La Obra Social de Entre Ríos (OSER) incorporó a 41 odontólogos particulares a su cartilla de prestadores, a partir de un acuerdo que busca regularizar y ampliar la cobertura de salud bucal para sus afiliados en distintos puntos de la provincia.

Según informó la institución, el convenio marca el cierre de un período de once años sin un marco de este tipo para la prestación odontológica individual. Actualmente, los profesionales incorporados ya se encuentran activos y la proyección es llegar a unos 100 odontólogos para fines de 2026.

La cobertura alcanza a prestadores de Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Paraná, Concordia, Diamante, La Paz, Chajarí, Colón, Gualeguay, Aldea María Luisa, Ibicuy y San Salvador.

El acuerdo contempla distintas prestaciones destinadas al diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades bucodentales.

Entre los servicios incluidos se encuentran consultas de diagnóstico, planes de tratamiento, atención de urgencias, derivaciones, radiografías periapicales y extracciones dentales simples.

También comprende restauraciones estéticas simples y compuestas, tratamientos de conducto unirradiculares, multirradiculares y parciales, inactivación de caries, tartrectomía y cepillado mecánico en ambas arcadas.

Además, se incorporó un módulo específico de prevención destinado a menores de 18 años y personas embarazadas.

Los afiliados pueden consultar el listado actualizado de profesionales adheridos a través de la cartilla médica digital disponible en el sitio oficial de la obra social: www.oser.gob.ar.

De manera complementaria, OSER avanza con la puesta en valor de su infraestructura para ampliar la atención odontológica mediante consultorios propios en sus sedes.

En ese marco, las ciudades de Federal y Feliciano ya cuentan con espacios habilitados y en funcionamiento para atender a los afiliados.

La obra social informó que prevé inaugurar otros tres consultorios durante los próximos meses, como parte de la ampliación de su red de atención en la provincia.

El Círculo Médico del Departamento Paraná expresó su respaldo al posicionamiento de la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) frente a las recientes declaraciones del vicepresidente de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Ricardo García, sobre la facturación de prestaciones médicas.

El pronunciamiento se enmarca en el conflicto que mantienen los profesionales con la obra social provincial, principalmente por los débitos aplicados a los honorarios, las demoras en los pagos y las dificultades vinculadas con los procedimientos de facturación y auditoría.

A través de un comunicado, FEMER rechazó las afirmaciones de García y sostuvo que sus reclamos fueron tergiversados. La entidad negó que exista una situación de extorsión hacia la obra social y afirmó que son los prestadores quienes sufren descuentos que consideran indebidos y dilaciones en el cobro de sus honorarios.

En su respuesta, FEMER rechazó que se haya duplicado la facturación de consultas y también cuestionó la afirmación de que 80 de cada 100 honorarios correspondientes a internaciones se habrían facturado dos veces.

La Federación atribuyó las inconsistencias registradas a la falta de reglas claras para facturar, la ausencia de criterios de auditoría consensuados y uniformes y errores en los sistemas informáticos.

Según indicó, estas situaciones fueron planteadas en distintas reuniones, pero no habrían recibido una resolución oportuna por parte de OSER.

La entidad también señaló que durante noviembre continuaban reclamando débitos aplicados en los dos últimos pagos de la obra social, correspondientes a honorarios de junio y julio de 2026. A esos montos se suman, según precisó, reclamos pendientes por descuentos realizados desde el año pasado.

En el comunicado, FEMER recordó que su Consejo Directivo resolvió levantar transitoriamente la suspensión de la atención médica en internaciones a afiliados de OSER, como gesto de buena voluntad ante la apertura de una instancia de diálogo.

La Federación consideró que las declaraciones del vicepresidente de la obra social contienen inexactitudes que dificultan la construcción de acuerdos, aunque manifestó su intención de sostener conversaciones para superar el conflicto.

El objetivo planteado por la entidad es encontrar soluciones que permitan proteger el trabajo de los profesionales y preservar el sistema de atención médica para los afiliados.

Por su parte, el Círculo Médico del Departamento Paraná reafirmó su respaldo a los reclamos de FEMER y sostuvo que continuará defendiendo los derechos de los profesionales, promoviendo el diálogo como vía para alcanzar condiciones adecuadas de ejercicio profesional y garantizar la atención de los afiliados a la obra social provincial.

El bloque de diputados de Juntos por Entre Ríos respondió al proyecto presentado por el justicialismo sobre OSER y respaldó las auditorías sobre la facturación de los prestadores. “Quienes defendieron los privilegios del viejo Iosper ahora cuestionan los controles que protegen la plata de los afiliados”, afirmaron.

“Según informó OSER, sobre un listado de 106 internaciones revisadas, la auditoría identificó facturaciones duplicadas en 80 casos. También detectó prestaciones facturadas por profesionales que no integran su registro de prestadores, presentaciones fuera de término y otras inconsistencias administrativas. Frente a esto, ¿qué pretenden los diputados del PJ? ¿Que se pague igual? ¿Que se mire para otro lado?”, plantearon.

Los legisladores remarcaron que esas observaciones deben verificarse y conciliarse entre los equipos técnicos. “OSER tiene la obligación de pagar las prestaciones realizadas y correctamente facturadas. Ninguna entidad puede exigir que se renuncie a los controles como condición para mantener la atención. Los recursos de la obra social salen del esfuerzo de los trabajadores y deben volver en medicamentos, tratamientos y servicios de salud”, afirmaron.

“El tiempo de la extorsión terminó. No vamos a permitir que se juegue caprichosamente con la salud de los afiliados, cortando la atención cada vez que la obra social controla y debita lo que corresponde. Las diferencias de facturación se resuelven entre las instituciones, sin utilizar a los pacientes como instrumento de presión”, sostuvieron.

Desde el bloque también precisaron que, según informó OSER, las internaciones y las cirugías no están suspendidas: la medida dispuesta por FEMER alcanza a las consultas durante la internación realizadas por profesionales nucleados en esa Federación. “Los diputados tienen la obligación de informar con precisión. Alimentar la incertidumbre de las familias para sacar una ventaja política es una irresponsabilidad”, expresaron.

Respecto de los cuidadores domiciliarios, señalaron que OSER establece un plazo de pago de 30 días desde la presentación de la factura, frente a los 60 días habituales del resto de los prestadores. Sobre los débitos por horas cuestionados en el proyecto, indicaron: “También en la atención domiciliaria corresponde cotejar las horas autorizadas, las efectivamente prestadas y las facturadas. Si el PJ sostiene que esos descuentos son injustificados, que lo demuestre con documentación. Cuestionar una auditoría no reemplaza la obligación de explicar una factura”.

Los diputados recordaron que OSER brinda cobertura a 288.891 afiliados: 286.620 residen en los 17 departamentos y en 286 localidades, comunas y parajes de Entre Ríos —el 99,21 por ciento del padrón— y 2.271 en otras provincias. Del total, 9.312 cuentan con Certificado Único de Discapacidad.

En ese marco, destacaron que entre enero y octubre de 2026 se aprobaron 16.538 trámites de discapacidad, frente a 9.009 en el mismo período de 2025: un incremento del 83,57 por ciento. Además, el informe de gestión registra una reducción del tiempo promedio de resolución de 30,55 a 17,89 días.

“En los primeros diez meses del año, las autorizaciones de resonancias de alto campo pasaron de 6.927 a 14.681 y las de radioterapia, de 390 a 597, respecto del mismo período de 2025. El PJ omite estos resultados porque contradicen su relato de que todo está peor”, afirmaron.

Desde Juntos por Entre Ríos rechazaron que el justicialismo ubique el origen de los problemas en la creación de OSER. “Necesitan que la historia empiece en junio de 2025 para borrar todo lo anterior. Cuando se intervino el Iosper se denunció una deuda acumulada de más de 42.800 millones de pesos y un sueldo para su presidente que, actualizado a valores de hoy, supera los 26 millones de pesos mensuales. Esa es la obra social que defendieron y sobre la que hoy prefieren guardar silencio”.

“Gobernaron Entre Ríos durante veinte años. Tuvieron tiempo y poder para garantizar transparencia, terminar con los privilegios y defender a los afiliados. No solo no lo hicieron: fueron responsables políticos del sistema que generó esos privilegios y acumuló las deudas que hoy pretenden desconocer. Ahora quieren borrar esa responsabilidad con un proyecto de declaración. Para repartir culpas tienen una velocidad que nunca tuvieron para enfrentar los abusos”, sostuvieron.

“Con Rogelio Frigerio tomamos la decisión de terminar con los privilegios y defender los recursos de los afiliados. Vamos a pagar lo que corresponde y a controlar cada factura. Ni los cortes de prestaciones ni la presión política van a hacernos abandonar esa responsabilidad. El PJ tendrá que explicar por qué denuncia los controles de hoy y guarda silencio sobre los privilegios de ayer”, concluyeron.

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) informó que los débitos aplicados a determinadas facturaciones de honorarios médicos presentadas por la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) responden a inconsistencias detectadas durante los controles de auditoría.

A través de un comunicado, la obra social sostuvo que las observaciones no constituyen descuentos arbitrarios y detalló que detectó errores en las presentaciones correspondientes a dos períodos consecutivos.

Entre las irregularidades señaladas mencionó códigos de prácticas que no existen en el nomenclador utilizado, prestaciones sin los registros correspondientes, presentaciones fuera de término y posibles duplicaciones de una misma intervención quirúrgica.

Según OSER, estas observaciones fueron comunicadas oportunamente a Femer para que puedan ser regularizadas.

La institución también reconoció que pueden existir diferencias de interpretación o errores en los procesos de auditoría, y aseguró que son corregidos cuando corresponde. Sin embargo, consideró que no resulta adecuado presentar como injustificados los débitos vinculados con prestaciones incorrectamente facturadas.

En ese sentido, cuestionó que las diferencias administrativas entre ambas instituciones terminen trasladándose a los afiliados.

OSER aclaró que las internaciones y las cirugías de sus afiliados no están suspendidas.

De acuerdo con la obra social, la medida anunciada por Femer alcanza exclusivamente a las consultas médicas durante la internación realizadas por profesionales nucleados en esa Federación.

En cambio, los médicos que trabajan de manera individual o integran otras asociaciones continúan prestando servicios con normalidad.

La obra social informó que sus equipos técnicos y los de Femer mantienen un proceso de conciliación para resolver las diferencias durante esta semana.

OSER ratificó su disposición al diálogo, aunque remarcó que tiene la responsabilidad de controlar el uso de los recursos destinados a la atención sanitaria de sus afiliados.

“Auditar no es dejar de pagar. Es verificar qué corresponde pagar, corregir los errores y garantizar que los recursos de la Obra Social se destinen efectivamente a la atención de sus afiliados”, expresó la institución.

La Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) dispuso la suspensión transitoria de la atención médica en internación a los afiliados de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), ante la falta de respuestas a los reclamos por descuentos aplicados sobre honorarios profesionales.

La decisión fue comunicada formalmente a la obra social y comenzó a regir este lunes 2 de noviembre. Según informó el Círculo Médico del departamento Paraná, el conflicto se origina en débitos que consideran injustificados sobre prestaciones de internación facturadas durante junio y julio de 2026.

Desde FEMER señalaron que realizaron distintas reuniones con representantes de OSER para aclarar las normas de facturación, unificar criterios, corregir errores en los sistemas y acordar la devolución de los importes retenidos.

Sin embargo, las gestiones no permitieron alcanzar un acuerdo. De acuerdo con el comunicado, persisten los incumplimientos y no existen plazos definidos para regularizar la situación.

La entidad sostuvo que los descuentos generan un perjuicio económico directo a los profesionales que realizaron las prestaciones, en un contexto que también está marcado por el atraso de los aranceles médicos establecidos por la obra social.

Ante la falta de respuestas al reclamo formalizado el 28 de octubre, FEMER resolvió avanzar con la suspensión transitoria de la atención médica en internación para los afiliados de OSER, hasta que se encuentren soluciones al conflicto.

El Círculo Médico del departamento Paraná expresó su respaldo a la decisión de FEMER y reclamó que OSER brinde respuestas concretas para regularizar los pagos pendientes y resolver las diferencias existentes.

En el comunicado, la institución también manifestó su preocupación por el impacto del conflicto en la prestación de los servicios de salud y planteó la necesidad de restablecer su funcionamiento habitual.

La suspensión se mantendrá hasta que se avance en una solución, según lo informado por las entidades médicas.

Acompañado por el presidente y vicepresidente de la OSER, Mariano Gallegos y Ricardo García, el mandatario presentó el balance de la obra social correspondiente al período que abarca la intervención de 2025, el primer semestre de funcionamiento de la nueva entidad y la primera mitad del año 2026. En ese marco, detalló cómo el ordenamiento administrativo y financiero permitió una profunda transformación de la institución, priorizando siempre la calidad de la atención a los afiliados.

"A mí me gusta que me juzguen por los resultados y hoy tenemos resultados concretos para mostrar", afirmó el gobernador. En este sentido, remarcó que quedó demostrado que "es posible mejorar la atención, aumentar las prestaciones y, al mismo tiempo, ordenar las cuentas de la obra social".

Frigerio resaltó que el saneamiento integral de OSER se tradujo de forma inmediata en una ampliación histórica de la cobertura médica para las familias entrerrianas. Informó que en comparación con el período anterior, la obra social sumó más de 300.000 prestaciones, 80.000 consultas médicas, 120.000 prácticas médicas, 100.000 recetarios con cobertura y más de un centenar de internaciones.

Asimismo, indicó que se resolvió una de las problemáticas más dolorosas que afectaba a la institución, las más de 1.100 personas que aguardaban una cirugía programada por falta de prótesis, que recibieron la respuesta médica correspondiente, gracias a la regularización de una deuda prestacional heredada superior a los 10.000 millones de pesos. Además, afirmó que se incorporaron nuevos médicos, clínicas y laboratorios, ampliando la red de prestadores en distintos puntos de la provincia.

El mandatario sostuvo que, para facilitar la relación diaria con la obra social, la gestión avanzó en la modernización tecnológica mediante la aplicación MiOser. Esta herramienta, que incluye recetas electrónicas y digitalización de autorizaciones, ya procesa más de 500 trámites diarios con órdenes mediante código QR, agilizando los tiempos de respuesta y simplificando los procesos burocráticos.

Por otra parte, el gobernador anunció un hito fundamental en materia de transparencia y equidad: "Vamos a poner en vigencia un vademecum con criterios claros para la cobertura de medicamentos. Todos los afiliados, todos los prestadores, los médicos, van a saber qué está cubierto, en qué porcentaje y bajo qué condiciones y qué situaciones equivalentes, además reciban la misma respuesta".

El balance presentado expone que el déficit institucional se redujo en un 30 por ciento en términos reales durante el primer año de funcionamiento de OSER. Este ordenamiento financiero se logró mediante la reducción de gastos administrativos, la renegociación de la deuda heredada, la regularización laboral de 120 trabajadores y la eliminación de sobreprecios en la compra de medicamentos.

Como resultado de esta eficiencia, el porcentaje de recursos que se destina directamente a las prestaciones de salud se incrementó del 77 por ciento en 2024 al 88 por ciento actual, representando un aumento del 11 por ciento en inversión en beneficio de los afiliados y una reducción equivalente en el costo de la estructura administrativa. "Se podía hacer bien si no se robaba, si la dirigencia política no se quedaba con gran parte de los recursos de la gente", enfatizó Frigerio, añadiendo que con esta gestión "se empiezan a terminar los privilegios de la política en nuestra provincia".

Para finalizar, el mandatario ratificó el compromiso de continuar en esta senda y agradeció el esfuerzo de las y los trabajadores y directores de la obra social. "Estamos construyendo una nueva forma de gestionar la salud con una obra social más eficiente, más transparente, mucho más cercana al afiliado y por supuesto con el afiliado siempre en el centro de la escena y de la atención".

Y sostuvo: "Este camino recién empieza, está comenzando. Falta muchísimo. Nosotros tenemos la vara mucho más alta, queremos ser la mejor obra social del país y para eso tenemos que seguir en este rumbo", concluyó el gobernador.

Luego de la conferencia de prensa, el gobernador recorrió la nueva sede de OSER ubicada en calle España e Italia, de Paraná.

También estuvieron presentes en la presentación la vocal de la obra social en representación de los trabajadores, Flavia Maidana; la integrante de la comisión directiva de la Federación Médica de Entre Ríos, Eugenia Reellardo; la presidenta de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos, Silvia Dagostino; el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos, Roberto Aranguren; y el presidente del Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos, Roberto Hard.

Según informó la entidad, durante este período se registraron 290.869 prestaciones más en comparación con la etapa anterior. El incremento incluyó consultas médicas, internaciones, prácticas diagnósticas y cobertura de medicamentos en distintos puntos de la provincia.

El presidente de OSER, Mariano Gallegos, sostuvo que los resultados obtenidos reflejan una mayor orientación de los recursos hacia las prestaciones de salud. "El primer año de OSER demuestra que ordenar no es recortar. Ordenar es garantizar que los recursos estén puestos donde tienen que estar: en las prestaciones, en los medicamentos, en las cirugías y en la atención de nuestros afiliados", afirmó.

Uno de los aspectos destacados por la obra social fue la resolución de 1.100 cirugías que se encontraban demoradas debido a la falta de provisión de prótesis.

Desde la entidad señalaron que esta situación afectaba a pacientes que aguardaban intervenciones desde hacía tiempo y que la regularización permitió dar respuesta a una demanda acumulada dentro del sistema de salud.

OSER informó además que amplió su red de atención mediante la incorporación de nuevos convenios con prestadores. De acuerdo con los datos difundidos, los acuerdos activos pasaron de 86 a 153, lo que permitió sumar profesionales médicos, clínicas, sanatorios, laboratorios y farmacias en diferentes localidades entrerrianas.

En materia farmacéutica, la obra social destacó la implementación de la receta electrónica como una herramienta para agilizar trámites y mejorar el acceso a medicamentos. Según indicaron, esta medida estuvo acompañada por un aumento en la cantidad de medicamentos cubiertos y una administración más eficiente de los recursos destinados al sector.

Entre las acciones desarrolladas durante el primer año también se mencionan avances en la digitalización de trámites y el fortalecimiento de la plataforma Mi.OSER, destinada a facilitar las gestiones de los afiliados.

Asimismo, se inauguró una nueva oficina y se llevaron adelante trabajos de refacción en 15 sedes distribuidas en distintos puntos de la provincia.

De acuerdo con la información difundida por la obra social, la reorganización administrativa permitió incrementar la participación de las prestaciones dentro del presupuesto general.

Mientras que en 2024 el 77 por ciento del gasto se destinaba a prestaciones de salud, durante 2025 ese porcentaje alcanzó el 88 por ciento, según los datos presentados por la entidad.

El balance fue dado a conocer al cumplirse el primer aniversario de funcionamiento de OSER, organismo que reemplazó al anterior sistema de cobertura provincial y que actualmente brinda servicios de salud a miles de afiliados en Entre Ríos.

El bloque de diputados “Más Para Entre Ríos” y también senadores del bloque justicialista mantuvieron este jueves un encuentro con los gremios que integran la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, con quienes analizaron la situación en torno al proyecto de reforma previsional que enviaría el Poder Ejecutivo a la Legislatura.

Durante la reunión los representantes de los diferentes estamentos de trabajadores activos y jubilados plantearon su preocupación por la reforma que impulsa el gobierno de Rogelio Frigerio, ante lo cual los legisladores se comprometieron su oposición a cualquier proyecto que vulnere los derechos de los trabajadores activos o de los jubilados.

En el mismo sentido, los legisladores indicaron que hasta el momento no conocen el contenido del proyecto y  que tampoco obtuvieron respuesta a los pedidos de información formulados al respecto. Igualmente se indicó que la reforma previsional forma parte de la agenda del oficialismo mientras que para los bloques opositores la agenda urgente tiene otros componentes, como es la situación alimentaria o la crisis de salud mental que afecta a miles de entrerrianos y entrerrianas.

La reunión con los gremios fue encabezada por los presidentes de los bloques opositores: Laura Stratta en la Cámara de Diputados y Marcelo Berthet en el Senado. Participaron también las legisladoras Silvia Moreno, Andrea Zoff, Silvina Deccó, Lorena Arrozogary y Claudia Silva; y los legisladores Sergio Castrillón, Yari Seiler, José María Kramer, Enrique Cresto y Juan Diego Conti.

La medida forma parte de un plan de simplificación administrativa que busca agilizar gestiones, reducir tiempos de espera y mejorar la experiencia de los usuarios. Con esta actualización, las respuestas a las solicitudes de autorización no solo se informan por email, sino que también incluyen la orden de consulta correspondiente lista para su uso.

El presidente del organismo, Mariano Gallegos, destacó la importancia de este avance: “Nos parece sumamente importante este paso. Si bien desde septiembre del año pasado este trámite ya se podía realizar a través de la aplicación, nos faltaba esta instancia clave, que es que la orden le llegue al afiliado de manera directa. Apuntamos a que el afiliado concurra a la sede solo en casos excepcionales”.

Gallegos también adelantó que se proyectan nuevas mejoras en los canales de comunicación: “El paso siguiente es la complementación de esta herramienta vía WhatsApp. Descomprimir este tipo de atención nos permite seguir mejorando otros aspectos del servicio”.

Hasta ahora, los afiliados debían iniciar la solicitud de autorización mediante la aplicación MI.OSER o de forma presencial. Luego de un plazo de hasta 72 horas, recibían la respuesta por correo electrónico. Sin embargo, en caso de aprobación, era necesario concurrir a una sede para retirar la orden en formato físico.

Con la nueva modalidad, el proceso se vuelve completamente digital. Al momento de iniciar la solicitud, el afiliado debe indicar el prestador o centro de atención donde desea realizarse el estudio. Una vez autorizada la práctica, la orden se envía directamente por email, eliminando la necesidad de trasladarse.

El sistema enviará un correo electrónico confirmando el inicio del trámite y, dentro de las 72 horas, una nueva notificación con la resolución. En caso de aprobación, el afiliado recibirá la autorización junto con las órdenes necesarias para presentarse directamente en el prestador elegido.

Con esta iniciativa, la obra social provincial refuerza su apuesta por la digitalización y la mejora continua en la atención, reduciendo trámites presenciales y optimizando recursos tanto para los afiliados como para la institución.

“El desfinanciamiento brutal al que el gobierno nacional está sometiendo a la provincia no puede justificar que el costo del ajuste recaiga principalmente sobre trabajadores y jubilados entrerrianos”, expresó el senador Victor Sanzberro tras el encuentro del gobernador Rogelio Frigerio con diputados y senadores de las comisiones de Presupuesto y Legislación General por la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos.

"El equilibrio de la Caja debe lograrse con una mirada integral sobre su financiamiento: recuperando deuda histórica de Nación, auditando distorsiones internas, asegurando que cualquier cambio sea gradual y equitativo, y preservando los derechos adquiridos de los docentes, la policía, los trabajadores de la salud y de quienes sostienen al Estado con su trabajo diario”.

El legislador justicialista remarcó la necesidad de contextualizar con precisión la situación financiera provincial antes de avanzar en cualquier análisis o solución.

“Algo hay que hacer con el déficit previsional, en eso coincidimos todos. Pero primero debemos contextualizar con precisión por qué ya no hay margen para atenderlo como antes”, señaló Sanzberro.

En ese sentido, advirtió que “la situación actual de la Caja no se origina exclusivamente en decisiones provinciales. El déficit previsional se agravó con el desfinanciamiento brutal al que el gobierno nacional somete a la provincia y la deja en modo de supervivencia financiera”.

“Las políticas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei —y que la gestión provincial acompaña— eliminaron asignaciones no automáticas, redujeron drásticamente la coparticipación real por la recesión inducida y mataron la recaudación provincial. El desempleo formal derrumba el consumo, las ventas y los ingresos fiscales. Eso explica la urgencia desesperada con la que se impulsa esta reforma: es reacción forzada a un combo que nos asfixia desde Nación”, agregó el senador.

Sin embargo, enfatizó que “esa falta de margen no puede justificar que el costo del ajuste recaiga principalmente sobre trabajadores y jubilados".

El senador victoriense cuestionó además prácticas que debilitan el financiamiento de la Caja: “El Estado provincial tampoco puede desfinanciar el sistema. No es coherente otorgar aumentos salariales no remunerativos -como los decretados recientemente-, que no generan aportes jubilatorios y profundizan el desequilibrio”.

Finalmente, Sanzberro subrayó que una reforma de esta envergadura requiere “diagnóstico serio, debate institucional amplio y consenso social genuino”.

La presentación se realizó este martes en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná y fue encabezada por la vicegobernadora, Alicia Aluani; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; el ministro de Salud, Daniel Blanzaco; y el presidente de OSER, Mariano Gallegos.

La propuesta se desarrollará mediante un circuito especialmente organizado en el Centro de Medicina Nuclear y Molecular Entre Ríos (Cemener), ubicado en Oro Verde. Allí, las afiliadas podrán realizar en un mismo día los estudios anuales recomendados para la detección temprana de patologías de cuello uterino y mama.

El programa surge como respuesta a dos de las principales barreras que enfrentan muchas mujeres al momento de realizar sus controles de salud: la falta de tiempo y los costos económicos. En ese sentido, la iniciativa busca acompañar, informar y promover el acceso a estudios preventivos.

Para optimizar la atención, el Cemener dispuso de un espacio específico con boxes equipados para completar el circuito de estudios, que incluye PAP, colposcopía, mamografía y ecografías, permitiendo realizar todos los controles en una misma jornada.

Además, estas prácticas estarán eximidas del pago de coseguro, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de los protocolos médicos anuales.

El programa también incorporó un sistema de turnos a través de whatsapp, al número +54 9 343 407 9900. Asimismo, se puede obtener información sobre el funcionamiento del circuito de atención en el sitio oficial del centro: https://www.cemener.org.ar/

De la actividad participaron además el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; legisladores; la vocal de OSER, Flavia Maidana; por Cemener, la presidenta del Consejo de Administración, Jesuana Aizcorbe; la gerente general, Marianela Pacheco; y la responsable del programa, Tamara Zapata; junto a autoridades municipales y universitarias, equipos técnicos, especialistas y referentes del sector de la salud.

Este jueves se llevó a cabo la primera reunión del año —la número 93 desde la creación del organismo— del plenario del Órgano de Revisión de Salud Mental (ORSM), en la que se trataron distintos temas vinculados a la garantía de derechos de personas usuarias de servicios de salud mental en la provincia.

Uno de los ejes centrales fue la accesibilidad a prestaciones a través de la Obra Social de Entre Ríos (OSER). La convocatoria contó con la presencia de un representante de la institución, en respuesta a un requerimiento formulado oportunamente por el organismo.

En el marco de las intervenciones que el ORSM desarrolla para proteger los derechos de usuarios y usuarias, se planteó ante las autoridades de la obra social la necesidad de implementar acciones que permitan resolver dificultades detectadas, así como informar cuál es la estrategia institucional prevista para ampliar el acceso a la cobertura de prestaciones destinadas a afiliados y afiliadas con padecimientos mentales.

En representación de OSER participó Leonardo Siviglia, director de Programas Específicos. Durante el intercambio se acordó dar continuidad al diálogo en una próxima reunión con autoridades de niveles ejecutivos, con el objetivo de profundizar el seguimiento de problemáticas como el atraso en los pagos a prestadores, demoras en reintegros, desactualización de aranceles y la escasez o ausencia de cobertura de servicios de profesionales de distintas disciplinas e internaciones. Según se señaló, estas situaciones impactan directamente en la demanda sobre los efectores públicos de salud.

Asimismo, se analizó la inaccesibilidad a prestaciones en residencias destinadas a la atención de consumos problemáticos, una temática que genera especial preocupación en el ámbito de la salud mental provincial.

En otro tramo del encuentro, se abordó el proceso de renovación de representantes de la sociedad civil en el plenario del Órgano de Revisión. En ese sentido, se acordó abrir una prórroga para la presentación de postulantes correspondientes al estamento de organizaciones de defensa de los derechos humanos.

La problemática del suicidio en Entre Ríos también formó parte de la agenda. Se analizaron los proyectos de creación de un observatorio y de un sistema de vigilancia epidemiológica de los intentos de suicidio, iniciativas en las que trabaja el Poder Ejecutivo provincial a través de la Dirección General de Salud Mental.

Por último, la Secretaría Técnica del ORSM compartió un informe remitido por el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) acerca del funcionamiento del programa Contigo y la situación de sus recursos humanos y económicos. Este programa acompaña a jóvenes con discapacidad mayores de 18 años que egresan del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y que no cuentan con apoyo familiar, con el propósito de promover su autonomía y reinserción social.

Del encuentro participaron el secretario ejecutivo del ORSM, Martín Cabrera; la secretaria de la Defensoría General, Lorena Calí; el director general de Salud Mental, Esteban Dávila; la directora general de Derechos Humanos, María Emma Bargagna; y representantes de organizaciones de la sociedad civil como la Liga Argentina por los Derechos Humanos, la Asociación de Médicos y Médicas Psiquiatras de Entre Ríos (AMPER) y la Asociación de Usuarios, Familiares y Amigos de la Salud Mental (Aufasam).

La reunión dejó planteada una agenda de trabajo que continuará en próximos encuentros, con el foco puesto en mejorar el acceso a derechos y fortalecer las políticas públicas en materia de salud mental en la provincia.

El senador provincial Alberto Otaegui respondió a las declaraciones públicas de su par Víctor Sanzberro, quien cuestionó la intervención de la obra social provincial apoyándose en el informe del Síndico Fiscalizador, Cr. Pablo Giampaolo, correspondiente al ejercicio 2024 del entonces Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos, y además acusó al vicepresidente de la Obra Social de Entre Ríos, Ricardo García, de haber formulado una supuesta “amenaza”.

“Estamos ante una operación berreta. Se toma un informe que analiza el ejercicio 2024 —período que no fue administrado por la actual gestión— para intentar desacreditar la intervención y, al mismo tiempo, construir una victimización artificial”, afirmó Otaegui.

El legislador oficialista recordó que la intervención comenzó el 11 de diciembre de 2024, a apenas siete días hábiles del cierre del ejercicio anual.

“Pretender responsabilizar a esta gestión por el resultado completo de 2024 es una maniobra forzada. No se puede atribuir a quienes asumieron en la última semana del año un déficit y un pasivo que se acumularon durante todo el ejercicio”, remarcó.

En esa línea, subrayó que el propio informe del síndico Giampaolo menciona un crecimiento exponencial del pasivo y un déficit operativo estructural durante 2024.

“Lo que hoy algunos presentan como denuncia es, en realidad, la evidencia de por qué el gobernador decidió intervenir. Si el pasivo se multiplicó y el déficit era insostenible, la intervención no fue arbitraria: fue necesaria para evitar un deterioro mayor”, sostuvo.

En relación con los cuestionamientos dirigidos al vicepresidente de la OSER, Ricardo García, Otaegui fue categórico: “Responder con fundamentos técnicos un informe con inconsistencias no es una amenaza. Es ejercer responsabilidad institucional frente a datos que se están utilizando fuera de contexto para generar confusión”.

Además, recordó que los estados contables del organismo se encuentran dentro de los plazos legales de presentación ante el Tribunal de Cuentas, órgano competente para su evaluación integral.

El senador oficialista advirtió que no permitirá que el desorden financiero acumulado durante 2024 “que fue precisamente lo que motivó la intervención” sea utilizado para invertir la carga de la responsabilidad.

De este modo, el debate en torno a la situación financiera de la obra social provincial suma un nuevo cruce político, con posiciones enfrentadas respecto a las causas del déficit y la legitimidad de la intervención dispuesta por el Ejecutivo.

El senador provincial Víctor Sanzberro cuestionó la respuesta de las autoridades de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) al informe presentado por el síndico fiscalizador sobre el funcionamiento del organismo y sostuvo que, frente a datos “contundentes”, la conducción optó por la “descalificación” en lugar de la explicación.

“Se prometió transparencia, pero se cuestiona al que controla; se habló de orden institucional, pero se presiona al que informa; se proclamó el fin de la opacidad, pero se responde con descalificación cuando los datos resultan incómodos”, afirmó el legislador.

Según detalló Sanzberro, el informe difundido arroja cifras preocupantes: pérdidas por 25 mil millones de pesos, un pasivo de 56,8 mil millones, opacidad en convenios y compras, y demoras sistemáticas en la provisión de información requerida.

En ese marco, sostuvo que la respuesta oficial —basada en supuestas “inconsistencias técnicas y temporales” sin documentación respaldatoria— “no es una refutación: es una evasión”.

El senador recordó que la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos y la posterior creación de la OSER fueron justificadas con promesas de transparencia, fin de la corrupción y orden financiero. Sin embargo, advirtió que el informe del síndico, presentado ante el Senado en cumplimiento de la normativa vigente, “muestra lo contrario: resistencia al control, falta de información y deterioro patrimonial con impacto directo sobre los afiliados”.

El legislador del PJ remarcó que la discusión no pasa por diferencias de criterio. “No se trata de interpretaciones ni de debates técnicos. Se trata de datos públicos que surgen de los propios estados contables del organismo y de expedientes administrativos sin respuesta; es decir, información oficial que no ha sido desmentida con evidencia verificable”, subrayó.

Además, calificó como “institucionalmente preocupante” la amenaza pública del vicepresidente de la obra social contra el síndico fiscalizador. “Atacar al órgano de fiscalización con advertencias de investigación y sumarios cuando expone irregularidades no es transparencia ni defensa de la gestión: es autoritarismo”, sostuvo.

Finalmente, Sanzberro advirtió que el deterioro de las prestaciones “resulta cada vez más evidente” y que los afiliados —entre ellos empleados públicos, jubilados, docentes, personal policial y trabajadores de la salud de Entre Ríos— “son quienes pagan las consecuencias directas”.

El senador señaló que la situación se agrava en un contexto de crisis económica y pérdida sostenida del poder adquisitivo, lo que impacta de manera directa en el acceso a la salud.

De este modo, el debate en torno al funcionamiento de la OSER suma un nuevo capítulo político e institucional, con cuestionamientos cruzados y reclamos de mayor transparencia en la administración de los recursos de la obra social provincial.

El senador provincial Vergara salió al cruce del comunicado emitido por el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y sostuvo que las declaraciones respecto de la existencia de una “industria del amparo” en la provincia se basan en hechos “verificables” y no constituyen una descalificación general hacia la profesión.

En su respuesta, el legislador consideró “lógico” que la entidad ejerza una defensa corporativa de sus matriculados, aunque advirtió que ello “no puede desconocer una realidad que es de público y notorio conocimiento”.

“Existe una industria del amparo en Entre Ríos”, afirmó, al tiempo que señaló que se trata de una práctica que —según indicó— excede interpretaciones subjetivas y puede constatarse en el funcionamiento cotidiano de la Obra Social de Entre Ríos (OSER).

Vergara sostuvo que existen profesionales que reclutan afiliados a través de redes sociales, incluso interviniendo en publicaciones oficiales de la obra social o en comentarios de noticias periodísticas vinculadas a la temática, ofreciendo la vía judicial como “primera y única respuesta”.

También aseguró que algunos abogados exhiben públicamente la cantidad de amparos promovidos como credenciales profesionales, lo que —a su entender— evidencia una práctica sistemática y no situaciones aisladas.

Asimismo, indicó que los registros administrativos y judiciales de la obra social permitirían identificar patrones reiterados en la presentación de acciones de amparo por prestaciones que no revestirían carácter urgente, que ya habrían sido otorgadas o respecto de las cuales no se habrían agotado instancias administrativas previas.

Según expresó, esa conducta “desnaturaliza la figura del amparo”, concebido como un remedio excepcional y urgente, y no como un recurso sistemático.

El senador aclaró que sus declaraciones no estuvieron dirigidas al conjunto de la abogacía entrerriana, sino a “una práctica concreta, verificable y reiterada”. Negó además que se estén buscando responsables externos para explicar los problemas estructurales de la obra social.

En ese sentido, sostuvo que su planteo apunta a convocar a la “responsabilidad institucional de todos los actores”, incluidos los letrados, en el cuidado y sostenimiento de la mayor obra social de la provincia.

Finalmente, consideró que el Colegio debería reflexionar sobre el cumplimiento del Código de Ética Profesional antes de emitir comunicados, y concluyó: “Cuidar la OSER y la salud de todos los entrerrianos es una responsabilidad colectiva. Negar prácticas que la dañan no contribuye a fortalecerla; revisarlas y corregirlas, sí”.

Desde la entidad que nuclea a los profesionales del derecho calificaron los dichos como de “una gravedad institucional inaudita”, al considerar que se intenta responsabilizar a los abogados por la situación que atraviesa el organismo de salud provincial.

“Resulta de una gravedad institucional inaudita que quien tiene la responsabilidad de conducir la salud de 300.000 entrerrianos intente desviar el foco de su propia incapacidad administrativa señalando a los profesionales del derecho como responsables de la crisis del organismo”, expresaron en un comunicado.

En el documento difundido, el Colegio defendió el uso del recurso de amparo, al que definió como “el único resguardo constitucional que le queda al afiliado cuando la OSER le da la espalda”.

“El recurso de amparo no es una herramienta de hostigamiento, sino el último recurso del ciudadano ante la vulneración de derechos fundamentales. Los abogados no creamos la necesidad de justicia; intervenimos cuando la obra social incumple”, sostuvieron.

Asimismo, afirmaron que la judicialización de casos vinculados a prestaciones médicas responde a situaciones concretas de falta de cobertura o demoras en tratamientos, medicamentos o cirugías.

En otro tramo del pronunciamiento, la entidad remarcó que las sentencias judiciales desfavorables constituyen, a su entender, un indicador del incumplimiento del organismo.

“Es el Poder Judicial quien condena a la OSER. Cada sentencia adversa es un reproche directo a la arbitrariedad e ilegalidad con la que se maneja el organismo”, señalaron, rechazando también expresiones vinculadas a supuestos “huecos” o “grietas” legales.

Finalmente, el Colegio de la Abogacía expresó su rechazo a cualquier intento de responsabilizar a los honorarios profesionales o a la labor de los abogados por el déficit financiero de la obra social.

“No permitiremos que se responsabilice a los abogados por una mala administración estructural que lleva años. Atacar a la abogacía es atacar el estado de derecho y el derecho de los ciudadanos a ser defendidos frente a los abusos del poder”, afirmaron.

En el cierre del comunicado, instaron a las autoridades de la OSER a “cesar con la búsqueda de chivos expiatorios” y a concentrar los esfuerzos en garantizar que los aportes de los trabajadores se traduzcan en prestaciones de salud dignas y oportunas para todos los afiliados.

El senador provincial Martín Oliva mantuvo ayer martes 10 de febrero un encuentro con el Síndico Fiscalizador de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Pablo Giampaolo, quien le hizo entrega de un informe detallado sobre la situación económica, financiera, administrativa y prestacional del organismo, que fue elevado formalmente este martes a la Cámara de Senadores.

En ese marco, Oliva manifestó su profunda preocupación por el contenido del informe, que da cuenta de un deterioro significativo de la situación económica de la obra social, con pérdidas millonarias acumuladas, incremento exponencial del pasivo y serias dificultades para garantizar la sustentabilidad del sistema.

“El informe expone un cambio abrupto y negativo en las cuentas de la obra social, que pasó de una situación equilibrada a pérdidas históricas, sin que exista hasta el momento información clara y completa que explique ese proceso”, señaló el senador tras la reunión que tuvo lugar en la sede central de la obra social.

Oliva advirtió además que esta situación económica crítica tiene un correlato directo en la calidad del servicio que reciben los afiliados, con demoras, reclamos crecientes y deficiencias visibles en el funcionamiento de las delegaciones en el territorio. “Cuando hay desorden administrativo y falta de control, el primer impacto lo sufren los trabajadores, jubilados y familias que dependen de la obra social”, remarcó.

El legislador subrayó también la gravedad institucional que implica la falta de documentación respaldatoria en aspectos centrales como contratos, compras, licitaciones y el patrimonio inicial de la OSER, así como las reiteradas demoras en la entrega de información a los órganos de control.

“Una obra social que administra recursos públicos debe funcionar con transparencia, previsibilidad y respeto por la ley. Eso hoy está seriamente cuestionado”, afirmó.

En ese sentido, Oliva sostuvo que la elevación del informe a la Cámara de Senadores “no es un trámite administrativo más, sino una señal de alerta que debe ser tomada con la seriedad que corresponde”. Y agregó: “El Senado tiene la responsabilidad de analizar esta información, exigir explicaciones y garantizar que la obra social cumpla con su función esencial, que es cuidar la salud de los entrerrianos”.

El senador indicó que seguirá de cerca la evolución del tema en el ámbito legislativo y reclamó que "se adopten medidas urgentes para ordenar la gestión, fortalecer los mecanismos de control y poner en el centro a los afiliados, que hoy están pagando las consecuencias de decisiones que no han sido suficientemente claras ni eficaces".

Finalmente, Oliva destacó la labor fundamental que cumplen los empleados de la obra social, subrayando su compromiso, responsabilidad y vocación de servicio, pilares esenciales para el correcto funcionamiento de la obra social.

Al mismo tiempo, expresó su pesar por los trabajadores que fueron removidos de sus funciones, señalando que se trata de personal con experiencia y trayectoria, cuya situación genera incertidumbre y malestar.

En ese sentido, remarcó la importancia de actuar con sensibilidad, diálogo y respeto, valorando el rol de quienes día a día sostienen la atención y el acompañamiento a los afiliados.

Durante su decimoprimera sesión del año y la 92° en la historia del organismo, el plenario del Órgano de Revisión de Salud Mental (ORSM) analizó la situación de la cobertura de prestaciones que brinda la Obra Social de Entre Ríos (OSER) a sus afiliados y afiliadas, junto a otros temas vinculados a las funciones y competencias del organismo, que funciona en la órbita del Ministerio Público de la Defensa.

La reunión se realizó el jueves 18 de diciembre y fue la última del año. Participaron el secretario ejecutivo del ORSM, Martín Cabrera; la secretaria de la Defensoría General, Lorena Calí; el director general de Salud Mental, Esteban Dávila; la directora general de Derechos Humanos, María Emma Bargagna; y representantes de organizaciones de la sociedad civil, entre ellos Analía Bressan, por la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y Brenda Fael y Norberto González, por la Asociación de Usuarios, Familiares y Amigos de la Salud Mental (Aufasam).

Durante el encuentro, los integrantes del plenario intercambiaron opiniones en torno a un informe remitido por las autoridades de OSER a pedido del Órgano y coincidieron en la necesidad de realizar aportes que permitan mejorar los niveles de accesibilidad de los beneficiarios a las prestaciones de salud mental. En ese marco, señalaron como aspectos prioritarios la actualización de los aranceles de las prestaciones de Psicología, la revisión de los porcentajes y tiempos de los reintegros, y la ampliación de la cobertura de servicios brindados por acompañantes terapéuticos, instituciones de abordaje de consumos problemáticos y cuidadores domiciliarios.

Asimismo, los integrantes del ORSM enfatizaron que lo que está en juego es la salud mental y el bienestar emocional de los trabajadores y trabajadoras estatales, incluyendo a quienes se desempeñan en áreas esenciales como salud pública, educación, fuerzas de seguridad y administración pública, todos ellos afiliados a la obra social provincial. Advirtieron además que las restricciones de acceso a las prestaciones podrían constituir actos discriminatorios y generar una situación de desventaja frente a afiliados y afiliadas de otras obras sociales, al tiempo que señalaron que estas dificultades provocan una migración de las demandas hacia el sistema público de salud.

Durante la sesión también se abordaron otros temas de relevancia, como el funcionamiento de la línea 135, el diálogo mantenido con autoridades del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) en relación con el Programa Contigo, y las intervenciones realizadas por el organismo en distintas instituciones de Entre Ríos que brindan atención en salud mental.

La Comisión Directiva de la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) se reunió este miércoles 5 de noviembre para analizar la situación económica derivada de los pagos parciales realizados por la Obra Social de Empleados Públicos (OSER). Según informaron desde la entidad, al 31 de octubre la obra social provincial abonó únicamente la mitad de las prestaciones médicas correspondientes al mes de agosto, generando una marcada preocupación entre los profesionales de la salud.

Ante este escenario, la FEMER resolvió enviar una nota formal a las autoridades de OSER para reclamar que se salden las sumas adeudadas en el menor tiempo posible. El objetivo, subrayaron, es evitar que la falta de pago afecte la continuidad y calidad de los servicios médicos brindados a los afiliados.

Desde la Federación indicaron que la demora en los pagos compromete seriamente la estabilidad económica de los profesionales, quienes deben afrontar costos crecientes en insumos y funcionamiento.

“Nos preocupa profundamente esta situación. Los médicos han cumplido con todas las prestaciones y necesitan percibir la totalidad de sus honorarios para poder sostener la atención a los afiliados”, expresaron fuentes de la entidad.

Asimismo, FEMER advirtió que, de no obtener una respuesta inmediata por parte de OSER, podría res resentirse la prestación de servicios médicos en distintos puntos de la provincia.

La Federación reiteró su voluntad de diálogo y su compromiso con la atención sanitaria, pero insistió en que es indispensable regularizar los pagos adeudados para no afectar la cobertura de los afiliados.