Victoria.- La derogación de la ley que otorgaba pensiones vitalicias a exgobernadores y exvicegobernadores de Entre Ríos representa, según el senador provincial por Nogoyá, Rafael Cavagna, el cierre de un régimen que “la sociedad interpreta como un beneficio de privilegio” y que ya no tendrá vigencia para quienes ejerzan esos cargos en el futuro.

En diálogo con Paralelo32, el legislador y presidente del bloque Juntos por Entre Ríos recordó que la norma fue sancionada en 1965, durante la gestión del gobernador Carlos Contín, con el objetivo de garantizar un ingreso a quienes hubieran ocupado la máxima magistratura provincial o la vicegobernación y no contaran con otro beneficio previsional.

“La ley establecía una pensión equivalente al 75% del sueldo del gobernador, sin contemplar los gastos de representación, y con actualización automática según la remuneración del mandatario en funciones”, explicó.

Cavagna sostuvo que el impacto económico de la derogación es reducido, ya que actualmente el régimen alcanza a solo diez personas. “Son pocos los beneficiarios porque la propia ley impedía acceder a esta pensión cuando el exgobernador o exvicegobernador ya contaba con otro beneficio jubilatorio”.

Según precisó, el haber promedio ronda actualmente los 2 (dos) millones de pesos mensuales, por lo que el ahorro fiscal inmediato será limitado. No obstante, remarcó que la derogación impedirá que futuros gobernadores y vicegobernadores accedan a ese beneficio especial.

“Para el futuro va a representar un ahorro, porque ningún gobernador ni vicegobernador podrá obtener este derecho que establecía la ley”, afirmó.

El entrevistado amplió, además, que la derogación no afectará a quienes actualmente perciben la pensión, ya que se trata de derechos adquiridos protegidos por la legislación previsional.

“No se puede legislar con retroactividad en esta materia. Quienes hoy cobran el beneficio lo seguirán haciendo porque fue otorgado bajo una ley vigente”, explicó.

Entre los actuales beneficiarios mencionó a Marta Jordán, viuda del exgobernador Sergio Montiel, quien continuará percibiendo la pensión en los términos establecidos por la normativa vigente al momento de su otorgamiento, lo mismo ex vicegobernadores como Héctor Alanís.

Consultado sobre la decisión del Senado de eliminar el artículo que preveía la pérdida del beneficio para personas condenadas por delitos de corrupción, Cavagna señaló que la modificación respondió a cuestiones jurídicas.

Indicó que esas situaciones ya están contempladas por la legislación penal y previsional vigente, por lo que entendieron que no correspondía incorporar una regulación específica dentro de esta ley.

Respecto de la posibilidad de revisar otros beneficios de características similares, el legislador señaló que actualmente permanecen vigentes únicamente dos regímenes especiales: las pensiones destinadas a excombatientes de Malvinas y las pensiones honoríficas vinculadas a los Premios Fray Mocho.

Aclaró que estos casos responden a fundamentos distintos y que, por el momento, no existe un análisis legislativo para modificarlos.

Para Cavagna, la aprobación del proyecto por parte de todos los bloques políticos refleja una interpretación compartida sobre el reclamo social.

“La decisión del Ejecutivo interpretó lo que quiere la sociedad y por eso todos los legisladores acompañaron la iniciativa. Me parece que este tipo de medidas son las que la ciudadanía espera de la dirigencia política”, sostuvo.

Finalmente, consideró que la derogación marca el fin de una herramienta creada en un contexto histórico diferente. “En su momento tenía una finalidad determinada, que era proteger a quien hubiera llegado a ser gobernador o vicegobernador y no tuviera otra cobertura previsional. Con el tiempo ese sentido se fue desvirtuando y hoy la sociedad entiende que se trata de un privilegio que ya no corresponde mantener”, concluyó.

El abogado entrerriano Marcelo Albarenque, oriundo de María Grande, consiguió que el prestigioso diario británico The Guardian publicara una carta de lectores en la que expone los argumentos históricos y jurídicos que sustentan el reclamo argentino sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

La publicación surgió como respuesta a un editorial del periodista británico Simon Jenkins y tuvo como objetivo acercar a los lectores del Reino Unido la posición argentina sobre un conflicto que continúa abierto en el plano diplomático.

En diálogo con el portal Debate Abierto, Albarenque explicó que su escrito se basa en la Resolución 2065 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aprobada en 1965, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido e insta a ambos países a retomar las negociaciones para alcanzar una solución pacífica.

Durante la entrevista, el abogado sostuvo que uno de los aspectos centrales del reclamo argentino radica en que la ONU considera la cuestión Malvinas como un conflicto bilateral entre ambos Estados.

En ese sentido, explicó que el principio de autodeterminación invocado por el Reino Unido no resulta aplicable en este caso y que la resolución internacional prioriza el principio de integridad territorial.

Albarenque recordó además que durante las décadas de 1970 y comienzos de 1980 existieron instancias de negociación entre ambos países que incluso contemplaron distintas alternativas para avanzar hacia una solución del conflicto.

A su entender, resulta fundamental que los argentinos conozcan esos antecedentes históricos para poder sostener el reclamo con fundamentos jurídicos y no solamente desde una perspectiva emocional.

El abogado también se refirió a la repercusión internacional que volvió a tener la causa Malvinas durante el último Mundial de fútbol, cuando distintas manifestaciones de apoyo al reclamo argentino aparecieron en los estadios y en las transmisiones televisivas.

Si bien consideró que esos gestos contribuyen a visibilizar la posición argentina ante la opinión pública internacional, aclaró que la recuperación de la soberanía dependerá del trabajo diplomático y no de expresiones deportivas.

En ese marco, sostuvo que la Argentina necesita mantener una política exterior coherente y sostenida en el tiempo.

"La estrategia sobre Malvinas debería constituirse en una verdadera política de Estado, más allá de los cambios de gobierno o de las diferencias partidarias", señaló.

Asimismo, opinó que las heridas políticas y sociales que dejó la guerra de 1982 continúan influyendo en la postura británica y consideró que cualquier avance en las negociaciones demandará un proceso prolongado.

En el tramo final de la entrevista, Albarenque invitó a los argentinos a difundir los fundamentos históricos y jurídicos del reclamo en todos los ámbitos posibles, ya sea durante viajes, en redes sociales o en espacios de intercambio con ciudadanos de otros países.

También destacó el carácter abierto de la sociedad argentina y recordó que el país alberga una importante comunidad de descendientes británicos, como ejemplo de convivencia entre ambos pueblos.

Para el abogado entrerriano, fortalecer el conocimiento sobre la historia de Malvinas constituye una herramienta clave para sostener el reclamo de soberanía en el plano internacional y mantener vigente una causa que considera parte del patrimonio histórico y político de la Argentina.

El bloque de diputados “Más Para Entre Ríos” se abstuvo en la votación del proyecto denominado “de alivio fiscal” para el sector comercial enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura, que prevé principalmente eximir del impuesto a los Ingresos Brutos a comerciantes monotributistas de las categorías A, B y C. La medida fue calificada como “irrelevante, estéril y carente de efectividad” por los representantes del sector comercial que fueron convocados a las reuniones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en las que se analizó la propuesta.

Al hacer uso de la palabra en la sesión de este miércoles, la diputada Andrea Zoff explicó que esa calificación —“irrelevante, estéril y carente de efectividad”— son las palabras textuales “que dijeron los representantes del sector comercial sobre el proyecto. Y para los que no pudieron estar en la comisión, eso está plasmado por escrito, fue adjuntado de hecho al expediente”.

Zoff señaló que esos representantes del sector comercial “se sentaron con nosotros en la comisión, contaron la situación crítica que están atravesando: la disminución de las ventas, el aumento de las tarifas; es decir, lo que vemos cada uno de nosotros en nuestros lugares. Y una vez que terminaron de contar esta situación, cuando se levantaron y se fueron, el oficialismo dispuso la firma del dictamen sin cambiar una coma, sin tomar nada de lo que acababan de escuchar”.

En ese sentido, la legisladora indicó que los comerciantes se quejaron diciendo: “¿Para qué nos invitaron? Es una formalidad. Nos usaron para hacer una campaña de promoción publicitaria política”, y agregó que el resultado expresado en el dictamen de comisión firmado por el oficialismo parece darles la razón.

Zoff sostuvo que lo que caracteriza al proyecto del Poder Ejecutuvio es la diferencia entre lo que se señala en la prensa respecto de la iniciativa y lo que realmente contempla. Luego la legisladora indicó que la exención del pago para los comerciantes monotributistas categorías A, B y C implica que dejarán de pagar entre 8.000 y 19.000 pesos mensuales. “Parece un tanto apresurado decir que esto permite sostener el empleo o que implica un gran alivio para el sector. Los invito simplemente a que vean lo que cuesta el alquiler de un local o lo que cuestan las tarifas, y lo comparen con estos montos... De todas formas, por supuesto, siempre es bienvenida cualquier medida que pueda colaborar con el sector. Eso sí, (para acceder al beneficio) deben tener sus pagos al día, lo que en un contexto de crisis también es bastante complicado”, añadió.

La legisladora igualmente señaló que el segundo artículo del proyecto establece un beneficio al buen pagador, eximiendo del cumplimiento de la cuota número 12. “Eso no tiene que ver con un plan de alivio fiscal al comercio específicamente. Es un premio al buen pagador como en tantas otras oportunidades hemos visto”. Una consideración similar realizó sobre la derogación del pago del Impuesto de Sellos para la reconducción, reorganización y prórroga de sociedades. “Esto tampoco forma parte de un plan de alivio, y no son las medidas que necesitamos para este contexto”, agregó.

Zoff criticó también:  “Para el resto de los comerciantes -excepto las categorías A, B y C- quien va a establecer la política tributaria de reducción impositiva, las medidas para determinados sectores, los criterios bajo los cuales se van a otorgar estos beneficios, todo eso nos piden que lo deleguemos en el Poder Ejecutivo”.

La legisladora paranaense recordó que en octubre del año pasado el bloque justicialista presentó un proyecto para declarar la emergencia económica, productiva, fiscal, laboral, financiera y tarifaria de las Micro y Pequeñas Empresas radicadas en la provincia de Entre Ríos. “Hace nueve meses presenté un proyecto que solicitaba la declaración de la emergencia de las pequeñas y medianas empresas con una serie de medidas que tenían que ver con una mirada integral”. Y añadió que si bien resulta comprensible la situación económica y financiera provincial, la intención de su iniciativa es “debatir medidas que aborden la temática de manera integral y no simplemente permitirle a la Legislatura aprobar esta medida que es ínfima y que todo el resto se delegue en el Poder Ejecutivo”. Por eso Zoff lamentó la “oportunidad perdida” de sancionar una norma que auxilie efectivamente al sector.

Por su parte, el diputado Juan José Bahillo se refirió específicamente a la delegación de facultades a la que se opone el bloque peronista. “No se trata de una cuestión subjetiva, o de determinadas facultades que no le queremos dar al gobernador Rogelio Frigerio. No, esa negativa está en el marco de la responsabilidad institucional que tenemos como diputados de la provincia respetando a la Constitución de Entre Ríos que, en su artículo 122, asigna a la Legislatura la atribución de fijar impuestos y tasas”. Y agregó luego que esa disposición está reforzada en el artículo 45, por lo que “la facultad de fijar impuestos, alícuotas, tanto en aumento como en disminución, es de la Legislatura y por eso nosotros entendemos que el artículo 13° de este proyecto violenta a la Constitución provincial, por eso nuestra negativa a votarla”.

Hay decisiones que la política evita porque cuestan, y hay decisiones que la política debe tomar precisamente porque cuestan. La reforma del sistema previsional entrerriano pertenece a la segunda categoría. Durante más de treinta años, gestiones de todos los signos conocieron el diagnóstico, midieron el costo político de actuar y eligieron transferir el problema hacia adelante. El resultado de esa postergación acumulada no fue neutro: lo pagó —y lo paga— cada entrerriano, con un déficit creciente que compite con la escuela, con el hospital y con la obra pública por los mismos recursos.

Quiero contar cómo encaramos ese problema, porque el proceso importa tanto como el resultado.

Ninguna reforma es creíble si el organismo que la propone no es transparente. Por eso el primer paso no fue redactar un proyecto: fue ordenar la Caja de Jubilaciones y Pensiones, sistematizar su información y publicar los datos. Abrir los números —los ingresos, los egresos, el déficit por sectores, la relación activo/pasivo— fue un camino necesario: la discusión previsional suele darse entre mitos, y los mitos solo se desarman con evidencia disponible para todos. Un dato publicado es un dato que ya no se puede negar ni manipular; es la base mínima de cualquier conversación seria.

Esa etapa incluyó también un trabajo menos visible pero igual de necesario: hacer docencia previsional. Reuniones con gremios, encuentros con periodistas, explicación paciente de conceptos que rara vez llegan al debate público —qué es una tasa de sostenimiento, cómo funciona la movilidad, por qué el envejecimiento poblacional no es una opinión sino una curva demográfica—. La pedagogía pública no es un complemento de la política: es una condición de posibilidad del consenso.

Con los datos sobre la mesa, presentamos a los gremios los vectores de la reforma antes de que existiera un proyecto cerrado. No fue un gesto decorativo: fue asumir que una reforma estructural que afecta derechos y expectativas de decenas de miles de trabajadores y jubilados no puede diseñarse en un escritorio y anunciarse por decreto. El diálogo tiene costos —lleva tiempo, obliga a ceder, expone las diferencias— pero produce algo que ninguna imposición produce: legitimidad.

Ese mismo espíritu ordenó la etapa legislativa. El proyecto ingresó al Poder Legislativo y se abrió a audiencias públicas con todos los actores del sistema: trabajadores activos, jubilados, gremios, especialistas, representantes municipales. Cada audiencia modificó algo; el texto que fue votado en el Senado no es el que ingresó, y eso —lejos de ser una debilidad— es la prueba de que el proceso fue genuino. Una ley que llega al recinto habiendo escuchado es una ley más difícil de sancionar, pero mucho más fácil de sostener en el tiempo.

Como funcionario político, sé que el problema de fondo no es técnico sino político, y tiene nombre en la literatura: la asimetría temporal de las reformas estructurales. Paul Pierson lo describió con precisión al estudiar las reformas de los Estados de bienestar: los costos de una reforma previsional son concentrados, visibles e inmediatos, mientras que sus beneficios son difusos, colectivos y de largo plazo. Quien reforma paga hoy; quien cosecha, gobierna mañana. Esa asimetría explica por qué durante tres décadas la respuesta racional —en términos electorales— fue no hacer nada. El sistema de incentivos de la política premia la postergación.

Pero si la política se limita a seguir sus incentivos de corto plazo, deja de ser política y se convierte en administración de la inercia. Max Weber distinguía entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad: el político responsable no es el que hace lo que le conviene ni el que hace lo que le gusta, sino el que se hace cargo de las consecuencias de sus actos —y también de sus omisiones—. No reformar también es una decisión, solo que sus consecuencias las firma otro.

Para eso somos electos. No para administrar la comodidad del presente, sino para tomar las decisiones que el presente exige aunque el presente no las premie. La verdadera medida de una gestión no es cuánto costó políticamente lo que hizo, sino cuánto le habría costado a la provincia lo que dejó de hacer.

El desafío de toda reforma estructural es ese: impedir que el corto plazo boicotee lo necesario. La herramienta para lograrlo no es la audacia solitaria ni el atropello legislativo; es exactamente lo que intentamos construir en estos meses: información pública, pedagogía, diálogo, audiencias, consenso. Cuanto más participado es el proceso, más se reparte el costo político y más se blinda la reforma frente a los ciclos electorales. Una reforma consensuada es una política de Estado; una reforma impuesta es apenas la política de un gobierno, y dura lo que dura ese gobierno.

La legislatura dirá si la política provincial está a la altura de ese momento. Por mi parte, tengo la tranquilidad de que el camino recorrido —ordenar, transparentar, explicar, dialogar, escuchar, corregir— es el que corresponde a una democracia madura. Las reformas que perduran no son las que se hacen rápido: son las que se hacen bien.

Las entidades que integran el Foro de Entidades Empresarias de Entre Ríos expresaron su respaldo a la media sanción que obtuvo en el Senado el proyecto de reforma previsional impulsado por el Gobierno provincial y consideraron que avanzar en una solución para el déficit de la Caja de Jubilaciones resulta indispensable para sanear las cuentas públicas y fortalecer el desarrollo económico de la provincia.

A través de un comunicado conjunto, las instituciones sostuvieron que el desequilibrio estructural del sistema previsional constituye uno de los principales desafíos financieros de Entre Ríos y advirtieron que su desfinanciamiento impacta sobre el conjunto de la sociedad.

Según señalaron, el creciente déficit de la Caja de Jubilaciones demanda recursos públicos que podrían destinarse a áreas como salud, educación, infraestructura, seguridad, reducción de la presión tributaria, promoción de inversiones y generación de empleo privado.

En ese sentido, afirmaron que la iniciativa aprobada por la Cámara de Senadores reconoce la gravedad de la situación, respeta los derechos adquiridos de los actuales jubilados y pensionados y plantea una transición gradual para recuperar el equilibrio financiero del sistema.

Desde el Foro remarcaron que garantizar la sustentabilidad del régimen previsional implica asumir los problemas existentes y avanzar en reformas que permitan preservar el sistema a largo plazo.

Asimismo, las entidades empresarias reiteraron la necesidad de continuar con el ordenamiento de las cuentas públicas, la modernización del Estado y la implementación de reglas estables que favorezcan la producción y la inversión, al considerar que estos aspectos son fundamentales para mejorar la competitividad de la provincia.

En el tramo final del comunicado, el sector privado instó a que el tratamiento legislativo continúe en la Cámara de Diputados con "seriedad institucional, transparencia y vocación de diálogo", evitando demoras que, a su entender, profundicen la problemática financiera de la Caja de Jubilaciones.

El documento lleva la firma de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BolsaCER), la Bolsa de Comercio de Entre Ríos (BCER), la Cámara de la Industria Cárnica de Entre Ríos (CICER), la Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos (CAPPER), el Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), el Distrito III Entre Ríos de Federación Agraria Argentina (FAAER), la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) y la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER).

A través de un comunicado, el bloque sostuvo que la postura adoptada por ambas legisladoras "es a título personal" y aseguró que no representa la posición definida por el Partido Justicialista de Entre Ríos, cuyo Congreso Provincial había establecido el rechazo a la iniciativa.

En ese marco, señalaron que cada legislador deberá asumir la responsabilidad política e institucional de su voto, al considerar que la reforma tendrá consecuencias sobre docentes, trabajadores de la salud, policías, empleados públicos, jubilados y sus familias.

Desde el espacio opositor remarcaron que nunca desconocieron la necesidad de discutir la situación de la Caja de Jubilaciones provincial. Por el contrario, recordaron que el bloque de senadores del PJ presentó un proyecto alternativo que, según indicaron, proponía fortalecer la sostenibilidad del sistema previsional mediante nuevas fuentes de financiamiento, mayor transparencia, planificación actuarial permanente, recuperación de fondos adeudados por la Nación y otras herramientas institucionales orientadas a garantizar la sustentabilidad del organismo en el largo plazo.

No obstante, cuestionaron que el oficialismo haya optado por avanzar con una reforma que, a su entender, traslada el costo del equilibrio financiero a los trabajadores y recorta derechos previsionales de quienes realizaron durante años algunos de los aportes personales más elevados del país.

En el comunicado, el bloque también afirmó que desde el inicio del debate el Gobierno provincial buscó involucrar a la oposición y a distintos sectores sociales en una discusión sobre medidas que, según sostienen, ya estaban definidas. En esa línea, consideraron que el acompañamiento de Domínguez y Miranda al dictamen oficialista contribuye a ese objetivo político.

Por otra parte, Más Para Entre Ríos manifestó su respaldo a la decisión de dar intervención al Tribunal de Disciplina del Partido Justicialista, para que evalúe la actuación de las dos senadoras conforme a lo establecido en la Carta Orgánica partidaria, al entender que desoyeron el mandato expreso del Congreso Provincial del PJ de votar en contra de la reforma previsional.

La iniciativa impulsada por el Ejecutivo continúa generando fuertes tensiones dentro del peronismo entrerriano, donde el voto favorable de las dos legisladoras profundizó las diferencias internas en torno al tratamiento de uno de los proyectos más relevantes de la agenda legislativa provincial.

El Partido Justicialista de Entre Ríos informa que dará intervención al Tribunal de Disciplina para que actúe conforme a las previsiones de la Carta Orgánica partidaria, luego de que las legisladoras Nancy Miranda y Gladys Domínguez votaran a favor de la reforma de la Caja de Jubilaciones impulsada por el Poder Ejecutivo, desoyendo el mandato expreso establecido por el Congreso Provincial del PJ.

La máxima autoridad partidaria resolvió rechazar expresamente la reforma previsional por considerar que implica un grave retroceso en materia de derechos para trabajadores activos y jubilados, y mandató a todos los representantes justicialistas a votar en contra de la iniciativa. Asimismo, dejó establecido que quienes incumplieran esa resolución quedarían sujetos al régimen disciplinario previsto por la Carta Orgánica del Partido, cuyas sanciones pueden alcanzar  la expulsión.

Con su voto afirmativo, las legisladoras no solo desconocieron una decisión adoptada democráticamente por el Congreso Provincial, sino que además avalaron una reforma que hace recaer el peso del déficit previsional sobre quienes sostienen y sostuvieron con sus aportes el sistema jubilatorio entrerriano.

Su decisión representa, además, una profunda contradicción con los principios históricos del justicialismo y con el espíritu solidario que dio origen al sistema previsional de Entre Ríos, construido para proteger a quienes dedicaron su vida al servicio público: docentes, policías, trabajadores de la salud, empleados públicos y todos aquellos que aportaron durante décadas con la expectativa de acceder a una jubilación digna.

Durante todo el debate legislativo quedó demostrado que existía otro camino posible. El proyecto presentado por el justicialismo propuso alternativas para fortalecer la sustentabilidad de la Caja sobre la base de estudios actuariales independientes, consensos institucionales y medidas que no implicaran resignar derechos ni trasladar el costo del equilibrio financiero a trabajadores y jubilados.

Desde el Partido Justicialista sostenemos que la sustentabilidad de la Caja debe construirse con responsabilidad y planificación, pero nunca a costa de quienes trabajaron toda su vida. Defender el sistema previsional también significa defender el principio de solidaridad intergeneracional que constituye uno de los pilares del Estado y una bandera histórica del peronismo.

El justicialismo entrerriano reafirma su compromiso con la defensa de la seguridad social como un derecho irrenunciable y ratifica la plena vigencia de las resoluciones adoptadas por su Congreso Provincial. Quienes fueron elegidos para representar al peronismo tienen el deber político, institucional y ético de honrar el mandato colectivo surgido de los órganos partidarios y de defender los intereses de los trabajadores y jubilados por encima de cualquier especulación circunstancial.

Por ello, el Partido Justicialista pondrá los antecedentes del caso a consideración del Tribunal de Disciplina para que evalúe las conductas descriptas y determine la aplicación de las sanciones previstas en la Carta Orgánica, incluida la expulsión del Partido si así correspondiere.

La senadora provincial por el departamento Feliciano, Gladys Domínguez, votó afirmativamente el proyecto de reforma previsional que modifica el funcionamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. La legisladora centró su fundamentación en la necesidad de actuar antes de que el déficit del sistema se vuelva irreversible, y remarcó que la inacción también es una decisión con consecuencias.

Domínguez fue contundente al advertir sobre los costos de no encarar la reforma: "El verdadero riesgo es mirar para otro lado mientras la Caja se vuelve cada vez más difícil de sostener", sostuvo. Y agregó: "La peor injusticia sería no hacer nada. Porque no hacer nada también es tomar una decisión. Es permitir que el déficit siga creciendo, que la Caja se debilite y colapse".

Para la senadora, la discusión de fondo no pasa por estar a favor o en contra de los derechos previsionales, sino por garantizar la sustentabilidad del sistema en el tiempo. Defender la Caja, explicó, significa cuidar tanto a los jubilados actuales como a los trabajadores activos y a quienes se jubilarán dentro de cinco, diez o veinte años.

La legisladora enmarcó su voto como un acto de responsabilidad política antes que como una posición cómoda. "Prefiero asumir el costo de una decisión difícil antes que cargar con la culpa de no haber hecho nada cuando la provincia más lo necesitaba", afirmó, y remarcó que "la responsabilidad política consiste en actuar antes de que el problema sea irreversible".

En esa línea, sostuvo que gobernar y legislar implican tomar decisiones difíciles: "Lo más sencillo sería decir siempre que no. Lo más cómodo sería rechazar cualquier iniciativa sin sentarse a discutir una sola coma. Pero esa no es la función para la que nos eligieron los entrerrianos".

Domínguez aclaró que su respaldo no fue al proyecto original, sino a una versión modificada tras el debate parlamentario.

"Si este proyecto hubiera llegado al recinto tal como fue presentado originalmente, yo no lo hubiese acompañado", señaló. Producto del diálogo legislativo, se incorporaron cuatro cambios al texto: la reducción de 20 a 15 años del período de cálculo del haber inicial, el mantenimiento de una edad jubilatoria diferencial de 65 años para varones y 60 para mujeres, la eliminación de la jubilación a los 68 años para los nuevos ingresantes al Estado, y un esquema diferenciado de aportes patronales para los municipios (1,5% para los que no generan déficit y 3% para los que sí).

Domínguez agregó que, además de su acompañamiento a la reforma, presentó un proyecto complementario —que fue recepcionado— para la creación de una Comisión Técnica de Control y Seguimiento del Sistema Previsional. La iniciativa contempla la participación de los tres poderes del Estado, de trabajadores, de jubilados y de entidades profesionales, con el objetivo de garantizar el monitoreo y la evaluación permanente del sistema.

Al cerrar sus fundamentos, la senadora enmarcó su decisión en una idea de responsabilidad de largo plazo: "Los discursos pasan, las leyes pasan, las elecciones también. Pero la responsabilidad con la que actuamos hoy es lo que finalmente queda".

La sesión del Senado entrerriano por la reforma previsional trascendió ampliamente el debate sobre el proyecto impulsado por el gobierno de Rogelio Frigerio. El discurso de Nancy Miranda, senadora por Federal de Más por Entre Ríos, fue especialmente resonante: no solo confirmó su voto a favor, sino que lanzó una dura crítica contra el Partido Justicialista y cuestionó abiertamente su conducción.

Miranda fue más allá de justificar su posición. Responsabilizó directamente al peronismo por no haber resuelto el déficit previsional cuando tenía todas las herramientas a su alcance. "Teníamos Gobierno Nacional, Gobierno Provincial y mayoría en ambas Cámaras", recordó, cuestionando por qué durante esos años no se avanzó en una solución. Aunque consideró la reforma como "un comienzo" insuficiente, la legisladora defendió que "alguien se tiene que animar" a tomar decisiones difíciles.

El momento más crítico llegó cuando Miranda cuestionó el mandato partidario que amenazó con expulsar a legisladores que acompañaran la reforma. Denunció una doble vara: en 2017, dos peronistas votaron a favor de la reforma jubilatoria de Macri sin ser sancionados. "Me queda la duda de si cuando votan dirigentes de departamentos grandes es por gobernabilidad, pero cuando el norte toma otra decisión es traición", planteó.

Su análisis fue aún más incisivo: describió al justicialismo entrerriano como "un partido acéfalo" durante los últimos ocho años. Criticó también el funcionamiento de la estructura partidaria: "Las veces que se reúnen es para ver a quién pueden expulsar", en lugar de acompañar a quienes trabajan en territorio.

Apuntó además contra referentes del PJ que, sin haber ganado nunca una elección, ocupan cargos "puestos a dedo" incluso en la Legislatura. "Con qué moral pueden venir a exigir algo", disparó.

Miranda reivindicó la legitimidad de los legisladores elegidos democráticamente. "No somos legisladores solo del peronismo; cuando ganamos una elección representamos a todos", sostuvo.

Explicó su apoyo a la reforma por "sentido común" y negó motivaciones políticas o personales. Señaló que, tras negociar modificaciones al proyecto oficial, rechazarlo hubiera sido incoherente. Aunque reconoció que el bloque opositor consideraba superior su propuesta alternativa, admitió que carecía de votos para aprobarla.

Con su intervención, Miranda no solo respaldó explícitamente la reforma previsional del Ejecutivo provincial, sino que abrió un nuevo frente de tensión dentro del peronismo entrerriano al exigir una profunda autocrítica sobre los años en que el PJ gobernó con mayoría sin resolver el sistema previsional.

La iniciativa obtuvo 10 votos afirmativos y 7 negativos, gracias al respaldo del bloque oficialista de Juntos por Entre Ríos y al acompañamiento de las senadoras justicialistas Gladys Domínguez y Nancy Miranda. Ahora el proyecto deberá ser tratado por la Cámara de Diputados.

La sesión se desarrolló en un clima de alta tensión frente a la Casa de Gobierno, donde gremios y organizaciones nucleadas en la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones se movilizaron para expresar su rechazo a la reforma.

Durante varios momentos de la jornada se registraron golpes sobre las puertas y ventanas del edificio legislativo e incluso hubo intentos de avanzar hacia el interior de la Casa Gris, situación que fue contenida por un cordón policial dispuesto en los accesos.

Los sindicatos sostienen que la reforma implica un ajuste sobre trabajadores activos y jubilados, mientras que el Gobierno provincial asegura que resulta indispensable para garantizar la sustentabilidad financiera del sistema previsional.

Durante el debate, el senador Rafael Cavagna (Juntos por Entre Ríos) sostuvo que tanto el dictamen oficialista como el presentado por el bloque justicialista coincidían en la necesidad de introducir cambios en el sistema previsional.

El legislador destacó que el proyecto original fue enriquecido durante su tratamiento legislativo mediante reuniones con gremios, especialistas y exfuncionarios.

"Fue una construcción colectiva", afirmó, al tiempo que valoró la tarea desarrollada por el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, quien recorrió distintos puntos de la provincia explicando los alcances de la iniciativa.

También señaló que durante el proceso se incorporaron más de veinte modificaciones como resultado de los aportes recibidos en las audiencias.

Desde la oposición, el senador Juan Pablo Cosso cuestionó el momento elegido para impulsar la reforma, en medio del complejo escenario económico que atraviesan la provincia y el país.

El legislador defendió el dictamen alternativo elaborado por el bloque justicialista y aseguró que permitía garantizar la sustentabilidad del sistema "sin afectar derechos adquiridos ni modificar el 82 por ciento móvil".

"Detrás de cada número hay trabajadores y jubilados que confiaron en el Estado durante toda una vida de aportes", expresó.

En la misma línea se pronunciaron los senadores Víctor Sanzberro, Marcelo Berthet y Martín Oliva, quienes advirtieron sobre el impacto que la reforma podría tener sobre los futuros haberes jubilatorios y cuestionaron que el tratamiento legislativo se realizara durante el receso invernal.

Uno de los momentos más destacados del debate fue la intervención de la senadora Gladys Domínguez, quien explicó los motivos por los cuales decidió votar junto al oficialismo.

La legisladora sostuvo que el proyecto incorporó modificaciones importantes durante el tratamiento parlamentario, entre ellas la reducción de 20 a 15 años del período considerado para calcular el haber inicial, la eliminación del artículo que fijaba la jubilación a los 68 años para nuevos empleados públicos y cambios en los aportes patronales de los municipios.

"Mi responsabilidad es actuar antes de que el problema sea irreversible", afirmó.

También acompañó la iniciativa la senadora Nancy Miranda, quien explicó que decidió respaldar el proyecto luego de que se incorporaran modificaciones que había solicitado durante el debate.

Miranda rechazó las críticas recibidas desde sectores del peronismo y defendió su decisión.

"No estoy vendida ni quebrada. Me hago cargo de lo que hago", sostuvo, al tiempo que cuestionó la conducción partidaria y recordó que durante anteriores gobiernos peronistas también existieron intentos de avanzar sobre el sistema previsional.

Con la aprobación del Senado, la iniciativa será ahora analizada por la Cámara de Diputados, donde continuará el debate sobre una de las reformas más importantes impulsadas por la administración provincial.

Mientras el Gobierno sostiene que la ley permitirá garantizar la viabilidad financiera de la Caja de Jubilaciones, los gremios ya anticiparon que continuarán con las medidas de protesta para intentar frenar su sanción definitiva.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) volvió a mostrar una desaceleración durante junio. Según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación mensual fue del 1,9%, el registro más bajo de los últimos diez meses y el tercero consecutivo por debajo del 3%.

Con este resultado, la inflación acumulada en el primer semestre de 2026 alcanza el 16,2%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,5%, consolidando una tendencia descendente que comenzó luego del pico registrado en marzo.

El dato de junio igualó el nivel observado en agosto de 2025 y representa una nueva baja respecto de los meses anteriores: en marzo el IPC había sido del 3,4%, en abril descendió al 2,6%, en mayo al 2,1% y ahora quedó por debajo del 2%.

Otro de los indicadores que siguió mostrando señales de desaceleración fue la inflación núcleo, que excluye los precios regulados y los productos estacionales. En junio registró un incremento del 1,6%, el menor nivel desde julio de 2025.

En tanto, los precios estacionales aumentaron un 3,4%, impulsados principalmente por el encarecimiento de las verduras y los servicios turísticos propios del inicio de la temporada invernal, mientras que los precios regulados crecieron un 2,4%, debido a ajustes en tarifas de electricidad y transporte público.

Entre las divisiones que más incidieron en la inflación del mes se destacó Recreación y cultura, con un incremento del 4,2%, explicado en gran parte por la suba de los paquetes turísticos durante las vacaciones de invierno.

Le siguió Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registró un aumento del 3,3% como consecuencia de las actualizaciones tarifarias.

En el otro extremo se ubicaron Prendas de vestir y calzado, con una variación de apenas 0,4%, y Comunicación, que aumentó 0,9%.

Por su parte, el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba del 1,3%, por debajo del promedio general, lo que contribuyó a contener el índice de junio.

La mayoría de las consultoras privadas proyectaba un índice de entre 1,5% y 2%, en línea con la inflación registrada previamente en la Ciudad de Buenos Aires.

Tras conocerse el dato oficial, el economista Javier Bongiovanni, de la Fundación Libertad, sostuvo que el desafío ahora será sostener esta tendencia. "Más allá del dato puntual de junio, lo importante será observar si la inflación logra mantenerse por debajo del 2% durante los próximos meses", señaló.

Desde el Gobierno nacional también destacaron la continuidad del proceso de desaceleración y ratificaron que esperan que el índice continúe bajando en el segundo semestre, mientras el equipo económico busca consolidar el equilibrio fiscal y financiero sin recurrir al endeudamiento externo.

Aunque la inflación muestra una desaceleración respecto de los niveles registrados meses atrás, la percepción de la mayoría de los argentinos sigue siendo crítica. Así lo revela el Monitor de Opinión Pública (MOP) elaborado por Zentrix Consultora, que expone un escenario donde el deterioro del poder adquisitivo continúa siendo una de las principales preocupaciones de la población.

Uno de los datos más significativos del estudio indica que el 50,2% de los consultados se considera parte de la clase baja, mientras que apenas el 10,5% se identifica con la clase alta. El resto se ubica dentro de la clase media.

La pérdida de poder de compra aparece como uno de los ejes centrales del informe. El 86,1% de los encuestados sostuvo que su salario no logra superar el aumento del costo de vida, un porcentaje que prácticamente no varió desde abril y que refleja que el alivio inflacionario todavía no se traduce en una mejora concreta para la economía doméstica.

El dato atraviesa incluso a quienes respaldan al Gobierno nacional. Entre quienes votaron al oficialismo, siete de cada diez reconocen que sus ingresos quedaron rezagados frente a la inflación, mientras que entre los votantes opositores esa percepción alcanza al 96,6%.

El estudio también muestra hasta qué momento del mes logran sostenerse los ingresos familiares.

El 61% de los consultados afirmó que el dinero le alcanza, como máximo, hasta el día 20, mientras que solamente un 13% aseguró llegar a fin de mes y además tener capacidad de ahorro.

Las diferencias son marcadas según la condición socioeconómica. Entre quienes se consideran de clase alta, apenas el 11,8% manifestó quedarse sin recursos antes del día 20. En la clase media ese porcentaje asciende al 43%, mientras que entre quienes se identifican como clase baja llega al 86,1%.

La percepción sobre la inflación también se refleja en la confianza hacia las estadísticas oficiales.

El 68,8% de los encuestados considera que el índice de inflación difundido por el Indec no refleja el aumento de precios que experimenta en su vida cotidiana. Esa desconfianza se profundiza entre quienes se consideran de clase baja, donde supera el 80%.

El informe sostiene que cuanto más ajustada es la situación económica de un hogar, menor es la credibilidad que genera el indicador oficial.

Consultados sobre las perspectivas económicas, el 55,1% cree que "lo peor está por venir", mientras que apenas el 24% considera que la etapa más difícil ya quedó atrás.

Las respuestas también muestran diferencias políticas. Entre quienes apoyan al presidente Javier Milei, más de la mitad entiende que el ajuste ya pasó, mientras que entre los votantes opositores esa opinión prácticamente desaparece.

Cuando se pidió mencionar espontáneamente el principal problema del país, la palabra más repetida fue "corrupción", seguida por "Milei" y luego por "economía".

En las respuestas con opciones predeterminadas, la corrupción encabezó nuevamente el ranking de preocupaciones con el 51,3%, seguida por los ingresos y salarios (48,2%) y la incertidumbre económica (37,1%).

Pese al escenario económico adverso, el estudio detectó una leve mejora en la valoración de la gestión nacional.

La desaprobación del gobierno de Javier Milei descendió del 61,2% registrado en mayo al 56,6% en junio, mientras que la aprobación pasó del 32,2% al 33,2%.

Para los analistas de Zentrix, este comportamiento podría explicarse porque buena parte de la sociedad ya incorporó el ajuste económico como una realidad persistente y dejó de traducir ese malestar en un mayor rechazo hacia el Gobierno.

No obstante, el informe también señala que el desgaste alcanza a buena parte de la dirigencia política. De las principales figuras evaluadas, sólo la dirigente del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, obtuvo un balance de imagen positivo, mientras que Javier Milei, Axel Kicillof y Patricia Bullrich registraron saldos negativos.

El Monitor de Opinión Pública de Zentrix Consultora se elaboró entre el 15 y el 22 de junio de 2026, sobre una muestra nacional de 1.297 personas mayores de edad. El relevamiento se realizó mediante cuestionarios online y presenta un margen de error estimado de ±2,7%, con un nivel de confianza del 95%.

Victoria.- Emprender un proyecto político partidario con miras a gestionar una ciudad no es una idea que le esté dando vueltas a todo el mundo. Es más, si preguntamos en clubes, asociaciones, cooperadoras y demás entidades sin fines de lucro sobre el interés ciudadano por los problemas del otro, la respuesta es unánime: No hay gente para el recambio, y los que están siguen más por compromiso que por motivación. No es algo que ocurra en todos los espacios, pero la mayoría es abrumadora.

Entonces ¿Por qué algunos ciudadanos eligen cruzarse de vereda e intentarlo? ¿Es verdad que piensan que podrán cambiar algo si logran el voto de esa mayoría? ¿Tienen la capacidad y/o el tiempo? ¿Dejarán de lado sus prioridades para atender las nuestras? ¿Quieren un cambio real o son solamente una promesa?

Si nos vamos a los nombres que han surgido en los últimos días como el caso del Luis Perea, Silvio Ruiz Moreno y Luis Weber, surgen nombres que, en principio, no son los que suelen estar en danza. Y pecaríamos de hipócritas si dijéramos que los vemos con posibilidades de cara a los próximos comicios. No porque falte mucho o poco, esa ecuación hasta resulta irrelevante si consideramos que aún no se expresan los que irán con el ‘aparato’ a disputar una elección. Entonces, ¿qué rol juegan estos nombres? Y ¿por qué deberíamos, o no, considerarlos?

Si hablamos del arte de lo imposible, diría Carlos Saúl de Anillaco, parafraseando al estadista Otto von Bismarck — frase que se popularizó como autoría de Maquiavelo—tenemos aquí un fenómeno a priori interesante.

Y es que estos nombres no vienen de la política salvo Ruiz Moreno, que estuvo participando indirectamente en la gestión Maiocco, donde fue su secretario privado, el resto, no acusa recibo político sino más bien del ámbito comercial (uno tiene un corralón y el otro se dedica a la panificación).

De nuevo, se puede ver como algo positivo, el que no tengan una ligazón con el pasado (si es que éste se debiera cuestionar como negativo), pero también con cierto dejo ilusorio, casi romántico: de aquellos que por no estar contaminados de ‘poder’, quieren lo mejor para el resto.

Los que peinamos canas recordaremos aquella frase que ya usó alguien que no venía de la política dura, y había tenido un paso decoroso como dirigente en un club de los más importantes de la city, precisamente desde allí dio el gran salto, y tras algunos tropiezos iniciales dijo aquella frase: “Los dos primeros años son para aprender”.

Si en el hipotético caso que alguno de ellos ganara, siempre se podrá volver a desempolvar otras frases categóricas tranquilizadoras: “La herencia recibida es muy pesada”; “Asumimos en medio de un colapso económico sin precedentes”; o el clásico: “estoy convencido que somos el cambio”, de qué no sabemos, pero son parte de los speech que la política usó recurrentemente y nosotros convalidamos.

Lejos de cuestionar a quiénes asumen ese desafío, lo que pretendemos con estas pocas líneas es ayudar a la reflexión de nuestros lectores. No tenemos la/s respuesta/s, pero nos surgen muchas preguntas: ¿Cómo, o de qué forma financiarán su campaña? Ya que es sabido que nadie hace política sin dinero, y que, llegado el momento, todos deben echar mano a sus bolsillos o los de un padrino para intentar asumir ese recorrido con dinero contante y sonante.

Otra, y en consonancia con la anterior: ¿responden a sus propios intereses? Porque la frase, “me insistieron tanto que…”, expresada en el flyer de uno de ellos, marca que no era de sus ideas más firmes.

En el caso de Perea y Greco, plantean el escenario de volver a una política que sea “servicio y no un privilegio”.  Veremos si alcanza ese “café y abrazo del alma” reciben el acompañamiento de la gente, o solamente será un par de sorbos que se enfríe con el paso de los días.

Si de Weber hablamos, lo acompañaría el arquitecto Edmundo Poggio, que ha intentado por varias vías acercar propuestas a la actual gestión, incluso a la anterior, vinculadas a su experiencia en planificación y ejecución de proyectos urbanísticos en la vecina orilla.

Se deduce que Ruiz Moreno tendrá el apoyo de la provincia, o el acompañamiento de quienes, trabajando en Victoria, accedieron a un cargo en el gabinete de Frigerio. Todo este escenario se extiende sin que se conozca quién estaría bendecido/a por quien gobierna los destinos de las Siete Colinas.

Lo divertido de este escenario que planteamos es que hoy puede parecer que falta mucho, pero el tiempo corre inexorablemente y tarde o temprano deberemos pensar en un nombre, ‘elegir’, y esa decisión debe tener más que un flyer en redes sociales; un planteo con IA; y/o un palmarés de la lucha por los oprimidos…debe tener un equipo y un proyecto de ciudad.

Sabemos que al menos uno de ellos hizo reuniones, planteó adhesiones, las buscó y hasta tiene algunos nombres que agregar a esa lista, pero como siempre ocurre con esta parte de nuestra realidad llamada Política, hasta que no hablen los que callan y ‘rara vez otorgan’, parecería que estamos frente a poco más que buenas intenciones.

Nogoyá.– La Liga de Concejales del Partido Justicialista de Entre Ríos realizó uno de sus encuentros itinerantes en Nogoyá, bajo el lema "Municipios y Desarrollo: el desafío de generar inversión, producción y trabajo". El debate reunió a representantes de distintas localidades de la provincia con el objetivo de construir nuevas agendas legislativas desde los concejos deliberantes, frente a un contexto económico que en ciudades intermedias como Nogoyá ya tiene consecuencias concretas y visibles.

La concejal nogoyaense Guillermina López, una de las anfitrionas del encuentro, fue directa al momento de describir la situación local. "Hace una semana cerró un supermercado muy importante de la ciudad, dejando a siete familias desempleadas. Para una ciudad como la nuestra es realmente triste", afirmó. López trazó una línea directa entre ese caso puntual y el escenario provincial más amplio: "Vemos que cierran empresas en la provincia y en Nogoyá está pasando exactamente lo mismo. También el comercio local atraviesa una fuerte baja de ventas y una recesión que se siente en el día a día".

La edil explicó que el eje del encuentro fue pensar herramientas legislativas adaptadas a municipios que, como Nogoyá, dependen casi exclusivamente del comercio y de pequeñas industrias. "Nos parecía importante poder poner en agenda esta temática que tanto nos preocupa. Fue una temática muy enriquecedora", señaló, y destacó el intercambio de experiencias con concejales de Paraná y Concepción del Uruguay sobre políticas de promoción del empleo e industrialización que puedan replicarse en ciudades más pequeñas.

López adelantó que el bloque justicialista trabaja en una serie de iniciativas orientadas a proteger la actividad económica local. Entre ellas mencionó un proyecto para suspender temporalmente nuevas habilitaciones de grandes superficies comerciales, otro para delimitar zonas comerciales en la ciudad, y una futura ordenanza de "compre local" acompañada de herramientas específicas de promoción del empleo. "Hoy empiezan a ser un problema las grandes superficies, los grandes bazares y supermercados, porque le achican las ventas a los comercios de cercanía", explicó.

La concejala también señaló un vacío normativo que considera urgente resolver: "Las ordenanzas de promoción del empleo hoy brillan por su ausencia. La única normativa concreta es la de promoción industrial sancionada en 2015", indicó.

Uno de los pasajes más críticos de las declaraciones de López apuntó al escaso desarrollo del parque industrial de Nogoyá, un predio de más de cincuenta hectáreas que cuenta actualmente con solo tres empresas radicadas. La edil atribuyó esa situación a la falta de continuidad en las políticas públicas tras el cambio de gestión municipal ocurrido luego de su creación en 2015. "Cuando asumió la siguiente gestión se frenó el avance del parque industrial. Recién el año pasado se pudo normalizar la situación dominial", afirmó, y no ocultó su balance: "Hoy nuestro parque industrial tiene solo tres empresas cuando debería tener muchas más funcionando".

Los encuentros de la Liga de Concejales continuarán recorriendo los departamentos de la provincia. El próximo está programado para el 8 de agosto en Federal. Al cierre del ciclo se elaborará un documento con las conclusiones y propuestas surgidas de cada jornada.

La idea de que la democracia consiste simplemente en abrir las urnas una y otra vez ha mostrado sus límites frente a las demandas reales de la sociedad. Cuando las reglas y los mecanismos electorales se convierten en un fin en sí mismos, desconectados de lo que le pasa a la gente, la política corre el riesgo de transformarse en una discusión vacía. En Entre Ríos, el debate sobre la eliminación de las PASO no es una simple disputa técnica entre dirigentes; es una oportunidad para devolver el sentido común y el realismo a la agenda pública.

La premisa fundamental de cualquier gestión estatal debería ser clara: gobernar es, antes que nada, administrar prioridades pensando en el bien común. En el escenario actual, obligar a los ciudadanos a ir de forma reiterada al cuarto oscuro para resolver internas que solo les importan a las estructuras de los partidos no es valorar el sistema democrático, sino desgastarlo. Ya en sus textos clásicos sobre la política, Max Weber advertía sobre el peligro de que las minorías dirigentes se divorcien por completo del sentir real de las mayorías. Llevar a la sociedad a votar para solucionar las diferencias de los partidos distorsiona el contrato social y genera un malestar innecesario en un humor social que hoy exige soluciones, no más elecciones.

El ciudadano de a pie tiene hoy prioridades totalmente distintas a la rosca electoral. La economía, el desarrollo productivo, la educación y el empleo diario configuran el verdadero núcleo del bienestar general. La selección interna de candidatos ha dejado de ser un tema que sume al bien común o que despierte el interés del sentido común. El politólogo Giovanni Sartori recordaba que los partidos políticos deben funcionar como canales para transmitir lo que la sociedad necesita, y no como estructuras cerradas que le complican la vida al electorado. La idea central de las reformas actuales debe apuntar justamente a lo contrario: simplificar la vida de la gente, no complicarla.

Aristóteles definía la prudencia como la virtud política por excelencia: la capacidad de los gobernantes para entender el pulso de su época y discernir qué es lo conveniente para la comunidad en un momento determinado. Forzar la permanencia de un sistema costoso y fatigante, cuando la sociedad expresa un claro agotamiento, representa una preocupante falta de esa virtud. Los dirigentes políticos tienen que tener la capacidad de entender lo que expresa la gente en el día a día.

Por eso, eliminar este sistema de selección de candidatos sería un acierto indiscutible. Devuelve la responsabilidad a su lugar natural: que cada organización partidista seleccione de la forma que mejor le parezca a sus propios postulantes, gestionando sus dinámicas internas puertas adentro, sin trasladar el costo operativo ni el hartazgo psicológico a toda la población.

Simplificar las reglas de juego es un acto de respeto hacia el elector. En un contexto que exige sintonía fina con las urgencias de la calle, suspender una instancia obligatoria que solo responde a las necesidades de la política es un paso firme hacia un sistema más maduro, ágil y sensible a las prioridades reales de los entrerrianos.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado, Juan Cosso, defendió el dictamen elaborado por el bloque de senadores justicialistas sobre la reforma previsional y aseguró que la propuesta "demuestra que es posible fortalecer la Caja de Jubilaciones sin avanzar sobre derechos adquiridos ni trasladar el costo de la reforma a los trabajadores y jubilados".

El legislador explicó que la iniciativa del PJ es el resultado del trabajo realizado durante el tratamiento legislativo del proyecto, incorporando aportes de especialistas, representantes de distintos sectores y organizaciones vinculadas al sistema previsional.

"Desde el primer día dijimos que no nos íbamos a limitar a rechazar el proyecto del Gobierno. Elaboramos una propuesta seria, técnicamente fundada y con una mirada de largo plazo. Nuestro objetivo fue demostrar que existen alternativas para garantizar la sustentabilidad del sistema previsional sin seguir ajustando sobre quienes sostienen la Caja con su trabajo o ya cumplieron toda una vida de aportes", expresó Cosso.

El senador destacó que, a diferencia del proyecto oficial, el dictamen del PJ no declara la emergencia previsional y plantea reformas estructurales permanentes, incorporando mecanismos de transparencia y planificación como la creación del Fondo de Equilibrio y Sostenibilidad Previsional (FESP), una Unidad Actuarial y un Consejo de Sostenibilidad para fortalecer la administración del sistema.

Uno de los puntos que Cosso consideró centrales es el tratamiento de los regímenes especiales, particularmente el docente.

"Quiero llevar tranquilidad a miles de docentes entrerrianos porque nuestro dictamen respeta plenamente los derechos de quienes hoy están trabajando. Las modificaciones en la edad jubilatoria alcanzan exclusivamente a quienes ingresen al sistema en el futuro. Ningún docente que actualmente está ejerciendo verá modificadas las condiciones con las que planificó su jubilación", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el proyecto del PJ ofrece mayores garantías que la iniciativa del Poder Ejecutivo.

"Nuestro dictamen elimina uno de los aspectos más perjudiciales del proyecto oficial: no obliga a los docentes ni a los demás beneficiarios de regímenes especiales a seguir realizando aportes una vez jubilados. El proyecto del Gobierno sí establece un aporte solidario durante la pasividad hasta alcanzar la edad jubilatoria ordinaria, lo que significa una reducción adicional de haberes para personas que ya se retiraron después de cumplir toda su carrera laboral", explicó.

"Nosotros creemos que la sustentabilidad del sistema no puede construirse castigando a quienes ya se jubilaron. Por eso proponemos un esquema que protege a los trabajadores actuales, brinda previsibilidad a los nuevos ingresantes y evita seguir afectando los ingresos de los jubilados", agregó.

Cosso también remarcó que el dictamen del PJ mantiene los 30 años de servicios con aportes para acceder al beneficio jubilatorio, mientras que el proyecto oficial eleva ese requisito a 35 años.

Además, explicó que la propuesta justicialista establece que el haber jubilatorio se calcule sobre los últimos 120 meses de servicios computables, mientras que la iniciativa del Ejecutivo extiende ese período a 180 meses, una modificación que, según indicó, termina reduciendo el monto de las futuras jubilaciones.

Otro aspecto destacado es que el dictamen no incorpora nuevos aportes extraordinarios para los trabajadores activos.

"En lugar de seguir aumentando la presión sobre quienes trabajan, proponemos un aporte institucional extraordinario para los cargos políticos de mayores ingresos y creamos el Fondo de Equilibrio y Sostenibilidad Previsional, con recursos específicos provenientes de distintas fuentes. Creemos que primero hay que generar nuevos mecanismos de financiamiento antes que seguir pidiendo esfuerzos a los trabajadores", señaló.

Asimismo, resaltó que la iniciativa garantiza una fórmula de movilidad que combina en partes iguales la evolución de la inflación y las paritarias, estableciendo un piso de actualización equivalente al Índice de Precios al Consumidor para preservar el poder adquisitivo de los haberes.

Finalmente, Cosso sostuvo que el dictamen elaborado por el bloque justicialista "representa una alternativa responsable y equilibrada".

"El desafío no es elegir entre sostener la Caja o proteger derechos. Nuestro dictamen demuestra que ambas cosas son posibles. La verdadera sustentabilidad se construye con planificación, transparencia, nuevas fuentes de financiamiento y respeto por quienes aportaron durante toda su vida. Ese es el camino que proponemos desde el bloque justicialista", concluyó

El escenario político argentino atraviesa una etapa de fuerte reconfiguración. Mientras el Gobierno nacional busca consolidar su proyecto con nuevos acuerdos políticos, la oposición enfrenta dificultades para construir una alternativa unificada. Sobre este panorama se refirió el licenciado en Ciencias Políticas Nahuel Baridón, quien realizó un análisis de la coyuntura durante una entrevista con el programa Debate Abierto.

Según el analista, uno de los momentos más complejos para la administración de Javier Milei en los últimos meses estuvo vinculado al denominado "caso Adorni", situación que, a su entender, produjo uno de los mayores impactos negativos sobre la imagen del Presidente y de su hermana, Karina Milei.

No obstante, Baridón consideró que el oficialismo logró atravesar esa etapa sin mayores consecuencias institucionales gracias al respaldo político de un grupo de gobernadores.

"El Gobierno consiguió sostener la gobernabilidad con el apoyo de 14 mandatarios provinciales, algunos motivados por la necesidad de recursos nacionales y otros por conveniencia electoral, ya que comparten parte del electorado con La Libertad Avanza", explicó.

Uno de los aspectos que, según Baridón, mejor explica el momento político actual es la incorporación de Diego Santilli a un lugar estratégico dentro del gabinete nacional.

En ese sentido, sostuvo que este movimiento también ayuda a interpretar la postura adoptada por el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio, quien semanas atrás manifestó públicamente su intención de construir un frente electoral junto a La Libertad Avanza.

Para el politólogo, Frigerio se anticipó a un proceso de integración política que ya venía gestándose entre dirigentes del PRO y el espacio libertario, donde hoy ocupan lugares destacados figuras como Patricia Bullrich, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y ahora Santilli.

A su criterio, este esquema no solo apunta a fortalecer la gestión nacional, sino también a proyectar el escenario electoral de los próximos años.

"Se empieza a visualizar una estrategia que busca consolidar la reelección de Javier Milei y, al mismo tiempo, posicionar a Diego Santilli como una figura de peso en la provincia de Buenos Aires", analizó.

En contrapartida, Baridón describió un panorama complejo para la principal fuerza opositora.

Consideró que el peronismo no logró capitalizar políticamente los momentos de mayor dificultad del Gobierno nacional y advirtió que la interna entre el kirchnerismo y el gobernador bonaerense Axel Kicillof atraviesa un nivel de confrontación que excede una simple disputa por candidaturas.

A su entender, la falta de una estrategia común y la profundización de las diferencias internas debilitan las posibilidades del espacio para presentarse como una alternativa de gobierno en el corto plazo.

En el cierre de su análisis, Baridón sostuvo que la combinación entre una oposición fragmentada y una leve mejora en algunos indicadores económicos favorece al oficialismo.

"Esta desunión opositora termina siendo una buena noticia para el Gobierno nacional, que comienza a mostrar un leve repunte en su imagen pública apoyado en el control de la inflación", concluyó.

De esta manera, el analista consideró que, pese a las turbulencias políticas de los últimos meses, el oficialismo logró recuperar iniciativa y comienza a delinear una estrategia con proyección hacia los próximos desafíos electorales.

La ciudad de Nogoyá será sede este sábado 4 de julio del quinto encuentro provincial de la Liga de Concejales Justicialistas de Entre Ríos, un espacio que reunirá a ediles de distintos departamentos con el objetivo de intercambiar experiencias y debatir propuestas vinculadas al desarrollo productivo de las ciudades entrerrianas.

La jornada dará continuidad a un ciclo de reuniones que ya se desarrolló en Paraná, Concordia, Villaguay y Concepción del Uruguay, y tendrá como eje central el papel que pueden desempeñar los municipios para impulsar inversiones, fortalecer el entramado productivo y generar empleo.

La concejala de Nogoyá y anfitriona del encuentro, Guillermina López, explicó que la convocatoria busca reflexionar sobre el protagonismo que deben asumir los gobiernos locales frente al escenario económico actual.

"El tema principal que nos convoca son los municipios y el desarrollo, el desafío de generar inversión, producción y trabajo. Tiene que ver con fortalecer el rol de los municipios ante la falta de políticas de desarrollo productivo e industrial tanto a nivel nacional como provincial", señaló.

Según indicó, el debate también apunta a construir una visión de largo plazo sobre el crecimiento de las ciudades entrerrianas.

"Pensamos la estructura de nuestras ciudades de cara a 2030 y 2050. Queremos analizar qué herramientas podemos generar y cómo construir una agenda de trabajo conjunto entre el sector público y el privado que fortalezca tanto a las grandes ciudades como Paraná como a localidades intermedias como Nogoyá, donde existe un importante desarrollo industrial y de pequeñas empresas que aún necesita mayor articulación", sostuvo.

López remarcó además que el encuentro cobra especial importancia para aquellos bloques donde el justicialismo ejerce el rol de oposición.

"El desafío es pensar desde los Concejos Deliberantes políticas que impulsen el desarrollo productivo e industrial de nuestras ciudades", afirmó.

Por su parte, la concejala de Paraná Luisina Minni consideró que la Liga se ha convertido en un ámbito para construir propuestas concretas destinadas al desarrollo de los municipios.

"La Liga demuestra que el peronismo entrerriano no se quedó únicamente en una posición defensiva. Estamos generando una agenda propia, articulando con el sector privado y discutiendo cómo promover inversiones y empleo genuino en cada ciudad", expresó.

La edil sostuvo que el objetivo del encuentro es avanzar en iniciativas que permitan fortalecer tanto a las ciudades intermedias como a los principales centros urbanos de la provincia.

"No venimos solamente a señalar los problemas. Queremos aportar herramientas reales para planificar el desarrollo productivo desde los territorios. Creemos que el crecimiento de Entre Ríos debe construirse desde cada municipio, con un Estado presente que acompañe ese proceso", concluyó.

La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete no modificó uno de los rasgos que continúa caracterizando al escenario político argentino: la fuerte polarización.

Así lo refleja el Monitor de Opinión Pública elaborado por la consultora Zentrix, correspondiente a mayo de 2026, que relevó la opinión de 1.315 personas de las 24 jurisdicciones del país y analizó tanto la imagen de los principales dirigentes como la percepción económica de la población.

Según el informe, Santilli inicia su gestión con una imagen negativa del 50,6%, mientras que el 36,7% de los consultados tiene una valoración positiva. El resto manifestó una opinión neutra o no respondió.

La comparación con su antecesor, Manuel Adorni, muestra una diferencia importante: el exvocero presidencial dejó el cargo con una imagen negativa del 73,6%, uno de los registros más elevados del estudio.

El relevamiento señala que la valoración de Santilli cambia drásticamente según la pertenencia política de cada encuestado.

Entre quienes votaron a Javier Milei en el balotaje presidencial de 2023, casi dos de cada tres consultados tienen una imagen positiva del actual jefe de Gabinete.

En cambio, entre quienes apoyaron a Sergio Massa, más del 90% expresó una opinión negativa.

La misma tendencia aparece cuando se toma como referencia el voto en las elecciones legislativas de 2025: el 80,5% de los votantes de La Libertad Avanza lo valora positivamente, mientras que un porcentaje similar de quienes respaldaron a fuerzas opositoras tiene una percepción negativa.

Para los autores del informe, estos datos muestran que Santilli no logró construir una imagen transversal pese a provenir del PRO, espacio que históricamente buscó captar votantes por fuera de las identidades más polarizadas.

El estudio también identifica diferencias según las características sociales de los consultados.

La imagen positiva del funcionario crece entre las personas mayores de 60 años y en los sectores de ingresos medios y altos, mientras que registra sus peores indicadores entre los menores de 40 años y los sectores de menores recursos.

En este último segmento, la imagen negativa alcanza el 62,8%, el porcentaje más alto observado entre todas las variables analizadas.

Más allá de la valoración de los dirigentes, el informe confirma que las preocupaciones económicas continúan dominando la agenda de los argentinos.

Sin embargo, las prioridades cambian según la posición política de cada entrevistado.

Entre quienes votaron a La Libertad Avanza, la principal inquietud son las deudas personales, seguida por la corrupción y la incertidumbre económica.

En cambio, entre los votantes de la oposición predominan la incertidumbre económica, la pérdida del poder adquisitivo y los ingresos familiares, mientras que la corrupción también aparece entre las principales preocupaciones.

Uno de los datos más contundentes del relevamiento está relacionado con la percepción del poder de compra.

Solo el 25,8% de los votantes oficialistas considera que su salario está superando a la inflación.

Entre quienes se identifican con la oposición, ese porcentaje cae prácticamente a cero: apenas el 0,9% cree que sus ingresos logran ganarle al aumento de los precios.

La encuesta también muestra diferencias en la capacidad de llegar a fin de mes.

Mientras poco más de la mitad de los votantes oficialistas afirma que sus ingresos alcanzan, como máximo, hasta el día 20 de cada mes, entre los votantes opositores esa situación afecta a casi tres de cada cuatro consultados.

Asimismo, el margen para ahorrar resulta muy reducido: solo el 18,5% de los votantes oficialistas asegura llegar a fin de mes con capacidad de ahorro, porcentaje que desciende al 3,9% entre quienes respaldan a la oposición.

A partir de estos resultados, la consultora concluye que el nuevo jefe de Gabinete asume en un contexto complejo, donde conviven una imagen pública fuertemente condicionada por la polarización política y una sociedad atravesada por preocupaciones económicas que afectan tanto a oficialistas como a opositores, aunque con prioridades diferentes.

El Monitor de Opinión Pública fue elaborado por la consultora Zentrix entre el 15 y el 22 de mayo de 2026 mediante una encuesta autoadministrada por internet.

La muestra incluyó 1.315 casos distribuidos en todo el país y fue ponderada por sexo, edad y región para reflejar la composición del padrón electoral nacional.

No obstante, los propios responsables del informe aclaran que, al tratarse de una muestra no probabilística, los resultados representan tendencias de alcance nacional y no deben extrapolarse a provincias o localidades específicas.