El proyecto de Ley de Ética y Transparencia de la Función Pública obtuvo dictamen favorable este miércoles, en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado entrerriano.

"El texto que llega al recinto es mejor que el que ingresó, y eso se debe a los cambios que propuso el Bloque de Senadores del Partido Justicialista"; señaló.

“Los entrerrianos nos piden transparencia en serio, no otro anuncio. Para eso hace falta una ley con controles concretos, que permita conocer cómo evoluciona el patrimonio de quienes gobiernan y que tenga consecuencias cuando las obligaciones no se cumplen”, sostuvo.

El proyecto original exigía la declaración jurada patrimonial solo al asumir y al dejar el cargo. Durante todo el mandato, nadie podía saber cómo cambiaba el patrimonio de un funcionario.

Declaración jurada anual, con plazo hasta el 31 de julio de cada año.Bienes en el país y en el exterior, participaciones societarias e ingresos de cualquier origen.

Billeteras virtuales y criptoactivos, incluidos de manera expresa.Publicación en internet de las declaraciones y de la lista de quienes cumplieron y quienes no, con resguardo de los datos sensibles.

Multas de hasta el 50 % del sueldo por no presentar la declaración o presentarla incompleta, que llegan al 100 % si el funcionario reincide.

“Una declaración jurada que no se actualiza y cuyo incumplimiento no tiene consecuencias es un trámite, no un control. La transparencia requiere información periódica, acceso público y herramientas para exigir que la ley se respete”, remarcó Cosso.

Ficha Limpia eficaz, pero también sólida

El senador puso el foco en los artículos 23 y 24, que impiden ejercer cargos públicos o ser candidato a quienes tengan condenas por corrupción y otros delitos graves.

Exigir que la condena esté confirmada en dos instancias, como mandan la Constitución y los tratados internacionales.

Vincular la duración de la restricción a la condena, en lugar de un plazo fijo igual para todos los casos.

Identificar con precisión los delitos alcanzados, corrigiendo remisiones normativas incorrectas.

Exigir el certificado de antecedentes penales a quienes asuman funciones y a todos los candidatos de cada lista.

“Ficha Limpia no puede ser una consigna para la foto. Tiene que ser una herramienta eficaz y jurídicamente sólida. No alcanza con aprobar una norma que después se caiga en tribunales por errores de redacción o por no respetar las garantías constitucionales. Una ley mal hecha termina beneficiando a quien se quería alcanzar”, advirtió.

Cosso destacó que el bloque justicialista asumió el debate con responsabilidad. “No vinimos a obstaculizar ni a acompañar a libro cerrado. Vinimos a leer el proyecto artículo por artículo y a mejorarlo. Si hoy la ley tiene controles reales, es porque hubo trabajo serio en comisión”, afirmó.

“Una ley de ética pública no puede quedar sólo en una declaración de principios. Tiene que establecer obligaciones claras, controles permanentes y sanciones que se puedan hacer efectivas. Trabajamos con esa responsabilidad: para que la transparencia sea una práctica real y para que la ley se cumpla”, concluyó.

Los ingresos de buena parte de los hogares argentinos no alcanzan para cubrir todo el mes. Según la medición de septiembre del Monitor de Opinión Pública (MOP), elaborado por Zentrix Consultora, dos de cada tres personas se quedan sin dinero a más tardar el día 20. La situación es más marcada entre los menores de 40 años, donde el indicador llega al 72%, y en los sectores de menores ingresos, con el 83,3%.

El relevamiento también muestra una mayor dependencia del crédito para afrontar los gastos cotidianos. El 56,2% de los consultados tomó deuda durante los últimos seis meses, mientras que el 81,8% considera que su salario pierde frente a la inflación.

En este escenario, el endeudamiento aparece cada vez más vinculado con la necesidad de sostener los gastos básicos que con la compra de bienes o la financiación de consumos extraordinarios.

El informe señala que solo el 34% de los encuestados logra llegar a fin de mes con sus ingresos, mientras que apenas el 9,8% consigue ahorrar. Casi cuatro de cada diez personas no superan la primera quincena.

Entre quienes tomaron deuda, el 55,1% lo hizo para cubrir gastos básicos, como alimentos y salud. Otro 21,3% recurrió al crédito para pagar tarifas y servicios, mientras que el 11,8% lo utilizó para comprar bienes durables.

Los datos reflejan que, para una parte importante de la población, el endeudamiento dejó de ser una herramienta asociada exclusivamente al consumo y pasó a funcionar como un complemento del ingreso mensual.

La situación salarial refuerza ese escenario. Según Zentrix, desde marzo la proporción de personas que considera que su sueldo no le gana a la inflación se mantiene por encima del 81% y alcanzó el 87,4% en julio.

La situación económica presenta diferencias significativas según el nivel socioeconómico. En la clase baja, el 59,6% se queda sin ingresos antes del día 15 y el 83,3% no llega más allá del día 20. Apenas el 0,9% de ese segmento logra ahorrar.

En la clase alta, en cambio, el 20% agota sus ingresos antes de fin de mes y el 61,9% consigue ahorrar.

El endeudamiento también muestra una brecha: el 68,1% de las personas de clase baja tomó deuda en los últimos seis meses, frente al 36,5% de la clase alta.

Además, los motivos son diferentes. Entre los sectores de menores ingresos, el 65,5% de quienes se endeudaron lo hizo para cubrir gastos básicos. En la clase alta, el 63,4% recurrió al crédito para adquirir bienes durables.

De esta manera, el informe distingue dos realidades: mientras en los hogares de mayores ingresos el crédito aparece principalmente asociado al consumo, en los de menores recursos se utiliza para afrontar necesidades cotidianas.

La clase media presenta indicadores que muestran las dificultades para sostener el presupuesto mensual. El 51,4% de sus integrantes se queda sin ingresos antes de fin de mes y el 47,1% tomó deuda durante los últimos seis meses.

Entre quienes se endeudaron en este segmento, el 45,6% lo hizo para cubrir gastos básicos y el 29% para pagar tarifas y servicios. Esta última proporción es superior a la registrada en la clase baja, donde alcanza el 18,2%, y en la clase alta, con el 4,7%.

El dato muestra el peso que tienen los servicios y las tarifas en los presupuestos familiares de la clase media, que también recurre al crédito para cubrir obligaciones mensuales.

El informe identifica a los menores de 40 años como uno de los grupos más expuestos a las dificultades para llegar a fin de mes.

En ese segmento, el 72% se queda sin dinero a más tardar el día 20, apenas el 3% logra ahorrar y el 60,9% tomó deuda en los últimos seis meses. Además, el 69,1% evalúa negativamente la situación económica del país.

La combinación de ingresos que se agotan antes de fin de mes, escasa capacidad de ahorro y mayor dependencia del crédito deja a estos hogares con poco margen para afrontar gastos imprevistos.

La situación presenta similitudes con la de la clase baja, donde el 83,3% no supera el día 20, solo el 0,9% ahorra y el 68,1% se endeudó en el período analizado.

En ambos grupos, el crédito aparece como una herramienta para sostener el consumo básico, pero también representa un compromiso que debe afrontarse con ingresos futuros que, según la percepción de los encuestados, continúan perdiendo frente a la inflación.

La encuesta también indagó sobre la responsabilidad del Estado ante las dificultades de pago y el aumento de la morosidad.

El 67% de los consultados considera que debe existir algún tipo de intervención estatal. Dentro de ese grupo, el 36,1% entiende que el endeudamiento es un problema que afecta a toda la sociedad y que el Estado debería hacerse cargo. Otro 30,9% sostiene que, aunque se trata de una cuestión entre privados, corresponde que el Estado intervenga.

En contraste, el 29,1% opina que el Estado no debería involucrarse.

Entre quienes respaldan alguna forma de intervención, la alternativa más elegida es regular el otorgamiento y las condiciones de los créditos, con el 61,3% de las respuestas. El 23,6% prefiere que se refinancien las deudas a través del Banco Central, mientras que el 7,5% se inclina por una condonación establecida por ley.

Los resultados muestran una mayor preferencia por establecer reglas para el funcionamiento del crédito que por eliminar las deudas existentes.

La evaluación económica también presenta diferencias entre la percepción de la situación individual y la del contexto nacional.

El 39,3% de los encuestados califica negativamente su situación económica personal, mientras que el 61,5% tiene una evaluación desfavorable de la economía del país.

La mirada sobre la situación nacional varía según el nivel socioeconómico. La evaluación negativa alcanza al 70,7% de la clase baja, al 56,5% de la clase media y al 42,9% de la clase alta.

La diferencia entre la percepción individual y la del país convive con indicadores que muestran dificultades concretas para sostener los gastos mensuales. El informe advierte sobre el avance del endeudamiento como respuesta a esa situación, aunque la encuesta no permite establecer por sí sola qué mecanismos explican esa brecha.

Los resultados corresponden a la medición de septiembre de 2026 del Monitor de Opinión Pública (MOP), elaborado por Zentrix Consultora para relevar las percepciones políticas y económicas de la población residente en Argentina.

El estudio incluyó 1.438 casos válidos y se realizó entre el 22 y el 30 de septiembre, mediante un cuestionario autoadministrado en línea. El diseño muestral fue ponderado por región, edad, sexo y voto declarado en el balotaje presidencial de noviembre de 2023 y las elecciones legislativas de octubre de 2025.

Según la consultora, el margen de error teórico es de ±2,6%, con un nivel de confianza del 95%.

Zentrix aclaró que los resultados no deben extrapolarse a niveles provinciales o locales sin las correspondientes precauciones metodológicas. Por lo tanto, los porcentajes difundidos describen tendencias nacionales y no permiten determinar por sí solos cuál es la situación específica de los hogares de Entre Ríos.

El informe completo, disponible para suscriptores de la consultora, incluye cruces adicionales por edad, sexo y clase social, así como la evolución de los indicadores y otras variables de opinión pública.

El fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural movilizó a 1.490.400 turistas en todo el país y generó un impacto económico directo de $313.610 millones, de acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La cantidad de viajeros aumentó un 3,5% respecto del mismo feriado de 2025. Sin embargo, el crecimiento del movimiento turístico no se tradujo en una mejora del gasto total, debido principalmente a la reducción de la duración de los viajes.

La estadía promedio pasó de dos días a 1,8 días, lo que representó una caída interanual del 10%. En paralelo, el gasto promedio diario por turista llegó a $116.900, con un incremento real del 5%, una vez descontada la inflación interanual del 22,1%.

De esta manera, aunque viajaron más personas y cada turista gastó más por día en términos reales, el impacto económico total registró una caída real del 2,2% frente al año pasado.

El comportamiento confirmó una tendencia que se viene observando en la actividad: escapadas más breves, viajes de cercanía y decisiones de consumo ajustadas a las posibilidades de cada presupuesto.

En Entre Ríos, el fin de semana largo comenzó con un nivel de reservas del 75%, un gasto promedio diario estimado en $105.000 por persona y una estadía media de 2,3 noches, según datos del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER).

Las expectativas estuvieron condicionadas por la evolución del clima y la creciente del río Uruguay, dos factores que inciden en la actividad turística y en las propuestas recreativas al aire libre.

La oferta se distribuyó entre las diez microrregiones turísticas de la provincia, con alternativas de termalismo, playas de río, naturaleza, turismo rural, gastronomía, recorridos históricos y fiestas populares.

Entre los destinos destacados se encontraron Colón, Federación, Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Paraná y Villa Elisa, que cuentan con complejos termales, paseos costeros, espacios naturales y propuestas culturales.

La agenda de acontecimientos tuvo un papel importante en el movimiento de visitantes. Gualeguaychú celebró la 67ª Fiesta Nacional del Desfile de Carrozas Estudiantiles, mientras que Hernandarias realizó su tradicional desfile y Villaguay fue sede de la Fiesta Provincial del Estudiante Secundario.

En Concordia se desarrolló la segunda Feria Provincial del Libro y en Federación tuvo lugar el Festival de la Milanesa. La gastronomía regional también convocó público con la Fiesta Provincial Semi-Variada del Bagre Gualeyo, en Gualeguay; la Fiesta del Costillar a la Estaca, en Tabossi; y la Fiesta de la Pizza a la Parrilla, en Colonia Las Garzas.

A estas propuestas se sumaron los aniversarios de Aldea María Luisa y Maciá, además de actividades vinculadas con la producción vitivinícola en Arroyo Barú.

El Parque Nacional El Palmar, los paisajes del Delta del Paraná, los humedales y las playas sobre los ríos Paraná y Uruguay completaron las alternativas para quienes eligieron la provincia durante el feriado.

La inestabilidad meteorológica fue uno de los factores que marcaron el inicio del fin de semana largo. Las lluvias, la humedad elevada y las temperaturas frescas para la época afectaron especialmente al centro y al este del país, mientras que en el noreste se anticiparon tormentas de mayor intensidad.

En las regiones cordilleranas y patagónicas predominaron las bajas temperaturas y la nubosidad. Las condiciones incidieron sobre las salidas espontáneas, los desplazamientos de corta distancia y las actividades al aire libre, aunque con efectos diferentes según cada destino.

En varias provincias, las reservas anticipadas fueron moderadas y mejoraron a medida que se acercaba el feriado. Los viajes en automóvil particular, las decisiones de último momento y las escapadas de dos noches tuvieron una presencia destacada.

Los destinos que combinaron acontecimientos populares, gastronomía, naturaleza y propuestas culturales mostraron algunos de los desempeños más favorables.

Entre las celebraciones que impulsaron el movimiento se destacaron la Fiesta Nacional de la Cerveza, en Villa General Belgrano; Bariloche a la Carta, en Río Negro; el Harlem Festival, en Santa Fe; y la Fiesta Nacional del Caballo, en Tucumán.

Los resultados fueron desiguales entre provincias y localidades. En Catamarca, la ocupación superó el 85% en el conjunto provincial, con una estadía promedio de dos noches. En Córdoba, los principales destinos registraron niveles de ocupación hotelera y parahotelera de entre el 80% y el 88%, impulsados especialmente por los festejos de Villa General Belgrano.

En Puerto Madryn, Chubut, la ocupación general alcanzó el 80%, con una permanencia de entre dos y tres noches. Bariloche, en Río Negro, también llegó al 80%, con el impulso de su propuesta gastronómica.

Santa Fe registró una ocupación estimada superior al 78% a nivel provincial. Según el Observatorio Turístico Provincial, llegaron más de 102.000 visitantes, entre turistas alojados y excursionistas, con un impacto económico estimado en $21.759 millones.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ocupación hotelera alcanzó el 80%. Más de 120.000 turistas nacionales e internacionales visitaron la capital, con un impacto económico superior a los $37.000 millones.

En contraste, Misiones mostró diferencias importantes entre localidades: Oberá registró una ocupación del 80%, mientras que Posadas llegó al 26,7%. En Chaco, el promedio provincial estimado fue del 40%, con mayores niveles de ocupación en la región de El Impenetrable.

La diversidad de resultados volvió a mostrar que la actividad turística no depende únicamente de la cantidad de personas que viajan. La duración de las estadías, la oferta disponible, las condiciones meteorológicas y la realización de eventos también inciden sobre el desempeño de cada destino.

Un relevamiento del Instituto de Economía de la UADE estimó que una familia tipo de cuatro integrantes necesitó, en promedio, $1.072.600 para cubrir el transporte en micro y el alojamiento durante el fin de semana largo.

El monto equivalió al 53% de un salario formal promedio y fue un 4,2% superior en términos reales al registrado un año antes. Bariloche y San Martín de los Andes estuvieron entre los destinos más caros, mientras que San Antonio de Areco, Colón y Mar del Plata ofrecieron alternativas más económicas.

El cálculo no incluyó comidas, excursiones ni otros gastos, por lo que el presupuesto necesario para completar el viaje fue mayor.

Las búsquedas de alojamiento también reflejaron el protagonismo de las escapadas cortas. Según Booking.com, Buenos Aires, Mar del Plata y Córdoba encabezaron las consultas para el feriado, con interés por destinos serranos, de montaña y cercanos a los grandes centros urbanos.

La plataforma informó que el 56,1% de las búsquedas correspondió a viajes en pareja, frente al 35,9% de familias y grupos y el 8% de viajeros individuales. Por su parte, Despegar señaló que cerca del 70% de sus operaciones se realizaron con tarjetas de crédito.

Otro dato destacado fue el crecimiento del interés por Villa General Belgrano. Las búsquedas de alojamiento para la localidad cordobesa aumentaron un 379,6% frente al mismo feriado de 2025, en coincidencia con una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Cerveza.

En el transporte aéreo también se registró un movimiento importante. Aerolíneas Argentinas informó 160.532 reservas para viajar entre el 9 y el 12 de octubre, con un crecimiento interanual del 16% en los vuelos de cabotaje y una ocupación del 88% en esas rutas. Bariloche, Córdoba, Mendoza, Puerto Iguazú y Ushuaia estuvieron entre los destinos más elegidos.

En lo que va de 2026 se contabilizaron ocho fines de semana largos, durante los cuales viajaron 12.939.094 turistas en todo el país.

La estadía promedio fue de 2,37 días y el gasto diario promedio alcanzó los $111.282. En conjunto, el impacto económico acumulado llegó a los $3,4 billones.

Los números muestran una actividad turística que conserva capacidad de movilización, pero que enfrenta un escenario de consumo selectivo. Para los destinos, las fiestas populares, los festivales, la gastronomía y las experiencias vinculadas con la naturaleza continúan siendo herramientas para atraer visitantes y sostener el movimiento comercial.

En ese contexto, Entre Ríos cuenta con una oferta diversificada que combina termas, playas, naturaleza y acontecimientos locales. El desafío es transformar ese interés en estadías más prolongadas y mayor consumo en los sectores vinculados con el turismo.

Buenos Aires. La actividad se distribuyó entre la Costa Atlántica, las sierras y las localidades del interior. En Mar del Plata, las reservas hoteleras previas se ubicaron entre el 45% y el 50%, mientras que en Chascomús superaron el 60% al viernes. Villa Gesell celebró la Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural; San Clemente del Tuyú, la Fiesta Nacional de la Corvina Negra; y Berisso, la Fiesta Provincial del Inmigrante. Tandil, San Antonio de Areco y Luján también sumaron propuestas culturales y gastronómicas.

Catamarca. La ocupación provincial superó el 85%, con propuestas centradas en los paisajes de alta montaña, las Termas de Fiambalá, la Ruta de los Seismiles y los circuitos culturales y arqueológicos de Belén y Santa María.

Chaco. El promedio de ocupación se estimó en el 40%. El Impenetrable encabezó los registros regionales, con el 50%, seguido por el Centro-Sudoeste, con el 41%, y el Litoral, con el 28%. La agenda incluyó actividades culturales, congresos, ferias y propuestas de observación de aves.

Chubut. Puerto Madryn alcanzó el 80% de ocupación, con una estadía promedio de entre dos y tres noches. Las propuestas gastronómicas, los espectáculos y las excursiones para el avistaje de ballenas francas australes fueron parte de la oferta.

Córdoba. La ocupación hotelera y parahotelera de los principales destinos se ubicó entre el 80% y el 88%. Villa General Belgrano concentró buena parte de la atención con la Fiesta Nacional de la Cerveza. También hubo movimiento en los valles de Calamuchita, Punilla, Traslasierra y Ansenuza.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La ocupación hotelera llegó al 80%, con más de 120.000 turistas y un impacto económico superior a los $37.000 millones. La agenda incluyó propuestas culturales, ferias gastronómicas, espectáculos y competencias deportivas.

Formosa. La provincia informó una ocupación del 80%, con especial interés por el Bañado La Estrella, destino reconocido por sus paisajes y la observación de aves. En la capital, las reservas hoteleras alcanzaron el 50%.

La Pampa. Santa Rosa y General Pico concentraron parte de las actividades culturales, comerciales y recreativas. La Feria de la Construcción y el Hábitat y los encuentros musicales formaron parte de la programación.

La Rioja. Las reservas iniciales rondaron el 45% y mejoraron con las contrataciones de último momento. Sanagasta y Chilecito sumaron actividad con competencias deportivas, mientras que el Parque Nacional Talampaya, la Laguna Brava y la Ruta 40 integraron la oferta de naturaleza.

Mendoza. Los destinos vinculados con el vino y la montaña alcanzaron una ocupación cercana al 83% en localidades como Luján de Cuyo, Chacras de Coria, Agrelo, Potrerillos y San Rafael. Las bodegas, la gastronomía y las actividades al aire libre fueron protagonistas.

Misiones. Oberá llegó al 80% de ocupación, mientras que Posadas registró el 26,7%. Montecarlo celebró la Fiesta Nacional de la Orquídea y la Fiesta Provincial de la Flor, junto con otros encuentros gastronómicos y culturales en distintas localidades.

Neuquén. Villa Traful inició el feriado con reservas de entre el 70% y el 80%, impulsadas por una competencia de ciclismo. También se desarrollaron encuentros gastronómicos, fiestas populares y propuestas de turismo de montaña.

Río Negro. Bariloche alcanzó el 80% de ocupación con una nueva edición de Bariloche a la Carta. El movimiento también llegó a El Bolsón y a destinos de la costa atlántica, como Las Grutas y Playas Doradas.

Salta. La actividad estuvo impulsada por la Feria del Libro, la Semana del Torrontés de Altura y las propuestas culturales y gastronómicas de la capital y Cafayate. Al momento del relevamiento no se contaba con cifras consolidadas de ocupación provincial.

San Juan. La oferta incluyó actividades de naturaleza, turismo aventura, gastronomía y cultura. Calingasta, Valle Fértil y la capital provincial concentraron propuestas vinculadas con el paisaje, las tradiciones y los espectáculos.

San Luis. Las reservas comenzaron en el 65%, con diferencias entre localidades. Balde y San Gerónimo llegaron al 100%, mientras que Potrero de los Funes alcanzó el 90%. El gasto promedio informado fue de $90.440 por turista y la estadía media, de 1,2 días.

Santa Cruz. El Calafate superó el 70% de ocupación hotelera y parahotelera. El Parque Nacional Los Glaciares, el glaciar Perito Moreno y los senderos de El Chaltén fueron algunos de los principales atractivos.

Santa Fe. La ocupación provincial superó el 78%, con más de 102.000 visitantes y un impacto económico estimado en $21.759 millones. El Harlem Festival y las propuestas culturales, gastronómicas y recreativas de Rosario y Santa Fe capital impulsaron el movimiento.

Tierra del Fuego. Ushuaia registró una ocupación del 61%, un gasto diario promedio de $330.000 por turista y una estadía de tres días. Los festejos por el aniversario de la ciudad y las excursiones por el Canal Beagle integraron la oferta.

Tucumán. San Javier, Monteros y Tafí Viejo registraron reservas del 99%, mientras que Yerba Buena alcanzó el 92% y San Miguel de Tucumán, el 91%. La Fiesta Nacional e Internacional del Caballo y otros encuentros culturales, deportivos y gastronómicos acompañaron el movimiento.

La Cámara de Diputados tiene previsto debatir el rechazo del DNU 70/2023, una norma que introdujo cambios en distintas áreas de la economía argentina. Si la Cámara baja también vota en contra, el decreto quedaría derogado, luego del rechazo que el Senado aprobó en marzo de 2024.

Un análisis de Zentrix Consultora advierte que los efectos de una eventual derogación se concentrarían especialmente en tres sectores: los alquileres, la medicina prepaga y el comercio exterior. Según el estudio, el principal problema no sería solamente el cambio de las reglas vigentes, sino la falta de una transición que determine con claridad qué normas se aplicarían después.

El informe sostiene que la caída del decreto no necesariamente restablecería de manera automática todas las leyes que fueron derogadas por esa vía. Por eso, la definición del marco normativo y el tratamiento de los contratos existentes serían centrales para evitar conflictos entre particulares y empresas.

Uno de los sectores que podría experimentar cambios es el mercado inmobiliario. El DNU 70/2023 derogó la Ley de Alquileres 27.551 y amplió la libertad de las partes para acordar el plazo, la moneda y los mecanismos de actualización de los contratos.

Según Zentrix, una eventual derogación podría abrir una discusión sobre las reglas que se aplicarían a los nuevos alquileres, incluidos los plazos mínimos y los mecanismos de actualización.

El informe advierte que la coexistencia de contratos celebrados bajo diferentes marcos normativos podría generar incertidumbre para propietarios e inquilinos. También plantea que una eventual vuelta a regulaciones anteriores podría reducir la oferta de viviendas en alquiler y favorecer otras modalidades, como los contratos temporarios.

Sin embargo, estos efectos no serían automáticos. Su alcance dependería de las normas que finalmente resulten aplicables y de las decisiones que adopten propietarios, inquilinos y operadores inmobiliarios.

El estudio también analiza las obligaciones pactadas en moneda extranjera y advierte que los cambios en las reglas sobre el pago de deudas podrían incidir en el financiamiento privado para la compra de inmuebles y bienes de capital.

La salud privada es otro de los ámbitos que el informe identifica como sensible. El DNU modificó el régimen de las empresas de medicina prepaga, al eliminar la autorización estatal previa para sus aumentos, y habilitó cambios en el sistema de derivación de aportes de los trabajadores.

Una eventual derogación podría reabrir el debate sobre los mecanismos de autorización de las cuotas y las condiciones para elegir una cobertura médica.

Zentrix señala que una mayor regulación de los aumentos podría ofrecer previsibilidad a los afiliados en el corto plazo. No obstante, advierte que, si las cuotas no acompañan la evolución de los costos del sistema, podrían aparecer tensiones sobre la calidad de las prestaciones, los copagos y los pagos a clínicas y profesionales.

El alcance de esos efectos dependerá de las disposiciones que se restablezcan y de cómo se resuelva la situación de los afiliados que ya realizaron cambios de cobertura.

El tercer frente señalado por la consultora es el comercio exterior. El decreto limitó las posibilidades de establecer restricciones económicas a las exportaciones e importaciones sin una ley del Congreso.

Si esa disposición dejara de regir, el Poder Ejecutivo podría recuperar facultades para imponer determinadas restricciones mediante otras normas, dentro de las competencias que le reconozca el marco legal vigente.

Para Zentrix, esa posibilidad puede influir en las decisiones de las empresas exportadoras, que suelen organizar sus inversiones y operaciones con meses de anticipación. El informe también advierte sobre el impacto que podrían tener los registros obligatorios y las demoras administrativas en las pequeñas y medianas empresas.

La incertidumbre sobre las reglas comerciales podría afectar especialmente a las firmas que buscan ingresar a mercados externos o que cuentan con menos recursos para afrontar cambios regulatorios.

El análisis incluye posibles modificaciones en las compras públicas, los aranceles de las tarjetas de crédito, las condiciones de acceso a las góndolas de las grandes cadenas comerciales y la regulación de la actividad yerbatera.

De acuerdo con el estudio, una eventual recuperación de mecanismos como el Compre Argentino favorecería la participación de proveedores nacionales en las compras estatales. En contrapartida, podrían aumentar los costos para el sector público.

También podrían modificarse las condiciones para los comercios que operan con tarjetas y para las pequeñas y medianas empresas que buscan espacio en las grandes cadenas de supermercados.

El informe plantea, además, que la derogación podría devolver al Estado herramientas de intervención sobre precios y abastecimiento. El efecto concreto de cada medida dependería de las normas que efectivamente volvieran a regir y de su aplicación.

Para Zentrix Consultora, una eventual derogación no implicaría necesariamente un cambio inmediato en el régimen cambiario, monetario, tributario o laboral, aunque sí podría modificar reglas que afectan las decisiones de hogares y empresas.

El punto central sería determinar qué disposiciones quedarían vigentes después de la caída del decreto y cómo se resolverían las situaciones iniciadas bajo el régimen anterior.

Sin reglas de transición claras, sostiene el informe, podrían aumentar los litigios y postergarse decisiones vinculadas con contratos, inversiones y operaciones comerciales.

El debate sobre el DNU 70/2023, por lo tanto, no se limita a decidir si el decreto continúa vigente. También involucra la definición del marco legal que ordenará las relaciones entre el Estado, las empresas y los ciudadanos una vez resuelta la cuestión legislativa.

El viceintendente de General Ramírez, Carlos “Tito” Troncoso, quedó en el centro de una situación que comenzó como un conflicto de pareja y tomó dimensión institucional por el cargo que ocupa dentro del Ejecutivo municipal.

La situación se hizo pública luego de distintas publicaciones y comentarios en redes sociales. En ese contexto, Eugenia Fugaza, expareja del funcionario, afirmó que se encontraba internada y acusó públicamente a Troncoso de haberla agredido físicamente.

Las declaraciones fueron realizadas en respuesta a una publicación periodística que inicialmente había difundido una versión sobre una supuesta internación del viceintendente. Esa información fue posteriormente desmentida por el propio Troncoso.

Fugaza sostuvo públicamente que era ella quien se encontraba internada y atribuyó su situación a una agresión. También calificó a Troncoso como una persona violenta.

Luego de la repercusión que alcanzó el caso, el viceintendente difundió una carta pública en la que reconoció que atraviesa una situación familiar y de pareja compleja, pero negó haber ejercido violencia física contra Fugaza.

“Estoy bien de salud y no estuve internado. Quien sí se encuentra internada y recibiendo atención profesional es Eugenia, mi expareja”, expresó.

El funcionario rechazó además que la internación de Fugaza haya sido consecuencia de una agresión física de su parte.

“Rechazo totalmente que esto haya sido a causa de cualquier hecho de violencia física de mi parte hacia ella. Al respecto vengo haciendo las presentaciones correspondientes y hay un trámite judicial en marcha”, afirmó.

Troncoso cuestionó también algunas de las versiones que circularon durante los últimos días y señaló que evalúa iniciar acciones legales por la difusión de información que considera falsa o no chequeada.

El viceintendente sostuvo que el conflicto pertenece al ámbito privado y que no involucró a personal municipal. También afirmó que continúa cumpliendo sus funciones y concurriendo diariamente a trabajar.

“Hay chicos de por medio y nuestra prioridad, como adultos, es preservarlos”, manifestó.

Las declaraciones de Fugaza y Troncoso constituyen versiones contrapuestas sobre lo ocurrido. Hasta el momento, no existe una determinación judicial pública que establezca responsabilidades sobre los hechos denunciados.

La situación tuvo además una consecuencia política. El concejal de La Libertad Avanza, César Schanzenbach, presentó un proyecto de resolución en el Concejo Deliberante de General Ramírez para solicitar la renuncia de Troncoso.

La iniciativa plantea que los hechos denunciados comprometen la idoneidad ética requerida para el ejercicio de una función pública y propone que el cuerpo legislativo exprese su repudio institucional.

En uno de sus artículos, el proyecto solicita a Troncoso la “renuncia indeclinable” al cargo de viceintendente por una supuesta pérdida de idoneidad moral sobreviniente.

El concejal también propone que el Ejecutivo municipal, a través de las áreas de Desarrollo Social y Género, garantice asistencia y protección psicológica, médica y legal a las personas afectadas del entorno familiar.

La presentación de Schanzenbach no implica que el Concejo haya resuelto la renuncia del viceintendente. Se trata de un proyecto que deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente.

Troncoso integra la gestión de la intendenta Flavia Pamberger como vicepresidente municipal de General Ramírez. La situación abre ahora un escenario institucional que deberá seguirse en dos planos: por un lado, el trámite judicial al que hizo referencia el propio funcionario; por otro, el tratamiento político que pueda tener el pedido presentado en el Concejo Deliberante.

El caso también puso bajo discusión la respuesta que deberá adoptar el gobierno municipal frente a una denuncia pública que involucra a uno de los principales integrantes del Ejecutivo.

El panel estuvo integrado por el Secretario de Justicia de Entre Ríos, Julián Maneiro, el Coordinador de Capacitación y Evaluación de la Secretaría de Deportes, José Martín Amden, y el abogado especialista en Derecho Deportivo, Alcides Fernando Spiazzi.

En su exposición, Maneiro presentó su libro “¿Lo bueno viene en envase chico? Municipios y calidad de la democracia en Argentina”, donde reúne los datos de su tesis doctoral sobre la calidad democrática en 30 municipios del país. Además, abordó la agenda que impulsa el Gobierno provincial en materia de Justicia: Boleta Única de Papel, Ficha Limpia y Ley de Ética Pública.

Por su parte, Amden y Spiazzi detallaron los alcances del proyecto de Ley de Mecenazgo Deportivo que trabajaron junto a la Secretaría de Deportes de Entre Ríos. La iniciativa busca fomentar la participación del sector privado en el financiamiento del deporte.

El mecanismo propone que empresas aportantes puedan derivar parte de lo que tributan en concepto de Ingresos Brutos hacia asociaciones civiles, clubes de barrio o deportistas, obteniendo como contraprestación un beneficio fiscal y la posibilidad de sponsorización.

Del total del aporte, un 20% se retendrá para consolidar un Fondo Solidario destinado a impulsar, estimular y patrocinar actividades deportivas de instituciones o personas que no hayan sido alcanzadas por beneficios previstos en la ley, con especial foco en clubes de barrio y deporte inclusivo para personas con discapacidad.

Crespo.- Un incidente producido el domingo 13 de septiembre, durante un procedimiento de la Guardia Urbana Municipal en la vía pública se viralizó en redes y generó comentarios de diverso tipo. Un adolescente que conducía una moto habría sido agredido por un integrante de la Guardia Urbana Municipal. En un video se podía observar al menor tendido junto al cordón de la calle mientras se aguardaba la presencia del servicio de Emergencias para atenderlo. A raíz del incidente, las autoridades municipales iniciaron un sumario interno y apartaron de sus funciones al agente involucrado en el hecho. Por otro lado, la madre del joven radicó una denuncia en sede policial, trámite que sigue su curso ante la Fiscalía y el Poder Judicial. Desde el ámbito oficial se mantuvo un perfil bajo de exposición del caso, y se destacó que se realizaron las intervenciones establecidas para este tipo de hecho.

En ese contexto, el bloque de concejales justicialistas de Más para Entre Ríos, presentó un proyecto de Resolución en el que expresa la necesidad de fortalecer mecanismos institucionales de prevención, capacitación, supervisión y control de la Guardia Urbana Municipal. Entre otros puntos, la iniciativa exige al Departamento Ejecutivo:

• Revisar y fortalecer los protocolos de actuación aplicables a GUM, en procedimientos que involucren situaciones de conflicto, interceptación de vehículos, personas que intenten evadir controles y aquellos en los que participen niños, niñas o adolescentes.

• Implementar instancias periódicas de capacitación obligatoria para el personal de la GUM en manejo y desescalada de conflictos, derechos humanos, actuación con niños, niñas y adolescentes, primeros auxilios, prevención de la violencia;

• Fortalecer mecanismos de supervisión del personal operativo y de responsabilidad de los niveles jerárquicos de GUM, garantizar mecanismos periódicos que permitan acreditar la aptitud requerida para el desempeño de las funciones operativas correspondientes

• Frente a situaciones irregulares o incompatibles con las funciones asignadas, además de analizar las eventuales responsabilidades individuales, se debe efectuar una evaluación institucional del procedimiento para detectar posibles deficiencias en materia de capacitación, protocolo, supervisión o conducción y adoptar las medidas correctivas correspondientes.

Entre sus argumentos, el bloque opositor destacó que “la adopción de una medida disciplinaria respecto de un agente, por sí sola, no debería impedir el análisis de los mecanismos institucionales de prevención, capacitación, conducción y supervisión”.

La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) expresó su respaldo al proyecto de reforma del Código Procesal Laboral de Entre Ríos y consideró que la iniciativa puede contribuir a modificar el nivel de litigiosidad vinculado con accidentes y enfermedades laborales.

El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo provincial a la Legislatura, propone cambios en el sistema de peritajes, entre ellos la creación de un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos dentro del Poder Judicial, la aplicación obligatoria del baremo oficial para determinar incapacidades y un nuevo esquema para regular los honorarios de los peritos.

La propuesta también contempla eliminar el requisito que actualmente obliga al empleador condenado a depositar el monto de la condena o constituir un embargo como condición para acceder a una apelación. Según los fundamentos del proyecto, se busca evitar que ese requisito económico limite el acceso a una segunda instancia.

En su análisis, la UART señaló que Entre Ríos registró 2.502 nuevos juicios por Riesgos del Trabajo durante 2025, un 25% más que el año anterior.

La entidad también indicó que el índice de judicialidad pasó de 69 a 87 demandas cada 10.000 trabajadores cubiertos. Según sus datos, entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 la cantidad de juicios aumentó un 38%, el mayor incremento entre las nueve principales jurisdicciones del país.

La organización comparó además esos valores con otros sistemas de riesgos laborales. Según la UART, España registra alrededor de 8,5 demandas cada 10.000 trabajadores y Chile aproximadamente 5,8.

Estos datos forman parte de la argumentación de la entidad aseguradora para plantear la necesidad de reducir la litigiosidad en el sistema entrerriano. Se trata, en este caso, de estadísticas y una interpretación aportadas por la propia UART.

Uno de los cambios centrales consiste en crear un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos, con sede en Paraná y competencia en toda la provincia, destinado a intervenir en procesos vinculados con riesgos del trabajo y accidentes laborales.

El proyecto prevé tres cargos de peritos médicos, seleccionados mediante concurso público, con dedicación exclusiva y dependencia del Poder Judicial.

La iniciativa también establece que las pericias deberán utilizar obligatoriamente el Baremo Nacional de Incapacidades Laborales, con el objetivo de unificar los criterios técnicos utilizados para determinar incapacidades.

Otro de los cambios alcanza a los honorarios de los peritos. La propuesta busca que no estén vinculados al monto económico del juicio ni al porcentaje de incapacidad establecido, sino que sean determinados por el juez en función de la naturaleza, complejidad, extensión y utilidad del trabajo realizado.

Desde la UART consideraron que estas modificaciones representan un primer paso y señalaron que su impacto dependerá de la implementación efectiva de las nuevas herramientas.

La entidad planteó como aspectos centrales la conformación y funcionamiento del cuerpo médico, la aplicación uniforme del baremo y el reconocimiento del trabajo técnico de las Comisiones Médicas como instancia administrativa especializada.

Para la UART, una reducción de la litigiosidad permitiría limitar costos e incertidumbres asociados al sistema de Riesgos del Trabajo. La entidad sostiene además que un nivel elevado de judicialización puede afectar a las empresas y, según su planteo, tener consecuencias sobre la actividad productiva y el empleo.

El proyecto continúa ahora su tratamiento en la Legislatura de Entre Ríos, donde deberá ser analizado y debatido antes de una eventual sanción.

El Concejo Deliberante de Aldea María Luisa aceptó este jueves 1° de octubre la renuncia indeclinable presentada por el presidente municipal Luis Pablo Schönfeld, quien dejó el cargo después de seis años y nueve meses al frente del gobierno local. 

En la nota enviada al cuerpo deliberativo, Schönfeld explicó que tomó la decisión por “cuestiones de índole personal y el estado de salud actual que me afecta”, circunstancias que, según señaló, le impiden continuar desempeñando sus funciones con la dedicación y las exigencias propias de la conducción del Departamento Ejecutivo Municipal.

En el mismo escrito, el ahora ex presidente municipal agradeció al personal que lo acompañó durante sus años de gestión y a los integrantes del Concejo Deliberante.

También expresó su deseo de que la localidad continúe con su desarrollo y que la gestión municipal pueda completar el período con buenos resultados para la comunidad.

Durante la misma sesión, el Concejo Deliberante designó a Elisabeth María Celeste Pando como nueva presidenta municipal de Aldea María Luisa, para completar el período constitucional que se extiende hasta diciembre de 2027.

Pando dejó de esta manera la presidencia del Concejo Deliberante para asumir la conducción del Departamento Ejecutivo Municipal.

Schönfeld había asumido como intendente en diciembre de 2019, cuando Aldea María Luisa pasó a tener rango municipal. Hasta este mes de octubre de 2026, Pando desempeñó funciones como viceintendenta de la localidad.

Con el cambio de autoridades, Aldea María Luisa inicia una nueva etapa de gestión municipal, con Pando al frente del Ejecutivo hasta la finalización del actual período constitucional.

La Fundación para el Desarrollo Entrerriano Gobernador Raúl Lucio Uranga (FUNDER) lanzó el ciclo de políticas públicas “Gobernar con Método”, una propuesta de formación y debate abierta a funcionarios, equipos técnicos y ciudadanos interesados en la gestión pública.

La iniciativa busca generar un espacio para analizar y elaborar propuestas vinculadas con las necesidades actuales de Entre Ríos, con especial atención al Departamento Diamante.

Según explicaron desde FUNDER, el ciclo apunta a fortalecer herramientas para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, además de promover el intercambio entre quienes participan de la gestión y ciudadanos interesados en los asuntos públicos.

La propuesta contempla encuentros destinados a abordar la gestión desde una perspectiva metodológica, con el objetivo de transformar el análisis de problemas en propuestas y herramientas concretas para la provincia.

Desde la organización señalaron que la intención es generar un espacio de participación para “pensar y armar propuestas concretas para la Entre Ríos de hoy y la que queremos construir”.

Las personas interesadas en participar pueden completar el formulario de inscripción disponible en línea.

Formulario de inscripción a “Gobernar con Método”

La Fundación para el Desarrollo Entrerriano Gobernador Raúl Lucio Uranga tiene su sede en Paraná y fue creada en 1990 por el licenciado Lucio Uranga. La institución señala entre sus objetivos contribuir al desarrollo económico, político y social de Entre Ríos y mantener la memoria del exgobernador Raúl Uranga, quien estuvo al frente de la provincia entre 1958 y 1962.

El ciclo “Gobernar con Método” se suma así a las actividades de la fundación vinculadas con el análisis de políticas públicas y la generación de propuestas para la provincia.

Con la participación de estudiantes de escuelas secundarias de General Ramírez, concluyó una nueva edición del Concejo Deliberante Juvenil, una propuesta dependiente del Honorable Concejo Deliberante que busca acercar a los jóvenes al funcionamiento de las instituciones y a la elaboración de proyectos para la ciudad.

Durante esta edición fueron aprobadas cinco iniciativas, presentadas por estudiantes de distintos establecimientos educativos.

Uno de los proyectos plantea la creación de un Programa Municipal de Identificación Universal de Comercios e Instituciones mediante pictogramas y sistema Braille, destinado a comercios, industrias e instituciones públicas y privadas. La iniciativa fue presentada por la E.S.J.A. 30 de Octubre y sus autoras son Laura Herminda Eisenacht y Nadina Ailén Pérez.

La E.E.T. N° 114 Justo José de Urquiza presentó un proyecto para la creación de un mural y una campaña de concientización sobre el cuidado responsable de mascotas. La propuesta estuvo a cargo de Clara Elizabeth Chávez Ojeda y Xiomara Nahir Ramos.

Desde el Instituto D-129 Jesús de Nazareth, Catalina Hohnstein y Jazmín Guadalupe Ibarra Blason impulsaron un proyecto de resolución para declarar de interés y promover la realización de un mural por el Día Mundial de la Concientización sobre la Migraña.

La Escuela N° 4 Francisco Ramírez presentó dos iniciativas. Una propone declarar de interés municipal la puesta en valor, ornamentación, diseño estético y embellecimiento de la rotonda principal de ingreso a General Ramírez. La otra solicita incorporar en el sitio web oficial del municipio una sección denominada “Familias de Abrigo-COPNAF”. Los proyectos fueron elaborados por Estefanía Eichhorn y Maximiliano Mansilla.

Por último, desde el Instituto D-176 Madre de Jesús, Carla Belén Sánchez y Haydeé Seidel Herbel presentaron un proyecto de resolución para solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que gestione la incorporación de nuevas carreras terciarias y universitarias en la ciudad.

La Municipalidad destacó la participación de los estudiantes y su involucramiento en temas vinculados con la vida cotidiana y el desarrollo de General Ramírez.

El Concejo Deliberante Juvenil cerró así una nueva edición con iniciativas que ponen sobre la mesa demandas relacionadas con la accesibilidad, el ambiente, la salud, los espacios públicos, las políticas sociales y las oportunidades educativas para los jóvenes.

La Cámara de Senadores de Entre Ríos tendrá una nueva semana de actividad legislativa en el marco del 147º Período Legislativo, con sesiones ordinarias previstas para este martes 29, miércoles 30 de septiembre y jueves 1° de octubre.

Las sesiones se realizarán a las 18:00, 13:00 y 11:00, respectivamente. Como es habitual, podrán seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Cámara de Senadores.

Además de las sesiones, durante el miércoles se desarrollará una agenda de reuniones de comisiones en las que se analizarán distintos proyectos de ley.

A las 9:00 se reunirá en forma conjunta las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.

Los legisladores continuarán con el análisis del Expediente N° 26.785, correspondiente al proyecto de ley sobre Transparencia y Ética Pública.

A las 10:00 se reunirá de manera conjunta las Comisiones de Legislación General y de Salud Pública y Drogadicción.

Uno de los proyectos en análisis será el Expediente N° 15.363, que propone establecer una Red Integral de los Cuidados de la Salud Mental y Bienestar Psicosocial en Territorios Entrerrianos.

Para aportar al debate fueron convocados representantes de la Mesa de Salud Mental de Entre Ríos y distintas organizaciones vinculadas con la atención y el abordaje de la salud mental.

Participarán Sandra Cislaghi, de la Agencia de Salud Mental; Javier Billordo, del Movimiento Social "Ni un Pibe menos por la droga"; Alicia Ferrer, del Centro de Día Casa Club y la Asamblea por la Salud Mental de Gualeguaychú; y Martín Cabrera, secretario ejecutivo del Órgano de Revisión del Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos.

La comisión también analizará el Expediente N° 15.399, que propone prohibir el acceso a sitios de apuestas online mediante redes públicas de internet brindadas por organismos estatales.

Otro de los proyectos es el Expediente N° 27.866, mediante el cual se plantea que Entre Ríos adhiera a la Ley Nacional N° 26.529, referida a los derechos de los pacientes en su relación con los profesionales e instituciones de salud.

Para abordar estas iniciativas fue convocado el ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Ulises Blanzaco.

A las 11:30 se reunirá la Comisión de Salud Pública y Drogadicción para analizar el Expediente N° 28.734.

El proyecto propone que Entre Ríos adhiera a la Ley Nacional N° 27.797, conocida como Ley Nicolás, que establece un régimen de calidad y seguridad sanitaria en el sistema de salud.

También está prevista la participación del ministro Blanzaco.

A las 12:00 se realizará una reunión conjunta de las Comisiones de Mercosur, Turismo y Deportes, y de Educación, Ciencia y Tecnología.

Los legisladores analizarán el Expediente N° 26.966, que propone declarar Patrimonio Histórico Arquitectónico Cultural de Entre Ríos a la Casa de Retiros "Stella Maris", perteneciente a la Sociedad del Verbo Divino y ubicada en el ejido de Aldea Protestante, departamento Diamante.

Finalmente, a las 12:30, se reunirá la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.

Entre los proyectos incluidos en el temario se encuentra el Expediente N° 15.393, que propone crear el Museo Abierto Provincial "Héroes Entrerrianos de Malvinas", con sede en Paraná.

También se analizará el Expediente N° 28.050, que plantea la adhesión de Entre Ríos a la Ley Nacional N° 27.671 y establece la capacitación obligatoria, periódica y permanente sobre la "Cuestión de las Islas Malvinas" para quienes se desempeñen en la función pública provincial.

El tercer proyecto, identificado como Expediente N° 25.426, propone colocar carteles en todos los edificios escolares públicos de la provincia, existentes y a crearse, con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas".

La reciente reunión de mujeres peronistas en Concordia volvió a poner esa discusión sobre la mesa: la necesidad de avanzar hacia una paridad real, promover la renovación generacional y reconstruir una alternativa política frente al actual contexto socioeconómico. La convocatoria reunió a mujeres de distintas corrientes internas del peronismo y de organizaciones gremiales que, más allá de sus diferencias, demostraron la madurez necesaria para construir un posicionamiento común.

En Entre Ríos, el protagonismo femenino excede ampliamente lo numérico: somos una pieza fundamental del entramado social y comunitario. Muchas veces somos las mujeres quienes sostenemos el hogar, los comedores comunitarios y las tareas cotidianas de salud, educación y cuidado. Frente a las dificultades, respondemos con sacrificio, organización y creatividad. Que las mujeres movemos el mundo es una realidad que todavía encuentra resistencia en las miradas patriarcales que persisten en nuestra sociedad.

Por eso la paridad no puede agotarse en el cumplimiento formal de un porcentaje: debe traducirse en una participación efectiva en la conducción y en la definición de los procesos electorales.

Desde Concordia buscamos recuperar y fortalecer la organización de la rama femenina del Movimiento Nacional Justicialista, cuya participación algunos han pretendido descalificar estigmatizando al feminismo. No aceptamos quedar relegadas a un papel testimonial: queremos intervenir en las decisiones, aportar nuestra experiencia y asumir responsabilidades en la construcción política.

En la sede del Partido Justicialista de Concordia se planteó la necesidad de unificar criterios y se advirtió sobre el impacto de la quita de políticas sociales en los sectores más vulnerables. A través de un documento conjunto, dirigentes y militantes llamaron a construir una "gran mesa de unidad", con la mirada puesta en la reconstrucción de una alternativa electoral para 2027.

"No vamos a resignarnos, no vamos a naturalizar el abandono y no vamos a aceptar que los derechos conquistados sean presentados como privilegios", sintetizó la declaración emitida tras la reunión.

De allí surge también un fuerte llamado a la unidad:

Unidad para afrontar un proceso de reorganización partidaria y los desafíos electorales que vienen.

Unidad para recordar que quienes aspiren a ocupar lugares de responsabilidad deberán poner entre sus prioridades la recuperación de los derechos perdidos y la situación de las mujeres, otra vez relegadas por las políticas públicas.

Unidad aun cuando existan diferencias internas sobre las respuestas que debemos dar a los problemas generados por la derecha extrema liberal que gobierna.

El llamado surgido en Concordia trasciende las paredes del partido. La reconstrucción del peronismo entrerriano no será posible a espaldas de las mujeres que sostienen el territorio en los momentos más difíciles.

La unidad demostrada no puede quedar reducida a una foto de ocasión: es también una exigencia dirigida a las estructuras partidarias tradicionales. Nuestra participación debe expresarse en la conducción del proceso político hacia 2027.

La paridad no se negocia: se ejerce. Y debe ser parte fundamental de un proyecto que aspire a recuperar la esperanza, la justicia social y el gobierno de Entre Ríos.

El gobierno de Entre Ríos presentó un nuevo programa destinado a ordenar el acceso al crédito y reducir el impacto del endeudamiento sobre los haberes de empleados públicos y jubilados provinciales. La iniciativa será instrumentada principalmente a través de Sidecreer e incluye cambios en los límites de descuento, nuevas líneas de financiamiento y un plan de refinanciación.

El anuncio fue realizado por el gobernador Rogelio Frigerio, junto al secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, y el presidente de Sidecreer, Mariano Reyno Buch.

La propuesta también contempla avanzar con la incorporación de educación financiera en las aulas, a través del Consejo General de Educación.

Uno de los principales cambios establece un límite del 40% del haber para contraer préstamos personales o ayudas económicas mediante código de descuento con entidades habilitadas por la provincia.

Además, se creó un código exclusivo de compra que permitirá descontar hasta el 30% del salario por consumos realizados con la tarjeta Sidecreer.

Frigerio explicó que la intención es evitar que el crédito termine generando una carga excesiva sobre los ingresos.

“Muchas veces el crédito, que debería ser una solución, termina transformándose en un problema”, sostuvo el gobernador.

Según señaló, aunque Entre Ríos presenta niveles de sobreendeudamiento inferiores a los de otras provincias, la situación representa un problema para las familias que atraviesan dificultades para afrontar sus compromisos.

El segundo eje contempla una nueva línea de adelanto de haberes a través de Sidecreer, con un cupo total de $2.000 millones.

El financiamiento podrá devolverse en hasta 12 meses y tendrá una tasa nominal anual del 45%, según lo informado durante la presentación.

La gestión podrá realizarse de manera digital a través de la aplicación de Sidecreer. La empresa entrerriana actualmente dispone de una aplicación que permite realizar distintas operaciones y consultar información de la cuenta.

El tercer componente es un nuevo plan de refinanciación de deudas de Sidecreer.

La propuesta permitirá refinanciar saldos de la tarjeta en hasta 48 meses, con una tasa del 35% y un límite de $5 millones por usuario.

El programa se presenta como complemento del Plan de Alivio Financiero impulsado junto al Banco de Entre Ríos.

Para acceder al proceso de desendeudamiento y reordenamiento crediticio, Reyno Buch explicó que los interesados podrán iniciar el trámite por las sucursales, correo electrónico o WhatsApp, aunque deberán realizar posteriormente una instancia presencial para analizar cada situación.

El cuarto eje establece un nuevo orden de prelación para los descuentos sobre los recibos de haberes.

El objetivo informado por el gobierno es ordenar la manera en que se aplican los distintos consumos y obligaciones, buscando brindar mayor previsibilidad a trabajadores y jubilados y evitar prácticas que considere abusivas.

Durante el anuncio, Frigerio también confirmó que la provincia trabaja, a través del Consejo General de Educación, en la incorporación de contenidos de educación financiera en las aulas.

El gobernador planteó que el Estado tiene también un papel en la formación de los jóvenes para que puedan adquirir herramientas vinculadas con el manejo del dinero, el crédito y el endeudamiento.

“Tenemos que educar desde temprana edad y de manera creciente en esta materia”, afirmó.

Para quienes ya cuentan con la tarjeta, la nueva línea de adelantos podrá gestionarse mediante la aplicación, según explicó el presidente de Sidecreer.

En tanto, quienes necesiten iniciar un proceso de reestructuración de deuda deberán comunicarse con la empresa y realizar un análisis particular de su situación.

Los empleados públicos y jubilados que todavía no poseen una tarjeta Sidecreer pueden solicitarla mediante los canales digitales de la empresa o acercándose a sus puntos de atención. Sidecreer informa que sus servicios están dirigidos a empleados públicos, jubilados y pensionados del Gobierno provincial y de organismos, municipios y entidades adheridas.

La empresa también mantiene oficinas de atención en distintas localidades de Entre Ríos y canales de contacto telefónico y digital para realizar consultas.

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) incorporó esta semana 1.006.013 metros cuadrados de construcciones que no estaban declaradas en 6.013 partidas inmobiliarias de los municipios de San José y Gualeguaychú.

Las propiedades figuraban registradas como terrenos baldíos y fueron detectadas mediante herramientas de relevamiento catastral y tecnología satelital.

Del total incorporado, 1.428 partidas y 243.893 m² corresponden a San José, mientras que 4.585 partidas y 762.120 m² pertenecen a Gualeguaychú.

Con este operativo, ATER informó que durante 2026 ya incorporó 2.078.473 m² de construcciones correspondientes a 12.480 partidas inmobiliarias.

Los relevamientos alcanzaron hasta el momento a los municipios de Concepción del Uruguay, San Salvador, Bovril, Nogoyá, San José y Gualeguaychú.

Según el organismo, la superficie incorporada durante este año triplica la que habitualmente se registra en un período anual a través de los distintos mecanismos de actualización, como los municipios, las oficinas de ATER, las declaraciones voluntarias de contribuyentes y las presentaciones de profesionales.

Desde ATER estimaron que las mejoras incorporadas tendrán un impacto de aproximadamente $3.200 millones en el Impuesto Inmobiliario.

El tributo es coparticipable, por lo que el incremento en la recaudación también se traducirá en recursos para los municipios involucrados.

El organismo provincial señaló que estos fondos podrán regresar a las administraciones locales para fortalecer sus gestiones y la prestación de servicios.

Para detectar las construcciones que no figuraban en los registros, ATER combina información del Visor Catastral con relevamientos mediante imágenes satelitales.

El procedimiento permite identificar inmuebles que aparecen registrados como baldíos pero que cuentan con construcciones. Entre los casos detectados existen edificaciones de distintas dimensiones y destinos, incluso algunas con más de 1.000 metros cuadrados sin declarar.

Una vez identificadas, las superficies se incorporan a la información catastral y son consideradas para la liquidación del Impuesto Inmobiliario.

El director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, vinculó los resultados con la política fiscal impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, orientada, según explicó, a ampliar la base imponible y mejorar los controles.

“Cada metro cuadrado que incorporamos permite que un inmueble tribute de acuerdo con su situación real. Cuanto más completa y actualizada está la base, más justo es el sistema y menos esfuerzo recae sobre los contribuyentes que pagan en tiempo y forma”, sostuvo Korell.

Según el organismo, las incorporaciones masivas realizadas durante 2026 representan un cambio de escala en este tipo de controles, con antecedentes de una magnitud similar que no se registraban en la provincia desde hace aproximadamente tres décadas.

Los contribuyentes que consideren que la superficie incorporada no coincide con la situación real de su inmueble pueden ingresar a los servicios de ATER en ARCA y realizar la rectificación correspondiente mediante la Declaración Jurada.

La información presentada queda posteriormente sujeta a fiscalización por parte del organismo tributario.

El diputado nacional Gustavo Bordet expuso ante sus pares un proyecto de resolución en el que solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de la Delegación Argentina ante la Comisión Mixta de Salto Grande, se financie y ejecute un plan de contingencia y reconstrucción de la infraestructura de defensa costera de Federación, afectada por las constantes oscilaciones del nivel del lago de Salto Grande.

El planteo retoma además una problemática que viene siendo abordada desde hace años. En 2019 se habían elaborado proyectos específicos para la reparación y protección de la defensa costera de Playa Grande y para la protección mediante enrocado de la avenida Sixto Ríos. 

Posteriormente, se ejecutaron intervenciones en distintos sectores de la costa. Sin embargo, el paso del tiempo y la acción permanente del lago volvieron a deteriorar parte de esa infraestructura, haciendo necesaria una nueva intervención.Durante la reunión en el Congreso Nacional, Bordet estuvo acompañado por el intendente de Federación, Ricardo Bravo, quien detalló ante los integrantes de la comisión la situación que atraviesa la ciudad y la necesidad de que el proyecto pueda obtener un dictamen favorable.

“Federación tiene una historia que está muy ligada a todo lo que significa la vera del río Uruguay. Cuando se construyó la represa de Salto Grande, la ciudad desapareció y se tuvo que construir una nueva”, recordó Bordet.

En ese sentido, señaló que las constantes oscilaciones en los caudales del lago generan un deterioro permanente en las costas y sostuvo que es necesario avanzar con una obra que permita mejorar la calidad de vida de los vecinos y, al mismo tiempo, proteger uno de los principales motores de la economía local: el turismo.

“En una ciudad donde el turismo es uno de los principales motores de desarrollo, garantizar la protección costera también significa favorecer la actividad turística”, afirmó.

Para Bordet, el planteo realizado en la Comisión de Obras Públicas permite poner en agenda una problemática que requiere una respuesta concreta.“Estamos hablando de una infraestructura que cumple una función central para la seguridad, la conectividad y el desarrollo turístico de Federación. Por eso planteamos que se priorice una intervención integral, que permita reconstruir las defensas y evitar que el deterioro siga avanzando”, sostuvo.

Durante su exposición, el intendente Ricardo Bravo describió el deterioro que presentan distintos sectores de la costanera, las playas y la avenida que conecta la ciudad con el antiguo emplazamiento de Federación.

Bravo advirtió además sobre el estado de las dársenas de pescadores, el pavimento y distintas estructuras de la costanera, y expresó su preocupación por el impacto que podrían tener nuevos períodos de niveles elevados del lago sobre una infraestructura que ya presenta un importante grado de deterioro.

“Venimos haciendo un reclamo hace bastante tiempo. Las inundaciones, los altos niveles de agua y las bajas han hecho un daño importante”, sostuvo el intendente.

Bravo también remarcó el significado histórico que tiene para la comunidad la construcción de Salto Grande y el traslado de la ciudad: “Federación ha dado la vida por el crecimiento y el desarrollo de este país para que se pueda construir esa represa”.

En esa línea, reclamó que ese aporte histórico sea tenido en cuenta a la hora de definir las obras necesarias para proteger a la ciudad. “Los federaenses estamos un poco cansados y dolidos de que nos estén retrasando, de que nos estén ninguneando con promesas que todavía faltan por cumplir”, expresó finalmente.

El Sector Público No Financiero de Entre Ríos registró durante el primer semestre de 2026 un resultado primario superavitario de $145.533 millones. Al descontar el pago de intereses de la deuda, que alcanzó los $69.605 millones, el resultado financiero también fue positivo y llegó a $75.928 millones.

Los datos surgen de un informe elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) del Consejo Empresario de Entre Ríos, que analiza la evolución de los ingresos, los gastos y el endeudamiento de la administración provincial hasta junio.

El estudio toma como referencia una inflación acumulada del 16,8% hasta junio de 2026 y una variación interanual del 33,5%.

Entre enero y junio, la Provincia acumuló $3,21 billones de recursos, frente a los $2,44 billones registrados durante el mismo período de 2025. El incremento nominal fue del 32%, pero, al descontar el efecto de la inflación, los recursos mostraron una caída real del 1%.

Los recursos tributarios de origen nacional, principalmente provenientes de la coparticipación, representaron el 52% del total. En términos reales, disminuyeron un 3% interanual.

En cambio, los tributos provinciales tuvieron una evolución diferente y registraron un crecimiento real del 5%.

Las transferencias corrientes del Gobierno nacional aumentaron un 34% en términos reales, aunque su participación sobre el total de los recursos continúa siendo reducida, por lo que su incidencia sobre los ingresos provinciales es limitada.

El informe también analiza los recursos provinciales expresados en dólares para comparar su evolución entre períodos.

Durante el segundo trimestre de 2026, los recursos acumulados alcanzaron los US$1.242 millones, un 19% más que en igual período de 2025.

Dentro de ese monto, los recursos tributarios de origen nacional representaron US$660 millones, con un incremento interanual del 9%.

Los tributos provinciales, en tanto, alcanzaron los US$243 millones, un 13% más que durante el segundo trimestre del año anterior.

Dentro de la recaudación provincial, el 67% corresponde a Ingresos Brutos. Le siguen el Impuesto Inmobiliario Urbano, con el 9%; Sellos, con el 8%; el Impuesto Automotor, con el 11%; y el Inmobiliario Rural, con el 5%.

El gasto total de la Provincia alcanzó los $3,14 billones durante los primeros seis meses del año. En términos nominales aumentó un 26%, pero al considerar la inflación presentó una reducción real del 5%.

La mayor parte del gasto corresponde a erogaciones corrientes, que representan el 96% del total y disminuyeron un 6% real.

Dentro de este grupo, los principales componentes son el gasto en personal y la seguridad social.

El gasto en personal, que representa el 41% del total, aumentó nominalmente un 20%, pero cayó un 10% en términos reales.

La seguridad social, que representa el 24% del gasto, creció un 24% nominal y disminuyó un 6% real.

La coparticipación destinada a los municipios representa el 10% del gasto total y registró una caída real del 3%.

En sentido contrario, los gastos en bienes y servicios aumentaron un 3% real.

Uno de los datos destacados del informe aparece en los gastos de capital, que aumentaron un 33% en términos reales durante el primer semestre.

La inversión real directa, vinculada principalmente con la obra pública, alcanzó los $96.947 millones, un 69% más en términos nominales y un 27% más en términos reales que en el mismo período de 2025.

Medida en dólares, la inversión real directa llegó a US$45 millones durante el segundo trimestre, con un incremento interanual del 45%.

Este componente representó aproximadamente el 4% del gasto total durante ese período.

El informe identifica como gastos rígidos aquellos vinculados con personal, seguridad social y coparticipación a municipios, debido a que presentan mayores dificultades para ser reducidos.

Durante el segundo trimestre de 2026, estos gastos alcanzaron los US$921 millones y representaron el 77% del gasto total.

Según el análisis del IIES, esta participación se mantuvo relativamente estable durante los últimos tres años.

En tanto, el gasto total acumulado durante el segundo trimestre alcanzó los US$1.197 millones, apenas un 1% más que en igual período de 2025.

El stock de deuda pública de Entre Ríos alcanzó en junio de 2026 los $1.015.016 millones.

Según el informe, este monto equivale al 30% de los recursos públicos provinciales acumulados durante el año. Si bien la deuda aumentó nominalmente un 20% respecto de junio de 2025, al descontar la inflación interanual del 33,5% se observa una reducción real del 10%.

La composición de la deuda muestra que:

El informe señala además que la deuda con el Estado nacional aumentó un 21% nominal, aunque cayó un 9% real. Los títulos públicos crecieron un 57% nominal y un 17% real, mientras que la deuda con entidades bancarias disminuyó un 73% nominal y un 80% real.

Uno de los aspectos señalados por el IIES es la composición de la deuda según la moneda.

En junio de 2026, el 84% de la deuda provincial estaba denominada en moneda extranjera, frente al 77% registrado un año antes. Esto implica un aumento de siete puntos porcentuales en la participación de la deuda en dólares.

Dentro de ese componente se encuentran los títulos de deuda pública correspondientes a las emisiones de 2017, que representan el 9%; los nuevos bonos de deuda pública emitidos a comienzos de 2026, que concentran el 52%; y el financiamiento de convenios bilaterales internacionales con el Gobierno nacional, que representa el 38%.

Los números relevados por el Consejo Empresario muestran que, hasta junio de 2026, la Provincia mantuvo un resultado primario positivo de $145.533 millones y un resultado financiero superavitario de $75.928 millones, aun después de afrontar $69.605 millones en intereses de deuda.

El escenario combina una reducción real de los recursos del 1% con una disminución del gasto primario del 5%. Al mismo tiempo, el informe registra un crecimiento de la inversión pública y una recomposición de los recursos tributarios provinciales.

El análisis también identifica dos elementos que siguen teniendo un peso relevante en las cuentas provinciales: la dependencia de los recursos de origen nacional, que representan más de la mitad de los ingresos, y la elevada participación de la deuda denominada en moneda extranjera.