La causa se inició días atrás, cuando una mujer denunció a su padre, con quien no convive, acusándolo de haberle infundido temor mediante la utilización de un arma de fuego.

A partir de la denuncia, personal policial de Crespo comenzó una serie de averiguaciones y diligencias investigativas que posteriormente fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía interviniente.

Con los elementos reunidos, la Fiscalía respaldó un pedido de allanamiento y requisa domiciliaria orientado a localizar el arma presuntamente utilizada y reforzar la protección de la denunciante.

La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías Nº 4 de Paraná, a cargo del Dr. Julián Vergara.

El procedimiento se concretó durante la mañana de este sábado en una vivienda ubicada en Barrio Del Rosario, donde una dotación policial realizó una exhaustiva búsqueda.

Como resultado del operativo, los efectivos secuestraron un arma de fuego calibre .38, tipo revólver, además de una vaina servida.

Según se informó oficialmente a Paralel32, los elementos incautados serán remitidos a Policía Científica de Entre Ríos para la realización de las pericias correspondientes en el marco de la investigación judicial en curso.

El operativo fue llevado adelante por personal de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales – Brigada Villaguay, en conjunto con efectivos de la División Drogas Peligrosas, Comisarías Lucas Sud Primera y Segunda y distintas áreas de la Jefatura Departamental.

El procedimiento se desarrolló sobre la Ruta Provincial Nº 20, a la altura del kilómetro 16, donde los uniformados realizaban recorridas preventivas orientadas a reforzar la seguridad y el control en áreas rurales.

Según se indicó oficialmente, durante la inspección los efectivos detectaron a dos ciudadanos realizando actividad cinegética con utilización de perros, sin contar con el permiso habilitante correspondiente ni con autorización del propietario del establecimiento rural donde se encontraban.

Además, los policías constataron la presencia de dos ejemplares de jabalí ya faenados, situación por la cual se procedió a labrar el acta de infracción conforme a la Ley Provincial de Caza Nº 4841.

Desde la fuerza recordaron que dicha normativa regula la actividad de caza en la provincia de Entre Ríos, estableciendo requisitos, restricciones y controles destinados a preservar la fauna silvestre, proteger el equilibrio ambiental y resguardar los derechos de los propietarios rurales.

Asimismo, destacaron que el operativo “Campo Seguro” busca fortalecer la prevención en zonas rurales mediante acciones coordinadas entre distintas dependencias policiales, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad y seguridad a productores y vecinos del departamento.

Según se indicó oficialmente, la medida fue dispuesta luego de que se decretara la rebeldía del imputado en el proceso penal que tramita en su contra. La orden de localización y detención fue emitida por la Fiscalía de Niñas, Niños y Adolescentes de Paraná, a cargo del Dr. Jorge Sueldo.

A partir de la disposición judicial, personal de la dependencia policial de Crespo inició recorridas y tareas de búsqueda en distintos sectores frecuentados habitualmente por el acusado.

Tras varias horas de operativo, una dotación policial logró encontrar al joven en un sector de un inmueble abandonado ubicado en Barrio del Rosario.

De acuerdo a lo informado por la fuerza, a Paralelo32 el imputado no ofreció resistencia durante el procedimiento y fue aprehendido en el lugar.

Posteriormente, fue trasladado hacia la Alcaidía de Tribunales de Paraná, previo paso por la División Antecedentes Personales y la correspondiente revisión médica de rigor.

El detenido permanecerá alojado a disposición de la Justicia, en el marco de las actuaciones judiciales que requerían su comparecencia.

El operativo se desarrolló bajo directivas de la Justicia Federal de Concordia, con intervención del Juzgado Federal a cargo de la doctora Ramponi, la Secretaría Penal del doctor Alan Bergdolt y la Fiscalía Federal encabezada por el doctor Francisco Bernhardt.

Según se informó oficialmente, el procedimiento fue autorizado en el marco del artículo 230 bis del Código Procesal Penal de la Nación, a partir de una “sospecha razonable” detectada durante un control preventivo de rutina y ante la posible existencia de elementos vinculados a un delito.

Durante la requisa de un vehículo Hyundai Santa Fe con patente brasileña, en el que viajaban un hombre y una mujer, los efectivos policiales encontraron una importante cantidad de teléfonos celulares ocultos en distintos sectores de la carrocería del automóvil.

En total, fueron secuestrados 290 teléfonos nuevos de diferentes marcas y modelos, cuyo valor estimado asciende a 65 millones de pesos.

Además del cargamento, la Justicia Federal dispuso el secuestro del vehículo utilizado para el traslado de la mercadería, así como también de los teléfonos personales de los ocupantes del rodado.

Las dos personas que se desplazaban en el automóvil fueron correctamente identificadas y quedaron supeditadas al avance de la causa judicial que continúa en etapa investigativa.

Desde la Jefatura Departamental Victoria informaron que fueron detenidos los dos hombres que permanecían prófugos en el marco de la investigación por el ataque armado ocurrido el pasado 25 de marzo en la zona de islas del departamento Victoria, donde un hombre de 67 años resultó herido por disparos de arma de fuego.

De acuerdo a la información oficial, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal logró, tras diversas tareas investigativas, identificar a los tres hombres que habrían participado de la agresión, todos oriundos de la ciudad de Rosario.

La investigación ya había permitido, el pasado 9 de abril, la detención de uno de los sospechosos, un hombre de 38 años, en un procedimiento realizado con colaboración de la Prefectura Naval Argentina en la localidad de Arroyo Seco.

Ese acusado permanece actualmente con prisión preventiva en la unidad carcelaria local mientras avanza la causa judicial.

En continuidad con las pesquisas, este martes a las 5:30 de la madrugada se concretaron nuevos allanamientos en las ciudades de Villa Gobernador Gálvez y Rosario.

Los operativos fueron llevados adelante por efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Victoria, con colaboración de la Compañía de Tropa de Operaciones Especiales (TOE).

Como resultado de las medidas judiciales, se logró la detención de los dos prófugos restantes, hombres de 33 y 36 años, quienes quedaron a disposición de la magistratura interviniente.

El hecho investigado ocurrió en marzo en la zona de islas del departamento Victoria, cuando la víctima, un hombre de 67 años, fue atacada con disparos de arma de fuego por parte de tres individuos.

El hecho ocurrió en una vivienda de calle La Rioja, en la ciudad de Diamante, donde efectivos del Comando Radioeléctrico fueron alertados sobre la presencia de un hombre mayor de edad en un estado de fuerte exaltación emocional.

Al arribar al lugar, el personal policial constató la situación y, en conjunto con residentes de la vivienda, procedió a aplicar el Protocolo de Salud Mental previsto para este tipo de intervenciones.

Según se indicó, mediante la implementación de técnicas específicas se logró contener la situación y reducir el estado de crisis del individuo. Posteriormente, con la llegada del personal sanitario, se concretó su traslado al Hospital San José, donde recibió atención integral psico-física.

El primer aviso a la Policía dio cuenta de un supuesto accidente vial: un camionero habría atropellado a la víctima sin advertir el hecho y continuado su marcha. El cuerpo de Cecilia quedó tendido sobre la cinta asfáltica. “El hecho se conoció alrededor de la 1, cuando personal policial tomó intervención ante la presencia de una persona sin vida”, informó el diario El Debate Pregón.

Sin embargo, con el avance de las primeras pericias comenzaron a surgir dudas sobre esa versión inicial.

La causa quedó a cargo de la fiscal Mariángeles Schell, quien se hizo presente en el lugar y ordenó la realización de una autopsia. Además, dispuso una serie de medidas que permitieron avanzar en la reconstrucción del hecho.

El conductor del camión, un hombre de unos 50 años que trabaja para una empresa de Crespo, no se detuvo tras el episodio. Fue localizado horas más tarde en las cercanías de General Galarza y quedó detenido con prisión preventiva en la Jefatura de Policía de Gualeguay.

Con el correr de las horas, la hipótesis de un simple accidente comenzó a perder fuerza. Una de las líneas investigativas apunta a que la víctima habría mantenido un encuentro previo con el camionero y que, tras una discusión vinculada al pago de un servicio sexual, el hombre intentó retirarse.

Según la reconstrucción preliminar, Cecilia habría intentado impedir su partida tomándose del vehículo, momento en el cual fue arrastrada y posteriormente atropellada. De confirmarse esta secuencia, se descartaría definitivamente la hipótesis accidental.

El caso generó una fuerte reacción de organizaciones sociales. Desde Diversidad Gualeguay exigieron que la causa sea investigada con perspectiva de género y diversidad, y que no se reduzca el hecho a un siniestro vial.

“Cecilia murió trabajando. Murió expuesta a la violencia y a la precariedad que enfrentan tantas compañeras trans”, expresaron en un comunicado. También reclamaron que, en caso de comprobarse un móvil vinculado al odio por identidad de género, el hecho sea calificado como travesticidio o transfemicidio.

La organización subrayó además la necesidad de políticas públicas que garanticen condiciones de vida dignas para la población trans, señalando que muchas personas continúan expuestas a situaciones de extrema vulnerabilidad.

Por el momento, la Fiscalía no ha definido una calificación legal definitiva, aunque se confirmó que la investigación sigue abierta bajo múltiples hipótesis. Las pericias, testimonios y resultados forenses serán claves para determinar las responsabilidades y el encuadre judicial del caso.

Mientras tanto, familiares de la víctima —dos hermanos residentes en Buenos Aires— trasladaron sus restos para su sepultura.

El gobierno de Entre Ríos avanza en la implementación de medidas para enfrentar la creciente cantidad de amenazas en establecimientos educativos. En ese marco, se analiza que los padres o tutores de menores identificados como responsables deban asumir los costos de los operativos policiales, a través de acciones de reparación civil por daños y perjuicios.

La iniciativa fue abordada en una reunión interministerial e interdisciplinaria que reunió a autoridades del Consejo General de Educación (CGE), la Policía provincial, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y el área de Justicia. Del encuentro participaron el presidente del CGE, Carlos Cuenca; el jefe de Policía, Claudio González; el secretario de Justicia, Julián Maneiro; y el juez penal de Niños y Adolescentes, Pablo Barbirotto, entre otros funcionarios.

Durante la reunión se definieron acciones legales y económicas orientadas a recuperar los gastos que generan este tipo de amenazas, muchas veces vinculadas a falsas alarmas de bomba o tiroteos. Según explicaron, cada activación de protocolos implica un importante despliegue de recursos humanos, tecnológicos y logísticos.

“Ese despliegue, provocado por una conducta irresponsable, configura un daño patrimonial que el Estado no tiene por qué absorber”, señalaron las autoridades, al remarcar el impacto que estos operativos tienen sobre los recursos públicos.

La propuesta se sustenta en lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación, que en sus artículos 1753 y 1755 fija la responsabilidad civil de los progenitores o responsables legales por los hechos cometidos por menores de edad. Bajo este encuadre, la provincia buscará que las familias de los estudiantes ya identificados en causas judiciales afronten los costos derivados de los operativos.

Desde el gobierno provincial destacaron que, si bien las sanciones penales pueden verse limitadas por la edad de los menores, la vía civil permite avanzar en el recupero de los gastos ocasionados.

De acuerdo con estimaciones presentadas en el encuentro, el costo total de los operativos realizados ante amenazas supera los 250 millones de pesos. Este cálculo incluye la movilización de móviles policiales, brigadas especializadas —como explosivos—, personal y horas de trabajo que se detraen de tareas preventivas.

Además, se informó que gracias al trabajo de inteligencia tecnológica de la policía, ya se logró identificar a la mayoría de los autores de amenazas registradas en distintas localidades.

Desde la mesa de seguimiento, de la cual también forma parte el Copnaf, se hizo un llamado a las familias para reforzar el control sobre el uso de dispositivos digitales por parte de niños y adolescentes.

“No estamos ante una broma estudiantil, sino ante un delito penal que genera alarma pública y un gasto innecesario de recursos que deberían destinarse a la prevención del delito real”, concluyeron las autoridades.

La medida, aún en evaluación, busca no solo sancionar económicamente estas conductas, sino también generar conciencia social sobre la gravedad de este tipo de acciones.

Según el parte oficial, una joven que se desplazaba en un motocicleta intentó evadir el control al advertir la presencia policial. En el marco de esa maniobra, terminó impactando contra una funcionaria perteneciente a la Sección 911 y Video Vigilancia, tras lo cual se dio a la fuga.

Ante la situación, personal policial motorizado inició un seguimiento controlado que se extendió por más de 15 cuadras, logrando interceptar a la conductora en la intersección de calles San Martín y Laprida. En el procedimiento también intervino personal de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, quienes colaboraron en la aprehensión.

La situación fue puesta en conocimiento de la Unidad Fiscal en turno, que dispuso las actuaciones correspondientes. La joven, de 15 años, fue trasladada a la dependencia policial para luego ser entregada a sus progenitores, previo examen médico.

En tanto, el motovehículo fue retenido y se labraron las actas correspondientes. La funcionaria policial que resultó embestida fue derivada al hospital local, donde se le diagnosticaron lesiones de carácter leve, específicamente un traumatismo en una de sus manos.

Desde la Jefatura Departamental de Diamante se informó que personal policial de la Comisaría de Colonia Ensayo continúa desarrollando una estrategia operativa basada en retenes de control y presencia rotativa en distintos horarios, con el objetivo de reforzar la prevención en los loteos de la zona, mediante la identificación de personas y vehículos en tránsito.

En este marco, durante la noche del viernes, y como resultado de uno de estos procedimientos, efectivos policiales llevaron adelante la identificación rutinaria de un individuo en inmediaciones de un local comercial ubicado sobre la Ruta Nacional 11.

Al verificar sus datos, constataron que el hombre poseía un pedido de captura vigente en una causa vinculada a delitos contra la integridad sexual, requerido por uno de los Juzgados de Garantías de Paraná.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención a las autoridades judiciales competentes, quienes dispusieron la detención del individuo, de 44 años de edad y domiciliado en la capital provincial.

El sujeto fue puesto a disposición del órgano judicial interviniente y posteriormente trasladado hacia la Alcaidía de Tribunales en Paraná, donde permanecerá alojado a la espera de nuevas disposiciones en la causa.

Según se informó desde la Comisaría Crespo, el hecho fue alertado a través de un llamado telefónico recibido en la dependencia, lo que motivó el inmediato envío de un móvil policial al lugar. Al arribar, los efectivos constataron que la menor había quedado debajo del rodado tras el impacto, aunque se encontraba consciente.

El camión era conducido por un hombre mayor de edad domiciliado en Aldea Protestante, quien relató que se encontraba detenido en el semáforo sobre calle Rivadavia y que, al iniciar una maniobra de giro hacia la derecha para incorporarse a Irigoyen, escuchó un grito. En ese momento detuvo la marcha, descendió del vehículo y advirtió que la joven se encontraba debajo del camión.

La adolescente, que se movilizaba en bicicleta por calle Rivadavia en el mismo sentido de circulación que el camión, no se habría percatado de la maniobra de giro que estaba anunciando el vehículo de mayor porte, por lo cual terminó casi delante del rodado siendo embestida. Fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada en ambulancia hacia la Clínica Parque, donde quedó internada. Los primeros informes médicos indicaron que presenta fractura de fémur izquierdo y pelvis, aunque se encuentra estable.

Tras el siniestro, se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso el inicio de actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho. Asimismo, se solicitó la intervención del gabinete de Accidentología Vial de la Policía Científica, que trabajó en el lugar realizando las pericias pertinentes.

En paralelo, se ordenó la extracción de muestras de sangre y orina al conductor del camión, como parte de los procedimientos habituales en este tipo de casos.

En la escena también colaboraron agentes de Tránsito Municipal, quienes asistieron en la organización de la circulación vehicular mientras se desarrollaban las tareas periciales.

El Gobierno de Entre Ríos puso en marcha un nuevo trámite digital que permite a los conductores gestionar la constancia que acredita que la Verificación Técnica Vehicular (VTV) no es obligatoria dentro del territorio provincial. La iniciativa se enmarca en el proceso de modernización del Estado y busca simplificar gestiones para los ciudadanos.

La medida está destinada a vehículos particulares radicados en la provincia, cuyos titulares tengan domicilio en Entre Ríos. A través de la plataforma Mi Entre Ríos, los usuarios pueden obtener de manera online el certificado que avala la exención de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), conocida como VTV en otras jurisdicciones.

El ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, destacó que la incorporación de este trámite representa “un paso más en el proceso de digitalización” impulsado por la gestión provincial. En ese sentido, remarcó que la iniciativa se suma a otras medidas recientes, como la digitalización de turnos de salud, la simplificación de trámites en ATER y la implementación del sistema SUBE en el transporte público.

Por su parte, el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza, subrayó que el trámite es ahora “100% digital” y puede completarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Según explicó, anteriormente el procedimiento debía realizarse de manera presencial, incluso en puestos camineros, lo que implicaba mayores demoras para los usuarios.

En la misma línea, el secretario de Transporte, Aníbal Steren, señaló que la digitalización forma parte de un trabajo articulado entre distintas áreas del Estado provincial. Además, aclaró que se continuará controlando que las empresas de transporte cumplan con la revisión técnica obligatoria, mientras se facilita la gestión para los particulares.

Cabe recordar que, mediante el Decreto N° 4331/98, la Revisión Técnica Obligatoria se encuentra suspendida en Entre Ríos. Sin embargo, la constancia resulta necesaria para circular por rutas nacionales o en otras provincias donde la VTV sí es exigida. El certificado tiene una vigencia de 120 días desde su emisión y se otorga de manera gratuita.

Para obtener la constancia, los interesados deben ingresar a la plataforma Mi Entre Ríos —o utilizar su aplicación móvil—, seleccionar la opción “Nuevo trámite” y buscar “Constancia de excepción de Revisión Técnica Vehicular (VTV)”. Luego deberán completar el formulario con los datos solicitados y adjuntar imágenes del DNI del titular y de la Tarjeta Verde del vehículo.

Una vez aprobado, el sistema enviará el documento en formato PDF, listo para su descarga, impresión y presentación ante los controles correspondientes.

El Gobierno de Santa Fe notificó este lunes por primera vez a los padres de un menor identificado como autor de una amenaza a una escuela, en el marco de un procedimiento para recuperar los costos de los operativos policiales. La intimación fue por un monto de 6.024.944 pesos, que deberán abonar como responsables solidarios.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó que la medida formó parte de una acción patrimonial y administrativa destinada a resarcir el gasto público generado por este tipo de hechos. Según indicó, la Policía llevó adelante la notificación durante la mañana y, en ese momento, el padre reaccionó con la frase: “Cara la jodita”.

Cococcioni informó que ya se logró identificar a los responsables de 58 hechos, lo que implica más de 70 personas involucradas, ya que en algunos casos hay múltiples autores o adultos responsables.

Las notificaciones incluyen el detalle del monto adeudado y los medios de pago. Los responsables cuentan con un plazo de cinco días para cancelar la deuda; en caso contrario, los antecedentes son remitidos a la Fiscalía de Estado para su ejecución.

“A medida que la Fiscalía valida las identidades, se identifica a los responsables y se emiten automáticamente las intimaciones”, señaló. De acuerdo con estimaciones oficiales, el monto total a reclamar por estos casos superaría los 250 millones de pesos y podría incrementarse con nuevas validaciones.

El ministro aclaró que se trata de una indemnización civil destinada a reparar el daño ocasionado, y no de una sanción penal. En ese sentido, explicó que el procedimiento se rige por el Código Civil y Comercial y el Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, lo que habilita medidas como embargos o inhibiciones de bienes.

Finalmente, precisó que el monto se calcula en función de los recursos utilizados en cada operativo, como combustible, móviles policiales, brigadas especializadas y horas de servicio. “No es ni un peso más ni un peso menos que el costo exacto que el operativo tuvo para los santafesinos”, concluyó.

En Entre Ríos fueron 180 las amenazas en establecimientos educativos, lo que proyecta una probabilidad de más de doscientos involucrados y permite concluir en cifras millonarias gastadas en operativos por las “joditas” que conmovieron a las distintas comunidades educativas.

El titular del Consejo General de Educación de Entre Ríos, Carlos Cuenca, confirmó el jueves a Paralelo32, que nuestra provincia también está implementando medidas correctivas para estos casos: Estamos analizando eso, ya tomamos la decisión de multarlos a los padres y tutores en estos casos. Lo que no tenemos definido todavía es el monto de lo que se cobraría”.

El funcionario adelantó a nuestro medio que ya cuentan con el OK del gobernador Frigerio y probablemente el lunes próximo convocarán a una reunión interdisciplinaria e interministerial para darle forma a la decisión.

El operativo se realizó en cumplimiento de un oficio emanado por el Juzgado de Garantías de Victoria, que dispuso el allanamiento y requisa domiciliaria en una vivienda ubicada en la intersección de calle Viamonte y Cortada La Virgen, en barrio Quinto Cuartel de la ciudad de Victoria.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron tres teléfonos celulares, envoltorios que contenían clorhidrato de cocaína y cannabis sativa, además de recortes y otros paquetes con sustancias estupefacientes, elementos que serían de interés para la causa en curso.

Asimismo, se concretó la detención de tres personas: un hombre de 47 años, su pareja de 38 y la madre del primero, de 66 años. Todos quedaron a disposición de la Justicia y serán imputados en los próximos días por presunta comercialización y distribución de drogas, en el marco de la Ley Provincial de Narcomenudeo.

Del operativo participaron también efectivos de la Guardia Especial, Comisaría Quinto Cuartel y Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, quienes brindaron apoyo en el despliegue.

Desde la Policía de Entre Ríos destacaron que este tipo de intervenciones forman parte de una política sostenida de lucha contra el narcotráfico a pequeña escala, y remarcaron el compromiso institucional de continuar trabajando en la prevención de este delito, dando respuesta a las inquietudes de los vecinos de la comunidad.

El hecho que dio origen a la intervención policial ocurrió alrededor de las 00:30 del domingo, cuando efectivos fueron alertados sobre un incidente en una vivienda del barrio Guadalupe. En ese contexto, un joven de 22 años manifestó que, mientras se encontraba reunido con amigos, un conocido irrumpió en el domicilio y lo habría amenazado apuntándole con un arma.

A partir de esa denuncia, el Área de Investigaciones de la dependencia inició tareas tendientes a reunir pruebas que permitieran identificar al sospechoso y determinar la existencia del arma mencionada. Con los elementos recabados, se solicitó una orden de allanamiento, medida que fue avalada por la fiscal Clarisa Aiello y autorizada por la jueza de Garantías N°6, Elisa Zilli.

El procedimiento se concretó durante la tarde del mismo domingo en un domicilio de esta ciudad. Como resultado de la requisa, el personal policial secuestró un teléfono celular —que será sometido a pericias—, sustancia que tras los test de campo realizados por la División Drogas Peligrosas arrojó resultado positivo para cannabis sativa, y un picador.

Todos los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia. En tanto, a raíz de los hallazgos, la Fiscalía dispuso la detención del morador de la vivienda, un hombre de 27 años, quien fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales de Paraná, donde permanecerá alojado luego de cumplimentarse las diligencias de rigor.

Uno de los puntos centrales del análisis fue la necesidad de recuperar la infraestructura vial entrerriana. En ese sentido, Balla remarcó que el estado de las rutas constituye un factor clave para el crecimiento productivo. “Es un vector de desarrollo fundamental”, afirmó, al tiempo que valoró la predisposición del gobierno provincial, encabezado por Rogelio Frigerio, para avanzar en sistemas de peajes y concesiones que permitan la participación del sector privado.

Según explicó, este esquema posibilitaría que empresas inviertan en obras y recuperen el capital a través de la demanda, una alternativa necesaria frente a las limitaciones presupuestarias del Estado para financiar infraestructura.

Balla también hizo hincapié en la importancia del acceso al crédito internacional para concretar proyectos de gran envergadura. Entre ellos, mencionó la posibilidad de desarrollar una nueva autovía con trazas más rectas que reduzcan significativamente los tiempos de viaje entre Paraná y Buenos Aires, lo que permitiría disminuir los costos logísticos en torno a un 30%.

No obstante, advirtió que este tipo de iniciativas requiere de condiciones macroeconómicas estables: equilibrio fiscal, bajo riesgo país y reglas claras que faciliten el financiamiento externo. En ese marco, insistió en que la infraestructura debe convertirse en una política de Estado para evitar demoras históricas como las registradas en la Ruta Nacional 18.

Desde el espacio Entre Ríos 2050, el empresario destacó además el trabajo en el ámbito educativo, orientado a vincular la formación académica con las necesidades productivas de cada región.

El objetivo, explicó, es que escuelas técnicas y universidades formen perfiles acordes a la demanda laboral real. Como ejemplo, mencionó experiencias en la zona de Conscripto Bernardi, donde la capacitación vinculada al sector avícola ha mostrado resultados positivos.

En relación a la coyuntura actual, Balla describió un contexto de enfriamiento económico que impacta en el consumo y en la actividad de las pequeñas y medianas empresas. “Hoy vemos una economía en ‘K’”, señaló, al explicar que mientras sectores como la energía, la minería y el agro muestran crecimiento, otros como la industria, el comercio y los servicios atraviesan una caída.

Particularmente en ciudades como Paraná, donde estos sectores concentran gran parte del empleo, el impacto resulta significativo. A pesar de ello, destacó el esfuerzo de las pymes por sostener los puestos de trabajo, muchas veces impulsadas por el vínculo directo con sus empleados.

Finalmente, Balla comparó el proceso económico argentino con experiencias de países como Brasil y Perú, señalando que la estabilización macroeconómica suele ser un camino prolongado que exige constancia.

Su análisis dejó un mensaje claro: el desarrollo de Entre Ríos dependerá de una combinación de inversión en infraestructura, articulación entre educación y producción, y un marco económico estable que permita planificar a futuro.

El hecho fue reportado alrededor de las 19:45, cuando un llamado telefónico alertó a la policía sobre la presencia de una persona tendida sobre la calzada. Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Mojones Norte constataron el fallecimiento de un hombre, junto a un vehículo detenido sobre la banquina oeste con las balizas encendidas.

De acuerdo a los primeros indicios recabados en el sitio, la víctima habría estado realizando una maniobra vinculada al cambio de una rueda al momento del siniestro. Posteriormente, personal médico policial confirmó que el deceso se produjo a raíz de la gravedad de las lesiones sufridas.

Las autoridades judiciales dispusieron la intervención de la Fiscalía en turno, mientras que especialistas en accidentología vial llevaron adelante las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho.

Si bien la investigación continúa en curso, no se descarta la participación de un tercero, según indicaron fuentes policiales. En ese marco, se realizan relevamientos técnicos y recolección de pruebas en el lugar con el objetivo de esclarecer lo sucedido.

El vehículo involucrado permanecía estacionado en la banquina, lo que refuerza la hipótesis inicial de una detención por desperfecto mecánico. Entretanto, la causa sigue abierta y bajo análisis de la Justicia.

El siniestro se registró alrededor de las 2:00 en calle Pedro Radio, en la zona de la Costanera, cuando dos motocicletas colisionaron tras ser impactadas por una rama que se desprendió de un árbol.

De acuerdo al parte oficial, los vehículos involucrados fueron una motocicleta Honda modelo CB 190, conducida por un joven de 26 años que iba acompañado por una mujer de 19, y otra Honda modelo BIZ 110, manejada por un hombre de 36 años.

Por causas que aún se investigan, ambos rodados fueron alcanzados por una rama que cayó repentinamente, lo que provocó el impacto y la posterior pérdida de control.

Como consecuencia del accidente, el conductor de 26 años sufrió lesiones de carácter grave, entre ellas una fractura expuesta en una pierna y un brazo, además de traumatismo de cráneo. En primera instancia fue trasladado al hospital local y, debido a la complejidad de su cuadro, derivado posteriormente a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Rosario.

En tanto, su acompañante y el otro conductor involucrado presentaron lesiones leves.

El hecho fue puesto en conocimiento del fiscal en turno, quien dispuso la realización de las actuaciones correspondientes. En el lugar trabajó personal de la División Policía Científica, que tendrá a su cargo determinar las causas y la mecánica del siniestro.

Según se indicó oficialmente, ninguno de los conductores llevaba casco protector al momento del accidente, un factor que podría haber agravado las consecuencias del impacto.

El episodio vuelve a poner en foco la importancia de las medidas de seguridad vial, incluso en situaciones imprevistas como la caída de objetos en la vía pública.

El primero de los casos se registró en la madrugada del domingo, alrededor de las 6:30, cuando personal policial acudió a un domicilio ubicado sobre calle Ortiz tras un llamado de emergencia. Según indicaron fuentes oficiales, la víctima alertó que su ex pareja se había presentado en la vivienda con actitud violenta y que había logrado ingresar tras dañar la puerta de acceso.

Al llegar al lugar, los efectivos lograron reducir y detener al agresor, quien fue posteriormente trasladado a la Alcaidía de Tribunales. El hombre quedó a disposición de la Fiscalía de Género, que interviene en este tipo de delitos.

En otro procedimiento, ocurrido en la noche previa cerca de las 21:30, un transeúnte interceptó a un móvil policial para advertir sobre una situación sospechosa en calle Remedios de Escalada.

De acuerdo al testimonio, una persona había ingresado a un vehículo con aparentes intenciones delictivas. Ante la alerta, el personal de calle acudió rápidamente y logró demorar a pocos metros a un menor de edad señalado como presunto autor del hecho.

Si bien el joven no alcanzó a sustraer elementos del interior del rodado, se constató que provocó daños en la guantera del automóvil. Por este motivo, se dio intervención a la Fiscalía de Menores, que dispuso la entrega del menor a su progenitora. Posteriormente, se recibió la denuncia correspondiente por parte del damnificado.

Ambos hechos quedaron bajo investigación judicial, mientras que desde la policía destacaron la rápida intervención que permitió controlar las situaciones sin que se registraran personas lesionadas.

Victoria.- Un estremecedor testimonio vuelve a poner en el centro de la escena al caso del estafador Ramón Piedrabuena. Su ex pareja relata cómo, tras casi una década de relación, terminó siendo víctima de una maniobra que —según denuncia— incluyó manipulación psicológica, engaños y la desaparición de una fortuna.

La víctima, Teresa Oberti, relató a Paralelo32 que mantuvo una relación de nueve años con Piedrabuena, desde 2016 hasta octubre del año pasado, cuando comenzó a confirmar las sospechas que venía acumulando.

Según su relato, durante ese tiempo fue víctima de una estrategia de manipulación que incluyó mensajes de una supuesta “vidente”, que luego sospechó que en realidad pertenecía al entorno del propio acusado. “Estábamos conviviendo con el enemigo”, enfatizó.

Uno de los puntos centrales del caso es la venta de un campo de 576 hectáreas, ubicado en Rincón de Nogoyá, concretada en 2021 por un monto cercano a los 3 millones de dólares.

De acuerdo a su testimonio, parte de ese dinero fue declarado formalmente —unos 600 mil dólares— mientras que el resto habría sido entregado en negro.

En ese contexto, asegura que tanto Piedrabuena como la supuesta vidente la convencieron de no depositar el dinero en bancos, argumentando riesgos inexistentes, lo que la llevó a guardar grandes sumas en su propia vivienda.

Parte del dinero, incluso, habría sido enterrado dentro de la propiedad.

Reconoció entrevistada durante su entrevista con Paralelo32, que siempre fue depresiva y atribuye a esa condición haber establecido un nivel de dependencia de ella y su hijo con el estafador.

La mujer relató que fue sometida a un fuerte condicionamiento psicológico, donde le hacían creer que en su casa había “espíritus malignos” y situaciones paranormales. Esto generó que evitara acercarse a ciertos espacios de la vivienda, justamente donde se encontraba el dinero.

“Cuando teníamos los dólares en caja fuerte en la planta alta, Piedrabuena me decía que no se podía ingresar a esa habitación porque estaba maldecida. Que según la vidente había 8 muertos enterrados en ese terreno” Agregó en su historia de temores, angustias y engaños: “me tenía totalmente manipulada. Yo lo creí ciegamente”, afirmó.

Con el paso del tiempo, el dinero guardado comenzó a desaparecer. La denunciante sostiene que es imposible que semejante suma haya sido gastada, por lo que cree firmemente que fue sustraída y debe estar en algún lugar. “Cuando el se fué ingresamos a la pieza de los dólares y no encontramos absolutamente nada”, señaló,

Incluso, sospecha que el dinero podría estar en la ciudad santafesina de Casilda, lugar donde Piedrabuena fue detenido en más de una oportunidad, por otras causas.

Afirma que, si bien no lo puede comprobar y queda solo en el marco de sospechas, su pareja cocinaba y una empleada una vez le comentó que le había parecido que puso algo en la comida. “Yo estaba como bloqueada, me sentía mal todo el día, después que el se fue, yo fui otra persona”.

El caso suma otro capítulo grave; la venta de una vivienda que anteriormente había sido comprada y puesta a nombre de su hijo: “Yo no sé lo que me puede pasar a mi y quería que Santiago (hijo) le quedaba una casa”, remarcó durante la entrevista, pero, según denunció, la propiedad —adquirida por unos 260 mil dólares— habría sido vendida mediante engaños, haciéndoles firmar documentación bajo la falsa creencia de que se trataba de una simple seña.

“Nos hicieron firmar la escritura sin saberlo”, aseguró. En la maniobra también señala la participación de otras personas, incluyendo profesionales, afirmación que abre el abanico de responsabilidades en esta situación truculenta que deberá esclarecer la justicia.

“Llegaron de noche con 60 millones de pesos y trajeron un escrito para que lo firme mi hijo, diciendo que era una seña y después se conformaría la operación con el resto del dinero”. Agregó que después se dieron cuenta que lo firmado no era un compromiso atado a una seña, si no que era un boleto de compra venta, que lo dejaba sin la vivienda. Menciona a un importante productor agropecuario de nuestro departamento y a un escribano como responsables. “Todo esto esta presentado por mi abogado en la justicia”, remarca.

Actualmente, la situación de la víctima es crítica. Según relató, fue desalojada y se encuentra sin recursos económicos. “No tengo nada. Ni un peso”, expresó.

Gracias a la ayuda de allegados y de sus abogados, logró conseguir alojamiento de manera provisoria. Fue despojada, como se explicó antes, de la única vivienda que le quedaba y había puesto a nombre de su hijo.

Los abogados que representan a la familia damnificada en el caso que involucra a Ramón Piedrabuena, advirtieron que se encontraron con una “estafa prácticamente consumada” al momento de tomar intervención y cuestionaron el avance del proceso de desalojo en paralelo a la causa penal.

El abogado Alejandro Rees -quien interviene junto a su colega Miguel Guridi- explicó a nuestro medio -acompañando ambos a su clienta en esta entrevista- que comenzaron a actuar a mediados de enero, luego de que la familia tomara contacto tras una publicación pública.

“Nos encontramos con una situación de hechos consumados. La estafa ya se había producido sobre todos los bienes de Teresa”, señaló, en diálogo con Paralelo32 Medios.

Según indicaron, el acusado habría llevado adelante un esquema de engaño y manipulación sostenido en el tiempo, incluso luego de existir restricciones judiciales.

Precio “vil” y abuso por inexperiencia de la titular.

En el plano civil, uno de los ejes centrales de la defensa es que la operación de venta de la vivienda se realizó a un valor muy por debajo del mercado. El abogado detalló que ya se ha planteado judicialmente la nulidad de la operación por “precio vil” y abuso de la inexperiencia del vendedor.

“Estamos hablando de una casa que puede rondar los 300 mil dólares y que fue vendida por un monto muy inferior (60 millones de pesos)”, explicó.

Según precisó, la escritura se habría realizado por unos 106 millones de pesos, mientras que el dinero efectivamente recibido habría sido incluso menor.

La defensa también apunta a una posible relación previa entre el comprador de la vivienda y Piedrabuena.

Uno de los puntos más cuestionados por los abogados es el avance del desalojo sin que se resuelva primero la causa penal. “Existe una prejudicialidad penal. Primero debería determinarse si hubo delito y después avanzar en lo civil”, explicaron.

Advirtieron que, de no respetarse ese orden, podrían generarse fallos contradictorios. “Podría devolverse la casa y luego establecerse que el acto fue inválido por estafa. Eso generaría un daño irreparable”, sostuvieron.

Para Guridi, la justicia castiga a la víctima, desde octubre hay una denuncia penal en fiscalía y no han llamado a ningún testigo, mientras que la causa civil curiosamente se resolvió en tiempo record.

Actualmente, la causa avanza en dos frentes: En el ámbito penal, con denuncias por estafa presentadas tanto por Teresa como por su hijo. En el ámbito civil, con el proceso de desalojo en curso y un futuro planteo de nulidad del acto jurídico.

Los abogados anticiparon que impulsarán una instancia de mediación como paso previo a la acción civil. Mientras la Justicia avanza, la familia atraviesa una situación crítica, angustiosa, desesperante.

En este marco los profesionales transmitieron a Paralelo32 que la situación de su clienta es de indigencia y apelan a un llamado solidario a la comunidad, especialmente a mucha gente que conoce esta realidad. Los que quieran colaborar pueden hacerlo al alias de Santiago Bazan (hijo de Teresa) : sb7777