Una familia tipo necesitó $1.564.716 durante julio para cubrir el costo de la Canasta Básica Total (CBT) y superar la línea de pobreza, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El monto corresponde a un hogar compuesto por dos adultos y dos menores y representa un incremento del 2,2% respecto de junio. En la comparación interanual, la Canasta Básica Total acumuló una suba del 36,1%.

El dato refleja cuánto dinero necesita mensualmente un hogar para cubrir no solo sus necesidades alimentarias, sino también un conjunto de bienes y servicios considerados indispensables.

Durante julio también se incrementó el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece el umbral utilizado para determinar la línea de indigencia.

La CBA registró una suba mensual del 2,6%, acumuló un aumento del 20,1% en lo que va de 2026 y alcanzó una variación interanual del 37,4%.

Para un adulto equivalente, el valor de la CBA se ubicó en $229.131.

En términos concretos, una familia que no logra reunir los ingresos suficientes para cubrir esta canasta no alcanza a satisfacer los requerimientos alimentarios mínimos establecidos por el INDEC.

El monto necesario varía de acuerdo con la cantidad y composición del hogar.

Para un hogar integrado por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años, el costo mensual fue de:

Para un hogar compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, los valores fueron:

Este es el modelo de familia tipo utilizado habitualmente para analizar la evolución de las líneas de pobreza e indigencia.

En un hogar formado por dos adultos de 30 años y tres hijos de 1, 3 y 5 años, se necesitaron:

El INDEC también estableció el valor de las canastas para un adulto equivalente, una unidad utilizada para comparar las necesidades de hogares de diferentes tamaños y composiciones.

En julio:

De esta manera, el valor de $506.381 representa la línea de pobreza mensual para un adulto equivalente, mientras que los $229.131 marcan la línea de indigencia.

La diferencia entre ambas canastas es central para comprender cómo se determina la pobreza.

La Canasta Básica Alimentaria contempla los alimentos y cantidades necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales mínimos establecidos para un adulto equivalente. Para determinar su composición, el INDEC utiliza información sobre los hábitos de consumo de la población obtenida a través de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo).

La Canasta Básica Total, en cambio, incorpora además otros bienes y servicios no alimentarios.

Para calcularla, el INDEC utiliza el denominado coeficiente de Engel, que relaciona el gasto destinado a alimentos con el gasto total de los hogares de referencia.

Por eso, el valor de la CBT constituye el parámetro utilizado para establecer la línea de pobreza, mientras que la CBA determina la línea de indigencia.

En julio, el costo de las necesidades básicas volvió a subir y una familia tipo necesitó más de $1,5 millones mensuales para superar la línea de pobreza, en un contexto en el que los ingresos de los hogares continúan siendo determinantes para medir el impacto real de la inflación sobre el poder adquisitivo.

La decisión fue adoptada durante el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales del gremio, luego de analizar el estado de la negociación paritaria con el Gobierno provincial. Desde Agmer sostuvieron que el Poder Ejecutivo volvió a frustrar el proceso de diálogo al disponer por decreto el aumento salarial, tras el rechazo sindical a la última propuesta presentada.

La medida de fuerza había sido anticipada por el sindicato, que en las últimas semanas advirtió que el reinicio del ciclo lectivo estaba condicionado a la evolución de las negociaciones salariales.

En la última reunión paritaria, el Gobierno provincial ofreció un incremento del 3% para julio y otro 4% para septiembre, actualizando la base de cálculo salarial.

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, informó además que la propuesta contempla elevar el salario mínimo docente a 850.000 pesos desde julio, lo que representa un incremento cercano al 14% respecto del piso vigente. También incluye aumentos de entre 20% y 28% en los conceptos de Fopid y Conectividad, según la carga horaria de cada trabajador.

La oferta fue rechazada por Agmer, que la consideró insuficiente para recomponer el poder adquisitivo de los docentes.

A través de un comunicado, la conducción sindical cuestionó la decisión del Gobierno de otorgar el incremento mediante decreto y afirmó que esa medida implica el fracaso de la negociación colectiva.

"Luego de los debates dados en el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de nuestro sindicato y la decisión arbitraria del Gobierno de hacer fracasar nuevamente la paritaria salarial, Agmer definió convocar a un paro de 24 horas para el lunes 20 de junio", expresó la entidad.

Asimismo, el gremio señaló que la medida busca reclamar "salarios dignos para la docencia entrerriana" y exigir ámbitos de negociación que permitan avanzar en una recomposición salarial acorde con la situación del sector.

En el mismo documento, Agmer reiteró su rechazo a la política salarial del Ejecutivo y manifestó su oposición a "todo ajuste en Educación".

Con la confirmación del paro, el regreso a las aulas previsto para el lunes quedará interrumpido en gran parte de las escuelas públicas entrerrianas, mientras continúa abierto el conflicto entre el Gobierno provincial y los gremios docentes.

La negociación salarial entre el Gobierno de Entre Ríos y los gremios estatales volvió a fracasar. En una nueva audiencia paritaria, el Ejecutivo ofreció un incremento salarial del 7% en dos tramos, propuesta que fue rechazada tanto por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) como por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

Ante la falta de acuerdo, el Gobierno provincial resolvió avanzar por decreto con la liquidación del primer tramo del aumento, correspondiente al 3% para los haberes de julio, mientras que aseguró que la negociación permanecerá abierta para continuar el diálogo con las organizaciones sindicales.

La oferta presentada contemplaba un incremento del 3% para los salarios de julio y otro 4% para septiembre, tomando como base de cálculo el sueldo del mes inmediatamente anterior en cada caso.

El integrante de la comisión paritaria por el Gobierno, Ricardo Vales, explicó que la decisión de liquidar por decreto el aumento de julio busca que el incremento "impacte rápidamente en el bolsillo de los trabajadores".

Asimismo, sostuvo que la administración provincial "está haciendo el mayor esfuerzo posible dentro de una gestión responsable de los recursos", al tiempo que remarcó que el Ejecutivo mantiene la voluntad de continuar negociando.

"Vamos a seguir dialogando. Con responsabilidad, sin prometer lo que después no se puede cumplir", afirmó el funcionario al término de la reunión.

Desde ATE la respuesta fue contundente. El sindicato rechazó la propuesta en todos sus términos al considerar que resulta insuficiente para recomponer el deterioro salarial acumulado durante los últimos meses.

El secretario general del gremio, Oscar Muntes, sostuvo que el incremento ofrecido no responde al reclamo de recuperación del poder adquisitivo y aseguró que los trabajadores estatales atraviesan una situación económica cada vez más compleja.

"Los trabajadores del Estado no alcanzamos a llegar a fin de mes, tenemos que sacar créditos para poder ir al supermercado", expresó el dirigente, quien estimó que la pérdida salarial supera el 41% desde diciembre de 2023.

Según ATE, la oferta presentada apenas representa un punto porcentual más que la realizada en la reunión anterior y no contempla una recomposición real de los ingresos.

En ese contexto, el sindicato ratificó el paro total de actividades convocado para este miércoles, acompañado por una movilización hacia la Casa de Gobierno y la Legislatura provincial.

La protesta coincidirá con el tratamiento del proyecto de reforma previsional impulsado por el Ejecutivo, iniciativa que también es rechazada por el gremio.

Muntes adelantó que los manifestantes intentarán hacer llegar su postura a los legisladores y cuestionó tanto las políticas de ajuste del Gobierno provincial como las negociaciones políticas que rodean el debate parlamentario.

Pese al nuevo desacuerdo, desde el Gobierno insistieron en que la paritaria no quedó cerrada y que continuarán las reuniones con los representantes sindicales para intentar alcanzar un entendimiento en las próximas semanas.

Mientras tanto, el incremento del 3% correspondiente a julio será abonado por decreto, en un escenario donde la tensión entre el Ejecutivo y los trabajadores estatales vuelve a profundizarse, con reclamos salariales que se suman al rechazo de la reforma previsional impulsada por la administración provincial.

La paritaria docente en la provincia ingresó en una fase litigiosa que presagia una pulseada política a futuro. Este miércoles, en el marco de una nueva audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo bajo el amparo de la Ley Nº 9.624, el Gobierno provincial puso sobre la mesa una propuesta salarial reformulada que calificó de "definitiva y superadora". Sin embargo, la respuesta de la Asociación Gremial del Magisterio (AGMER), el gremio mayoritario que representa al sector, fue un rechazo inmediato en el mismo recinto, lo que derivó en la declaración formal de un escenario de conflicto y la inminente apertura de una instancia de conciliación obligatoria. También trascendió que ante la falta de acuerdo no se descarta que el gobierno dé por terminada la instancia paritaria y ejecute las mejoras por decreto como ocurrió en una instancia anterior.

Desde la óptica oficial, la nueva oferta representa el máximo límite de las posibilidades financieras de las arcas públicas. El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, defendió la propuesta señalando que se atendieron varios de los planteos gremiales formulados el lunes pasado. La oferta gubernamental consiste en un aumento del 3% para los haberes de julio y un 4% para septiembre, con la modificación clave de que la base de cálculo ya no es febrero, sino el mes inmediato anterior.

Asimismo, el esquema oficial eleva el salario mínimo docente para el cargo testigo a 850.000 pesos, de bolsillo, a partir de julio (un 14% de incremento respecto al mínimo previo) y contempla subas de entre el 20% y el 28% en los conceptos del Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y Conectividad. Cuenca lamentó la premura del rechazo sindical, "lo llamativo es que fue rechazada de manera inmediata, sin llevarla a Congreso ni debatirla". El funcionario insistió en que la pauta otorga previsibilidad al superar los índices inflacionarios proyectados y ratificó la voluntad de diálogo, aunque aclaró que los números presentados constituyen el techo de la negociación.

En la vereda opuesta, la representación de los sindicatos docentes justificó el rechazo rotundo al sostener que las modificaciones presentadas respecto al lunes son "ínfimas", en referencia a una reunión previa que pasó a cuarto intermedio para el miércoles, en la que el Ejecutivo ofreció un 6 % en dos tramos. Para el gremio mayoritario, la oferta dista notablemente de compensar el proceso inflacionario acumulado y el encarecimiento del costo de vida, factores que, denuncian, empujan a la docencia a situaciones de pobreza, pluriempleo y sobrecarga laboral.

Uno de los principales puntos de discordia radica en la naturaleza de los fondos. Mientras Cuenca recordó que la provincia debió hacerse cargo con recursos propios del Fopid y la Conectividad tras la quita del Fonid nacional —alcanzando hoy los 240.000 pesos en jornada completa—, desde AGMER fustigaron que el incremento en estos códigos "profundiza los montos en negro". La conducción sindical había exigido formalmente que estas sumas se blanquearan como remunerativas y bonificables, además de demandar un porcentaje de recomposición específico para el mes de agosto, requerimiento que no fue incluido en la propuesta oficial.

Con las posiciones rígidamente enfrentadas, el sindicato declaró el estado de conflicto y solicitó formalmente la fijación de una última audiencia bajo el paraguas de la conciliación administrativa. De acuerdo a los plazos legales, la Secretaría de Trabajo deberá convocar a las partes en un lapso no mayor a los próximos cinco días hábiles. El titular del CGE expresó su expectativa de que la disputa "no repercuta en las clases" ni afecte el derecho de los alumnos, mientras el arco gremial presiona por una contrapropuesta que modifique de raíz la estructura salarial ofrecida.

Este planteo del gremio se muestra incierto, porque el gobierno definitivamente señaló que la propuesta representa "un esfuerzo importante" de la Provincia y confirmó que el Ejecutivo la considera "la propuesta definitiva".

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) resolvió profundizar su plan de lucha y convocó a un paro provincial de 24 horas para el próximo miércoles 1° de julio, jornada que estará acompañada por una movilización a la ciudad de Paraná.

La medida se enmarca en el conflicto que el gremio mantiene con el Gobierno provincial por la política salarial y por el proyecto de ley de reforma previsional que actualmente se encuentra en debate en la Legislatura.

A través de un comunicado, la conducción sindical convocó a docentes de los 17 departamentos entrerrianos a concentrarse en la capital provincial para reclamar una nueva convocatoria a paritarias y expresar su rechazo a las modificaciones propuestas para el sistema jubilatorio.

Desde Agmer sostuvieron que la protesta busca exigir "condiciones salariales dignas" y reiterar su rechazo al proyecto de reforma previsional, al que consideran perjudicial para los trabajadores activos y jubilados.

El paro anunciado se suma a otras medidas impulsadas por el sindicato durante las últimas semanas.

La semana pasada, Agmer también llevó adelante una jornada de huelga con actividades de protesta en distintos puntos de la provincia. En aquella oportunidad se realizaron concentraciones y volanteadas organizadas junto a centros de jubilados y organizaciones que integran la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones.

El gremio considera que el Ejecutivo debe reabrir la negociación salarial para actualizar los ingresos del sector docente frente al contexto inflacionario y, al mismo tiempo, reclama que el proyecto previsional no avance sin un mayor debate con los trabajadores y sus representantes.

La conducción sindical convocó a las seccionales departamentales a organizar la participación de los docentes en la movilización prevista para el miércoles en Paraná, con el objetivo de reforzar el reclamo frente a la Casa de Gobierno y la Legislatura provincial.

La protesta coincidirá con un momento clave del tratamiento legislativo del proyecto de reforma previsional, que continúa siendo analizado por las comisiones del Senado, donde especialistas, exfuncionarios y representantes de distintos sectores vienen exponiendo sus posiciones.

De este modo, el conflicto entre el Gobierno provincial y el principal gremio docente de Entre Ríos suma un nuevo capítulo, mientras los reclamos salariales y el debate sobre el futuro del sistema previsional siguen ocupando un lugar central en la agenda política y sindical de la provincia.

La medida de fuerza impactará en escuelas públicas de todo el territorio entrerriano y se enmarca en un contexto de creciente tensión entre distintos sectores sindicales y el Ejecutivo provincial por la discusión vinculada a una eventual reforma previsional.

A través de un comunicado difundido por el sindicato, Agmer explicó que la decisión de convocar al paro responde a la preocupación por la situación social, económica y laboral que atraviesan trabajadores y jubilados de la provincia.

“El Gobierno no entiende la gravedad de la situación social y económica por la que estamos atravesando las y los entrerrianos”, sostuvo el gremio, al cuestionar la postura de la gestión provincial encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio.

Desde la entidad sindical remarcaron que la protesta también apunta a defender el sistema previsional entrerriano y rechazar cualquier modificación que pueda afectar el funcionamiento de la Caja de Jubilaciones.

“Paramos en defensa de la Ley 8732 y de nuestras condiciones laborales”, expresaron desde Agmer, al advertir sobre un escenario de “empobrecimiento generalizado, deterioro de las condiciones de vida y profundo endeudamiento para cubrir necesidades básicas”.

El gremio afirmó además que el sector docente sufre de manera directa las consecuencias de las decisiones políticas adoptadas por el Ejecutivo provincial, situación que —según indicaron— impacta tanto en el ámbito educativo como en la calidad de vida de los trabajadores.

La jornada de paro afectará el normal dictado de clases en establecimientos educativos públicos de toda Entre Ríos, en una nueva manifestación del conflicto que mantiene el sector gremial con el Gobierno.

La convocatoria se suma a otros reclamos impulsados por sindicatos provinciales que vienen expresando preocupación por la situación económica, salarial y previsional.

Con esta medida, Agmer vuelve a poner en agenda el debate sobre el sistema jubilatorio entrerriano y las condiciones laborales docentes, en un contexto de fuerte discusión política y social en la provincia.

El gobierno de Entre Ríos presentó oficialmente un Programa de Desendeudamiento y Unificación de Pasivos destinado inicialmente a trabajadores estatales activos y jubilados provinciales, con el objetivo de refinanciar deudas personales a tasas más bajas y aliviar el peso financiero sobre miles de familias entrerrianas. La iniciativa, desarrollada en conjunto con el Banco de Entre Ríos, también proyecta extenderse al sector privado.

El anuncio fue realizado en Casa de Gobierno por el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, quien explicó que la medida apunta a modificar el perfil financiero de los asalariados en un contexto marcado por el descenso de las tasas de interés y el fuerte endeudamiento de numerosos hogares.

“El objetivo es modificar el perfil financiero que puedan tener los empleados, tanto públicos como privados, así como también los jubilados provinciales”, expresó el funcionario durante la conferencia de prensa.

El programa permitirá reemplazar múltiples deudas tomadas en bancos, financieras, mutuales, cooperativas y tarjetas de crédito por un único préstamo con condiciones más favorables. Según detalló el gobierno provincial, la propuesta contempla una tasa fija del 60 por ciento TNA, plazos de financiación de hasta 60 meses y un período de gracia de dos meses sin pago de cuotas.

La operatoria se realizará mediante código de descuento directo sobre los haberes, mecanismo que busca simplificar el trámite y reducir riesgos de incumplimiento.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que la iniciativa no tendrá costo fiscal para el Estado y remarcaron que el propósito es ordenar las finanzas personales de los trabajadores y disminuir significativamente la carga mensual derivada de créditos de alto costo.

Boleas explicó que muchas de las deudas actuales fueron contraídas en períodos de tasas más elevadas y que la refinanciación permitirá mejorar las condiciones de pago.

“Cuando se trata de créditos personales, si yo lo tomé el año pasado fue a una determinada tasa. Esta gestión que llevamos adelante frente al agente financiero va a permitir, en algunos casos, reducir a la mitad esa tasa de interés”, sostuvo.

El ministro aclaró además que el programa alcanzará exclusivamente a deudas originadas en créditos personales y consumos financieros, incluyendo tarjetas de crédito.

Desde el gobierno provincial señalaron que uno de los objetivos centrales del plan es recuperar capacidad de consumo en los hogares entrerrianos y generar un efecto dinamizador sobre la economía local.

“Claramente esto genera un alivio en el valor de las cuotas que pagan los empleados por mes y, por supuesto, ese dinero que se libera vuelve al consumo, revitalizando o mejorando la performance de la economía local”, indicó Boleas.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, los trabajadores podrían liberar en promedio cerca del 20 por ciento de sus ingresos mensuales, mejorando así su capacidad adquisitiva y sus posibilidades de afrontar gastos cotidianos.

En ese marco, el ministro insistió en que la intención del Ejecutivo es ampliar posteriormente el alcance de la medida hacia trabajadores del sector privado.

“Estamos convencidos de que tiene que estar dirigido a todos los asalariados”, afirmó.

Asimismo, aclaró que el programa no surge como respuesta a un escenario de morosidad generalizada, sino como una medida preventiva ante el contexto económico actual.

“No hemos detectado niveles de morosidad alarmantes, pero creemos que toda la economía tiene que ir moviéndose en función de lo que está sucediendo a nivel macroeconómico”, señaló.

La inscripción al programa se realizará de manera completamente digital a través del sitio web del Banco de Entre Ríos. Allí los interesados deberán registrar sus datos y las deudas a refinanciar para que el banco analice cada situación.

Posteriormente se aplicará un criterio técnico basado en la relación cuota-ingreso. Según se informó, la nueva cuota no podrá superar el 30 por ciento del ingreso neto del solicitante.

Quienes cumplan con las condiciones recibirán un turno en la sucursal más cercana para completar la operatoria y presentar la documentación correspondiente de sus deudas vigentes.

Desde el gobierno adelantaron que en los próximos días se brindarán mayores precisiones sobre la implementación y los requisitos específicos del programa.

Tras el anuncio, el docente y dirigente Víctor Hutt difundió un extenso documento en el que cuestionó duramente la iniciativa del gobierno provincial y sostuvo que el endeudamiento de los trabajadores tiene origen en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

Según planteó, el problema de fondo radica en los recortes salariales acumulados en los últimos años y en la diferencia entre los ingresos y el costo de vida.

“Desde hace mucho tiempo venimos denunciando que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios públicos de Entre Ríos ha generado un endeudamiento que ya es insoportable e imparable para las familias trabajadoras”, expresó.

Hutt aseguró que el deterioro salarial obligó a miles de trabajadores a recurrir al crédito para sostener gastos básicos y advirtió sobre un círculo de endeudamiento creciente.

“El crecimiento del endeudamiento produjo que se vaya pasando de deudas en la tarjeta a deudas con los bancos, y luego a aplicaciones y financieras con intereses cada vez más elevados”, afirmó.

El dirigente sostuvo además que una refinanciación no resolverá estructuralmente el problema mientras los salarios continúen perdiendo frente a la inflación.

“La única medida que puede romper este círculo vicioso es recuperar el poder adquisitivo del salario al menos a los niveles de 2023”, indicó.

En su análisis, Hutt también cuestionó la tasa del 60 por ciento anunciada para el programa y consideró que continúa siendo elevada en relación con la inflación proyectada.

“El proyecto consiste en la participación del Banco de Entre Ríos, que cambiaría las deudas actuales por deudas a una tasa especial del 60 por ciento. Una rebaja que para nada cambia la categoría de tasa usuraria”, expresó.

Asimismo, afirmó que el esquema representará beneficios financieros para el banco y para entidades crediticias privadas, ya que permitirá garantizar el cobro de préstamos mediante descuentos automáticos sobre los salarios.

“No hay salida posible del endeudamiento si el gobierno provincial no nos devuelve el salario que nos quitó”, concluyó el docente.

El anuncio del Programa de Desendeudamiento abrió un nuevo debate en Entre Ríos acerca de la situación económica de los trabajadores públicos, el impacto de la inflación sobre los salarios y el creciente peso del financiamiento personal en la economía familiar.

Mientras el gobierno provincial sostiene que la iniciativa permitirá aliviar las finanzas de miles de familias y recuperar capacidad de consumo, sectores sindicales y docentes insisten en que el problema estructural continúa siendo la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos frente al aumento sostenido del costo de vida.

En ese escenario, el programa aparece como una de las principales medidas económicas impulsadas por la administración provincial para intentar contener el impacto del endeudamiento sobre los asalariados entrerrianos en un contexto nacional de fuerte ajuste y retracción del consumo.

La medida forma parte de un plan de acción gremial en reclamo de mejoras salariales y en rechazo a cambios en el sistema previsional. Bajo consignas como “La educación no se ajusta”, “Urgente aumento salarial” y “No a la reforma jubilatoria”, los trabajadores buscan visibilizar la situación del sector docente en todo el territorio entrerriano.

La modalidad de la protesta será descentralizada, con puntos de encuentro definidos en cada ciudad, principalmente en accesos y lugares de alta circulación, con el objetivo de amplificar el alcance de la manifestación.

Desde el gremio indicaron que los docentes deberán consultar en sus respectivas seccionales para conocer el lugar exacto de concentración en cada localidad.

En el caso de Crespo, la convocatoria tendrá lugar en el pórtico de ingreso a la ciudad, un punto estratégico elegido como referencia para reunir a trabajadores de la educación y a quienes deseen acompañar la actividad.

Al respecto, Claudia Schira, secretaria de la filial Crespo-Seguí, señaló que la jornada tendrá como eje central el reclamo salarial y la defensa de los derechos laborales del sector.

“La educación no se ajusta” será la consigna principal de la protesta, en la que se exigirá un incremento urgente de los salarios y se reiterará el rechazo a la reforma jubilatoria impulsada por el Gobierno provincial.

Con esta acción, Agmer busca sostener la visibilidad del conflicto docente y presionar por respuestas concretas en un contexto de creciente tensión entre el sector educativo y las autoridades provinciales.

En la sede de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), ubicada en Montevideo 163 de la ciudad de Paraná, el Frente Sindical Salarial Docente brindó una conferencia de prensa ante la presencia de numerosos medios televisivos, radiales y digitales. El encuentro tuvo como objetivo informar a la docencia y a la sociedad en general los motivos del rechazo a la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Entre Ríos, que los gremios calificaron como insuficiente y regresiva para el sector.

Durante la exposición, el secretario general de AMET Regional XI, Andrés Besel, subrayó la necesidad de transmitir con claridad el escenario actual del conflicto salarial. En ese sentido, expresó el desacuerdo del sindicato con la decisión del gobernador de otorgar la recomposición salarial por decreto y remarcó la importancia de retomar una verdadera instancia de negociación paritaria.

Besel señaló que cualquier recomposición salarial debe impactar de manera efectiva en el bolsillo de los docentes, pero también contemplar a la obra social y a los docentes jubilados, sectores que —según sostuvo— también se ven afectados por las decisiones salariales que se adopten.

Por su parte, el secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Abel Antivero, destacó que el Frente Sindical se mantiene unido en la defensa del salario y de los derechos de los trabajadores de la educación.

El dirigente afirmó que desde el año pasado los gremios han manifestado voluntad de diálogo y han solicitado instancias de negociación para evitar un escenario de conflicto. Sin embargo, sostuvo que las respuestas del Gobierno no fueron adecuadas y que las propuestas presentadas resultaron insuficientes para el sector.

En ese marco, señaló que el paro realizado en los 17 departamentos de la provincia evidenció un fuerte descontento docente y responsabilizó al Gobierno Provincial por la situación. Según indicó, la decisión de otorgar el aumento por decreto profundiza el conflicto y dificulta la construcción de acuerdos.

Antivero también advirtió que el anuncio de una reunión informativa sobre una posible reforma previsional se suma al clima de tensión. Explicó que cualquier modificación en materia previsional impacta directamente en los derechos jubilatorios de los docentes. No obstante, confirmó que el Frente participará del encuentro para conocer el proyecto de primera mano, aunque anticipó que defenderán firmemente los derechos del sector.

A su turno, la secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), Alejandra Frank, sostuvo que el sector atraviesa el segundo día de medidas de fuerza en un contexto que, según describió, se caracteriza por una pérdida de derechos tanto a nivel nacional como provincial.

Frank cuestionó la propuesta salarial presentada por el Gobierno al considerar que no dignifica la tarea docente. Además, señaló que los montos no remunerativos incluidos en la oferta afectan la escala salarial, la obra social y los aportes jubilatorios.

La dirigente también describió un escenario de desgaste y agotamiento en la docencia, con un aumento de licencias médicas y con docentes que evalúan abandonar la profesión. En ese sentido, recordó que la mayoría del sector está compuesto por mujeres, muchas de ellas sostén de hogar, y afirmó que el reclamo central es por un salario que permita vivir con dignidad.

En el marco del conflicto salarial y ante la posibilidad de que se dicte una conciliación obligatoria, los referentes sindicales señalaron que el Frente Sindical se encuentra evaluando distintas estrategias de acción en forma conjunta y que el conflicto podría extenderse en el tiempo.

Antivero explicó que no anticiparán públicamente todas las acciones que se encuentran en análisis para no facilitar movimientos del Gobierno, aunque confirmó que la instalación de una “carpa blanca” es una de las alternativas que se encuentran en agenda.

El dirigente sostuvo que el Frente mantiene la voluntad de diálogo y que el objetivo central es que los estudiantes estén en las escuelas. Sin embargo, advirtió que resulta difícil hablar de calidad educativa cuando los docentes enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

Respecto a los plazos y a una eventual conciliación obligatoria, indicó que cada sindicato deberá evaluar la situación a través de sus mecanismos orgánicos —como plenarios o congresos— y que posteriormente se coordinarán los pasos a seguir de manera conjunta.

En la misma línea, Besel remarcó que todas las acciones que se definan estarán enmarcadas en lo resuelto por los delegados en Congreso. Además, señaló que cualquier novedad vinculada a la reforma previsional obligará a convocar nuevamente a los órganos de conducción para analizar el escenario.

El dirigente ratificó que las definiciones salariales se trabajarán dentro del Frente Sindical priorizando la unidad y reiteró que cualquier recomposición debe contemplar a docentes activos, jubilados y al sistema de obra social.

Asimismo, Besel cuestionó decisiones políticas que —según su visión— afectan el financiamiento educativo y sostuvo que el reclamo apunta a garantizar un salario que respete criterios constitucionales y contemple a todos los sectores del sistema educativo.

Finalmente, tanto Besel como Antivero expresaron críticas a las políticas económicas nacionales. Consideraron que la pérdida del poder adquisitivo y determinadas decisiones presupuestarias afectan a los trabajadores y advirtieron sobre lo que definieron como una avanzada sobre el movimiento obrero y los niveles de sindicalización.

En ese contexto, Antivero concluyó que uno de los principales desafíos del sindicalismo es fortalecer la organización colectiva y generar conciencia para defender derechos laborales que consideran históricamente conquistados.

La medida fue anunciada luego de que los sindicatos Agmer, AMET, Sadop y UDA resolvieran rechazar la nueva propuesta salarial y convocar a un paro de 24 horas para este martes 3 de marzo.

“Si no lo hacemos por decreto, no le llega a los docentes en el bolsillo rápido, que es lo que nosotros pretendemos”, explicó el mandatario en declaraciones a El Once. “Sí, vamos a sacar un decreto para pagar este aumento por complementaria en los próximos días”, ratificó.

Frigerio se refirió además al comienzo del ciclo lectivo, en una jornada atravesada por el paro nacional dispuesto por Ctera. “Más de la mitad de las escuelas en Entre Ríos dieron clase y creo que eso es una noticia para destacar también”, afirmó.

En relación con la negociación salarial, sostuvo que el diálogo continuará abierto. “Vamos a seguir dialogando. Con responsabilidad, sin prometer lo que después no se puede cumplir”, expresó, y consideró “irresponsable” comprometer recursos sin respaldo financiero en el actual contexto económico.

El gobernador remarcó que durante su gestión se logró que los salarios docentes “le peleen a la inflación”, incluso en meses en los que la recaudación provincial creció por debajo del índice inflacionario. “Cuando uno contabiliza bien el sueldo inicial de nuestra gestión, los docentes le pudieron pelear a la inflación desde el arranque”, afirmó.

La oferta presentada en la paritaria incluía una suma que, según el Gobierno, compensaba la inflación acumulada durante el período estival.

Entre los puntos principales se contemplaba:

Con estas medidas, el Ejecutivo aseguró que un docente recién iniciado no percibiría menos de 750.000 pesos mensuales.

Asimismo, se propuso convocar en un plazo no mayor a 90 días a una nueva instancia paritaria para acordar una suma remunerativa vinculada directamente al crecimiento de los recursos provinciales, de modo que los salarios acompañen la evolución de la recaudación.

Frigerio reconoció que los salarios del sector público resultan insuficientes frente a las responsabilidades y niveles de formación requeridos. “Por supuesto que es insuficiente, como también podríamos decir en el caso de los policías, médicos y enfermeros”, señaló.

No obstante, remarcó que la situación debe analizarse en función del contexto económico heredado y de las restricciones fiscales actuales. “Es la realidad de lo que encontramos en este contexto tan difícil. Por lo menos le peleamos a la inflación”, indicó.

El mandatario destacó también que el Gobierno impulsa políticas integrales en educación, como inversiones en infraestructura escolar, programas de capacitación docente y el plan provincial de alfabetización. Según detalló, en el último año se registró una mejora del 10% en los niveles de lectura y escritura de alumnos de primero a tercer grado.

En cuanto al futuro de la negociación, propuso retomar el diálogo dentro de tres meses para evaluar la evolución de la inflación y la recaudación. “La idea es que en tres meses nos volvamos a juntar con los representantes docentes, veamos cómo viene la inflación y cómo viene la recaudación”, manifestó.

De este modo, en medio del conflicto gremial y la medida de fuerza anunciada, el Gobierno provincial confirmó que la mejora salarial impactará en los haberes docentes en los próximos días, mientras la paritaria docente en Entre Ríos continúa formalmente abierta.

Una encuesta nacional reveló que, en paralelo al debate parlamentario por la reforma laboral impulsada por el Gobierno, la preocupación por los ingresos personales y familiares se consolida como uno de los principales problemas para la sociedad.

El estudio, realizado por la consultora Proyeccion entre el 1 y el 7 de febrero sobre 1.464 casos en todo el país, muestra que el 43,9% de las personas consultadas señaló a los bajos salarios como una de sus mayores inquietudes actuales.

El tema aparece apenas por detrás de la inseguridad (46,5%) y por encima de la inflación (34,8%), que en el último mes volvió a acelerarse. La cifra expone el peso creciente del deterioro del poder adquisitivo en la vida cotidiana y el malestar que atraviesa a amplios sectores sociales.

El relevamiento se conoció mientras el Congreso discute un paquete de reformas estructurales que incluye cambios laborales, tributarios y penales, promovidos por el oficialismo.

Según los datos de Proyección, el 45,4% de los encuestados se manifiesta de acuerdo con las reformas impulsadas por el Gobierno, mientras que el 33% expresa su desacuerdo. Un porcentaje significativo, en tanto, declara no tener una posición definida, lo que refleja un escenario de opinión pública aún en proceso de consolidación.

Los números configuran un cuadro social complejo: una parte relevante de la ciudadanía respalda transformaciones estructurales, pero al mismo tiempo persiste una preocupación concreta por los ingresos y la estabilidad laboral, variables directamente vinculadas al debate sobre el mercado de trabajo.

El informe también señala que el Índice de Perspectiva Económica (IPE) se ubica en una zona de estancamiento, aunque más cerca de la estabilidad que del pesimismo extremo.

En el plano doméstico, el sondeo advierte que muchos hogares debieron recurrir a endeudamiento o financiamiento para cubrir gastos corrientes, lo que evidencia tensiones financieras en la economía familiar.

Además, el 70,7% de los consultados afirmó que su situación se mantuvo igual de mal o empeoró en el último año. Dentro de ese grupo, un 44,8% señaló un deterioro directo de su realidad económica. En contraste, el 29,3% percibe mejoras o estabilidad positiva, lo que confirma un clima económico predominantemente desfavorable.

El crecimiento de la preocupación por los ingresos y el empleo instala un telón de fondo social determinante para el tratamiento de la reforma laboral. Mientras el oficialismo defiende los cambios como parte de una estrategia orientada a modernizar el mercado de trabajo y promover inversiones, sectores sindicales y bloques opositores advierten sobre el posible impacto en derechos laborales y niveles salariales.

Con la discusión política en marcha, los números de la encuesta sugieren que el impacto real en el bolsillo y en las condiciones de empleo será uno de los factores centrales para moldear el humor social en los próximos meses, en un escenario donde la economía cotidiana se impone como prioridad para amplios sectores de la población.

La morosidad de los argentinos alcanzó niveles inéditos, encendiendo alarmas no solo económicas sino también psicológicas. Según datos recientes del Banco Central, el 6,6% de los préstamos familiares está en mora, el porcentaje más alto desde 2008. Este escenario profundiza una crisis silenciosa: el endeudamiento dejó de ser únicamente un problema financiero para transformarse en un factor de riesgo emocional y de salud mental.

Tal como expone el informe de Candela Toledo para Clarín, la deuda se ha transformado en un “tabú emocional” que se padece en soledad. No se oculta el número, sino lo que representa: fracaso, vergüenza y pérdida de control. Ese silencio, advierten los especialistas, tiene efectos devastadores.

El psicólogo Martín Wainstein, de la UBA, explica que el endeudamiento no se esconde por su monto sino por su significado:

“La deuda simboliza la pérdida de valor, la pérdida de identidad”.

El deudor lleva una doble vida emocional. Puertas afuera intenta seguir con normalidad; puertas adentro, convive con la angustia permanente. Esa tensión interna genera un desgaste profundo.

Los síntomas más frecuentes del endeudamiento silencioso incluyen:

En casos extremos, el estrés financiero puede derivar en crisis graves. El artículo destaca el caso de María Alegre (59), quien tras acumular una deuda superior a los 10 millones de pesos, dejó de comer y dormir, y llegó a tener pensamientos suicidas.

Los especialistas coinciden en que estas situaciones no son aisladas: el deterioro emocional asociado a la deuda se amplifica cuando no se habla del problema.

Para muchos, la angustia no se limita al monto adeudado. El temor a que empresas de cobranza llamen a familiares, vecinos o al lugar de trabajo es una de las mayores fuentes de estrés.

José Páez, chofer de 37 años, lo sintetiza con crudeza:

“Lo peor no es deber. Lo peor es que llamen a tu familia. Eso te rompe en dos”.

El acoso telefónico —real o anticipado— quiebra el silencio que la persona intenta mantener y profundiza la sensación de humillación.

Economistas y psicólogos coinciden en una primera premisa: romper el silencio. Hablar de la deuda, admitirla y ponerla en palabras es un paso clave para dejar de vivirla como un secreto vergonzoso.

Los especialistas recomiendan:

El récord de morosidad en el país expone una crisis que trasciende los balances financieros. La deuda, convertida en signo de fracaso personal, opera en silencio como un agente de deterioro psicológico.

Romper ese silencio —dicen los expertos— es el primer paso para desactivar el daño y empezar a recuperar tanto la estabilidad económica como la emocional.

En una entrevista brindada este martes 5 de agosto en el programa Crespo en Vivo, que se emite por FM 93.7 Boing Crespo y streaming, Milagros Bernat, psicopedagoga y persona con discapacidad, habló con firmeza y sensibilidad sobre la crítica situación que atraviesan las personas con discapacidad y los prestadores de servicios en Entre Ríos, a raíz del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Durante la charla, Bernat anunció y convocó a la movilización urgente prevista para este martes 5 de agosto a las 17:00 horas en Plaza Sarmiento de Crespo, en simultáneo con manifestaciones en plazas de toda la provincia. Bajo el lema “Es ahora. Es urgente. No al veto”, la Red de Prestadores de Entre Ríos busca visibilizar el reclamo ante el recorte de derechos y prestaciones esenciales.

“Es una situación realmente de emergencia”, afirmó Bernat. “Venimos luchando desde el año pasado contra el desfinanciamiento en salud y prestaciones. Muchas personas con discapacidad están en situaciones de vulnerabilidad extrema”.

La ley vetada por el Ejecutivo había sido aprobada tanto en Diputados como en el Senado, y buscaba establecer una serie de medidas de protección y financiamiento para asegurar el acceso a prestaciones básicas para personas con discapacidad. Sin embargo, el veto presidencial se publicó recientemente en el Boletín Oficial, generando un fuerte rechazo en distintos sectores.

Bernat explicó que el recorte afecta no solo a los beneficiarios de pensiones por discapacidad, sino también a profesionales y trabajadores del sector. “Nos están quitando pensiones a personas que realmente las necesitan. El costo de vivir con discapacidad es muy alto, y el Estado muchas veces no cubre lo necesario”, señaló.

Desde su doble rol como terapeuta y como persona con discapacidad, Bernat también compartió su realidad económica: “Soy psicopedagoga, tengo tres trabajos y aún así no llego. El nomenclador con los montos que cobramos no se actualiza desde diciembre del año pasado. Amo lo que hago, pero de amor no se vive”.

La situación afecta a cientos de profesionales de la salud y la educación en todo el país, que enfrentan demoras de hasta 60 días en los pagos, con procesos devaluatorios en el medio. Esto obliga a muchos a migrar al sector privado o abandonar la actividad.

La movilización de este martes buscará que los legisladores nacionales rechacen el veto presidencial y ratifiquen la ley, como forma de garantizar derechos esenciales.

“Esperamos que diputados y senadores voten con responsabilidad. No estamos pidiendo privilegios, estamos reclamando derechos. Queremos una vida digna”, expresó Bernat.

La concentración en Crespo será pacífica y silenciosa, con la presencia de prestadores, familiares y personas con discapacidad que buscan que su voz sea escuchada.

📅 Martes 5 de agosto

🕔 17:00 hs

📍 Plaza Sarmiento, Crespo

🪧 Movilización pacífica – “Es ahora. No al veto”

"Nos sentimos invisibilizados y abandonados", cerró Bernat, con una mezcla de frustración y esperanza. El reclamo sigue vigente. La necesidad, más urgente que nunca.

Victoria.- Desde la asunción de Isa Castagnino como intendente, la situación salarial de los empleados municipales ha sido uno de los principales desafíos de gestión. En una entrevista con Paralelo 32, el Secretario de Hacienda, Pablo Retamal, analizó la evolución de los haberes municipales, la comparación con el poder adquisitivo en dólares y las dificultades económicas que enfrenta el municipio tras la devaluación aplicada por el Gobierno Nacional.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) informó que este miércoles y jueves llevará a cabo asambleas escolares para analizar la propuesta salarial presentada por el gobierno provincial, la cual incluye modificaciones respecto a la oferta rechazada en la reunión anterior. La decisión final sobre la aceptación o rechazo de la propuesta se definirá en un nuevo Congreso que se desarrollará el viernes 28 de febrero en la ciudad de Villaguay.

Tras la audiencia paritaria realizada este martes, Agmer emitió un comunicado en el que señaló: "Considerando que hay algunos avances respecto de la propuesta que rechazamos en la reunión anterior, resolvemos llevar la consulta a las asambleas y al Congreso que se desarrollará el viernes 28 de febrero en la ciudad de Villaguay".

Durante la reunión paritaria, los representantes del gobierno provincial presentaron una propuesta que incluye una modificación salarial significativa: una suma fija mensual de $25.000 para aquellos docentes con una antigüedad de 10 o más años. Este monto es remunerativo y bonificable, lo que implica que tendrá un impacto en otros conceptos salariales y también beneficiará a los jubilados del sector.

Además, el gobierno propuso actualizar la base de cálculo salarial en tres momentos específicos: enero, marzo y agosto, luego del receso invernal. Esta propuesta se suma a los tres puntos ya planteados en la última reunión paritaria:

Aumento salarial mensual: Incrementar los salarios mes a mes de acuerdo al índice de inflación del INDEC.

Subsidio al transporte: Cubrir la mitad del costo del boleto para las líneas de colectivos urbanos.

FOPID y Conectividad: Aplicar un 10,7% actualizable según el índice de inflación del INDEC a partir de los haberes de marzo.

Las asambleas escolares que se realizarán este miércoles y jueves serán espacios clave para que los docentes analicen y debatan la propuesta. Posteriormente, el viernes 28 de febrero, Agmer llevará a cabo un Congreso en Villaguay, donde se tomará la decisión final sobre la aceptación o rechazo de la oferta salarial.

El gremio docente ha destacado la importancia de este proceso democrático, en el que las bases tendrán la última palabra. "Es fundamental que todos los compañeros y compañeras participen activamente en las asambleas y en el Congreso, ya que esta decisión afectará directamente nuestras condiciones laborales y económicas", expresó Agmer en su comunicado.

La propuesta del gobierno llega en un contexto de tensiones salariales y reclamos docentes por mejoras en las condiciones laborales. Agmer ha mantenido una postura firme en las negociaciones, buscando garantizar no solo aumentos salariales acordes a la inflación, sino también beneficios adicionales que mejoren la calidad de vida de los trabajadores de la educación.

El resultado de las asambleas y del Congreso en Villaguay marcará el rumbo de las negociaciones entre el gremio y el gobierno provincial.

La propuesta incluye cobertura anual contra la inflación, el pago de una suma fija remunerativa y bonificable de 25.000 pesos para docentes con 10 o más años de antigüedad y modificaciones en la base de cálculo de los haberes.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, fue el encargado de presentar la propuesta, que establece:

Garantizar la cobertura contra la inflación, con actualizaciones mensuales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes inmediato anterior, hasta diciembre de 2025.

Pago de una suma fija de 25.000 pesos, remunerativa y bonificable, para docentes con 10 años o más de antigüedad, desde marzo hasta diciembre de 2025.

Modificación de la base de cálculo a marzo, con una nueva actualización en agosto.

Incremento del 10,7% en el Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y en el monto destinado a conectividad a partir de marzo.

Implementación de un boleto docente con una bonificación del 50% para transporte urbano.

El ministro Troncoso destacó la importancia de esta oferta en el marco del compromiso del gobierno con la educación y la calidad educativa. "Con esta propuesta, se deja en claro la relevancia que tiene para el gobierno de Entre Ríos la educación de nuestros gurises. Como ha dicho el gobernador Rogelio Frigerio, la calidad educativa es la principal discusión que tenemos como sociedad", expresó.

Asimismo, el funcionario subrayó que "con esta oferta, el Gobierno de Entre Ríos está invirtiendo más de 200.000 millones de pesos en educación, superando incluso la inversión en obra pública". En ese sentido, remarcó que "ningún otro gobierno provincial está garantizando aumentos por encima de la inflación ni ofertando propuestas anualizadas, lo que demuestra nuestro compromiso con el sector docente".

Troncoso también enfatizó en la importancia del diálogo con los gremios y la responsabilidad fiscal: "Desde que asumimos, establecimos un diálogo serio y sincero con los sindicatos. Fuimos a cada negociación salarial con la verdad sobre la mesa, siempre ofreciendo lo que podemos pagar y sin comprometer lo que no podemos cumplir". Finalmente, hizo un llamado a garantizar la continuidad del ciclo lectivo: "Es imprescindible que las negociaciones se lleven a cabo con los gurises dentro de las aulas, para no afectar su aprendizaje".

En el encuentro paritario participaron representantes de los principales gremios docentes de la provincia: Marcelo Pagani, secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer); Carlos Varela, de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET); Mirta Raya, de la Unión Docentes Argentinos (UDA); y Alejandra Frank, del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

El interventor del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Mariano Gallegos, informó sobre los avances en la renegociación de condiciones con clínicas y sanatorios, y anunció el pago de una deuda histórica con cuidadores domiciliarios y acompañantes terapéuticos.

Gallegos detalló que la intervención mantuvo una reunión con la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos (Acler) para abordar la deuda acumulada, que asciende a 3 mil millones de pesos. Durante el encuentro, Acler solicitó la cancelación del saldo de facturación de septiembre, correspondiente a prestaciones realizadas en agosto.

“Desembolsamos 670 millones de pesos como muestra de buena voluntad”, indicó Gallegos. Respecto al resto de la deuda, Iosper presentó un plan de pagos escalonado e instó a aplicar una quita proporcional basada en el promedio de débitos que usualmente realizan las obras sociales tras auditar la facturación.

El funcionario señaló que desde hace un año no se realizaban auditorías sobre las facturas de las clínicas. “Proponemos una quita promedio porque auditar toda la deuda antes de pagar llevaría mucho más tiempo. No vamos a abonar un peso sin la auditoría correspondiente”, afirmó.

Aunque los representantes de Acler quedaron en analizar la propuesta, Gallegos lamentó las recientes amenazas de cortes en las prestaciones y aseguró que el Iosper trabaja para garantizar la atención a sus afiliados. “Hay prestadores que no están acostumbrados a negociar bajo estas condiciones, pero nuestra prioridad son los afiliados”, subrayó.

En paralelo, Iosper canceló este viernes una deuda de 600 millones de pesos con cuidadores domiciliarios y acompañantes terapéuticos, correspondiente a prestaciones brindadas desde julio.

“Es una deuda histórica con 150 acompañantes terapéuticos y 300 cuidadores domiciliarios que no habían sido reconocidos ni recibidos por la gestión anterior. Hoy cumplimos con ellos, priorizando a quienes trabajan directamente con nuestros afiliados más vulnerables”, manifestó el interventor.

El pago se concretó tras una reunión con representantes del sector, quienes destacaron que por primera vez fueron escuchados por las autoridades de la obra social.

Gallegos anticipó que durante enero se elaborará un plan para establecer tarifas claras y cronogramas de pago específicos para cada práctica. “Hoy no existen pautas básicas como cuánto se paga y cuándo se efectúa el pago. Este nivel de desidia no puede continuar”, concluyó el funcionario.

Con estas medidas, la intervención de Iosper busca ordenar sus finanzas, garantizar la atención a los afiliados y fortalecer la confianza en la obra social más grande de la provincia.

Los jueces de los juzgados Laboral N°1 y Civil N°9 de Paraná rechazaron las demandas presentadas por docentes representados por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) contra el Consejo General de Educación (CGE). En sus resoluciones, la Justicia subrayó la importancia de agotar las vías administrativas disponibles antes de recurrir a acciones legales.

En particular, los magistrados hicieron hincapié en la necesidad de utilizar el Reclamo por Error de Liquidaciones (RELI) como primer recurso ante situaciones vinculadas a descuentos por días de paro. Esta herramienta, destacaron, resulta eficiente y adecuada por su naturaleza digital y autogestionada, permitiendo una rápida resolución sin necesidad de judicializar los reclamos.

Los fallos resaltaron que el sistema RELI constituye una vía administrativa legítima y eficaz para resolver conflictos relacionados con errores en las liquidaciones salariales. De esta manera, la Justicia reafirma que los trabajadores deben agotar este mecanismo antes de acudir al ámbito judicial.

Con estas decisiones, los jueces remarcaron que el marco legal vigente debe ser respetado, sentando un precedente importante sobre la obligatoriedad de cumplir las normas en lo referido a descuentos por inasistencias derivadas de medidas de fuerza.

Las resoluciones judiciales no solo desestiman las demandas presentadas por los docentes, sino que también refuerzan la validez de los procedimientos administrativos existentes. Al respecto, se pone en valor el RELI como una herramienta que garantiza la transparencia y la celeridad en la gestión de los reclamos.

Este fallo adquiere especial relevancia en el contexto de los reclamos salariales y las tensiones entre los gremios docentes y el Gobierno provincial. La decisión judicial establece un antecedente jurídico que podría incidir en futuros planteos similares, consolidando la necesidad de cumplir con las instancias administrativas previas antes de acudir a la Justicia.