja Tres Arroyos.

La crisis laboral en la avícola es seguida de cerca por autoridades provinciales y organizaciones sindicales, que se mantienen en estado de alerta frente a la evolución del conflicto.

El presidente Javier Milei promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, sancionada por el Congreso de la Nación Argentina el pasado 27 de febrero, mediante el Decreto 137/2026. La norma introduce una reforma estructural del sistema laboral argentino, con modificaciones que abarcan desde la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 hasta el régimen de convenios colectivos, el derecho de huelga y la creación de nuevos mecanismos de financiamiento para indemnizaciones.

La promulgación fue firmada también por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Según el Gobierno, la reforma busca modernizar el mercado laboral, incentivar la formalización del empleo y promover inversiones productivas, mientras que distintos sectores sindicales y políticos advierten que la normativa implica una reducción de derechos laborales históricos.

La nueva legislación modifica el alcance de la Ley de Contrato de Trabajo al excluir expresamente a los trabajadores independientes, prestadores de servicios de plataformas tecnológicas y personas privadas de libertad.

Además redefine el concepto legal de trabajo como “toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración”.

Uno de los cambios más relevantes es que se limita la presunción de relación de dependencia cuando el trabajador emite facturas o recibe pagos mediante transferencias bancarias, lo que podría impactar en disputas judiciales vinculadas a vínculos laborales encubiertos.

La ley modifica el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y establece que la indemnización por despido sin causa será equivalente a un mes de sueldo por cada año de antigüedad, calculada sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año.

La norma define como remuneración “habitual” a los conceptos percibidos al menos seis meses durante el último año calendario.

También determina que la indemnización laboral será la única reparación procedente frente a la extinción sin justa causa, lo que impide iniciar acciones civiles o extracontractuales paralelas, salvo cuando exista un ilícito penal.

Además, el nuevo esquema permite que las indemnizaciones se paguen en cuotas: hasta 12 en empresas grandes y hasta 18 en micro, pequeñas y medianas empresas.

Uno de los ejes centrales de la reforma es la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), patrimonios separados que los empleadores deberán constituir para afrontar obligaciones indemnizatorias.

Las contribuciones obligatorias serán:

Los aportes se calcularán sobre las remuneraciones base del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Los fondos serán administrados por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores y entrarán en vigencia el 1° de junio de 2026, con posibilidad de prórroga de seis meses por parte del Poder Ejecutivo.

El Gobierno señaló que las empresas que integren estos fondos recibirán una reducción equivalente en sus contribuciones patronales a la seguridad social.

La ley incorpora un marco específico para trabajadores de plataformas tecnológicas de movilidad y reparto, estableciendo que serán considerados trabajadores independientes y no empleados en relación de dependencia.

Las empresas deberán brindar:

Los prestadores tendrán libertad de horario, conexión y rechazo de pedidos, según establece la normativa.

La reforma introduce cambios en la organización del tiempo de trabajo.

Las vacaciones deberán otorgarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril, aunque la ley establece que el trabajador tendrá derecho a disfrutarlas en temporada estival al menos una vez cada tres años. Además, podrán fraccionarse en períodos no menores a siete días.

También se incorpora un sistema de banco de horas, que permite compensar tiempo trabajado en exceso con reducción de jornada en otro momento. En ese marco, la jornada máxima podrá extenderse hasta 12 horas, siempre que exista un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas.

La norma modifica el régimen de conflictos colectivos y establece nuevos niveles obligatorios de prestación durante huelgas:

Entre los servicios esenciales se incluyen:

En tanto, como servicios trascendentales se incorporan sectores como:

La ley también introduce modificaciones a la Ley de Convenios Colectivos N° 14.250.

Los convenios colectivos vencidos solo mantendrán vigentes sus cláusulas normativas hasta que se firme uno nuevo, mientras que las cláusulas obligacionales solo continuarán si las partes acuerdan su prórroga.

Asimismo, se fijan límites a los aportes establecidos en los convenios colectivos:

La normativa también establece que los delegados sindicales dispondrán de hasta 10 días al mes para tareas gremiales dentro de la jornada laboral, y que las asambleas requerirán autorización del empleador.

La ley crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), vigente por un año desde el segundo mes posterior a la promulgación.

Los empleadores que incorporen trabajadores no registrados o desempleados pagarán una contribución patronal reducida del 2% durante los primeros cuatro años de la relación laboral.

También se establece el Programa de Promoción del Empleo Registrado (PER), que permite regularizar trabajadores con condonación de hasta el 70% de las deudas con la seguridad social.

En materia tributaria, la ley crea el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), destinado a micro, pequeñas y medianas empresas.

El esquema incluye:

La normativa dispone que, a partir del 1° de enero de 2027, quedarán derogados varios estatutos laborales especiales, entre ellos:

Estos sectores pasarán a regirse por el régimen general.

Además, la ley aprueba el acuerdo de transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo al fuero laboral de la Ciudad de Buenos Aires, firmado el 9 de febrero de 2026 entre el Estado nacional y el Gobierno porteño.

Las causas ya iniciadas continuarán tramitándose bajo la normativa vigente hasta completarse el proceso de traspaso.

La reforma laboral impulsada por el Gobierno de Milei representa uno de los cambios más profundos en la legislación laboral argentina en décadas, con impacto directo en la organización del trabajo, las indemnizaciones, la negociación colectiva y el derecho de huelga.

La economista Marina Dal Poggetto advirtió que la transición hacia un nuevo régimen macroeconómico ya está generando destrucción de empleo formal, deterioro en las hojas de balance de las empresas y un fuerte impacto sobre el consumo interno. Según sostuvo, el proceso de apertura y normalización financiera impulsado por el Gobierno implica costos que comienzan a hacerse visibles en la estructura productiva y laboral.

“Estás transitando de un régimen a otro”, planteó por Splendid AM 990 la directora ejecutiva de EcoGo, al describir el pasaje desde un modelo con alta brecha cambiaria, tasas reales negativas y fuerte protección comercial hacia otro con menor distorsión cambiaria, tasas positivas y apertura de importaciones.

En el esquema anterior, explicó, la economía funcionaba con una lógica de arbitraje: “Tomabas todos los pesos baratos que había en el sistema, comprabas todos los dólares baratos que te daba el Banco Central y si podías fijar precio eras Gardel”.

En contraste, sostuvo que el actual escenario implica “normalizar la macro”, con una brecha cambiaria que “tendió a desaparecer” y tasas de interés que ya no son negativas. “Hoy sí importa la demanda y parte de esa demanda es abastecida con un aumento en las importaciones”, afirmó, al señalar que los bienes de consumo y los autos muestran una fuerte expansión de compras externas.

Dal Poggetto remarcó que el Gobierno utiliza el tipo de cambio como ancla para frenar la inflación. “Hay una discusión detrás que tiene que ver con el uso del dólar como ancla y un tipo de cambio que lo estás volviendo a atrasar”, indicó.

Tras la devaluación inicial que llevó el dólar oficial de 360 a 800 pesos, el tipo de cambio real alcanzó niveles elevados, pero luego comenzó a descender. A su entender, si el dólar se mantiene estable mientras la inflación ronda el 2,9% mensual, el tipo de cambio real vuelve a apreciarse rápidamente y afecta la competitividad. “Si lo dejás clavado en estos niveles con una inflación en torno al 2,9% mensual, en dos meses volvés a bajarlo”, advirtió.

En ese marco, describió una presión creciente sobre los costos empresarios. “Empezás a ver una distorsión en la hoja de balance”, explicó, al señalar que muchos sectores enfrentan precios que evolucionan por debajo del promedio mientras sus costos avanzan por encima. Algunos lograron recapitalizarse en el ciclo anterior, pero otros operan ahora con márgenes estrechos en un contexto recesivo.

En el plano laboral, destacó que si bien la tasa de desempleo mostró una suba moderada —del 5,7% al 6,6% en los últimos datos—, el fenómeno central es la composición del empleo. “Lo que sí estás viendo es destrucción de empleo formal y creación de empleo semiformal, fundamentalmente monotributo”, afirmó.

Sobre la reforma laboral en debate, consideró que apunta a actualizar una legislación “muy rezagada”, pero advirtió que se aplica en una economía que pierde puestos registrados. “Le estás bajando alícuotas o el costo de las contribuciones patronales a lo nuevo en una economía que está perdiendo empleo”, señaló. Además, alertó sobre la dimensión fiscal del proceso: la recaudación “está cayendo y probablemente siga cayendo”, mientras el ajuste se sostiene con contención del gasto.

En materia inflacionaria, anticipó que febrero y marzo mostrarán registros elevados por subas en carne, combustibles, colegios y tarifas. “Febrero va a ser alta y marzo probablemente siga estando en esos niveles”, dijo, aunque estimó que abril podría ubicarse más cerca del 2% mensual si el esquema cambiario se sostiene.

La economista también puso el foco en el deterioro del poder adquisitivo. Explicó que el índice de precios refleja una canasta promedio, pero cada hogar enfrenta una estructura distinta. “Hay una parte de los servicios, sobre todo de la clase media, que son bastante inelásticos”, señaló, en referencia a prepagas, colegios, expensas y tarifas, rubros que subieron por encima de la inflación desde el inicio de la gestión. “Están indexados a una inflación donde los ingresos no están yendo con la inflación”, subrayó.

Finalmente, sostuvo que el cambio de precios relativos y la apertura comercial impactan directamente en la sostenibilidad de algunas compañías. “El cambio de los precios relativos tiene implicancias sobre las hojas de balance, sobre todo en un contexto recesivo”, concluyó, al advertir que el proceso de estabilización y apertura tiene costos sociales y productivos que todavía se están desplegando.

El diputado, que rechazó el proyecto del gobierno nacional,    señaló que la Argentina necesita una legislación laboral moderna y adaptada a los cambios tecnológicos y productivos, pero sostuvo que las reformas estructurales deben construirse con consensos amplios, diálogo federal y participación real de provincias, trabajadores y sectores productivos.

El ex mandatario remarcó además la situación laboral de Entre Ríos, donde —según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo analizados por el CEPA— entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 se registró una caída de 10.575 trabajadores formales y 774 empleadores. “No hablamos de teorías, hablamos de familias y empresas reales”, expresó.

Desde el plano técnico, indicó que la ley reduce la protección frente al despido, flexibiliza la jornada laboral mediante sistemas de banco de horas y debilita la negociación colectiva, medidas que —según afirmó— difícilmente generen el círculo virtuoso de inversión y empleo prometido.

En la misma línea, el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, a través de su Instituto de Derecho del Trabajo, emitió un pronunciamiento rechazando la normativa por considerarla regresiva y contraria a principios fundamentales del derecho laboral y a tratados internacionales de derechos humanos.

Finalmente, Bordet afirmó que el país necesita una reforma que combine competitividad con protección social, productividad con estabilidad y reglas claras con desarrollo federal. “El desafío es construir normas equilibradas que generen empleo y preserven derechos. Esta ley no cumple con esos objetivos”, sentenció.

Este viernes por la madrugada, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó la reforma laboral con 135 votos afirmativos, 115 negativos y ninguna abstención. Tras una extensa sesión y luego de intensas negociaciones, el oficialismo consiguió dar media sanción al proyecto de modernización laboral, que ahora deberá regresar al Senado de la Nación Argentina para su tratamiento final debido a las modificaciones introducidas a último momento.

El avance de la iniciativa se consolidó luego de que el Gobierno aceptara eliminar los artículos que modificaban el régimen de licencias médicas, un punto que había generado cuestionamientos incluso entre bloques aliados. Con esa concesión, los espacios que habían manifestado reparos mantuvieron su respaldo al texto impulsado por La Libertad Avanza.

Entre los bloques que acompañaron el proyecto se destacaron el Propuesta Republicana (PRO), la Unión Cívica Radical (UCR) y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). También resultaron determinantes los votos aportados por aliados provinciales, entre ellos legisladores de Tucumán (Independencia) y de San Juan (Producción y Trabajo), que inclinaron la balanza a favor del oficialismo.

En contraposición, Unión por la Patria se consolidó como la principal bancada opositora y votó en contra de la reforma. Al rechazo se sumaron los integrantes del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, Encuentro Federal y la Coalición Cívica.

Asimismo, expresaron su disconformidad algunos espacios provinciales como Elijo Catamarca, Primero San Luis y el monobloque Defendamos Córdoba, integrado por la diputada Natalia de la Sota. En tanto, dentro de Provincias Unidas e Innovación Federal se registraron posiciones divididas: algunos de sus miembros acompañaron la propuesta oficialista, mientras que otros votaron en contra.

En la nómina de ausentes figuraron los legisladores Sergio Casas (Unión por la Patria, La Rioja), Ignacio García Aresca (Provincias Unidas, Córdoba) y Juan Schiaretti (Provincias Unidas, Córdoba).

Con este resultado, la Cámara baja otorgó media sanción al proyecto de modernización laboral, que deberá volver al Senado debido a las modificaciones acordadas durante el debate. El oficialismo prevé que la iniciativa alcance estatus de ley el próximo viernes 27 de febrero, casi al límite del cierre del período de sesiones extraordinarias.

De concretarse ese escenario, el Gobierno sumará una de sus principales apuestas legislativas en materia económica y laboral, en un contexto de fuerte debate político y sindical sobre el alcance de los cambios propuestos.

El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) del Consejo de Empresarios de Entre Ríos presentó un informe que analiza la evolución del mercado laboral provincial a partir de datos correspondientes a septiembre de 2025. El estudio pone el foco en el empleo privado registrado y el empleo público, y revela un escenario de estancamiento, con comportamientos dispares entre los principales aglomerados urbanos de la provincia.

De acuerdo con el trabajo, los indicadores elaborados con datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) muestran realidades contrapuestas entre Concordia y el Gran Paraná. En el aglomerado de Concordia se registró una caída en las tasas de actividad y de empleo, acompañada por un aumento de la desocupación. En cambio, el Gran Paraná evidenció mejoras tanto en la actividad como en el empleo, mientras que la tasa de desocupación se mantuvo estable en torno al 5%.

En ambos casos, el nivel de desempleo continúa siendo inferior al promedio nacional, situación que el informe vincula, en parte, a la elevada participación del empleo público dentro de la estructura laboral entrerriana.

En septiembre de 2025, Entre Ríos registró 136.575 empleados asalariados privados formales, lo que representó una disminución interanual del 0,3%, equivalente a 436 puestos de trabajo menos respecto al mismo mes de 2024. Medido en relación con la población, la provincia cuenta con 94 asalariados privados cada 1.000 habitantes, un valor que se mantiene por debajo de los registros históricos previos a 2019, con excepción del período afectado por la pandemia.

La participación de Entre Ríos en el total nacional del empleo privado registrado sigue siendo reducida: apenas representa el 2,2% del total del país.

En comparación con el resto de la Región Centro, la provincia se ubica claramente por debajo. Santa Fe registra 139 asalariados privados cada 1.000 habitantes y Córdoba 132, frente a los 94 de Entre Ríos. Según el IIES, para igualar a Santa Fe la provincia debería crear unos 65.000 puestos de trabajo formales, lo que implicaría un aumento del 48%. Para alcanzar a Córdoba, la creación necesaria sería de más de 53.000 empleos, un incremento del 40%.

El análisis por ramas de actividad muestra que, en el primer trimestre de 2025, el empleo privado registrado cayó un 1,2% interanual. Entre los sectores con mayor peso, el comercio se mantuvo prácticamente estable, la industria manufacturera retrocedió un 2%, mientras que la enseñanza creció un 2,7%. La agricultura, ganadería y silvicultura mostró una leve baja del 0,3%.

Las mayores caídas se registraron en hotelería y restaurantes (-7,1%) y en transporte, almacenamiento y comunicaciones (-4,5%), reflejando las dificultades que atraviesan algunos sectores vinculados al consumo y a los servicios.

En septiembre de 2025, el empleo público provincial alcanzó los 90.397 agentes, con una variación interanual negativa del 0,3%, es decir, 314 trabajadores menos que un año atrás. No obstante, el informe señala una tendencia de estabilidad en torno a los 90 mil empleados, con una reducción gradual del número de empleados públicos cada 1.000 habitantes, que se ubicó en 62.

En la composición de la planta, la planta permanente disminuyó levemente, mientras que la planta transitoria y la suplente mostraron incrementos, lo que evidencia un cambio en la estructura del empleo estatal.

Por escalafón, los docentes y el personal general, que concentran casi el 70% del total, registraron caídas. En contraste, los escalafones de Salud, Seguridad y Justicia mostraron incrementos, destacándose el sector Salud con una suba del 4%.

El gasto en personal del Estado provincial ascendió en septiembre de 2025 a 180.523 millones de pesos, incluyendo salarios, obra social y aportes jubilatorios. El gasto promedio por empleado fue de casi 2 millones de pesos mensuales.

En paralelo, la cantidad de jubilados y pensionados provinciales llegó a 65.807 beneficiarios, un 2,8% más que en septiembre de 2024, con un haber medio de 1.480.836 pesos. Si se suman empleados públicos activos y pasivos, el total de personas que dependen del Estado provincial asciende a 155.949, unas 1.195 más que un año atrás.

El informe del IIES concluye que el mercado laboral entrerriano continúa mostrando un fuerte peso del sector público y un bajo dinamismo del empleo privado registrado, especialmente en comparación con las provincias vecinas. La brecha con Santa Fe y Córdoba evidencia un desafío estructural para la provincia: generar condiciones que permitan ampliar de manera sostenida el empleo formal privado, clave para fortalecer el desarrollo económico y reducir la dependencia del Estado como principal sostén laboral.