Uno de los puntos centrales del análisis fue la necesidad de recuperar la infraestructura vial entrerriana. En ese sentido, Balla remarcó que el estado de las rutas constituye un factor clave para el crecimiento productivo. “Es un vector de desarrollo fundamental”, afirmó, al tiempo que valoró la predisposición del gobierno provincial, encabezado por Rogelio Frigerio, para avanzar en sistemas de peajes y concesiones que permitan la participación del sector privado.

Según explicó, este esquema posibilitaría que empresas inviertan en obras y recuperen el capital a través de la demanda, una alternativa necesaria frente a las limitaciones presupuestarias del Estado para financiar infraestructura.

Balla también hizo hincapié en la importancia del acceso al crédito internacional para concretar proyectos de gran envergadura. Entre ellos, mencionó la posibilidad de desarrollar una nueva autovía con trazas más rectas que reduzcan significativamente los tiempos de viaje entre Paraná y Buenos Aires, lo que permitiría disminuir los costos logísticos en torno a un 30%.

No obstante, advirtió que este tipo de iniciativas requiere de condiciones macroeconómicas estables: equilibrio fiscal, bajo riesgo país y reglas claras que faciliten el financiamiento externo. En ese marco, insistió en que la infraestructura debe convertirse en una política de Estado para evitar demoras históricas como las registradas en la Ruta Nacional 18.

Desde el espacio Entre Ríos 2050, el empresario destacó además el trabajo en el ámbito educativo, orientado a vincular la formación académica con las necesidades productivas de cada región.

El objetivo, explicó, es que escuelas técnicas y universidades formen perfiles acordes a la demanda laboral real. Como ejemplo, mencionó experiencias en la zona de Conscripto Bernardi, donde la capacitación vinculada al sector avícola ha mostrado resultados positivos.

En relación a la coyuntura actual, Balla describió un contexto de enfriamiento económico que impacta en el consumo y en la actividad de las pequeñas y medianas empresas. “Hoy vemos una economía en ‘K’”, señaló, al explicar que mientras sectores como la energía, la minería y el agro muestran crecimiento, otros como la industria, el comercio y los servicios atraviesan una caída.

Particularmente en ciudades como Paraná, donde estos sectores concentran gran parte del empleo, el impacto resulta significativo. A pesar de ello, destacó el esfuerzo de las pymes por sostener los puestos de trabajo, muchas veces impulsadas por el vínculo directo con sus empleados.

Finalmente, Balla comparó el proceso económico argentino con experiencias de países como Brasil y Perú, señalando que la estabilización macroeconómica suele ser un camino prolongado que exige constancia.

Su análisis dejó un mensaje claro: el desarrollo de Entre Ríos dependerá de una combinación de inversión en infraestructura, articulación entre educación y producción, y un marco económico estable que permita planificar a futuro.

Durante la jornada se dio lectura a un comunicado consensuado a nivel nacional por distintos sectores vinculados a la discapacidad, en el que se advirtió que la iniciativa implica un “profundo retroceso” en materia de derechos. “Este ajuste no sólo es injusto, sino innecesario y recae sobre uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”, señalaron.

Además, recordaron que, pese a haber sido reafirmada por el Congreso, la Emergencia en Discapacidad no ha sido plenamente cumplida por el Gobierno nacional. “No se puede reformar lo que nunca se garantizó en su totalidad”, remarcaron en el documento.

El reclamo también estuvo dirigido al gobierno de Entre Ríos. “Le pedimos que escuche, que se comprometa y acompañe esta lucha. Es una causa justa, humana y urgente. Es responsabilidad del Estado proteger a quienes más lo necesitan”, expresaron.

En ese contexto, advirtieron sobre la crítica situación del sector en la provincia: la falta de presupuesto ya provocó el cierre de un centro en Colón y pone en riesgo la continuidad de instituciones como Mundo Joven y San Francisco de Asís.

En diálogo con la prensa, la titular de Neurodiversidad San Benito, Nadia Gasparín, manifestó su preocupación por el alcance del proyecto. “Lamentablemente el sábado nos desayunábamos con que ingresaba una nueva iniciativa que propone volver a auditorías de las personas con discapacidad, lo que vuelve a denigrar y menospreciar”, cuestionó.

Gasparín también advirtió sobre la posible eliminación del nomenclador de discapacidad: “Si lo eliminan, se le da la potestad a las obras sociales y prepagas de determinar si corresponde la prestación y qué valor pagar. Las familias quedan a la deriva porque los prestadores no van a querer trabajar”.

Asimismo, criticó la eliminación de la distinción entre invalidez laboral y discapacidad. “Lo que trabajamos en las terapias es la autonomía de la persona, por lo que esto significará un retroceso de muchísimos años”, sostuvo. En ese sentido, agregó que las pensiones actuales —que rondan los 300 mil pesos— resultan insuficientes frente al contexto económico.

La protesta se suma a una serie de manifestaciones que se vienen replicando en distintos puntos del país, en un escenario de creciente tensión entre el sector y el Gobierno nacional por el rumbo de las políticas públicas en discapacidad.

El ex gobernador Gustavo Bordet insistirá durante este período de sesiones en el Congreso con un proyecto de régimen especial impositivo para las Pymes ubicadas en zonas de frontera en función de la apertura indiscriminada de las importaciones. Pidió el acompañamiento de todos los bloques legislativos y aclaró que la iniciativa no implica un costo fiscal adicional.

Este martes el diputado nacional de Unión por la Patria expuso frente a sus pares de las comisiones de Comercio y Pymes, y de representantes de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), quienes han manifestado su respaldo al proyecto del legislador entrerriano.

Durante su exposición, Bordet remarcó la necesidad de avanzar en una “armonización de fronteras” que permita dar previsibilidad a las economías regionales. “Las ciudades de frontera viven en permanente asimetría. A veces favorece a un lado del río y otras al otro.

Necesitamos mecanismos compensatorios que estabilicen esa dinámica y eviten el cierre de pymes”, sostuvo.

El legislador entrerriano también subrayó que el proyecto no implica un costo fiscal adicional: “Los mecanismos de compensación se equilibran con la reducción de la informalidad. Es una herramienta para ordenar la actividad y mejorar la competitividad sin generar desequilibrios”.

Asimismo, pidió el acompañamiento de todos los bloques políticos para avanzar en un dictamen favorable: “No es una idea aislada, nuestros países vecinos ya cuentan con herramientas similares. Necesitamos igualdad de condiciones para que nuestras pymes puedan crecer”.

En representación de CAME, el director de la Comisión de Fronteras e Ilegalidad, Antonio Fabián Hryniewicz, graficó con crudeza la situación que atraviesan las zonas limítrofes. “Nos llaman desde Clorinda diciendo que las vidrieras amanecen con mercadería del Paraguay. Ese escenario se replica en todas las localidades fronterizas del país”, advirtió.

Hryniewicz señaló que la problemática excede lo comercial y está vinculada al crecimiento de la informalidad y el contrabando: “Hoy nuestras rutas nacionales se han convertido en verdaderos corredores de tráfico ilegal de mercadería. Esto ocurre en todo el país, desde Formosa hasta Mendoza”.

En ese sentido, citó datos del Foro Económico Mundial para dimensionar el fenómeno: “La economía informal e ilegal en Argentina alcanza niveles alarmantes y llega a representar una porción mayoritaria del movimiento económico. Esto es insostenible para cualquier esquema productivo formal”.El referente de CAME respaldó el proyecto de Bordet al considerar que “plantea soluciones concretas a problemas estructurales”, y destacó que no afectará el equilibrio fiscal: “Los mecanismos de compensación ya existen en países como Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile. No generan déficit, sino que ordenan lo que hoy ocurre de hecho: el contrabando permanente”.

Además, remarcó la urgencia de avanzar en una legislación específica: “Es inadmisible que en pleno siglo XXI Argentina no tenga una ley de comercio de fronteras. La ilegalidad es como un cáncer que, si no se trata, termina afectando a toda la economía”.

Finalmente, puso en valor el impacto del sector: “Las pymes representan el 90% del entramado productivo y generan el 90% del empleo. Si no abordamos este problema, estamos comprometiendo el desarrollo y el trabajo en todo el país”.

Durante la reunión, los funcionarios analizaron el estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia, con especial énfasis en aquellas obras que se encuentran en ejecución y en las que se prevé finalizar en el corto plazo. En ese marco, destacaron el avance de la Ruta Nacional 18, considerada estratégica para mejorar la conectividad y potenciar el desarrollo productivo de Entre Ríos.

Otro de los ejes del encuentro fue la situación financiera de la provincia. En este sentido, dialogaron sobre la posibilidad de incrementar los recursos destinados a saldar la deuda de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, así como también la opción de acceder a anticipos de coparticipación tanto para la administración provincial como para aquellos municipios que lo requieran.

En materia fiscal, Frigerio y Caputo coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un acuerdo integral entre Nación, Provincia y municipios para eliminar impuestos considerados distorsivos. La iniciativa apunta a generar un esquema más equilibrado que favorezca la actividad económica y promueva el desarrollo regional.

El encuentro forma parte de una serie de gestiones que el gobierno entrerriano viene impulsando ante autoridades nacionales con el objetivo de fortalecer la infraestructura, ordenar las cuentas públicas y mejorar la competitividad de la provincia.

Bajo el título “Carta abierta a los entrerrianos y entrerrianas. El desafío de los municipios en Entre Ríos”, el documento alerta sobre un escenario que ya comienza a sentirse en distintas ciudades: servicios que se demoran, obras que se paralizan y mayores dificultades para dar respuestas básicas a los vecinos.

En el texto, los concejales remarcan que los gobiernos locales —por ser el nivel del Estado más cercano a la ciudadanía— son los primeros en recibir el impacto de la crisis social y económica.

“Ante la baja del consumo o la inestabilidad laboral, las familias no acuden a una idea abstracta, sino a su municipio”, sostienen. Sin embargo, advierten que mientras las demandas crecen, los recursos “se estancan o se reducen”, lo que genera un margen de acción cada vez más limitado.

La carta detalla algunas de las consecuencias concretas de esta situación. Entre ellas, mencionan servicios resentidos, con demoras en respuestas que antes eran ágiles, y la paralización de obras públicas, lo que —afirman— no solo afecta la infraestructura sino también la economía local y el empleo.

Además, cuestionan lo que definen como una “descentralización sin fondos”, es decir, la transferencia de responsabilidades a los municipios sin el acompañamiento financiero necesario. “No es autonomía, es una carga inviable”, remarcan.

Desde la Liga señalan que su planteo no responde a una discusión ideológica sobre el tamaño del Estado, sino a la necesidad de que funcione de manera eficiente en el territorio.

“No buscamos un Estado grande o chico, sino un Estado que funcione donde importa: en lo cercano”, expresaron, al tiempo que insistieron en la importancia de garantizar herramientas y recursos para sostener la gestión cotidiana.

Finalmente, advirtieron que el desarrollo provincial está directamente ligado a la capacidad de los municipios de sostenerse y dar respuestas: “No habrá una Entre Ríos pujante si sus ciudades no pueden sostenerse”.

El documento concluye con un llamado a tiempo para corregir el rumbo y evitar un deterioro mayor en la calidad de vida de las comunidades entrerrianas.

Victoria.- La semana pasada hubo movimientos en la justicia local. El martes 7 a las 8:00 horas se llevó a cabo una audiencia con el acusado por estafa Ramón Piedrabuena, que finalmente se abstuvo de declarar. A las 9:00 el municipio se presentó en audiencia solicitando una copia de la causa que se sigue por obras y manejo de dinero en dólares durante la gestión Maiocco, y las 10:00 horas la imputación de enriquecimiento ilícito contra Rubén Darío Garcilazo.

Según datos recabados por Paralelo32 en distintos estamentos judiciales y de particulares, la causa por enriquecimiento ilícito contra el ex intendente R.D. Garcilazo avanza hacia un juicio oral, según lo determinó el juez, quien definirá las pruebas que serán admitidas. Por otro lado, la defensa presentó dos testigos, cuestión que deberá ser resuelta por el magistrado, aunque esto podría causar un retraso en el proceso.

Esta causa se encuentra en etapa previa a su elevación al tribunal, luego de que en una audiencia reciente se habrían admitido las pruebas presentadas por las partes.

Según una de nuestras fuentes, el proceso ya había sido elevado a juicio en una instancia anterior, por lo que en esta nueva audiencia el eje estuvo puesto en definir qué elementos probatorios podrán ser utilizados durante el debate. De acuerdo a los datos recabados, tanto la fiscalía como la defensa, realizaron sus respectivos ofrecimientos, incluyendo testigos y documentación, y de acuerdo a la misma fuente no hubo objeciones relevantes entre las partes.

De acuerdo al procedimiento, ahora será el juez de garantías quien resuelva, en los próximos días, cuáles de esas pruebas serán finalmente admitidas y cuáles quedarán excluidas. Una vez tomada esa decisión, la causa será remitida directamente al tribunal de juicio para continuar con el proceso, que se realizará ante la Cámara del Crimen de Gualeguay.

En este contexto, todo indica que no se solicitó una suspensión de juicio a prueba ni otro tipo de acuerdo alternativo, es decir las conocidas probation, que permitiría al imputado cumplir con la ley realizando tareas o ayuda comunitaria. Según la normativa y de acuerdo a la naturaleza del delito investigado, que involucra a un funcionario público en ejercicio de sus funciones, no hay otra posibilidad de evitar el juicio.

Por otra parte, también se brindaron precisiones sobre otra causa que generó repercusión en los últimos días, vinculada a los nombres ex Intendente Domingo Maioco, ex Secretario de Gobierno y Hacienda Sergio Navoni y funcionarios de obras Matías Bardou y Hugo Jara. Entre los puntos cuestionados se encuentran obras de 5 cuadras de asfalto en calle 25 de Mayo, trabajos vinculados a la terminal de ómnibus y la utilización de fondos provenientes de un préstamo en dólares, por denuncia presentada por particulares y la actual gestión municipal. Se trata de elementos que puede tipificarse como incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Esta semana en distintos medios se comunicó que se celebraría una audiencia con los exfuncionarios por los casos descriptos. Esto no ocurrió y en realidad, por la misma causa se llevó a cabo una audiencia, aunque no en los términos que trascendieron públicamente. Fue convocada a partir de un pedido del Ejecutivo municipal al solo efecto de acceder al expediente judicial de la causa en cuestión.

La información que maneja Paralelo32 es que desde la fiscalía se rechazó esa solicitud, al considerar que el organismo no acreditó un interés legítimo que le permita acceder a la documentación, dado que en el proceso penal solo pueden hacerlo las partes involucradas: fiscalía, imputados, defensores y eventualmente querellantes, según lo explicado por un abogado. ”No se pueden facilitar copias a terceros” según la norma, indicó nuestro asesor.

Sucede que, si bien el municipio fue denunciante, su rol no lo habilita automáticamente a acceder al expediente completo. No obstante, en fuentes oficiales se nos indicó que en cambio se le brindó información general sobre el estado de la causa, tal como lo establece la normativa vigente.

Tras este rechazo, el ejecutivo municipal recurrió al juez de garantías, quien deberá definir si corresponde o no autorizar el acceso solicitado. Esa resolución aún se encuentra pendiente.

A la par de todo esto, se confirmó que el próximo 30 de abril se llevará adelante una audiencia clave en esa misma causa, en la que se analizará un pedido de sobreseimiento presentado por una de las partes.

La investigación tiene su origen en una denuncia inicial impulsada por un particular, a la que posteriormente se sumó una presentación de la actual gestión municipal. Entre los puntos cuestionados se encuentran obras de asfaltado –5 cuadras en calle 25 de Mayo-, trabajos vinculados a la terminal y la utilización de fondos provenientes de un préstamo en dólares.

En particular, se analiza si esos recursos fueron utilizados conforme a los destinos establecidos por ley, que incluían la compra de maquinaria, la construcción de la Casa de la Mujer y distintas etapas del edificio de la terminal.

Desde la defensa sostiene que los trámites fueron realizados con total transparencia, con dictámenes del ex asesor letrado, Eduardo Ruda, y toda la documentación obrante se puede encontrar en el municipio, además hacen hincapié en que no existe daño para el municipio, una figura penal que implica responsabilidad de funcionarios. Además, sostienen que esto representó un incremento de los bienes del Estado municipal porque incorporar nueva infraestructura que no existía. Lo contrario habría sido una acelerada desvalorización del dinero, algo inadmisible para el sentido común.

De esta manera, ambas causas continúan su curso con definiciones pendientes que serán claves para determinar su avance y posible resolución en sede judicial.

Nogoyá.- Comenzó ayer la vigésima segunda edición de la Expo Provincial de la Leche y la décimo tercera Expo Jersey Entrerriana, la que cuenta con exposición comercial, industrial y ganadera, charlas y capacitaciones. En la jornada de este sábado se llevarán adelante las rondas de negocios, jura de animales, remate, peña, concurso juvenil, ferias y espectáculos musicales en vivo, en una propuesta que convoca a productores, instituciones y familias de toda la región.

Durante la semana, la Expo Leche marcó su inicio informal con la llegada del primer ejemplar que participará del concurso de razas. En esta ocasión fue Coweil la primera vaca en llegar al evento. “Viene desde Morteros, provincia de Córdoba, representando a la cabaña “Mundo Gen”, con más de 50 años de trayectoria en la producción de genética de la raza Holando Argentino”, anunció en su momento el intendente Bernardo Schneider.

En el día de ayer, se realizó el corte de cintas que dio apertura a la muestra con la presencia del Ministro de Gobierno y  Trabajo, Manuel Troncoso, quien además recorrió con el intendente las instalaciones de la planta de tratamiento de residuos

En tanto, en horas cercanas al mediodía se hizo presente el Gobernador Rogelio Frigerio, junto a la vicegobernadora Alicia Aluani, quienes recorrieron la muestra y participaron de un sentido homenaje al dirigente y ex legislador Jorge Chemes, que falleciera el pasado 22 de febrero, siendo el actual titular del Ente Región Centro.

Debido a las lluvias del miércoles que afectaron los caminos rurales se debió reprogramar el remate exclusivo de razas lecheras con más de 300 cabezas, el que se llevará adelante el próximo 25 de abril a las 14.30 en la Sociedad Rural. Lo que se realizará con normalidad será la jura de animales a las 12 horas y el primer concurso de quesos en horas de la tarde.

En materia musical, la actividad en el escenario comenzará a partir de las 16:00 horas. La apertura de la jornada estará a cargo de la banda nogoyaense Patota, seguido por la fuerza del folclore de Lucho Quiñones y la voz de la entrerriana María Cuevas. La tarde continuará con los sonidos litoraleños de Litoral Pyahú, para cerrar el primer gran bloque de shows con el sello tropical de Daniela y el Ritmo.

El día domingo, el inicio de los espectáculos está previsto para las 16:15 horas. En esta jornada se presentará el nogoyaense Mariano Albornoz, las jóvenes y talentosas revelaciones folclóricas de Sofía Drei, y Agustina Gauna. El cierre de la cartelera oficial estará a cargo de Germán Andrés, ex vocalista del Grupo Trinidad.

Las entradas generales tienen un valor de $4.000, mientras que jubilados abonarán solamente $2.000. Como ocurre habitualmente, personas con discapacidad, ingresarán gratis con un acompañante, presentando el CUD.

Según el estudio, la provincia logró un superávit primario de 6,5 mil millones de pesos, lo que indica que los ingresos corrientes alcanzaron para cubrir los gastos operativos. Sin embargo, al incorporar el peso de los intereses de la deuda —que totalizaron 136,7 mil millones— el resultado financiero pasó a ser deficitario en 130,2 mil millones de pesos.

En materia de recursos, los ingresos totales registraron un incremento real del 7%. No obstante, el comportamiento fue heterogéneo entre sus principales componentes.

La coparticipación nacional se mantuvo prácticamente sin variaciones en términos reales (0%), mientras que los tributos provinciales crecieron un 12%, consolidándose como el principal sostén del aumento de ingresos. En tanto, las transferencias nacionales mostraron un fuerte salto del 132% real, aunque su incidencia en el total sigue siendo baja.

Dentro de la estructura tributaria, el impuesto a los Ingresos Brutos continúa siendo el eje central de la recaudación provincial, al concentrar el 70% del total, con una leve mejora en términos reales.

Por el lado del gasto, el informe señala que el gasto primario aumentó un 8% real, impulsado principalmente por los gastos corrientes, que crecieron un 7%.

Dentro de estos, el empleo público representa el 42% del gasto total, mientras que la seguridad social explica el 23%, consolidándose como los rubros de mayor peso en el presupuesto.

En paralelo, se destacó una fuerte recuperación de la inversión pública, que creció un 76% en términos reales. A pesar de ello, su participación en el gasto total continúa siendo reducida, con apenas el 3%.

Uno de los puntos más sensibles del informe es el sistema de seguridad social, que registró un déficit de 239 mil millones de pesos, equivalente al 4,4% del gasto total. Este desequilibrio responde a un crecimiento de las prestaciones por encima del aumento de los ingresos del sistema.

En cuanto a la deuda pública, el stock provincial alcanzó los 1,01 billones de pesos, lo que representa el 17% de los recursos anuales. Si bien el incremento fue moderado (2% real), el informe advierte sobre la elevada exposición en moneda extranjera, que asciende al 71% del total.

Respecto a su composición, el 52% de la deuda corresponde a títulos públicos, mientras que el 33% está contraída con el Estado nacional.

El análisis concluye que, si bien la provincia muestra capacidad para sostener su funcionamiento corriente, el peso de los intereses de la deuda y el déficit previsional continúan condicionando el equilibrio fiscal. En este contexto, el desafío hacia adelante será consolidar los ingresos, contener el gasto y reducir la vulnerabilidad financiera.

Un informe elaborado por el Centro de Economía Regional y Experimental (CERX), liderado por la exfuncionaria provincial Victoria Giarrizzo, al que accedió Paralelo32, confirma que el comercio de Entre Ríos atravesó en 2025 un nuevo año de retracción. Las ventas registraron una caída del 4,0% en términos reales —es decir, descontando el efecto de la inflación— en un contexto macroeconómico nacional marcado por la desaceleración del consumo y la recomposición de precios relativos, que afectaron el poder adquisitivo de los hogares durante buena parte del año.

El estudio, basado en el análisis de 7.966 empresas distribuidas en 216 rubros y 140 municipios, muestra que la contracción no fue homogénea. Por el contrario, la dinámica del sector estuvo atravesada por fuertes contrastes entre actividades, tamaños de empresas y territorios.

Aunque el resultado global fue negativo, algunos sectores lograron crecer. Entre los rubros con mejor desempeño se destacaron maquinaria y equipos (+11,4%), muebles y artículos del hogar (+4,2%) y reparación de vehículos (+3,8%). También mostraron avances automotores, motos y accesorios (+2,3%), en línea con el fuerte incremento en patentamientos durante el año.

Sin embargo, estos sectores tienen una incidencia relativamente baja en la facturación total, lo que limitó su capacidad para compensar la caída general.

En contraste, los segmentos de mayor peso estructural explicaron gran parte del retroceso. Supermercados e hipermercados (-8,1%), combustibles (-8,6%) y farmacia (-6,7%) registraron caídas significativas, arrastrando el resultado agregado. También se observaron descensos en indumentaria y calzado (-9,9%), electrodomésticos (-5,7%) y materiales para la construcción (-5,6%), evidenciando la debilidad del consumo de bienes durables.

Una excepción dentro de los rubros masivos fue alimentos y bebidas, que creció levemente (+1,1%) y representó el 29,1% del total de ventas, funcionando como amortiguador parcial de la caída.

Con este resultado, el comercio entrerriano acumula dos años consecutivos de caída real. No obstante, el informe destaca que 7 de los 20 rubros analizados lograron crecer en 2025, lo que refleja que la crisis no fue uniforme sino concentrada en los segmentos de mayor volumen.

Además, el crecimiento en maquinaria y equipos sugiere que, pese al contexto adverso, parte del entramado productivo mantuvo decisiones de inversión, una señal relevante hacia adelante.

El desempeño también varió según la escala de los comercios. Las pequeñas empresas fueron las más dinámicas, con un crecimiento real del 1,1%, mostrando mayor capacidad de adaptación.

En cambio, las microempresas —que representan el 92,6% del total— cayeron 4,8%, reflejando el impacto territorial de la crisis. Las medianas registraron la peor performance (-7,6%), mientras que las grandes empresas retrocedieron 5,7%.

El informe sugiere que las pequeñas firmas lograron mayor flexibilidad frente a los cambios en la demanda, mientras que las medianas quedaron más expuestas a la caída del consumo.

A nivel territorial, la dinámica fue igualmente heterogénea. Municipios como Federal (+10,8%), Diamante (+8,4%) y General Ramírez (+7,2%) mostraron crecimientos importantes, aunque con bajo peso en el total provincial.

En ciudades de tamaño intermedio como Crespo (+0,4%), Nogoyá (+1,4%) y Villaguay (+0,3%), los resultados fueron levemente positivos, contribuyendo a amortiguar la caída.

En cambio, los principales centros urbanos explicaron gran parte del resultado negativo. Paraná (-5,5%), Concordia (-6,4%), Concepción del Uruguay (-6,2%) y Gualeguaychú (-4,4%) registraron caídas significativas. Solo Paraná, que concentra cerca del 25% de las ventas provinciales, explicó más de un tercio de la retracción total.

El informe concluye que el rasgo distintivo de 2025 fue la coexistencia de focos de crecimiento con una base estructural contractiva. Sectores vinculados a la inversión, pequeñas empresas y municipios intermedios mostraron resiliencia, mientras que los grandes centros urbanos y los rubros de mayor peso continuaron en caída.

En este escenario, la recuperación del comercio entrerriano no dependerá únicamente de una mejora general del consumo, sino de la capacidad de consolidación de los sectores que mostraron dinamismo y de la estabilización de los segmentos más golpeados, en un contexto donde el poder adquisitivo sigue siendo la variable clave.

El mandatario estuvo acompañado por el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; y los ministros de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; y de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob. Participaron además los intendentes de Diamante, Ezio Gieco; de Ramírez, Flavia Pamberger; de Federación, Ricardo Bravo; y de Federal, Alicia Oviedo.

Al término del encuentro, que se desarrolló este jueves, el ministro Hernán Jacob precisó que la reunión fue convocada por el mandatario junto a los intendentes y los ministros que "tenemos bajo nuestra responsabilidad la administración del nuevo Fondo Fiduciario para inversiones municipales".

En ese marco, explicó que ese fondo es "una herramienta creada en este contexto de estrechez financiera para ayudar a los municipios entrerrianos a la ejecución de algunas obras que si bien son de incumbencia municipal tienen repercusión por su importancia en cuanto al plan de obra pública de la provincia".

Precisó además que ese fondo tiene un sistema de "retroalimentación" con los repagos que hagan los municipios de estas asistencias. Asimismo, señaló que se trata del primer aporte y que "está abierto a futuros nuevos préstamos que se le entreguen a municipios para que puedan ir haciendo obras de mayor envergadura por etapas".

El funcionario remarcó que se trata de "un esquema de esfuerzo conjunto y de responsabilidades compartidas, que puede dar respuesta a una demanda muy fuerte de la sociedad vinculada a la mejora de la infraestructura, tanto a nivel municipal como provincial".

Por su parte, la intendenta de General Ramírez, Flavia Pamberger, expresó su satisfacción "por el cumplimiento de la palabra empeñada por el gobernador", y recordó que "el año pasado dialogamos sobre este proyecto y nos aseguró que íbamos a estar dentro del primer grupo, algo que hoy se está concretando".

Las resoluciones entregadas corresponden a intervenciones que apuntan a fortalecer la infraestructura urbana, optimizar los servicios y acompañar el crecimiento de las comunidades.

En la ciudad de Diamante se ejecutará la obra de desagüe pluvial y pavimentación en barrio Belgrano, con un presupuesto de alrededor de 194 millones de pesos.

En Federación se llevará adelante la remodelación y puesta en valor de la Plaza de los Constituyentes, con una inversión de casi 270 millones de pesos.

En tanto en Federal se ejecutarán obras de cordón cuneta y badenes en distintas arterias, con un monto superior a los 174 millones de pesos.

Finalmente, en General Ramírez se avanzará con la pavimentación del camino a las ferias, también conocido como acceso norte, con una inversión de 300 millones de pesos

Durante la reunión se expuso un diagnóstico contundente: una fuerte caída en los niveles de coparticipación, acompañada por una creciente transferencia de responsabilidades hacia municipios y comunas, que deben sostener cada vez más servicios con menos recursos.

En ese marco, los representantes de las comunas detallaron problemáticas que impactan directamente en la gestión cotidiana, entre ellas una caída de hasta el 30% en las partidas, dificultades para afrontar el pago de salarios y sostener servicios básicos, desigualdades en la distribución de recursos y la falta de financiamiento adecuado para nuevas comunas.

A pesar de este escenario, los gobiernos locales continúan haciéndose cargo de funciones esenciales como la atención de la salud, el mantenimiento de caminos, la seguridad y la asistencia social, muchas veces sin el acompañamiento necesario.

Asimismo, la Liga de Comunas Justicialistas presentó una propuesta de modificación del esquema de coparticipación vigente, que apunta a garantizar la sustentabilidad de las pequeñas localidades y corregir los desequilibrios generados en los últimos meses.

Entre los principales ejes, se plantea elevar progresivamente la participación de las comunas en la masa coparticipable del 1% al 2%, así como revisar los criterios de distribución para hacerlos más equitativos, incorporando variables como la población, la existencia de centros urbanos, los niveles de pobreza y la estructura territorial de cada jurisdicción.

También se advirtió que la reciente incorporación de nuevas comunas, sin un esquema de financiamiento adecuado, generó una caída abrupta en los recursos de las ya existentes, afectando su capacidad de planificación y funcionamiento.

Desde el bloque de senadores justicialistas señalaron que “no se trata de una discusión partidaria, sino de defender a nuestras comunidades”, y remarcaron la necesidad de avanzar en medidas de impacto inmediato que recompongan la participación de las comunas en la distribución de recursos.

“Una verdadera reforma debe dar respuestas ahora. De lo contrario, se consolida una brecha entre el reconocimiento del problema y la voluntad real de resolverlo”, afirmaron.

En ese sentido, reafirmaron su compromiso de impulsar una distribución más justa y federal de los recursos, el fin de la discrecionalidad en la asignación de fondos y respuestas urgentes que permitan garantizar el funcionamiento de municipios y comunas.

“Sin recursos no hay gestión. Y sin gestión, quienes sufren son nuestros vecinos”, concluyeron.

En la comparación interanual, el índice alcanzó el 32,6%, levemente por debajo del 33,1% registrado en febrero, lo que refleja una desaceleración marginal en términos anuales pero una dinámica mensual que vuelve a tomar impulso.

Entre las divisiones, Educación encabezó los aumentos con un 12,1%, impulsada en parte por factores estacionales vinculados al inicio del ciclo lectivo. Sin embargo, el incremento fue considerablemente superior al promedio general.

Le siguió Transporte, con una suba del 4,1%, motorizada por incrementos en combustibles, transporte público y pasajes aéreos. En este rubro, el impacto del contexto internacional también se hizo sentir: desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, los combustibles acumulan un alza del 23%.

En contraste, las menores variaciones se registraron en Bienes y servicios varios (1,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%).

El componente de precios Regulados avanzó un 5,1%, liderando las subas debido a ajustes en tarifas de servicios públicos, transporte y educación. En tanto, el IPC núcleo creció 3,2%, apenas por debajo del nivel general, y los precios Estacionales aumentaron 1%.

La carne volvió a ser uno de los principales factores de presión inflacionaria. En todas las regiones del país se registraron subas superiores al 5%, destacándose Cuyo (7,9%) y el Noreste (7,6%). Según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), los cortes aumentaron en promedio un 10,6% en marzo, con picos en productos como la picada común (20,4%) y la carnaza (17,7%).

Con este resultado, la inflación suma siete meses consecutivos por encima del 2% y se aleja del objetivo de converger a cero hacia agosto, tal como había planteado el Gobierno. Desde mayo del año pasado —cuando marcó su nivel más bajo en cinco años—, la tendencia ha sido ascendente.

A nivel regional, el Noreste (4,1%), el Noroeste (4%) y el Gran Buenos Aires (3,4%) superaron el promedio nacional, mientras que la región Pampeana (3,3%), Cuyo (3,2%) y la Patagonia (2,5%) quedaron por debajo.

El dato oficial sorprendió a analistas y consultoras, que proyectaban una inflación más moderada. La mayoría de las estimaciones se ubicaban entre el 3% y el 3,2%, e incluso algunas, como la Fundación Libertad y Progreso, habían calculado un 2,9%.

“El dato de marzo es contundente: el 3,4% marca una inflación que no baja desde hace ya 10 meses”, señaló el economista Julián Neufeld. En su análisis, destacó la incidencia de factores externos y la dinámica monetaria interna.

Por su parte, el economista Santiago Casas, de EcoAnalytics, apuntó a la falta de un “ancla nominal” y al impacto de los precios regulados: “El control de agregados monetarios resulta inefectivo con una demanda de dinero inestable y sin una regla clara para la tasa de interés”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó la aceleración inflacionaria a factores externos, como la guerra en Medio Oriente, y al proceso de corrección de precios relativos. Además, reiteró que la inflación es un fenómeno monetario vinculado a la oferta y demanda de dinero.

“A medida que el impacto rezagado de la caída en la demanda de dinero vaya perdiendo fuerza, el orden fiscal y monetario permitirá una convergencia hacia niveles internacionales”, sostuvo.

El presidente Javier Milei también se refirió al dato con tono crítico: “El dato no nos gusta y es malo”, afirmó, aunque se mostró confiado en una futura desaceleración.

Con un inicio de año más inflacionario de lo esperado y expectativas desalineadas, el desafío para el Gobierno será recomponer credibilidad en su programa económico. Mientras tanto, la evolución de los precios continúa siendo uno de los principales focos de preocupación para hogares y empresas.

La definición del funcionario se conoció horas antes de la publicación oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que será difundido este martes 14 de abril a las 16 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Según relevamientos de la Agencia Noticias Argentinas, los registros inflacionarios no solo mostrarían un nivel elevado en marzo, sino que también anticipan presiones para abril, impulsadas principalmente por aumentos en los combustibles.

Caputo explicó que el comportamiento de los precios estuvo influido por factores puntuales. “Seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock que evidentemente tuvo un impacto obvio en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta transporte; hay temas como la educación, que en marzo tiene su estacionalidad”, sostuvo.

En ese sentido, el ministro remarcó que el encarecimiento de los costos vinculados al petróleo y los ajustes típicos del inicio del ciclo lectivo incidieron de manera significativa en la dinámica inflacionaria del mes.

A pesar de este escenario, el titular del Palacio de Hacienda se mostró optimista de cara al corto plazo. “A partir de abril se viene un proceso de desinflación y crecimiento”, aseguró, y agregó que “se vienen los mejores meses” en materia económica.

Las declaraciones fueron realizadas durante la presentación del libro “Cambia la música, ahora hay que cambiar el paso”, del analista Salvador Di Stefano, en la Bolsa de Comercio de Rosario.

En paralelo, Caputo se prepara para viajar a Washington D.C., donde participará en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en un contexto clave para la agenda económica argentina y las negociaciones internacionales en curso.

El senador Martín Oliva expresó su preocupación por el impacto económico y social que la reforma previsional tal como la ha presentado hasta ahora el gobierno provincial, y puso el foco en el rol central que cumplen los ingresos de docentes, policías y trabajadores de la salud en la vida cotidiana y en la economía entrerriana.

En este contexto, la discusión previsional no puede ser reducida a una cuestión contable. “Si el gobierno provincial realmente busca una reforma sostenible, debe empezar por defender la sostenibilidad de Entre Ríos frente al Gobierno Nacional”, sostuvo.

“No se puede hablar de equilibrio interno mientras se resignan recursos provinciales, no se da la discusión que corresponde por los fondos, o se acepta que el ajuste venga impuesto desde afuera y se descargue hacia adentro”, resaltó.

En ese sentido, cuestionó la intención de instalar una falsa división entre trabajadores del sector público y del sector privado. “Se busca construir la idea de que el empleado público es un privilegio que el privado debe sostener”, señaló.

“Pero esa mirada no solo es injusta: es profundamente equivocada y peligrosa. Porque en Entre Ríos los docentes no educan sólo a hijos de empleados públicos; los policías no cuidan sólo a trabajadores estatales, garantizan seguridad para todos; los trabajadores de la salud no atienden solo al sector público, atienden a cada entrerriano que lo necesita. El Estado no es un sector aislado: es una red que sostiene a toda la comunidad”, expresó el senador.

Oliva remarcó además el impacto directo en la economía provincial: “Los ingresos de docentes, policías, médicos y enfermeros no se fugan del sistema, no se dolarizan ni se van al exterior. Se vuelcan al consumo local, sostienen comercios, dinamizan pymes y mantienen en funcionamiento la economía de nuestras ciudades y pueblos”.

“Por eso, pensar estos ingresos como una variable de ajuste no solo es injusto desde lo social, sino también equivocado desde lo económico. Reducirlos implica enfriar el consumo, afectar la actividad y debilitar el entramado productivo de Entre Ríos”, sostuvo.

Asimismo, señaló que el esfuerzo exigido a estos sectores viene desde hace tiempo: “Este ajuste no empieza ahora, sino que se profundiza. Los trabajadores ya vienen haciendo un esfuerzo importante con salarios que en muchos casos son insuficientes, con pérdida de poder adquisitivo y con el incremento de aportes que se les exigió recientemente”.

“Primero se les pidió más esfuerzo para sostener el sistema, y ahora se pretende además recortar sus futuras jubilaciones. Esto rompe un principio básico de equidad: no se puede exigir cada vez más a los mismos sectores sin ofrecer una respuesta justa”, agregó.

Finalmente, Oliva planteó la necesidad de dar una discusión más amplia: “La reforma previsional no puede analizarse solamente desde una lógica contable. Si realmente se busca sostenibilidad, hay que defender los recursos de la provincia y evitar que el ajuste se descargue siempre sobre los mismos”.

“En definitiva, no es sólo una discusión previsional. Es una discusión sobre qué modelo de provincia queremos. Uno que le pide cada vez más esfuerzo a docentes, policías, enfermeros y médicos, paga salarios insuficientes, aumenta aportes y recorta jubilaciones; o uno que entienda que salarios y jubilaciones son parte del motor económico, reconozca el valor de estas personas, y defienda a Entre Ríos con firmeza frente a la Nación. Porque no hay sostenibilidad posible que se construya sobre el ajuste y la división”, puntualizó.

Un grupo de diputadas nacionales de Unión por la Patria presentó en el Congreso un proyecto de ley destinado a aliviar la situación financiera de millones de familias argentinas. La iniciativa, denominada “Ley de Segunda Oportunidad para Hogares Endeudados”, busca establecer mecanismos de reestructuración de deudas y facilitar la reinserción en el sistema crediticio formal.

El proyecto fue impulsado por Lucía Cámpora, Julieta Campo y Gabriela Estévez, junto a otros legisladores del bloque, y se suma a una propuesta similar presentada recientemente por el diputado Santiago Roberto bajo el nombre de “Desendeudamiento y Reestructuración de las Familias Argentinas”.

La iniciativa propone la creación de un sistema de reestructuración destinado a personas con deudas de consumo que superen el 30% de sus ingresos, o el 20% en casos de vulnerabilidad económica.

El alcance incluye tanto a entidades financieras tradicionales como bancos, como a plataformas no financieras —entre ellas billeteras virtuales— que, según se advierte, presentan tasas reales superiores al 5% mensual y mayores niveles de morosidad.

Además, el proyecto contempla la creación de un Programa Nacional de Alivio de Deuda Personal, que obligaría a estas entidades a renegociar las deudas de personas físicas en mora mediante un procedimiento administrativo.

Entre los principales puntos, la propuesta establece:

En caso de no alcanzarse un acuerdo, se prevé que el Estado intervenga determinando una reestructuración acorde a la capacidad de pago del hogar.

Asimismo, se propone la creación de un Observatorio de Endeudamiento de los Hogares, con el objetivo de relevar datos sobre niveles de deuda, morosidad y condiciones de financiamiento, y así mejorar el diseño de políticas públicas.

El proyecto se sustenta en datos que reflejan el fuerte endeudamiento de las familias: se estima que el 91% de los hogares argentinos tiene algún tipo de deuda. Según el INDEC, uno de cada cuatro hogares solicitó un préstamo durante el primer semestre de 2025, cifra que asciende a uno de cada tres en sectores de menores ingresos.

Las autoras advierten que gran parte de estos créditos se destina actualmente a cubrir gastos corrientes y consumo básico, en lugar de inversiones, lo que genera un círculo de refinanciación constante y pérdida de ingresos futuros.

En los fundamentos, también se señala que este fenómeno se vincula con la caída del poder adquisitivo, el descenso del consumo y el impacto de las políticas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei.

La iniciativa retoma experiencias previas como el sistema COPREC, implementado durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, así como programas internacionales de desendeudamiento como el brasileño “Desenrola Brasil” y distintos modelos europeos.

El proyecto cuenta además con el acompañamiento de legisladores como Paula Penacca, Julia Strada, Carlos Castagneto, Vanesa Siley, Mario Manrique y otros integrantes del bloque oficialista.

De avanzar en el Congreso, la propuesta buscará dar respuesta a una problemática creciente en la economía doméstica argentina, con el objetivo de aliviar la carga financiera de los hogares y evitar la profundización de situaciones de vulnerabilidad.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó el proyecto de ley que crea una comisión destinada a investigar la evolución de la deuda pública provincial, en el marco de una sesión marcada por el consenso entre el oficialismo y el bloque justicialista (PJ), tras la incorporación de modificaciones impulsadas por la primera minoría.

La iniciativa, promovida por el Poder Ejecutivo, tiene como objetivo avanzar en un análisis profundo, sistemático y transparente del endeudamiento de la provincia a lo largo de las últimas décadas. Uno de los cambios más relevantes introducidos durante el tratamiento legislativo fue la ampliación del período de estudio: a propuesta del PJ, se estableció que la investigación abarque desde 1991 hasta la actualidad, en lugar de 1995 como contemplaba el proyecto original.

Cabe recordar que el expediente había sido devuelto a comisión en la sesión anterior, instancia en la que se reabrió el debate para incorporar aportes de distintos bloques. Como resultado de ese trabajo, se elaboró un nuevo dictamen que incluyó modificaciones sustanciales.

Entre ellas, se destaca el carácter permanente de la comisión investigadora, así como la obligación de emitir informes anuales sobre los procesos de endeudamiento. Además, se dispuso la participación de instituciones externas al ámbito político, con el fin de aportar miradas técnicas y académicas.

Durante el debate, el presidente de la Comisión de Legislación General, Marcelo López, subrayó la “amplitud” del oficialismo para aceptar propuestas que “contribuyen a una mejor norma” y remarcó la importancia de garantizar un espacio plural que permita abordar el tema desde distintas perspectivas.

De acuerdo con el dictamen aprobado, la comisión estará integrada por tres representantes del Poder Legislativo —dos diputados y dos senadores, uno por la mayoría y otro por la primera minoría—, además de representantes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con el objetivo de fortalecer el análisis con aportes independientes.

Desde la bancada justicialista, la diputada Andrea Zoff consideró que el nuevo dictamen es “claramente superior” al proyecto original y valoró la apertura al diálogo por parte del oficialismo. No obstante, expresó su desacuerdo por la exclusión de herramientas que faciliten la comprensión pública de la deuda, como indicadores específicos y recursos visuales.

En tanto, Liliana Salinas (Partido Conservador Popular) y Carlos Damasco (La Libertad Ríos) acompañaron la iniciativa en general, aunque no respaldaron el artículo referido a la conformación de la comisión, al considerar que deja fuera a la segunda minoría de la Cámara.

Por su parte, otros bloques libertarios votaron en contra del proyecto, al plantear cuestionamientos sobre la integración del organismo y poner en duda su independencia.

Con la aprobación de esta ley, la provincia de Entre Ríos avanza en la creación de una herramienta institucional orientada a esclarecer el proceso de endeudamiento y fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión pública.

Durante la reunión, el mandatario expuso el escenario actual y señaló que "los números definitivos muestran que la caída de los recursos provinciales ha sido incluso superior a la de los municipios", y remarcó que se trata de "un dato objetivo que refleja la realidad".

En ese marco, subrayó que la situación de los gobiernos locales es heterogénea y que "no existe una única realidad", ya que conviven municipios con distintos niveles de endeudamiento y capacidades financieras. "Hay jurisdicciones con recursos disponibles y otras con fuertes limitaciones, en un contexto que es, sin dudas, muy complejo", explicó.

En relación a la discusión sobre los recursos, Frigerio sostuvo que "si se plantea avanzar en la incorporación de determinados fondos al esquema de coparticipación, no voy a oponerme", y reafirmó su disposición al diálogo para encontrar alternativas que contemplen las distintas realidades.

Asimismo, valoró el esfuerzo de los intendentes y afirmó: "Sé que muchos están haciendo un gran esfuerzo para sostener sus municipios en este contexto, y eso es algo que valoro".

Finalmente, el gobernador destacó la importancia de la articulación entre los distintos niveles del Estado y señaló que "quienes tenemos responsabilidades de gestión sabemos lo que implica cumplir todos los meses con obligaciones como el pago de salarios".

"Voy a estar siempre del lado de quienes hacen el esfuerzo de gestionar en un contexto de recursos cada vez más escasos. Tenemos que trabajar en conjunto para mejorar la calidad del gasto público y evitar que recursos que son de todos se destinen a sostener desequilibrios estructurales, en lugar de invertirse en obras y servicios que mejoren la vida de la gente", concluyó.

Por su parte, el secretario general de Gobernación, Mauricio Colello, remarcó la importancia de estos espacios de conversación sobre todo "por el difícil momento que nos toca atravesar a quienes gestionamos fondos públicos, vinculado a la caída de la recaudación, afrontando cada vez más responsabilidades y competencias que tenemos tanto la provincia como los municipios".

Dijo que se recepcionaron las propuestas que acercaron hoy los intendentes del justicialismo y expresó el compromiso de "continuar con estas reuniones y poder trabajar articuladamente, optimizando los recursos para mejorar la calidad de vida de los entrerrianos".  

El intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, agradeció la respuesta inmediata por parte de las autoridades provinciales ante el pedido de la Liga de reunirse y la presencia de todo el equipo de gestión. "Vinimos a proponer ideas para que el gobernador las analice con sus funcionarios. Entendemos la situación que se está afrontando, sabemos cuál es la situación económica del país y cómo eso impacta en los recursos que llegan a la provincia y los municipios", expresó Fuertes y agregó la importancia de trabajar "hombro con hombro para defender los intereses de los entrerrianos".

También valoró la posibilidad de que todos los intendentes expresen su situación particular. "Hacemos un buen balance" del encuentro y le solicitaron al gobernador "reunirnos más seguido" para trabajar y "que nos vaya bien a todos".

Del encuentro participaron el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; los ministros de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; de Salud, Daniel Blanzaco; de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; y de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob; el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat; el secretario de Gobiernos Locales, Ricardo Vales; y el gerente general de Enersa, Jorge Tarchini.

En un contexto de fuerte deterioro de las cuentas públicas locales, intendentes entrerrianos expondrán este martes una serie de reclamos al gobernador Rogelio Frigerio durante un encuentro previsto para las 15 en el Centro Provincial de Convenciones, en la ciudad de Paraná.

La reunión se desarrollará en medio de una abrupta caída de la coparticipación y un escenario que ya obligó a algunos municipios a afrontar parte del pago de salarios mediante bonos alimentarios. La absorción de gastos que corresponden a la provincia y la cuestionada discrecionalidad en el reparto de recursos serán ejes centrales de la agenda.

El intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, quien actualmente ejerce la presidencia rotativa de la liga de intendentes, advirtió que la situación “se torna insostenible” y la describió como un “círculo vicioso” generado por la caída de la actividad económica y la consecuente reducción de ingresos municipales.

En declaraciones a Radio Plaza, el jefe comunal señaló que los municipios están asumiendo responsabilidades que exceden sus competencias. “Todos los días estamos cortando el pasto, arreglando baños, desagües, cloacas y problemas de agua”, enumeró, al tiempo que anticipó que estos planteos serán expuestos ante el mandatario provincial.

Fuertes también adelantó que insistirán en la necesidad de defender los recursos provinciales y municipales. “Hay una situación cada vez más acuciante, fruto claramente de un programa económico que no tiene nada que ver con los intereses de la patria”, expresó. Además, cuestionó el estado de la infraestructura vial y la falta de inversión del fondo específico, así como la implementación de peajes sin una reducción paralela del impuesto a los combustibles, lo que —según indicó— implica una “doble imposición”.

Desde San José de Feliciano, el intendente Damián Arévalo también llegará al encuentro con un diagnóstico crítico. Según explicó en el mismo medio radial, el desfasaje entre inflación (estimada entre 30% y 35%) y la caída de los recursos reales representa una pérdida de hasta el 45% de la capacidad operativa municipal en comparación con el año anterior.

“Muchos municipios corren el riesgo de convertirse únicamente en pagadores de sueldos, frenando completamente la obra pública”, advirtió. En ese sentido, subrayó que la recaudación local también se ve afectada, ya que los vecinos priorizan gastos esenciales por sobre el pago de tasas.

Arévalo también hizo hincapié en el rol que hoy cumplen los gobiernos locales como sostén de servicios que no están cubiertos por otros niveles del Estado. Entre ellos, mencionó la compra de pintura y refacciones en escuelas, provisión de medicamentos, pasajes por cuestiones de salud, combustible para patrulleros y mantenimiento de caminos rurales.

“Somos la primera línea de batalla. El vecino no golpea la puerta de la Casa Gris, golpea la del intendente”, enfatizó.

Otro de los puntos que será llevado a la mesa de discusión es el malestar por la distribución de fondos extraordinarios. Arévalo cuestionó lo que definió como un manejo “discrecional” de los recursos provinciales, al señalar que algunos municipios considerados “amigos” han recibido aportes de hasta 100 millones de pesos, mientras que otros, en situaciones similares, obtuvieron ayudas mínimas.

En ese marco, los intendentes reclamarán que cualquier asistencia financiera que la provincia reciba desde Nación sea coparticipable y distribuida de manera equitativa entre los municipios.

El encuentro de este martes se perfila así como un espacio clave para canalizar tensiones crecientes entre los gobiernos locales y la administración provincial, en un escenario económico que sigue profundizando las dificultades para sostener la gestión cotidiana.

En el marco del 156° aniversario del fallecimiento del primer presidente constitucional argentino, Concepción del Uruguay será escenario de una propuesta innovadora que combina historia y tecnología. Este sábado a las 10.30, la Municipalidad local, la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y el Centro Cultural Urquiza inaugurarán el Museo Audiovisual Itinerante “Justo José de Urquiza”.

El nuevo espacio funcionará en una de las salas de la Casa de Urquiza, específicamente en el ala oeste del histórico edificio donde residió el General, sector que actualmente ocupa el Correo Argentino. La apertura se realizará luego del acto protocolar previsto en la Basílica Inmaculada Concepción.

El museo ofrecerá una experiencia inmersiva a través de relatos audiovisuales centrados en momentos clave de la historia nacional, como el Pronunciamiento, la Batalla de Caseros, la sanción de la primera Constitución y el proyecto educativo impulsado por Justo José de Urquiza.

La propuesta incluirá una sala equipada con tótems de proyección sincronizada, donde los personajes de los cuadros históricos cobrarán vida mediante recursos tecnológicos innovadores, marcando un avance significativo en la museografía entrerriana. El espacio estará abierto al público en general y también podrá ser visitado por escuelas y contingentes turísticos.

La iniciativa surge del trabajo conjunto entre la UNER y el Centro Cultural Urquiza, con la activa participación de la Municipalidad. Durante la firma del convenio, el intendente José Lauritto destacó la importancia del proyecto: “Es una muy buena idea que requiere de apoyos. Estamos firmemente convencidos del éxito de la divulgación educativa e histórica, fundamental para los estudiantes y quienes nos visitan, para que comprendan dónde están”.

La jornada conmemorativa comenzará a las 10 con un acto en el mausoleo que guarda los restos del General Urquiza. La ceremonia será encabezada por el Presidente Municipal y contará con palabras alusivas a cargo de Pedro Frúniz, en homenaje a los 156 años del fallecimiento de una de las figuras centrales en la organización nacional.