Representantes de la Liga de Intendentes Justicialistas de Entre Ríos participaron este martes de un encuentro de la Federación Argentina de Municipios (FAM) realizado en la ciudad santafesina de Pérez, donde se reunieron cerca de un centenar de jefes comunales de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

La jornada estuvo orientada al análisis de la situación que atraviesan actualmente los gobiernos locales y permitió intercambiar experiencias sobre los desafíos comunes que enfrentan los municipios de la Región Centro.

Entre los principales temas abordados figuraron la disminución de los recursos coparticipables, la paralización de obras públicas, la reducción de transferencias nacionales y el impacto que tiene en las administraciones locales la quita de subsidios a servicios esenciales como el transporte y la energía.

Durante el encuentro, los intendentes debatieron además distintas estrategias para fortalecer el desarrollo de las comunidades y coincidieron en la necesidad de avanzar en acciones coordinadas entre los gobiernos locales.

La producción, el empleo, la educación y el crecimiento urbano fueron algunos de los ejes que formaron parte de la agenda de trabajo, con el objetivo de promover iniciativas que permitan sostener el desarrollo regional en un contexto económico complejo.

Los participantes también destacaron la importancia de consolidar espacios de diálogo y articulación entre municipios para compartir experiencias de gestión y generar respuestas conjuntas ante problemáticas que afectan a las distintas localidades.

Desde la Liga de Intendentes Justicialistas de Entre Ríos señalaron que uno de los puntos centrales del encuentro fue la preocupación por la situación financiera de los municipios y por las dificultades que enfrentan para sostener obras, servicios y programas destinados a la comunidad.

En ese marco, reafirmaron la necesidad de defender las autonomías locales y garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de los gobiernos municipales, en un escenario marcado por la caída de ingresos y la reducción de aportes provenientes del Estado nacional.

El intendente de Hernández, Luis Gaioli, participó de la firma del Convenio Marco de Colaboración y Asistencia Recíproca para la Urbanización y Desarrollo de Gobiernos Locales, una iniciativa que forma parte del Programa Sistema de Ciudades Entrerrianas y que busca fortalecer el trabajo conjunto entre municipios, organismos provinciales e instituciones académicas.

El acuerdo tiene como objetivo promover herramientas de planificación territorial, impulsar el desarrollo urbano sostenible y generar ámbitos de cooperación e intercambio de experiencias entre las distintas localidades de la provincia.

Desde el municipio destacaron que la participación en este tipo de programas permite acceder a instancias de capacitación, asistencia técnica y articulación institucional para abordar desafíos vinculados al crecimiento de las ciudades y comunas entrerrianas.

La iniciativa reúne a diferentes actores del ámbito público y académico con la finalidad de construir estrategias comunes que favorezcan un desarrollo ordenado de los centros urbanos, atendiendo las necesidades actuales y futuras de cada comunidad.

En ese marco, Hernández se incorpora a un esquema de trabajo colaborativo orientado a fortalecer las capacidades de gestión local y a generar proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

El Programa Sistema de Ciudades Entrerrianas apunta a consolidar una red de gobiernos locales que compartan experiencias, intercambien conocimientos y desarrollen políticas públicas vinculadas al ordenamiento territorial, la infraestructura y el crecimiento sostenible de las localidades de la provincia.

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 14,7 por ciento en los primeros cinco meses del año, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,2 por ciento.

El dato representa una baja de 0,5 puntos porcentuales respecto de abril, cuando la inflación había sido del 2,6 por ciento, y consolida una tendencia descendente que comenzó luego del pico registrado en marzo, cuando el índice alcanzó el 3,4 por ciento.

Entre las divisiones que más subieron durante mayo se destacó Comunicación, con un incremento del 3,4 por ciento impulsado principalmente por los aumentos en los servicios de telefonía.

En segundo lugar se ubicó Educación, que registró una variación del 2,9 por ciento.

Por el contrario, los menores aumentos se observaron en Prendas de vestir y calzado, con el 0,3 por ciento, y en Bebidas alcohólicas y tabaco, que avanzaron un 0,8 por ciento.

Al analizar la evolución por categorías, los precios estacionales fueron los que registraron el mayor incremento, con una suba del 3,5 por ciento.

Según el informe oficial, este comportamiento estuvo vinculado principalmente al aumento de algunas verduras, parcialmente compensado por la baja en los precios de las frutas.

Los precios regulados avanzaron un 2,4 por ciento, mientras que la denominada inflación núcleo se ubicó en el 1,9 por ciento, perforando por primera vez en varios meses la barrera del 2 por ciento.

El resultado informado por el INDEC se ubicó levemente por debajo de las proyecciones que manejaba el mercado. Diversas consultoras privadas estimaban una inflación para mayo de entre el 2,1 y el 2,4 por ciento.

De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central, la tendencia de desaceleración podría continuar durante los próximos meses y la inflación mensual descendería por debajo del 2 por ciento hacia agosto.

Desde la Fundación Libertad y Progreso señalaron que uno de los factores que contribuyó a moderar la suba de precios fue el limitado impacto que tuvo el ajuste de los combustibles durante mayo, sumado al mantenimiento de la estabilidad cambiaria y fiscal.

La inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que habitualmente funciona como un anticipo de la medición nacional, también había mostrado una desaceleración al registrar un incremento del 2,1 por ciento.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo recientemente que la convergencia hacia niveles de inflación similares a los internacionales es un proceso que continuará en los próximos meses.

No obstante, algunos analistas advierten que el foco comienza a desplazarse gradualmente desde la inflación hacia la evolución de la actividad económica.

En ese sentido, el economista Joaquín Mian, de la Fundación Libertad y Progreso, consideró que el escenario macroeconómico luce más estable que meses atrás, aunque señaló que la recuperación de la economía continúa siendo desigual entre sectores y presenta fluctuaciones que todavía generan incertidumbre.

Con el dato de mayo, el Gobierno nacional suma un nuevo indicador favorable en materia inflacionaria, mientras la atención se concentra ahora en la capacidad de la economía para consolidar una recuperación sostenida de la actividad y el empleo.

El gobernador de Entre Ríos reglamentó la Ley Nº 11.210 mediante el Decreto Nº 1315/2026, una medida que marca un hito en la gestión del patrimonio público provincial. La puesta en marcha de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de la Provincia de Entre Ríos (AABIPER) centralizará el control de los inmuebles estatales bajo una estructura unificada.

La nueva agencia fue concebida como el órgano rector de todas las actividades vinculadas con los bienes inmuebles sobre los cuales la Administración Pública provincial posee dominio o derechos adquiridos. Su creación apunta a concentrar en una sola institución la administración, el control, la regularización y el aprovechamiento de los inmuebles estatales, una tarea que hasta ahora se encontraba distribuida entre distintas dependencias.

Con la reglamentación aprobada, la Provincia busca avanzar hacia una gestión más eficiente y coordinada de su patrimonio territorial, estableciendo mecanismos que permitan mejorar el control de las tierras fiscales, optimizar el uso de los inmuebles públicos y fortalecer la planificación de las políticas vinculadas al suelo estatal.

Uno de los aspectos centrales del decreto es el traslado integral de recursos desde la Dirección de Administración de Tierras Fiscales y la Unidad de Control de Inmuebles de la Fiscalía de Estado hacia la nueva agencia.

La decisión implica que la AABIPER asumirá plenamente las funciones, competencias y responsabilidades que hasta ahora desarrollaban esos organismos.

El decreto fija como fecha límite para esta etapa transitoria el 31 de julio de 2026, plazo durante el cual se prevé completar la organización interna necesaria para que la agencia opere con autonomía administrativa.

La reglamentación también aborda la distribución de los recursos que genere la actividad inmobiliaria de la agencia, un aspecto previsto por la ley que dispuso su creación.

Con esta reglamentación, el Ejecutivo provincial pone en marcha una reforma institucional orientada a concentrar la administración del patrimonio inmobiliario estatal en un único organismo especializado. La medida pretende mejorar el control de las tierras fiscales, ordenar la información sobre los inmuebles públicos y dotar al Estado de una herramienta específica para planificar, administrar y aprovechar de manera más eficiente sus bienes territoriales.

El departamento Victoria alberga aproximadamente 128 mil hectáreas pertenecientes al Estado provincial sobre un total de 432.500 hectáreas que conforman el humedal, según datos actualizados de Catastro.

Históricamente, la Dirección de Tierras Fiscales administró estos campos aptos para la ganadería, una actividad que atraviesa un período favorable en términos de rentabilidad. A ello se suma la apicultura que, con las recientes disposiciones que permiten exportar con tasa cero, aparece como una alternativa productiva de creciente interés.

En distintas épocas estuvo vigente un sistema de arrendamiento denominado “tenencia precaria”, mediante el cual los ocupantes debían abonar un canon anual, además de los tributos provinciales correspondientes.

La extensión de estas islas, ubicadas en un territorio prácticamente despoblado, también dio origen a numerosos litigios que aún se tramitan o fueron resueltos en la Justicia. Sobre este punto, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, sostuvo oportunamente que estas tierras se encuentran “fuera del comercio”, condición que implica dos características fundamentales: la inalienabilidad y la imprescriptibilidad. En otras palabras, no pueden venderse ni transferirse a particulares.

Muchos de los reclamos se promovieron bajo la figura de la usucapión o posesión veinteañal por parte de ocupantes que alegaban haber permanecido durante más de veinte años en esos terrenos. Según datos que hemos recabado, las acciones judiciales no prosperaron y las tierras continuaron bajo dominio provincial.

A partir de ahora, estas hectáreas quedarán bajo la administración de la nueva agencia, lo que abre interrogantes sobre las políticas que se aplicarán en un territorio de importante potencial productivo. En el futuro, mediante sistemas de concesión o arrendamiento, podría impulsarse el crecimiento de la actividad ganadera, ya que la agricultura intensiva se encuentra prohibida en estas áreas.

Se trata de extensiones que actualmente carecen de inversiones significativas por su condición de bienes estatales, pero que podrían convertirse en una herramienta de desarrollo si se implementan mecanismos adecuados de aprovechamiento y control.

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos fue sede este martes de la presentación de un informe que analiza el peso económico de la Región Centro y su contribución a la recaudación nacional. El trabajo concluye que las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba realizan un aporte al Estado nacional superior a los recursos que posteriormente reciben a través de distintos mecanismos de distribución fiscal.

El estudio, denominado “Región Centro, importancia de su actividad productiva y aporte tributario en el contexto nacional”, fue impulsado por el Foro de Entidades Empresarias de la Región Centro y elaborado por un equipo integrado por profesionales de las Bolsas de Comercio de Córdoba, Rosario y Santa Fe, el Consejo Empresario de Entre Ríos y la Fundación Apertura. El proyecto contó con financiamiento del Gobierno de Santa Fe a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Durante la presentación se destacó que la Región Centro constituye uno de los principales motores productivos del país. Según los datos expuestos, genera en promedio el 19,1% del Valor Agregado Bruto nacional, concentra una proporción similar de la población y del empleo privado registrado, y reúne cerca del 23% de las empresas formales de Argentina.

Además, tiene una participación determinante en distintas cadenas productivas. La región concentra casi la mitad de la producción nacional de granos, una importante participación en la actividad avícola, porcina y cárnica, cerca del 50% de la producción automotriz y más del 38% de las exportaciones argentinas.

Los especialistas remarcaron que la infraestructura logística y portuaria existente en las tres provincias refuerza su papel estratégico como uno de los principales polos agroexportadores del país.

Uno de los principales datos del informe señala que, en promedio, la Región Centro aportó a la Nación un 30,1% más de recursos de los que recibió entre los años analizados.

De acuerdo con el estudio, por cada 100 pesos generados en concepto de recaudación nacional, las provincias de la región recibieron aproximadamente 69,9 pesos a través de la coparticipación federal, leyes especiales y otras transferencias.

En el caso particular de Santa Fe, la diferencia fue aún mayor, con una brecha promedio del 36,5% entre 2011 y 2023.

La apertura del encuentro estuvo a cargo del presidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Diego Camuñas. También participaron la secretaria de Región Centro e Integración Regional de Santa Fe, Claudia Giaccone; el presidente del Ente Región Centro e Integración Regional, Atilio Benedetti; el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares; y el ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos, Fabián Boleas.

Durante las exposiciones, los funcionarios coincidieron en la importancia de contar con información técnica para enriquecer el debate sobre el federalismo fiscal y la distribución de recursos entre la Nación y las provincias.

Benedetti destacó el valor de disponer de estudios que permitan fundamentar propuestas orientadas a construir un sistema tributario más equilibrado, mientras que Giaccone resaltó el trabajo conjunto y los consensos alcanzados para concretar la investigación.

Por su parte, Olivares sostuvo que Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos han sido históricamente protagonistas de la discusión sobre el federalismo fiscal y remarcó que el informe aporta datos objetivos para ese debate.

En tanto, Boleas señaló que las tres provincias cumplen un rol central en la economía argentina y consideró necesario avanzar en una discusión integral sobre el sistema tributario y las responsabilidades de cada nivel de gobierno.

El trabajo también analiza variables sociales y económicas y concluye que la Región Centro presenta indicadores superiores al promedio nacional en aspectos como escolarización, niveles de pobreza estructural y distribución del ingreso.

No obstante, los especialistas advirtieron que la productividad laboral de la región registró una caída del 11% entre 2011 y 2023, atribuida principalmente a los efectos de la recesión económica y la sequía.

A pesar de ello, la región mantiene niveles de exportaciones por habitante considerablemente superiores a la media argentina, consolidando su papel como una de las principales generadoras de divisas del país.

Los responsables del estudio indicaron que el informe será de acceso público y busca aportar elementos objetivos para el análisis de las políticas de desarrollo regional, la distribución de recursos fiscales y el fortalecimiento del federalismo argentino.

Nogoyá.– Una grave denuncia por presuntas irregularidades en el manejo de las arcas públicas ha sacudido la tranquilidad de la comuna de XX de Septiembre. La Unidad Fiscal local, procedió a la apertura formal de una Investigación Penal Preparatoria (IPP) que tiene como principal imputada a la presidenta comunal de dicha localidad, Adriana Hernández. Las actuaciones judiciales se iniciaron a raíz de sospechas fundadas sobre la supuesta comisión de los delitos de peculado, apropiación y malversación de fondos públicos, todos ellos relacionados de manera directa con las partidas presupuestarias afectadas a la ejecución de la obra del Salón de Usos Múltiples (SUM) de la comunidad.

Más allá del impacto político que genera el inicio de una causa de estas características contra una autoridad electa, advierten que la gravedad del escenario radica en el denso contenido de las pruebas y las sospechas que sustentan el expediente. Ante este panorama, desde la fiscalía interviniente se han dispuesto medidas procesales concretas de alto impacto administrativo para intentar esclarecer si existió un desvío de los recursos estatales o una administración infiel del patrimonio comunitario.

En este sentido, el fiscal Martínez libró una serie de órdenes destinadas a requerir informes técnicos y detallados al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, al Tribunal de Cuentas provincial y a la Dirección de Comunas y Juntas de Gobierno. El objetivo central de estos requerimientos es reconstruir de manera minuciosa e histórica el recorrido completo y la trazabilidad de cada uno de los fondos y partidas que fueron enviados a la administración de Veinte de Septiembre desde el año 2012 hasta la fecha actual para el desarrollo de la mencionada obra edilicia.

La investigación judicial apunta a poner bajo la lupa un extenso archivo de documentos públicos que incluye transferencias bancarias, subsidios otorgados, expedientes de obra, balances contables, decretos comunales y la totalidad de los movimientos de las cuentas bancarias institucionales. Asimismo, los peritos judiciales pretenden determinar si existieron intimaciones previas u observaciones por parte de los organismos de control ante la posible falta de presentación de información pública y rendiciones de cuentas por parte de la comuna, en una causa que promete sumar nuevos capítulos en los tribunales de nuestra ciudad a medida que ingresen las respuestas a los oficios emitidos.

La reforma previsional retoma un debate que Entre Ríos viene postergando desde hace casi tres décadas, cuando un proyecto de ley impulsado por el entonces gobernador Jorge Pedro Busti en diciembre de 1997 ya proponía los mismos ejes centrales que hoy contiene la Ley 11.130: elevación de las edades jubilatorias, base de cálculo del haber inicial sobre 15 años de aportes y una nueva metodología de movilidad. Aquel proyecto no prosperó. El problema previsional, sí.

En efecto, el proyecto de reforma previsional que se debate en estos días en la Legislatura de Entre Ríos —incorporado a la Ley 11.130 de Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional— no constituye una novedad conceptual. En 1997, durante la gobernación de Jorge Pedro Busti y con la firma del entonces ministro Ricardo Drewanz, el Poder Ejecutivo provincial elevó a la Honorable Legislatura un proyecto de reforma del Régimen Previsional Provincial cuyos contenidos centrales son, en lo esencial, los mismos que la presente gestión propone hoy.

Aquella iniciativa de 1997 no obtuvo sanción legislativa. Las advertencias técnicas que motivaban su redacción, en cambio, se mantuvieron y se profundizaron con el paso de los años. La inacción de casi tres décadas explica buena parte del desequilibrio estructural que el sistema previsional entrerriano arrastra hoy.

El proyecto Busti–Drewanz fundamentaba la necesidad de elevar las edades jubilatorias con estas palabras:

"La edad jubilatoria, para todos los sectores, ha quedado relegada con relación al régimen nacional y de otras provincias. Esto se torna absolutamente impostergable de corregir".

Mensaje de elevación del Poder Ejecutivo — Cámara de Diputados, 30 de diciembre de 1997

El proyecto de 1997 proponía elevar la edad de la jubilación ordinaria común a 63 años para varones y 60 para mujeres, con 33 años de servicios. La reforma de 2026 retoma el mismo eje —equiparación con los estándares nacionales y de otras provincias— y propone 65 años con 35 años de servicios, con una gradualidad que recién comienza en 2031. Tres décadas más tarde, el diagnóstico es el mismo y la urgencia, mayor.

Uno de los puntos más discutidos del proyecto actual es la modificación del haber inicial, que pasa a calcularse sobre el promedio de las últimas 240 remuneraciones (20 años) en lugar del último cargo desempeñado. Esta no es una idea reciente. El proyecto de 1997 ya proponía exactamente esa lógica, aunque con un horizonte temporal menor —15 años—:

"El haber de la jubilación ordinaria será equivalente al ochenta y dos por ciento (82%) del promedio de remuneración mensual percibida por el afiliado durante los últimos quince (15) años inmediatos anteriores al momento de la cesación en el servicio."

Artículo 15° del proyecto Busti–Drewanz, sustitutivo del Artículo 63° de la Ley 8.732

La fundamentación de aquella propuesta resulta hoy especialmente vigente. El mensaje de elevación señalaba:

“Esto tiende a evitar las desviaciones que ha habido en nuestro régimen, que llevaron a la actual distorsión donde nos encontramos con jubilados o pensionados que perciben un haber equivalente al 500 o 600% sobre el haber promedio sobre el cual aportaron en su vida laboral.”

La actual reforma toma el mismo principio rector —proporcionalidad entre aportes y beneficio— y lo aplica con un período más extendido (20 años), en línea con el estándar de la Ley nacional 24.241 y con la mayoría de los regímenes provinciales armonizados.

Movilidad de las prestaciones: el AMPPO de 1997, antecedente del esquema actual

El proyecto de 1997 introducía además un cambio radical en la lógica de actualización de los haberes jubilatorios, con la creación del Aporte Medio Previsional Provincial Obligatorio (AMPPO). El fundamento técnico era explícito:

"La creación del AMPPO tiene por objetivo obtener un mecanismo de medición de los recursos del sistema de reparto, que permita conocer con base científica el crecimiento de los mismos y garantice el cumplimiento del mandato constitucional de prestaciones móviles".

La propuesta apuntaba a desacoplar parcialmente la movilidad de los haberes pasivos de los cambios discrecionales en la estructura salarial activa, dotándola de una base técnica vinculada a la salud financiera del propio sistema. Aquel concepto, hoy, encuentra reflejo en el nuevo régimen de movilidad que establece el proyecto de la Ley 11.130, atado a las variaciones del Escalafón General de la Administración Pública Provincial.

Más allá de los tres ejes centrales, el proyecto Busti–Drewanz contenía propuestas que la reforma actual incorpora con formulación equivalente:

Retención automática a los Municipios. El proyecto de 1997 ya disponía que el aporte mínimo municipal sería "directamente retenido de la Coparticipación por la Tesorería General de la Provincia" (Art. 2°). La reforma actual lo recupera con un mecanismo equivalente en sus Artículos 14 y 21.

Prohibición de nuevas cajas municipales. El Artículo 3° del proyecto de 1997 prohibía expresamente la creación de cajas de jubilaciones independientes en el ámbito provincial. La preocupación por la atomización del sistema previsional ya estaba presente.

No traslado de adicionales sin aportes. El Artículo 4° de 1997 ya establecía que ningún concepto sobre el cual no se hubieran efectuado aportes podría considerarse para el cálculo del haber. La reforma actual recoge la misma regla en su Artículo 22.

Principio de caja otorgante. El Artículo 23° del proyecto Busti–Drewanz incorporaba expresamente el principio de caja otorgante y reciprocidad jubilatoria, hoy nuevamente puesto en valor en el Artículo 36 de la reforma.

El proyecto de 1997 no obtuvo sanción legislativa. La advertencia que contenía —que el sistema previsional provincial requería una corrección estructural urgente para asegurar su sostenibilidad— no se atendió en su momento. El resultado de esa postergación es el que hoy enfrenta la Provincia: un déficit que pasó de $13.000 millones en 2019 a $124.000 millones en 2023, una relación activo/pasivo de 1,82 cuando el umbral técnico de sustentabilidad es 4, y una carga heredada que el sistema absorbió sin compensación.

La reforma de 2026 no propone soluciones novedosas. Propone, finalmente, atender un diagnóstico que ya estaba escrito sobre la mesa de la Legislatura de Entre Ríos en diciembre de 1997. Lo que cambió en estos casi treinta años no fue la naturaleza del problema, sino su magnitud.

Texto:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos. Titulación y resaltado con negritas: Paralelo32. Referencia documental: Cámara de Diputados de Entre Ríos, Reunión Nro. 10, Diario de Sesiones del 30 de diciembre de 1997 — Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo Provincial (Drewanz–Busti).

La política cambió. No porque hayan cambiado los problemas de la gente, sino porque cambió la forma en que la gente vive, se informa y presta atención. Y quienes aspiramos a representar a nuestros vecinos tenemos la obligación de entender esa transformación.

Durante buena parte del siglo XX, la política se construía en los comités, las unidades básicas, los sindicatos, los centros de estudiantes y las plazas. Eran ámbitos donde se debatían ideas, se formaban dirigentes y se construían identidades colectivas. Hoy, en cambio, el principal espacio de encuentro social cabe en la palma de una mano: el teléfono celular.

Scrollear es ese gesto casi automático mediante el cual deslizamos el dedo sobre una pantalla buscando algo que llame nuestra atención. Lo hacemos mientras viajamos, trabajamos, esperamos un turno o tomamos un café. Diversos estudios muestran que las personas revisan su teléfono decenas de veces por día y pasan varias horas consumiendo contenidos digitales. La atención se ha convertido en uno de los bienes más escasos de nuestra época.

Muchos dirigentes siguen comunicándose como si viviéramos en el mismo mundo de hace treinta años. Elaboran discursos interminables para ciudadanos que reciben miles de estímulos diarios. Hablan durante una hora para audiencias que apenas les conceden unos pocos segundos. La consecuencia es evidente: cada vez cuesta más conectar con la sociedad.

Como dirigente joven de Entre Ríos, estoy convencido de que la discusión no pasa por demonizar las redes sociales ni por idealizar formas de militancia que pertenecen a otro tiempo histórico. El desafío es comprender el mundo tal como es y no como nos gustaría que fuera.

La política ya no ocupa el centro de la vida cotidiana de las personas. Esa es una verdad que debemos asumir con humildad. Los temas políticos apasionan principalmente a quienes hacemos política. Ya no encontraremos comités o unidades básicas repletos de jóvenes leyendo a Perón, a Gramsci o al Manifiesto Comunista. La mayoría de nuestros vecinos está ocupada trabajando, estudiando, criando a sus hijos o intentando resolver los desafíos concretos de cada día.

Por eso, quienes participamos de la vida pública debemos aprender a comunicar de otra manera.

Ahora bien, reconocer el cambio no significa resignarse a la superficialidad. La política del like, cuando se convierte únicamente en una búsqueda desesperada de aprobación instantánea, termina vaciando de contenido el debate público. Un dirigente no puede gobernar a fuerza de tendencias, algoritmos o reacciones emocionales.

La buena política sigue siendo, como enseñaba Aristóteles hace más de dos mil años, aquella que busca el bien común. Esa definición no perdió vigencia. Lo que cambió fueron los canales de comunicación. Hoy tenemos apenas unos segundos para captar la atención de una persona. La tarea consiste en aprovechar esos segundos para transmitir ideas, valores y propuestas, no para reemplazarlos por consignas vacías.

En una sociedad líquida, acelerada y fragmentada, la política tiene una responsabilidad aún mayor: ofrecer sentido, dirección y horizonte. Las redes sociales son una herramienta formidable para llegar a millones de personas, pero ninguna tecnología puede reemplazar la necesidad de construir comunidad, confianza y proyectos compartidos.

Creo en una política que entienda la lógica de los tiempos que vivimos sin renunciar a la profundidad. Una política capaz de comunicar en quince segundos, pero también de gobernar pensando en los próximos quince años. Una política que utilice el celular como puente y no como destino.

Porque los algoritmos pueden ordenar contenidos. Pero solamente la política puede darle un rumbo a una sociedad.

A poco más de un año de haber asumido al frente del Ministerio de Economía de Entre Ríos, el contador Fabián Boleas realizó un balance de la gestión económica provincial y aseguró que uno de los principales objetivos planteados por el gobernador Rogelio Frigerio fue avanzar en un estricto ordenamiento de las cuentas públicas.

En declaraciones al programa Debate Abierto, el funcionario sostuvo que la administración provincial logró modificar prácticas históricas vinculadas al manejo financiero del Estado, priorizando una política de gasto basada en la disponibilidad real de recursos.

“Se toman compromisos únicamente cuando existen ingresos para respaldarlos”, resumió el ministro al referirse a la estrategia aplicada desde el inicio de la actual gestión.

Uno de los aspectos que destacó fue el retorno de Entre Ríos a los mercados de financiamiento internacional. En ese sentido, señaló que la reciente asignación de cupos para acceder a créditos de organismos multilaterales por 322 millones de dólares representa una señal de confianza hacia la provincia.

Según explicó, se trata de líneas de financiamiento con condiciones favorables y plazos de devolución cercanos a los diez años, cuyos recursos estarán destinados exclusivamente a obras de infraestructura. Entre las prioridades figura la recuperación y mejora de la red vial provincial.

Al analizar la evolución de los ingresos, Boleas reconoció que durante los primeros cinco meses de 2026 la coparticipación nacional registró una caída real cercana al 3 por ciento. No obstante, destacó el comportamiento de los recursos provinciales.

De acuerdo con los datos expuestos, la recaudación proveniente de los impuestos Inmobiliario y Automotor mostró incrementos reales de entre el 2 y el 4 por ciento, resultado que atribuyó al cumplimiento tributario de los contribuyentes entrerrianos.

El ministro consideró que ese desempeño permitió sostener programas y políticas que anteriormente contaban con financiamiento nacional y que actualmente son afrontados por la provincia.

Uno de los temas sobre los que hizo mayor énfasis fue la situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. Boleas definió al sistema previsional como el principal desafío financiero que enfrenta la provincia y sostuvo que su déficit limita la posibilidad de destinar mayores recursos a otras áreas de gestión.

En ese marco, defendió el proyecto de reforma impulsado por el Poder Ejecutivo provincial y remarcó la necesidad de discutir alternativas que permitan garantizar la sustentabilidad del sistema a largo plazo.

Según expresó, la iniciativa busca abrir un debate que durante años fue postergado y generar herramientas que permitan afrontar los desequilibrios existentes sin comprometer el futuro de la Caja.

Por último, el titular de la cartera económica confirmó que el pago de haberes y del medio aguinaldo seguirá el esquema habitual. En primer término se abonarán los salarios correspondientes a junio durante los primeros días de julio y posteriormente se hará efectivo el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) 2026.

De esta manera, el Gobierno provincial ratificó la continuidad del cronograma de pagos y destacó que el ordenamiento financiero permite afrontar los compromisos salariales previstos para el segundo semestre del año.

En el marco de una reunión virtual organizada por el Foro de Concejales de Juntos por Entre Ríos, el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, Gastón Bagnat, brindó detalles sobre la situación financiera del organismo y los principales aspectos de la reforma previsional que impulsa el gobierno entrerriano.

Durante el encuentro, el funcionario explicó que el sistema previsional provincial enfrenta un importante déficit estructural, producto de diversos factores que se han profundizado con el paso de los años. Entre ellos mencionó la disminución de aportantes activos en relación con la cantidad de beneficiarios y el crecimiento de jubilaciones otorgadas bajo regímenes especiales.

Bagnat aclaró que los trabajadores estatales no son responsables de la situación actual de la Caja, sino que forman parte de un esquema que durante décadas permitió sostener el funcionamiento del Estado provincial.

Uno de los aspectos señalados fue el desequilibrio existente entre los sectores público y privado. Según indicó, actualmente la cantidad de empleados públicos supera ampliamente a la de trabajadores privados que realizan aportes al sistema, una situación que impacta directamente en la sustentabilidad del régimen previsional entrerriano.

En relación con la reforma propuesta, sostuvo que el objetivo central es garantizar la viabilidad de la Caja a largo plazo. En ese marco, se plantea que quienes accedan a determinados regímenes jubilatorios especiales puedan continuar desempeñando tareas laborales y realizando aportes si optan por permanecer en actividad, contribuyendo así al fortalecimiento financiero del sistema.

Respecto de la edad jubilatoria, el titular de la Caja señaló que cualquier modificación se aplicaría de manera gradual, a través de un proceso de transición que podría extenderse entre cinco y veinte años. Asimismo, aseguró que las personas próximas a acceder al beneficio no sufrirán cambios en las condiciones vigentes.

También remarcó que los jubilados actuales mantendrán sus haberes y los derechos ya adquiridos, descartando modificaciones que afecten prestaciones en curso.

Otro de los temas abordados fue la movilidad jubilatoria. Según explicó, la propuesta oficial no contempla reducciones en los ingresos de los beneficiarios, aunque prevé una nueva fórmula de actualización que acompañe de manera más equilibrada las variaciones salariales de los trabajadores activos.

Durante la exposición se informó además que algunos sectores continuarán contando con regímenes especiales. Entre ellos se encuentran el personal policial, los artistas alcanzados por la Ley Provincial Nº 7.849 y determinados docentes que acrediten años de servicio frente al aula y cumplan con los requisitos establecidos.

Finalmente, Bagnat se refirió a la creación de una paritaria única para algunos sectores específicos, mecanismo que permitiría vincular la evolución de las jubilaciones a acuerdos salariales propios de cada actividad y no exclusivamente a las actualizaciones del escalafón general de la administración pública.

Desde el Foro de Concejales de Juntos por Entre Ríos destacaron la importancia del encuentro y valoraron el intercambio de información sobre una temática considerada clave para el futuro de miles de trabajadores activos y jubilados de la provincia.

La decisión fue comunicada este martes durante una conferencia de prensa realizada en la sede de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), donde representantes gremiales y de trabajadores pasivos cuestionaron distintos aspectos de la iniciativa oficial y adelantaron medidas de fuerza que incluirán movilizaciones, acampes, cortes de ruta y la preparación de un paro general provincial.

Los referentes sostienen que el proyecto afecta derechos previsionales adquiridos, modifica el cálculo de los haberes jubilatorios y otorga facultades que consideran impropias al Poder Ejecutivo.

El secretario general de AJER, José María Segura, fue el encargado de abrir la conferencia y ratificó el rechazo de la Multisectorial al proyecto.

Según indicó, las organizaciones presentarán ante el Senado un petitorio respaldado por más de 25.000 firmas y solicitarán formalmente participar en el tratamiento legislativo de la iniciativa.

Segura sostuvo además que el texto contiene disposiciones que consideran inconstitucionales por delegar atribuciones en el Poder Ejecutivo y adelantó que la Multisectorial mantendrá una presencia activa en las calles durante el debate parlamentario.

Entre las medidas previstas mencionó movilizaciones provinciales, retenciones de servicios, volanteadas y cortes intermitentes en distintos puntos estratégicos de la provincia, entre ellos el Túnel Subfluvial, la Ruta Nacional 14, Concordia y Gualeguaychú.

Asimismo, señaló que las organizaciones de mujeres incorporarán el reclamo previsional a las actividades vinculadas al movimiento Ni Una Menos, en rechazo a la posibilidad de equiparar la edad jubilatoria entre hombres y mujeres.

Por parte de los sectores pasivos, la presidenta de la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales de Entre Ríos, Claudia Vallori, expresó la preocupación existente entre los centros de jubilados.

"Todos los centros han manifestado su rechazo porque entendemos que esta reforma nos conduce a un proceso de empobrecimiento", afirmó.

La dirigente señaló además que hasta el momento no recibieron una convocatoria formal para participar de las discusiones en comisión y aseguró que permanecen atentos a las decisiones que adopte la Cámara de Senadores.

El secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (Apler), Gilberto Deveccio, cuestionó el contenido del proyecto y sostuvo que la propuesta oficial traslada el costo del ajuste a trabajadores y jubilados.

En ese marco, recordó que la Multisectorial presentó una propuesta alternativa que apunta a generar recursos mediante una mayor carga tributaria sobre los sectores de mayores ingresos.

Deveccio también puso el foco en los cambios previstos para el cálculo del haber jubilatorio inicial y consideró que la ampliación del período tomado para determinar el promedio salarial implicará una reducción de los ingresos futuros.

"Es incorrecto afirmar que se mantiene plenamente el 82 por ciento móvil si se modifican las variables con las que se calcula el haber inicial", argumentó.

El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, aseguró que la amplia mayoría de los sindicatos provinciales rechaza el proyecto.

Según expresó, la iniciativa representa una modificación estructural del sistema previsional y tendrá consecuencias negativas tanto para los trabajadores activos como para los futuros jubilados.

Además, advirtió sobre el impacto que, a su entender, podría tener la reforma sobre los municipios y comunas entrerrianas.

Por su parte, el secretario general de Agmer, Abel Antivero, confirmó que las organizaciones iniciaron un acampe frente a Casa de Gobierno que se mantendrá mientras continúe la actividad legislativa relacionada con el proyecto.

También adelantó que la Multisectorial convocará a un paro general provincial cuando el Senado avance con el tratamiento de la iniciativa en el recinto.

Durante su intervención, Antivero rechazó las versiones que señalan que la reforma cuenta con consenso de los gremios estatales y aseguró que ninguna de las organizaciones que integran la Multisectorial avala el texto impulsado por el Ejecutivo.

Finalmente, adelantó que continuarán desarrollando acciones de visibilización en toda la provincia para expresar su postura y buscar influir en el debate legislativo.

En ese sentido, sostuvo que los sindicatos seguirán dialogando con los legisladores y difundiendo públicamente la posición que adopte cada representante al momento de la votación del proyecto.

El Superior Tribunal de Justicia resolvió, por mayoría de tres votos a dos, que una Acción de Amparo presentada por la abogada Sonia Spreafico, vuelva a  primera instancia, para rever la forma en que se definió la terna de profesionales que se elevó desde el Concejo Deliberante al Poder Ejecutivo Provincial para determinar el futuro juez de Paz de Crespo.

De aquella terna, que habían integrado Rocío Dinorah Weber, Rocío Guadalupe Rodríguez Mayer y Jorge Kriger, este último terminó siendo elegido con la firma del gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia.

El fallo exige que el Vocal de Juicio y Apelaciones N° 5, doctor Gervacio Labriola, se expida nuevamente frente al recurso presentado en su momento por Spreafico.

La mayoría del STJ resolvió: “Declarar la nulidad de lo actuado desde el momento en que debió ordenarse la citación de los terceros interesados y remitir las actuaciones a la instancia de origen para que, previa convocatoria de éstos al proceso, se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho”.

En su presentación, la profesional local sostuvo que “ha quedado demostrado que la Municipalidad de Crespo decidió omitir el concurso público, sustituyéndolo por la elección directa de tres ciudadanos, por parte del Intendente local, quien  expresó elegirlos por el prestigio del que esos tres abogados gozarían, según su criterio subjetivo y personal que fue convalidado por los concejales”. Siguiendo ese argumento, consideró que la Municipalidad de Crespo violó el derecho a la igualdad de oportunidades para otros abogados que podrían postularse para el cargo.

Previamente, el titular del despacho de Juicio y Apelaciones N°5, Gervacio Labriola, había rechazado por “inadmisible” el amparo. En su primer intento, la demandante había argumentado que el Concejo Deliberante de Crespo “efectuó sesión especial -sin convocatoria a la ciudadanía con la finalidad de aprobar una terna; que la terna no fue precedida de ningún concurso público de ninguna especie, sino que se originó en una propuesta del Sr. Intendente hecha luego de cerradas las sesiones legislativas del año 2025”. La demandante agregó, en su primera presentación, que la propuesta fue aprobada “en una sorpresiva sesión de dudosa legalidad en relación a la Ley Orgánica de Municipios”.

Ahora, con el fallo del STJ, el expediente volverá al despacho de Labriola, para que se expida nuevamente sobre el tema.

Nogoyá.– El Consejo Departamental Justicialista de Nogoyá emitió un documento tras un encuentro realizado el miércoles, que reunió a intendentes, presidentes de comunas, concejales y militantes. El eje central de la convocatoria, estuvo puesto en analizar la crítica situación financiera que atraviesan los estados locales, debido al deterioro y la caída real de los recursos coparticipables durante el presente año 2026. Según expusieron, el desfase económico impacta de manera directa en la capacidad y en la asistencia diaria que los municipios y comunas brindan a los habitantes de las zonas rurales del departamento.

De acuerdo con los datos estadísticos que fundamentan el reclamo, los dirigentes señalaron que, si bien las transferencias gubernamentales mostraron un crecimiento en términos nominales, al descontar los efectos del proceso inflacionario actual se registra una caída neta del 13% en la coparticipación con respecto al mismo período del año 2025. A este escenario se suma un factor de índole estructural a nivel provincial: la incorporación de 22 nuevas comunas en el territorio entrerriano.

Desde el justicialismo advirtieron que, al mantenerse fija la masa coparticipable total en el 1%, en la práctica se procedió a redistribuir la misma cantidad de dinero entre 104 administraciones comunales, cuando anteriormente la masa de recursos se dividía únicamente entre 82 localidades.

La reunión partidaria contó con la presencia de los intendentes Luis Gaioli, de Hernández, y Luis Siebenlist de Aranguren, junto a los presidentes comunales Víctor Fernández (Don Cristóbal 2da), Carlos Ostorero (Don Cristóbal 1ra), Adriana Hernández (XX de Septiembre), Ramón Lanfranco (Febre/Montoya), Mario Faure (Betbeder), Héctor Barreto (Crucesitas 7ma) y Roberto Porcel (Crucesitas 8va).

Ante el complejo panorama descripto, los jefes comunales solicitaron formalmente una audiencia institucional con el senador departamental Rafael Cavagna, con el propósito de elevar una serie de demandas técnicas y políticas para paliar el ahogo financiero de las administraciones locales.

Entre los puntos principales que pretenden abordar con el legislador de la Unión Cívica Radical, plantearán la necesidad de avanzar en una modificación de la Ley de creación de nuevas comunas y revisar los coeficientes de distribución existentes, así como instrumentar la actualización urgente de la fórmula económica que contemple los nuevos distritos sin perjudicar los fondos ya asignados. Asimismo, requerirán la creación de un fondo de compensación económica que auxilie a las arcas comunales frente a la pérdida de ingresos y propondrán la constitución de una mesa de diálogo departamental permanente.

Junto al mandatario entrerriano estuvo el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, además del presidente comunal de Las Tunas, Fernando Merke, y el intendente de Libertador San Martín, Darío Heinze.

Durante el encuentro, Frigerio destacó el valor simbólico e histórico del acuerdo y definió el vínculo entre ambas comunidades como “una historia de hermanos”, construida sobre valores comunes como el trabajo, la honestidad y el esfuerzo colectivo.

El mandatario entrerriano remarcó además la importancia de recuperar los vínculos humanos en la política y sostuvo que la cercanía entre dirigentes y comunidades es fundamental para reconstruir la confianza social.

“Tenemos que volver a generar agendas de desarrollo basadas en valores compartidos y en el diálogo”, expresó.

Frigerio también puso el foco en el papel estratégico de la Región Centro dentro del país y aseguró que Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba representan una de las zonas de mayor potencial productivo de Argentina.

“Esperamos que vuelva el verdadero federalismo y que el país adopte esta cultura del trabajo y del esfuerzo que caracteriza a nuestra región”, afirmó.

En otro tramo de su discurso, el gobernador reivindicó el rol de la educación como uno de los pilares de la identidad entrerriana y consideró que este hermanamiento también fortalece ese perfil histórico de la provincia.

“Estamos convencidos de que Entre Ríos tiene muchísimo más para dar”, concluyó.

Por su parte, el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro valoró el acuerdo como un “hecho fundacional” basado en la historia común y en la identidad compartida entre ambas localidades.

El mandatario sostuvo que tanto Santa Fe como Entre Ríos representan “la fuerza del trabajo y del interior productivo” y defendió el modelo de integración regional como herramienta para impulsar el desarrollo del país.

“La salida de la Argentina está en la regionalización y en la capacidad de trabajar juntos”, señaló.

El convenio firmado establece oficialmente que Las Tunas y Libertador San Martín pasan a ser “ciudades hermanas”, habilitando el desarrollo de proyectos conjuntos en áreas como educación, salud, cultura, turismo y preservación del patrimonio histórico y arquitectónico.

La relación entre ambas comunidades tiene profundas raíces históricas vinculadas al surgimiento del proyecto educativo adventista en la región. Según se recordó durante el acto, el primer colegio adventista funcionó en Las Tunas mientras se construían las instalaciones definitivas en Entre Ríos, proceso que posteriormente dio origen a la actual Universidad Adventista del Plata.

Ese origen común consolidó lazos familiares, culturales y sociales que permanecen vigentes hasta hoy.

Además, ambas localidades comparten características vinculadas a la inmigración europea, el desarrollo agropecuario y lechero, así como una fuerte identidad asociada a la educación, la salud y el trabajo comunitario.

Del acto participaron también el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el vicerrector de la Universidad Adventista del Plata, Carlos Marí; y representantes de la Región Centro de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, entre otras autoridades.

La propuesta ingresó este sábado al Senado y lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones. Desde el Ejecutivo sostienen que la normativa vigente, basada en parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), presenta limitaciones técnicas, regulatorias y económicas que justifican su eliminación.

De avanzar en el Congreso, la derogación implicaría la eliminación total del sistema actual de rotulado frontal, incluyendo los octógonos negros de advertencia que figuran en los envases de alimentos y bebidas. También quedarían sin efecto las restricciones vinculadas a la publicidad dirigida a niños, el uso de personajes infantiles en los empaques y las regulaciones en entornos escolares.

Entre los fundamentos del proyecto, el Gobierno plantea que el modelo actual aplica criterios uniformes sobre alimentos de características muy distintas, sin contemplar las porciones reales de consumo ni la densidad nutricional de cada producto.

Según argumenta la Casa Rosada, esta metodología puede generar situaciones en las que alimentos tradicionales o considerados saludables reciban advertencias similares a las de productos ultraprocesados, provocando interpretaciones simplificadas o confusión entre los consumidores.

Otro de los puntos señalados es la estructura “binaria” del sistema, ya que el etiquetado actual sólo determina si un producto lleva o no advertencias, sin contemplar mejoras parciales o progresivas en la formulación nutricional realizadas por la industria.

El proyecto también expone diferencias regulatorias dentro del Mercosur. El Ejecutivo advierte que la falta de un criterio armonizado en materia de rotulado frontal obliga a las empresas a fabricar envases diferenciados, generando mayores costos operativos.

En ese marco, sostienen que las principales afectadas serían las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que enfrentan costos de adaptación más elevados en proporción a su escala de producción, situación que —según el mensaje oficial— podría favorecer una mayor concentración del mercado.

Otro de los cuestionamientos oficiales apunta a la rigidez de la ley vigente. Desde el Gobierno consideran que varios aspectos técnicos y metodológicos quedaron fijados dentro del propio texto legal, lo que dificulta adaptar el sistema con rapidez a nuevos consensos científicos internacionales o a futuras actualizaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA).

Sin embargo, el Ejecutivo aclaró que la eventual derogación no eliminaría la obligación de brindar información nutricional en los envases. La declaración de valor energético, azúcares, grasas y sodio seguiría vigente a través del Código Alimentario Argentino y del sistema armonizado del Mercosur, además de las normativas vinculadas a defensa del consumidor y lealtad comercial.

Con el envío del proyecto, el Gobierno pidió al Congreso el pronto tratamiento y sanción de la iniciativa, con el objetivo de avanzar hacia un esquema que definió como “más consistente, uniforme y adaptable”.

Desde este martes 26 y hasta el viernes 29 se retomarán las jornadas de la audiencia de remisión a juicio en la causa conocida como Contratos Truchos, una de las investigaciones judiciales más resonantes de la provincia de Entre Ríos, vinculada al presunto accionar de una organización ilegal que habría operado entre 2008 y 2018 mediante la simulación de contratos de obra en las cámaras de Senadores y Diputados.

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, el esquema consistía en la celebración de contratos con ciudadanos que solo prestaban su nombre, sin prestar servicios reales, a cambio de recibir un porcentaje mínimo del dinero asignado. El resto de los fondos, de acuerdo con la acusación, habría sido desviado de las arcas del Estado provincial.

La investigación comprende contratos celebrados durante las gestiones del ex gobernador Sergio Urribarri y parte del mandato del ex gobernador Gustavo Bordet. Fiscalía sostiene que el perjuicio económico para el Estado entrerriano, a valores actualizados, ascendería a aproximadamente 53 millones de dólares.

Desde la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) se notificó a las partes la continuidad formal del proceso, luego de la resolución emitida por la Sala I de la Cámara de Casación Penal el 23 de diciembre de 2025, que rechazó las impugnaciones extraordinarias presentadas por distintas defensas contra una sentencia dictada el 27 de noviembre de ese mismo año.

Con esa definición judicial, quedó establecido que la audiencia continuará en jornadas de martes a viernes desde el 26 de mayo hasta el 10 de julio. El cronograma prevé audiencias los martes y viernes de 9 a 13, mientras que los miércoles y jueves se desarrollarán en doble turno: de 9 a 13 y de 16 a 19.

La decisión permitió reactivar un expediente de alta complejidad procesal que involucra una extensa cantidad de pruebas documentales, pericias, planteos técnicos y un número importante de imputados.

La referencia a la resolución de Casación se vincula con la revisión de lo resuelto previamente por la jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, quien en septiembre de 2025 había hecho lugar parcialmente a distintos planteos presentados por las defensas.

Entre esos pedidos figuraban exclusiones probatorias sobre informes y pericias, solicitudes de sobreseimiento, nulidades del requerimiento de remisión a juicio, cuestionamientos a la acusación fiscal y pedidos de subsanación de defectos procesales.

Uno de los ejes también estuvo relacionado con la intervención de Fiscalía de Estado, organismo que impulsa el recupero de las millonarias sumas presuntamente sustraídas al patrimonio provincial.

Tras aquella resolución, el expediente volvió a manos de la jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, quien tiene a su cargo la continuidad del proceso de remisión a juicio oral y público.

Actualmente, la causa avanza con alrededor de 17 imputados de los 32 que inicialmente fueron investigados. El resto quedó desvinculado por distintas vías judiciales, entre ellas acuerdos de reconocimiento de participación en los hechos atribuidos o la aplicación de la Suspensión del Juicio a Prueba (Probation).

Fuentes vinculadas al proceso señalaron que las primeras jornadas podrían estar orientadas a ordenar aspectos metodológicos y procesales para retomar una audiencia que, desde su inicio, estuvo atravesada por una marcada complejidad técnica y operativa.

Asimismo, se estima que Barbagelata deberá resolver planteos defensivos pendientes que fueron presentados en etapas previas y aquellos habilitados por instancias judiciales superiores que no quedaron comprendidos en el rechazo de la Cámara de Casación.

La reanudación del proceso también quedó atravesada por cuestiones vinculadas a la disponibilidad de partes intervinientes. En la notificación oficial se informó que la fiscal Patricia Yedro tomó licencia compensatoria de feria.

A esto se sumó la agenda judicial de algunos defensores que también intervienen en otra causa de alto perfil: la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al ex gobernador Sergio Urribarri y al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros.

En ese expediente actúan los abogados Miguel Ángel Cullen y José Velázquez, quienes además representan a varios imputados dentro de la causa Contratos Truchos, situación que complejizó la coordinación de audiencias y calendarios procesales.

La celebración, marcada por una fuerte impronta patriótica y popular, incluyó el tradicional Tedeum en la Catedral San José, un desfile cívico-militar en el Parque de la Estación y el despliegue del Gran Pericón Nacional, del que participaron más de 2.000 parejas de baile, consolidando una de las postales más destacadas de la jornada.

Durante su discurso oficial, Frigerio invitó a reflexionar sobre el significado actual de la libertad y el compromiso ciudadano en la construcción del país.

“Cada 25 de mayo nos obliga a hacernos una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Qué hacemos con la libertad que heredamos?”, expresó el mandatario, al recordar que la Revolución de Mayo de 1810 representó el momento en que un pueblo decidió comenzar a hacerse cargo de su propio destino.

En ese marco, el gobernador sostuvo que gobernar implica asumir decisiones profundas para ordenar el Estado y erradicar privilegios, con el objetivo de consolidar una administración más transparente y sostenible.

Asimismo, remarcó la necesidad de superar divisiones y construir consensos duraderos para avanzar en las transformaciones estructurales que el país necesita.

“Estoy convencido de que las únicas transformaciones duraderas son las que se construyen con diálogo, con consensos y con la capacidad de pensar más allá de nosotros mismos”, enfatizó Frigerio.

En ese sentido, convocó a recuperar una visión patriótica basada en el respeto, la convivencia democrática y la posibilidad de debatir ideas sin confrontaciones destructivas.

El mandatario llamó a fortalecer una ciudadanía comprometida, capaz de sostener diferencias políticas o ideológicas dentro de un marco de respeto mutuo y construcción colectiva.

Por su parte, el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, resaltó la importancia histórica de la fecha y valoró la consolidación de esta celebración como una auténtica expresión de la identidad local y las tradiciones entrerrianas.

“Sigamos luchando por ser libres, porque la libertad es convivencia, es respeto sin sumisión, diálogo sin imposición”, afirmó el jefe comunal.

Davico también convocó a la ciudadanía a trabajar de manera conjunta, más allá de las diferencias, para construir un país con mayores oportunidades y una convivencia social basada en el respeto y la participación.

La jornada patriótica contó con una amplia convocatoria de vecinos, estudiantes, instituciones, fuerzas de seguridad y agrupaciones tradicionalistas, que acompañaron cada una de las actividades desarrolladas en distintos puntos de la ciudad.

El Tedeum, el desfile cívico-militar y el tradicional Gran Pericón Nacional reafirmaron el carácter cultural, histórico y comunitario de la conmemoración, en un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

Dirigentes de gremios de estatales, docentes y municipales comenzaron el análisis del proyecto de reforma previsional y dieron sus primeras impresiones ante la consulta de los medios de comunicación. Coincidieron en valorar la instancia de diálogo abierta por el gobierno, destacaron los cambios que encontraron reflejados en el texto que será debatido en la Legislatura y reconocieron la necesidad de avanzar en una reforma que permita sostener el sistema previsional y preservar el 82 por ciento móvil.Desde UPCN remarcaron que el gobierno tomó aportes del sindicato, aunque advirtieron que seguirán planteando diferencias sobre distintos aspectos. En Suoyem destacaron la posibilidad de participar de la discusión y resaltaron la reducción de años de servicio y la propuesta sobre la movilidad. Desde UDA, en tanto, consideraron que la iniciativa apunta a sostener el sistema y a preservar el 82 por ciento móvil.

“El gobierno escuchó las posiciones de los sindicatos que decidimos dar la discusión. Ahora pasamos a la etapa de estudio del proyecto y del análisis legislativo, donde se dará el debate de fondo”, expresó ante la consulta de la prensa la secretaria adjunta de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Carina Domínguez.

“El gobierno tomó algunos de nuestros aportes y el debate no está cerrado. Desde UPCN creemos que fue importante que el gobierno haya abierto la discusión”, expresó la dirigente y formuló “un llamado a la dirigencia sindical y política para que en Entre Ríos pensemos en el conjunto y no solamente en posiciones individuales y sectoriales”.

Consultada sobre los aportes que el proyecto prevé que realicen los trabajadores con sueldos mayores a 3 millones de pesos, Domínguez consideró que “tiene lógica en un marco de crisis escalonar los aportes de acuerdo a los ingresos”, aunque advirtió que “para el escalafón general que representa UPCN este aspecto no sería crucial porque no estamos dentro de esos valores”.

Más adelante, la dirigente valoró que se haya reducido de 30 a 20 años el período tomado para calcular el haber inicial. “Lo logramos en la discusión”, explicó. No obstante, anticipó que seguirán insistiendo para que quede como está actualmente y advirtió que “el gobierno tiene un margen para disminuir los 240 meses que dice el texto”.

Acerca de la edad jubilatoria similar para hombres y mujeres que la iniciativa plantea comenzar a alcanzar paulatinamente a partir de los cinco años de vigencia de la norma, Domínguez opinó que “hay que considerarle a las mujeres una serie de contemplaciones vinculadas a la cuestión de género, como el hecho de tener hijos y el cuidado familiar, tal como se hace en otros países”.

Respecto de la movilidad, la dirigente advirtió: “Se ha buscado confundir a los trabajadores diciendo que iba a regir el índice de Anses cuando todos sabemos el empobrecimiento que generó ese sistema. Ahora el índice estará basado en un criterio salarial del escalafón general”, precisó.

Más adelante, Domínguez dijo que la declaración de la emergencia previsional, “más allá de que se hablaba en los vectores, apareció como un hecho importante en el proyecto y fue sorpresivo”, pero señaló que “hay que ver realmente el alcance y cómo está planteado”.

“Es honesto decir que con UPCN ha habido voluntad de diálogo y debate y que el gobierno se ha mostrado permeable a algunas consideraciones que hemos hecho, aunque no nos hemos puesto de acuerdo en muchas cosas”, resumió luego.

“Es momento de reflexión y de abrir posibilidades para ver qué es lo mejor para nuestros trabajadores, nuestros jubilados y nuestra provincia”, completó Domínguez, antes de informar que UPCN va a realizar un recorrido por los departamentos “para hablar con los trabajadores, los jubilados y la prensa”.

“Cuando se empezó a hablar de este tema teníamos una postura bastante negativa, pero con el tiempo fuimos convocados junto a otros sectores, pudimos participar y pudimos aportar”, explicó Fernando García, representante del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem).

El dirigente destacó que el aumento en los años de servicio -que en el proyecto pasan de 30 a 35- comenzará a aplicarse después de los cinco años de vigencia de la ley. “Eso fue una pelea porque había posturas para que la aplicación fuera ni bien se aprobara la norma y va a ser gradual”, precisó.

“Otra de las cosas en las que insistimos fue en que no se tomaran 30 años para calcular el haber inicial. Dijimos que era imposible, dimos esa pelea y en el proyecto se bajó a 20 años, es decir que alguna repercusión tuvo nuestra posición”, explicó García. “Ahora vamos a insistir para que se sostengan los 10 años”, agregó

“Hay cosas con las que podemos no estar de acuerdo, pero sí estamos de acuerdo en la participación”, señaló el dirigente y anticipó que irán a la Legislatura a continuar con el debate.

García también mencionó que en el inicio de la discusión se habló de aplicar un índice como el de Anses. “Para nosotros no era beneficioso, se generó el debate y eso también se logró”, resaltó.

Por último, el dirigente se refirió a los aportes que tendrían que hacer durante la emergencia los trabajadores con salarios superiores a los 3 millones de pesos. “Nuestro sector queda totalmente excluido porque nosotros no llegamos a cobrar 3 millones”, puntualizó.

Desde el sector docente, Mirta Raya, consideró “que era justo y necesario que nos pusiéramos a trabajar el gobierno y los sindicatos con la Caja de Jubilaciones porque realmente era importante sostener el 82 por ciento móvil, que no todos tienen en la Argentina”.

“Este proyecto busca trabajar temas centrales, como la movilidad jubilatoria, las edades de acceso al beneficio y otros factores estructurales”, enumeró la secretaria general de la Unión Docentes Argentinos (UDA).

“Lo que se busca con estas adecuaciones es priorizar la estabilidad del sistema previsional para las futuras generaciones de entrerrianos”, acotó.

“En este proyecto que se presentó hoy estuvimos tratando de hacer nuestros aportes para que la Caja de Jubilaciones pueda seguir sosteniéndose”, finalizó la dirigente.

A sus 84 años, Julio Bárbaro mantiene una voz activa dentro del debate político argentino. Con una mirada crítica y directa, el histórico referente del justicialismo analizó el escenario nacional, cuestionó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y se refirió al presente y futuro del peronismo.

En declaraciones a Debate Abierto Radio, el dirigente sostuvo que el país atraviesa una etapa de fuerte tensión política, deterioro social y pérdida de cohesión institucional.

Bárbaro fue particularmente duro al analizar la administración nacional y consideró que el Gobierno comienza a mostrar señales de desgaste y contradicciones internas.

Según expresó, la gestión atraviesa un proceso de reconocimiento progresivo de sus propias dificultades, reflejado —a su entender— en tensiones dentro del gabinete nacional.

“Se está viendo una fractura interna donde la culpa siempre la tiene el otro”, planteó.

El dirigente también cuestionó el impacto social de las políticas económicas impulsadas por la administración libertaria.

Sostuvo que el actual rumbo económico profundizó las desigualdades y generó un aumento de la vulnerabilidad social.

Entre sus críticas, apuntó especialmente a decisiones vinculadas a la política fiscal y al impacto que, según consideró, tienen sobre distintos sectores de la sociedad.

Otro de los puntos abordados por Bárbaro fue el discurso del presidente Javier Milei respecto a la historia económica argentina.

El referente peronista rechazó la idea de que el país haya sido una potencia en términos sociales durante etapas pasadas.

Si bien reconoció el peso económico que tuvo Argentina como exportador agropecuario, señaló que ese modelo convivía con profundas desigualdades sociales.

“La Argentina fue grande cuando los argentinos fuimos integrados en sociedad”, afirmó.

Además, recordó etapas del país que, según su visión, estuvieron marcadas por mayor cohesión social y una infraestructura pública que hoy considera en riesgo frente a procesos de privatización o desinversión.

Bárbaro también analizó la actualidad del Partido Justicialista, donde planteó la necesidad de una renovación política.

Sostuvo que el sistema político argentino atraviesa transformaciones profundas y que los partidos tradicionales perdieron parte de su estructura e identidad.

En ese contexto, consideró que el peronismo necesita construir una nueva etapa.

En relación con liderazgos recientes del espacio, expresó una mirada crítica sobre el desgaste de figuras que marcaron el último ciclo político del PJ.

Dentro del escenario opositor, Bárbaro mencionó a Axel Kicillof como una figura con proyección dentro del peronismo.

Lo definió como uno de los dirigentes con condiciones para encabezar una renovación política, aunque consideró que cualquier nueva construcción deberá diferenciarse de etapas previas y construir una identidad propia.

Su análisis se inscribe dentro del debate abierto que atraviesa el peronismo sobre liderazgo, renovación y reconstrucción electoral.

Otro de los ejes centrales de sus declaraciones fue la defensa del rol estatal.

Bárbaro remarcó que el Estado debe funcionar como herramienta de protección y organización social.

Según expresó, su función principal debería estar vinculada a garantizar derechos y acompañar al ciudadano, especialmente en contextos de crisis.

En esa línea, cuestionó con dureza las propuestas de privatización y advirtió sobre el riesgo de trasladar al sector privado áreas construidas históricamente con inversión pública.

Las declaraciones de Julio Bárbaro vuelven a reflejar el debate político abierto en torno al rumbo económico del país, el rol del Estado y la reconfiguración de los espacios partidarios tradicionales.

Con críticas al gobierno nacional y una mirada sobre la necesidad de renovación dentro del peronismo, el dirigente planteó una discusión que atraviesa buena parte de la agenda política actual.