Con el objetivo de reforzar la capacidad operativa de las dependencias policiales del departamento Nogoyá, este viernes 22 de mayo se concretó la entrega formal de un nuevo móvil policial destinado a la Comisaría Crucecitas Tercera.

La incorporación fue comunicada oficialmente por la Jefatura Departamental Nogoyá, que destacó la importancia del nuevo vehículo para mejorar las tareas de patrullaje y presencia territorial dentro de la jurisdicción.

Se trata de una camioneta Ford Ranger, móvil identificable JP 726, que pasará a integrar el parque automotor de la dependencia policial.

La entrega se realizó mediante un sencillo acto protocolar encabezado por autoridades policiales.

Participaron de la actividad:

Durante el encuentro se formalizó la incorporación del nuevo móvil, que ya quedó asignado a la dependencia para tareas operativas y de prevención.

Desde la fuerza policial señalaron que la incorporación representa un aporte significativo para la jurisdicción de Crucecitas Tercera, una zona donde la movilidad y la respuesta rápida son fundamentales para el trabajo diario de prevención.

El nuevo vehículo permitirá:

La disponibilidad de unidades en condiciones adecuadas resulta clave para garantizar una mayor operatividad en áreas de amplia extensión.

Según indicaron desde la Jefatura Departamental Nogoyá, la entrega del móvil se enmarca dentro del plan de restauración, reacondicionamiento y mantenimiento del parque automotor policial.

Estas acciones responden a directivas del Comando Superior de la Policía de Entre Ríos y del Ministerio de Seguridad provincial, orientadas a mejorar la infraestructura operativa de las fuerzas de seguridad.

El objetivo es recuperar y poner en funcionamiento unidades que permitan fortalecer la labor preventiva y el despliegue territorial de cada dependencia.

En la Casa de Gobierno de Entre Ríos se llevó adelante la segunda reunión de trabajo destinada a avanzar en la implementación del Programa Nacional de Descontaminación y Compactación de Vehículos (Prodeco), una iniciativa orientada a fortalecer la gestión ambiental y mejorar el ordenamiento del espacio público en distintas localidades de la provincia.

La jornada tuvo como principal objetivo coordinar la puesta en marcha del programa en los municipios entrerrianos, promoviendo una articulación conjunta entre gobiernos locales y la administración provincial para optimizar recursos y mejorar la capacidad operativa.

El encuentro fue encabezado por el secretario de Justicia, Julián Maneiro, y el secretario de Gobiernos Locales, Ricardo Vales.

Además, participaron intendentes y representantes municipales y departamentales de los departamentos La Paz, Tala, Nogoyá y Diamante.

Durante la reunión se avanzó en la unificación de criterios de actuación y en el diseño de una logística compartida para facilitar las tareas de traslado, tratamiento y disposición final de vehículos en desuso.

Desde el gobierno provincial señalaron que el Prodeco constituye una herramienta fundamental para el cuidado ambiental y la salud pública, teniendo en cuenta el impacto que generan los depósitos de automóviles abandonados.

En ese sentido, remarcaron que la acumulación de rodados fuera de circulación provoca contaminación del suelo y de las napas de agua, además de convertirse en potenciales focos de proliferación de vectores transmisores de enfermedades.

Asimismo, indicaron que la iniciativa busca evitar la ocupación de espacios públicos con chatarra peligrosa y avanzar hacia un manejo más eficiente y sustentable de este tipo de residuos.

El programa nacional apunta además a brindar soluciones integrales para la compactación y disposición final de vehículos secuestrados o abandonados, contribuyendo a mejorar las condiciones ambientales y urbanas en las distintas ciudades entrerrianas.

En medio de la investigación judicial por presuntas irregularidades en el manejo de adicionales dentro de la División 911 de la Policía de Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, firmaron un decreto que introduce cambios en el régimen de Policía Adicional con el objetivo de “optimizar la seguridad pública” y reforzar los controles sobre las tareas extraordinarias realizadas por el personal policial.

La nueva normativa fue rubricada el pasado viernes 8 de mayo y establece una modificación sustancial respecto del sistema vigente hasta ahora. Entre los principales cambios, se prohíbe de manera estricta que efectivos policiales realicen servicios adicionales para entidades públicas o privadas mientras se encuentran cumpliendo funciones ordinarias en sus dependencias.

De esta manera, los agentes solo podrán desempeñar tareas extras durante sus períodos de franco de servicio, eliminando así la posibilidad de combinar horarios de guardia regular con actividades adicionales remuneradas.

Uno de los puntos más relevantes del nuevo decreto es la derogación del sistema conocido como “80/20”, implementado a partir de un decreto provincial del año 2019 y reglamentado posteriormente mediante una resolución administrativa.

Ese esquema habilitaba a que policías realizaran adicionales incluso durante horarios de servicio. Bajo esa modalidad, los efectivos percibían apenas el 20 por ciento del valor correspondiente a la hora adicional, mientras que el 80 por ciento restante era destinado a la denominada “caja policial”.

Con la reforma impulsada por el Ejecutivo provincial, ese mecanismo queda sin efecto. Según establece la nueva normativa, el 95 por ciento del pago generado por los servicios adicionales será destinado directamente al funcionario policial que realice la tarea, mientras que el 5 por ciento restante será utilizado para mantenimiento de recursos logísticos y móviles policiales.

Desde el Gobierno sostuvieron que el objetivo principal de la medida es garantizar que los agentes estén plenamente abocados a sus funciones durante los turnos regulares y evitar situaciones de agotamiento o disminución de la capacidad operativa de las comisarías y dependencias policiales.

La nueva reglamentación señala que la intención es priorizar la seguridad pública y asegurar que el personal policial mantenga una dedicación exclusiva durante los horarios de servicio.

Además, se remarca que las tareas adicionales continuarán siendo voluntarias y requerirán inscripción previa dentro de un registro administrativo, con el objetivo de reforzar los mecanismos de control y transparencia sobre este tipo de prestaciones.

Desde el Ejecutivo provincial consideran que la reforma permitirá ordenar el sistema de adicionales, mejorar la administración de recursos y evitar posibles irregularidades vinculadas al manejo de horas extras dentro de la fuerza.

La decisión del Gobierno provincial se conoció en paralelo a la investigación que se desarrolla por una denuncia presentada por ocho efectivos policiales vinculada al presunto desvío de fondos provenientes de adicionales en la División 911 de la Policía de Entre Ríos.

La causa se encuentra actualmente bajo análisis de la Fiscalía, que continúa evaluando la documentación secuestrada durante los procedimientos realizados la semana pasada en dependencias del 911.

Hasta este miércoles, aún no se habían definido imputaciones concretas en el expediente judicial.

En ese contexto, el comisario Juan Zunino continúa al frente de la División 911, mientras avanza la investigación sobre las presuntas maniobras denunciadas por los uniformados.

Por otra parte, el pasado viernes el juez de Garantías Julián Vergara dictó una medida cautelar que prohíbe que los ocho policías denunciantes sean sometidos a sumarios administrativos mientras se desarrolla el proceso judicial.

La resolución judicial buscó preservar a los efectivos involucrados en la denuncia y garantizar que no existan posibles represalias internas dentro de la fuerza mientras avanza la investigación.

La reforma del régimen de Policía Adicional representa uno de los cambios más importantes en la organización de las tareas extraordinarias dentro de la Policía de Entre Ríos en los últimos años.

El nuevo esquema modifica no solo la distribución económica de los adicionales, sino también la lógica operativa bajo la cual podían realizarse estas tareas, limitando estrictamente su ejecución a períodos de descanso del personal policial.

En el Gobierno entienden que la medida permitirá reforzar controles internos y transparentar el sistema, mientras que la investigación judicial en torno al 911 mantiene bajo observación el funcionamiento administrativo de los adicionales dentro de la fuerza provincial.

La causa se inició días atrás, cuando una mujer denunció a su padre, con quien no convive, acusándolo de haberle infundido temor mediante la utilización de un arma de fuego.

A partir de la denuncia, personal policial de Crespo comenzó una serie de averiguaciones y diligencias investigativas que posteriormente fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía interviniente.

Con los elementos reunidos, la Fiscalía respaldó un pedido de allanamiento y requisa domiciliaria orientado a localizar el arma presuntamente utilizada y reforzar la protección de la denunciante.

La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías Nº 4 de Paraná, a cargo del Dr. Julián Vergara.

El procedimiento se concretó durante la mañana de este sábado en una vivienda ubicada en Barrio Del Rosario, donde una dotación policial realizó una exhaustiva búsqueda.

Como resultado del operativo, los efectivos secuestraron un arma de fuego calibre .38, tipo revólver, además de una vaina servida.

Según se informó oficialmente a Paralel32, los elementos incautados serán remitidos a Policía Científica de Entre Ríos para la realización de las pericias correspondientes en el marco de la investigación judicial en curso.

El operativo fue llevado adelante por personal de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales – Brigada Villaguay, en conjunto con efectivos de la División Drogas Peligrosas, Comisarías Lucas Sud Primera y Segunda y distintas áreas de la Jefatura Departamental.

El procedimiento se desarrolló sobre la Ruta Provincial Nº 20, a la altura del kilómetro 16, donde los uniformados realizaban recorridas preventivas orientadas a reforzar la seguridad y el control en áreas rurales.

Según se indicó oficialmente, durante la inspección los efectivos detectaron a dos ciudadanos realizando actividad cinegética con utilización de perros, sin contar con el permiso habilitante correspondiente ni con autorización del propietario del establecimiento rural donde se encontraban.

Además, los policías constataron la presencia de dos ejemplares de jabalí ya faenados, situación por la cual se procedió a labrar el acta de infracción conforme a la Ley Provincial de Caza Nº 4841.

Desde la fuerza recordaron que dicha normativa regula la actividad de caza en la provincia de Entre Ríos, estableciendo requisitos, restricciones y controles destinados a preservar la fauna silvestre, proteger el equilibrio ambiental y resguardar los derechos de los propietarios rurales.

Asimismo, destacaron que el operativo “Campo Seguro” busca fortalecer la prevención en zonas rurales mediante acciones coordinadas entre distintas dependencias policiales, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad y seguridad a productores y vecinos del departamento.

Según se indicó oficialmente, la medida fue dispuesta luego de que se decretara la rebeldía del imputado en el proceso penal que tramita en su contra. La orden de localización y detención fue emitida por la Fiscalía de Niñas, Niños y Adolescentes de Paraná, a cargo del Dr. Jorge Sueldo.

A partir de la disposición judicial, personal de la dependencia policial de Crespo inició recorridas y tareas de búsqueda en distintos sectores frecuentados habitualmente por el acusado.

Tras varias horas de operativo, una dotación policial logró encontrar al joven en un sector de un inmueble abandonado ubicado en Barrio del Rosario.

De acuerdo a lo informado por la fuerza, a Paralelo32 el imputado no ofreció resistencia durante el procedimiento y fue aprehendido en el lugar.

Posteriormente, fue trasladado hacia la Alcaidía de Tribunales de Paraná, previo paso por la División Antecedentes Personales y la correspondiente revisión médica de rigor.

El detenido permanecerá alojado a disposición de la Justicia, en el marco de las actuaciones judiciales que requerían su comparecencia.

El operativo se desarrolló bajo directivas de la Justicia Federal de Concordia, con intervención del Juzgado Federal a cargo de la doctora Ramponi, la Secretaría Penal del doctor Alan Bergdolt y la Fiscalía Federal encabezada por el doctor Francisco Bernhardt.

Según se informó oficialmente, el procedimiento fue autorizado en el marco del artículo 230 bis del Código Procesal Penal de la Nación, a partir de una “sospecha razonable” detectada durante un control preventivo de rutina y ante la posible existencia de elementos vinculados a un delito.

Durante la requisa de un vehículo Hyundai Santa Fe con patente brasileña, en el que viajaban un hombre y una mujer, los efectivos policiales encontraron una importante cantidad de teléfonos celulares ocultos en distintos sectores de la carrocería del automóvil.

En total, fueron secuestrados 290 teléfonos nuevos de diferentes marcas y modelos, cuyo valor estimado asciende a 65 millones de pesos.

Además del cargamento, la Justicia Federal dispuso el secuestro del vehículo utilizado para el traslado de la mercadería, así como también de los teléfonos personales de los ocupantes del rodado.

Las dos personas que se desplazaban en el automóvil fueron correctamente identificadas y quedaron supeditadas al avance de la causa judicial que continúa en etapa investigativa.

Desde la Jefatura Departamental Victoria informaron que fueron detenidos los dos hombres que permanecían prófugos en el marco de la investigación por el ataque armado ocurrido el pasado 25 de marzo en la zona de islas del departamento Victoria, donde un hombre de 67 años resultó herido por disparos de arma de fuego.

De acuerdo a la información oficial, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal logró, tras diversas tareas investigativas, identificar a los tres hombres que habrían participado de la agresión, todos oriundos de la ciudad de Rosario.

La investigación ya había permitido, el pasado 9 de abril, la detención de uno de los sospechosos, un hombre de 38 años, en un procedimiento realizado con colaboración de la Prefectura Naval Argentina en la localidad de Arroyo Seco.

Ese acusado permanece actualmente con prisión preventiva en la unidad carcelaria local mientras avanza la causa judicial.

En continuidad con las pesquisas, este martes a las 5:30 de la madrugada se concretaron nuevos allanamientos en las ciudades de Villa Gobernador Gálvez y Rosario.

Los operativos fueron llevados adelante por efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Victoria, con colaboración de la Compañía de Tropa de Operaciones Especiales (TOE).

Como resultado de las medidas judiciales, se logró la detención de los dos prófugos restantes, hombres de 33 y 36 años, quienes quedaron a disposición de la magistratura interviniente.

El hecho investigado ocurrió en marzo en la zona de islas del departamento Victoria, cuando la víctima, un hombre de 67 años, fue atacada con disparos de arma de fuego por parte de tres individuos.

El hecho ocurrió en una vivienda de calle La Rioja, en la ciudad de Diamante, donde efectivos del Comando Radioeléctrico fueron alertados sobre la presencia de un hombre mayor de edad en un estado de fuerte exaltación emocional.

Al arribar al lugar, el personal policial constató la situación y, en conjunto con residentes de la vivienda, procedió a aplicar el Protocolo de Salud Mental previsto para este tipo de intervenciones.

Según se indicó, mediante la implementación de técnicas específicas se logró contener la situación y reducir el estado de crisis del individuo. Posteriormente, con la llegada del personal sanitario, se concretó su traslado al Hospital San José, donde recibió atención integral psico-física.

El primer aviso a la Policía dio cuenta de un supuesto accidente vial: un camionero habría atropellado a la víctima sin advertir el hecho y continuado su marcha. El cuerpo de Cecilia quedó tendido sobre la cinta asfáltica. “El hecho se conoció alrededor de la 1, cuando personal policial tomó intervención ante la presencia de una persona sin vida”, informó el diario El Debate Pregón.

Sin embargo, con el avance de las primeras pericias comenzaron a surgir dudas sobre esa versión inicial.

La causa quedó a cargo de la fiscal Mariángeles Schell, quien se hizo presente en el lugar y ordenó la realización de una autopsia. Además, dispuso una serie de medidas que permitieron avanzar en la reconstrucción del hecho.

El conductor del camión, un hombre de unos 50 años que trabaja para una empresa de Crespo, no se detuvo tras el episodio. Fue localizado horas más tarde en las cercanías de General Galarza y quedó detenido con prisión preventiva en la Jefatura de Policía de Gualeguay.

Con el correr de las horas, la hipótesis de un simple accidente comenzó a perder fuerza. Una de las líneas investigativas apunta a que la víctima habría mantenido un encuentro previo con el camionero y que, tras una discusión vinculada al pago de un servicio sexual, el hombre intentó retirarse.

Según la reconstrucción preliminar, Cecilia habría intentado impedir su partida tomándose del vehículo, momento en el cual fue arrastrada y posteriormente atropellada. De confirmarse esta secuencia, se descartaría definitivamente la hipótesis accidental.

El caso generó una fuerte reacción de organizaciones sociales. Desde Diversidad Gualeguay exigieron que la causa sea investigada con perspectiva de género y diversidad, y que no se reduzca el hecho a un siniestro vial.

“Cecilia murió trabajando. Murió expuesta a la violencia y a la precariedad que enfrentan tantas compañeras trans”, expresaron en un comunicado. También reclamaron que, en caso de comprobarse un móvil vinculado al odio por identidad de género, el hecho sea calificado como travesticidio o transfemicidio.

La organización subrayó además la necesidad de políticas públicas que garanticen condiciones de vida dignas para la población trans, señalando que muchas personas continúan expuestas a situaciones de extrema vulnerabilidad.

Por el momento, la Fiscalía no ha definido una calificación legal definitiva, aunque se confirmó que la investigación sigue abierta bajo múltiples hipótesis. Las pericias, testimonios y resultados forenses serán claves para determinar las responsabilidades y el encuadre judicial del caso.

Mientras tanto, familiares de la víctima —dos hermanos residentes en Buenos Aires— trasladaron sus restos para su sepultura.

El gobierno de Entre Ríos avanza en la implementación de medidas para enfrentar la creciente cantidad de amenazas en establecimientos educativos. En ese marco, se analiza que los padres o tutores de menores identificados como responsables deban asumir los costos de los operativos policiales, a través de acciones de reparación civil por daños y perjuicios.

La iniciativa fue abordada en una reunión interministerial e interdisciplinaria que reunió a autoridades del Consejo General de Educación (CGE), la Policía provincial, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y el área de Justicia. Del encuentro participaron el presidente del CGE, Carlos Cuenca; el jefe de Policía, Claudio González; el secretario de Justicia, Julián Maneiro; y el juez penal de Niños y Adolescentes, Pablo Barbirotto, entre otros funcionarios.

Durante la reunión se definieron acciones legales y económicas orientadas a recuperar los gastos que generan este tipo de amenazas, muchas veces vinculadas a falsas alarmas de bomba o tiroteos. Según explicaron, cada activación de protocolos implica un importante despliegue de recursos humanos, tecnológicos y logísticos.

“Ese despliegue, provocado por una conducta irresponsable, configura un daño patrimonial que el Estado no tiene por qué absorber”, señalaron las autoridades, al remarcar el impacto que estos operativos tienen sobre los recursos públicos.

La propuesta se sustenta en lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación, que en sus artículos 1753 y 1755 fija la responsabilidad civil de los progenitores o responsables legales por los hechos cometidos por menores de edad. Bajo este encuadre, la provincia buscará que las familias de los estudiantes ya identificados en causas judiciales afronten los costos derivados de los operativos.

Desde el gobierno provincial destacaron que, si bien las sanciones penales pueden verse limitadas por la edad de los menores, la vía civil permite avanzar en el recupero de los gastos ocasionados.

De acuerdo con estimaciones presentadas en el encuentro, el costo total de los operativos realizados ante amenazas supera los 250 millones de pesos. Este cálculo incluye la movilización de móviles policiales, brigadas especializadas —como explosivos—, personal y horas de trabajo que se detraen de tareas preventivas.

Además, se informó que gracias al trabajo de inteligencia tecnológica de la policía, ya se logró identificar a la mayoría de los autores de amenazas registradas en distintas localidades.

Desde la mesa de seguimiento, de la cual también forma parte el Copnaf, se hizo un llamado a las familias para reforzar el control sobre el uso de dispositivos digitales por parte de niños y adolescentes.

“No estamos ante una broma estudiantil, sino ante un delito penal que genera alarma pública y un gasto innecesario de recursos que deberían destinarse a la prevención del delito real”, concluyeron las autoridades.

La medida, aún en evaluación, busca no solo sancionar económicamente estas conductas, sino también generar conciencia social sobre la gravedad de este tipo de acciones.

Según el parte oficial, una joven que se desplazaba en un motocicleta intentó evadir el control al advertir la presencia policial. En el marco de esa maniobra, terminó impactando contra una funcionaria perteneciente a la Sección 911 y Video Vigilancia, tras lo cual se dio a la fuga.

Ante la situación, personal policial motorizado inició un seguimiento controlado que se extendió por más de 15 cuadras, logrando interceptar a la conductora en la intersección de calles San Martín y Laprida. En el procedimiento también intervino personal de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, quienes colaboraron en la aprehensión.

La situación fue puesta en conocimiento de la Unidad Fiscal en turno, que dispuso las actuaciones correspondientes. La joven, de 15 años, fue trasladada a la dependencia policial para luego ser entregada a sus progenitores, previo examen médico.

En tanto, el motovehículo fue retenido y se labraron las actas correspondientes. La funcionaria policial que resultó embestida fue derivada al hospital local, donde se le diagnosticaron lesiones de carácter leve, específicamente un traumatismo en una de sus manos.

Desde la Jefatura Departamental de Diamante se informó que personal policial de la Comisaría de Colonia Ensayo continúa desarrollando una estrategia operativa basada en retenes de control y presencia rotativa en distintos horarios, con el objetivo de reforzar la prevención en los loteos de la zona, mediante la identificación de personas y vehículos en tránsito.

En este marco, durante la noche del viernes, y como resultado de uno de estos procedimientos, efectivos policiales llevaron adelante la identificación rutinaria de un individuo en inmediaciones de un local comercial ubicado sobre la Ruta Nacional 11.

Al verificar sus datos, constataron que el hombre poseía un pedido de captura vigente en una causa vinculada a delitos contra la integridad sexual, requerido por uno de los Juzgados de Garantías de Paraná.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención a las autoridades judiciales competentes, quienes dispusieron la detención del individuo, de 44 años de edad y domiciliado en la capital provincial.

El sujeto fue puesto a disposición del órgano judicial interviniente y posteriormente trasladado hacia la Alcaidía de Tribunales en Paraná, donde permanecerá alojado a la espera de nuevas disposiciones en la causa.

El procedimiento se inició a partir de un llamado recibido en la Sala de Comando Radioeléctrico, que alertaba sobre un accidente en la zona. Al arribar al lugar, los efectivos constataron el despiste y posterior vuelco de una camioneta Volkswagen Amarok.

El vehículo era conducido por un hombre de 57 años de edad, oriundo de Villa Elisa, quien circulaba en sentido Oeste-Este y lo hacía sin acompañantes. Según las primeras manifestaciones recabadas en el lugar, el conductor habría perdido el control del rodado, impactando contra un puente y precipitándose desde el mismo.

Como consecuencia del siniestro, el conductor presentaba dolencias de carácter leve. Por este motivo, se solicitó la presencia de una ambulancia para su atención médica preventiva en el lugar.

En tanto, se iniciaron las actuaciones correspondientes con el fin de establecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Según se informó desde la Comisaría Crespo, el hecho fue alertado a través de un llamado telefónico recibido en la dependencia, lo que motivó el inmediato envío de un móvil policial al lugar. Al arribar, los efectivos constataron que la menor había quedado debajo del rodado tras el impacto, aunque se encontraba consciente.

El camión era conducido por un hombre mayor de edad domiciliado en Aldea Protestante, quien relató que se encontraba detenido en el semáforo sobre calle Rivadavia y que, al iniciar una maniobra de giro hacia la derecha para incorporarse a Irigoyen, escuchó un grito. En ese momento detuvo la marcha, descendió del vehículo y advirtió que la joven se encontraba debajo del camión.

La adolescente, que se movilizaba en bicicleta por calle Rivadavia en el mismo sentido de circulación que el camión, no se habría percatado de la maniobra de giro que estaba anunciando el vehículo de mayor porte, por lo cual terminó casi delante del rodado siendo embestida. Fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada en ambulancia hacia la Clínica Parque, donde quedó internada. Los primeros informes médicos indicaron que presenta fractura de fémur izquierdo y pelvis, aunque se encuentra estable.

Tras el siniestro, se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso el inicio de actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho. Asimismo, se solicitó la intervención del gabinete de Accidentología Vial de la Policía Científica, que trabajó en el lugar realizando las pericias pertinentes.

En paralelo, se ordenó la extracción de muestras de sangre y orina al conductor del camión, como parte de los procedimientos habituales en este tipo de casos.

En la escena también colaboraron agentes de Tránsito Municipal, quienes asistieron en la organización de la circulación vehicular mientras se desarrollaban las tareas periciales.

El Gobierno de Entre Ríos puso en marcha un nuevo trámite digital que permite a los conductores gestionar la constancia que acredita que la Verificación Técnica Vehicular (VTV) no es obligatoria dentro del territorio provincial. La iniciativa se enmarca en el proceso de modernización del Estado y busca simplificar gestiones para los ciudadanos.

La medida está destinada a vehículos particulares radicados en la provincia, cuyos titulares tengan domicilio en Entre Ríos. A través de la plataforma Mi Entre Ríos, los usuarios pueden obtener de manera online el certificado que avala la exención de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), conocida como VTV en otras jurisdicciones.

El ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, destacó que la incorporación de este trámite representa “un paso más en el proceso de digitalización” impulsado por la gestión provincial. En ese sentido, remarcó que la iniciativa se suma a otras medidas recientes, como la digitalización de turnos de salud, la simplificación de trámites en ATER y la implementación del sistema SUBE en el transporte público.

Por su parte, el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza, subrayó que el trámite es ahora “100% digital” y puede completarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Según explicó, anteriormente el procedimiento debía realizarse de manera presencial, incluso en puestos camineros, lo que implicaba mayores demoras para los usuarios.

En la misma línea, el secretario de Transporte, Aníbal Steren, señaló que la digitalización forma parte de un trabajo articulado entre distintas áreas del Estado provincial. Además, aclaró que se continuará controlando que las empresas de transporte cumplan con la revisión técnica obligatoria, mientras se facilita la gestión para los particulares.

Cabe recordar que, mediante el Decreto N° 4331/98, la Revisión Técnica Obligatoria se encuentra suspendida en Entre Ríos. Sin embargo, la constancia resulta necesaria para circular por rutas nacionales o en otras provincias donde la VTV sí es exigida. El certificado tiene una vigencia de 120 días desde su emisión y se otorga de manera gratuita.

Para obtener la constancia, los interesados deben ingresar a la plataforma Mi Entre Ríos —o utilizar su aplicación móvil—, seleccionar la opción “Nuevo trámite” y buscar “Constancia de excepción de Revisión Técnica Vehicular (VTV)”. Luego deberán completar el formulario con los datos solicitados y adjuntar imágenes del DNI del titular y de la Tarjeta Verde del vehículo.

Una vez aprobado, el sistema enviará el documento en formato PDF, listo para su descarga, impresión y presentación ante los controles correspondientes.

El Gobierno de Santa Fe notificó este lunes por primera vez a los padres de un menor identificado como autor de una amenaza a una escuela, en el marco de un procedimiento para recuperar los costos de los operativos policiales. La intimación fue por un monto de 6.024.944 pesos, que deberán abonar como responsables solidarios.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó que la medida formó parte de una acción patrimonial y administrativa destinada a resarcir el gasto público generado por este tipo de hechos. Según indicó, la Policía llevó adelante la notificación durante la mañana y, en ese momento, el padre reaccionó con la frase: “Cara la jodita”.

Cococcioni informó que ya se logró identificar a los responsables de 58 hechos, lo que implica más de 70 personas involucradas, ya que en algunos casos hay múltiples autores o adultos responsables.

Las notificaciones incluyen el detalle del monto adeudado y los medios de pago. Los responsables cuentan con un plazo de cinco días para cancelar la deuda; en caso contrario, los antecedentes son remitidos a la Fiscalía de Estado para su ejecución.

“A medida que la Fiscalía valida las identidades, se identifica a los responsables y se emiten automáticamente las intimaciones”, señaló. De acuerdo con estimaciones oficiales, el monto total a reclamar por estos casos superaría los 250 millones de pesos y podría incrementarse con nuevas validaciones.

El ministro aclaró que se trata de una indemnización civil destinada a reparar el daño ocasionado, y no de una sanción penal. En ese sentido, explicó que el procedimiento se rige por el Código Civil y Comercial y el Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, lo que habilita medidas como embargos o inhibiciones de bienes.

Finalmente, precisó que el monto se calcula en función de los recursos utilizados en cada operativo, como combustible, móviles policiales, brigadas especializadas y horas de servicio. “No es ni un peso más ni un peso menos que el costo exacto que el operativo tuvo para los santafesinos”, concluyó.

En Entre Ríos fueron 180 las amenazas en establecimientos educativos, lo que proyecta una probabilidad de más de doscientos involucrados y permite concluir en cifras millonarias gastadas en operativos por las “joditas” que conmovieron a las distintas comunidades educativas.

El titular del Consejo General de Educación de Entre Ríos, Carlos Cuenca, confirmó el jueves a Paralelo32, que nuestra provincia también está implementando medidas correctivas para estos casos: Estamos analizando eso, ya tomamos la decisión de multarlos a los padres y tutores en estos casos. Lo que no tenemos definido todavía es el monto de lo que se cobraría”.

El funcionario adelantó a nuestro medio que ya cuentan con el OK del gobernador Frigerio y probablemente el lunes próximo convocarán a una reunión interdisciplinaria e interministerial para darle forma a la decisión.

El operativo se realizó en cumplimiento de un oficio emanado por el Juzgado de Garantías de Victoria, que dispuso el allanamiento y requisa domiciliaria en una vivienda ubicada en la intersección de calle Viamonte y Cortada La Virgen, en barrio Quinto Cuartel de la ciudad de Victoria.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron tres teléfonos celulares, envoltorios que contenían clorhidrato de cocaína y cannabis sativa, además de recortes y otros paquetes con sustancias estupefacientes, elementos que serían de interés para la causa en curso.

Asimismo, se concretó la detención de tres personas: un hombre de 47 años, su pareja de 38 y la madre del primero, de 66 años. Todos quedaron a disposición de la Justicia y serán imputados en los próximos días por presunta comercialización y distribución de drogas, en el marco de la Ley Provincial de Narcomenudeo.

Del operativo participaron también efectivos de la Guardia Especial, Comisaría Quinto Cuartel y Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, quienes brindaron apoyo en el despliegue.

Desde la Policía de Entre Ríos destacaron que este tipo de intervenciones forman parte de una política sostenida de lucha contra el narcotráfico a pequeña escala, y remarcaron el compromiso institucional de continuar trabajando en la prevención de este delito, dando respuesta a las inquietudes de los vecinos de la comunidad.

El hecho que dio origen a la intervención policial ocurrió alrededor de las 00:30 del domingo, cuando efectivos fueron alertados sobre un incidente en una vivienda del barrio Guadalupe. En ese contexto, un joven de 22 años manifestó que, mientras se encontraba reunido con amigos, un conocido irrumpió en el domicilio y lo habría amenazado apuntándole con un arma.

A partir de esa denuncia, el Área de Investigaciones de la dependencia inició tareas tendientes a reunir pruebas que permitieran identificar al sospechoso y determinar la existencia del arma mencionada. Con los elementos recabados, se solicitó una orden de allanamiento, medida que fue avalada por la fiscal Clarisa Aiello y autorizada por la jueza de Garantías N°6, Elisa Zilli.

El procedimiento se concretó durante la tarde del mismo domingo en un domicilio de esta ciudad. Como resultado de la requisa, el personal policial secuestró un teléfono celular —que será sometido a pericias—, sustancia que tras los test de campo realizados por la División Drogas Peligrosas arrojó resultado positivo para cannabis sativa, y un picador.

Todos los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia. En tanto, a raíz de los hallazgos, la Fiscalía dispuso la detención del morador de la vivienda, un hombre de 27 años, quien fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales de Paraná, donde permanecerá alojado luego de cumplimentarse las diligencias de rigor.