El gobierno de Entre Ríos presentó oficialmente un Programa de Desendeudamiento y Unificación de Pasivos destinado inicialmente a trabajadores estatales activos y jubilados provinciales, con el objetivo de refinanciar deudas personales a tasas más bajas y aliviar el peso financiero sobre miles de familias entrerrianas. La iniciativa, desarrollada en conjunto con el Banco de Entre Ríos, también proyecta extenderse al sector privado.

El anuncio fue realizado en Casa de Gobierno por el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, quien explicó que la medida apunta a modificar el perfil financiero de los asalariados en un contexto marcado por el descenso de las tasas de interés y el fuerte endeudamiento de numerosos hogares.

“El objetivo es modificar el perfil financiero que puedan tener los empleados, tanto públicos como privados, así como también los jubilados provinciales”, expresó el funcionario durante la conferencia de prensa.

El programa permitirá reemplazar múltiples deudas tomadas en bancos, financieras, mutuales, cooperativas y tarjetas de crédito por un único préstamo con condiciones más favorables. Según detalló el gobierno provincial, la propuesta contempla una tasa fija del 60 por ciento TNA, plazos de financiación de hasta 60 meses y un período de gracia de dos meses sin pago de cuotas.

La operatoria se realizará mediante código de descuento directo sobre los haberes, mecanismo que busca simplificar el trámite y reducir riesgos de incumplimiento.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que la iniciativa no tendrá costo fiscal para el Estado y remarcaron que el propósito es ordenar las finanzas personales de los trabajadores y disminuir significativamente la carga mensual derivada de créditos de alto costo.

Boleas explicó que muchas de las deudas actuales fueron contraídas en períodos de tasas más elevadas y que la refinanciación permitirá mejorar las condiciones de pago.

“Cuando se trata de créditos personales, si yo lo tomé el año pasado fue a una determinada tasa. Esta gestión que llevamos adelante frente al agente financiero va a permitir, en algunos casos, reducir a la mitad esa tasa de interés”, sostuvo.

El ministro aclaró además que el programa alcanzará exclusivamente a deudas originadas en créditos personales y consumos financieros, incluyendo tarjetas de crédito.

Desde el gobierno provincial señalaron que uno de los objetivos centrales del plan es recuperar capacidad de consumo en los hogares entrerrianos y generar un efecto dinamizador sobre la economía local.

“Claramente esto genera un alivio en el valor de las cuotas que pagan los empleados por mes y, por supuesto, ese dinero que se libera vuelve al consumo, revitalizando o mejorando la performance de la economía local”, indicó Boleas.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, los trabajadores podrían liberar en promedio cerca del 20 por ciento de sus ingresos mensuales, mejorando así su capacidad adquisitiva y sus posibilidades de afrontar gastos cotidianos.

En ese marco, el ministro insistió en que la intención del Ejecutivo es ampliar posteriormente el alcance de la medida hacia trabajadores del sector privado.

“Estamos convencidos de que tiene que estar dirigido a todos los asalariados”, afirmó.

Asimismo, aclaró que el programa no surge como respuesta a un escenario de morosidad generalizada, sino como una medida preventiva ante el contexto económico actual.

“No hemos detectado niveles de morosidad alarmantes, pero creemos que toda la economía tiene que ir moviéndose en función de lo que está sucediendo a nivel macroeconómico”, señaló.

La inscripción al programa se realizará de manera completamente digital a través del sitio web del Banco de Entre Ríos. Allí los interesados deberán registrar sus datos y las deudas a refinanciar para que el banco analice cada situación.

Posteriormente se aplicará un criterio técnico basado en la relación cuota-ingreso. Según se informó, la nueva cuota no podrá superar el 30 por ciento del ingreso neto del solicitante.

Quienes cumplan con las condiciones recibirán un turno en la sucursal más cercana para completar la operatoria y presentar la documentación correspondiente de sus deudas vigentes.

Desde el gobierno adelantaron que en los próximos días se brindarán mayores precisiones sobre la implementación y los requisitos específicos del programa.

Tras el anuncio, el docente y dirigente Víctor Hutt difundió un extenso documento en el que cuestionó duramente la iniciativa del gobierno provincial y sostuvo que el endeudamiento de los trabajadores tiene origen en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

Según planteó, el problema de fondo radica en los recortes salariales acumulados en los últimos años y en la diferencia entre los ingresos y el costo de vida.

“Desde hace mucho tiempo venimos denunciando que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios públicos de Entre Ríos ha generado un endeudamiento que ya es insoportable e imparable para las familias trabajadoras”, expresó.

Hutt aseguró que el deterioro salarial obligó a miles de trabajadores a recurrir al crédito para sostener gastos básicos y advirtió sobre un círculo de endeudamiento creciente.

“El crecimiento del endeudamiento produjo que se vaya pasando de deudas en la tarjeta a deudas con los bancos, y luego a aplicaciones y financieras con intereses cada vez más elevados”, afirmó.

El dirigente sostuvo además que una refinanciación no resolverá estructuralmente el problema mientras los salarios continúen perdiendo frente a la inflación.

“La única medida que puede romper este círculo vicioso es recuperar el poder adquisitivo del salario al menos a los niveles de 2023”, indicó.

En su análisis, Hutt también cuestionó la tasa del 60 por ciento anunciada para el programa y consideró que continúa siendo elevada en relación con la inflación proyectada.

“El proyecto consiste en la participación del Banco de Entre Ríos, que cambiaría las deudas actuales por deudas a una tasa especial del 60 por ciento. Una rebaja que para nada cambia la categoría de tasa usuraria”, expresó.

Asimismo, afirmó que el esquema representará beneficios financieros para el banco y para entidades crediticias privadas, ya que permitirá garantizar el cobro de préstamos mediante descuentos automáticos sobre los salarios.

“No hay salida posible del endeudamiento si el gobierno provincial no nos devuelve el salario que nos quitó”, concluyó el docente.

El anuncio del Programa de Desendeudamiento abrió un nuevo debate en Entre Ríos acerca de la situación económica de los trabajadores públicos, el impacto de la inflación sobre los salarios y el creciente peso del financiamiento personal en la economía familiar.

Mientras el gobierno provincial sostiene que la iniciativa permitirá aliviar las finanzas de miles de familias y recuperar capacidad de consumo, sectores sindicales y docentes insisten en que el problema estructural continúa siendo la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos frente al aumento sostenido del costo de vida.

En ese escenario, el programa aparece como una de las principales medidas económicas impulsadas por la administración provincial para intentar contener el impacto del endeudamiento sobre los asalariados entrerrianos en un contexto nacional de fuerte ajuste y retracción del consumo.

La medida forma parte de un plan de acción gremial en reclamo de mejoras salariales y en rechazo a cambios en el sistema previsional. Bajo consignas como “La educación no se ajusta”, “Urgente aumento salarial” y “No a la reforma jubilatoria”, los trabajadores buscan visibilizar la situación del sector docente en todo el territorio entrerriano.

La modalidad de la protesta será descentralizada, con puntos de encuentro definidos en cada ciudad, principalmente en accesos y lugares de alta circulación, con el objetivo de amplificar el alcance de la manifestación.

Desde el gremio indicaron que los docentes deberán consultar en sus respectivas seccionales para conocer el lugar exacto de concentración en cada localidad.

En el caso de Crespo, la convocatoria tendrá lugar en el pórtico de ingreso a la ciudad, un punto estratégico elegido como referencia para reunir a trabajadores de la educación y a quienes deseen acompañar la actividad.

Al respecto, Claudia Schira, secretaria de la filial Crespo-Seguí, señaló que la jornada tendrá como eje central el reclamo salarial y la defensa de los derechos laborales del sector.

“La educación no se ajusta” será la consigna principal de la protesta, en la que se exigirá un incremento urgente de los salarios y se reiterará el rechazo a la reforma jubilatoria impulsada por el Gobierno provincial.

Con esta acción, Agmer busca sostener la visibilidad del conflicto docente y presionar por respuestas concretas en un contexto de creciente tensión entre el sector educativo y las autoridades provinciales.

En la sede de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), ubicada en Montevideo 163 de la ciudad de Paraná, el Frente Sindical Salarial Docente brindó una conferencia de prensa ante la presencia de numerosos medios televisivos, radiales y digitales. El encuentro tuvo como objetivo informar a la docencia y a la sociedad en general los motivos del rechazo a la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Entre Ríos, que los gremios calificaron como insuficiente y regresiva para el sector.

Durante la exposición, el secretario general de AMET Regional XI, Andrés Besel, subrayó la necesidad de transmitir con claridad el escenario actual del conflicto salarial. En ese sentido, expresó el desacuerdo del sindicato con la decisión del gobernador de otorgar la recomposición salarial por decreto y remarcó la importancia de retomar una verdadera instancia de negociación paritaria.

Besel señaló que cualquier recomposición salarial debe impactar de manera efectiva en el bolsillo de los docentes, pero también contemplar a la obra social y a los docentes jubilados, sectores que —según sostuvo— también se ven afectados por las decisiones salariales que se adopten.

Por su parte, el secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Abel Antivero, destacó que el Frente Sindical se mantiene unido en la defensa del salario y de los derechos de los trabajadores de la educación.

El dirigente afirmó que desde el año pasado los gremios han manifestado voluntad de diálogo y han solicitado instancias de negociación para evitar un escenario de conflicto. Sin embargo, sostuvo que las respuestas del Gobierno no fueron adecuadas y que las propuestas presentadas resultaron insuficientes para el sector.

En ese marco, señaló que el paro realizado en los 17 departamentos de la provincia evidenció un fuerte descontento docente y responsabilizó al Gobierno Provincial por la situación. Según indicó, la decisión de otorgar el aumento por decreto profundiza el conflicto y dificulta la construcción de acuerdos.

Antivero también advirtió que el anuncio de una reunión informativa sobre una posible reforma previsional se suma al clima de tensión. Explicó que cualquier modificación en materia previsional impacta directamente en los derechos jubilatorios de los docentes. No obstante, confirmó que el Frente participará del encuentro para conocer el proyecto de primera mano, aunque anticipó que defenderán firmemente los derechos del sector.

A su turno, la secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), Alejandra Frank, sostuvo que el sector atraviesa el segundo día de medidas de fuerza en un contexto que, según describió, se caracteriza por una pérdida de derechos tanto a nivel nacional como provincial.

Frank cuestionó la propuesta salarial presentada por el Gobierno al considerar que no dignifica la tarea docente. Además, señaló que los montos no remunerativos incluidos en la oferta afectan la escala salarial, la obra social y los aportes jubilatorios.

La dirigente también describió un escenario de desgaste y agotamiento en la docencia, con un aumento de licencias médicas y con docentes que evalúan abandonar la profesión. En ese sentido, recordó que la mayoría del sector está compuesto por mujeres, muchas de ellas sostén de hogar, y afirmó que el reclamo central es por un salario que permita vivir con dignidad.

En el marco del conflicto salarial y ante la posibilidad de que se dicte una conciliación obligatoria, los referentes sindicales señalaron que el Frente Sindical se encuentra evaluando distintas estrategias de acción en forma conjunta y que el conflicto podría extenderse en el tiempo.

Antivero explicó que no anticiparán públicamente todas las acciones que se encuentran en análisis para no facilitar movimientos del Gobierno, aunque confirmó que la instalación de una “carpa blanca” es una de las alternativas que se encuentran en agenda.

El dirigente sostuvo que el Frente mantiene la voluntad de diálogo y que el objetivo central es que los estudiantes estén en las escuelas. Sin embargo, advirtió que resulta difícil hablar de calidad educativa cuando los docentes enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

Respecto a los plazos y a una eventual conciliación obligatoria, indicó que cada sindicato deberá evaluar la situación a través de sus mecanismos orgánicos —como plenarios o congresos— y que posteriormente se coordinarán los pasos a seguir de manera conjunta.

En la misma línea, Besel remarcó que todas las acciones que se definan estarán enmarcadas en lo resuelto por los delegados en Congreso. Además, señaló que cualquier novedad vinculada a la reforma previsional obligará a convocar nuevamente a los órganos de conducción para analizar el escenario.

El dirigente ratificó que las definiciones salariales se trabajarán dentro del Frente Sindical priorizando la unidad y reiteró que cualquier recomposición debe contemplar a docentes activos, jubilados y al sistema de obra social.

Asimismo, Besel cuestionó decisiones políticas que —según su visión— afectan el financiamiento educativo y sostuvo que el reclamo apunta a garantizar un salario que respete criterios constitucionales y contemple a todos los sectores del sistema educativo.

Finalmente, tanto Besel como Antivero expresaron críticas a las políticas económicas nacionales. Consideraron que la pérdida del poder adquisitivo y determinadas decisiones presupuestarias afectan a los trabajadores y advirtieron sobre lo que definieron como una avanzada sobre el movimiento obrero y los niveles de sindicalización.

En ese contexto, Antivero concluyó que uno de los principales desafíos del sindicalismo es fortalecer la organización colectiva y generar conciencia para defender derechos laborales que consideran históricamente conquistados.

La medida fue anunciada luego de que los sindicatos Agmer, AMET, Sadop y UDA resolvieran rechazar la nueva propuesta salarial y convocar a un paro de 24 horas para este martes 3 de marzo.

“Si no lo hacemos por decreto, no le llega a los docentes en el bolsillo rápido, que es lo que nosotros pretendemos”, explicó el mandatario en declaraciones a El Once. “Sí, vamos a sacar un decreto para pagar este aumento por complementaria en los próximos días”, ratificó.

Frigerio se refirió además al comienzo del ciclo lectivo, en una jornada atravesada por el paro nacional dispuesto por Ctera. “Más de la mitad de las escuelas en Entre Ríos dieron clase y creo que eso es una noticia para destacar también”, afirmó.

En relación con la negociación salarial, sostuvo que el diálogo continuará abierto. “Vamos a seguir dialogando. Con responsabilidad, sin prometer lo que después no se puede cumplir”, expresó, y consideró “irresponsable” comprometer recursos sin respaldo financiero en el actual contexto económico.

El gobernador remarcó que durante su gestión se logró que los salarios docentes “le peleen a la inflación”, incluso en meses en los que la recaudación provincial creció por debajo del índice inflacionario. “Cuando uno contabiliza bien el sueldo inicial de nuestra gestión, los docentes le pudieron pelear a la inflación desde el arranque”, afirmó.

La oferta presentada en la paritaria incluía una suma que, según el Gobierno, compensaba la inflación acumulada durante el período estival.

Entre los puntos principales se contemplaba:

Con estas medidas, el Ejecutivo aseguró que un docente recién iniciado no percibiría menos de 750.000 pesos mensuales.

Asimismo, se propuso convocar en un plazo no mayor a 90 días a una nueva instancia paritaria para acordar una suma remunerativa vinculada directamente al crecimiento de los recursos provinciales, de modo que los salarios acompañen la evolución de la recaudación.

Frigerio reconoció que los salarios del sector público resultan insuficientes frente a las responsabilidades y niveles de formación requeridos. “Por supuesto que es insuficiente, como también podríamos decir en el caso de los policías, médicos y enfermeros”, señaló.

No obstante, remarcó que la situación debe analizarse en función del contexto económico heredado y de las restricciones fiscales actuales. “Es la realidad de lo que encontramos en este contexto tan difícil. Por lo menos le peleamos a la inflación”, indicó.

El mandatario destacó también que el Gobierno impulsa políticas integrales en educación, como inversiones en infraestructura escolar, programas de capacitación docente y el plan provincial de alfabetización. Según detalló, en el último año se registró una mejora del 10% en los niveles de lectura y escritura de alumnos de primero a tercer grado.

En cuanto al futuro de la negociación, propuso retomar el diálogo dentro de tres meses para evaluar la evolución de la inflación y la recaudación. “La idea es que en tres meses nos volvamos a juntar con los representantes docentes, veamos cómo viene la inflación y cómo viene la recaudación”, manifestó.

De este modo, en medio del conflicto gremial y la medida de fuerza anunciada, el Gobierno provincial confirmó que la mejora salarial impactará en los haberes docentes en los próximos días, mientras la paritaria docente en Entre Ríos continúa formalmente abierta.

Una encuesta nacional reveló que, en paralelo al debate parlamentario por la reforma laboral impulsada por el Gobierno, la preocupación por los ingresos personales y familiares se consolida como uno de los principales problemas para la sociedad.

El estudio, realizado por la consultora Proyeccion entre el 1 y el 7 de febrero sobre 1.464 casos en todo el país, muestra que el 43,9% de las personas consultadas señaló a los bajos salarios como una de sus mayores inquietudes actuales.

El tema aparece apenas por detrás de la inseguridad (46,5%) y por encima de la inflación (34,8%), que en el último mes volvió a acelerarse. La cifra expone el peso creciente del deterioro del poder adquisitivo en la vida cotidiana y el malestar que atraviesa a amplios sectores sociales.

El relevamiento se conoció mientras el Congreso discute un paquete de reformas estructurales que incluye cambios laborales, tributarios y penales, promovidos por el oficialismo.

Según los datos de Proyección, el 45,4% de los encuestados se manifiesta de acuerdo con las reformas impulsadas por el Gobierno, mientras que el 33% expresa su desacuerdo. Un porcentaje significativo, en tanto, declara no tener una posición definida, lo que refleja un escenario de opinión pública aún en proceso de consolidación.

Los números configuran un cuadro social complejo: una parte relevante de la ciudadanía respalda transformaciones estructurales, pero al mismo tiempo persiste una preocupación concreta por los ingresos y la estabilidad laboral, variables directamente vinculadas al debate sobre el mercado de trabajo.

El informe también señala que el Índice de Perspectiva Económica (IPE) se ubica en una zona de estancamiento, aunque más cerca de la estabilidad que del pesimismo extremo.

En el plano doméstico, el sondeo advierte que muchos hogares debieron recurrir a endeudamiento o financiamiento para cubrir gastos corrientes, lo que evidencia tensiones financieras en la economía familiar.

Además, el 70,7% de los consultados afirmó que su situación se mantuvo igual de mal o empeoró en el último año. Dentro de ese grupo, un 44,8% señaló un deterioro directo de su realidad económica. En contraste, el 29,3% percibe mejoras o estabilidad positiva, lo que confirma un clima económico predominantemente desfavorable.

El crecimiento de la preocupación por los ingresos y el empleo instala un telón de fondo social determinante para el tratamiento de la reforma laboral. Mientras el oficialismo defiende los cambios como parte de una estrategia orientada a modernizar el mercado de trabajo y promover inversiones, sectores sindicales y bloques opositores advierten sobre el posible impacto en derechos laborales y niveles salariales.

Con la discusión política en marcha, los números de la encuesta sugieren que el impacto real en el bolsillo y en las condiciones de empleo será uno de los factores centrales para moldear el humor social en los próximos meses, en un escenario donde la economía cotidiana se impone como prioridad para amplios sectores de la población.

La morosidad de los argentinos alcanzó niveles inéditos, encendiendo alarmas no solo económicas sino también psicológicas. Según datos recientes del Banco Central, el 6,6% de los préstamos familiares está en mora, el porcentaje más alto desde 2008. Este escenario profundiza una crisis silenciosa: el endeudamiento dejó de ser únicamente un problema financiero para transformarse en un factor de riesgo emocional y de salud mental.

Tal como expone el informe de Candela Toledo para Clarín, la deuda se ha transformado en un “tabú emocional” que se padece en soledad. No se oculta el número, sino lo que representa: fracaso, vergüenza y pérdida de control. Ese silencio, advierten los especialistas, tiene efectos devastadores.

El psicólogo Martín Wainstein, de la UBA, explica que el endeudamiento no se esconde por su monto sino por su significado:

“La deuda simboliza la pérdida de valor, la pérdida de identidad”.

El deudor lleva una doble vida emocional. Puertas afuera intenta seguir con normalidad; puertas adentro, convive con la angustia permanente. Esa tensión interna genera un desgaste profundo.

Los síntomas más frecuentes del endeudamiento silencioso incluyen:

En casos extremos, el estrés financiero puede derivar en crisis graves. El artículo destaca el caso de María Alegre (59), quien tras acumular una deuda superior a los 10 millones de pesos, dejó de comer y dormir, y llegó a tener pensamientos suicidas.

Los especialistas coinciden en que estas situaciones no son aisladas: el deterioro emocional asociado a la deuda se amplifica cuando no se habla del problema.

Para muchos, la angustia no se limita al monto adeudado. El temor a que empresas de cobranza llamen a familiares, vecinos o al lugar de trabajo es una de las mayores fuentes de estrés.

José Páez, chofer de 37 años, lo sintetiza con crudeza:

“Lo peor no es deber. Lo peor es que llamen a tu familia. Eso te rompe en dos”.

El acoso telefónico —real o anticipado— quiebra el silencio que la persona intenta mantener y profundiza la sensación de humillación.

Economistas y psicólogos coinciden en una primera premisa: romper el silencio. Hablar de la deuda, admitirla y ponerla en palabras es un paso clave para dejar de vivirla como un secreto vergonzoso.

Los especialistas recomiendan:

El récord de morosidad en el país expone una crisis que trasciende los balances financieros. La deuda, convertida en signo de fracaso personal, opera en silencio como un agente de deterioro psicológico.

Romper ese silencio —dicen los expertos— es el primer paso para desactivar el daño y empezar a recuperar tanto la estabilidad económica como la emocional.

En una entrevista brindada este martes 5 de agosto en el programa Crespo en Vivo, que se emite por FM 93.7 Boing Crespo y streaming, Milagros Bernat, psicopedagoga y persona con discapacidad, habló con firmeza y sensibilidad sobre la crítica situación que atraviesan las personas con discapacidad y los prestadores de servicios en Entre Ríos, a raíz del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Durante la charla, Bernat anunció y convocó a la movilización urgente prevista para este martes 5 de agosto a las 17:00 horas en Plaza Sarmiento de Crespo, en simultáneo con manifestaciones en plazas de toda la provincia. Bajo el lema “Es ahora. Es urgente. No al veto”, la Red de Prestadores de Entre Ríos busca visibilizar el reclamo ante el recorte de derechos y prestaciones esenciales.

“Es una situación realmente de emergencia”, afirmó Bernat. “Venimos luchando desde el año pasado contra el desfinanciamiento en salud y prestaciones. Muchas personas con discapacidad están en situaciones de vulnerabilidad extrema”.

La ley vetada por el Ejecutivo había sido aprobada tanto en Diputados como en el Senado, y buscaba establecer una serie de medidas de protección y financiamiento para asegurar el acceso a prestaciones básicas para personas con discapacidad. Sin embargo, el veto presidencial se publicó recientemente en el Boletín Oficial, generando un fuerte rechazo en distintos sectores.

Bernat explicó que el recorte afecta no solo a los beneficiarios de pensiones por discapacidad, sino también a profesionales y trabajadores del sector. “Nos están quitando pensiones a personas que realmente las necesitan. El costo de vivir con discapacidad es muy alto, y el Estado muchas veces no cubre lo necesario”, señaló.

Desde su doble rol como terapeuta y como persona con discapacidad, Bernat también compartió su realidad económica: “Soy psicopedagoga, tengo tres trabajos y aún así no llego. El nomenclador con los montos que cobramos no se actualiza desde diciembre del año pasado. Amo lo que hago, pero de amor no se vive”.

La situación afecta a cientos de profesionales de la salud y la educación en todo el país, que enfrentan demoras de hasta 60 días en los pagos, con procesos devaluatorios en el medio. Esto obliga a muchos a migrar al sector privado o abandonar la actividad.

La movilización de este martes buscará que los legisladores nacionales rechacen el veto presidencial y ratifiquen la ley, como forma de garantizar derechos esenciales.

“Esperamos que diputados y senadores voten con responsabilidad. No estamos pidiendo privilegios, estamos reclamando derechos. Queremos una vida digna”, expresó Bernat.

La concentración en Crespo será pacífica y silenciosa, con la presencia de prestadores, familiares y personas con discapacidad que buscan que su voz sea escuchada.

📅 Martes 5 de agosto

🕔 17:00 hs

📍 Plaza Sarmiento, Crespo

🪧 Movilización pacífica – “Es ahora. No al veto”

"Nos sentimos invisibilizados y abandonados", cerró Bernat, con una mezcla de frustración y esperanza. El reclamo sigue vigente. La necesidad, más urgente que nunca.

Victoria.- Desde la asunción de Isa Castagnino como intendente, la situación salarial de los empleados municipales ha sido uno de los principales desafíos de gestión. En una entrevista con Paralelo 32, el Secretario de Hacienda, Pablo Retamal, analizó la evolución de los haberes municipales, la comparación con el poder adquisitivo en dólares y las dificultades económicas que enfrenta el municipio tras la devaluación aplicada por el Gobierno Nacional.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) informó que este miércoles y jueves llevará a cabo asambleas escolares para analizar la propuesta salarial presentada por el gobierno provincial, la cual incluye modificaciones respecto a la oferta rechazada en la reunión anterior. La decisión final sobre la aceptación o rechazo de la propuesta se definirá en un nuevo Congreso que se desarrollará el viernes 28 de febrero en la ciudad de Villaguay.

Tras la audiencia paritaria realizada este martes, Agmer emitió un comunicado en el que señaló: "Considerando que hay algunos avances respecto de la propuesta que rechazamos en la reunión anterior, resolvemos llevar la consulta a las asambleas y al Congreso que se desarrollará el viernes 28 de febrero en la ciudad de Villaguay".

Durante la reunión paritaria, los representantes del gobierno provincial presentaron una propuesta que incluye una modificación salarial significativa: una suma fija mensual de $25.000 para aquellos docentes con una antigüedad de 10 o más años. Este monto es remunerativo y bonificable, lo que implica que tendrá un impacto en otros conceptos salariales y también beneficiará a los jubilados del sector.

Además, el gobierno propuso actualizar la base de cálculo salarial en tres momentos específicos: enero, marzo y agosto, luego del receso invernal. Esta propuesta se suma a los tres puntos ya planteados en la última reunión paritaria:

Aumento salarial mensual: Incrementar los salarios mes a mes de acuerdo al índice de inflación del INDEC.

Subsidio al transporte: Cubrir la mitad del costo del boleto para las líneas de colectivos urbanos.

FOPID y Conectividad: Aplicar un 10,7% actualizable según el índice de inflación del INDEC a partir de los haberes de marzo.

Las asambleas escolares que se realizarán este miércoles y jueves serán espacios clave para que los docentes analicen y debatan la propuesta. Posteriormente, el viernes 28 de febrero, Agmer llevará a cabo un Congreso en Villaguay, donde se tomará la decisión final sobre la aceptación o rechazo de la oferta salarial.

El gremio docente ha destacado la importancia de este proceso democrático, en el que las bases tendrán la última palabra. "Es fundamental que todos los compañeros y compañeras participen activamente en las asambleas y en el Congreso, ya que esta decisión afectará directamente nuestras condiciones laborales y económicas", expresó Agmer en su comunicado.

La propuesta del gobierno llega en un contexto de tensiones salariales y reclamos docentes por mejoras en las condiciones laborales. Agmer ha mantenido una postura firme en las negociaciones, buscando garantizar no solo aumentos salariales acordes a la inflación, sino también beneficios adicionales que mejoren la calidad de vida de los trabajadores de la educación.

El resultado de las asambleas y del Congreso en Villaguay marcará el rumbo de las negociaciones entre el gremio y el gobierno provincial.

La propuesta incluye cobertura anual contra la inflación, el pago de una suma fija remunerativa y bonificable de 25.000 pesos para docentes con 10 o más años de antigüedad y modificaciones en la base de cálculo de los haberes.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, fue el encargado de presentar la propuesta, que establece:

Garantizar la cobertura contra la inflación, con actualizaciones mensuales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes inmediato anterior, hasta diciembre de 2025.

Pago de una suma fija de 25.000 pesos, remunerativa y bonificable, para docentes con 10 años o más de antigüedad, desde marzo hasta diciembre de 2025.

Modificación de la base de cálculo a marzo, con una nueva actualización en agosto.

Incremento del 10,7% en el Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y en el monto destinado a conectividad a partir de marzo.

Implementación de un boleto docente con una bonificación del 50% para transporte urbano.

El ministro Troncoso destacó la importancia de esta oferta en el marco del compromiso del gobierno con la educación y la calidad educativa. "Con esta propuesta, se deja en claro la relevancia que tiene para el gobierno de Entre Ríos la educación de nuestros gurises. Como ha dicho el gobernador Rogelio Frigerio, la calidad educativa es la principal discusión que tenemos como sociedad", expresó.

Asimismo, el funcionario subrayó que "con esta oferta, el Gobierno de Entre Ríos está invirtiendo más de 200.000 millones de pesos en educación, superando incluso la inversión en obra pública". En ese sentido, remarcó que "ningún otro gobierno provincial está garantizando aumentos por encima de la inflación ni ofertando propuestas anualizadas, lo que demuestra nuestro compromiso con el sector docente".

Troncoso también enfatizó en la importancia del diálogo con los gremios y la responsabilidad fiscal: "Desde que asumimos, establecimos un diálogo serio y sincero con los sindicatos. Fuimos a cada negociación salarial con la verdad sobre la mesa, siempre ofreciendo lo que podemos pagar y sin comprometer lo que no podemos cumplir". Finalmente, hizo un llamado a garantizar la continuidad del ciclo lectivo: "Es imprescindible que las negociaciones se lleven a cabo con los gurises dentro de las aulas, para no afectar su aprendizaje".

En el encuentro paritario participaron representantes de los principales gremios docentes de la provincia: Marcelo Pagani, secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer); Carlos Varela, de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET); Mirta Raya, de la Unión Docentes Argentinos (UDA); y Alejandra Frank, del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

El interventor del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Mariano Gallegos, informó sobre los avances en la renegociación de condiciones con clínicas y sanatorios, y anunció el pago de una deuda histórica con cuidadores domiciliarios y acompañantes terapéuticos.

Gallegos detalló que la intervención mantuvo una reunión con la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos (Acler) para abordar la deuda acumulada, que asciende a 3 mil millones de pesos. Durante el encuentro, Acler solicitó la cancelación del saldo de facturación de septiembre, correspondiente a prestaciones realizadas en agosto.

“Desembolsamos 670 millones de pesos como muestra de buena voluntad”, indicó Gallegos. Respecto al resto de la deuda, Iosper presentó un plan de pagos escalonado e instó a aplicar una quita proporcional basada en el promedio de débitos que usualmente realizan las obras sociales tras auditar la facturación.

El funcionario señaló que desde hace un año no se realizaban auditorías sobre las facturas de las clínicas. “Proponemos una quita promedio porque auditar toda la deuda antes de pagar llevaría mucho más tiempo. No vamos a abonar un peso sin la auditoría correspondiente”, afirmó.

Aunque los representantes de Acler quedaron en analizar la propuesta, Gallegos lamentó las recientes amenazas de cortes en las prestaciones y aseguró que el Iosper trabaja para garantizar la atención a sus afiliados. “Hay prestadores que no están acostumbrados a negociar bajo estas condiciones, pero nuestra prioridad son los afiliados”, subrayó.

En paralelo, Iosper canceló este viernes una deuda de 600 millones de pesos con cuidadores domiciliarios y acompañantes terapéuticos, correspondiente a prestaciones brindadas desde julio.

“Es una deuda histórica con 150 acompañantes terapéuticos y 300 cuidadores domiciliarios que no habían sido reconocidos ni recibidos por la gestión anterior. Hoy cumplimos con ellos, priorizando a quienes trabajan directamente con nuestros afiliados más vulnerables”, manifestó el interventor.

El pago se concretó tras una reunión con representantes del sector, quienes destacaron que por primera vez fueron escuchados por las autoridades de la obra social.

Gallegos anticipó que durante enero se elaborará un plan para establecer tarifas claras y cronogramas de pago específicos para cada práctica. “Hoy no existen pautas básicas como cuánto se paga y cuándo se efectúa el pago. Este nivel de desidia no puede continuar”, concluyó el funcionario.

Con estas medidas, la intervención de Iosper busca ordenar sus finanzas, garantizar la atención a los afiliados y fortalecer la confianza en la obra social más grande de la provincia.

Los jueces de los juzgados Laboral N°1 y Civil N°9 de Paraná rechazaron las demandas presentadas por docentes representados por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) contra el Consejo General de Educación (CGE). En sus resoluciones, la Justicia subrayó la importancia de agotar las vías administrativas disponibles antes de recurrir a acciones legales.

En particular, los magistrados hicieron hincapié en la necesidad de utilizar el Reclamo por Error de Liquidaciones (RELI) como primer recurso ante situaciones vinculadas a descuentos por días de paro. Esta herramienta, destacaron, resulta eficiente y adecuada por su naturaleza digital y autogestionada, permitiendo una rápida resolución sin necesidad de judicializar los reclamos.

Los fallos resaltaron que el sistema RELI constituye una vía administrativa legítima y eficaz para resolver conflictos relacionados con errores en las liquidaciones salariales. De esta manera, la Justicia reafirma que los trabajadores deben agotar este mecanismo antes de acudir al ámbito judicial.

Con estas decisiones, los jueces remarcaron que el marco legal vigente debe ser respetado, sentando un precedente importante sobre la obligatoriedad de cumplir las normas en lo referido a descuentos por inasistencias derivadas de medidas de fuerza.

Las resoluciones judiciales no solo desestiman las demandas presentadas por los docentes, sino que también refuerzan la validez de los procedimientos administrativos existentes. Al respecto, se pone en valor el RELI como una herramienta que garantiza la transparencia y la celeridad en la gestión de los reclamos.

Este fallo adquiere especial relevancia en el contexto de los reclamos salariales y las tensiones entre los gremios docentes y el Gobierno provincial. La decisión judicial establece un antecedente jurídico que podría incidir en futuros planteos similares, consolidando la necesidad de cumplir con las instancias administrativas previas antes de acudir a la Justicia.

Este lunes por la mañana, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) llevó a cabo una conferencia de prensa en su sede de Paraná para visibilizar el malestar por los descuentos injustificados que sufrieron los docentes debido a errores en las liquidaciones salariales y por los días de paro.

Finalizada la conferencia, los representantes gremiales se dirigieron a la Casa de Gobierno para entregar un petitorio al gobernador Rogelio Frigerio, exigiendo una solución inmediata al conflicto.

El Secretario General de Agmer, Marcelo Pagani, calificó la situación como “gravísima y delicada”, señalando que “el salario de un trabajador tiene un carácter alimentario”. Además, expresó que la angustia generada por los descuentos obedece a la falta de lógica en las liquidaciones realizadas por el Consejo General de Educación (CGE).

El gremio exigió la devolución inmediata de los montos descontados y denunció el impacto de medidas nacionales como los recortes en el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y Conectividad, junto con el aumento de la inflación y de los aportes patronales.

Pagani también mencionó una “enorme pérdida” salarial desde diciembre, atribuyéndola a las políticas del gobierno nacional. A pesar de haber aceptado la propuesta salarial del pasado 15 de noviembre, aunque insuficiente, señaló que los errores en las liquidaciones podrían generar consecuencias graves para el gobierno provincial.

El líder gremial criticó lo que consideró una actitud de “revanchismo” por parte del Ejecutivo provincial, subrayando que el derecho a huelga está garantizado constitucionalmente. Además, cuestionó la herramienta RELI (Reclamo por Errores en Liquidaciones), describiéndola como una estrategia para ganar tiempo y no resolver el problema de fondo.

“El gobierno no comprende que los errores en las liquidaciones afectan directamente la capacidad de los trabajadores de cubrir necesidades básicas como el alquiler y la alimentación”, aseguró Pagani, quien también destacó que muchos docentes se encuentran por debajo de la línea de pobreza, según los valores actuales de la canasta básica.

En el transcurso de la mañana, el Secretario de Presupuesto y Finanzas, Uriel Brupbacher, declaró que hasta el momento se habían registrado 600 denuncias por problemas en las liquidaciones. Ante esta afirmación, Pagani respondió: “Son 600 familias afectadas, y en cualquier contexto esto es extremadamente grave”.

En un acto simbólico, los representantes docentes, portando carteles y pecheras, marcharon hacia la Casa de Gobierno. Allí, el Secretario General de Agmer, acompañado por otros dirigentes, ingresó a entregar el petitorio mientras el resto de los manifestantes permanecían en la puerta de la Casa Gris cantando consignas de protesta.

Pagani advirtió que, si no hay respuestas concretas por parte del gobierno, el gremio tomará nuevas medidas, entre ellas, la instalación de una carpa frente a la Plaza Mansilla, en señal de protesta.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), el mayor sindicato docente de la provincia, emitió un comunicado este sábado rechazando enérgicamente la decisión del Gobierno provincial de avanzar con descuentos salariales por los días de paro. Consideraron esta medida como "revanchista y persecutoria" y convocaron a un Plenario de Secretarios Generales para definir los pasos a seguir en defensa de los derechos laborales y salariales del sector.

En su pronunciamiento, AGMER calificó los descuentos como un nuevo ataque contra los docentes y denunció que las sumas descontadas son desproporcionadas, afectando severamente a familias cuyos ingresos ya son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. La organización gremial exigió una complementaria inmediata que permita devolver las sumas retenidas injustamente:

"Exigimos que se disponga una complementaria inmediata para efectuar todas las devoluciones necesarias y así reparar esta injusticia en un salario que es estrictamente alimentario", expresó la Comisión Directiva Central del sindicato.

Además, reiteraron sus críticas a las recurrentes malas liquidaciones salariales por parte del Gobierno provincial, lo que, según AGMER, constituye un agravante en un contexto económico delicado para el sector docente.

AGMER instó al gobernador Rogelio Frigerio y a la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese, a actuar con responsabilidad en un momento crítico del año:"Es necesario cuidar el humor social del pueblo entrerriano y valorar el gesto de buena voluntad del colectivo docente, que privilegió el diálogo y el entendimiento para garantizar el cierre del año lectivo tan crucial para nuestros estudiantes."

El gremio también hizo un llamado al Gobierno a cesar con lo que calificaron como actos de mala fe y trabajar para solucionar los conflictos pendientes:"Nuestra patronal debe dejar de obrar de mala fe y tomar las medidas necesarias para reparar esta injusticia."

En cumplimiento de lo resuelto por el CCVII Congreso Extraordinario de AGMER, el sindicato reafirmó su postura de considerar la propuesta salarial aceptada como insuficiente, además de exigir la devolución inmediata de los días descontados por paro. Subrayaron que el derecho a la huelga está amparado constitucionalmente y que los descuentos vulneran este derecho fundamental.

El sindicato anunció que utilizará todos los instrumentos legales y gremiales disponibles para garantizar que su reclamo sea escuchado y atendido por las autoridades provinciales.

El conflicto entre AGMER y el Gobierno provincial se da en un marco de tensión creciente debido a los salarios insuficientes y el impacto de las políticas de ajuste en el sector educativo. La convocatoria a un plenario busca unificar estrategias para enfrentar esta nueva ofensiva contra los derechos docentes.

AGMER adelantó que las medidas a adoptar incluirán reclamos administrativos, movilizaciones y acciones judiciales de ser necesario, en defensa del derecho de los trabajadores y de la educación pública entrerriana.

El poder adquisitivo de las familias argentinas cayó a niveles alarmantes, alcanzando registros que no se observaban desde la crisis económica de 2001, según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. La pérdida se evidencia particularmente en el salario mínimo, que acumuló una contracción del 28 por ciento entre noviembre de 2023 y octubre de 2024, incluyendo una baja del 1,3 por ciento solo en octubre.

El reporte titulado "Panorama del empleo asalariado formal y de las remuneraciones" atribuye esta caída al aumento descontrolado de la inflación, que llegó a un pico del 25,5 por ciento en diciembre de 2023, impulsado por una devaluación del 120 por ciento dispuesta por el entonces ministro de Economía, Luis Caputo, además de los incrementos en las tarifas de servicios públicos.

Según el informe, el poder adquisitivo del salario mínimo es actualmente 39,9 por ciento menor que en noviembre de 2019 y 54 por ciento inferior a noviembre de 2015, al inicio de los gobiernos de Cambiemos. Además, el salario mínimo actual representa un 60 por ciento menos que el valor máximo histórico alcanzado en septiembre de 2011, y se encuentra por debajo del registrado en 2001, antes de la crisis de la convertibilidad.

El informe detalla que la contracción del salario mínimo comenzó en diciembre de 2023, con una caída del 15 por ciento, profundizándose en enero de 2024 con una baja del 17 por ciento. Aunque hubo cierta estabilidad en los meses posteriores, junio marcó una nueva baja del 4,4 por ciento, seguida por una leve recuperación del 4,3 por ciento en julio. Sin embargo, en los meses posteriores, las reducciones se retomaron, consolidando la tendencia a la baja.

El impacto no se limitó al salario mínimo. Los datos oficiales del INDEC muestran que el salario promedio de los trabajadores formales también sufrió una fuerte contracción entre noviembre y diciembre de 2023. Aunque hubo leves mejoras en términos nominales durante 2024 gracias a acuerdos paritarios y cierta desaceleración de la inflación, en septiembre de este año el poder de compra de los salarios promedio aún era 1,5 por ciento inferior al de noviembre de 2023.

En el sector privado, las cifras del SIPA revelan que tras un crecimiento real en junio (+4 por ciento) y julio (+2,8 por ciento), los salarios cayeron en agosto (-2,5 por ciento) y nuevamente en septiembre (-1 por ciento), acumulando una pérdida del 3 por ciento respecto al inicio del período analizado y del 20 por ciento frente al pico registrado en mayo de 2013.

Esta erosión del poder adquisitivo tiene un impacto directo en el nivel de consumo, la calidad de vida de las familias y las condiciones de los trabajadores más vulnerables, especialmente los informales, quienes dependen en mayor medida del salario mínimo.

La situación actual plantea enormes desafíos para la política económica, que deberá priorizar medidas de estabilización que permitan recuperar el poder de compra y, con ello, reactivar el mercado interno y reducir la presión sobre los sectores más afectados.

La Secretaría de Coordinación de Energía y Minería actualizó este martes los precios de los biocombustibles que deben mezclarse obligatoriamente con naftas y gasoil. Esta medida, establecida a través de las Resoluciones 2 y 3/2024 en el Boletín Oficial, podría derivar en un ajuste en los precios de los combustibles en noviembre, luego de una leve reducción promedio del 1% en octubre, impulsada por la baja en el precio internacional del petróleo.

Con esta actualización, el precio mínimo de adquisición del biodiésel para su mezcla con gasoil se fijó en $1.004.562 por tonelada para las operaciones de octubre y hasta nuevo aviso. Además, se estableció que el plazo máximo de pago no podrá exceder los siete días desde la fecha de la factura correspondiente.

Por otra parte, el precio mínimo del bioetanol a base de caña de azúcar quedó en $670,564 por litro, mientras que el bioetanol a base de maíz se fijó en $614,596 por litro. En este caso, el plazo de pago no podrá superar los 30 días desde la emisión de la factura.

La normativa enfatiza que estos valores mínimos son obligatorios para las operaciones de comercialización en el mercado interno. Además, la Secretaría de Energía podrá ajustar los precios de los biocombustibles en caso de que se detecten desfasajes con los costos de producción o si los precios generan distorsiones en los combustibles fósiles.

Este ajuste en los precios de biocombustibles, sumado al incremento de impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono dispuesto en septiembre, ejercerá presión en los surtidores en noviembre. También influirán factores como la devaluación mensual del 2% y las variaciones en el precio internacional del crudo Brent, que mostró un repunte a inicios de octubre pero luego retornó a valores de fines de septiembre.

Esta serie de factores plantea un escenario de posibles aumentos en el precio de los combustibles, una tendencia que seguirá de cerca tanto el sector energético como los consumidores en el cierre del año.

El gremio docente de Entre Ríos, Agmer, llevó a cabo un nuevo Congreso Extraordinario en la ciudad de San Salvador, donde resolvió exigir al Gobierno provincial la reapertura de la negociación salarial antes del 23 de octubre. La demanda surge en el marco del conflicto por el deterioro del poder adquisitivo de los salarios docentes, que aún no ha sido resuelto. Durante el encuentro, Agmer insistió en la necesidad de una “inmediata convocatoria” por parte del Ejecutivo para discutir una nueva pauta salarial que compense la pérdida frente a la inflación.

La dirigencia gremial expresó que espera una respuesta del Gobierno antes de la fecha mencionada. De no recibirla, Agmer facultó a la Comisión Directiva a definir las acciones a seguir, que podrían incluir medidas de fuerza si no se cumple con el pedido de los docentes.

Además de la cuestión salarial, el Congreso trató la Resolución 2771/4 del Consejo General de Educación (CGE). Esta normativa establece un relevamiento mensual para obtener datos precisos sobre la prestación efectiva de servicio por parte del personal docente en escuelas públicas y privadas de la provincia. En este sentido, Agmer solicitó la creación de una Comisión específica para debatir el alcance y la implementación de la resolución, ante la preocupación del gremio por las implicancias que podría tener para la labor docente.

La reciente decisión del gobernador Rogelio Frigerio de restituir el Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y el ítem de Conectividad con fondos provinciales ha colocado a Entre Ríos en un grupo selecto de provincias que asumen la responsabilidad que el gobierno nacional ha abandonado. Esta medida tiene como objetivo aliviar el impacto de la inflación y las dificultades económicas en los salarios de los docentes, lo que exigirá un esfuerzo financiero significativo.

El gobernador Frigerio destacó que la restitución del Fonid, junto con los aumentos salariales otorgados, demandará aproximadamente 70.000 millones de pesos del presupuesto provincial hasta fin de año. "Esto se hace con un enorme esfuerzo de todos los entrerrianos, porque estamos sacando de otro lugar los fondos que necesitamos para cumplir con este aumento", afirmó, subrayando que "la educación es una prioridad para esta gestión".

Frigerio también advirtió que esta decisión se enmarca en un contexto de escasez de recursos, mencionando que la provincia no tiene acceso a crédito y está atravesando "el peor momento de la historia en términos de ingreso para el Estado". Sin embargo, reafirmó la importancia de priorizar la educación y recomponer el salario docente, a pesar de las limitaciones financieras.

El mandatario enfatizó la importancia del diálogo con los gremios docentes, instando a que las negociaciones se realicen dentro del aula. "Lo único que estamos pidiendo es que las negociaciones y el diálogo, que nunca se cortó con los gremios docentes, se hagan con los alumnos dentro de la clase", declaró. Frigerio dejó claro que los docentes no pueden esperar a que los gremios lleguen a un acuerdo, y que es responsabilidad del gobierno gestionar de manera eficiente los recursos destinados a mejorar el poder adquisitivo de los salarios.

Consciente de la crisis educativa actual, Frigerio mencionó que en las próximas semanas se harán públicas las evaluaciones sobre el estado del sistema educativo, las cuales describió como "dramáticas". "Estamos en una pandemia educativa", sentenció, reafirmando la urgencia de garantizar la asistencia a clases.

El gobernador recordó que su administración asumió hace nueve meses en una provincia que enfrentaba serias dificultades financieras. "Nosotros asumimos en el peor contexto que se recuerde, por lo menos en los 40 años de democracia. Y estamos restituyendo una bandera, un derecho de los docentes como el Fonid y la Conectividad con nuestros recursos", declaró.

Frigerio concluyó que esta restitución no es un acto de demagogia ni una promesa vacía, sino el resultado de un profundo análisis y un esfuerzo contable para asegurar que la provincia pueda cumplir con este compromiso. En un momento de desafíos económicos, la decisión del gobernador de priorizar la educación y el bienestar de los docentes es un paso significativo hacia el fortalecimiento del sistema educativo en Entre Ríos.