El ex gobernador Gustavo Bordet insistirá durante este período de sesiones en el Congreso con un proyecto de régimen especial impositivo para las Pymes ubicadas en zonas de frontera en función de la apertura indiscriminada de las importaciones. Pidió el acompañamiento de todos los bloques legislativos y aclaró que la iniciativa no implica un costo fiscal adicional.

Este martes el diputado nacional de Unión por la Patria expuso frente a sus pares de las comisiones de Comercio y Pymes, y de representantes de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), quienes han manifestado su respaldo al proyecto del legislador entrerriano.

Durante su exposición, Bordet remarcó la necesidad de avanzar en una “armonización de fronteras” que permita dar previsibilidad a las economías regionales. “Las ciudades de frontera viven en permanente asimetría. A veces favorece a un lado del río y otras al otro.

Necesitamos mecanismos compensatorios que estabilicen esa dinámica y eviten el cierre de pymes”, sostuvo.

El legislador entrerriano también subrayó que el proyecto no implica un costo fiscal adicional: “Los mecanismos de compensación se equilibran con la reducción de la informalidad. Es una herramienta para ordenar la actividad y mejorar la competitividad sin generar desequilibrios”.

Asimismo, pidió el acompañamiento de todos los bloques políticos para avanzar en un dictamen favorable: “No es una idea aislada, nuestros países vecinos ya cuentan con herramientas similares. Necesitamos igualdad de condiciones para que nuestras pymes puedan crecer”.

En representación de CAME, el director de la Comisión de Fronteras e Ilegalidad, Antonio Fabián Hryniewicz, graficó con crudeza la situación que atraviesan las zonas limítrofes. “Nos llaman desde Clorinda diciendo que las vidrieras amanecen con mercadería del Paraguay. Ese escenario se replica en todas las localidades fronterizas del país”, advirtió.

Hryniewicz señaló que la problemática excede lo comercial y está vinculada al crecimiento de la informalidad y el contrabando: “Hoy nuestras rutas nacionales se han convertido en verdaderos corredores de tráfico ilegal de mercadería. Esto ocurre en todo el país, desde Formosa hasta Mendoza”.

En ese sentido, citó datos del Foro Económico Mundial para dimensionar el fenómeno: “La economía informal e ilegal en Argentina alcanza niveles alarmantes y llega a representar una porción mayoritaria del movimiento económico. Esto es insostenible para cualquier esquema productivo formal”.El referente de CAME respaldó el proyecto de Bordet al considerar que “plantea soluciones concretas a problemas estructurales”, y destacó que no afectará el equilibrio fiscal: “Los mecanismos de compensación ya existen en países como Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile. No generan déficit, sino que ordenan lo que hoy ocurre de hecho: el contrabando permanente”.

Además, remarcó la urgencia de avanzar en una legislación específica: “Es inadmisible que en pleno siglo XXI Argentina no tenga una ley de comercio de fronteras. La ilegalidad es como un cáncer que, si no se trata, termina afectando a toda la economía”.

Finalmente, puso en valor el impacto del sector: “Las pymes representan el 90% del entramado productivo y generan el 90% del empleo. Si no abordamos este problema, estamos comprometiendo el desarrollo y el trabajo en todo el país”.

Durante la reunión, los funcionarios analizaron el estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia, con especial énfasis en aquellas obras que se encuentran en ejecución y en las que se prevé finalizar en el corto plazo. En ese marco, destacaron el avance de la Ruta Nacional 18, considerada estratégica para mejorar la conectividad y potenciar el desarrollo productivo de Entre Ríos.

Otro de los ejes del encuentro fue la situación financiera de la provincia. En este sentido, dialogaron sobre la posibilidad de incrementar los recursos destinados a saldar la deuda de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, así como también la opción de acceder a anticipos de coparticipación tanto para la administración provincial como para aquellos municipios que lo requieran.

En materia fiscal, Frigerio y Caputo coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un acuerdo integral entre Nación, Provincia y municipios para eliminar impuestos considerados distorsivos. La iniciativa apunta a generar un esquema más equilibrado que favorezca la actividad económica y promueva el desarrollo regional.

El encuentro forma parte de una serie de gestiones que el gobierno entrerriano viene impulsando ante autoridades nacionales con el objetivo de fortalecer la infraestructura, ordenar las cuentas públicas y mejorar la competitividad de la provincia.

Bajo el título “Carta abierta a los entrerrianos y entrerrianas. El desafío de los municipios en Entre Ríos”, el documento alerta sobre un escenario que ya comienza a sentirse en distintas ciudades: servicios que se demoran, obras que se paralizan y mayores dificultades para dar respuestas básicas a los vecinos.

En el texto, los concejales remarcan que los gobiernos locales —por ser el nivel del Estado más cercano a la ciudadanía— son los primeros en recibir el impacto de la crisis social y económica.

“Ante la baja del consumo o la inestabilidad laboral, las familias no acuden a una idea abstracta, sino a su municipio”, sostienen. Sin embargo, advierten que mientras las demandas crecen, los recursos “se estancan o se reducen”, lo que genera un margen de acción cada vez más limitado.

La carta detalla algunas de las consecuencias concretas de esta situación. Entre ellas, mencionan servicios resentidos, con demoras en respuestas que antes eran ágiles, y la paralización de obras públicas, lo que —afirman— no solo afecta la infraestructura sino también la economía local y el empleo.

Además, cuestionan lo que definen como una “descentralización sin fondos”, es decir, la transferencia de responsabilidades a los municipios sin el acompañamiento financiero necesario. “No es autonomía, es una carga inviable”, remarcan.

Desde la Liga señalan que su planteo no responde a una discusión ideológica sobre el tamaño del Estado, sino a la necesidad de que funcione de manera eficiente en el territorio.

“No buscamos un Estado grande o chico, sino un Estado que funcione donde importa: en lo cercano”, expresaron, al tiempo que insistieron en la importancia de garantizar herramientas y recursos para sostener la gestión cotidiana.

Finalmente, advirtieron que el desarrollo provincial está directamente ligado a la capacidad de los municipios de sostenerse y dar respuestas: “No habrá una Entre Ríos pujante si sus ciudades no pueden sostenerse”.

El documento concluye con un llamado a tiempo para corregir el rumbo y evitar un deterioro mayor en la calidad de vida de las comunidades entrerrianas.

Victoria.- La semana pasada hubo movimientos en la justicia local. El martes 7 a las 8:00 horas se llevó a cabo una audiencia con el acusado por estafa Ramón Piedrabuena, que finalmente se abstuvo de declarar. A las 9:00 el municipio se presentó en audiencia solicitando una copia de la causa que se sigue por obras y manejo de dinero en dólares durante la gestión Maiocco, y las 10:00 horas la imputación de enriquecimiento ilícito contra Rubén Darío Garcilazo.

Según datos recabados por Paralelo32 en distintos estamentos judiciales y de particulares, la causa por enriquecimiento ilícito contra el ex intendente R.D. Garcilazo avanza hacia un juicio oral, según lo determinó el juez, quien definirá las pruebas que serán admitidas. Por otro lado, la defensa presentó dos testigos, cuestión que deberá ser resuelta por el magistrado, aunque esto podría causar un retraso en el proceso.

Esta causa se encuentra en etapa previa a su elevación al tribunal, luego de que en una audiencia reciente se habrían admitido las pruebas presentadas por las partes.

Según una de nuestras fuentes, el proceso ya había sido elevado a juicio en una instancia anterior, por lo que en esta nueva audiencia el eje estuvo puesto en definir qué elementos probatorios podrán ser utilizados durante el debate. De acuerdo a los datos recabados, tanto la fiscalía como la defensa, realizaron sus respectivos ofrecimientos, incluyendo testigos y documentación, y de acuerdo a la misma fuente no hubo objeciones relevantes entre las partes.

De acuerdo al procedimiento, ahora será el juez de garantías quien resuelva, en los próximos días, cuáles de esas pruebas serán finalmente admitidas y cuáles quedarán excluidas. Una vez tomada esa decisión, la causa será remitida directamente al tribunal de juicio para continuar con el proceso, que se realizará ante la Cámara del Crimen de Gualeguay.

En este contexto, todo indica que no se solicitó una suspensión de juicio a prueba ni otro tipo de acuerdo alternativo, es decir las conocidas probation, que permitiría al imputado cumplir con la ley realizando tareas o ayuda comunitaria. Según la normativa y de acuerdo a la naturaleza del delito investigado, que involucra a un funcionario público en ejercicio de sus funciones, no hay otra posibilidad de evitar el juicio.

Por otra parte, también se brindaron precisiones sobre otra causa que generó repercusión en los últimos días, vinculada a los nombres ex Intendente Domingo Maioco, ex Secretario de Gobierno y Hacienda Sergio Navoni y funcionarios de obras Matías Bardou y Hugo Jara. Entre los puntos cuestionados se encuentran obras de 5 cuadras de asfalto en calle 25 de Mayo, trabajos vinculados a la terminal de ómnibus y la utilización de fondos provenientes de un préstamo en dólares, por denuncia presentada por particulares y la actual gestión municipal. Se trata de elementos que puede tipificarse como incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Esta semana en distintos medios se comunicó que se celebraría una audiencia con los exfuncionarios por los casos descriptos. Esto no ocurrió y en realidad, por la misma causa se llevó a cabo una audiencia, aunque no en los términos que trascendieron públicamente. Fue convocada a partir de un pedido del Ejecutivo municipal al solo efecto de acceder al expediente judicial de la causa en cuestión.

La información que maneja Paralelo32 es que desde la fiscalía se rechazó esa solicitud, al considerar que el organismo no acreditó un interés legítimo que le permita acceder a la documentación, dado que en el proceso penal solo pueden hacerlo las partes involucradas: fiscalía, imputados, defensores y eventualmente querellantes, según lo explicado por un abogado. ”No se pueden facilitar copias a terceros” según la norma, indicó nuestro asesor.

Sucede que, si bien el municipio fue denunciante, su rol no lo habilita automáticamente a acceder al expediente completo. No obstante, en fuentes oficiales se nos indicó que en cambio se le brindó información general sobre el estado de la causa, tal como lo establece la normativa vigente.

Tras este rechazo, el ejecutivo municipal recurrió al juez de garantías, quien deberá definir si corresponde o no autorizar el acceso solicitado. Esa resolución aún se encuentra pendiente.

A la par de todo esto, se confirmó que el próximo 30 de abril se llevará adelante una audiencia clave en esa misma causa, en la que se analizará un pedido de sobreseimiento presentado por una de las partes.

La investigación tiene su origen en una denuncia inicial impulsada por un particular, a la que posteriormente se sumó una presentación de la actual gestión municipal. Entre los puntos cuestionados se encuentran obras de asfaltado –5 cuadras en calle 25 de Mayo-, trabajos vinculados a la terminal y la utilización de fondos provenientes de un préstamo en dólares.

En particular, se analiza si esos recursos fueron utilizados conforme a los destinos establecidos por ley, que incluían la compra de maquinaria, la construcción de la Casa de la Mujer y distintas etapas del edificio de la terminal.

Desde la defensa sostiene que los trámites fueron realizados con total transparencia, con dictámenes del ex asesor letrado, Eduardo Ruda, y toda la documentación obrante se puede encontrar en el municipio, además hacen hincapié en que no existe daño para el municipio, una figura penal que implica responsabilidad de funcionarios. Además, sostienen que esto representó un incremento de los bienes del Estado municipal porque incorporar nueva infraestructura que no existía. Lo contrario habría sido una acelerada desvalorización del dinero, algo inadmisible para el sentido común.

De esta manera, ambas causas continúan su curso con definiciones pendientes que serán claves para determinar su avance y posible resolución en sede judicial.

La jornada fue presidida por Jacinta Eberle, junto al secretario legislativo Carlos Holzheuer. Estuvieron presentes los ediles del bloque Frente Crespo Nos Une – Juntos por Entre Ríos: Beltrán Cepeda, Glenda Kihn, Valeria Torresín, Aníbal Lanz, José Cena y Sebastián Ramírez; y por el bloque Crespo en Marcha – Más por Entre Ríos: Luciano Recca, Silvia Ledesma, Juan Pablo Motta y Nancy Eichhorn. Se informó la ausencia de Juana Gómez por licencia médica.

Durante la sesión, el cuerpo legislativo aprobó por unanimidad una serie de iniciativas incluidas en el orden del día. Entre ellas, se destacan proyectos de ordenanza vinculados a obras públicas, regularización dominial y desarrollo urbano.

Se autorizó, por vía de excepción, la conformación de un consorcio para la ejecución de cordón cuneta con base compactada y pavimento en calle Matilde Isabel González. Asimismo, se aprobaron distintas escrituras traslativas de dominio para vecinos de la ciudad, así como la cesión de derechos de adjudicación de un inmueble.

También se dio luz verde a la venta de una fracción de terreno en el Parque Industrial de Crespo, en una medida orientada a promover la actividad productiva local.

En el plano cultural y educativo, se declaró de interés la charla y muestra “Malvinas: los héroes crespenses que volaron a la gloria”, a cargo del profesor Claudio Schulz.

Por otra parte, se aprobó la designación de nuevos espacios públicos: “Plaza San José” y “Plaza La Paz”, ubicados en distintos sectores de la ciudad.

En tanto, fue aprobado por mayoría —con nueve votos afirmativos y una abstención— el proyecto de resolución que declara de interés educativo la presentación de los libros “El futuro no es mañana, es ayer” y “Hackeando a la vida”, del autor Daniel Giosa.

En el tramo final de la sesión, se rechazaron los pedidos presentados por los vecinos Ricardo Schimpf y Diego Hess mediante proyectos de resolución.

Asimismo, el bloque Más por Entre Ríos impulsó una moción de orden para retirar del temario un proyecto que proponía la adhesión al programa “Municipios en Acción” de la SEDRONAR.

Durante el espacio de manifestaciones, la concejal de ‘Más para Entre Ríos’, Silvia Ledesma realizó una intervención crítica hacia el diputado nacional Darío Schneider. En su exposición, cuestionó sus recientes posicionamientos políticos, particularmente su voto a favor de la reforma de la ley de glaciares, al considerar que implica un alejamiento de los principios históricos del espacio político al que pertenece.

"Solicito el uso de la palabra en el marco del artículo 44.Quiero referirme al accionar del diputado nacional Darío Schneider, quien llegó a la política desde el radicalismo, un espacio con una historia clara en la defensa de lo público y de determinados valores, como también lo es el justicialismo, desde donde muchos de nosotros sostenemos la defensa de los derechos y de los intereses de nuestro pueblo.Sin embargo, sus posicionamientos recientes muestran un alejamiento evidente de esa identidad. No estamos hablando de una diferencia puntual, sino de un cambio de rumbo que muchos, incluso dentro de su propio espacio, no comparten.Y un ejemplo concreto de esto es su voto a favor de la reforma de la ley de glaciares, una decisión que impacta directamente sobre un recurso estratégico y patrimonio de todos los argentinos.Cuando alguien construye su trayectoria sobre ciertos principios, la sociedad espera coherencia. Y cuando esa coherencia se rompe, es legítimo decirlo.Porque la sociedad distingue perfectamente entre quienes sostienen una identidad política y quienes la abandonan cuando cambian los vientos.Y cuando alguien abandona esas banderas, deja de representar una historia… y pasa a representar solamente una conveniencia.”

La sesión reflejó una agenda diversa, con consensos en temas de gestión local y también momentos de debate político, en un contexto de articulación entre distintas fuerzas dentro del ámbito legislativo municipal.

El estudio, correspondiente a abril de 2026, señala que la presión tributaria en el país alcanzó el 27,6% del PBI en 2024, por debajo del promedio de los países de la OCDE, que se ubicó en 34,1%. De este modo, la brecha volvió a superar los seis puntos porcentuales tras 17 años, aunque Argentina continúa por encima del promedio de América Latina.

Uno de los principales factores detrás de la reducción reciente fue la eliminación del impuesto PAIS, que entre 2023 y 2025 dejó de representar 0,79 puntos del PBI. En paralelo, los denominados impuestos de emergencia —como el impuesto al cheque y los derechos de exportación— redujeron su peso en la recaudación total al 12% en 2025, frente al 17% registrado en 2024, alcanzando uno de los niveles más bajos desde 2004.

Otro elemento clave fue la desaceleración inflacionaria. Según el informe, la inflación medida por el índice de precios implícito del PBI se ubicó en 39,1% en 2025, el valor más bajo desde 2017. Esto redujo el denominado “impuesto inflacionario” a 1,1% del PBI, uno de los registros más bajos en dos décadas.

“El peso de la inflación como impuesto invisible y regresivo cada vez toma menor relevancia”, destaca el documento.

A pesar de estos avances, el informe advierte que el sistema tributario argentino continúa mostrando debilidades estructurales. Entre ellas, una carga impositiva elevada en comparación con la región y, especialmente, altos costos de recaudación.

Mientras América Latina logró reducir estos costos, Argentina los incrementó hasta alcanzar 1,31 unidades monetarias por cada cien unidades recaudadas, reflejando un sistema más complejo y menos eficiente.

Este escenario impacta directamente en el índice de performance tributaria, que apenas pasó de 4,3 a 4,4, manteniéndose en niveles de cumplimiento parcial en términos de eficiencia y suficiencia.

“Pese al superávit fiscal, la carga y la complejidad tributaria impiden que mejore la performance del sistema tributario”, sostiene el informe.

El trabajo también plantea que la situación podría haber sido más favorable si se hubiera avanzado con la reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias para sociedades, incluida originalmente en el proyecto de Ley de Modernización Laboral.

De haberse implementado, el índice de desempeño podría haber alcanzado 4,6, acercándose a los mejores valores históricos. Además, la medida habría beneficiado a unas 56.000 empresas, equivalente al 34,3% de las sociedades alcanzadas por este tributo.

En síntesis, el sistema tributario argentino muestra una mejora en algunos indicadores clave, impulsada principalmente por decisiones puntuales y por el contexto macroeconómico. Sin embargo, la persistencia de una estructura compleja y costosa continúa limitando su competitividad.

El informe concluye que el desafío hacia adelante será avanzar en reformas de fondo que permitan consolidar los avances recientes y mejorar la eficiencia del sistema, más allá de los cambios coyunturales.

Un informe elaborado por el Centro de Economía Regional y Experimental (CERX), liderado por la exfuncionaria provincial Victoria Giarrizzo, al que accedió Paralelo32, confirma que el comercio de Entre Ríos atravesó en 2025 un nuevo año de retracción. Las ventas registraron una caída del 4,0% en términos reales —es decir, descontando el efecto de la inflación— en un contexto macroeconómico nacional marcado por la desaceleración del consumo y la recomposición de precios relativos, que afectaron el poder adquisitivo de los hogares durante buena parte del año.

El estudio, basado en el análisis de 7.966 empresas distribuidas en 216 rubros y 140 municipios, muestra que la contracción no fue homogénea. Por el contrario, la dinámica del sector estuvo atravesada por fuertes contrastes entre actividades, tamaños de empresas y territorios.

Aunque el resultado global fue negativo, algunos sectores lograron crecer. Entre los rubros con mejor desempeño se destacaron maquinaria y equipos (+11,4%), muebles y artículos del hogar (+4,2%) y reparación de vehículos (+3,8%). También mostraron avances automotores, motos y accesorios (+2,3%), en línea con el fuerte incremento en patentamientos durante el año.

Sin embargo, estos sectores tienen una incidencia relativamente baja en la facturación total, lo que limitó su capacidad para compensar la caída general.

En contraste, los segmentos de mayor peso estructural explicaron gran parte del retroceso. Supermercados e hipermercados (-8,1%), combustibles (-8,6%) y farmacia (-6,7%) registraron caídas significativas, arrastrando el resultado agregado. También se observaron descensos en indumentaria y calzado (-9,9%), electrodomésticos (-5,7%) y materiales para la construcción (-5,6%), evidenciando la debilidad del consumo de bienes durables.

Una excepción dentro de los rubros masivos fue alimentos y bebidas, que creció levemente (+1,1%) y representó el 29,1% del total de ventas, funcionando como amortiguador parcial de la caída.

Con este resultado, el comercio entrerriano acumula dos años consecutivos de caída real. No obstante, el informe destaca que 7 de los 20 rubros analizados lograron crecer en 2025, lo que refleja que la crisis no fue uniforme sino concentrada en los segmentos de mayor volumen.

Además, el crecimiento en maquinaria y equipos sugiere que, pese al contexto adverso, parte del entramado productivo mantuvo decisiones de inversión, una señal relevante hacia adelante.

El desempeño también varió según la escala de los comercios. Las pequeñas empresas fueron las más dinámicas, con un crecimiento real del 1,1%, mostrando mayor capacidad de adaptación.

En cambio, las microempresas —que representan el 92,6% del total— cayeron 4,8%, reflejando el impacto territorial de la crisis. Las medianas registraron la peor performance (-7,6%), mientras que las grandes empresas retrocedieron 5,7%.

El informe sugiere que las pequeñas firmas lograron mayor flexibilidad frente a los cambios en la demanda, mientras que las medianas quedaron más expuestas a la caída del consumo.

A nivel territorial, la dinámica fue igualmente heterogénea. Municipios como Federal (+10,8%), Diamante (+8,4%) y General Ramírez (+7,2%) mostraron crecimientos importantes, aunque con bajo peso en el total provincial.

En ciudades de tamaño intermedio como Crespo (+0,4%), Nogoyá (+1,4%) y Villaguay (+0,3%), los resultados fueron levemente positivos, contribuyendo a amortiguar la caída.

En cambio, los principales centros urbanos explicaron gran parte del resultado negativo. Paraná (-5,5%), Concordia (-6,4%), Concepción del Uruguay (-6,2%) y Gualeguaychú (-4,4%) registraron caídas significativas. Solo Paraná, que concentra cerca del 25% de las ventas provinciales, explicó más de un tercio de la retracción total.

El informe concluye que el rasgo distintivo de 2025 fue la coexistencia de focos de crecimiento con una base estructural contractiva. Sectores vinculados a la inversión, pequeñas empresas y municipios intermedios mostraron resiliencia, mientras que los grandes centros urbanos y los rubros de mayor peso continuaron en caída.

En este escenario, la recuperación del comercio entrerriano no dependerá únicamente de una mejora general del consumo, sino de la capacidad de consolidación de los sectores que mostraron dinamismo y de la estabilización de los segmentos más golpeados, en un contexto donde el poder adquisitivo sigue siendo la variable clave.

El mandatario estuvo acompañado por el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; y los ministros de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; y de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob. Participaron además los intendentes de Diamante, Ezio Gieco; de Ramírez, Flavia Pamberger; de Federación, Ricardo Bravo; y de Federal, Alicia Oviedo.

Al término del encuentro, que se desarrolló este jueves, el ministro Hernán Jacob precisó que la reunión fue convocada por el mandatario junto a los intendentes y los ministros que "tenemos bajo nuestra responsabilidad la administración del nuevo Fondo Fiduciario para inversiones municipales".

En ese marco, explicó que ese fondo es "una herramienta creada en este contexto de estrechez financiera para ayudar a los municipios entrerrianos a la ejecución de algunas obras que si bien son de incumbencia municipal tienen repercusión por su importancia en cuanto al plan de obra pública de la provincia".

Precisó además que ese fondo tiene un sistema de "retroalimentación" con los repagos que hagan los municipios de estas asistencias. Asimismo, señaló que se trata del primer aporte y que "está abierto a futuros nuevos préstamos que se le entreguen a municipios para que puedan ir haciendo obras de mayor envergadura por etapas".

El funcionario remarcó que se trata de "un esquema de esfuerzo conjunto y de responsabilidades compartidas, que puede dar respuesta a una demanda muy fuerte de la sociedad vinculada a la mejora de la infraestructura, tanto a nivel municipal como provincial".

Por su parte, la intendenta de General Ramírez, Flavia Pamberger, expresó su satisfacción "por el cumplimiento de la palabra empeñada por el gobernador", y recordó que "el año pasado dialogamos sobre este proyecto y nos aseguró que íbamos a estar dentro del primer grupo, algo que hoy se está concretando".

Las resoluciones entregadas corresponden a intervenciones que apuntan a fortalecer la infraestructura urbana, optimizar los servicios y acompañar el crecimiento de las comunidades.

En la ciudad de Diamante se ejecutará la obra de desagüe pluvial y pavimentación en barrio Belgrano, con un presupuesto de alrededor de 194 millones de pesos.

En Federación se llevará adelante la remodelación y puesta en valor de la Plaza de los Constituyentes, con una inversión de casi 270 millones de pesos.

En tanto en Federal se ejecutarán obras de cordón cuneta y badenes en distintas arterias, con un monto superior a los 174 millones de pesos.

Finalmente, en General Ramírez se avanzará con la pavimentación del camino a las ferias, también conocido como acceso norte, con una inversión de 300 millones de pesos

La iniciativa está destinada a chicas de entre 12 y 18 años que deseen dar sus primeros pasos en programación y desarrollo de proyectos digitales. El curso tendrá una duración de tres meses, comenzando el miércoles 22 de abril y finalizando el 1 de julio.

Las clases se dictarán los días miércoles de 18 a 20 horas bajo modalidad virtual asincrónica, lo que permitirá a las participantes organizar sus tiempos de estudio. No obstante, quienes lo prefieran podrán asistir de manera presencial en la sede del Polo Tecnológico, ubicada en la intersección de Posadas y Maipú.

Durante el trayecto formativo se abordarán contenidos vinculados a la introducción al mundo IT, programación inicial, uso de herramientas como Scratch y App Inventor, desarrollo web con HTML, diseño con CSS, además de una introducción a Python y su aplicación en lógica de juegos. También se brindará orientación sobre carreras tecnológicas.

Como requisitos, las interesadas deberán tener entre 12 y 18 años, contar con una computadora o notebook y acceso a internet. Además, la inscripción deberá completarse mediante un formulario online que incluye la autorización de madre, padre o tutor.

Desde la organización destacaron la importancia de generar espacios de formación inclusivos que promuevan el acceso de jóvenes al ámbito tecnológico, y alentaron a las chicas a aprovechar esta oportunidad de adquirir herramientas clave para su futuro.

“El Polo Tecnológico La Nube las espera”, señalaron, invitando a sumarse a esta propuesta que busca acercar a más adolescentes al universo digital. Formulario de Inscripción

La ciudad de Crespo atraviesa un intenso temporal que ya dejó un acumulado de 124 milímetros de lluvia  (medición de Bomberos Voluntarios), según informaron desde la Municipalidad y los organismos que integran Defensa Civil.

A pesar de la magnitud de las precipitaciones, hasta el momento no fue necesario evacuar a vecinos, aunque sí se desplegó un amplio operativo de asistencia en distintos puntos de la ciudad.

Cuadrillas municipales, junto a los Bomberos Voluntarios Bomberos Voluntarios Centenario de Crespo, trabajan en el desagote de patios de viviendas particulares y en la distribución de bolsas de arena para evitar el ingreso de agua en al menos una decena de hogares.

En paralelo, se llevan adelante tareas de destape de alcantarillas tanto en calles urbanas como en sectores de rutas cercanas que se encuentran colapsados o anegados por la gran cantidad de agua acumulada.

Además, personal de la Guardia Urbana Municipal realiza relevamientos sobre postes y tendidos eléctricos afectados, con el objetivo de dar aviso a las empresas correspondientes y señalizar las zonas para restringir la circulación y prevenir accidentes.

El fenómeno meteorológico no se limita a Crespo, sino que afecta a gran parte del centro y litoral del país. Las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continúan bajo alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, debido a lluvias persistentes de moderada a fuerte intensidad.

Desde el municipio reiteraron una serie de medidas preventivas para reducir riesgos:

Asimismo, se recomienda permanecer en lugares seguros ante lluvias intensas o fuertes ráfagas de viento.

Las autoridades recordaron los canales disponibles ante cualquier situación:

Según un relevamiento de la empresa Adecco, siete de cada diez compañías esperan que los cambios tengan un impacto favorable en las condiciones de contratación. Sin embargo, el verdadero desafío radica en cómo cada empresa adapta sus procesos internos a este nuevo escenario.

“Este nuevo marco representa una oportunidad para que las organizaciones revisen y fortalezcan su gestión interna. Comprender la norma es el primer paso, pero el verdadero diferencial está en cómo se implementa”, explicó Patricio Dewey, director comercial y de marketing de Adecco Argentina.

Uno de los ejes centrales de la reforma es la ampliación de las modalidades contractuales y la mayor discrecionalidad en la organización del trabajo. Esto permite a las empresas ajustar sus dotaciones con mayor precisión frente a cambios en la demanda o ciclos productivos.

No obstante, esta flexibilidad también implica nuevos desafíos. Las compañías deberán definir con mayor criterio técnico qué puestos requieren estabilidad estructural y cuáles pueden adaptarse a esquemas más dinámicos.

En este contexto, la tercerización a través de partners especializados aparece como una alternativa para acceder a esquemas flexibles sin asumir toda la carga operativa ni los riesgos asociados a errores contractuales.

Otro aspecto clave de la reforma es la modificación de los esquemas indemnizatorios, que ahora presentan criterios más claros en cuanto a base de cálculo, topes y pisos. Esto otorga mayor previsibilidad a las empresas al momento de proyectar costos laborales.

Sin embargo, esta ventaja exige una actualización inmediata de los modelos de costeo, la revisión de contratos vigentes y la adaptación de procesos internos.

“En este nuevo contexto, acompañar a las organizaciones en la planificación de dotaciones y el costeo laboral actualizado es clave para transformar el marco normativo en decisiones concretas”, señaló Dewey.

La reforma también redefine la responsabilidad en los procesos de tercerización, acotando la exposición legal de las empresas usuarias. Esto configura un escenario más previsible, aunque con mayores exigencias en materia de control documental.

La correcta elección de proveedores se vuelve así un factor determinante. Una gestión documental deficiente o la contratación de partners sin respaldo puede reactivar riesgos legales que la norma busca reducir.

Frente a este panorama, trabajar con empresas especializadas y con trayectoria aparece como una estrategia para garantizar cumplimiento y reducir contingencias.

A pesar de los cambios introducidos por la reforma, el mercado laboral argentino continúa enfrentando un problema estructural: la falta de talento calificado en sectores clave.

Áreas como Minería, Energía, Tecnología y Logística mantienen brechas significativas de perfiles técnicos, lo que obliga a las empresas a reforzar sus estrategias de formación y desarrollo.

Además, el rol de los mandos medios cobra especial relevancia en la implementación del nuevo marco normativo y en la gestión del clima organizacional.

En este escenario, la combinación entre flexibilidad contractual y políticas activas de desarrollo de talento será determinante para sostener la competitividad.

“La reforma no solo flexibiliza: también ordena y protege, si se gestiona correctamente. Trabajar con partners especializados permite operar con mayor control y enfocarse en el negocio con mayor tranquilidad”, concluyó Dewey.

La definición del funcionario se conoció horas antes de la publicación oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que será difundido este martes 14 de abril a las 16 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Según relevamientos de la Agencia Noticias Argentinas, los registros inflacionarios no solo mostrarían un nivel elevado en marzo, sino que también anticipan presiones para abril, impulsadas principalmente por aumentos en los combustibles.

Caputo explicó que el comportamiento de los precios estuvo influido por factores puntuales. “Seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock que evidentemente tuvo un impacto obvio en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta transporte; hay temas como la educación, que en marzo tiene su estacionalidad”, sostuvo.

En ese sentido, el ministro remarcó que el encarecimiento de los costos vinculados al petróleo y los ajustes típicos del inicio del ciclo lectivo incidieron de manera significativa en la dinámica inflacionaria del mes.

A pesar de este escenario, el titular del Palacio de Hacienda se mostró optimista de cara al corto plazo. “A partir de abril se viene un proceso de desinflación y crecimiento”, aseguró, y agregó que “se vienen los mejores meses” en materia económica.

Las declaraciones fueron realizadas durante la presentación del libro “Cambia la música, ahora hay que cambiar el paso”, del analista Salvador Di Stefano, en la Bolsa de Comercio de Rosario.

En paralelo, Caputo se prepara para viajar a Washington D.C., donde participará en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en un contexto clave para la agenda económica argentina y las negociaciones internacionales en curso.

El senador Martín Oliva expresó su preocupación por el impacto económico y social que la reforma previsional tal como la ha presentado hasta ahora el gobierno provincial, y puso el foco en el rol central que cumplen los ingresos de docentes, policías y trabajadores de la salud en la vida cotidiana y en la economía entrerriana.

En este contexto, la discusión previsional no puede ser reducida a una cuestión contable. “Si el gobierno provincial realmente busca una reforma sostenible, debe empezar por defender la sostenibilidad de Entre Ríos frente al Gobierno Nacional”, sostuvo.

“No se puede hablar de equilibrio interno mientras se resignan recursos provinciales, no se da la discusión que corresponde por los fondos, o se acepta que el ajuste venga impuesto desde afuera y se descargue hacia adentro”, resaltó.

En ese sentido, cuestionó la intención de instalar una falsa división entre trabajadores del sector público y del sector privado. “Se busca construir la idea de que el empleado público es un privilegio que el privado debe sostener”, señaló.

“Pero esa mirada no solo es injusta: es profundamente equivocada y peligrosa. Porque en Entre Ríos los docentes no educan sólo a hijos de empleados públicos; los policías no cuidan sólo a trabajadores estatales, garantizan seguridad para todos; los trabajadores de la salud no atienden solo al sector público, atienden a cada entrerriano que lo necesita. El Estado no es un sector aislado: es una red que sostiene a toda la comunidad”, expresó el senador.

Oliva remarcó además el impacto directo en la economía provincial: “Los ingresos de docentes, policías, médicos y enfermeros no se fugan del sistema, no se dolarizan ni se van al exterior. Se vuelcan al consumo local, sostienen comercios, dinamizan pymes y mantienen en funcionamiento la economía de nuestras ciudades y pueblos”.

“Por eso, pensar estos ingresos como una variable de ajuste no solo es injusto desde lo social, sino también equivocado desde lo económico. Reducirlos implica enfriar el consumo, afectar la actividad y debilitar el entramado productivo de Entre Ríos”, sostuvo.

Asimismo, señaló que el esfuerzo exigido a estos sectores viene desde hace tiempo: “Este ajuste no empieza ahora, sino que se profundiza. Los trabajadores ya vienen haciendo un esfuerzo importante con salarios que en muchos casos son insuficientes, con pérdida de poder adquisitivo y con el incremento de aportes que se les exigió recientemente”.

“Primero se les pidió más esfuerzo para sostener el sistema, y ahora se pretende además recortar sus futuras jubilaciones. Esto rompe un principio básico de equidad: no se puede exigir cada vez más a los mismos sectores sin ofrecer una respuesta justa”, agregó.

Finalmente, Oliva planteó la necesidad de dar una discusión más amplia: “La reforma previsional no puede analizarse solamente desde una lógica contable. Si realmente se busca sostenibilidad, hay que defender los recursos de la provincia y evitar que el ajuste se descargue siempre sobre los mismos”.

“En definitiva, no es sólo una discusión previsional. Es una discusión sobre qué modelo de provincia queremos. Uno que le pide cada vez más esfuerzo a docentes, policías, enfermeros y médicos, paga salarios insuficientes, aumenta aportes y recorta jubilaciones; o uno que entienda que salarios y jubilaciones son parte del motor económico, reconozca el valor de estas personas, y defienda a Entre Ríos con firmeza frente a la Nación. Porque no hay sostenibilidad posible que se construya sobre el ajuste y la división”, puntualizó.

En ese marco, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, expresó que “estamos activos los intendentes de todo el país en función de las reales pérdidas de montos de coparticipación” y sostuvo que la movilización busca que “el gobierno escuche que nosotros no administramos mal”.

Romero explicó que los jefes comunales presentarán un documento en la mesa de entradas de la cartera económica que conduce Luis Caputo. El escrito, detalló, contiene argumentos económicos que justifican la necesidad de revisar la caída de ingresos que afectan directamente a las administraciones municipales.

“La recaudación ha venido decreciendo sostenidamente desde el año pasado, pero este año se ha notado muchísimo, impactando sobre la coparticipación provincial. Eso significa que sentimos la merma de recursos cuando nuestras obligaciones no merman”, advirtió la intendenta.

La jefa comunal participa del Consejo Federal de Intendentes (Cofein) —que recientemente se reunió en Paraná— y de la Federación Argentina de Municipios (FAM), espacios desde los cuales se articula la protesta y la búsqueda de respuestas institucionales.

Según adelantó Romero, desde el Cofein se solicitaron audiencias en el Ministerio del Interior y en ambas cámaras del Congreso, que se concretarían durante abril.

Entre los principales planteos figura el pedido de que se distribuya el impuesto al combustible —actualmente retenido por el gobierno nacional y destinado a rutas y viviendas—, además de la propuesta de disolver el esquema discrecional de reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para incorporarlo al sistema de coparticipación automática.

La intendenta fue enfática al señalar que los municipios no son responsables del desequilibrio fiscal del país: “No tenemos desequilibrio fiscal y no somos parte de la carga fiscal de Argentina, ya que el 78% de los tributos son nacionales”, afirmó.

Finalmente, remarcó que el objetivo de la movilización es también comunicar a la sociedad la situación que atraviesan los gobiernos locales: “Alzamos nuestra voz para transparentar esto ante la sociedad y que no se crea que los municipios malgastan sus fondos”.

El gobernador Rogelio Frigerio repasó las gestiones realizadas para la relocalización de la planta de HIF Global y destacó que “se actuó con celeridad”. Manifestó su “enorme alegría” por las noticias, pidió “prudencia y esperar que efectivamente se concrete” y advirtió que “de no ser así tendremos que seguir insistiendo”.

“Veníamos peleando por esto en silencio y la posibilidad que se abre nos da una enorme sensación de alegría”, expresó el gobernador tras las noticias que dan cuenta de la eventual relocalización de la planta. No obstante, advirtió sobre la necesidad de “ser prudentes y esperar que efectivamente se concrete”.

“Tengo claro que el presidente uruguayo tiene mucho que ver con esto porque personalmente me indicó que le parecía de sentido común y razonable nuestro planteo y siempre se mantuvo en esa postura”, expuso Frigerio en diálogo con LT26 de Colón. “También se lo ha transmitido a nuestro canciller cada vez que éste le planteaba el tema ante nuestro requerimiento”, acotó.

Frigerio recordó que el año pasado, apenas conocido el proyecto, desde el gobierno provincial se comenzó a actuar. En primer término, el gobernador en persona logró obtener respaldo de la Casa Rosada en las gestiones binacionales, subrayando la necesidad de una postura nacional firme ante el tema.

Luego, viajó a Montevideo y mantuvo un encuentro con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al canciller Mario Lubetkin. Allí planteó formalmente los perjuicios de la ubicación de la planta, a solo tres kilómetros de las playas de Colón, y pidió revisar su localización. En viajes posteriores, reiteró los planteos al canciller uruguayo y ante los ministros de Industria y de Ambiente del vecino país.

“A diferencia de lo que ocurrió con Botnia, cuando se actuó tarde, ya que las reuniones entre las autoridades de aquel momento comenzaron recién en 2005 y la planta ya estaba en construcción, esta vez actuamos con celeridad”, comparó el mandatario.

“Lo fui a ver al presidente uruguayo inmediatamente al enterarnos de esta posibilidad y tuve un muy buen recibimiento que siempre destaco, muy respetuoso y comprensivo de lo que estábamos solicitando”, recordó.

En noviembre, junto al ministro de Relaciones Exteriores argentino, Pablo Quirno, Frigerio participó de un encuentro en la sede de la Cancillería del país vecino tras el cual se confirmó la incorporación de las preocupaciones de Argentina y de Entre Ríos en la fase de análisis del proyecto.

El mes pasado, el gobernador encabezó en Colón una cumbre con intendentes, legisladores, concejales, funcionarios, instituciones de defensa del ambiente, representantes de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) e integrantes del equipo técnico del Comité Hidrovía Río Uruguay.

En una conferencia de prensa posterior, Frigerio destacó el logro que significó que el estudio de impacto ambiental incluyera a Colón y formuló la advertencia de que recurriría a tribunales internacionales de ser necesario, no en contra de las inversiones, sino en defensa de la identidad y el trabajo de Colón.

La acción instaló definitivamente el tema en la agenda binacional. Al respecto, Frigerio recordó: “Recibí algunos cuestionamientos por haber sido muy duro, pero dije lo que sentía. Porque creía y creo que nos asiste la razón y que lo que planteamos es de sentido común puro”, argumentó al respecto.

“Somos pueblos hermanos, no quiero de dejar nunca de ponerlo sobre la mesa. Nosotros no nos ponemos a discutir las inversiones en Uruguay. Lo que sí decimos es que si ellos tienen la suerte de recibirlas, porque han venido haciendo un trabajo de muchísimos años que nosotros recién estamos encarando, esas inversiones no pueden perjudicar a las preexistentes, a los hoteleros, a los gastronómicos y a los que trabajan con el turismo en Colón, que es una de las plazas más importantes que tenemos para mostrarle al resto de la Argentina y al mundo”, explicó luego.

“Si finalmente la relocalización se concreta, y espero que así sea, va a primar el sentido común entre dos países hermanos. Si no, tendremos que seguir insistiendo como hasta ahora por canales institucionales y políticos para que así suceda”, finalizó el mandatario.

La nueva ley que imputa a menores va a generar cambios profundos y posibles conflictos en su aplicación; esto va a ocurrir a partir de la vigencia de la norma. Serán sometidos a la justicia penal delitos cometidos por menores de entre 14 y 16 años.

Al respecto, el Juez Penal de Niñez y Adolescencia, Pablo Barbirotto (*) analizó los principales cambios, su impacto y las dificultades que podría generar su implementación.

El magistrado explicó que la norma pone fin a un debate histórico que se arrastraba desde el retorno de la democracia, vinculado a la necesidad de adecuar la legislación a estándares internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, señaló que la discusión siempre estuvo trabada por la controversia en torno a la baja de la edad de punibilidad.

Uno de los puntos centrales es que la nueva ley permitirá imputar a adolescentes desde los 14 años, algo que antes no ocurría en el mismo sentido. Según detalló, esto implica que podrán ser sometidos a juicio y recibir penas de hasta 15 años de prisión (máximo establecido en esta ley), lo que representa un cambio sustancial en el sistema.

No obstante, Barbirotto advirtió que la aplicación efectiva de la ley presenta serios condicionantes.

En principio, su entrada en vigor está prevista para septiembre de este año, pero depende de la existencia de espacios adecuados de detención para jóvenes de entre 14 y 17 años, infraestructura que actualmente no existe ni en Entre Ríos ni en el resto del país. Esta situación podría derivar en una postergación de su implementación.

En Paralelo32 hemos dado cuenta de las limitaciones del Penal N°5 de Victoria, con escaso espacio y necesidades de adaptación estructural.

En cuanto al procedimiento judicial, aclaró que no habrá modificaciones, ya que continuará rigiéndose por las leyes procesales provinciales. Lo que cambia es la posibilidad de imponer penas a menores que antes no eran punibles en ese rango etario señaló, en una entrevista exclusiva con Paralelo32.

El juez también cuestionó el fundamento de la reforma desde el punto de vista de la política criminal. Indicó que los delitos cometidos por menores representan entre el 2% y el 3% del total, por lo que consideró que la medida no responde a una necesidad real en términos de seguridad, sino más bien a una demanda social. ”Los que piensan que van a bajar los delitos con la nueva norma, creo que se equivocan”

Además, planteó “el sistema penal llega tarde, ya que la mayoría de los jóvenes que ingresan en conflicto con la ley provienen de contextos de vulnerabilidad extrema”. En ese sentido, remarcó que más del 50% de los niños en el país se encuentran en situación de pobreza, citando datos de UNICEF, y que muchos presentan problemas de escolaridad y adicciones. Consideró que el Estado debe actuar antes, para no llegar a esta situación. “Tenemos que garantizar derechos desde la primera infancia” remarcó.

Otro aspecto relevante es que la nueva legislación amplía la intervención penal a todos los delitos, incluso aquellos considerados leves. Esto implica que situaciones que antes eran abordadas por organismos administrativos ahora pasarán por la justicia penal. “Antes un joven de 14/15 años que rompía vidrios en una escuela o de un patrullero, no eran juzgados penalmente, ahora sí, a partir de la nueva legislación.

Desde el plano jurídico, Barbirotto consideró que la ley no sería inconstitucional en cuanto a la edad fijada, ya que los tratados internacionales permiten a cada Estado definirla. No obstante, advirtió posibles conflictos en la aplicación de las penas, especialmente porque la norma habilita sanciones similares a las de un adulto, sin contemplar adecuadamente las diferencias en el desarrollo de un adolescente.

Sostuvo, a modo de ejemplo, que “una persona de 50 años que delinque –de acuerdo a un artículo del CP- le corresponden 10 años y es razonable, pero un chico de 14 años no puede tener, por un delito grave, una pena de 15 años porque es más de lo que lleva de vida”.

Finalmente, el magistrado puso el foco en los riesgos de este enfoque, señalando que el endurecimiento de penas a edades tempranas puede generar efectos contraproducentes, como una mayor exposición al sistema penal y dificultades en la reinserción social.

De esta manera, la nueva ley abre un escenario de cambios importantes, pero también de interrogantes en cuanto a su implementación real y su efectividad para abordar el problema de fondo.

(*) Pablo Barbirotto, juez Penal de Niños, Adolescentes de Entre Ríos y miembro del Comité Asesor Técnico creado por la Comisión Bicameral del Congreso Nacional.

Nogoyá.- Nuevamente el agua que consumimos los nogoyaenses está en eje de polémica. En el verano anterior fue su escasez lo que generó malestar en la sociedad, al pasar los infernales días de enero con apenas un chorro de agua en las canillas provenientes de la red y con las pocas chances que la fuerza del flujo permita llenar los tanques de reserva. Ese problema fue prácticamente generalizado en su momento, pero las obras realizadas a lo largo del año, permitieron que el verano de 2026 se transite sin mayores inconvenientes en casi toda la ciudad.

Ahora, como mencionamos al principio, el agua vuelve a ser protagonista y por un hecho más preocupante que su falta o escasez. Un vecino de nuestra localidad acudió al Juzgado Federal a realizar una denuncia, donde solicitó se tomen muestras del agua que consumimos por la posible presencia de altos niveles de arsénico, lo que provocaría enfermedades como el cáncer y accidentes cerebro vasculares.

En efecto, la denuncia del nogoyaense fue recepcionada por la justicia federal y esta semana se realizaron una serie de procedimientos que implicó la presencia de quince efectivos de la Policía Federal en las instalaciones de Obras Sanitarias y en los más de diecisiete pozos semi surgentes que posee el municipio para reforzar la red pública.

La llegada de los móviles policiales generó un abanico de suspicacias hasta que las autoridades municipales brindaron explicaciones de lo que estaba sucediendo, ya que habitualmente la presencia de dicha fuerza se debe a causas relacionadas al narcotráfico.

Por parte del municipio, la encargada de Medio Ambiente, la ingeniera Silvia Ángel fue quien brindó detalles del procedimiento llevado adelante el pasado miércoles.

“El vecino denunció que estábamos contaminando y enfermando a la gente con el agua potable, entonces esto es un paso del procedimiento para arribar a una constatación para determinar que los análisis que habitualmente realiza el municipio son reales y si efectivamente corresponden a la provisión de agua de la red de distribución de agua potable”, explicó Ángel ante medios locales.

Remarcó que, si bien el municipio realiza sus análisis, ahora desde otra parte harán los suyos. “Me parece perfecto porque esto va a llevar transparencia. Si bien asusta la denuncia y la alta presencia de efectivos policiales, es oportuno aclarar que debieron distribuir el trabajo de tomar las muestras porque el municipio tiene diecisiete pozos distribuidos en la ciudad. Si bien la mayoría se encuentran en el predio de Obras Sanitarias, hay otros en la zona oeste, uno en el predio del NIDO, otro en el polideportivo municipal, como así también en Villa 3 de Febrero y Barrio Chañar, entre otros.

La encargada de medio ambiente aclaró también que toda la información sobre la ubicación y existencia de pozos fue brindada por el municipio a los efectivos policiales, “se declaró todo y se describió en detalle como funciona nuestra red de distribución. Para que la gente vea que no hay nada para ocultar. Estas personas que vinieron a muestrear no hubieran sabido dónde tomar muestras, si no fuera que toda esa información se aportó desde el municipio” confirmó la funcionaria.

Para el municipio, la acusación del ciudadano ante la justicia federal es grave, por lo que creen acertado que se transparente toda la investigación, que se lleguen a conocer todos los valores, todos los controles exhaustivos, ya sean físicos y químicos, ya que si bien la normativa provincial exige realizar uno de estos exámenes por año, el Poder Ejecutivo ha establecido que los controles sobre el agua se realicen mensualmente pero solamente sobre el agua que se distribuye desde el tanque de reserva, no desde los pozos de extracción.

“La información de este procedimiento nos va a servir a todos, vamos a acceder a un relevamiento bien pormenorizado de cada uno de los pozos” dijo Silvia Ángel.

Sobre la demora de los resultados, se espera que en los próximos días se tengan novedades. Las muestras fueron llevadas a un laboratorio de la provincia de Buenos Aires y en Nogoyá se dejó un paquete de contra muestras para el caso que se desee realizar un cotejo de comparación. Incluso en la causa está permitido que personal del municipio o el especialista que designen, pueda presenciar los análisis que realizará la justicia federal.

Tal vez, cuando hablamos de arsénico en el agua, imaginamos a un ente externo que está contaminando, pero nada de eso sucede en nuestra región, sino que el arsénico está presente por una formación natural de la corteza terrestre, recordando en este punto que los pozos de extracción tienen una profundidad mínima de treinta metros y según la zona, han superado los sesenta metros hasta el hallazgo de agua.

Hoy en día, los niveles de arsénico en el agua y su nivel de aptitud para el consumo humano, dependen del Código Alimentario Argentino, que establece un límite máximo de 0,01 mg/l (miligramos por litro), como también lo establece la

Organización Mundial de la Salud (OMS).

La concentración de arsénico tampoco es estática y responde a la dinámica del agua en el subsuelo. En épocas de sequía, los niveles de las capas bajan. Esto puede causar una mayor concentración de arsénico ya que hay menos agua para diluirlos, o bien porque el bombeo succiona agua de estratos donde el mineral está más presente. En cambio, cuando las lluvias son intensas ayudan a la recarga de los acuíferos. En teoría, esto podría generar una dilución, pero en perforaciones profundas el efecto de la lluvia tarda mucho tiempo en filtrarse, por lo que los cambios no suelen ser tan inmediatos como en un pozo ciego o superficial.

El consumo prolongado de agua con niveles elevados de arsénico puede provocar una enfermedad crónica conocida como HACRE (Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico). Sus efectos no son inmediatos, sino que aparecen tras años de exposición. Entre ellas, se mencionan manchas en la piel, problemas sistémicos en el sistema cardiovascular. Además, el arsénico en altos niveles, está clasificado como un carcinógeno humano confirmado.

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó la necesidad de avanzar en reformas estructurales y fortalecer la articulación con los municipios en un contexto de fuerte caída de la recaudación. Lo hizo tras una serie de reuniones con intendentes de distintos signos políticos, en las que se abordaron tanto la situación financiera como los desafíos de gestión.

“El estar cerca de los problemas, de los vecinos y escuchar de primera mano cuáles son las demandas es parte de una agenda permanente del gobernador”, señaló el funcionario, al referirse a los encuentros mantenidos durante la semana.

En ese sentido, remarcó que la baja de ingresos “afecta a todos los niveles del Estado” y obliga a “agudizar, armonizar y articular la buena utilización de los recursos”.

Uno de los ejes centrales planteados por Colello fue la situación de la Caja de Jubilaciones de la provincia, cuyo déficit consideró “estructural” y de gran impacto sobre las finanzas públicas. “Hoy la Caja genera un déficit cercano a los 400.000 millones de pesos, una cifra equivalente a todo el consumo anual de energía de los entrerrianos. Es un problema que no puede explicarse solo por lo que envía o no la Nación, sino también por cómo administramos nuestros propios recursos”, afirmó.

Subrayó además que la discusión debe darse tanto en el plano nacional —en relación a los fondos que corresponden a la provincia— como hacia adentro del propio Estado entrerriano. “Tenemos que preguntarnos qué cambios podemos hacer para que los impuestos que pagan los entrerrianos no se destinen a sostener déficits, sino a mejorar servicios y potenciar el desarrollo”, indicó.

Colello también se refirió al contexto económico general, al señalar que la caída de la recaudación es una de las más importantes de los últimos años, incluso por debajo de niveles registrados durante la pandemia o la crisis de 2001. “Esto abre una discusión de fondo sobre el sistema tributario y las competencias de cada nivel del Estado”, sostuvo.

En esa línea, planteó la necesidad de avanzar hacia una reducción progresiva de la carga impositiva, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. “Hay quienes creen que la salida es aumentar impuestos, pero nosotros entendemos que el camino es discutir una estructura más equilibrada, eliminando tributos distorsivos y revisando tasas que no tienen una contraprestación directa”, expresó.

Respecto a la relación con los municipios, Colello remarcó que el gobierno provincial sostiene una política de acompañamiento sin distinción partidaria. “Una vez que terminan las elecciones no hay signos políticos. Queremos que a los municipios les vaya bien, porque son la primera línea de contacto con los vecinos”, afirmó. Además, destacó que se han continuado obras en localidades de distinto signo político y que el trabajo conjunto es clave para afrontar la coyuntura. “La articulación entre municipios, provincia y Nación no es solo una necesidad, sino una forma de gestión”, aseguró.

Finalmente, el secretario general enfatizó en que el gobierno provincial avanza en un proceso de modernización del Estado con el objetivo de reducir gastos improductivos y mejorar la eficiencia. “Estamos buscando permanentemente liberar recursos para destinarlos a prioridades como educación, salud y seguridad. Ese es el camino para transformar la realidad de los entrerrianos”, concluyó.

Cada 12 de abril se conmemora el Día Internacional del Helado, una fecha que en Argentina encuentra al sector en plena expansión. La AFADHYA destacó el crecimiento sostenido de la actividad, tanto en consumo como en profesionalización, consolidando al país como uno de los referentes mundiales en la elaboración de helado artesanal.

Según datos de la entidad, el consumo promedio anual en Argentina alcanza los 7,3 kilos por persona, con picos de hasta 10 kilos durante la temporada alta, cifras que reflejan la fuerte presencia de este producto en los hábitos culturales y gastronómicos del país.

El presidente de AFADHYA, Maximiliano Maccarrone, subrayó que el helado artesanal argentino atraviesa “un gran momento de reconocimiento internacional”, impulsado por una tradición que combina saberes transmitidos de generación en generación con innovación constante.

En ese sentido, destacó el reciente tercer puesto obtenido por Argentina en la Gelato World Cup y la expansión de heladerías con sello nacional en distintos países, como evidencia del posicionamiento alcanzado.

“El interés global por nuestra artesanía heladera creció notablemente en los últimos años, tanto por la calidad de las materias primas como por la capacitación permanente del sector”, señaló.

El helado artesanal argentino se caracteriza por el uso de ingredientes seleccionados, la creatividad en la incorporación de nuevos sabores y el equilibrio entre técnicas tradicionales e innovación. Esta combinación permitió construir una identidad propia, reconocida tanto por consumidores como por especialistas en distintos mercados.

Entre los sabores más elegidos por los argentinos en 2025, según una encuesta realizada por AFADHYA a heladeros de todo el país, se destacan:

Uno de los pilares del crecimiento del sector es la formación. Desde hace más de cinco décadas, AFADHYA impulsa iniciativas para elevar los estándares de calidad y capacitación.

Entre ellas, se destaca la Diplomatura en Elaboración de Helados Artesanales, desarrollada junto a la Universidad Nacional del Comahue, que ya cuenta con más de 300 egresados.

Además, en 2025 se inauguró la primera Escuela Latinoamericana del Helado Artesanal, un espacio orientado a la formación técnica especializada y al fortalecimiento del sector en toda la región.

En el marco de esta celebración, AFADHYA anunció la realización del Campeonato Nacional del Helado Artesanal 2026, que tendrá lugar el 3 y 4 de junio en FITHEP Centro Expoalimentaria.

El certamen reunirá a ocho equipos de maestros heladeros que competirán en distintas pruebas técnicas, como monoporción en vidrio, torta helada y “mystery box”, evaluadas por un jurado de especialistas nacionales e internacionales.

La iniciativa busca fomentar la creatividad, la innovación y el desarrollo técnico, consolidándose como una plataforma clave para proyectar el helado artesanal argentino en la escena global.

Con una combinación de tradición, calidad e innovación, el helado artesanal argentino continúa afianzándose como un emblema de la gastronomía nacional y un producto cada vez más valorado en el mundo.

La reciente desescalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán trajo un alivio inmediato en los mercados internacionales, reflejado en la caída de indicadores clave como el Brent y el TTF. Sin embargo, detrás de esta aparente calma persiste un escenario complejo: el sistema energético global continúa afectado por disrupciones logísticas y daños estructurales que podrían extenderse durante semanas —e incluso años—.

Durante el pico del conflicto, el tránsito por el estrecho de Ormuz —una de las principales arterias del comercio energético mundial— se redujo drásticamente. De un promedio cercano a 95 buques diarios, la circulación cayó a apenas cinco, generando un cuello de botella sin precedentes. Como consecuencia, entre 187 y 200 embarcaciones quedaron retenidas en la región, con unos 172 millones de barriles de crudo y productos refinados sin poder ser descargados o redirigidos.

Según el ingeniero Roberto Carnicer, director del Instituto de Energía de la Universidad Austral, la situación actual refleja un cambio en la naturaleza de la crisis: “La tregua redujo el riesgo inmediato, pero no recompuso el sistema. El mercado pasó de un riesgo de interrupción a un problema de asignación, donde no todos podrán acceder a la energía disponible”.

Aunque la tensión geopolítica disminuyó, la normalización del sistema energético está lejos de concretarse. La reapertura del estrecho no implica una recuperación automática del flujo comercial: factores como los elevados costos de seguros, la disponibilidad de prácticos, los permisos de paso y la congestión portuaria siguen limitando el ritmo de operaciones.

Se estima que, durante los casi 40 días en que Ormuz operó a apenas el 5% de su capacidad, se dejaron de procesar alrededor de 3.600 tránsitos potenciales. Este déficit logístico, advierten los especialistas, es imposible de compensar en el corto plazo.

“Aun en un escenario de estabilidad, la red logística global tardará entre seis y ocho semanas en recuperar niveles operativos normales”, explicó Carnicer. A esto se suma una respuesta limitada por el lado de la oferta: el incremento anunciado por OPEC+ —de unos 206.000 barriles diarios— resulta marginal frente a una disrupción que llegó a estimarse entre 12 y 15 millones de barriles diarios en el momento más crítico.

Más allá del petróleo, el impacto más profundo se registra en el mercado del gas natural licuado (LNG). Qatar, uno de los principales exportadores mundiales, sufrió daños en su infraestructura que dejaron fuera de servicio dos de sus catorce líneas de producción, reduciendo su capacidad en aproximadamente 12,8 millones de toneladas anuales.

El complejo de Ras Laffan también registró afectaciones que podrían retrasar más de un año la expansión del proyecto North Field, clave para el abastecimiento global de gas en los próximos años. Además, una planta de GTL resultó dañada, con plazos de reparación cercanos a un año y efectos colaterales sobre otros productos como condensados, gas licuado de petróleo y helio.

Este escenario se refleja en los precios internacionales: el índice JKM se mantuvo elevado, evidenciando que la problemática ya no es únicamente financiera, sino también física, vinculada a la disponibilidad real del recurso.

En este contexto, Estados Unidos emerge como un proveedor clave para amortiguar el impacto en el corto plazo. En marzo, el país alcanzó exportaciones récord de LNG, con 11,7 millones de toneladas, consolidándose como el principal oferente incremental.

Proyectos como Golden Pass, con capacidad proyectada superior a 18 millones de toneladas anuales, ya comenzaron a operar y se espera que envíen cargamentos a Europa —especialmente a Italia— en los próximos meses.

No obstante, esta capacidad de reemplazo es limitada. Gran parte de la nueva oferta estadounidense ya estaba comprometida o prevista para un mercado en expansión, lo que reduce el margen de maniobra ante la actual crisis. Además, sustituir el LNG qatarí implica rediseñar rutas comerciales, competir por buques metaneros y adaptar infraestructuras de regasificación, procesos que demandan tiempo y recursos.

Para los analistas, la crisis energética global atraviesa una transformación. Ya no se trata únicamente de una interrupción en la oferta, sino de una creciente competencia por el acceso a los recursos disponibles.

“Pasamos de una ‘availability crisis’ a una ‘allocation crisis’: quién accede a la energía y a qué costo”, sintetizó Carnicer. En este nuevo escenario, las economías con mayor capacidad financiera y flexibilidad logística logran amortiguar mejor el impacto, mientras que los países emergentes quedan más expuestos.

Aunque el estrecho de Ormuz permanece abierto, Irán conserva capacidad de disrupción operativa, lo que mantiene latente el riesgo geopolítico sobre el comercio energético global.

Así, la actual tregua aparece más como una pausa operativa que como una solución estructural. La seguridad energética internacional continúa dependiendo de un equilibrio frágil, en un sistema que aún no logra recomponerse completamente.