Hay noticias policiales cuya publicación nos incomoda. No tanto por la insignificancia del botín robado, hurtado o como quiera calificárselo, sino porque desconocemos el contexto. Son esas informaciones que nos ponen ante la disyuntiva de publicarlas o dejarlas pasar.

Este es un caso. Un hombre de 26 años fue detenido en la mañana del 1° de julio, en Victoria, tras sustraer una bolsa de leña de una vivienda ubicada en la esquina de Junín y Paso de la Patria.

Alguien se sintió perjudicado y llamó al 911. La Policía hizo lo que debía hacer: patrulló la zona y encontró al sospechoso en la esquina de Yatay y Lamadrid, todavía con el cuerpo del delito sobre el hombro.

Por una bolsa de leña debió intervenir la Fiscalía de turno, también cumpliendo con su obligación. El hombre fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado luego del examen médico. La leña fue devuelta a su propietaria y es muy probable que el detenido recuperara la libertad pocas horas después.

Pero cuando decimos "por una bolsa de leña" también podemos equivocarnos. Tal vez para la persona damnificada no era poca cosa. Quizás viva de vender leña para sostenerse día a día, o hizo un esfuerzo para comprarla y enfrentar el frío del invierno. Además, a nadie le resulta indiferente que le roben.

También ignoramos quién era el hombre detenido. Quizás buscaba un poco de calor para su familia y eligió el peor camino para conseguirlo. Tal vez sea un reincidente que hace del robo una forma de vida. Quizás conviva con una enfermedad, con la indigencia o con alguna otra circunstancia que desconocemos. O quizás no haya ninguna historia detrás y simplemente decidió apropiarse de lo ajeno.

Nunca lo sabremos.

El periodismo se ha convertido, en buena medida, en un sistema de procesamiento de urgencias. Todo debe publicarse rápido. Nadie invertiría tiempo en reconstruir lo que hay detrás de una bolsa de leña. Sería demasiado esfuerzo para una noticia demasiado pequeña.

Y, sin embargo, detrás de las noticias pequeñas suele esconderse la dimensión más humana de una sociedad. El problema es que todos estamos demasiado ocupados para detenernos a buscarla.

Una compleja investigación policial permitió recuperar la totalidad de una hacienda bovina que había sido comercializada de manera fraudulenta en una operación que habría ocasionado un perjuicio económico cercano a los 150 millones de pesos.

El trabajo fue llevado adelante por efectivos de las Divisiones Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Villaguay, junto a la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales y la Brigada de Abigeato de Villaguay, en coordinación con la Dirección General de Patrulla Rural de la Provincia de Córdoba y bajo las directivas de la Justicia entrerriana.

La causa se inició a partir de una denuncia que alertaba sobre una presunta maniobra de estafa relacionada con la venta de ganado bovino.

Según la investigación, los animales habían sido trasladados hacia distintos establecimientos rurales de la provincia de Córdoba utilizando la documentación correspondiente al transporte de hacienda, en el marco de una operación comercial que luego fue denunciada como fraudulenta.

A partir de tareas de inteligencia, análisis de información y diversas diligencias investigativas, los investigadores lograron reconstruir el recorrido de los animales e identificar los lugares donde se encontraban.

El primer procedimiento se realizó en un establecimiento rural ubicado en la localidad cordobesa de Leones, donde fueron localizadas y secuestradas 19 vacas y 34 terneros.

Lejos de dar por concluida la investigación, los efectivos continuaron trabajando para determinar el destino del resto del rodeo.

Finalmente, este viernes, y en cumplimiento de un exhorto emitido por el Juzgado de Garantías de Villaguay, se concretó un nuevo allanamiento en un campo de la localidad de Saira, en el departamento Marcos Juárez.

En ese establecimiento fueron secuestradas 47 vacas, además de un teléfono celular que ahora será incorporado a la investigación por su posible interés probatorio.

Con este último operativo, la Policía logró recuperar la totalidad de los animales que integraban la operación comercial investigada.

Desde la Jefatura Departamental Villaguay destacaron que todas las medidas judiciales debieron ejecutarse fuera del territorio entrerriano, lo que demandó una permanente coordinación entre las fuerzas policiales de Entre Ríos y Córdoba.

Ese trabajo conjunto permitió localizar rápidamente la hacienda, ejecutar los secuestros ordenados por la Justicia y resguardar el patrimonio de la víctima.

Aunque la recuperación total del ganado representa un avance fundamental para el esclarecimiento del caso, la investigación judicial sigue en marcha.

La Fiscalía y el Juzgado intervinientes continúan reuniendo pruebas para reconstruir completamente la maniobra y establecer las responsabilidades penales de las personas involucradas.

Nogoyá.– Una profunda conmoción atraviesa a la comunidad nogoyaense tras conocerse la investigación judicial en torno a un hecho cometido contra una joven de 19 años. Las autoridades judiciales y policiales de los tribunales locales se encuentran abocadas a un expediente caratulado penalmente como "Privación ilegítima de la libertad y abuso sexual con acceso carnal, en concurso real", que ya cuenta con tres personas detenidas bajo distintas modalidades de resguardo dispuestas por la Justicia.

Según la información recabada por la investigación, el hecho se desencadenó en la madrugada del sábado 27 de junio. La víctima salía de un local nocturno cuando se encontró con un conocido suyo, un adolescente de 17 años, a quien le solicitó que la acercara en motocicleta hasta su domicilio. El menor se encontraba acompañado por otro individuo mayor de edad, desconocido para la joven. Antes de llevarla a destino, le propusieron pasar por la vivienda de una tercera persona, también adulta. Confiando en el vínculo que la unía con el adolescente, la víctima accedió.

Una vez en el interior de esa vivienda, la situación se tornó violenta cuando los dos hombres adultos ingresaron a la habitación. Ante la negativa de la joven, los tres sujetos la sometieron por la fuerza. Según consta en la denuncia, los agresores le ataron las manos y la accedieron carnalmente de forma reiterada. El conocido de la víctima no solo participó de los vejámenes sino que en ningún momento intercedió para frenar el ataque.

Finalizada la agresión, la joven logró recomponerse y exigirle al adolescente que la llevara a su domicilio. Al llegar a su casa sufrió un ataque de pánico y logró enviar mensajes a un grupo de amigas relatando lo ocurrido; esas jóvenes ya fueron incorporadas como testigos en la causa. Caminando en estado de shock, la víctima llegó hasta la vivienda de una tía que reside en las inmediaciones, quien la contuvo y la acompañó de inmediato a radicar la denuncia formal en sede policial, activándose los protocolos médicos y judiciales correspondientes.

La investigación penal quedó en manos de la Unidad Fiscal, a cargo de la doctora Sofía Pittaluga. El mismo sábado se llevaron a cabo múltiples allanamientos que culminaron con la detención de los tres imputados. El juez de Garantías, doctor Oscar Rossi, concretó la audiencia de imputación para el menor de 17 años y dispuso su traslado a un centro especializado dependiente del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) por un plazo de 45 días. En cuanto a los dos imputados mayores de edad, tras la audiencia de indagatoria celebrada el lunes, el magistrado hizo lugar al pedido de la fiscalía y ordenó su prisión preventiva por el término de 60 días, medida que cumplen de manera efectiva alojados en una unidad penal de la provincia mientras se sustancia el proceso en su contra.

Un operativo contra el narcomenudeo se desarrolló este jueves por la noche en Barrio del Rosario, en la ciudad de Crespo, donde personal de la Dirección de Drogas Peligrosas de Entre Ríos realizó un allanamiento que culminó con la detención de dos personas mayores de edad y el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

El procedimiento comenzó alrededor de las 19:30 y fue encabezado por efectivos de la División Antidrogas, dependiente de la Dirección de Drogas Peligrosas, bajo la conducción del comisario principal Gerardo Cornejo, con intervención de la fiscal Sofía Patat.

En declaraciones realizadas a Valeria Torresín, para el programa "Crespo en Vivo", que se emite por Boing 93.7, Cornejo explicó que la investigación se originó a partir de denuncias anónimas recibidas a través del Ministerio de Seguridad.

"Se realizaron tareas investigativas y de vigilancia sobre la vivienda donde se presumía que se comercializaban cocaína y marihuana al menudeo", indicó el funcionario policial.

Durante el allanamiento, los investigadores encontraron dosis de cocaína y marihuana ya fraccionadas para su comercialización, además de una suma de dinero en efectivo que, al momento de la entrevista, era contabilizada y ascendía a entre 400.000 y 500.000 pesos.

Según precisó Cornejo, el procedimiento permitió además el secuestro de teléfonos celulares que serán sometidos a pericias.

"Ahora continúa la investigación con el análisis de los teléfonos, el cruce de llamadas y de mensajes, que forman parte de las medidas dispuestas para profundizar la causa", señaló.

Como resultado del operativo fueron detenidos un hombre y una mujer mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia por orden de la fiscal interviniente.

Ambos fueron trasladados a la ciudad de Paraná, donde permanecerán alojados mientras avanza la investigación judicial.

En el domicilio también se encontraban dos menores de edad, hijos de la pareja, quienes fueron puestos bajo el cuidado de familiares directos. Asimismo, la vivienda quedó bajo la responsabilidad de un integrante de la familia.

El allanamiento contó con el apoyo del Cuerpo de Operaciones Especiales, dependiente de la Dirección de Operaciones de la Policía de Entre Ríos, cuyos efectivos fueron los encargados de realizar el ingreso táctico al inmueble para garantizar la seguridad del procedimiento.

Un hombre de 41 años fue detenido en Crespo luego de un procedimiento policial originado por una denuncia de amenazas con un arma de fuego. La investigación continuó ayer jueves 25 de junio con un allanamiento en su domicilio, donde la Policía secuestró un arma de fuego y cartuchos.

Según informó la Comisaría Crespo, el episodio comenzó durante la noche del miércoles, cuando una mujer de 49 años solicitó la presencia policial en una vivienda del barrio Del Rosario. La denunciante manifestó que había sido amenazada previamente por un hombre conocido y que, al refugiarse en la casa de otras personas de confianza, el mismo individuo se presentó nuevamente en el lugar, donde habría exhibido un arma de fuego para intimidar tanto a ella como a otro de los moradores.

De acuerdo con la información oficial, el conflicto tendría origen en diferencias personales vinculadas con publicaciones y acusaciones realizadas a través de redes sociales.

Tras recibir la denuncia, una comisión policial inició la búsqueda del sospechoso con el objetivo de localizarlo y prevenir una posible situación de mayor riesgo.

Cuando los efectivos llegaron al domicilio del hombre para entrevistarlo sobre lo ocurrido, siempre según la versión policial, este reaccionó de manera agresiva y se produjo un forcejeo con el personal. Durante esa intervención cayó al suelo una cuchilla de tamaño mediano con su correspondiente vaina, elemento que fue secuestrado por los uniformados.

Por disposición de la fiscal de Investigación y Litigación, Clarisa Aiello, el hombre fue aprehendido por el presunto delito de resistencia a la autoridad y posteriormente trasladado a la Alcaidía de Tribunales. Antes de su alojamiento recibió atención médica en el Hospital San Martín de Paraná, donde fue asistido por dolencias preexistentes que manifestó padecer.

Como parte de la investigación, durante la tarde de este jueves efectivos de la Comisaría Crespo realizaron un allanamiento y requisa en la vivienda del detenido.

El procedimiento arrojó resultado positivo. En el inmueble se encontró un arma de fuego calibre .22 LR junto a nueve cartuchos, elementos que fueron secuestrados por orden judicial y remitidos a la Sección Balística y Rastros de la Dirección de Policía Científica para las pericias correspondientes.

Un operativo de Gendarmería Nacional realizado sobre la Ruta Nacional 14 permitió secuestrar casi 24 kilos de pasta base y detener a dos hombres y una mujer que se desplazaban en un automóvil desde Corrientes hacia Entre Ríos.

La investigación se inició a partir de una denuncia anónima recibida a través de la línea 134, que alertaba sobre el posible traslado de estupefacientes. Con intervención de la Fiscalía Federal de Concordia, efectivos de la Unidad de Investigaciones Antidrogas comenzaron una serie de tareas de inteligencia para identificar el vehículo involucrado.

A partir de la información obtenida, se reforzaron los controles en distintos puntos de la Ruta 14 y en zonas cercanas al límite interprovincial entre Corrientes y Entre Ríos.

Menos de 24 horas después del inicio de la investigación, personal del Puesto de Control Fijo Pucuruca, ubicado en el kilómetro 240 de la autovía, interceptó un Volkswagen Vento en el que viajaban tres personas mayores de edad.

Durante la inspección, un perro detector de narcóticos marcó el sector del torpedo del vehículo, lo que llevó a profundizar la requisa por orden de la Justicia Federal.

Tras trasladar el automóvil a la sede de la unidad, los gendarmes desmontaron distintas partes del vehículo y encontraron 24 paquetes rectangulares ocultos en la zona del tablero y en los laterales del baúl. Además, debajo del asiento del conductor hallaron dos envoltorios con una pequeña cantidad de cocaína.

Las pruebas de campo realizadas por personal de Criminalística confirmaron que los paquetes contenían 23 kilos y 987 gramos de pasta base, mientras que los envoltorios secuestrados contenían 1,96 gramos de cocaína.

Por disposición del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Concordia, se procedió al secuestro de la droga y del vehículo utilizado para el transporte.

Los dos hombres y la mujer que viajaban en el automóvil quedaron detenidos por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737 y permanecerán a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

La ciudad de Victoria se encuentra conmocionada tras el fallecimiento de tres integrantes de una familia entrerriana en un siniestro vial ocurrido el viernes por la noche sobre la Ruta Nacional 9, en cercanías de Baradero, provincia de Buenos Aires.

Las víctimas fueron identificadas como Melina Victoria Acevedo, de 33 años; su hijo Rafael Nicolás Giménez, de apenas un año; y Rodolfo Giménez, de 65 años. El único sobreviviente fue Guillermo Nicolás Giménez, esposo de Melina y padre del niño fallecido.

De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales y de emergencia, el hecho ocurrió poco antes de las 22 del viernes, a la altura del kilómetro 124 de la Ruta Nacional 9.

La familia viajaba en un Volkswagen Senda en dirección hacia Rosario cuando, por causas que se investigan, el conductor perdió el control del vehículo. El automóvil atravesó el guardarraíl, recorrió varios metros fuera de la calzada y terminó sumergido en el arroyo Cañada Honda.

Según las primeras pericias, el vehículo quedó completamente bajo el agua, invertido y a una profundidad aproximada de dos metros.

Guillermo Giménez logró salir despedido del habitáculo y pudo comunicarse con el servicio de emergencias. Al arribo de los rescatistas fue hallado en estado de shock y con un cuadro de hipotermia.

Bomberos voluntarios de Baradero trabajaron en el lugar durante la noche para localizar el vehículo y rescatar a sus ocupantes.

Las tareas se desarrollaron en condiciones muy adversas debido a la escasa visibilidad, las bajas temperaturas y la profundidad del arroyo. Finalmente, una vez extraído el automóvil, se constató el fallecimiento de las otras tres personas que viajaban en su interior.

De acuerdo con la información difundida por los equipos de rescate, todos los ocupantes llevaban colocado el cinturón de seguridad y el niño viajaba correctamente sujeto en su sistema de retención infantil.

La noticia generó una profunda consternación en Victoria, donde la familia era conocida y apreciada por vecinos y allegados.

Melina Acevedo se desempeñaba como peluquera y numerosas muestras de afecto y acompañamiento hacia sus familiares comenzaron a multiplicarse en las redes sociales durante las últimas horas.

Este domingo se realizaron las ceremonias de despedida de las víctimas, mientras familiares, amigos y vecinos expresaron su dolor por una tragedia que impactó profundamente a la comunidad victoriense.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 8 de Baradero, a cargo de la fiscal Karina Marino, quien ordenó las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias que provocaron el despiste y posterior caída del vehículo al arroyo.

Los peritajes continuarán durante los próximos días con el objetivo de establecer las causas del siniestro.

A través de una activa agenda de articulación institucional con la Policía de Entre Ríos, la Sociedad Rural de Victoria (SRV) viene impulsando la optimización del equipamiento y la movilidad en las dependencias policiales, con especial foco en la prevención y seguridad de las zonas rurales e isleñas de nuestro departamento.

Según pudo conocer Paralelo32, el logro más reciente de esta coordinación es la asignación de un móvil recuperado para la Comisaría de Laguna. La camioneta que prestaba servicio en esa dependencia se encontraba en un avanzado estado de deterioro y, a partir de las gestiones conjuntas, la Provincia destinó una inversión de 18 millones de pesos para reacondicionar a nuevo otra unidad. Los trabajos incluyeron reparaciones integrales de motor, chapa, pintura y ploteo antes de su entrega formal.

Este avance se acopla a un antecedente directo que tiempo atrás benefició a la Comisaría de Pajonal bajo la misma modalidad de gestión. En esa misma línea de trabajo en el territorio, se recuerda la articulación realizada oportunamente junto al entonces jefe departamental, César Primo, mediante la cual se logró dotar de tres lanchas a las comisarías de islas (Primera, Segunda y Tercera secciones).

Actualmente, la entidad ruralista y la Dirección de Prevención de Delitos Rurales de la provincia —conducida por el Comisario Mayor Cristian Allegrini— avanzan en tratativas ante la Justicia local para sumar un nuevo recurso estratégico.

El objetivo es lograr que una lancha que fue secuestrada en el marco de una causa penal en el ámbito departamental, bajo la órbita del fiscal Eduardo Guaita, sea asignada formalmente a la Comisaría de Laguna para reforzar los patrullajes fluviales.

Cabe destacar que este tipo de gestiones operativas por unidades terrestres se canalizan de manera directa con la cúpula de la Brigada a nivel provincial, mientras que el destino de los elementos incautados se coordina formalmente con los juzgados intervinientes, manteniendo siempre un esquema de trabajo conjunto y planificado entre la Rural y la fuerza policial.

La comunidad de Villaguay y la Policía de Entre Ríos atraviesan horas de profundo dolor tras el fallecimiento del agente Emiliano Agustín Fernández, de 28 años, quien perdió la vida este viernes luego de protagonizar un trágico siniestro vial sobre el Acceso Carlos Fuertes.

Según informó la Jefatura Departamental Villaguay, el hecho ocurrió durante la mañana a la altura del ingreso al Radar de la Fuerza Aérea. Por causas que son materia de investigación, el joven funcionario policial circulaba en motocicleta cuando impactó contra un equino que se encontraba sobre la cinta asfáltica.

A raíz de la violencia de la colisión, Fernández sufrió gravísimas lesiones que le provocaron la muerte. El animal involucrado, que carecía de marca y señal identificatoria, también resultó severamente herido y debió ser sacrificado en el lugar.

Desde la Jefatura Departamental Villaguay expresaron su pesar por el fallecimiento del efectivo, destacando su compromiso con la institución y su calidad humana.

Fernández había egresado de la Escuela de Agentes “Comisario General Pedro F. Ramón Campbell” en el año 2024 y se desempeñaba como integrante activo de la fuerza policial entrerriana.

En el comunicado oficial, las autoridades señalaron que era un funcionario reconocido por su profesionalismo, vocación de servicio y compañerismo, cualidades que le habían permitido ganarse el respeto y el afecto tanto de sus camaradas como de sus superiores.

“La prematura partida enluta profundamente a toda la Policía de Entre Ríos”, expresaron desde la institución, al tiempo que hicieron llegar sus condolencias a familiares, amigos, compañeros de promoción y colegas de trabajo.

El trágico episodio vuelve a poner en evidencia los riesgos que representa la presencia de animales sueltos en rutas y accesos viales, una problemática que periódicamente genera siniestros de gravedad en distintos puntos de la provincia.

Mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho, la comunidad policial despide a un joven agente cuya carrera recién comenzaba y cuya pérdida genera una profunda conmoción entre quienes compartieron con él el servicio y la vocación de proteger a la sociedad.

El procedimiento fue resultado de una investigación desarrollada por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Victoria, bajo la coordinación de la Unidad Fiscal a cargo del Dr. Eduardo Guaita.

La causa se inició a raíz de un violento asalto cometido el 24 de enero de 2026 en la ciudad de Victoria. A partir de entonces, los investigadores llevaron adelante diversas tareas de análisis, recolección de pruebas y seguimiento que permitieron identificar a los presuntos involucrados y avanzar con las medidas judiciales correspondientes.

Según se informó oficialmente, sobre el sospechoso pesaba un pedido de captura vigente desde el 25 de febrero. Luego de una intensa labor de inteligencia, en la jornada de este sábado personal de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura Zona Río de la Plata logró localizarlo y detenerlo en la vía pública, en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante el operativo también fue secuestrado un teléfono celular que será sometido a pericias e incorporado a la causa como elemento de interés para la investigación.

El detenido permanece alojado en dependencias de la fuerza federal y a disposición de la Justicia, mientras se coordinan las actuaciones necesarias para su traslado a Victoria, donde deberá responder ante la Unidad Fiscal interviniente.

Desde la Jefatura Departamental Victoria destacaron el trabajo conjunto realizado entre los organismos policiales y judiciales, remarcando que la detención representa un avance significativo en el esclarecimiento del hecho investigado y en la búsqueda de responsabilidades penales por el asalto ocurrido a principios de año.

El gobernador de Entre Ríos reglamentó la Ley Nº 11.210 mediante el Decreto Nº 1315/2026, una medida que marca un hito en la gestión del patrimonio público provincial. La puesta en marcha de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de la Provincia de Entre Ríos (AABIPER) centralizará el control de los inmuebles estatales bajo una estructura unificada.

La nueva agencia fue concebida como el órgano rector de todas las actividades vinculadas con los bienes inmuebles sobre los cuales la Administración Pública provincial posee dominio o derechos adquiridos. Su creación apunta a concentrar en una sola institución la administración, el control, la regularización y el aprovechamiento de los inmuebles estatales, una tarea que hasta ahora se encontraba distribuida entre distintas dependencias.

Con la reglamentación aprobada, la Provincia busca avanzar hacia una gestión más eficiente y coordinada de su patrimonio territorial, estableciendo mecanismos que permitan mejorar el control de las tierras fiscales, optimizar el uso de los inmuebles públicos y fortalecer la planificación de las políticas vinculadas al suelo estatal.

Uno de los aspectos centrales del decreto es el traslado integral de recursos desde la Dirección de Administración de Tierras Fiscales y la Unidad de Control de Inmuebles de la Fiscalía de Estado hacia la nueva agencia.

La decisión implica que la AABIPER asumirá plenamente las funciones, competencias y responsabilidades que hasta ahora desarrollaban esos organismos.

El decreto fija como fecha límite para esta etapa transitoria el 31 de julio de 2026, plazo durante el cual se prevé completar la organización interna necesaria para que la agencia opere con autonomía administrativa.

La reglamentación también aborda la distribución de los recursos que genere la actividad inmobiliaria de la agencia, un aspecto previsto por la ley que dispuso su creación.

Con esta reglamentación, el Ejecutivo provincial pone en marcha una reforma institucional orientada a concentrar la administración del patrimonio inmobiliario estatal en un único organismo especializado. La medida pretende mejorar el control de las tierras fiscales, ordenar la información sobre los inmuebles públicos y dotar al Estado de una herramienta específica para planificar, administrar y aprovechar de manera más eficiente sus bienes territoriales.

El departamento Victoria alberga aproximadamente 128 mil hectáreas pertenecientes al Estado provincial sobre un total de 432.500 hectáreas que conforman el humedal, según datos actualizados de Catastro.

Históricamente, la Dirección de Tierras Fiscales administró estos campos aptos para la ganadería, una actividad que atraviesa un período favorable en términos de rentabilidad. A ello se suma la apicultura que, con las recientes disposiciones que permiten exportar con tasa cero, aparece como una alternativa productiva de creciente interés.

En distintas épocas estuvo vigente un sistema de arrendamiento denominado “tenencia precaria”, mediante el cual los ocupantes debían abonar un canon anual, además de los tributos provinciales correspondientes.

La extensión de estas islas, ubicadas en un territorio prácticamente despoblado, también dio origen a numerosos litigios que aún se tramitan o fueron resueltos en la Justicia. Sobre este punto, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, sostuvo oportunamente que estas tierras se encuentran “fuera del comercio”, condición que implica dos características fundamentales: la inalienabilidad y la imprescriptibilidad. En otras palabras, no pueden venderse ni transferirse a particulares.

Muchos de los reclamos se promovieron bajo la figura de la usucapión o posesión veinteañal por parte de ocupantes que alegaban haber permanecido durante más de veinte años en esos terrenos. Según datos que hemos recabado, las acciones judiciales no prosperaron y las tierras continuaron bajo dominio provincial.

A partir de ahora, estas hectáreas quedarán bajo la administración de la nueva agencia, lo que abre interrogantes sobre las políticas que se aplicarán en un territorio de importante potencial productivo. En el futuro, mediante sistemas de concesión o arrendamiento, podría impulsarse el crecimiento de la actividad ganadera, ya que la agricultura intensiva se encuentra prohibida en estas áreas.

Se trata de extensiones que actualmente carecen de inversiones significativas por su condición de bienes estatales, pero que podrían convertirse en una herramienta de desarrollo si se implementan mecanismos adecuados de aprovechamiento y control.

A pesar de la magnitud del siniestro y de los importantes daños materiales registrados, no se reportaron personas lesionadas.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 14 cuando un camión Mercedes Benz 1114 con acoplado circulaba en sentido este-oeste con destino hacia Rosario.

El vehículo era conducido por Fernando Rossetti, de 43 años, domiciliado en Rosario del Tala. Por causas que se investigan, el conductor habría mordido la banquina y, al intentar regresar a la calzada, perdió el control de la unidad.

Como consecuencia, el camión y su acoplado terminaron volcados sobre la ruta, ocupando parte de la cinta asfáltica y generando una situación de riesgo para los vehículos que circulaban detrás.

Detrás del transporte siniestrado circulaban otros dos camiones de carga que debieron realizar maniobras de emergencia para evitar un choque de mayores consecuencias.

El segundo vehículo involucrado fue un Iveco 450 con acoplado, conducido por Neri Beltrame, de 43 años, oriundo de Villaguay. Al advertir el vuelco ocurrido delante suyo, el conductor accionó bruscamente los frenos para evitar impactar contra el camión atravesado sobre la ruta.

La maniobra permitió evitar una colisión directa, aunque el vehículo perdió estabilidad y terminó chocando contra el guardarraíl ubicado a un costado de la calzada.

El tercer transporte involucrado fue un Scania 420 con acoplado, conducido por Paulo Roberto Silva Do Nascimento, de 41 años y nacionalidad brasileña.

De acuerdo con el informe policial, el camionero logró frenar a escasa distancia del lugar del accidente y detener completamente la unidad sin colisionar con los otros vehículos ni con las defensas metálicas de la ruta.

Como consecuencia del vuelco y de la ubicación en que quedaron los transportes, el tránsito permaneció parcialmente interrumpido durante varias horas mientras se realizaban las tareas de asistencia y remoción.

En el lugar trabajaron efectivos de la Jefatura Departamental Nogoyá, personal del Puesto de Control Vial, Bomberos Voluntarios de Nogoyá y operarios de la empresa constructora Pitón.

Las tareas estuvieron orientadas a despejar la calzada, retirar los vehículos involucrados y garantizar condiciones seguras para restablecer la circulación normal sobre uno de los corredores viales más transitados de la provincia.

El hecho no dejó personas heridas, aunque volvió a poner de manifiesto los riesgos que generan las maniobras de emergencia en rutas de intenso tránsito pesado.

Un procedimiento policial realizado este viernes al mediodía en Barrio Guadalupe derivó en el secuestro de envoltorios con presunta cocaína, teléfonos celulares y una motocicleta, además de la identificación de cuatro hombres mayores de edad que quedaron supeditados a una causa judicial.

Según informó la Comisaría Crespo, alrededor de las 12:00 una dotación policial realizaba tareas de prevención y recorridas de rutina cuando observó a un grupo de personas reunidas en la Plaza Héctor Mario Seri, ubicada en la intersección de calles Los Constituyentes y Rafael Obligado.

De acuerdo al reporte oficial, la presencia de una motocicleta sin dominio colocado y la actitud considerada sospechosa por parte de los presentes motivaron la intervención de los uniformados, quienes procedieron a identificar a los ocupantes del lugar y solicitar la documentación correspondiente al rodado.

Durante el procedimiento, los efectivos advirtieron que sobre una mesa donde se encontraba reunido el grupo había teléfonos celulares, dinero en efectivo, bebidas alcohólicas, un equipo de mate y varios envoltorios plásticos que contenían una sustancia sospechosa.

Ante esa situación, se dio intervención a la Fiscalía especializada en la materia. Por disposición de la fiscal auxiliar Sofía Patat, se solicitó la presencia de personal de la División Drogas Peligrosas para realizar las pericias correspondientes.

Mientras se desarrollaban las actuaciones, los cuatro hombres identificados —de 22, 25, 26 y 36 años, todos domiciliados en Crespo— permanecieron en el lugar bajo custodia policial.

Posteriormente, personal especializado efectuó el test reactivo de campo en presencia de testigos civiles, el cual arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína, según se informó oficialmente.

Tras tomar conocimiento de los resultados, el fiscal Santiago Alfieri ordenó la correcta identificación de los involucrados y la continuidad de las actuaciones judiciales. Los ciudadanos fueron examinados por el médico policial y posteriormente recuperaron la libertad, aunque quedaron supeditados a la investigación en curso.

En el marco del procedimiento se secuestraron 16 envoltorios con la sustancia estupefaciente, una motocicleta Motomel Skua de 150 centímetros cúbicos sin patente visible y tres teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para la realización de las pericias correspondientes.

La causa continúa bajo investigación para determinar las circunstancias y posibles responsabilidades vinculadas al hecho.

Según informó la Jefatura Departamental Nogoyá, el hecho ocurrió alrededor de las 17:50 horas y fue protagonizado por una motocicleta Motomel Skua de 150 c.c. y una Renault Master.

En la motocicleta se desplazaban dos hombres de 22 y 37 años de edad, mientras que la trafic era conducida por un hombre oriundo de la ciudad de Paraná.

Por causas que son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron, resultando heridos los ocupantes del rodado de menor porte. Tras el impacto, los motociclistas fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados en una ambulancia del servicio de emergencias médicas hacia el Hospital San Blas de Nogoyá, donde recibieron atención médica.

En el lugar del siniestro trabajó personal de la Comisaría Villa 3 de Febrero, efectivos de la División Policía Científica y agentes del Puesto de Control Vial Nogoyá, quienes llevaron adelante las tareas de peritaje y ordenamiento del tránsito.

Un operativo realizado en el departamento Feliciano permitió a la Policía de Entre Ríos concretar uno de los mayores procedimientos antidrogas de la historia provincial. Como resultado, fueron secuestrados 260,87 kilogramos de cocaína de máxima pureza, distribuidos en 250 paquetes, cuyo valor en el mercado ilegal supera los 10 millones de euros.

El procedimiento fue presentado oficialmente durante una conferencia de prensa encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio, acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; la jueza federal de Concordia, Analía Graciela Ramponi; y el jefe de Policía de Entre Ríos, Claudio González.

Durante su intervención, Frigerio destacó el accionar de los efectivos policiales y calificó el operativo como uno de los procedimientos terrestres más importantes registrados en la provincia en materia de narcotráfico.

“Esta droga ya no va a llegar a ningún hogar entrerriano”, expresó el mandatario, quien además valoró “el valor, el coraje y el profesionalismo” de la fuerza policial.

En ese marco, envió un mensaje a las organizaciones criminales: “En Entre Ríos no tienen lugar. Los vamos a atrapar y los vamos a meter en la cárcel”.

El gobernador atribuyó el resultado del operativo a la política de fortalecimiento de los controles fronterizos impulsada por el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Según explicó, se identificaron diez puntos considerados críticos dentro del territorio provincial, entre ellos la Ruta Provincial Nº 28, donde se reforzó la presencia policial y los mecanismos de vigilancia.

Asimismo, remarcó que el éxito del procedimiento fue posible gracias al trabajo coordinado entre la Policía provincial y la Justicia Federal, además de las inversiones realizadas por la actual gestión en equipamiento y capacitación.

“Estamos incorporando armas, chalecos antibalas, vehículos, conectividad y formación técnica permanente para nuestros efectivos”, sostuvo.

Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, señaló que uno de los principales objetivos de la gestión es mantener un estricto control sobre las fronteras provinciales.

El funcionario destacó especialmente el desempeño de los efectivos que participaron del procedimiento y recordó que fueron reconocidos por las autoridades.

“Es importante valorar el gran trabajo que hicieron estos policías en favor de nuestra sociedad”, manifestó.

Además, brindó estadísticas sobre la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo en la provincia. Desde 2023, se concretaron más de 2.700 procedimientos vinculados al narcomenudeo y otros 29 relacionados con causas de narcotráfico, con un saldo superior a 5.300 personas detenidas.

La jueza federal Analía Graciela Ramponi evitó brindar detalles específicos sobre la investigación al considerar que aún se encuentra en pleno desarrollo.

No obstante, confirmó que se ordenaron diversas medidas probatorias, incluyendo allanamientos realizados en Corrientes y Rosario vinculados al entorno del detenido identificado como Fiordelino.

Como resultado de esos procedimientos complementarios se secuestraron armas de fuego, balanzas de precisión, más estupefacientes, documentación considerada de interés para la causa y cerca de 1,5 millones de pesos en efectivo. Además, se produjo una nueva detención.

De la presentación también participaron la senadora provincial por el departamento Feliciano, Gladys Domínguez, y la diputada provincial María Elena Romero.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia Federal, mientras las autoridades provinciales destacan el procedimiento como un nuevo avance en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en Entre Ríos.

Autoridades de la Municipalidad de Crespo brindaron una conferencia de prensa para aclarar la situación vinculada a un terreno de propiedad municipal ubicado sobre calle Catamarca, entre Kaehler y Buenos Aires, luego de que se viralizara en redes sociales un video en el que una pareja acusa al Estado local de haber demolido una vivienda y retirado pertenencias personales.

La secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano, Vanesa Pusineri, y el asesor letrado municipal, Francisco Ferrer, detallaron el proceso administrativo y judicial que derivó en una orden de desalojo, actualmente en instancia de ejecución.

Según explicó Pusineri, el conflicto se originó durante 2024 cuando una pareja tomó posesión de un terreno que, de acuerdo con la documentación municipal, pertenece al Estado local.

“Cuando el municipio tomó conocimiento de esta situación, se los intimó para que abandonaran el lugar. Al no ocurrir eso, se inició un proceso judicial”, señaló la funcionaria.

La secretaria indicó que las personas involucradas manifestaron haber tenido vínculos familiares con el predio durante su infancia, aunque sostuvo que nunca presentaron documentación que acreditara derechos de propiedad sobre el inmueble.

“Tenemos la obligación de resguardar los bienes del Estado. No podemos permitir este tipo de situaciones porque existen mecanismos legales para acceder a terrenos y viviendas, como los programas municipales de lotes sociales”, expresó.

Por su parte, el asesor legal Francisco Ferrer explicó que antes de acudir a la Justicia existieron instancias de diálogo en las que se solicitó a los ocupantes que acreditaran la titularidad que decían poseer.

“Ante la falta de documentación y la negativa a abandonar el lugar, el municipio inició la acción judicial correspondiente”, indicó.

Según detalló, la causa obtuvo tres resoluciones favorables al municipio en distintas instancias judiciales, hasta llegar al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que recientemente ratificó la posición municipal.

“Hace aproximadamente veinte días se resolvió la última instancia y se confirmó que deben desalojar el inmueble y restituir la posesión al municipio”, afirmó Ferrer.

El letrado agregó que actualmente existe un mandamiento de desalojo radicado en el Juzgado de Paz de Crespo y que se aguarda la fijación de una fecha para concretar la medida.

Durante la conferencia, Ferrer precisó que cuando la pareja ocupó el predio se trataba de un terreno baldío cercado posteriormente por los ocupantes.

Asimismo, explicó que años atrás existió una vivienda precaria en ese lugar, donde habría residido parte de la familia involucrada. Sin embargo, aseguró que esa construcción fue demolida por el municipio en 2019 debido a su avanzado estado de deterioro y al riesgo que representaba para terceros.

“En ese momento no había personas viviendo allí y la estructura estaba más cerca del derrumbe que de ser habitable”, sostuvo.

Consultados sobre el futuro del inmueble, las autoridades señalaron que una vez recuperada la posesión se avanzará en un trámite de usucapión para regularizar formalmente la titularidad municipal.

Según explicó Ferrer, el municipio cumple actualmente casi veinte años de posesión sobre el terreno, plazo que habilitaría el inicio de ese procedimiento judicial.

Además, remarcó que no es posible arribar a acuerdos particulares sobre terrenos públicos porque ello podría generar situaciones similares en otros sectores de la ciudad.

“Tenemos programas de acceso a terrenos y viviendas que funcionan mediante evaluaciones sociales, sorteos y procedimientos transparentes. No podemos establecer excepciones por fuera de esos mecanismos”, manifestó.

Finalmente, desde el municipio señalaron que continúan las gestiones para concretar la restitución del inmueble de la manera más pacífica posible. No obstante, recordaron que el mandamiento judicial contempla la posibilidad de requerir asistencia policial en caso de ser necesario.

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de la División Drogas Peligrosas Nogoyá, en el marco de una investigación por supuesta infracción a la Ley Provincial Nº 10.566 de Narcomenudeo, bajo la órbita de la Unidad Fiscal interviniente y por disposición del Juzgado de Garantías de Nogoyá, a cargo de la jueza María Andrea Cantaberta.

Las medidas judiciales se ejecutaron de manera simultánea el sábado 30 de mayo, a partir de las 17.40, y se extendieron hasta la madrugada del domingo. Para concretar los allanamientos fue necesario un amplio despliegue policial que contó con la colaboración de las divisiones Drogas Peligrosas de Diamante y Rosario del Tala, además del apoyo de grupos especiales de ambas departamentales.

Como resultado de los procedimientos, los investigadores secuestraron un ladrillo de cocaína con un peso de 277 gramos, además de más de 624 gramos de marihuana. También fueron incautados diez teléfonos celulares, una balanza digital, elementos presuntamente utilizados para el fraccionamiento de drogas, un motovehículo y otros objetos considerados de interés para la causa.

En cuanto al dinero secuestrado, la Policía informó que se hallaron 1.075.470 pesos argentinos y 34 dólares estadounidenses.

Durante el operativo fueron detenidos dos hombres y dos mujeres, de 47, 44, 26 y 20 años de edad, quienes quedaron alojados en calidad de incomunicados y a disposición de la Justicia. Asimismo, otras personas fueron correctamente identificadas en el transcurso de las diligencias.

Desde la fuerza policial destacaron que el resultado de la investigación representa un avance significativo en la lucha contra el narcomenudeo en la ciudad y permitirá profundizar las actuaciones judiciales para determinar el alcance de la actividad investigada.

Los procedimientos se realizaron alrededor de las 16:30 en viviendas ubicadas sobre calle Arenales, entre Catamarca y Monte Caseros, en cumplimiento de órdenes emanadas por el Juzgado de Garantías local.

Como resultado de las requisas, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares, una cantidad de clorhidrato de cocaína, bolsas de nylon utilizadas para el fraccionamiento de la sustancia, dinero en efectivo y una motocicleta Motomel de 150 centímetros cúbicos.

Además, fue detenido un joven de 20 años, señalado como principal sospechoso en la causa que investiga la presunta venta y distribución de drogas en la ciudad.

El operativo contó con el apoyo de personal especializado de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Gualeguay y de efectivos del Grupo Táctico, quienes colaboraron en las tareas de seguridad y ejecución de las medidas judiciales.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, el detenido quedó a disposición de la Justicia y deberá afrontar en los próximos días las actuaciones vinculadas a una causa encuadrada en la Ley Provincial de Narcomenudeo.

La investigación continúa con el objetivo de determinar el alcance de la actividad delictiva y la posible participación de otras personas.

De acuerdo con la información oficial, el accidente involucró a una Honda CR-V que circulaba por la Ruta 32 en sentido norte-sur. El vehículo era conducido por un hombre de 79 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 41 años.

Por causas que aún no fueron establecidas, el rodado embistió a un hombre que se encontraba sobre la cinta asfáltica. Como consecuencia del fuerte impacto, la víctima falleció en el lugar.

Durante las primeras actuaciones, efectivos policiales localizaron a escasa distancia de la escena un Citroën Picasso que se encontraba entre las malezas y presentaba evidentes signos de haber despistado.

Las primeras hipótesis indican que el fallecido sería el conductor de ese automóvil. Se presume que, tras el despiste, descendió del vehículo y se encontraba sobre la ruta, aparentemente intentando solicitar ayuda, cuando ocurrió la colisión fatal.

Por disposición del fiscal de turno, trabajaron en el lugar especialistas de la División Accidentología Vial, el médico policial y personal de Bomberos Zapadores, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de los estudios de rigor, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias que derivaron en la tragedia.

El hecho tuvo como destinataria a la Escuela de Educación Técnica Nº 1 “General Francisco Ramírez” de la capital entrerriana y derivó en la suspensión preventiva de las clases durante la jornada del viernes, además de un amplio despliegue policial y judicial para determinar el alcance de la amenaza.

Según se informó oficialmente, la advertencia llegó a través de la Agencia Nacional de Contrainteligencia de la Secretaría de Inteligencia, que canalizó información proporcionada por representantes del FBI en la Embajada de Estados Unidos en Argentina. Los mensajes detectados habrían sido publicados en la plataforma Discord por un menor de edad domiciliado en Paraná, quien manifestaba su intención de realizar un ataque con armas de fuego dentro del establecimiento educativo y luego quitarse la vida.

Ante la gravedad de la situación, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos convocó de inmediato a una Mesa de Situación Interagencial integrada por la Policía provincial, el Ministerio Público Fiscal y autoridades del Consejo General de Educación (CGE), con el objetivo de coordinar las acciones preventivas y de investigación.

A partir del análisis de la información recibida y mediante tareas de investigación tecnológica y de campo, los efectivos lograron identificar al presunto autor de las amenazas, al establecimiento mencionado y al domicilio del menor involucrado.

Mientras avanzaba la investigación, las autoridades educativas resolvieron suspender las actividades escolares para resguardar a estudiantes, docentes y personal de la institución. Paralelamente, se dispuso vigilancia policial permanente en las inmediaciones del edificio ubicado sobre calle Martín Zapata.

Durante la madrugada de este viernes, y por orden de la Justicia, se realizó un allanamiento en la vivienda del adolescente señalado como responsable de los mensajes. Fuentes oficiales indicaron que el procedimiento permitió descartar la existencia de armas de fuego, ya que no se hallaron elementos de ese tipo en el domicilio.

No obstante, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes informáticos para determinar el origen de las publicaciones y establecer las circunstancias en que fueron realizadas.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la rápida intervención de los distintos organismos permitió actuar de manera preventiva y neutralizar cualquier posible riesgo para la comunidad educativa.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia, mientras se analizan los dispositivos secuestrados y se avanza en la reconstrucción de los hechos que motivaron la alerta internacional.