La medida forma parte de un plan de simplificación administrativa que busca agilizar gestiones, reducir tiempos de espera y mejorar la experiencia de los usuarios. Con esta actualización, las respuestas a las solicitudes de autorización no solo se informan por email, sino que también incluyen la orden de consulta correspondiente lista para su uso.

El presidente del organismo, Mariano Gallegos, destacó la importancia de este avance: “Nos parece sumamente importante este paso. Si bien desde septiembre del año pasado este trámite ya se podía realizar a través de la aplicación, nos faltaba esta instancia clave, que es que la orden le llegue al afiliado de manera directa. Apuntamos a que el afiliado concurra a la sede solo en casos excepcionales”.

Gallegos también adelantó que se proyectan nuevas mejoras en los canales de comunicación: “El paso siguiente es la complementación de esta herramienta vía WhatsApp. Descomprimir este tipo de atención nos permite seguir mejorando otros aspectos del servicio”.

Hasta ahora, los afiliados debían iniciar la solicitud de autorización mediante la aplicación MI.OSER o de forma presencial. Luego de un plazo de hasta 72 horas, recibían la respuesta por correo electrónico. Sin embargo, en caso de aprobación, era necesario concurrir a una sede para retirar la orden en formato físico.

Con la nueva modalidad, el proceso se vuelve completamente digital. Al momento de iniciar la solicitud, el afiliado debe indicar el prestador o centro de atención donde desea realizarse el estudio. Una vez autorizada la práctica, la orden se envía directamente por email, eliminando la necesidad de trasladarse.

El sistema enviará un correo electrónico confirmando el inicio del trámite y, dentro de las 72 horas, una nueva notificación con la resolución. En caso de aprobación, el afiliado recibirá la autorización junto con las órdenes necesarias para presentarse directamente en el prestador elegido.

Con esta iniciativa, la obra social provincial refuerza su apuesta por la digitalización y la mejora continua en la atención, reduciendo trámites presenciales y optimizando recursos tanto para los afiliados como para la institución.

“El desfinanciamiento brutal al que el gobierno nacional está sometiendo a la provincia no puede justificar que el costo del ajuste recaiga principalmente sobre trabajadores y jubilados entrerrianos”, expresó el senador Victor Sanzberro tras el encuentro del gobernador Rogelio Frigerio con diputados y senadores de las comisiones de Presupuesto y Legislación General por la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos.

"El equilibrio de la Caja debe lograrse con una mirada integral sobre su financiamiento: recuperando deuda histórica de Nación, auditando distorsiones internas, asegurando que cualquier cambio sea gradual y equitativo, y preservando los derechos adquiridos de los docentes, la policía, los trabajadores de la salud y de quienes sostienen al Estado con su trabajo diario”.

El legislador justicialista remarcó la necesidad de contextualizar con precisión la situación financiera provincial antes de avanzar en cualquier análisis o solución.

“Algo hay que hacer con el déficit previsional, en eso coincidimos todos. Pero primero debemos contextualizar con precisión por qué ya no hay margen para atenderlo como antes”, señaló Sanzberro.

En ese sentido, advirtió que “la situación actual de la Caja no se origina exclusivamente en decisiones provinciales. El déficit previsional se agravó con el desfinanciamiento brutal al que el gobierno nacional somete a la provincia y la deja en modo de supervivencia financiera”.

“Las políticas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei —y que la gestión provincial acompaña— eliminaron asignaciones no automáticas, redujeron drásticamente la coparticipación real por la recesión inducida y mataron la recaudación provincial. El desempleo formal derrumba el consumo, las ventas y los ingresos fiscales. Eso explica la urgencia desesperada con la que se impulsa esta reforma: es reacción forzada a un combo que nos asfixia desde Nación”, agregó el senador.

Sin embargo, enfatizó que “esa falta de margen no puede justificar que el costo del ajuste recaiga principalmente sobre trabajadores y jubilados".

El senador victoriense cuestionó además prácticas que debilitan el financiamiento de la Caja: “El Estado provincial tampoco puede desfinanciar el sistema. No es coherente otorgar aumentos salariales no remunerativos -como los decretados recientemente-, que no generan aportes jubilatorios y profundizan el desequilibrio”.

Finalmente, Sanzberro subrayó que una reforma de esta envergadura requiere “diagnóstico serio, debate institucional amplio y consenso social genuino”.

La presentación se realizó este martes en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná y fue encabezada por la vicegobernadora, Alicia Aluani; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; el ministro de Salud, Daniel Blanzaco; y el presidente de OSER, Mariano Gallegos.

La propuesta se desarrollará mediante un circuito especialmente organizado en el Centro de Medicina Nuclear y Molecular Entre Ríos (Cemener), ubicado en Oro Verde. Allí, las afiliadas podrán realizar en un mismo día los estudios anuales recomendados para la detección temprana de patologías de cuello uterino y mama.

El programa surge como respuesta a dos de las principales barreras que enfrentan muchas mujeres al momento de realizar sus controles de salud: la falta de tiempo y los costos económicos. En ese sentido, la iniciativa busca acompañar, informar y promover el acceso a estudios preventivos.

Para optimizar la atención, el Cemener dispuso de un espacio específico con boxes equipados para completar el circuito de estudios, que incluye PAP, colposcopía, mamografía y ecografías, permitiendo realizar todos los controles en una misma jornada.

Además, estas prácticas estarán eximidas del pago de coseguro, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de los protocolos médicos anuales.

El programa también incorporó un sistema de turnos a través de whatsapp, al número +54 9 343 407 9900. Asimismo, se puede obtener información sobre el funcionamiento del circuito de atención en el sitio oficial del centro: https://www.cemener.org.ar/

De la actividad participaron además el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; legisladores; la vocal de OSER, Flavia Maidana; por Cemener, la presidenta del Consejo de Administración, Jesuana Aizcorbe; la gerente general, Marianela Pacheco; y la responsable del programa, Tamara Zapata; junto a autoridades municipales y universitarias, equipos técnicos, especialistas y referentes del sector de la salud.

Este jueves se llevó a cabo la primera reunión del año —la número 93 desde la creación del organismo— del plenario del Órgano de Revisión de Salud Mental (ORSM), en la que se trataron distintos temas vinculados a la garantía de derechos de personas usuarias de servicios de salud mental en la provincia.

Uno de los ejes centrales fue la accesibilidad a prestaciones a través de la Obra Social de Entre Ríos (OSER). La convocatoria contó con la presencia de un representante de la institución, en respuesta a un requerimiento formulado oportunamente por el organismo.

En el marco de las intervenciones que el ORSM desarrolla para proteger los derechos de usuarios y usuarias, se planteó ante las autoridades de la obra social la necesidad de implementar acciones que permitan resolver dificultades detectadas, así como informar cuál es la estrategia institucional prevista para ampliar el acceso a la cobertura de prestaciones destinadas a afiliados y afiliadas con padecimientos mentales.

En representación de OSER participó Leonardo Siviglia, director de Programas Específicos. Durante el intercambio se acordó dar continuidad al diálogo en una próxima reunión con autoridades de niveles ejecutivos, con el objetivo de profundizar el seguimiento de problemáticas como el atraso en los pagos a prestadores, demoras en reintegros, desactualización de aranceles y la escasez o ausencia de cobertura de servicios de profesionales de distintas disciplinas e internaciones. Según se señaló, estas situaciones impactan directamente en la demanda sobre los efectores públicos de salud.

Asimismo, se analizó la inaccesibilidad a prestaciones en residencias destinadas a la atención de consumos problemáticos, una temática que genera especial preocupación en el ámbito de la salud mental provincial.

En otro tramo del encuentro, se abordó el proceso de renovación de representantes de la sociedad civil en el plenario del Órgano de Revisión. En ese sentido, se acordó abrir una prórroga para la presentación de postulantes correspondientes al estamento de organizaciones de defensa de los derechos humanos.

La problemática del suicidio en Entre Ríos también formó parte de la agenda. Se analizaron los proyectos de creación de un observatorio y de un sistema de vigilancia epidemiológica de los intentos de suicidio, iniciativas en las que trabaja el Poder Ejecutivo provincial a través de la Dirección General de Salud Mental.

Por último, la Secretaría Técnica del ORSM compartió un informe remitido por el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) acerca del funcionamiento del programa Contigo y la situación de sus recursos humanos y económicos. Este programa acompaña a jóvenes con discapacidad mayores de 18 años que egresan del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y que no cuentan con apoyo familiar, con el propósito de promover su autonomía y reinserción social.

Del encuentro participaron el secretario ejecutivo del ORSM, Martín Cabrera; la secretaria de la Defensoría General, Lorena Calí; el director general de Salud Mental, Esteban Dávila; la directora general de Derechos Humanos, María Emma Bargagna; y representantes de organizaciones de la sociedad civil como la Liga Argentina por los Derechos Humanos, la Asociación de Médicos y Médicas Psiquiatras de Entre Ríos (AMPER) y la Asociación de Usuarios, Familiares y Amigos de la Salud Mental (Aufasam).

La reunión dejó planteada una agenda de trabajo que continuará en próximos encuentros, con el foco puesto en mejorar el acceso a derechos y fortalecer las políticas públicas en materia de salud mental en la provincia.

El senador provincial Alberto Otaegui respondió a las declaraciones públicas de su par Víctor Sanzberro, quien cuestionó la intervención de la obra social provincial apoyándose en el informe del Síndico Fiscalizador, Cr. Pablo Giampaolo, correspondiente al ejercicio 2024 del entonces Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos, y además acusó al vicepresidente de la Obra Social de Entre Ríos, Ricardo García, de haber formulado una supuesta “amenaza”.

“Estamos ante una operación berreta. Se toma un informe que analiza el ejercicio 2024 —período que no fue administrado por la actual gestión— para intentar desacreditar la intervención y, al mismo tiempo, construir una victimización artificial”, afirmó Otaegui.

El legislador oficialista recordó que la intervención comenzó el 11 de diciembre de 2024, a apenas siete días hábiles del cierre del ejercicio anual.

“Pretender responsabilizar a esta gestión por el resultado completo de 2024 es una maniobra forzada. No se puede atribuir a quienes asumieron en la última semana del año un déficit y un pasivo que se acumularon durante todo el ejercicio”, remarcó.

En esa línea, subrayó que el propio informe del síndico Giampaolo menciona un crecimiento exponencial del pasivo y un déficit operativo estructural durante 2024.

“Lo que hoy algunos presentan como denuncia es, en realidad, la evidencia de por qué el gobernador decidió intervenir. Si el pasivo se multiplicó y el déficit era insostenible, la intervención no fue arbitraria: fue necesaria para evitar un deterioro mayor”, sostuvo.

En relación con los cuestionamientos dirigidos al vicepresidente de la OSER, Ricardo García, Otaegui fue categórico: “Responder con fundamentos técnicos un informe con inconsistencias no es una amenaza. Es ejercer responsabilidad institucional frente a datos que se están utilizando fuera de contexto para generar confusión”.

Además, recordó que los estados contables del organismo se encuentran dentro de los plazos legales de presentación ante el Tribunal de Cuentas, órgano competente para su evaluación integral.

El senador oficialista advirtió que no permitirá que el desorden financiero acumulado durante 2024 “que fue precisamente lo que motivó la intervención” sea utilizado para invertir la carga de la responsabilidad.

De este modo, el debate en torno a la situación financiera de la obra social provincial suma un nuevo cruce político, con posiciones enfrentadas respecto a las causas del déficit y la legitimidad de la intervención dispuesta por el Ejecutivo.

El senador provincial Víctor Sanzberro cuestionó la respuesta de las autoridades de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) al informe presentado por el síndico fiscalizador sobre el funcionamiento del organismo y sostuvo que, frente a datos “contundentes”, la conducción optó por la “descalificación” en lugar de la explicación.

“Se prometió transparencia, pero se cuestiona al que controla; se habló de orden institucional, pero se presiona al que informa; se proclamó el fin de la opacidad, pero se responde con descalificación cuando los datos resultan incómodos”, afirmó el legislador.

Según detalló Sanzberro, el informe difundido arroja cifras preocupantes: pérdidas por 25 mil millones de pesos, un pasivo de 56,8 mil millones, opacidad en convenios y compras, y demoras sistemáticas en la provisión de información requerida.

En ese marco, sostuvo que la respuesta oficial —basada en supuestas “inconsistencias técnicas y temporales” sin documentación respaldatoria— “no es una refutación: es una evasión”.

El senador recordó que la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos y la posterior creación de la OSER fueron justificadas con promesas de transparencia, fin de la corrupción y orden financiero. Sin embargo, advirtió que el informe del síndico, presentado ante el Senado en cumplimiento de la normativa vigente, “muestra lo contrario: resistencia al control, falta de información y deterioro patrimonial con impacto directo sobre los afiliados”.

El legislador del PJ remarcó que la discusión no pasa por diferencias de criterio. “No se trata de interpretaciones ni de debates técnicos. Se trata de datos públicos que surgen de los propios estados contables del organismo y de expedientes administrativos sin respuesta; es decir, información oficial que no ha sido desmentida con evidencia verificable”, subrayó.

Además, calificó como “institucionalmente preocupante” la amenaza pública del vicepresidente de la obra social contra el síndico fiscalizador. “Atacar al órgano de fiscalización con advertencias de investigación y sumarios cuando expone irregularidades no es transparencia ni defensa de la gestión: es autoritarismo”, sostuvo.

Finalmente, Sanzberro advirtió que el deterioro de las prestaciones “resulta cada vez más evidente” y que los afiliados —entre ellos empleados públicos, jubilados, docentes, personal policial y trabajadores de la salud de Entre Ríos— “son quienes pagan las consecuencias directas”.

El senador señaló que la situación se agrava en un contexto de crisis económica y pérdida sostenida del poder adquisitivo, lo que impacta de manera directa en el acceso a la salud.

De este modo, el debate en torno al funcionamiento de la OSER suma un nuevo capítulo político e institucional, con cuestionamientos cruzados y reclamos de mayor transparencia en la administración de los recursos de la obra social provincial.

El senador provincial Vergara salió al cruce del comunicado emitido por el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y sostuvo que las declaraciones respecto de la existencia de una “industria del amparo” en la provincia se basan en hechos “verificables” y no constituyen una descalificación general hacia la profesión.

En su respuesta, el legislador consideró “lógico” que la entidad ejerza una defensa corporativa de sus matriculados, aunque advirtió que ello “no puede desconocer una realidad que es de público y notorio conocimiento”.

“Existe una industria del amparo en Entre Ríos”, afirmó, al tiempo que señaló que se trata de una práctica que —según indicó— excede interpretaciones subjetivas y puede constatarse en el funcionamiento cotidiano de la Obra Social de Entre Ríos (OSER).

Vergara sostuvo que existen profesionales que reclutan afiliados a través de redes sociales, incluso interviniendo en publicaciones oficiales de la obra social o en comentarios de noticias periodísticas vinculadas a la temática, ofreciendo la vía judicial como “primera y única respuesta”.

También aseguró que algunos abogados exhiben públicamente la cantidad de amparos promovidos como credenciales profesionales, lo que —a su entender— evidencia una práctica sistemática y no situaciones aisladas.

Asimismo, indicó que los registros administrativos y judiciales de la obra social permitirían identificar patrones reiterados en la presentación de acciones de amparo por prestaciones que no revestirían carácter urgente, que ya habrían sido otorgadas o respecto de las cuales no se habrían agotado instancias administrativas previas.

Según expresó, esa conducta “desnaturaliza la figura del amparo”, concebido como un remedio excepcional y urgente, y no como un recurso sistemático.

El senador aclaró que sus declaraciones no estuvieron dirigidas al conjunto de la abogacía entrerriana, sino a “una práctica concreta, verificable y reiterada”. Negó además que se estén buscando responsables externos para explicar los problemas estructurales de la obra social.

En ese sentido, sostuvo que su planteo apunta a convocar a la “responsabilidad institucional de todos los actores”, incluidos los letrados, en el cuidado y sostenimiento de la mayor obra social de la provincia.

Finalmente, consideró que el Colegio debería reflexionar sobre el cumplimiento del Código de Ética Profesional antes de emitir comunicados, y concluyó: “Cuidar la OSER y la salud de todos los entrerrianos es una responsabilidad colectiva. Negar prácticas que la dañan no contribuye a fortalecerla; revisarlas y corregirlas, sí”.

Desde la entidad que nuclea a los profesionales del derecho calificaron los dichos como de “una gravedad institucional inaudita”, al considerar que se intenta responsabilizar a los abogados por la situación que atraviesa el organismo de salud provincial.

“Resulta de una gravedad institucional inaudita que quien tiene la responsabilidad de conducir la salud de 300.000 entrerrianos intente desviar el foco de su propia incapacidad administrativa señalando a los profesionales del derecho como responsables de la crisis del organismo”, expresaron en un comunicado.

En el documento difundido, el Colegio defendió el uso del recurso de amparo, al que definió como “el único resguardo constitucional que le queda al afiliado cuando la OSER le da la espalda”.

“El recurso de amparo no es una herramienta de hostigamiento, sino el último recurso del ciudadano ante la vulneración de derechos fundamentales. Los abogados no creamos la necesidad de justicia; intervenimos cuando la obra social incumple”, sostuvieron.

Asimismo, afirmaron que la judicialización de casos vinculados a prestaciones médicas responde a situaciones concretas de falta de cobertura o demoras en tratamientos, medicamentos o cirugías.

En otro tramo del pronunciamiento, la entidad remarcó que las sentencias judiciales desfavorables constituyen, a su entender, un indicador del incumplimiento del organismo.

“Es el Poder Judicial quien condena a la OSER. Cada sentencia adversa es un reproche directo a la arbitrariedad e ilegalidad con la que se maneja el organismo”, señalaron, rechazando también expresiones vinculadas a supuestos “huecos” o “grietas” legales.

Finalmente, el Colegio de la Abogacía expresó su rechazo a cualquier intento de responsabilizar a los honorarios profesionales o a la labor de los abogados por el déficit financiero de la obra social.

“No permitiremos que se responsabilice a los abogados por una mala administración estructural que lleva años. Atacar a la abogacía es atacar el estado de derecho y el derecho de los ciudadanos a ser defendidos frente a los abusos del poder”, afirmaron.

En el cierre del comunicado, instaron a las autoridades de la OSER a “cesar con la búsqueda de chivos expiatorios” y a concentrar los esfuerzos en garantizar que los aportes de los trabajadores se traduzcan en prestaciones de salud dignas y oportunas para todos los afiliados.

El senador provincial Martín Oliva mantuvo ayer martes 10 de febrero un encuentro con el Síndico Fiscalizador de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Pablo Giampaolo, quien le hizo entrega de un informe detallado sobre la situación económica, financiera, administrativa y prestacional del organismo, que fue elevado formalmente este martes a la Cámara de Senadores.

En ese marco, Oliva manifestó su profunda preocupación por el contenido del informe, que da cuenta de un deterioro significativo de la situación económica de la obra social, con pérdidas millonarias acumuladas, incremento exponencial del pasivo y serias dificultades para garantizar la sustentabilidad del sistema.

“El informe expone un cambio abrupto y negativo en las cuentas de la obra social, que pasó de una situación equilibrada a pérdidas históricas, sin que exista hasta el momento información clara y completa que explique ese proceso”, señaló el senador tras la reunión que tuvo lugar en la sede central de la obra social.

Oliva advirtió además que esta situación económica crítica tiene un correlato directo en la calidad del servicio que reciben los afiliados, con demoras, reclamos crecientes y deficiencias visibles en el funcionamiento de las delegaciones en el territorio. “Cuando hay desorden administrativo y falta de control, el primer impacto lo sufren los trabajadores, jubilados y familias que dependen de la obra social”, remarcó.

El legislador subrayó también la gravedad institucional que implica la falta de documentación respaldatoria en aspectos centrales como contratos, compras, licitaciones y el patrimonio inicial de la OSER, así como las reiteradas demoras en la entrega de información a los órganos de control.

“Una obra social que administra recursos públicos debe funcionar con transparencia, previsibilidad y respeto por la ley. Eso hoy está seriamente cuestionado”, afirmó.

En ese sentido, Oliva sostuvo que la elevación del informe a la Cámara de Senadores “no es un trámite administrativo más, sino una señal de alerta que debe ser tomada con la seriedad que corresponde”. Y agregó: “El Senado tiene la responsabilidad de analizar esta información, exigir explicaciones y garantizar que la obra social cumpla con su función esencial, que es cuidar la salud de los entrerrianos”.

El senador indicó que seguirá de cerca la evolución del tema en el ámbito legislativo y reclamó que "se adopten medidas urgentes para ordenar la gestión, fortalecer los mecanismos de control y poner en el centro a los afiliados, que hoy están pagando las consecuencias de decisiones que no han sido suficientemente claras ni eficaces".

Finalmente, Oliva destacó la labor fundamental que cumplen los empleados de la obra social, subrayando su compromiso, responsabilidad y vocación de servicio, pilares esenciales para el correcto funcionamiento de la obra social.

Al mismo tiempo, expresó su pesar por los trabajadores que fueron removidos de sus funciones, señalando que se trata de personal con experiencia y trayectoria, cuya situación genera incertidumbre y malestar.

En ese sentido, remarcó la importancia de actuar con sensibilidad, diálogo y respeto, valorando el rol de quienes día a día sostienen la atención y el acompañamiento a los afiliados.

Durante su decimoprimera sesión del año y la 92° en la historia del organismo, el plenario del Órgano de Revisión de Salud Mental (ORSM) analizó la situación de la cobertura de prestaciones que brinda la Obra Social de Entre Ríos (OSER) a sus afiliados y afiliadas, junto a otros temas vinculados a las funciones y competencias del organismo, que funciona en la órbita del Ministerio Público de la Defensa.

La reunión se realizó el jueves 18 de diciembre y fue la última del año. Participaron el secretario ejecutivo del ORSM, Martín Cabrera; la secretaria de la Defensoría General, Lorena Calí; el director general de Salud Mental, Esteban Dávila; la directora general de Derechos Humanos, María Emma Bargagna; y representantes de organizaciones de la sociedad civil, entre ellos Analía Bressan, por la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y Brenda Fael y Norberto González, por la Asociación de Usuarios, Familiares y Amigos de la Salud Mental (Aufasam).

Durante el encuentro, los integrantes del plenario intercambiaron opiniones en torno a un informe remitido por las autoridades de OSER a pedido del Órgano y coincidieron en la necesidad de realizar aportes que permitan mejorar los niveles de accesibilidad de los beneficiarios a las prestaciones de salud mental. En ese marco, señalaron como aspectos prioritarios la actualización de los aranceles de las prestaciones de Psicología, la revisión de los porcentajes y tiempos de los reintegros, y la ampliación de la cobertura de servicios brindados por acompañantes terapéuticos, instituciones de abordaje de consumos problemáticos y cuidadores domiciliarios.

Asimismo, los integrantes del ORSM enfatizaron que lo que está en juego es la salud mental y el bienestar emocional de los trabajadores y trabajadoras estatales, incluyendo a quienes se desempeñan en áreas esenciales como salud pública, educación, fuerzas de seguridad y administración pública, todos ellos afiliados a la obra social provincial. Advirtieron además que las restricciones de acceso a las prestaciones podrían constituir actos discriminatorios y generar una situación de desventaja frente a afiliados y afiliadas de otras obras sociales, al tiempo que señalaron que estas dificultades provocan una migración de las demandas hacia el sistema público de salud.

Durante la sesión también se abordaron otros temas de relevancia, como el funcionamiento de la línea 135, el diálogo mantenido con autoridades del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) en relación con el Programa Contigo, y las intervenciones realizadas por el organismo en distintas instituciones de Entre Ríos que brindan atención en salud mental.

La Comisión Directiva de la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) se reunió este miércoles 5 de noviembre para analizar la situación económica derivada de los pagos parciales realizados por la Obra Social de Empleados Públicos (OSER). Según informaron desde la entidad, al 31 de octubre la obra social provincial abonó únicamente la mitad de las prestaciones médicas correspondientes al mes de agosto, generando una marcada preocupación entre los profesionales de la salud.

Ante este escenario, la FEMER resolvió enviar una nota formal a las autoridades de OSER para reclamar que se salden las sumas adeudadas en el menor tiempo posible. El objetivo, subrayaron, es evitar que la falta de pago afecte la continuidad y calidad de los servicios médicos brindados a los afiliados.

Desde la Federación indicaron que la demora en los pagos compromete seriamente la estabilidad económica de los profesionales, quienes deben afrontar costos crecientes en insumos y funcionamiento.

“Nos preocupa profundamente esta situación. Los médicos han cumplido con todas las prestaciones y necesitan percibir la totalidad de sus honorarios para poder sostener la atención a los afiliados”, expresaron fuentes de la entidad.

Asimismo, FEMER advirtió que, de no obtener una respuesta inmediata por parte de OSER, podría res resentirse la prestación de servicios médicos en distintos puntos de la provincia.

La Federación reiteró su voluntad de diálogo y su compromiso con la atención sanitaria, pero insistió en que es indispensable regularizar los pagos adeudados para no afectar la cobertura de los afiliados.

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este lunes un acto en la Delegación Argentina de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, donde se oficializó la entrega de insumos y equipamientos destinados a reforzar el sistema de salud de Entre Ríos. La inversión supera los 3.000 millones de pesos y se enmarca en la política de Responsabilidad Social Empresaria del organismo.

“Estamos haciendo lo que hay que hacer, que cada peso vaya a donde tiene que ir y en este caso priorizando la salud de los entrerrianos”, subrayó Frigerio durante la ceremonia.

La donación incluye:

Frigerio destacó que se trata de un esfuerzo conjunto: “Son elementos adquiridos por la Delegación Argentina de CTM en un trabajo articulado con el gobierno provincial”.

El acto contó con la presencia del intendente de Concordia, Francisco Ascué; el titular de la Delegación Argentina de CTM, Alejandro Daneri; el secretario de Salud, Daniel Valentinuz; y el titular de OSER, Mariano Gallegos, además de legisladores nacionales y provinciales.

Daneri agradeció la presencia de las autoridades y sostuvo que la entrega “es una imagen de que se puede trabajar en equipo”.

Por su parte, Valentinuz valoró la importancia del aporte: “Uno desde el Ministerio de Salud gestiona, y este apoyo viene a complementar y reforzar en algunos lugares donde uno no puede llegar”.

En tanto, Gallegos remarcó la trascendencia de la incorporación de los sillones odontológicos, al señalar que “los afiliados tienen la demanda del servicio odontológico desde hace mucho tiempo, y esto es el inicio de una prestación que se dará sobre el final del año y a lo largo de todo el próximo, con una regularización absoluta”.

Adelantó además que OSER llevará adelante obras de acondicionamiento en sus delegaciones para instalar los nuevos consultorios odontológicos.

Con esta entrega, el gobierno provincial busca fortalecer la infraestructura del sistema de salud y mejorar el acceso a prestaciones clave. “La prioridad es clara: la salud de los entrerrianos”, enfatizó Frigerio al cerrar el acto.

En una conferencia de prensa encabezada por el presidente de OSER, Mariano Gallegos, el vicepresidente Ricardo García y el ministro Blanzaco, se dieron a conocer los primeros resultados concretos de la nueva etapa de la obra social que reemplazó al anterior Iosper.

Uno de los datos más relevantes fue el ahorro de $1.250 millones en cargos del directorio, lo que representa el equivalente a dos meses completos de consultas médicas pagadas por la obra social en toda la provincia.

“Estamos bajando el costo de la política para devolverle esos fondos a los afiliados”, señaló Gallegos. “Con el sueldo de un solo director del anterior Iosper alcanza y sobra para cubrir todo el nuevo directorio de OSER”, graficó.

El titular del organismo también explicó que este recorte forma parte de una reestructuración profunda destinada a reducir el déficit heredado del antiguo sistema. “Una vez que logremos el equilibrio, cada ahorro se traducirá en mejoras concretas para las prestaciones de la cartilla”, aseguró.

Otro aspecto destacado fue la reducción del 60% en la cantidad de amparos judiciales, que pasaron de 260 en el mes anterior a 106 en julio. Gallegos atribuyó este resultado al trabajo conjunto del equipo jurídico y la claridad en los contratos con prestadores.

“Con una conducción clara y reglas definidas, la judicialización de la salud se reduce. Nuestro compromiso es que en septiembre la baja sea del 90%”, afirmó.

Por su parte, el ministro Daniel Blanzaco celebró los logros iniciales como parte de un proceso de optimización de recursos. “Estos primeros datos muestran que se está haciendo más eficiente el sistema y que los recursos vuelven a los afiliados en mejores servicios”, expresó. Además, remarcó que OSER mantiene su autarquía, pero con trabajo articulado con el Ministerio de Salud para garantizar calidad en la atención.

Ricardo García, vicepresidente de OSER, enfatizó la mejora en la relación con los afiliados y la baja en los reclamos. “Hoy las consultas están enfocadas más en trámites de rutina que en la falta de prestaciones”, indicó.

También se destacó la normalización en los pagos de reintegros, la superación de problemas en el área de farmacia gracias a un nuevo sistema de provisión en tres pasos, y la implementación de capacitaciones permanentes para el personal de la obra social.

“Estamos construyendo una obra social más eficiente, más cercana y con una gestión transparente que pone en el centro al afiliado”, concluyó García.

Este miércoles por la mañana, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) realizó la presentación oficial de Flavia Maidana como su representante en el directorio de la Obra Social de Entre Ríos (OSER). El acto tuvo lugar en la sede gremial y contó con la presencia del secretario general de UPCN, José Allende, y la secretaria adjunta, Carina Domínguez.

La designación de Maidana, médica pediatra y ex senadora provincial, se concretó tras cumplir con el procedimiento establecido: "Nos notificaron, enviamos la nota al gobernador pidiendo que designe para que vaya a cumplir la función que la ley establece, y ahora estamos a la espera de que se publique el decreto", explicó Allende.

Durante la conferencia, Maidana agradeció la confianza del sindicato y expresó: “Es un gran desafío y una gran responsabilidad también. Estoy contenta y con muchas expectativas, como corresponde y como nos merecemos todos los trabajadores del Estado”.

Consultada por los ejes de su futuro trabajo, Maidana remarcó su objetivo principal: garantizar el buen funcionamiento de la obra social. “Mi función es velar por la salud de los estatales y también tener una excelente relación y diálogo con los trabajadores de la obra social, que serán quienes nos orienten para mejorar”, afirmó.

Sobre las posibles diferencias dentro del directorio, consideró que “las decisiones no siempre deben depender del Ejecutivo” y se comprometió a “trabajar de manera conjunta y con diálogo permanente”, destacando su experiencia previa en salud pública y gestión.

En cuanto a la participación del gremio docente Agmer, que aún no definió si ocupará su lugar en el directorio de OSER, Maidana indicó que “por ley deberían presentar un vocal” y expresó su preocupación por la falta de representación completa en el órgano de conducción de la obra social.

La nueva vocal se refirió también al conflicto con la Federación Médica de Entre Ríos (Femer), criticando el convenio firmado por el anterior directorio de Iosper: “Las prestaciones se triplicaron en el costo y se volvió insostenible”. Señaló que es urgente renegociar con la entidad para evitar la interrupción de servicios médicos a los afiliados.

Frente a la difícil situación financiera de OSER, Maidana adelantó que trabajará junto a legisladores provinciales en un proyecto de ley para aumentar los ingresos del sistema: “La iniciativa propone que quienes ocupan cargos electivos en toda la provincia –legisladores, intendentes, funcionarios– aporten un dos por ciento más de manera solidaria”.

“El objetivo es generar recursos para cubrir prestaciones de alto costo y garantizar la sustentabilidad del sistema”, concluyó.

OSER, recientemente creada para reemplazar a Iosper, depende directamente del Ministerio de Salud provincial. Su estructura de conducción contempla un presidente y un vicepresidente designados por el Ejecutivo, además de dos vocales propuestos por gremios docentes y estatales. Todos los directores serán patrimonialmente responsables por su gestión.

La normativa también establece:

La incorporación automática de los afiliados de Iosper al nuevo sistema.

La creación de un consejo consultivo ad honorem, sin voto, con representantes de los sectores involucrados.

La designación de dos síndicos fiscalizadores, uno propuesto por la oposición.

Mecanismos de transparencia activa, incluyendo la publicación de autoridades, sueldos y contrataciones en un portal web oficial.

Oliva presentó este proyecto de ley con el objetivo de garantizar la plena vigencia de los sistemas locales de seguridad social y asistencia médica en distintas municipalidades y comunas de la provincia, ante la entrada en vigencia de la Ley N.º 11.202, que crea la Obra Social de Entre Ríos (OSER).

La iniciativa propone una cláusula de excepción expresa para las y los afiliados obligatorios a mutuales y obras sociales reconocidas y en funcionamiento previo a la sanción de la Ley OSER, evitando así su incorporación forzosa al nuevo régimen provincial.

Uno de los casos más representativos es el de la Mutual Municipal de Concepción del Uruguay, en funcionamiento desde 1966, que ha brindado durante décadas cobertura sanitaria, servicios sociales y apoyo comunitario a trabajadores municipales activos y jubilados, bajo un sistema solidario, autofinanciado y adaptado a las necesidades locales.

“El proyecto busca corregir un vacío legal que dejó fuera a estas instituciones históricas, reconociendo su validez, su trayectoria y, sobre todo, el derecho de sus afiliados a no ser absorbidos por un nuevo sistema de forma automática”, expresó el senador Oliva.

El texto también señala que la exclusión de esta excepción podría contravenir el artículo 240 inciso 5º de la Constitución de Entre Ríos, que garantiza la potestad de los municipios para preservar sus propios sistemas de seguridad social. Además, advierte sobre posibles conflictos jurídicos, afectación de derechos adquiridos y superposición de aportes.

Oliva subrayó que se trata de una “propuesta técnica, constitucional y razonable” y solicitó el acompañamiento del cuerpo legislativo para su tratamiento.

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) de Entre Ríos se pronunció con firmeza respecto a su participación en el Directorio de la recientemente creada Obra Social de Entre Ríos (OSER), luego de que se promulgara la Ley N°11.202. El gremio aseguró que su integración al organismo estará supeditada a la conformación inmediata de una comisión tripartita que garantice la viabilidad del nuevo sistema de salud provincial.

"Vamos a instar al gobernador a que se conforme inmediatamente esta comisión", señaló la Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez, en el marco de una manifestación frente a Casa de Gobierno. Y advirtió: "Si eso no ocurre, no tiene sentido que UPCN participe del Directorio de la OSER".

La dirigente planteó que el futuro de la obra social no puede limitarse a su creación formal, sino que debe incluir un análisis exhaustivo sobre su financiamiento y sostenibilidad. Para ello, propuso que el espacio de discusión esté integrado por representantes del Poder Ejecutivo, el Legislativo y los sindicatos, quienes deberán debatir "de dónde provendrán los recursos para financiar la obra social".

La postura de UPCN se enmarca en la continuidad de un plan de lucha iniciado esta semana, tras declaraciones que el sindicato calificó como "violencia institucional" por parte de funcionarios nacionales. Durante la movilización, la conducción del gremio reiteró que “no se trata solo de tener una obra social, sino de definir qué tipo de atención sanitaria queremos garantizar a los trabajadores del Estado”.

Domínguez también recuperó los aportes del Secretario General del gremio, José Ángel Allende, en su presentación ante el Senado, cuando se debatía la ley de creación de la OSER. Entre las propuestas impulsadas por el dirigente y recogidas en el texto final se incluyeron la creación de una comisión provincial de medicamentos y tecnología médica, un fondo provincial para tratamientos de alto costo y una planificación a largo plazo de las políticas de salud. Asimismo, se propuso que el Cemener funcione como centro oncológico integral y que el Hospital De la Baxada se especialice en emergencias.

Durante la manifestación, una pantalla gigante reprodujo esa exposición de Allende ante el Senado, lo cual fue interpretado por UPCN como una demostración de "coherencia entre lo que se planteó entonces y lo que se sostiene hoy", en palabras de Domínguez.

En su intervención, Domínguez convocó a todos los trabajadores estatales a unirse en defensa de sus derechos y a “mostrar la coherencia que algunos dirigentes sindicales no muestran”. También denunció las políticas nacionales como parte de un "proyecto de crueldad", e instó a fortalecer la organización y la solidaridad como única vía para resistir.

Además del eje sanitario, el reclamo incluyó la discusión sobre el recorte de horas extras. En ese sentido, UPCN exigió al Gobierno provincial un gesto de austeridad que incluya la reducción de cargos políticos antes de aplicar ajustes sobre los trabajadores. “No vamos a aceptar cualquier cosa”, sentenció Domínguez, al exigir participación sindical en el ordenamiento del sistema de horas extras.

La dirigente concluyó subrayando que el convenio colectivo de trabajo y la capacitación son los pilares de la estrategia gremial de largo plazo: “No dan aumento salarial como corresponde y después está la discrecionalidad de la hora extra para ver cómo manejar a los trabajadores. Pero esto se va a terminar”.

En una sesión especial desarrollada este viernes, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó la creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), transformando en ley un proyecto que ya contaba con media sanción del Senado y que representa un cambio estructural en el sistema de salud provincial. La nueva normativa implica la disolución del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), que será reemplazado por la flamante OSER.

Con esta decisión, se abre paso a un nuevo modelo de cobertura médica destinado a las y los trabajadores del Estado provincial, jubilados y pensionados. Según lo expresado en el recinto, la creación de OSER busca “modernizar, ampliar y garantizar el acceso a servicios de salud de calidad”, respondiendo a una demanda creciente por una mayor eficiencia y transparencia en la administración de la obra social estatal.

La nueva entidad asumirá las funciones y obligaciones que hasta ahora desempeñaba el Iosper, con el objetivo declarado de fortalecer la cobertura, optimizar el uso de los recursos y asegurar la sostenibilidad financiera del sistema en el largo plazo. El proyecto se enmarca en una agenda de reformas impulsada por el Poder Ejecutivo provincial para mejorar la gestión de los organismos públicos y garantizar derechos esenciales como el acceso a la salud.

Durante el debate en Diputados, legisladoras y legisladores que acompañaron la iniciativa destacaron la importancia de avanzar hacia un modelo más ágil y eficaz. Subrayaron que la ley permitirá atender con mayor capacidad las necesidades sanitarias de la población beneficiaria y adaptar el sistema de salud provincial a los nuevos desafíos en materia de atención médica.

El proyecto, convertido en ley tras varias horas de deliberación, generó un amplio debate en el que también hubo posturas críticas, especialmente por parte del bloque justicialista, que se opuso a la iniciativa. No obstante, el oficialismo logró el respaldo necesario para dar sanción definitiva a la norma, que marcará el inicio de una nueva etapa para el sistema de salud de Entre Ríos.

Durante una extensa sesión legislativa desarrollada este viernes, el bloque de diputados “Más para Entre Ríos” expresó su rechazo al proyecto de ley del Poder Ejecutivo que crea la Obra Social de Entre Ríos (OSER), eliminando el actual Instituto de Obra Social de la Provincia (Iosper) y transfiriendo el control de la cobertura médica estatal directamente al gobierno provincial.

La presidenta del bloque, Laura Stratta, encabezó los cuestionamientos: “Es un grave error. Se les quita a los trabajadores el manejo de su obra social y se concentra todo en el Poder Ejecutivo. Se debilitan los controles y no hay ninguna garantía, ni siquiera de mantener el nivel actual de servicios”, remarcó.

La iniciativa oficial, que ya contaba con media sanción del Senado, fue tratada de manera urgente en Diputados. Según denunció Stratta, el proyecto fue dictaminado por mayoría tan solo 19 horas después de haber ingresado a la Cámara Baja, sin modificaciones y mientras aún se desarrollaban exposiciones de invitados en comisiones. “Fue un tratamiento exprés, figurativo y decorativo”, lamentó.

Durante el debate, también tomaron la palabra las diputadas Andrea Zoff, Silvia Moreno, Mariel Ávila, Lorena Arrozogaray y Silvia Deccó, así como los diputados Enrique Cresto, Yari Seyler, Juan José Bahillo y Sergio Castrillón. Todos coincidieron en que el proyecto “es innecesario” y que afectará negativamente a los trabajadores estatales y sus familias.

Stratta también cuestionó el proceder del oficialismo durante el proceso legislativo, señalando irregularidades en la emisión del dictamen de comisión en el Senado, con abstenciones que “no tienen validez reglamentaria”. Además, citó la postura de la Federación Médica de Entre Ríos, que expresó preocupación por la celeridad del tratamiento legislativo. “Si 15 días les parecían poco en el Senado, imaginen lo que significa tratarlo aquí en menos de 24 horas”, sostuvo.

Otro de los puntos críticos que marcó la legisladora fue el trato que el gobierno provincial brindó a los trabajadores del Iosper en el marco de la intervención del organismo. “Se los acusa de boicot, se habla de curros y de pelea por la caja. Varios fueron notificados del retiro de funciones y traslados simplemente por oponerse a la creación de OSER. Es una caza de brujas contra personas con décadas de trayectoria”, denunció.

También cuestionó fuertemente la gestión del interventor Mariano Gallegos, especialmente por sus declaraciones negando hechos denunciados por familiares de pacientes fallecidos. “Llegó a decir que quienes presentan amparos judiciales lo hacen para saltearse el lugar que les toca en la cola. Es una falta de humanidad”, expresó.

Stratta subrayó que no se han presentado los informes mensuales ni auditorías que exige la ley de transparencia. “No sólo no los publican, sino que ni siquiera se los entregan a esta Cámara, pese a los pedidos de informe presentados”, reclamó.

En su intervención, también destacó la situación de los pacientes de Paraná y Paraná Campaña que, según afirmó, se ven obligados a realizar estudios en el CEMENER, lo que limita su libertad de elección y satura el sistema de turnos, con demoras de hasta febrero de 2026 para algunos estudios.

Finalmente, Stratta sostuvo que “para mejorar el Iosper no hace falta una nueva ley ni eliminar el organismo. Hay que transparentar los procesos, responder a los afiliados y fortalecer la institución, no desmantelarla”. En ese sentido, consideró que la creación de OSER “va en contra de los principios de eficiencia y transparencia que el propio oficialismo declama”.

El bloque justicialista cerró su intervención advirtiendo que la aprobación de la nueva ley representa “un gran retroceso”, al tiempo que reafirmó su compromiso con “un Iosper fuerte, con diálogo, consenso, los trabajadores adentro y los afiliados en el centro de la escena”.

Este viernes a las 14 horas, la Cámara de Diputados de Entre Ríos llevará adelante una sesión especial para tratar el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que propone la creación de una nueva obra social denominada OSER, en reemplazo del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper). La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado, por lo que la votación en la Cámara Baja será decisiva para su aprobación o rechazo definitivo.

En este contexto, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) inició este mismo viernes por la mañana un acampe frente a la Legislatura, una medida resuelta en el reciente Plenario de Secretarios del sindicato docente. La acción busca visibilizar el rechazo del gremio a la propuesta oficial, al tiempo que se evalúa si participarán o no de la sesión dentro del recinto.

En diálogo con esta Agencia, el secretario de Derechos Humanos y Cultura de Agmer, Guillermo Puntel, explicó los motivos del acampe y cuestionó con dureza el tratamiento del proyecto.

“Nuestra decisión es mostrar la permanencia a través del acampe y seguir difundiendo lo que está haciendo la intervención del Iosper: las denuncias penales que hay sobre corrupción y negociados”, afirmó Puntel.

El dirigente también señaló que el objetivo de la protesta es visibilizar las consecuencias que, a criterio del gremio, tendría la aprobación del nuevo sistema:

“Queremos que se vea cuál va a ser la situación de la obra social si se sanciona esta ley y qué pasará con la salud pública en un contexto donde el gobierno viene a fondo con la motosierra a recortar salarios, condiciones laborales y a meter mano en la caja de la obra social”.

Agmer sostiene que la creación de OSER constituye una privatización encubierta del sistema de salud provincial, y considera que el proyecto perjudica a trabajadores y afiliados.

“Lo que se viene es gravísimo. Con esta acción también estamos comprometiendo a los legisladores, para que no puedan hacerse los distraídos sobre qué van a votar, a quién van a beneficiar y a quién van a perjudicar”, advirtió Puntel.

Consultado sobre los pasos a seguir en caso de que el proyecto obtenga sanción definitiva, el referente sindical aseguró que el gremio continuará la lucha, y que se volverá a reunir la Intersindical en Defensa del Iosper para evaluar nuevas medidas.

“Vamos a estar en lucha hasta el último momento. Si los legisladores realmente piensan en los intereses de la población, ganamos. Si se aprueba esta privatización, tendrán que rendir cuentas ante la ciudadanía”, afirmó.

Puntel también cuestionó la falta de debate en torno a la iniciativa.

“No es raro que la votación se haga a esta hora y en este contexto. Es un proyecto que salió entre gallos y medianoche. Fuimos escuchados en algunos ámbitos, pero no hubo un debate real”.

Al recordar la votación en la Cámara Alta, remarcó que quienes se opusieron al proyecto lo hicieron “con argumentos sólidos y compromiso”, mientras que quienes lo apoyaron “solo repitieron las excusas mediáticas del gobierno, sin garantizar mejoras reales para la población”.