El Gobierno de Entre Ríos presentó este lunes una nueva propuesta salarial a los gremios estatales en el marco de la paritaria 2026. La oferta contempla un incremento del 6% en dos tramos, aunque tanto la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) solicitaron una mejora antes de avanzar hacia un acuerdo.

La reunión concluyó con el pase a un cuarto intermedio, cuya fecha será definida en los próximos días.

La propuesta del Poder Ejecutivo establece un aumento remunerativo del 3% con los haberes de julio y otro 3% con los salarios de septiembre. Además, plantea mantener la suma fija acordada durante la negociación paritaria de mayo.

Durante el encuentro, los representantes sindicales consideraron insuficiente la oferta y solicitaron al Gobierno revisar el porcentaje propuesto.

Ante ese planteo, las partes acordaron suspender momentáneamente la negociación para que el Ejecutivo evalúe la posibilidad de presentar una propuesta superadora.

Tras la reunión, el secretario de Gobiernos Locales y miembro paritario, Ricardo Vales, destacó la continuidad del diálogo entre el Ejecutivo y los sindicatos.

“Presentamos una primera propuesta y ambos gremios solicitaron un cuarto intermedio para que podamos analizar una mejora”, señaló.

El funcionario explicó que la oferta fue elaborada teniendo en cuenta la situación económica de la provincia y las posibilidades financieras del Estado.

“Consiste en un incremento remunerativo del seis por ciento, distribuido en dos tramos: un tres por ciento con los haberes de julio y otro tres por ciento con los haberes de septiembre”, precisó.

Además de la cuestión salarial, durante la reunión también se abordaron distintos planteos vinculados a las condiciones laborales en áreas de la administración pública provincial.

Vales confirmó que el pedido formulado por UPCN y ATE será analizado junto al Ministerio de Hacienda antes del próximo encuentro.

Desde el Gobierno señalaron que existe voluntad de ambas partes para continuar con las conversaciones y buscar un entendimiento.

La intención del Ejecutivo es volver a convocar a la mesa paritaria entre el miércoles y el inicio de la próxima semana, oportunidad en la que se dará una respuesta al planteo realizado por las organizaciones sindicales.

La negociación salarial se desarrolla en un contexto de desaceleración de la inflación, aunque los gremios sostienen la necesidad de que las actualizaciones permitan preservar el poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) resolvió profundizar su plan de lucha y convocó a un paro provincial de 24 horas para el próximo miércoles 1° de julio, jornada que estará acompañada por una movilización a la ciudad de Paraná.

La medida se enmarca en el conflicto que el gremio mantiene con el Gobierno provincial por la política salarial y por el proyecto de ley de reforma previsional que actualmente se encuentra en debate en la Legislatura.

A través de un comunicado, la conducción sindical convocó a docentes de los 17 departamentos entrerrianos a concentrarse en la capital provincial para reclamar una nueva convocatoria a paritarias y expresar su rechazo a las modificaciones propuestas para el sistema jubilatorio.

Desde Agmer sostuvieron que la protesta busca exigir "condiciones salariales dignas" y reiterar su rechazo al proyecto de reforma previsional, al que consideran perjudicial para los trabajadores activos y jubilados.

El paro anunciado se suma a otras medidas impulsadas por el sindicato durante las últimas semanas.

La semana pasada, Agmer también llevó adelante una jornada de huelga con actividades de protesta en distintos puntos de la provincia. En aquella oportunidad se realizaron concentraciones y volanteadas organizadas junto a centros de jubilados y organizaciones que integran la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones.

El gremio considera que el Ejecutivo debe reabrir la negociación salarial para actualizar los ingresos del sector docente frente al contexto inflacionario y, al mismo tiempo, reclama que el proyecto previsional no avance sin un mayor debate con los trabajadores y sus representantes.

La conducción sindical convocó a las seccionales departamentales a organizar la participación de los docentes en la movilización prevista para el miércoles en Paraná, con el objetivo de reforzar el reclamo frente a la Casa de Gobierno y la Legislatura provincial.

La protesta coincidirá con un momento clave del tratamiento legislativo del proyecto de reforma previsional, que continúa siendo analizado por las comisiones del Senado, donde especialistas, exfuncionarios y representantes de distintos sectores vienen exponiendo sus posiciones.

De este modo, el conflicto entre el Gobierno provincial y el principal gremio docente de Entre Ríos suma un nuevo capítulo, mientras los reclamos salariales y el debate sobre el futuro del sistema previsional siguen ocupando un lugar central en la agenda política y sindical de la provincia.

Durante una extensa jornada realizada en Rosario del Tala, el Congreso Provincial de Agmer resolvió facultar a su Comisión Directiva Central para impulsar las medidas gremiales que considere necesarias con el objetivo de recuperar la pérdida salarial acumulada por efecto de la inflación entre diciembre de 2025 y marzo de este año.

La resolución fue adoptada por delegados y delegadas de toda la provincia, quienes analizaron la situación económica que atraviesan los trabajadores de la educación y expresaron su preocupación por el deterioro del poder adquisitivo de los salarios docentes.

En ese marco, el máximo órgano deliberativo del gremio consideró prioritario avanzar en acciones destinadas a recomponer los ingresos del sector, ante lo que calificó como una pérdida salarial producida por el desfasaje entre los incrementos percibidos y la evolución de los precios durante los primeros meses del año.

Otro de los temas centrales del encuentro fue el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para modificar el sistema previsional entrerriano. El Congreso ratificó su rechazo a la iniciativa y sostuvo que la propuesta implica un retroceso para trabajadores activos y jubilados.

Los congresales también autorizaron a la conducción provincial del sindicato a desarrollar distintas acciones con el propósito de impedir el avance legislativo de la reforma, al considerar que afectaría derechos previsionales conquistados por los trabajadores estatales.

Por otra parte, Agmer manifestó su preocupación por la falta de cobertura de cargos de personal suplente en establecimientos educativos. En particular, cuestionó la ausencia de designaciones de ordenanzas y auxiliares de cocina, una situación que, según señalaron, impacta directamente en el funcionamiento diario de las escuelas.

Desde el gremio advirtieron que esta problemática repercute especialmente en el servicio alimentario escolar, ya que en algunos casos obliga a reemplazar comidas elaboradas por viandas frías, consideradas insuficientes desde el punto de vista nutricional, especialmente durante la temporada invernal.

Ante este escenario, el Congreso resolvió exigir al Gobierno provincial la cobertura inmediata de los cargos vacantes y denunciar públicamente las consecuencias que la falta de personal genera en la calidad de los servicios que reciben los estudiantes.

Las resoluciones adoptadas en Rosario del Tala marcan la continuidad de una agenda gremial centrada en la defensa del salario, el sistema previsional y las condiciones de funcionamiento de las escuelas públicas entrerrianas.

La docencia entrerriana volverá a manifestarse en las calles este viernes con un paro de 24 horas y una movilización provincial en Paraná. La medida fue confirmada por la conducción de Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), en el marco de un creciente conflicto con el gobierno provincial por cuestiones salariales y previsionales.

La jornada de protesta incluirá una marcha de antorchas que partirá a las 18 desde la Plaza 1º de Mayo y se dirigirá hacia la Casa de Gobierno de Entre Ríos. Desde el gremio anticiparon una importante convocatoria en lo que consideran una instancia clave de visibilización del reclamo docente.

El eje principal del reclamo está vinculado al rechazo del Decreto 500/26, una medida del Ejecutivo provincial que, según Agmer, establece sumas no remunerativas y posterga la discusión salarial hasta junio. Desde el sindicato manifestaron un fuerte malestar por la liquidación de haberes y denunciaron irregularidades en los pagos.

“Basta de jugar con nuestro dinero”, expresaron en un comunicado, en el que detallaron problemas como errores en los montos proporcionales, demoras en validaciones y la falta de conceptos como la escolaridad. “Cada centavo que falta en un recibo es salario que falta en una familia”, remarcaron.

Otro de los puntos centrales de la protesta es la defensa de la Ley 8732. Desde Agmer rechazaron cualquier intento de reforma impulsado por el gobierno provincial y advirtieron que los cambios propuestos podrían afectar tanto a trabajadores activos como jubilados.

Según sostienen, una modificación en los mecanismos de actualización salarial podría “desenganchar” los haberes jubilatorios de los salarios en actividad, lo que implicaría una pérdida progresiva del poder adquisitivo. En ese sentido, defendieron la vigencia del sistema actual, al que consideran garante de jubilaciones dignas bajo el esquema del 82% móvil.

La medida de fuerza también se inscribe en un contexto más amplio de debate sobre la educación pública a nivel nacional. Desde el gremio expresaron preocupación por proyectos de reforma impulsados desde el gobierno nacional, que —según indicaron— podrían impactar negativamente en el sistema educativo.

“Sin educación pública no hay futuro para todos”, señalaron desde Agmer, reafirmando su postura en defensa de la escuela pública y del rol del Estado en la garantía del derecho a la educación.

La marcha de antorchas prevista para este viernes se perfila como una de las manifestaciones más importantes del sector docente en lo que va del año, en medio de expectativas por una eventual respuesta del gobierno provincial que permita encauzar el conflicto.

Según se informó oficialmente, el aumento será liquidado mediante una complementaria de los haberes correspondientes a febrero, que se abonará en los próximos días. El esquema continuará aplicándose en los meses siguientes mientras se mantenga abierta la discusión salarial.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que se seguirá de cerca la evolución de la inflación, el comportamiento de la recaudación provincial y las posibilidades de nuevas mejoras salariales en el futuro.

La oferta presentada por el gobierno entrerriano contempla una serie de mejoras en los ingresos docentes.

Entre los principales puntos se destaca:

Además, se mantiene la suma remunerativa y bonificable de 25.000 pesos destinada a docentes con más de 10 años de antigüedad.

Desde el gobierno provincial remarcaron que la decisión de liquidar el aumento por decreto no implica cerrar la negociación, y ratificaron la voluntad de diálogo con los sindicatos docentes.

En ese marco, se informó que la discusión paritaria se retomará dentro de tres meses, cuando se evalúen nuevamente variables como la inflación, la evolución de los recursos provinciales y las posibilidades de otorgar una mejora salarial adicional.

También se indicó que, desde el inicio de la actual gestión, los salarios docentes han acompañado la inflación, incluso en un contexto en el que la recaudación provincial creció por debajo del índice de precios durante varios meses.

Al mismo tiempo, desde el Ejecutivo reconocieron que los ingresos del sector requieren mejoras estructurales acordes a la responsabilidad profesional, en un escenario económico que continúa siendo complejo.

Las autoridades provinciales señalaron que la política educativa no se limita a la cuestión salarial, sino que forma parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento del sistema educativo.

Entre las acciones implementadas se mencionan:

En ese contexto, desde el gobierno provincial destacaron que más de la mitad de las escuelas entrerrianas dictaron clases este lunes, a pesar de tratarse de una jornada afectada por un paro docente de alcance nacional.

El dato fue considerado relevante por las autoridades educativas, que señalaron que refleja un funcionamiento parcial del sistema educativo en medio del conflicto salarial mientras continúan las negociaciones con los gremios.

Tras el congreso realizado este lunes por la mañana, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), entidad de base de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), confirmó su adhesión al paro nacional docente y resolvió llevar adelante acciones locales y departamentales en el marco de la medida de fuerza.

La decisión se enmarca en la convocatoria a un paro de 24 horas dispuesto por Ctera para el lunes 2 de marzo, en reclamo de la convocatoria a la paritaria docente nacional, mayor financiamiento educativo y en rechazo al proyecto denominado Ley de Libertad Educativa que impulsa el Gobierno nacional.

Por la tarde, Agmer participó de la primera reunión paritaria del año junto a la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Unión Docentes Argentinos (UDA). Durante el encuentro, el Ejecutivo provincial presentó una propuesta salarial que no logró el aval de los gremios.

La oferta consistió en:

Tras analizar la propuesta, los sindicatos la rechazaron por considerarla insuficiente y se declararon en “estado de beligerancia”, figura contemplada en la Ley de Paritarias Docentes que obliga al Ejecutivo a volver a convocar a los representantes gremiales en un plazo no mayor a cinco días.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina resolvió el paro en un congreso extraordinario realizado el viernes pasado. La entidad, conducida por Sonia Alesso, definió un plan de acción que incluye no sólo el reclamo salarial sino también la discusión de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un aumento urgente del presupuesto destinado al área.

Durante el encuentro, se reiteró además el rechazo a “toda reforma laboral regresiva y al avance de proyectos que promuevan la mercantilización de la educación”, así como la exigencia de condiciones dignas de trabajo, mejoras en infraestructura escolar, recursos pedagógicos adecuados, conectividad y la defensa de los regímenes jubilatorios docentes.

En relación con el proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el presidente Javier Milei, la central sindical anunció que durante todo el mes de marzo impulsará acciones para “informar y esclarecer a la comunidad sobre el verdadero significado de este proyecto y las consecuencias que implicaría para la educación pública”.

Por su parte, los sindicatos docentes enrolados en la CGT, encabezados por la Unión Docentes Argentinos (UDA), advirtieron que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si el Gobierno no convoca a paritarias”, y remarcaron la “grave situación presupuestaria que atraviesa la educación pública”.

En la sede de la Seccional San Salvador de AGMER se llevó a cabo este viernes un encuentro provincial de secretarios y secretarias de Educación de las distintas seccionales departamentales del gremio docente entrerriano. La jornada fue convocada por la Secretaría de Educación de la Comisión Directiva Central y contó con la participación de integrantes de la conducción provincial y vocales sindicales.

La reunión se desarrolló en un contexto marcado por el debate en torno a las políticas educativas nacionales y a pocas semanas del inicio del ciclo lectivo, con el objetivo de unificar criterios y fortalecer el trabajo organizativo en el territorio.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el análisis del proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional, denominado “Libertad Educativa”, que propone modificaciones a la Ley Nacional de Educación vigente.

Durante la primera parte de la jornada, los y las participantes realizaron un abordaje crítico de la iniciativa, intercambiando miradas y evaluando sus posibles implicancias en el sistema educativo. El objetivo fue avanzar en la elaboración de un posicionamiento institucional frente a la propuesta, en defensa de la educación pública y de los derechos laborales del sector docente.

Posteriormente, se desarrolló un espacio de intercambio con el vocal representante de los trabajadores de la educación en el Consejo General de Educación de Entre Ríos, Gustavo Blanc, junto a vocales por AGMER en el Jurado de Concursos y en el Tribunal de Disciplina.

El diálogo estuvo orientado a coordinar criterios y organizar el trabajo de cara al comienzo del ciclo lectivo, abordando situaciones administrativas y pedagógicas que suelen intensificarse en esta etapa del año.

Entre los temas tratados se incluyeron aspectos vinculados al asesoramiento a afiliadas y afiliados en materia de concursos en los distintos niveles educativos, la confección del concepto docente y otras cuestiones relevantes para la carrera profesional.

Desde el gremio destacaron que la reunión permitió reforzar la articulación entre las seccionales departamentales y la conducción provincial, consolidando espacios de intercambio y planificación conjunta.

El encuentro se inscribe en un escenario de debate sobre el rumbo de las políticas educativas a nivel nacional y provincial, y reafirma el compromiso de la organización sindical de sostener una participación activa en la discusión pública, al tiempo que se prepara para acompañar a la docencia entrerriana en el inicio de un nuevo año escolar.

Durante el Congreso Extraordinario que sesionó este jueves en Villaguay, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) resolvió declararse en estado de alerta y movilización, ante la falta de respuesta del gobierno provincial a los múltiples reclamos del sector docente.

El gremio exige la inmediata convocatoria a paritarias para abordar condiciones laborales e infraestructura educativa, y rechaza la reciente Resolución Nº 1431/25 del Consejo General de Educación (CGE), que limita la realización de asambleas durante la jornada laboral.

Entre los temas urgentes que Agmer solicita debatir en mesa paritaria se incluyen: el mantenimiento edilicio, la adecuación tecnológica, la provisión de insumos y materiales didácticos, la titularización y estabilidad en suplencias, la carga horaria, las políticas de formación docente y acciones ante temperaturas extremas para resguardar la salud laboral.

Por otra parte, el Congreso rechazó enfáticamente la creación de la nueva obra social provincial (OSER), entendiendo que esta iniciativa “despoja a los trabajadores del control sobre su sistema de salud”. En ese sentido, el sindicato responsabilizó al gobierno entrerriano y a la Legislatura por las consecuencias que la medida pueda generar en miles de familias.

Asimismo, Agmer repudió el cierre de centros educativos, por considerar que se vulnera el derecho a la educación y se afectan las condiciones laborales, y exigió el pago inmediato a los equipos de Orientación Pedagógica del Plan de Alfabetización, junto con la regularización del envío de partidas para comedores escolares y el servicio de transporte estudiantil.

Finalmente, el Congreso denunció el incumplimiento del acuerdo paritario firmado el pasado 6 de marzo, en lo que respecta al Boleto Docente y la conformación de la Comisión de Nomenclador.

Desde la conducción gremial señalaron que continuarán en estado de alerta y movilización, “en defensa de los derechos de trabajadores y trabajadoras de la educación, y de una escuela pública digna para todos”.

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) culminó una intensa semana de acciones gremiales con una multitudinaria asamblea realizada este viernes frente a Casa de Gobierno, en Plaza Mansilla. El sindicato instaló una carpa como símbolo de su reclamo y reunió a trabajadores estatales de diferentes áreas y localidades de Entre Ríos, en un cierre cargado de consignas, unidad y definiciones políticas y gremiales.

Durante cinco días consecutivos, el gremio llevó adelante actividades para visibilizar los conflictos que atraviesan distintos sectores de la administración pública provincial. Cada jornada tuvo un eje temático: el lunes se abrió con la interpretación del Himno Nacional por parte de la Orquesta Sinfónica como protesta simbólica; el martes, la discusión giró en torno a la nueva obra social (OSER); el miércoles, los protagonistas fueron los trabajadores del Consejo General de Educación (CGE); y el jueves, los del Copnaf (Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia).

La jornada de este viernes fue el broche de oro con una asamblea general que dejó fuertes mensajes. La Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez, fue una de las voces principales: “Como trabajadores del Estado tenemos una responsabilidad, que es cuidar el Estado. Y lo hacemos estando unidos, organizados y luchando por lo que nos corresponde”.

Por su parte, la Secretaria Gremial, Cristina Melgarejo, advirtió: “Nos esperan meses más difíciles. La situación en la provincia no es buena y tenemos un desquiciado que nos gobierna en la nación. Pero lo único que nos va a salvar es la unidad y la organización”.

Durante la asamblea se sucedieron diversas intervenciones de dirigentes y referentes sectoriales:

Luis Aguilar, delegado de Gualeguaychú, instó a no bajar los brazos: “Si nos dividimos, en vez de trabajadores vamos a ser esclavos”.

Desireé Scaglione, referente de Juventud, destacó el rol del gremio en la defensa del proyecto de OSER, donde “logramos que se mantenga la solidaridad y las prestaciones”.

Adriana Satler, Secretaria de Capacitación, subrayó que “la formación no es un lujo sino una herramienta de lucha”.

Ignacio Lozano, de la rama profesional, señaló que “UPCN es el único gremio que pelea por el convenio colectivo de trabajo”.

Noelia Bertín, Secretaria de Organización, mencionó nuevos conflictos que podrían sumarse en los próximos días.

Mariana Godoy, delegada del Copnaf, denunció que el recorte de horas extras perjudica gravemente al salario de los trabajadores que sostienen las políticas de niñez.

Mimí Zamboni, Secretaria de Educación, reclamó por la recategorización de auxiliares de escuelas privadas: “No vamos a bajar los brazos”.

José Luis Servín, del departamento Federal, sostuvo: “No nos dejemos doblegar. Después de la lucha viene la victoria”.

Además, Eugenia Valle (Iafas), Solange Ochoteco (Registro de la Propiedad Inmueble) y Jorgelina Berta (Hospital San Roque) expusieron situaciones críticas en sus respectivos organismos, reiterando que no aceptarán ser “la variable de ajuste”.

Domínguez cerró la jornada anticipando que la lucha continúa en el plano institucional y paritario: “Las batallas no solo se ganan en la calle. Vamos a la mesa de negociación por todos los trabajadores del Estado. No vamos a permitir que se precarice el empleo ni que se recorten derechos”.

La dirigente también informó que el Secretario General, José Allende, no pudo estar presente porque se encontraba firmando la escritura de un inmueble adquirido por el gremio en Villaguay, donde funcionará una nueva sede sindical y un instituto de formación.

Finalmente, alertó sobre el contexto nacional: “Milei viene por los derechos sindicales y por el ajuste en las provincias. No dejemos que ese pensamiento llegue a Entre Ríos”.

La asamblea se cerró entre aplausos, con un llamado a seguir organizados, en estado de alerta y con el compromiso de sostener la unidad como bandera frente a los tiempos difíciles.

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) anunció este jueves 5 de junio su decisión de declararse en estado de alerta y movilización ante el inminente recorte del 25% en las horas extras que implementaría el Gobierno provincial, medida que el gremio considera “un ajuste salarial encubierto”. El secretario general de UPCN Entre Ríos, José Allende, brindó una conferencia de prensa donde expresó con firmeza su rechazo a la decisión oficial y advirtió sobre posibles medidas de fuerza si no se alcanza un acuerdo en la reunión que se realizará esta tarde con funcionarios de la Casa Gris.

Según expresó Allende, la reducción de las horas extras y la baja de suplencias representan un golpe directo al bolsillo de los trabajadores estatales. "Las horas extra son un componente salarial en muchos sectores, porque fueron acordadas en paritarias para compensar la falta de blanqueo salarial. Lo que ahora quieren quitar fue discutido y convenido", enfatizó.

Además, el gremialista vinculó esta avanzada provincial con una estrategia nacional: “Hay un apriete de Nación hacia las provincias y tenemos que estar unidos, solidarios e informados para que los ajustes que se hagan no recaigan sobre los trabajadores”. Aseguró que se trata de un “efecto contagio” del plan de recortes que impulsa el presidente Javier Milei y sostuvo que el sindicato “no va a permitir que ajusten los salarios”.

En relación con las horas extras, Allende explicó que muchas veces estas no responden a una prestación efectiva adicional, sino que forman parte del ingreso habitual del trabajador. “Este sistema se implementó como una forma encubierta de incremento salarial, ante la falta de acuerdos para aumentos reales. Además, en la paritaria del año pasado se había consensuado ir regularizando este mecanismo y trasladarlo al salario básico de forma progresiva”, recordó.

El dirigente también se refirió a la suspensión de las suplencias extraordinarias, particularmente en el ámbito de la salud, y advirtió: “Se les llama suplentes, pero en realidad están cubriendo funciones permanentes. Si se dan de baja esas suplencias, directamente el servicio deja de funcionar”.

UPCN informó que esta tarde se reunirá con el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, y autoridades de la Secretaría de Trabajo, con el objetivo de frenar la medida. No obstante, Allende advirtió que, de no haber un acuerdo, el lunes comenzará una “semana de lucha” frente a la Casa de Gobierno, con protestas y medidas en las distintas reparticiones estatales. Además, adelantó que evalúan la posibilidad de llevar el caso a la Justicia: “Tenemos todos los antecedentes para demostrar que el pago de horas extras es parte de un acuerdo que no puede ser desconocido”.

Con un escenario de tensión creciente, la situación plantea un nuevo foco de conflicto entre los gremios estatales y el Gobierno provincial. Desde UPCN, aseguran que no cederán ante decisiones unilaterales que afecten el salario y las condiciones laborales de los empleados públicos.

Este lunes 2 de junio, por la tarde, comenzó en la Cámara de Diputados de Entre Ríos el tratamiento del proyecto de ley del Poder Ejecutivo que propone la creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado y que implica la eliminación del actual Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper).

El plenario de comisiones fue encabezado por los presidentes de Salud Pública, Legislación General y Hacienda, Presupuesto y Cuentas: Silvio Gallay, Marcelo López y Bruno Sarubi, respectivamente. La reunión se llevó a cabo en el recinto legislativo y fue transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Cámara baja, garantizando el acceso público al debate.

Durante la jornada, los legisladores escucharon a representantes de distintos sindicatos del sector público y de organizaciones de jubilados, quienes manifestaron sus opiniones respecto al proyecto. “Fue una reunión extensa, con muchos invitados, en dos tandas. En la primera participaron gremios no nucleados en la Intersindical, así como jubilados y pensionados autoconvocados. Luego recibimos a la Intersindical en su conjunto”, explicó el diputado Marcelo López.

El legislador agregó que todas las entidades invitadas hicieron uso de la palabra y que posteriormente los diputados pudieron formular observaciones y preguntas. Además, adelantó que el debate continuará este martes desde las 8:30, también con transmisión en vivo, y contará con la presencia de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos y autoridades de la intervención del Iosper, quienes responderán a los cuestionamientos de los legisladores.

En la primera parte de la jornada estuvieron presentes representantes de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación del Personal Superior (APS) de la Municipalidad de Paraná, Jubilados Autoconvocados y el Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (Suoyem).

Posteriormente participaron las entidades que integran la Intersindical: la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (APLER), la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato de Empleados de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Seosper), y el Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales del Departamento Paraná.

Entre quienes tomaron la palabra se encuentran Alejandra Levrand (APS), Daniel Ruhl (Jubilados Autoconvocados), Fabricio Gómez (Suoyem), Carina Domínguez (UPCN), Víctor Sartori y Mariela Udrizard (ATE), Marcelo Pagani (AGMER), Sergio Almeida (APLER), José María Segura (AJER), Carlos Fontana (AMET), Horacio Rodríguez (Seosper) y Gabriel Molina y Nancy Asselborn (Centro de Jubilados y Pensionados).

Cada uno de los representantes expuso sus preocupaciones y sugerencias en torno a un proyecto que, de ser aprobado, implicará una reestructuración profunda en el sistema de salud pública de la provincia, afectando directamente a más de 300.000 afiliados.

Con múltiples voces en juego y una fuerte expectativa por parte de los sectores involucrados, el debate legislativo promete continuar con intensidad en los próximos días, en el marco de una discusión que toca aspectos clave del sistema de salud y la seguridad social entrerriana.

Este lunes por la mañana, en la sede de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) en Paraná, la Intersindical en Defensa del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) brindó una conferencia de prensa en la que anunció un paro y movilización para el próximo miércoles, en rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno provincial que propone disolver el organismo.

El secretario general de Agmer, Marcelo Pagani, fue el primero en tomar la palabra y respondió a recientes declaraciones del ministro de Gobierno, Manuel Troncoso. “Queremos un debate en serio, no chicanas ni confundir a la gente como lo hace el Gobierno a través de las redes sociales”, expresó. Afirmó que el petitorio presentado por la Intersindical a las autoridades provinciales constituye un derecho constitucional y rechazó que se trate de un acto violento. “Las máximas autoridades deben aceptar que los trabajadores vamos a presentar nuestras demandas ante ellas”, subrayó.

Pagani insistió en la necesidad de un diálogo real con contenido, y no basado en generalidades. “No queremos discursos vacíos como ‘irregularidades’, ‘corrupción’, ‘chorros’, ‘déficit estructural’. No hay un solo punto del Gobierno que responda a lo que nosotros estamos planteando”, señaló. Además, manifestó su preocupación por los aspectos no contemplados en el proyecto oficial, especialmente en lo que respecta al funcionamiento de las prestaciones, las afiliaciones y la continuidad laboral del personal.

En esa línea, el dirigente reclamó que si existen sospechas de corrupción, sea la Justicia quien actúe. También criticó la posible intervención del Iosper, a la que calificó como “una prueba piloto”. Finalmente, confirmó que el gremio docente realizará un paro este miércoles en el marco de la medida impulsada por la Intersindical.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Empleados de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Seosper), Horacio Rodríguez, ratificó el rechazo del gremio al proyecto desde su presentación inicial. “Exigimos que se establezcan reglas claras y que se escuche a los trabajadores”, indicó. A su vez, confirmó la adhesión de Seosper al paro del miércoles, y garantizó que se mantendrán guardias mínimas para la atención de los afiliados.

Otro de los oradores fue Oscar Muntes, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), quien reconoció que es necesaria una actualización de la ley vigente, pero advirtió sobre los riesgos del actual proceso de modificación. “Se pueden introducir elementos peligrosos”, alertó, y remarcó que el hecho de que el proyecto esté siendo modificado evidencia que “lo que dice el Gobierno provincial no va a ser ley”. También expresó su preocupación por la posible pérdida del principio de solidaridad que sustenta al sistema. “¿Cómo no vamos a considerar esto como un problema si el Gobierno nacional dinamitó la economía del país?”, cuestionó.

Muntes llamó a marchar este miércoles en defensa del Iosper y aseguró la participación de ATE en el paro convocado por la Intersindical.

Consultados sobre la adhesión de otros sectores, representantes de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) confirmaron que están manteniendo reuniones con delegados de toda la provincia para definir acciones, pero expresaron su respaldo a lo trabajado por la Intersindical. “Nos preocupa especialmente preservar el principio de solidaridad de la obra social”, destacaron.

También anunciaron su adhesión al paro el Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná, la Asociación del Personal Superior de la Municipalidad de Paraná (APS), y jubilados nucleados en ATE.

La Intersindical en Defensa del Iosper está conformada por los siguientes gremios y organizaciones:

Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)

Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer)

Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER)

Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (Apler)

Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram)

Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET)

Sindicato de Empleados Públicos de Entre Ríos (Seper)

Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem)

Sindicato de Empleados de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Seosper)

Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales

Además, se suman agrupaciones de trabajadores activos y jubilados como la organización Dignidad (de policías retirados), el Centro de Jubilados Docentes, y la Comisión de Cesanteados de la Dictadura Cívico-Militar, entre otros.

En una conferencia de prensa realizada en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), referentes sindicales de ATE, AGMER, las CTA y diversos movimientos sociales que integran la Multisectorial anunciaron detalles de la jornada de lucha de 36 horas que se desarrollará en todo el país. La medida se llevará a cabo este miércoles y mañana jueves como un contundente rechazo al "plan de ajuste sobre los trabajadores y los jubilados" implementado por el gobierno nacional.

El secretario general de ATE, Oscar Muntes, fue el encargado de abrir ayer martes por la mañana la conferencia y agradeció la presencia de la prensa y de las distintas organizaciones participantes, entre ellas la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma y de los Trabajadores, la Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).

Muntes ratificó que la jornada de lucha comenzará este miércoles con una volanteada en las inmediaciones del Túnel Subfluvial a partir de las 10 de la mañana. "Es para contarle a las personas la realidad social y económica que estamos viviendo en nuestro país", expresó. Además, informó que se distribuirá un documento elaborado por la Multisectorial: "Es muy importante para nosotros, porque muestra la unidad de la clase trabajadora en estos momentos tan difíciles".

El dirigente también destacó la importancia del paro general de 24 horas previsto para el jueves. "Necesitamos contundencia para pararle la mano al presidente Javier Milei y que no siga avanzando con su plan económico", sostuvo.

Por su parte, el secretario de prensa de la CGT Paraná, Darío Marengo, confirmó que 60 sindicatos se sumarán a la medida, con la excepción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que se encuentra bajo conciliación obligatoria a nivel nacional. "Vamos a tener una adhesión muy importante en la ciudad de Paraná y en toda la provincia", afirmó. En relación con el posible acatamiento del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), señaló que la decisión se definirá durante el día.

Además, Marengo señaló que pequeños comercios y emprendedores también podrían adherirse: "Las pymes están atravesando una situación económica muy crítica, por eso el paro se va a sentir en otros sectores. Pedimos que nos acompañen en esta medida, que no se toma todos los días".

En cuanto a las consignas que impulsan la protesta, Marengo resaltó que la principal es "La Patria no se vende, se defiende". "Esto va más allá de lo gremial; se trata de los trabajadores y los jubilados, afectados por una política económica de ajuste y miseria que destruye la matriz productiva", afirmó. También recordó los paros generales que la CGT llevó a cabo en enero y mayo: "Un paro nacional no se hace todos los días. Es importante que la gente entienda que esto es ir en contra de los intereses que defiende este gobierno, que son los intereses extranjeros. Por eso es necesario que estemos todos unidos como argentinos".

Entre los principales reclamos se destacan la defensa de la producción y la industria nacional, la reactivación de la obra pública, el aumento de emergencia a los jubilados, la provisión de alimentos para los comedores y un mayor presupuesto para educación y salud.

A nivel provincial, Muntes señaló que el gobernador Rogelio Frigerio "acompaña las políticas nacionales". "Si bien no adhirieron al protocolo de Bullrich, consideramos que facilitaron el voto positivo a leyes antipueblo junto con los legisladores", sostuvo.

Finalmente, los gremios convocaron a la sociedad a sumarse a la movilización de este miércoles en el Túnel Subfluvial y al paro nacional de mañana jueves, con el objetivo de manifestar el rechazo a las políticas de ajuste y en defensa de los derechos laborales y sociales en Argentina.

El informe titulado "El paro 45 a Javier Milei: comparación y análisis de los paros generales desde la vuelta a la democracia", elaborado por Marcelo Bermolén, director del Observatorio de la Calidad Institucional (OCI) y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, analiza la actividad sindical frente a distintos presidentes según su filiación política. El documento destaca que Milei se convierte en el presidente que sufre el tercer paro más rápido en democracia, a los 487 días de iniciada su administración, solo superado por Fernando de la Rúa y Raúl Alfonsín.

Uno de los datos más llamativos es que, a pesar de ser el tercer presidente con un paro general más rápido, Milei también posee el mayor intervalo de tolerancia sindical entre el segundo y tercer paro, con 334 días. En comparación, De la Rúa enfrentó su tercer paro a los 35 días del segundo, Alfonsín a los 98 días, Cristina Fernández de Kirchner a los 140, Mauricio Macri a los 189 y Carlos Menem a los 262.

El informe incorpora un nuevo indicador denominado "paros generales por mes calendario desde el retorno de la democracia", que revela que abril es el mes récord de paros, con seis medidas de fuerza aplicadas a seis presidentes electivos diferentes: Alfonsín, Menem, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Macri y Milei. A su vez, mayo y septiembre también registran seis paros cada uno, pero abril se destaca por su equidad en la distribución entre mandatarios peronistas y no peronistas.

Otra conclusión relevante es la persistente mayor beligerancia sindical hacia los gobiernos no peronistas. De los 45 paros generales llevados a cabo en 41 años de democracia, 29 se concentraron en cuatro presidentes no peronistas (Alfonsín, De la Rúa, Macri y Milei) durante 13 años de gobierno, mientras que solo 16 paros se realizaron contra cinco presidentes peronistas en 28 años de gestión. En términos porcentuales, esto significa que el 64,5% de los paros fueron contra gobiernos no peronistas y el 35,5% contra gestiones peronistas.

Bermolén señala que la Confederación General del Trabajo (CGT) mantiene una conducta histórica de mayor oposición a las administraciones no peronistas, mientras que con los gobiernos peronistas exhibe una actitud más tolerante o incluso de colaboración. Según el informe, los gobiernos no peronistas soportan en promedio 7,25 paros por gestión, mientras que los gobiernos peronistas registran 2,29 paros por gestión.

En cuanto a la cantidad de paros por año de gobierno, los no peronistas han experimentado un promedio de 2,23 paros anuales (durante 13 años), mientras que los gobiernos peronistas registraron 0,57 paros por año (en 28 años). En otras palabras, el sindicalismo realizó un paro cada dos años a presidentes peronistas y más de cuatro paros cada dos años a presidentes de signo opuesto.

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Bermolén también contextualiza el tercer paro general contra Milei dentro de un clima de alerta social y de incertidumbre económica y política. Factores como el escándalo del $Libragate, la designación de jueces en comisión para la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), el rechazo del Senado a dichos pliegos, y las decisiones del Ejecutivo de otorgarse facultades extraordinarias para renegociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) han creado un escenario propicio para el fortalecimiento de la oposición sindical.

Finalmente, el informe sugiere que este paro también tiene una lectura electoral. "El despertar sindical ocurre en un año donde se definirá la consolidación del modelo mileísta o el resurgimiento opositor con miras a 2027", concluye Bermolén.

El secretario adjunto del Sindicato de Dragado y Balizamiento a nivel nacional, Hugo Godoy, confirmó que el próximo 10 de abril se llevará a cabo un paro de 24 horas con cese total de actividades y movilización al Congreso de la Nación. "No somos para nada optimistas porque tenemos un gobierno que no apuesta al diálogo", sentenció el dirigente sindical, quien también criticó a la oposición por "no estar a la altura de las circunstancias".

La medida de fuerza se enmarca en un plan de lucha definido por el Consejo Directivo de la CGT, que contempla una serie de actividades previas al paro general. Entre ellas, se destaca la reunión del 21 de marzo con organizaciones de Derechos Humanos, la participación en la movilización por el Día de la Memoria el 24 de marzo y un plenario con delegaciones regionales de la CGT el 27 de marzo. "Es importante porque vamos a darle participación a las regionales del interior para que se expresen", destacó Godoy. Finalmente, el 9 de abril se iniciará una jornada de protesta con movilización en defensa de los salarios y los jubilados, culminando con el paro del día siguiente.

El dirigente sindical cuestionó con dureza la falta de diálogo por parte del Gobierno de Javier Milei. "Creo que la CGT se ha manejado con mucha prudencia en este año, respetando la decisión de la gente que votó un cambio, pero este cambio no llega. Lo único que pasa es que vuelven a perder los que siempre han perdido: los trabajadores y los jubilados".

En este sentido, hizo hincapié en la situación de los jubilados, asegurando que el problema no se origina solo en la actual gestión. "Hace más de 20 años que todos los gobiernos han hecho macanas con los jubilados. Todos les han metido la mano en el bolsillo, sin importar el color político", remarcó.

Godoy también cuestionó el accionar del Congreso Nacional, calificando de "bochornoso" la forma en que se negocian las leyes. "Se sigue arreglando por debajo de la mesa para votar leyes que van contra el pueblo, los trabajadores y los jubilados. Y esto lo vamos a terminar pagando nosotros".

Asimismo, admitió errores dentro del sindicalismo y llamó a una reflexión interna. "No es solo la política, nosotros como dirigencia sindical también debemos hacer una autocrítica. No son los trabajadores los que cometen errores, sino sus dirigentes. Hoy nos toca estar al frente de una lucha justa y necesaria", subrayó.

El referente gremial resaltó la importancia de defender los derechos previsionales y convocó a una acción unificada. "Podés ser kirchnerista, peronista, radical, del PRO o libertario, pero todos, tarde o temprano, vamos a ser jubilados. Y nadie puede resignar esa bandera", enfatizó.

En cuanto a la necesidad de continuar con el plan de lucha, Godoy destacó que "con un paro solo no se arregla nada, pero es un llamado de atención al gobierno". Además, aseguró que no buscan que Milei fracase: "Queremos que el país no fracase, pero nos están llevando de la nariz a otro desastre. Lo pagan los que salen a laburar todos los días y los jubilados que ya no pueden comprar remedios".

Consultado sobre la economía, el dirigente descartó cualquier señal de reactivación y aseguró que la baja inflacionaria se debe a la recesión. "¿Cómo no va a bajar la inflación si no hay consumo porque la gente no tiene dinero? Esto ya lo vivimos y terminó en fracaso. El gobierno solo tiene para mostrar una inflación mentirosa".

Finalmente, cuestionó la falta de renovación en la dirigencia política y sindical. "Los partidos tienen mucha responsabilidad. No puede ser que sigan las mismas figuras que nos llevaron a este fracaso. Necesitamos nuevos dirigentes y una participación activa de los trabajadores para exigir respuestas".

El CCVIII Congreso Extraordinario de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), que sesionó este viernes 28 de febrero, resolvió aceptar la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial, aunque la declaró insuficiente y la condicionó a una serie de requisitos que no fueron contemplados en la negociación paritaria.

Entre las condiciones establecidas, el Congreso de AGMER exigió que todos los puntos de incremento sean retroactivos al mes de febrero de 2025 y que la base de cálculo de los aumentos salariales se actualice en los meses de marzo, agosto y noviembre de este año. Además, se demandó la continuidad de los trabajos en la Comisión de Nomenclador con el objetivo de corregir las distorsiones del escalafón docente en el menor tiempo posible.

Uno de los puntos centrales de la resolución fue el pedido de que la paritaria continúe abierta, permitiendo futuras negociaciones ante eventuales modificaciones en las condiciones económicas. Asimismo, se requirió la inclusión en la pauta salarial de un monto remunerativo y bonificable que beneficie a todos los docentes con menos de 10 años de antigüedad.

La decisión del Congreso de AGMER refleja la preocupación del sector docente por alcanzar un acuerdo que contemple de manera integral las necesidades del gremio, asegurando mejoras salariales que acompañen la evolución de la inflación y las condiciones laborales en la provincia.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) expresó su rechazo a la reciente decisión del Consejo General de Educación (CGE) de no revocar la Resolución 2771/24, y anunció que acudirá a todas las instancias necesarias para desestimar dicha normativa. La vocal gremial de Agmer en el CGE, Susana Cogno, emitió un comunicado que fue respaldado por la Comisión Directiva Central (CDC) del sindicato, en el que se reafirma la lucha por los derechos de las y los docentes de la provincia.

La vocal explicó que la solicitud de revocatoria presentada por Agmer ante el CGE fue rechazada, lo que llevó al sindicato a reforzar su postura de continuar su reclamo a nivel provincial y nacional. En su comunicado, Cogno denunció que la Resolución 2771/24 y su Circular 14/24, emitidas el 17 de octubre, son medidas que "atentan directamente contra los derechos de los trabajadores docentes", y que el CGE busca mediante estas normativas "perseguir y sobrecargar de tareas administrativas a los docentes", generando un ambiente de mayor malestar en el sector.

Ya en septiembre, Agmer había calificado estas disposiciones como "prácticas persecutorias" que buscaban atacar la contundente huelga docente. En esta nueva etapa del conflicto, ante la negativa del CGE a revertir la resolución, la vocal adelantó que “se recurrirá a todas las instancias necesarias para que se desestime esta normativa”.

Cogno criticó la actitud del CGE, señalando que, mientras públicamente se habla de fomentar el diálogo, "fuera de las cámaras persiguen, aprietan e intentan amedrentar", lo que, en su opinión, no facilita una salida negociada del conflicto, sino que lo profundiza. Además, destacó que ya han comenzado a recibir las respuestas de las más de 15.000 revocatorias y manifestaciones de apoyo presentadas por docentes de toda la provincia.

La CDC de Agmer compartió la postura de Cogno al recordar que la lucha por los derechos docentes y la defensa del derecho a la educación están consagrados en la Constitución Nacional y Provincial, así como en la Ley Provincial de Educación y el Estatuto del Docente Entrerriano. "Este es solo un paso administrativo en el marco de esta lucha", enfatizó Cogno.

La vocal aseguró que, pese a la decisión del CGE de intensificar el conflicto, Agmer continuará garantizando "todas las instancias y tiempos previstos en las normativas". Asimismo, reafirmó que su rol como vocal gremial es representar a toda la docencia entrerriana, un cargo que se ejerce tras la aprobación del Senado y cumpliendo con los requisitos establecidos.

Cogno también hizo un llamado a defender el sistema educativo público, subrayando que en medio de la profunda crisis educativa que atraviesa la provincia, es fundamental proteger a cada escuela, docente, estudiante y comunidad. "Cada trabajador y cada comunidad conocen el sacrificio y el respeto a la tarea", añadió.

Finalmente, tanto la vocal gremial como la CDC reafirmaron su compromiso con la lucha docente, y expresaron que continuarán reclamando en defensa de la carrera docente, el escalafón y el salario digno. “Docentes, directivos y supervisores seguiremos en nuestro reclamo en defensa de la carrera, el escalafón y el respeto que como trabajadores nos merecemos”, concluyó el comunicado.

¿Qué tanto mejor o peor que en 2002 están los guarismos de la economía nacional en el presente? La respuesta podría situarnos con más claridad a qué profundidad estamos en el pozo.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció que a partir del 10 de octubre se realizará el pago por planilla complementaria del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y el ítem de Conectividad para el personal docente. Esta medida fue confirmada tras la conferencia de prensa del último martes, donde el mandatario detalló la implementación de estos pagos luego de finalizada la conciliación obligatoria con los gremios docentes.

Frigerio también informó que el bono extraordinario que venía percibiendo el personal docente se abonará por última vez este mes. A partir de noviembre, dicho bono será incorporado al salario como una suma remunerativa y bonificable. Este cambio responde al acuerdo alcanzado con los sindicatos docentes tras la publicación del decreto provincial número 2.301/24, que se emitió después de la liquidación de los haberes correspondientes a septiembre, lo que motivó el pago por planilla complementaria.

Aunque el incentivo sigue siendo conocido como Fonid, es importante destacar que, desde enero de este año, el gobierno de Entre Ríos asumió la responsabilidad de esta compensación, que anteriormente estaba a cargo de la Nación. El Fonid, originalmente implementado por el gobierno nacional como un estímulo económico para los docentes, fue suprimido en el inicio de 2024, y desde entonces es la provincia la que ha cubierto esta erogación con fondos propios.

El pago del Fonid y el ítem de Conectividad forma parte de la última propuesta salarial presentada por el gobierno provincial a los gremios docentes. Este acuerdo incluye una recomposición salarial del 6,55% remunerativa durante los próximos tres meses, con ajustes mensuales atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Asimismo, se implementará un aumento en la movilidad docente, elevando el tope de distancia a 80 kilómetros.

Otra medida clave de la propuesta es la inclusión de una cláusula que garantiza que el salario de bolsillo del personal docente se mantendrá, al menos, un 10% por encima del costo de la canasta básica familiar para un hogar de cuatro personas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La administración de Rogelio Frigerio destinará un total de 70.000 millones de pesos para cubrir estas medidas hasta fin de año. Esta cifra refleja el compromiso del gobierno de Entre Ríos para sostener el poder adquisitivo de los docentes, en un contexto económico marcado por la inflación y las crecientes demandas del sector educativo.

La reciente decisión del gobernador Rogelio Frigerio de restituir el Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y el ítem de Conectividad con fondos provinciales ha colocado a Entre Ríos en un grupo selecto de provincias que asumen la responsabilidad que el gobierno nacional ha abandonado. Esta medida tiene como objetivo aliviar el impacto de la inflación y las dificultades económicas en los salarios de los docentes, lo que exigirá un esfuerzo financiero significativo.

El gobernador Frigerio destacó que la restitución del Fonid, junto con los aumentos salariales otorgados, demandará aproximadamente 70.000 millones de pesos del presupuesto provincial hasta fin de año. "Esto se hace con un enorme esfuerzo de todos los entrerrianos, porque estamos sacando de otro lugar los fondos que necesitamos para cumplir con este aumento", afirmó, subrayando que "la educación es una prioridad para esta gestión".

Frigerio también advirtió que esta decisión se enmarca en un contexto de escasez de recursos, mencionando que la provincia no tiene acceso a crédito y está atravesando "el peor momento de la historia en términos de ingreso para el Estado". Sin embargo, reafirmó la importancia de priorizar la educación y recomponer el salario docente, a pesar de las limitaciones financieras.

El mandatario enfatizó la importancia del diálogo con los gremios docentes, instando a que las negociaciones se realicen dentro del aula. "Lo único que estamos pidiendo es que las negociaciones y el diálogo, que nunca se cortó con los gremios docentes, se hagan con los alumnos dentro de la clase", declaró. Frigerio dejó claro que los docentes no pueden esperar a que los gremios lleguen a un acuerdo, y que es responsabilidad del gobierno gestionar de manera eficiente los recursos destinados a mejorar el poder adquisitivo de los salarios.

Consciente de la crisis educativa actual, Frigerio mencionó que en las próximas semanas se harán públicas las evaluaciones sobre el estado del sistema educativo, las cuales describió como "dramáticas". "Estamos en una pandemia educativa", sentenció, reafirmando la urgencia de garantizar la asistencia a clases.

El gobernador recordó que su administración asumió hace nueve meses en una provincia que enfrentaba serias dificultades financieras. "Nosotros asumimos en el peor contexto que se recuerde, por lo menos en los 40 años de democracia. Y estamos restituyendo una bandera, un derecho de los docentes como el Fonid y la Conectividad con nuestros recursos", declaró.

Frigerio concluyó que esta restitución no es un acto de demagogia ni una promesa vacía, sino el resultado de un profundo análisis y un esfuerzo contable para asegurar que la provincia pueda cumplir con este compromiso. En un momento de desafíos económicos, la decisión del gobernador de priorizar la educación y el bienestar de los docentes es un paso significativo hacia el fortalecimiento del sistema educativo en Entre Ríos.