La Federación Agraria Argentina, la Asociación de Plantadores de Arroz y el Centro Económico de San Salvador elevaron un petitorio al gobernador Rogelio Frigerio denunciando el crítico estado de los caminos rurales del centro de Entre Ríos. El reclamo apunta al deterioro de la conexión vial con la ruta nacional 18, considerada fundamental para la actividad productiva en la región.

En el documento, al que tuvo acceso diario El Pueblo de Villaguay, los firmantes expresaron su “profunda indignación y preocupación” por el “estado calamitoso” del camino. “Reiteradas promesas” de las autoridades provinciales no se han traducido en soluciones concretas, dejando la infraestructura en un estado de “abandono absoluto”, señalaron.

El mal estado de los caminos rurales pone en riesgo la producción agropecuaria, afectando la siembra de soja, la trilla de trigo, el traslado de ganado y el acceso a tambos. Particularmente, mencionaron que más de 40 mil hectáreas de arroz sembradas dependen del abastecimiento constante de fertilizantes y combustible, ahora comprometido.

“Cada día que pasa sin una solución, las pérdidas económicas se acumulan, poniendo en jaque la inversión realizada y el sustento de los pueblos”, advierte el texto.

Entre las demandas, solicitan una “intervención inmediata” para reparar y abovedar los caminos, y que se dote a las zonales de San Salvador y Villaguay de recursos necesarios para afrontar la campaña de trilla arrocera prevista para febrero de 2025.

En un contexto de intensas lluvias, Atilio Schneider, productor de Raíces Oeste, expresó públicamente su enojo por las condiciones de los caminos. “Llueven 80 milímetros y pasa 50 centímetros el agua por arriba del camino”, afirmó en un audio viralizado por WhatsApp, donde también instó al gobernador a tomar medidas: “Hagan lo que tengan que hacer, porque realmente tenemos las pelotas llenas con esto”.

Juan Ignacio Ramírez, jefe de la Zonal IV Villaguay, explicó que las lluvias recientes impidieron avanzar con las reparaciones. No obstante, anunció la llegada de 380 toneladas de asfalto en frío destinadas al bacheo de rutas provinciales.

“Seguramente, si el tiempo acompaña, la próxima semana comenzaremos con el bacheo y retomaremos el repaso de caminos”, comentó Ramírez, destacando que los trabajos en la ruta provincial 20 serán prioridad.

Los productores confían en que este petitorio no caerá en oídos sordos. “Es inadmisible que una región productiva tan importante esté abandonada. Necesitamos soluciones reales para sostener nuestra economía regional”, concluyeron las entidades firmantes.

Según las primeras informaciones, la confrontación se originó a raíz de un altercado entre los hijos de seis años de las involucradas. En el transcurso de la pelea, la víctima fue brutalmente golpeada por un grupo de cinco mujeres, lo que resultó en heridas significativas. La joven sufrió heridas de arma blanca en la mano izquierda y en el muslo de la pierna izquierda, lo que motivó su traslado de urgencia al Hospital San Martín de Paraná, donde se le realizaron suturas y actualmente permanece en observación en la sala de cuidados intermedios.

La Unidad Fiscal de Delitos Complejos, bajo la dirección de la Dra. Paola Farinó, ha tomado el caso, ordenando la detención de las cinco imputadas, así como el secuestro de prendas de vestir, teléfonos celulares y otros elementos relevantes para la investigación. Las circunstancias de la pelea han llevado a las autoridades a caratular la causa como “Tentativa de Homicidio”.

Personal de la Dirección de Criminalística trabajó en el lugar para recopilar pruebas y esclarecer los hechos. Asimismo, se contó con la colaboración de las comisarías de María Grande y Cerrito para el traslado de las detenidas.

Victoria.- La  nueva legislación que rige en nuestra provincia contempla el abordaje al menor como un sujeto de derecho y no un objeto de derecho como era antes, explicó Juan Eduardo Lloveras, Juez de Familia y Penal de Menores de nuestra ciudad.

“Esto es lo novedoso porque el magistrado ahora analiza el hecho, si está en vulnerabilidad de sus derechos, o representa un peligro para la sociedad, para posteriormente derivar a la familia o al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf)”, explicó.

Agregó que antes de esta nueva legislación, los menores de entre 14 y 16 años que cometían  un delito, se los declaraba inimputables y ahí terminaba el trámite. Con la nueva legislación, cuando se trata de casos graves como robo a mano armada, homicidio o abuso contra la integridad sexual, se los somete a un juicio penal. El juez debe declarar la autoría o no del delito, que para Lloveras es importante porque se resguardan no solo el derecho de la víctima sino también el del menor.

Aclaró que de todas maneras siguen siendo inimputables pero se someten a proceso. No se les aplican penas pero son derivados al Copnaf y se intenta alguna alternativa. Inclusive cuando no se trate de delitos graves el menor puede solicitar que se lo someta a proceso para que se compruebe la autoría o no del hecho.

Hay dos tipos de medidas que se toman; una es la protección propiamente dicha y otra es la excepcional. En el primer caso se determina que el joven sea abordado en el ámbito familiar; si esto no alcanza o no da los resultados esperados se recurre a la segunda, que representa  separar al chico. Se lo puede derivar a una familia alternativa o eventualmente a una residencia socio educativa abierta, como lo es el Hogar San Martín”.

“Actualmente en  el sistema organizado por el Copnaf hay regímenes cerrados (también excepcional) que se utilizan solamente cuando lo solicita el Fiscal y lo puede pedir únicamente cuando  considera que afecta el procedimiento en curso”.

“Estos son los puntos importantes que permiten aggiornar el nuevo Código Penal para menores respetando las  convenciones y pactos internacionales, como el de San José de Costa Rica, que la legislación anterior no contemplaba”, señaló.

Otro aspecto importante está referido a la capacitación. El que trabaja en derecho penal de menores tiene que contar con una formación especial para abordar estas cuestiones, especializarse en estos temas. Además el equipo interdisciplinario (asistente social, psicólogo) debe formar parte del proceso y elabora los  informes que se  agregan  a la causa.

Por este nuevo sistema al juzgado de Familia de Victoria no ha ingresado ninguna causa, porque a la investigación penal preparatoria la llevan a cabo los fiscales en el marco de un Juez de Garantía. En cambio Llovera representa lo que se denomina un juez de sentencia, que será responsable de llevar adelante el debate y en el caso que corresponda se hace otra audiencia y se dicta sentencia. Pero si se toman medidas referidas a cumplimiento de determinadas conductas que el menor debe revertir, puede ocurrir que al momento de dictar sentencia esta no sea necesaria.

Lo que se desprende es que el sistema tiene  una marcada complejidad y pasos que no son sencillos de traducir.

Con respecto al debate en danza en torno a la idea lanzada por el gobierno nacional, de profundizar las penas a los menores, Lloveras se mostró cauto en ese sentido y sostuvo que primero  en el marco de una política de minoridad se debe determinar qué proyecto se tiene para rescatar y abordar a menores con problemas, en forma previa a la participación de un delito. “Porque puede ocurrir que no alcancen las cárceles para internar a los jóvenes”.

Hay que brindar oportunidades para que ese chico tenga la posibilidad de integrarse a la comunidad. Hay programas que andan muy bien con centros de contención u hogares de recuperación que son alternativa para algunos jóvenes, pero hay que reconocer que otros nunca de adaptan. A modo de ejemplo explicó –en diálogo con Paralelo 32– que un chico de 15 años que tiene serios problemas de adicción es muy difícil que se pueda recuperar, el trabajo hay que hacerlo antes y evitar que el chico consuma.

El artículo N° 83 de la nueva Ley Penal referida a menores, establece que la justicia no puede actuar cuando se producen casos de contravención. En estos hechos  actúa la  policía, que habitualmente lo entrega a sus representantes legales, o si considera que es peligroso para sí o para terceros puede derivarlo a Copnaf.  Para la ley, “el que infringe una ordenanza policial o municipal, comete contravención”, y la contravención está referida a cuestiones que no llegan a ser un delito (peleas en la vía pública, personas que provocan desorden por ebriedad y agresiones verbales, por ejemplo).