La discusión por la reforma de la Ley de Tierras sumó un nuevo capítulo político luego de que la senadora nacional Juliana Di Tullio presentara una impugnación contra el legislador entrerriano Joaquín Benegas Lynch, a quien acusa de mantener un presunto conflicto de intereses por su actividad empresarial vinculada al mercado de tierras rurales.

La presentación fue realizada horas después de que el oficialismo decidiera retirar del temario del Senado el proyecto conocido como Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluía modificaciones al régimen de tierras y que finalmente no fue tratado por falta de los votos necesarios para su aprobación.

Según la documentación citada en la impugnación, Benegas Lynch figura como fundador y director de Glocal Terra, una empresa que ofrece servicios de asesoramiento, valuación, administración e intermediación para inversiones en tierras rurales en Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Paraguay.

En su sitio web institucional —publicado en idioma inglés— la firma informa que trabaja con propietarios e inversores extranjeros, brindando asesoramiento comercial, financiero y legal para operaciones vinculadas al mercado de tierras.

Entre los servicios que promociona se encuentran:

La empresa sostiene haber participado en operaciones sobre más de 3 millones de hectáreas en distintos países de América Latina y afirma haber valuado más de 400.000 hectáreas destinadas a actividades agrícolas, forestales, ganaderas y proyectos de conservación.

La senadora del bloque Justicialista presentó una nota dirigida a la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, en la que solicita que Benegas Lynch se abstenga de participar en cualquier tratamiento legislativo relacionado con la normativa sobre tierras rurales.

Según Di Tullio, existe una incompatibilidad entre el rol de legislador y su participación en una empresa cuya actividad comercial podría verse directamente beneficiada por eventuales modificaciones legales.

En la presentación sostiene que existe una "colisión directa entre el interés público que debe tutelar el legislador y su interés económico privado", ya que cualquier cambio en el régimen vigente podría impactar sobre el volumen de negocios de la empresa.

La legisladora también invocó el artículo 66 de la Constitución Nacional y la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, al considerar que corresponde analizar si existe un conflicto de intereses que afecte la imparcialidad del senador durante el debate parlamentario.

En su página institucional, Glocal Terra sostiene que las empresas privadas generan beneficios sostenibles cuando operan "en el contexto de una sociedad libre y bajo sistemas no regulados", una definición alineada con principios promovidos por La Libertad Avanza.

La firma también manifiesta desarrollar acciones de responsabilidad social y menciona su colaboración con organizaciones como Conin, señalando que parte de sus ganancias se destinan a apoyar programas educativos y de nutrición.

La polémica se produjo luego de que el oficialismo retirara del orden del día el proyecto de reforma de la Ley de Tierras al no reunir los apoyos necesarios para su aprobación en el Senado.

Hasta el momento, Joaquín Benegas Lynch no realizó declaraciones públicas sobre la impugnación presentada por la senadora Di Tullio ni sobre los cuestionamientos vinculados a su participación en Glocal Terra.

El planteo deberá ser evaluado por las autoridades de la Cámara Alta en el marco del procedimiento legislativo correspondiente.

La Justicia de Entre Ríos suspendió de manera provisoria la implementación del nuevo sistema provincial de desayunos y meriendas escolares impulsado por el Gobierno provincial. La decisión fue adoptada por el vocal de Juicio y Apelaciones, Juan Malvasio, al hacer lugar a una medida cautelar solicitada en el marco de un amparo colectivo presentado por AGMER, la Fundación CAUCE y un grupo de padres y madres de alumnos de escuelas públicas.

La resolución ordena que, hasta que exista una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión, la Provincia se abstenga de distribuir alimentos que contengan uno o más sellos de advertencia nutricional o leyendas precautorias en los establecimientos educativos dependientes del Consejo General de Educación (CGE).

El recurso de amparo fue presentado el pasado 31 de julio por los abogados Rubén Pagliotto y Aldana Sasia, en representación de las familias; Verónica Fischbach, por AGMER; y Valeria Enderle, por Fundación CAUCE.

Los demandantes cuestionan el nuevo sistema de provisión de desayunos y meriendas adjudicado a la empresa Teknofood, que reemplazaría el mecanismo mediante el cual las escuelas adquirían los alimentos a través de la tarjeta Sidecreer.

Según sostienen, el nuevo esquema incorpora alimentos ultraprocesados con sellos de advertencia, en presunto incumplimiento de la Ley Nacional de Promoción de la Alimentación Saludable (Ley de Etiquetado Frontal).

Además, advirtieron sobre el impacto que estos productos podrían tener en la salud de niños y adolescentes, especialmente en una población vulnerable que asiste diariamente a los comedores escolares.

En su resolución, Malvasio aclaró que el amparo no analizará en esta instancia el procedimiento licitatorio ni la legalidad de la contratación, sino exclusivamente los aspectos vinculados con la protección del derecho a una alimentación saludable.

Por ese motivo, dispuso que la Provincia:

Asimismo, el magistrado dio intervención al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público Pupilar, y requirió al Gobierno provincial la documentación administrativa y los informes técnicos que fundamentaron la adquisición de los productos.

La Provincia tiene plazo hasta este viernes para contestar la demanda y remitir toda la información solicitada.

Horas después de conocerse la resolución judicial, el Gobierno de Entre Ríos informó que apelará la medida cautelar y defendió la legalidad del nuevo sistema de provisión alimentaria.

Desde la Fiscalía de Estado remarcaron que la resolución dictada por el juez Malvasio tiene carácter provisorio y no constituye una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad o legalidad del programa.

En ese sentido, señalaron que la cuestión de fondo será debatida durante el desarrollo del proceso judicial.

El Ejecutivo provincial también llevó tranquilidad a las comunidades educativas al confirmar que la prestación alimentaria no sufrirá interrupciones.

Recordó que desde el inicio de la implementación del nuevo esquema se había dispuesto que los directores de las escuelas continuaran utilizando el sistema anterior hasta que la nueva modalidad estuviera completamente operativa.

Por esa razón, sostuvieron que la medida cautelar "no modifica la continuidad del servicio ni el normal funcionamiento de los establecimientos educativos".

Desde el Gobierno provincial indicaron que el nuevo esquema forma parte de una política destinada a transparentar la administración de los recursos públicos y mejorar los mecanismos de compra y distribución de alimentos para los comedores escolares.

En ese marco, afirmaron que el sistema busca dejar atrás modalidades de contratación que durante años fueron cuestionadas por presuntas irregularidades.

Finalmente, la Provincia ratificó que defenderá judicialmente el programa, al considerar que la modernización de las compras públicas, la eficiencia en el uso de los recursos y la transparencia constituyen objetivos centrales de la gestión.

Mientras el Gobierno prepara la apelación y presenta su contestación a la demanda, el expediente continuará su trámite en la Justicia entrerriana.

La resolución cautelar permanecerá vigente hasta que el juez dicte una sentencia definitiva o disponga su modificación, por lo que, al menos por el momento, el nuevo sistema de desayunos y meriendas escolares permanecerá suspendido.

Un informe elaborado por la Dirección de Comedores del Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos puso en evidencia las marcadas diferencias que existen en los desayunos y meriendas que reciben los alumnos de los comedores escolares de la provincia.

El relevamiento, realizado en establecimientos educativos de distintos departamentos, concluye que no existe un criterio uniforme en la composición de los menús, situación que deriva en importantes desigualdades entre escuelas respecto de la calidad y variedad de los alimentos ofrecidos.

El documento oficial muestra que mientras algunos establecimientos sirven desayunos que incluyen leche chocolatada, yogur, frutas o productos lácteos, en otros predominan infusiones como té o mate cocido acompañadas únicamente por pan o galletitas.

Incluso, los equipos técnicos detectaron casos donde durante varios días consecutivos se repitió prácticamente el mismo menú, sin incorporar alternativas que aportaran mayor diversidad nutricional.

Según el informe, estas diferencias generan interrogantes sobre la igualdad de oportunidades alimentarias para los estudiantes que concurren diariamente a los comedores escolares.

Entre las principales conclusiones, el documento sostiene que existen "diferencias significativas en la calidad y variedad de los menús", por lo que recomienda avanzar hacia un esquema que garantice un desayuno escolar "igualitario y equitativo" para todos los alumnos de la provincia.

La intención es que los estudiantes reciban un aporte nutricional similar, independientemente de la escuela o el departamento donde asisten.

Las actas incorporadas al relevamiento muestran ejemplos concretos de las diferencias detectadas.

En una de las escuelas evaluadas, durante cinco jornadas consecutivas el desayuno estuvo compuesto prácticamente por la misma combinación: leche chocolatada con galletitas, sin variaciones.

En otro establecimiento, el menú registrado consistió únicamente en té con azúcar acompañado por galletitas, preparado exclusivamente con saquitos de té, azúcar y productos secos.

Otras planillas muestran desayunos integrados por:

La variedad observada evidencia la ausencia de criterios comunes para definir qué alimentos deben integrar el desayuno escolar.

El relevamiento también dejó al descubierto otra dificultad: algunos departamentos no remitieron la información solicitada por la Dirección de Comedores, lo que impidió incorporarlos al análisis.

Esta situación refleja, según surge del propio informe, la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento y control para contar con información homogénea sobre el funcionamiento del sistema alimentario escolar en toda la provincia.

Los datos oficiales muestran que durante años coexistieron modelos muy diferentes de desayuno y merienda en las escuelas entrerrianas, sin lineamientos comunes respecto de la calidad, composición o valor nutricional de las prestaciones.

En ese contexto, el informe plantea la necesidad de avanzar hacia un esquema que garantice igualdad de condiciones para todos los estudiantes.

Más allá del debate sobre eventuales cambios en el sistema de provisión de alimentos, el relevamiento instala una discusión de fondo: si es razonable que dos alumnos de una misma provincia reciban desayunos diferentes únicamente por la escuela a la que asisten, o si corresponde establecer criterios nutricionales comunes que aseguren igualdad en el acceso a una alimentación adecuada dentro del ámbito escolar.

La Federación Económica de Entre Ríos (FEDER) expresó su preocupación por la situación que atraviesan miles de empresas de la provincia y advirtió que el actual contexto económico está comprometiendo la continuidad de numerosos comercios, industrias, prestadores de servicios y emprendimientos turísticos.

A través de un comunicado enviado a Paralelo 32, la entidad —que representa a 35 instituciones empresarias entrerrianas— sostuvo que el sector privado realizó un importante esfuerzo para adaptarse al nuevo escenario económico, pero aseguró que las condiciones actuales ya no alcanzan para garantizar la sostenibilidad de las empresas.

Desde FEDER señalaron que, desde el inicio del actual proceso económico, empresarios y comerciantes comprendieron la necesidad de acompañar las medidas de ordenamiento implementadas y adaptarse a nuevas formas de producción y consumo.

En ese sentido, destacaron que muchas empresas incorporaron nuevas tecnologías, modificaron sus estrategias comerciales, redujeron costos y realizaron inversiones para sostener su actividad y preservar las fuentes de trabajo.

Sin embargo, advirtieron que ese esfuerzo encuentra hoy un límite.

"La fuerte caída del consumo, la retracción de la actividad económica y el constante incremento de los costos operativos están colocando a numerosos establecimientos en una situación extremadamente compleja", expresaron.

El documento sostiene que la combinación de mayores gastos fijos, incremento de tarifas, costos laborales, presión tributaria y pérdida de rentabilidad conforma un escenario cada vez más difícil para quienes producen, invierten y generan empleo en Entre Ríos.

Según la entidad, este contexto afecta tanto a pequeñas como medianas empresas de toda la provincia, limitando sus posibilidades de crecimiento e incluso poniendo en riesgo su continuidad.

FEDER también alertó sobre la situación del sector turístico, considerado uno de los motores económicos de Entre Ríos durante los últimos años.

La entidad afirmó que la disminución del movimiento turístico repercute directamente sobre hoteles, restaurantes, comercios y una amplia red de actividades vinculadas al sector.

"La caída del turismo impacta de manera directa sobre toda la economía regional", advirtieron.

En el comunicado, la Federación aclaró que el sector empresario no reclama beneficios extraordinarios, sino políticas que permitan recuperar la competitividad y generar condiciones favorables para el desarrollo de la actividad privada.

Entre los principales pedidos, la entidad mencionó la necesidad de avanzar hacia un escenario de mayor previsibilidad, promover el consumo, aliviar los costos que afectan la producción y fortalecer al turismo como actividad estratégica para el desarrollo provincial.

"Las empresas entrerrianas reclaman condiciones que les permitan trabajar, producir, invertir y crecer", señalaron.

Desde FEDER consideraron que, luego del esfuerzo realizado por el sector privado durante los últimos meses, resulta necesario que las políticas públicas acompañen el proceso de recuperación económica.

"Entre Ríos necesita una agenda de crecimiento", afirmaron.

En ese marco, advirtieron que cada comercio que cierra, cada empresa que reduce su actividad y cada puesto de trabajo que se pierde representan un retroceso para toda la comunidad.

Finalmente, la Federación Económica de Entre Ríos reafirmó su voluntad de continuar trabajando junto a los distintos niveles del Estado, aunque sostuvo que también tiene la responsabilidad institucional de visibilizar la realidad que enfrentan miles de emprendedores, comerciantes, industriales y prestadores de servicios.

"La defensa de la producción, el comercio, los servicios y el turismo es, en definitiva, la defensa del empleo y del desarrollo de todos los entrerrianos", concluye el documento firmado por las 35 entidades que integran la organización.

El Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de Crespo manifestó su "más enérgico rechazo" a una reciente campaña promocional del Nuevo Banco de Entre Ríos (BERSA), mediante la cual la entidad financiera ofrece beneficios y herramientas de financiamiento para realizar compras en una plataforma internacional de comercio electrónico.

A través de un comunicado enviado a Paralelo 32, la institución expresó su preocupación por considerar que esta estrategia comercial incentiva el consumo de productos importados y desvía el poder de compra de los entrerrianos hacia el exterior, en detrimento de los comercios, industrias, emprendedores y pequeñas y medianas empresas de la provincia.

Desde la entidad sostuvieron que resulta "inadmisible" que el principal agente financiero de la provincia utilice recursos comerciales para promover compras fuera del circuito económico local, especialmente en un contexto de retracción del consumo y dificultades para el sector.

"El comercio entrerriano atraviesa una de las coyunturas más difíciles de las últimas décadas, con caída de las ventas, aumento de los costos y una creciente presión competitiva", señalaron.

En ese sentido, afirmaron que la decisión del banco representa "un mensaje profundamente equivocado" para quienes generan empleo, pagan impuestos e invierten diariamente en Entre Ríos.

Otro de los puntos destacados en el comunicado hace referencia al vínculo histórico entre el banco y los comercios adheridos a sus programas de beneficios.

El Centro Comercial recordó que, desde hace años, son los propios comerciantes quienes realizan un importante esfuerzo económico para sostener las promociones que ofrece el BERSA, resignando parte de su rentabilidad para brindar descuentos y facilidades de pago a los consumidores.

"Resulta incomprensible que la misma entidad que solicita ese acompañamiento destine ahora su estructura comercial a favorecer operaciones que no generan empleo en Entre Ríos, no fortalecen la producción provincial y reducen la circulación del dinero dentro de nuestra economía", expresaron.

La institución consideró que la política comercial implementada contradice el compromiso que debería asumir una entidad con fuerte presencia pública y estrecha vinculación con el Estado provincial.

En ese marco, solicitó públicamente al Directorio del Nuevo Banco de Entre Ríos que revise de manera inmediata la campaña y explique cuáles fueron los fundamentos para impulsar una estrategia que, según sostienen, afecta objetivamente al comercio entrerriano.

Además, reclamó una definición del Gobierno de Entre Ríos, al considerar que, por su relación institucional con el agente financiero provincial, debe expresar una posición clara respecto de una medida que impacta sobre uno de los sectores que mayor empleo privado genera en la provincia.

El Centro Comercial de Crespo también planteó la necesidad de revisar integralmente el vínculo institucional entre el sector comercial y el BERSA.

Según indicó, considera necesario evaluar la continuidad de las acciones conjuntas y de las operaciones financieras con una entidad que, a su entender, adopta decisiones que terminan compitiendo directamente con los mismos comercios que durante años acompañaron su crecimiento y participaron activamente de sus campañas promocionales.

En el tramo final del documento, la entidad remarcó que cada compra realizada en un comercio entrerriano contribuye a sostener puestos de trabajo, generar inversiones, fortalecer la actividad económica y aportar recursos para financiar servicios públicos como salud, educación, seguridad e infraestructura.

"Promover el consumo fuera de ese circuito significa debilitar las posibilidades de desarrollo de nuestra propia provincia", advirtieron.

Finalmente, el Centro Comercial reafirmó su compromiso con la defensa del sector comercial local y expresó su expectativa de que las instituciones con responsabilidades estratégicas para el desarrollo económico de Entre Ríos actúen con el mismo compromiso en favor de la producción, el empleo y las empresas de la provincia.

La economía doméstica continúa siendo el principal desafío para millones de argentinos. Un estudio nacional elaborado por Zentrix Consultora refleja que la pérdida del poder adquisitivo, el crecimiento del endeudamiento y la imposibilidad de llegar a fin de mes configuran un escenario de fuerte preocupación social, incluso entre quienes respaldan al Gobierno nacional.

El Monitor de Opinión Pública (MOP) correspondiente a julio muestra que el 61,9% de los argentinos contrajo deudas durante los últimos seis meses y que, en más de la mitad de los casos, esos préstamos fueron destinados a cubrir gastos cotidianos y no a financiar inversiones o compras de largo plazo.

Uno de los datos más contundentes del relevamiento indica que el 66% de los argentinos agota sus ingresos antes o a partir del día 20 de cada mes, mientras que apenas el 9,3% logra finalizar el mes con capacidad de ahorro.

La situación es aún más compleja entre los jóvenes de 18 a 39 años: el 85,5% asegura quedarse sin dinero antes de finalizar el mes, evidenciando una mayor fragilidad económica respecto de otros grupos etarios.

En paralelo, el 87,4% de los consultados considera que su salario perdió frente a la inflación, percepción que atraviesa incluso a los votantes del oficialismo.

La encuesta revela un cambio profundo en la utilización del crédito.

Del total de personas que se endeudaron:

El informe sostiene que el crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un mecanismo para sostener el consumo cotidiano.

La situación resulta especialmente delicada entre los jóvenes, donde más de un tercio recurrió a prestamistas o financieras informales, generalmente con costos financieros mucho más elevados.

El estudio también muestra que endeudarse no resuelve la situación económica de los hogares.

Entre quienes tomaron créditos:

Además, el 55% considera que las tasas de interés actuales convierten al crédito en "una trampa", reflejando el creciente peso del endeudamiento sobre la economía familiar.

Otro de los aspectos relevados fue la percepción respecto de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El 67,1% de los consultados sostiene que la inflación oficial no refleja el aumento de precios que experimenta en la vida cotidiana, mientras que apenas el 29,6% considera que los datos oficiales representan la realidad.

Para la consultora, esta diferencia entre los indicadores macroeconómicos y la experiencia diaria de los consumidores explica por qué la desaceleración de la inflación todavía no logra traducirse en una mejora del humor social.

Al consultar sobre los problemas que más preocupan a la sociedad, la encuesta ubicó en primer lugar a la corrupción, mencionada por el 48,8% de los participantes.

Detrás aparecen cuestiones directamente vinculadas al bolsillo:

El informe concluye que, aunque la corrupción encabeza el listado, cuatro de las cinco principales preocupaciones de los argentinos están relacionadas con la situación económica.

El relevamiento también analizó la percepción sobre las principales figuras políticas nacionales.

El presidente registró:

Su mejor desempeño aparece entre hombres menores de 40 años del interior del país, mientras que los niveles más altos de rechazo se observan entre mujeres y mayores de 40 años.

El gobernador bonaerense obtuvo:

Su mayor respaldo se concentra en mujeres y habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La ministra de Seguridad alcanzó:

Su imagen presenta escasas variaciones entre los distintos grupos etarios.

La dirigente del Frente de Izquierda fue la única figura con balance positivo:

Sin embargo, ese diferencial favorable no se traduce en una intención de voto elevada para una eventual elección presidencial.

El Monitor de Opinión Pública (MOP) fue elaborado por Zentrix Consultora entre el 21 y el 30 de julio de 2026 sobre una muestra nacional de 1.468 casos válidos.

El relevamiento se realizó mediante cuestionarios online y presenta un margen de error de ±2,1%, con un nivel de confianza del 95%.

El gobernador Rogelio Frigerio sostuvo que la reciente reforma previsional representa un paso clave para sanear las cuentas públicas de Entre Ríos y generar condiciones que permitan reducir la carga impositiva sobre el sector productivo.

Lo hizo este jueves durante la apertura de la XIX Reunión del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), realizada en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, donde compartió escenario con la vicegobernadora Alicia Aluani, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger, y referentes del empresariado provincial.

En su discurso, Frigerio afirmó que su gestión impulsa un cambio en la relación entre el Estado y el sector privado.

"Durante mucho tiempo el Estado se sentó primero en la mesa. Primero los cargos, las estructuras y los privilegios, y recién después se pensaba en quienes producen. Nosotros dimos vuelta esa lógica", expresó.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo es que el Estado deje de ser un obstáculo para la inversión y se convierta en un facilitador del desarrollo económico.

Uno de los principales anuncios giró en torno a la reciente reforma de la Caja de Jubilaciones, aprobada por la Legislatura provincial.

El mandatario consideró que la medida constituye "un paso histórico" para reducir el déficit estructural de la provincia y aseguró que permitirá liberar recursos para fortalecer áreas prioritarias y avanzar en una reducción de impuestos.

"La reforma apunta a corregir un problema que condicionaba las finanzas públicas y limitaba las posibilidades de crecimiento", sostuvo.

Frigerio también repasó algunas de las medidas impulsadas por su administración para incentivar la llegada de inversiones privadas.

Entre ellas destacó la creación de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones, organismo que busca acompañar a las empresas durante todo el proceso de radicación y expansión.

Además recordó que Entre Ríos fue la primera provincia en adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y en sancionar un régimen provincial de promoción.

Según explicó, las nuevas inversiones que generen empleo podrán acceder a beneficios fiscales por un período de hasta 15 años.

Otro de los puntos mencionados fue la implementación del Certificado Único Ambiental Digital, una herramienta que busca agilizar trámites vinculados a habilitaciones ambientales y reducir tiempos administrativos para el sector productivo.

Durante su exposición, el gobernador insistió en que el crecimiento económico dependerá del protagonismo del sector privado.

"Hoy la política escucha a los empresarios y trabaja para resolver sus problemas. Así debería haber sido siempre", afirmó.

También convocó a los representantes del empresariado a convertirse en actores centrales de la transformación provincial y reiteró el compromiso de su gabinete de trabajar junto al sector productivo para impulsar nuevas inversiones y generar empleo.

Por su parte, el presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos, Ramiro Reiss, remarcó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado, el sector privado y las instituciones para impulsar el desarrollo de la provincia.

Durante su intervención respaldó las reformas impulsadas por el Gobierno provincial y consideró que la reciente modificación del sistema previsional constituye una medida necesaria para garantizar la sustentabilidad de las cuentas públicas.

Asimismo, planteó la necesidad de continuar avanzando hacia un Estado más eficiente y moderno.

"Un Estado fuerte no es el que recauda cada vez más, sino el que administra mejor los recursos que aportan los ciudadanos", concluyó.

Lo digo con orgullo: la Selección hizo lo que soñábamos, peleó una final y nos dio en cada partido esa alegría colectiva que solo el fútbol sabe dar. Pero apenas terminó, empezó otro partido, uno que no se juega con reglas claras ni con árbitro imparcial: el de definir y defender qué clase de país somos. 

Vayamos un poco atrás, aunque sea un instante, porque esto no nació ahora. Desde que la Argentina empezó a organizarse como Nación, siempre convivieron dos ideas de nosotros mismos: en primer lugar, la de un país que debía parecerse a Europa para ser considerado serio. Esa fue, a grandes rasgos, la ilusión y el deseo de una generación de políticos e intelectuales de gran renombre. Pero, en segundo lugar, también había un país que, tercamente, nunca terminó de encajar del todo en ese molde. El gaucho, el interior, las costumbres propias del territorio parecían plantar resistencia frente al espejo de las prolijas y admiradas instituciones europeas. La distinción entre “Civilización y Barbarie” reflejaba esa tensión entre lo que éramos y lo que se pretendía enderezar para “ser como…”. Y ahí seguimos: siendo, todavía hoy, un poco de las dos cosas. Ese vaivén entre querer ser e insistir en ser lo que somos explica, en parte, por qué cualquier gesto nuestro puede leerse afuera como una provocación. La osadía de ser como somos popularizó del otro lado del Atlántico la palabra 'sudaca', y quizá algunas otras como 'tercermundista' o 'bananero'. 

Y alguna vez se tenía que encender la mecha nuevamente. Tras la victoria ante Inglaterra, algunos jugadores desplegaron en la cancha una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" (algo que la FIFA había prohibido expresamente por tratarse de un símbolo político). Ese incidente, más allá de lo reglamentario, constituyó una reivindicación justa de nuestra historia, pero también funcionó como excusa perfecta para la avalancha de críticas y descalificaciones sobre la Argentina.

Medios deportivos, noticieros y hasta diarios de peso como el New York Times o el Washington Post amplificaron la historia mucho más allá de un cartel en una cancha. Y no fue solo una impresión o una sospecha: Google Trends confirmó que las búsquedas sobre Malvinas alcanzaron, por estos días, el pico más alto de su historia.

Un gesto tan simple como desplegar una bandera llegó a tocar el nervio geopolítico de verdad, y en Londres se sintió como una humillación de una escala que, sinceramente, no guarda proporción con el hecho en sí. La respuesta, en cambio, sí es desmedida: se extendió mucho más allá del Reino Unido, alcanzando buena parte de Europa Occidental y a ciertos sectores de la prensa norteamericana. 

Ahí es donde el partido dejó la cancha para meterse en otro terreno. Porque lo que empezó como una discusión sobre una bandera y el reglamento terminó convertido en un juicio sobre nuestra identidad entera. La legisladora demócrata de Texas, Jasmine Crockett, vinculó la preferencia mundial por España frente a Argentina con una supuesta "historia racista" de nuestro país. El actor estadounidense Samuel L. Jackson pidió que la comunidad afrodescendiente no alentara a la Selección, calificando a la Argentina como uno de los países "más racistas del mundo". Ninguno de los dos habló de táctica, de arbitrajes ni de estilo de juego: hablaron de nosotros, de nuestra esencia, de un país que no conocen, a partir de un partido de fútbol visto por una pantalla.  

Y ahí conviene hacer una pausa y preguntarnos: ¿quién o quiénes tienen autoridad para dictar ese veredicto? Cuesta tomarse en serio la lección moral de potencias que, mientras acusan a otros de intolerantes, siguen administrando colonias a miles de kilómetros de su territorio. La superioridad que se ejerce hacia afuera rara vez se aplica hacia adentro. Vale la pena recordar que el Comité de Descolonización de la ONU tiene en observación a 17 territorios en el mundo que aún están bajo administración colonial. Sí, en el 2026, de esos 17 territorios, el Reino Unido conserva 9, uno de ellos, las Islas Malvinas. 

No escribo esto para decir que en la Argentina no haya nada que corregir; cualquier sociedad lo tiene, y negarlo sería tan poco serio como aceptar sin más la etiquetas que nos quieren poner. Escribo esto para decir algo más simple: no necesitamos que nadie de afuera nos diga quiénes somos ni quiénes debemos ser. La identidad de un pueblo no se define en un editorial extranjero ni por el enojo de los “grandes” que integran la UEFA. Se define adentro, entre nosotros, con lo bueno y lo que hay que seguir mejorando. Y esa tarea, la de sostenernos unidos como Nación, más allá del resultado de cualquier partido, no depende de ningún tribunal mediático ni de los que en su cabeza piensan en términos coloniales. Depende, como siempre, de nosotros. 

Cuando la política exterior abandona la prudencia, los exabruptos de unos pocos segundos se transforman en hipotecas de varios años. Lo vivido este fin de semana en San Pablo encaja perfectamente en esa dinámica. Javier Milei decidió utilizar una tribuna partidaria extranjera para injuriar, sin nombrarlo pero sin dejar dudas, al jefe de Estado de la principal economía de América del Sur. Llamarlo "basura comunista", "el ladrón" o "el presidiario" no es una audacia retórica: es la renuncia deliberada a distinguir entre el líder de un partido y el Jefe de Estado de un país vecino, socio y garante de previsibilidad regional.

La respuesta de Brasilia fue proporcional y, diría, contenida: el canciller Mauro Vieira llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli. No es una ruptura de relaciones —el vocabulario diplomático distingue con precisión estos grados— pero sí es la señal más dura que un gobierno puede emitir sin cruzar ese umbral. Es, en el lenguaje de los cancilleres, una advertencia formal de que algo se ha quebrado y de que la reparación no será automática.

Quienes formulan la política exterior argentina de este gobierno suelen invocar la "autonomía" y la "libertad" como si fueran sinónimos de desapego respecto de los vecinos. Pero la autonomía real de un país mediano —y Argentina lo es, pese a las fantasías de excepcionalidad— no se construye ofendiendo a quien es, por lejos, su socio comercial más importante. Se construye acumulando márgenes de maniobra, y esos márgenes se obtienen precisamente de vínculos regionales sólidos, no de su demolición ostentosa.

Los números no dejan lugar a la ambigüedad retórica. En el primer semestre de 2026 el intercambio de bienes entre ambos países rozó los 13.803 millones de dólares, muy por encima del comercio con China o Estados Unidos. Brasil absorbió el 12,6% de las exportaciones argentinas totales en ese período y es, desde 1991, de modo ininterrumpido, el principal socio comercial del país. No es un dato menor ni coyuntural: es la estructura misma sobre la que se apoya buena parte del entramado industrial argentino, en particular el sector automotriz, donde Brasil concentra hasta el 50% de las exportaciones de pick-ups y camiones. La búsqueda de un aplauso partidario en San Pablo, cuando se hace a costa de ese vínculo estratégico, no expresa soberanía: la debilita irresponsablemente.

La integración regional no es un artefacto burocrático heredado de los años noventa ni una nostalgia progresista, como se la suele caricaturizar desde ciertos sectores del oficialismo. Es, ante todo, un instrumento de inserción internacional que multiplica el peso relativo de países que, aislados, tienen escasa capacidad de negociación frente a los grandes bloques y potencias. Ese mismo principio opera, en otra escala, en nuestra Región Centro: la convicción de que la cooperación entre provincias fortalece su capacidad para defender intereses compartidos, atraer inversiones y generar mejores condiciones para el desarrollo de sus economías regionales. Lo ocurrido este fin de semana convierte una relación de Estado en una extensión de la interna electoral brasileña, alineando a la Argentina, sin matices, con el bolsonarismo y en contra del gobierno constitucional de su vecino.

Es válido —y hasta esperable— que un presidente tenga preferencias ideológicas y afinidades personales. Lo que ninguna diplomacia seria admite es que esas preferencias se traduzcan en injerencia declarada en un proceso electoral ajeno, ni que un mandatario en ejercicio equipare a un jefe de Estado extranjero con un delincuente desde suelo de ese mismo Estado. La defensa que Milei hizo de Jair Bolsonaro —condenado a más de 27 años de prisión por la Justicia brasileña por intentar un golpe de Estado— agrega una capa adicional de gravedad: no se trata solo de un desaire personal a Lula, sino de un cuestionamiento implícito a la autoridad del Poder Judicial de un país soberano.

Y hay algo más, que no debería quedar afuera de esta reflexión: a quién se estaba insultando. Luiz Inácio Lula da Silva es, más allá de cualquier lectura ideológica, uno de los dirigentes de mayor densidad política que ha dado América Latina en el último siglo. Su trayectoria —del sindicalismo metalúrgico, la lucha contra la dictadura militar, a la fundación de un partido desde cero, de la cárcel a la presidencia recuperada— lo instaló como una figura de estadista en el sentido más clásico del término: capacidad de construir mayorías amplias, disposición a negociar con adversarios internos y externos, y una lectura de largo plazo del lugar de Brasil en el mundo que trascendió sus propios mandatos. Ha gobernado en tres ocasiones distintas, en contextos económicos y políticos muy diferentes entre sí, y en cada una demostró una seriedad institucional que contrasta con el humor volátil de buena parte de la dirigencia regional contemporánea. Se puede discrepar, y con fundamentos, de muchas de sus políticas; lo que resulta más difícil de sostener es negarle la seriedad con la que ha ejercido la función presidencial y el peso específico que su figura tiene en la historia política reciente del continente. Agredir a un dirigente de esa talla, y hacerlo además en su propio país, no es solo un error de cálculo diplomático: es una muestra de liviandad frente a alguien que representa, para bien o para mal, una de las biografías políticas más consistentes de la región.

Ese contraste se exhibe, también, en los modos: apenas unas horas antes del desplante de San Pablo, Lula publicaba en el Washington Post una columna sobre los aranceles que Trump le había impuesto a su país. No hubo en ese texto un insulto, ni un apodo, ni la tentación fácil del exabrupto: hubo cifras, hubo el recuento paciente de reuniones y documentos entregados en mano, hubo una defensa de la soberanía formulada con la frialdad de quien sabe que la dignidad de un Estado se demuestra en el tono, no se proclama a los gritos. Ese es el nivel con el que un jefe de Estado le responde, incluso, a quien le acaba de golpear la economía.

Argentina ha construido, con avances y retrocesos, una tradición de política exterior hacia Brasil que atravesó gobiernos de signos opuestos —de Alfonsín a Menem, de Kirchner a Macri— precisamente porque comprendió que el vínculo bilateral trasciende las coyunturas ideológicas. Esa tradición asumía que la relación con Brasilia era, ante todo, una cuestión de Estado, no de gobierno. Lo ocurrido este fin de semana revierte ese consenso de décadas y lo hace, además, sin ninguna contrapartida estratégica visible: no hay ganancia diplomática, comercial ni geopolítica que compense el costo de una crisis con el socio que compra más de una décima parte de lo que el país exporta al mundo.

La política exterior no es un escenario para la pulsión antagónica ni para la construcción de identidad partidaria hacia adentro. Es, en cambio, el ámbito donde se administran con cautela los intereses permanentes de un Estado, más allá de quién lo gobierne circunstancialmente. Confundir ambas cosas —convertir un vínculo estratégico en munición de campaña— no es audacia libertaria: es, llanamente, un retroceso. Y como todo retroceso en materia de relaciones exteriores, sus costos no los pagará quien pronunció las palabras, sino el país que deberá reconstruir, con paciencia y sin épica, lo que se dañó en menos de media hora de discurso.

La relación diplomática entre Argentina y Brasil atraviesa uno de sus momentos más delicados desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia. Las declaraciones del mandatario argentino durante su visita a Brasil el pasado fin de semana generaron una fuerte reacción del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que calificó los dichos como una "provocación sin precedentes".

En la Casa Rosada reconocen que existe un "enorme malestar" entre ambos gobiernos, aunque sostienen que el conflicto se limita al plano político y que no tendrá consecuencias sobre el intercambio comercial entre los dos principales socios del Mercosur.

"Lo diplomático y lo comercial corren por carriles separados en este caso", señalaron fuentes oficiales citadas por distintos medios nacionales.

Durante su participación en la Convención Nacional del Partido Liberal (PL), en San Pablo, Milei respaldó públicamente la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, de cara a las elecciones brasileñas previstas para octubre.

En ese contexto, el mandatario argentino lanzó duras críticas contra Lula da Silva, a quien volvió a cuestionar por su apoyo a Sergio Massa durante el balotaje presidencial argentino de 2023.

Milei afirmó que Brasil enfrenta el "riesgo Lula" y vinculó al actual gobierno brasileño con las políticas socialistas que, según sostuvo, llevaron a la Argentina a una profunda crisis económica.

Además, calificó a Lula como "basura socialista", "ladrón" y "presidiario", y también apuntó contra el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien responsabilizó por impedirle visitar a Jair Bolsonaro, actualmente condenado por intento de golpe de Estado.

Las declaraciones motivaron una inmediata reacción del Gobierno brasileño.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Mauro Vieira, convocó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para solicitar explicaciones por las expresiones del presidente argentino.

Al mismo tiempo, Brasil llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, quien viajó a su país para mantener reuniones con la Cancillería.

En un comunicado oficial, el gobierno brasileño sostuvo que no existen antecedentes de que un jefe de Estado extranjero haya realizado declaraciones de ese tenor durante una visita al país.

"Es especialmente lamentable que este episodio involucre al presidente de un país con el que Brasil mantiene más de 200 años de amistad y que constituye su principal socio comercial", expresó la Cancillería brasileña.

Posteriormente, Mauro Vieira calificó los dichos de Milei como una "provocación sin precedentes" y sostuvo que representaron una injerencia en asuntos internos brasileños, además de una ofensa hacia el presidente, el Poder Judicial, las instituciones democráticas y el pueblo de ese país.

Pese al endurecimiento del clima diplomático, en el Gobierno nacional consideran que la tensión no derivará en represalias económicas.

Desde el oficialismo recuerdan que las diferencias entre ambos mandatarios comenzaron incluso antes de la asunción de Milei, luego de que Lula respaldara públicamente la candidatura presidencial de Sergio Massa.

En defensa del Presidente también se expresó el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien afirmó que dirigentes brasileños habían participado anteriormente de actividades políticas en la Argentina durante la campaña electoral de 2023.

Por su parte, La Libertad Avanza difundió imágenes del viaje presidencial acompañadas por el mensaje: "La derecha sea unida", en respaldo a la candidatura de Flávio Bolsonaro.

Más allá de la crisis política, Argentina y Brasil mantienen una de las relaciones comerciales más importantes de América del Sur. Ambos países son los principales socios del Mercosur y sostienen un intenso intercambio en sectores como la industria automotriz, la producción agroindustrial, la energía y el comercio manufacturero.

Por el momento, las diferencias parecen concentrarse en el plano diplomático. Sin embargo, el intercambio de declaraciones y la convocatoria de embajadores reflejan el mayor nivel de tensión bilateral registrado en los últimos años y abren un nuevo capítulo en la compleja relación entre los gobiernos de Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva.

El presidente Xi Jinping afirmó este lunes que China está dispuesta a fortalecer aún más la coordinación estratégica bilateral y multilateral con Brasil.

Xi lo afirmó durante una conversación telefónica con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de acuerdo con un resumen de Xinhua. 

Xi señaló que, en los últimos años, la construcción de una comunidad de futuro compartido China-Brasil y la articulación de las estrategias de desarrollo de ambos países lograron avances positivos.

Eso desempeñó un importante papel en el impulso del desarrollo de las dos naciones y en la mejora del bienestar de sus pueblos, además de contribuir a una valiosa estabilidad en un panorama internacional marcado por la volatilidad, subrayó.

Al apuntar que este año se conmemora el 105º aniversario de la fundación del Partido Comunista de China y marca el inicio del XV Plan Quinquenal del país, mientras que Brasil afrontará una importante agenda política interna, Xi afirmó que su nación está dispuesta a reforzar aún más la coordinación estratégica bilateral y multilateral con el gigante sudamericano para mantener el impulso positivo en la construcción de una comunidad de futuro compartido.

Xi indicó que, frente a las nuevas circunstancias y desafíos, China y Brasil, como importantes miembros del Sur Global, deben mantenerse firmemente del lado correcto de la historia y del progreso de la civilización, desempeñar un papel más constructivo en la reforma y el perfeccionamiento del sistema de gobernanza global y en la defensa de la equidad y la justicia internacionales.

Añadió que ambas partes deben promover conjuntamente un desarrollo de alta calidad de la cooperación del BRICS ampliado, orientar adecuadamente esa cooperación, mantener el impulso de la unidad, lograr más resultados y escribir un nuevo capítulo de solidaridad y autosuficiencia para el Sur Global.

Xi afirmó que China concede gran importancia a la posición internacional y a la influencia de Brasil, y expresó su apoyo a ese país en la defensa de su soberanía e independencia, en su oposición a las injerencias externas y en su contribución al mantenimiento de la paz y la estabilidad regionales y mundiales.

Por su parte, Lula destacó que Brasil y China lograron avances positivos en la construcción de una comunidad de futuro compartido para un mundo más justo y un planeta más sostenible, con una cooperación que avanza rápidamente en diversos ámbitos.

El comercio bilateral alcanzó un nuevo récord histórico, mientras que la serie de actividades del Año de la Cultura Brasil-China fortaleció aún más la base social de la amistad entre ambos pueblos.

Señaló que Brasil espera reforzar la cooperación con China en áreas como la inteligencia artificial, la energía y los recursos minerales.

Y dio la bienvenida a una mayor inversión de empresas chinas en Brasil para diversificar la cooperación bilateral y generar más resultados fructíferos.

Victoria.- La derogación de la ley que otorgaba pensiones vitalicias a exgobernadores y exvicegobernadores de Entre Ríos representa, según el senador provincial por Nogoyá, Rafael Cavagna, el cierre de un régimen que “la sociedad interpreta como un beneficio de privilegio” y que ya no tendrá vigencia para quienes ejerzan esos cargos en el futuro.

En diálogo con Paralelo32, el legislador y presidente del bloque Juntos por Entre Ríos recordó que la norma fue sancionada en 1965, durante la gestión del gobernador Carlos Contín, con el objetivo de garantizar un ingreso a quienes hubieran ocupado la máxima magistratura provincial o la vicegobernación y no contaran con otro beneficio previsional.

“La ley establecía una pensión equivalente al 75% del sueldo del gobernador, sin contemplar los gastos de representación, y con actualización automática según la remuneración del mandatario en funciones”, explicó.

Cavagna sostuvo que el impacto económico de la derogación es reducido, ya que actualmente el régimen alcanza a solo diez personas. “Son pocos los beneficiarios porque la propia ley impedía acceder a esta pensión cuando el exgobernador o exvicegobernador ya contaba con otro beneficio jubilatorio”.

Según precisó, el haber promedio ronda actualmente los 2 (dos) millones de pesos mensuales, por lo que el ahorro fiscal inmediato será limitado. No obstante, remarcó que la derogación impedirá que futuros gobernadores y vicegobernadores accedan a ese beneficio especial.

“Para el futuro va a representar un ahorro, porque ningún gobernador ni vicegobernador podrá obtener este derecho que establecía la ley”, afirmó.

El entrevistado amplió, además, que la derogación no afectará a quienes actualmente perciben la pensión, ya que se trata de derechos adquiridos protegidos por la legislación previsional.

“No se puede legislar con retroactividad en esta materia. Quienes hoy cobran el beneficio lo seguirán haciendo porque fue otorgado bajo una ley vigente”, explicó.

Entre los actuales beneficiarios mencionó a Marta Jordán, viuda del exgobernador Sergio Montiel, quien continuará percibiendo la pensión en los términos establecidos por la normativa vigente al momento de su otorgamiento, lo mismo ex vicegobernadores como Héctor Alanís.

Consultado sobre la decisión del Senado de eliminar el artículo que preveía la pérdida del beneficio para personas condenadas por delitos de corrupción, Cavagna señaló que la modificación respondió a cuestiones jurídicas.

Indicó que esas situaciones ya están contempladas por la legislación penal y previsional vigente, por lo que entendieron que no correspondía incorporar una regulación específica dentro de esta ley.

Respecto de la posibilidad de revisar otros beneficios de características similares, el legislador señaló que actualmente permanecen vigentes únicamente dos regímenes especiales: las pensiones destinadas a excombatientes de Malvinas y las pensiones honoríficas vinculadas a los Premios Fray Mocho.

Aclaró que estos casos responden a fundamentos distintos y que, por el momento, no existe un análisis legislativo para modificarlos.

Para Cavagna, la aprobación del proyecto por parte de todos los bloques políticos refleja una interpretación compartida sobre el reclamo social.

“La decisión del Ejecutivo interpretó lo que quiere la sociedad y por eso todos los legisladores acompañaron la iniciativa. Me parece que este tipo de medidas son las que la ciudadanía espera de la dirigencia política”, sostuvo.

Finalmente, consideró que la derogación marca el fin de una herramienta creada en un contexto histórico diferente. “En su momento tenía una finalidad determinada, que era proteger a quien hubiera llegado a ser gobernador o vicegobernador y no tuviera otra cobertura previsional. Con el tiempo ese sentido se fue desvirtuando y hoy la sociedad entiende que se trata de un privilegio que ya no corresponde mantener”, concluyó.

El proyecto del Gobierno nacional para modificar la Ley de Tierras Rurales volvió a instalar el debate sobre la propiedad de los recursos estratégicos en la Argentina. Desde distintos sectores ambientalistas surgieron cuestionamientos a la iniciativa, que busca eliminar restricciones vigentes para la adquisición de campos por parte de capitales extranjeros.

Uno de los críticos fue Lucas Micheloud, director de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, quien en declaraciones al portal Debate Abierto advirtió que la propuesta podría facilitar la concentración de grandes extensiones de tierra y de recursos naturales en manos de empresas extranjeras.

Según explicó Micheloud, el proyecto pretende modificar la legislación sancionada en 2011, que estableció límites a la compra de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras.

La norma vigente fija un tope del 15 % de la superficie rural en manos de extranjeros dentro de cada jurisdicción y establece límites para la cantidad de hectáreas que puede adquirir un mismo titular.

Para el abogado ambientalista, eliminar esas restricciones implicaría abrir la puerta a una mayor concentración de la propiedad rural.

"La tierra y el agua son recursos finitos. El problema es enfrentarlos a un capital transnacional que prácticamente no tiene límites", sostuvo.

Micheloud señaló que una de las mayores preocupaciones está vinculada con la protección de las fuentes de agua.

Explicó que la legislación actual contempla restricciones para la venta de tierras que incluyen cuerpos de agua estratégicos, como lagos, lagunas o sectores ribereños, resguardos que, según su interpretación, podrían verse afectados si prospera la reforma.

En ese contexto, advirtió que la disponibilidad de agua dulce adquirirá cada vez mayor importancia en un escenario internacional marcado por el cambio climático, la transición energética y el crecimiento de industrias vinculadas a minerales estratégicos y nuevas tecnologías.

Durante la entrevista, el especialista vinculó el interés sobre los recursos naturales argentinos con la creciente demanda mundial de minerales como el litio, el cobre y las denominadas tierras raras, indispensables para el desarrollo tecnológico y energético.

También mencionó el incremento del consumo de agua y energía asociado a grandes centros de procesamiento de datos utilizados por empresas dedicadas a la inteligencia artificial.

A su entender, estos factores incrementan el valor estratégico del territorio argentino en el escenario geopolítico actual.

Micheloud cuestionó además el acompañamiento de algunos sectores políticos a la iniciativa oficial y reclamó que el tratamiento legislativo se realice con un amplio debate público.

En paralelo, organizaciones ambientalistas anunciaron una convocatoria para el 6 de agosto, fecha en la que, según trascendió, el proyecto podría comenzar a discutirse en el Congreso Nacional.

La reforma aún deberá atravesar el debate parlamentario, donde oficialismo y oposición expondrán sus argumentos sobre una iniciativa que reabre la discusión acerca del régimen de propiedad de la tierra y la protección de los recursos naturales estratégicos del país.

El proyecto de ley de Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional, impulsado por el Gobierno de Entre Ríos y que ya cuenta con media sanción del Senado, dio este jueves un paso clave en la Cámara de Diputados al obtener dictamen de mayoría en las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, y de Previsión y Seguridad Social.

De esta manera, la iniciativa quedó en condiciones de ser incorporada al orden del día para su tratamiento en el recinto.

Las reuniones fueron presididas por los diputados Bruno Sarubi y Vilma Vázquez, mientras que en la última jornada la conducción estuvo a cargo de la diputada Carola Laner.

Durante la primera jornada de análisis, el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, fundamentó la necesidad de avanzar con una reforma del sistema previsional provincial.

El funcionario sostuvo que el objetivo central del proyecto no es reducir el déficit de la Caja, sino garantizar su sostenibilidad en el tiempo.

"Lo que buscamos es asegurar la sustentabilidad técnica del sistema para que pueda seguir jubilando trabajadores en el futuro", afirmó.

Bagnat explicó que la situación actual responde a problemas estructurales acumulados durante años, entre ellos la disminución de aportantes activos, la falta de estudios actuariales, la incorporación de beneficios sin respaldo suficiente y distintos mecanismos que, según indicó, incrementaron el desequilibrio financiero del organismo.

También recordó que la Provincia mantiene una demanda judicial contra el Estado nacional para reclamar fondos previsionales adeudados.

La segunda jornada estuvo dedicada a escuchar la posición de sindicatos docentes, estatales, judiciales y viales.

Desde AGMER, su secretario general Abel Antivero cuestionó que la propuesta implique un ajuste sobre los trabajadores y sostuvo que pone en riesgo el principio del 82 % móvil.

En representación de ATE, Esteban Olarán criticó lo que definió como un proceso de armonización con el sistema nacional, mientras que Víctor Sartori advirtió que modificar el cálculo del haber inicial de 10 a 15 años afectará el monto de las futuras jubilaciones.

Por su parte, la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, defendió la decisión del gremio de participar de la discusión y valoró las modificaciones incorporadas durante el tratamiento legislativo.

"La responsabilidad de quienes representamos a los trabajadores también es sentarnos a discutir", señaló.

También participaron representantes de AMET, AJER, SOEVER, la Asociación del Personal Legislativo, la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos y la vocal de la Caja de Jubilaciones, Claudia Vallori.

Durante las reuniones también expusieron legisladores de los distintos bloques.

El diputado oficialista Jorge Maier rechazó las críticas sobre un supuesto tratamiento acelerado del proyecto y afirmó que la discusión responde a una necesidad reconocida desde hace varios años.

En tanto, la diputada María Elena Romero insistió en la necesidad de reclamar a la Nación los fondos correspondientes a la Caja de Jubilaciones.

Desde la oposición, el diputado Juan José Bahillo anticipó el rechazo del bloque Más para Entre Ríos y cuestionó especialmente la modificación del cálculo del haber inicial.

"Pasar de tomar los últimos 10 años a los últimos 15 implica una pérdida para los futuros jubilados", sostuvo.

En la misma línea, la diputada María Laura Stratta pidió que el debate se desarrolle con responsabilidad política y respeto hacia todos los sectores involucrados.

En la última jornada de trabajo fueron convocados el presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, Alejandro Cánepa, y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.

Cánepa consideró que la Caja necesita una reforma, aunque expresó objeciones sobre algunos artículos del proyecto. Entre ellas mencionó el plazo de dos años previsto para la emergencia previsional, las facultades delegadas al Poder Ejecutivo para reglamentar aspectos vinculados al haber inicial y la movilidad, y la posibilidad de jubilaciones de oficio.

Por su parte, Rodríguez Signes repasó la demanda iniciada por Entre Ríos contra el Estado nacional por el financiamiento del sistema previsional y sostuvo que, más allá del reclamo judicial, la Provincia debe avanzar en reformas estructurales para mejorar la sustentabilidad del régimen.

Según explicó, el derecho de Entre Ríos al reclamo de esos fondos ya fue reconocido judicialmente, aunque advirtió que ese proceso no resolverá por sí solo los problemas financieros de la Caja.

Luego de escuchar a todos los sectores convocados y de un nuevo intercambio entre legisladores oficialistas y opositores, las comisiones emitieron despacho de mayoría.

Con ese paso cumplido, el proyecto de reforma previsional quedó habilitado para ser tratado en una próxima sesión de la Cámara de Diputados, donde se definirá si la iniciativa obtiene sanción definitiva o vuelve al Senado en caso de nuevas modificaciones.

El bloque de diputados “Más Para Entre Ríos” se abstuvo en la votación del proyecto denominado “de alivio fiscal” para el sector comercial enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura, que prevé principalmente eximir del impuesto a los Ingresos Brutos a comerciantes monotributistas de las categorías A, B y C. La medida fue calificada como “irrelevante, estéril y carente de efectividad” por los representantes del sector comercial que fueron convocados a las reuniones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en las que se analizó la propuesta.

Al hacer uso de la palabra en la sesión de este miércoles, la diputada Andrea Zoff explicó que esa calificación —“irrelevante, estéril y carente de efectividad”— son las palabras textuales “que dijeron los representantes del sector comercial sobre el proyecto. Y para los que no pudieron estar en la comisión, eso está plasmado por escrito, fue adjuntado de hecho al expediente”.

Zoff señaló que esos representantes del sector comercial “se sentaron con nosotros en la comisión, contaron la situación crítica que están atravesando: la disminución de las ventas, el aumento de las tarifas; es decir, lo que vemos cada uno de nosotros en nuestros lugares. Y una vez que terminaron de contar esta situación, cuando se levantaron y se fueron, el oficialismo dispuso la firma del dictamen sin cambiar una coma, sin tomar nada de lo que acababan de escuchar”.

En ese sentido, la legisladora indicó que los comerciantes se quejaron diciendo: “¿Para qué nos invitaron? Es una formalidad. Nos usaron para hacer una campaña de promoción publicitaria política”, y agregó que el resultado expresado en el dictamen de comisión firmado por el oficialismo parece darles la razón.

Zoff sostuvo que lo que caracteriza al proyecto del Poder Ejecutuvio es la diferencia entre lo que se señala en la prensa respecto de la iniciativa y lo que realmente contempla. Luego la legisladora indicó que la exención del pago para los comerciantes monotributistas categorías A, B y C implica que dejarán de pagar entre 8.000 y 19.000 pesos mensuales. “Parece un tanto apresurado decir que esto permite sostener el empleo o que implica un gran alivio para el sector. Los invito simplemente a que vean lo que cuesta el alquiler de un local o lo que cuestan las tarifas, y lo comparen con estos montos... De todas formas, por supuesto, siempre es bienvenida cualquier medida que pueda colaborar con el sector. Eso sí, (para acceder al beneficio) deben tener sus pagos al día, lo que en un contexto de crisis también es bastante complicado”, añadió.

La legisladora igualmente señaló que el segundo artículo del proyecto establece un beneficio al buen pagador, eximiendo del cumplimiento de la cuota número 12. “Eso no tiene que ver con un plan de alivio fiscal al comercio específicamente. Es un premio al buen pagador como en tantas otras oportunidades hemos visto”. Una consideración similar realizó sobre la derogación del pago del Impuesto de Sellos para la reconducción, reorganización y prórroga de sociedades. “Esto tampoco forma parte de un plan de alivio, y no son las medidas que necesitamos para este contexto”, agregó.

Zoff criticó también:  “Para el resto de los comerciantes -excepto las categorías A, B y C- quien va a establecer la política tributaria de reducción impositiva, las medidas para determinados sectores, los criterios bajo los cuales se van a otorgar estos beneficios, todo eso nos piden que lo deleguemos en el Poder Ejecutivo”.

La legisladora paranaense recordó que en octubre del año pasado el bloque justicialista presentó un proyecto para declarar la emergencia económica, productiva, fiscal, laboral, financiera y tarifaria de las Micro y Pequeñas Empresas radicadas en la provincia de Entre Ríos. “Hace nueve meses presenté un proyecto que solicitaba la declaración de la emergencia de las pequeñas y medianas empresas con una serie de medidas que tenían que ver con una mirada integral”. Y añadió que si bien resulta comprensible la situación económica y financiera provincial, la intención de su iniciativa es “debatir medidas que aborden la temática de manera integral y no simplemente permitirle a la Legislatura aprobar esta medida que es ínfima y que todo el resto se delegue en el Poder Ejecutivo”. Por eso Zoff lamentó la “oportunidad perdida” de sancionar una norma que auxilie efectivamente al sector.

Por su parte, el diputado Juan José Bahillo se refirió específicamente a la delegación de facultades a la que se opone el bloque peronista. “No se trata de una cuestión subjetiva, o de determinadas facultades que no le queremos dar al gobernador Rogelio Frigerio. No, esa negativa está en el marco de la responsabilidad institucional que tenemos como diputados de la provincia respetando a la Constitución de Entre Ríos que, en su artículo 122, asigna a la Legislatura la atribución de fijar impuestos y tasas”. Y agregó luego que esa disposición está reforzada en el artículo 45, por lo que “la facultad de fijar impuestos, alícuotas, tanto en aumento como en disminución, es de la Legislatura y por eso nosotros entendemos que el artículo 13° de este proyecto violenta a la Constitución provincial, por eso nuestra negativa a votarla”.

Las entidades que integran el Foro de Entidades Empresarias de Entre Ríos expresaron su respaldo a la media sanción que obtuvo en el Senado el proyecto de reforma previsional impulsado por el Gobierno provincial y consideraron que avanzar en una solución para el déficit de la Caja de Jubilaciones resulta indispensable para sanear las cuentas públicas y fortalecer el desarrollo económico de la provincia.

A través de un comunicado conjunto, las instituciones sostuvieron que el desequilibrio estructural del sistema previsional constituye uno de los principales desafíos financieros de Entre Ríos y advirtieron que su desfinanciamiento impacta sobre el conjunto de la sociedad.

Según señalaron, el creciente déficit de la Caja de Jubilaciones demanda recursos públicos que podrían destinarse a áreas como salud, educación, infraestructura, seguridad, reducción de la presión tributaria, promoción de inversiones y generación de empleo privado.

En ese sentido, afirmaron que la iniciativa aprobada por la Cámara de Senadores reconoce la gravedad de la situación, respeta los derechos adquiridos de los actuales jubilados y pensionados y plantea una transición gradual para recuperar el equilibrio financiero del sistema.

Desde el Foro remarcaron que garantizar la sustentabilidad del régimen previsional implica asumir los problemas existentes y avanzar en reformas que permitan preservar el sistema a largo plazo.

Asimismo, las entidades empresarias reiteraron la necesidad de continuar con el ordenamiento de las cuentas públicas, la modernización del Estado y la implementación de reglas estables que favorezcan la producción y la inversión, al considerar que estos aspectos son fundamentales para mejorar la competitividad de la provincia.

En el tramo final del comunicado, el sector privado instó a que el tratamiento legislativo continúe en la Cámara de Diputados con "seriedad institucional, transparencia y vocación de diálogo", evitando demoras que, a su entender, profundicen la problemática financiera de la Caja de Jubilaciones.

El documento lleva la firma de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BolsaCER), la Bolsa de Comercio de Entre Ríos (BCER), la Cámara de la Industria Cárnica de Entre Ríos (CICER), la Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos (CAPPER), el Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), el Distrito III Entre Ríos de Federación Agraria Argentina (FAAER), la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) y la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER).

A través de un comunicado, el bloque sostuvo que la postura adoptada por ambas legisladoras "es a título personal" y aseguró que no representa la posición definida por el Partido Justicialista de Entre Ríos, cuyo Congreso Provincial había establecido el rechazo a la iniciativa.

En ese marco, señalaron que cada legislador deberá asumir la responsabilidad política e institucional de su voto, al considerar que la reforma tendrá consecuencias sobre docentes, trabajadores de la salud, policías, empleados públicos, jubilados y sus familias.

Desde el espacio opositor remarcaron que nunca desconocieron la necesidad de discutir la situación de la Caja de Jubilaciones provincial. Por el contrario, recordaron que el bloque de senadores del PJ presentó un proyecto alternativo que, según indicaron, proponía fortalecer la sostenibilidad del sistema previsional mediante nuevas fuentes de financiamiento, mayor transparencia, planificación actuarial permanente, recuperación de fondos adeudados por la Nación y otras herramientas institucionales orientadas a garantizar la sustentabilidad del organismo en el largo plazo.

No obstante, cuestionaron que el oficialismo haya optado por avanzar con una reforma que, a su entender, traslada el costo del equilibrio financiero a los trabajadores y recorta derechos previsionales de quienes realizaron durante años algunos de los aportes personales más elevados del país.

En el comunicado, el bloque también afirmó que desde el inicio del debate el Gobierno provincial buscó involucrar a la oposición y a distintos sectores sociales en una discusión sobre medidas que, según sostienen, ya estaban definidas. En esa línea, consideraron que el acompañamiento de Domínguez y Miranda al dictamen oficialista contribuye a ese objetivo político.

Por otra parte, Más Para Entre Ríos manifestó su respaldo a la decisión de dar intervención al Tribunal de Disciplina del Partido Justicialista, para que evalúe la actuación de las dos senadoras conforme a lo establecido en la Carta Orgánica partidaria, al entender que desoyeron el mandato expreso del Congreso Provincial del PJ de votar en contra de la reforma previsional.

La iniciativa impulsada por el Ejecutivo continúa generando fuertes tensiones dentro del peronismo entrerriano, donde el voto favorable de las dos legisladoras profundizó las diferencias internas en torno al tratamiento de uno de los proyectos más relevantes de la agenda legislativa provincial.

El Partido Justicialista de Entre Ríos informa que dará intervención al Tribunal de Disciplina para que actúe conforme a las previsiones de la Carta Orgánica partidaria, luego de que las legisladoras Nancy Miranda y Gladys Domínguez votaran a favor de la reforma de la Caja de Jubilaciones impulsada por el Poder Ejecutivo, desoyendo el mandato expreso establecido por el Congreso Provincial del PJ.

La máxima autoridad partidaria resolvió rechazar expresamente la reforma previsional por considerar que implica un grave retroceso en materia de derechos para trabajadores activos y jubilados, y mandató a todos los representantes justicialistas a votar en contra de la iniciativa. Asimismo, dejó establecido que quienes incumplieran esa resolución quedarían sujetos al régimen disciplinario previsto por la Carta Orgánica del Partido, cuyas sanciones pueden alcanzar  la expulsión.

Con su voto afirmativo, las legisladoras no solo desconocieron una decisión adoptada democráticamente por el Congreso Provincial, sino que además avalaron una reforma que hace recaer el peso del déficit previsional sobre quienes sostienen y sostuvieron con sus aportes el sistema jubilatorio entrerriano.

Su decisión representa, además, una profunda contradicción con los principios históricos del justicialismo y con el espíritu solidario que dio origen al sistema previsional de Entre Ríos, construido para proteger a quienes dedicaron su vida al servicio público: docentes, policías, trabajadores de la salud, empleados públicos y todos aquellos que aportaron durante décadas con la expectativa de acceder a una jubilación digna.

Durante todo el debate legislativo quedó demostrado que existía otro camino posible. El proyecto presentado por el justicialismo propuso alternativas para fortalecer la sustentabilidad de la Caja sobre la base de estudios actuariales independientes, consensos institucionales y medidas que no implicaran resignar derechos ni trasladar el costo del equilibrio financiero a trabajadores y jubilados.

Desde el Partido Justicialista sostenemos que la sustentabilidad de la Caja debe construirse con responsabilidad y planificación, pero nunca a costa de quienes trabajaron toda su vida. Defender el sistema previsional también significa defender el principio de solidaridad intergeneracional que constituye uno de los pilares del Estado y una bandera histórica del peronismo.

El justicialismo entrerriano reafirma su compromiso con la defensa de la seguridad social como un derecho irrenunciable y ratifica la plena vigencia de las resoluciones adoptadas por su Congreso Provincial. Quienes fueron elegidos para representar al peronismo tienen el deber político, institucional y ético de honrar el mandato colectivo surgido de los órganos partidarios y de defender los intereses de los trabajadores y jubilados por encima de cualquier especulación circunstancial.

Por ello, el Partido Justicialista pondrá los antecedentes del caso a consideración del Tribunal de Disciplina para que evalúe las conductas descriptas y determine la aplicación de las sanciones previstas en la Carta Orgánica, incluida la expulsión del Partido si así correspondiere.

La senadora provincial por el departamento Feliciano, Gladys Domínguez, votó afirmativamente el proyecto de reforma previsional que modifica el funcionamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. La legisladora centró su fundamentación en la necesidad de actuar antes de que el déficit del sistema se vuelva irreversible, y remarcó que la inacción también es una decisión con consecuencias.

Domínguez fue contundente al advertir sobre los costos de no encarar la reforma: "El verdadero riesgo es mirar para otro lado mientras la Caja se vuelve cada vez más difícil de sostener", sostuvo. Y agregó: "La peor injusticia sería no hacer nada. Porque no hacer nada también es tomar una decisión. Es permitir que el déficit siga creciendo, que la Caja se debilite y colapse".

Para la senadora, la discusión de fondo no pasa por estar a favor o en contra de los derechos previsionales, sino por garantizar la sustentabilidad del sistema en el tiempo. Defender la Caja, explicó, significa cuidar tanto a los jubilados actuales como a los trabajadores activos y a quienes se jubilarán dentro de cinco, diez o veinte años.

La legisladora enmarcó su voto como un acto de responsabilidad política antes que como una posición cómoda. "Prefiero asumir el costo de una decisión difícil antes que cargar con la culpa de no haber hecho nada cuando la provincia más lo necesitaba", afirmó, y remarcó que "la responsabilidad política consiste en actuar antes de que el problema sea irreversible".

En esa línea, sostuvo que gobernar y legislar implican tomar decisiones difíciles: "Lo más sencillo sería decir siempre que no. Lo más cómodo sería rechazar cualquier iniciativa sin sentarse a discutir una sola coma. Pero esa no es la función para la que nos eligieron los entrerrianos".

Domínguez aclaró que su respaldo no fue al proyecto original, sino a una versión modificada tras el debate parlamentario.

"Si este proyecto hubiera llegado al recinto tal como fue presentado originalmente, yo no lo hubiese acompañado", señaló. Producto del diálogo legislativo, se incorporaron cuatro cambios al texto: la reducción de 20 a 15 años del período de cálculo del haber inicial, el mantenimiento de una edad jubilatoria diferencial de 65 años para varones y 60 para mujeres, la eliminación de la jubilación a los 68 años para los nuevos ingresantes al Estado, y un esquema diferenciado de aportes patronales para los municipios (1,5% para los que no generan déficit y 3% para los que sí).

Domínguez agregó que, además de su acompañamiento a la reforma, presentó un proyecto complementario —que fue recepcionado— para la creación de una Comisión Técnica de Control y Seguimiento del Sistema Previsional. La iniciativa contempla la participación de los tres poderes del Estado, de trabajadores, de jubilados y de entidades profesionales, con el objetivo de garantizar el monitoreo y la evaluación permanente del sistema.

Al cerrar sus fundamentos, la senadora enmarcó su decisión en una idea de responsabilidad de largo plazo: "Los discursos pasan, las leyes pasan, las elecciones también. Pero la responsabilidad con la que actuamos hoy es lo que finalmente queda".

La sesión del Senado entrerriano por la reforma previsional trascendió ampliamente el debate sobre el proyecto impulsado por el gobierno de Rogelio Frigerio. El discurso de Nancy Miranda, senadora por Federal de Más por Entre Ríos, fue especialmente resonante: no solo confirmó su voto a favor, sino que lanzó una dura crítica contra el Partido Justicialista y cuestionó abiertamente su conducción.

Miranda fue más allá de justificar su posición. Responsabilizó directamente al peronismo por no haber resuelto el déficit previsional cuando tenía todas las herramientas a su alcance. "Teníamos Gobierno Nacional, Gobierno Provincial y mayoría en ambas Cámaras", recordó, cuestionando por qué durante esos años no se avanzó en una solución. Aunque consideró la reforma como "un comienzo" insuficiente, la legisladora defendió que "alguien se tiene que animar" a tomar decisiones difíciles.

El momento más crítico llegó cuando Miranda cuestionó el mandato partidario que amenazó con expulsar a legisladores que acompañaran la reforma. Denunció una doble vara: en 2017, dos peronistas votaron a favor de la reforma jubilatoria de Macri sin ser sancionados. "Me queda la duda de si cuando votan dirigentes de departamentos grandes es por gobernabilidad, pero cuando el norte toma otra decisión es traición", planteó.

Su análisis fue aún más incisivo: describió al justicialismo entrerriano como "un partido acéfalo" durante los últimos ocho años. Criticó también el funcionamiento de la estructura partidaria: "Las veces que se reúnen es para ver a quién pueden expulsar", en lugar de acompañar a quienes trabajan en territorio.

Apuntó además contra referentes del PJ que, sin haber ganado nunca una elección, ocupan cargos "puestos a dedo" incluso en la Legislatura. "Con qué moral pueden venir a exigir algo", disparó.

Miranda reivindicó la legitimidad de los legisladores elegidos democráticamente. "No somos legisladores solo del peronismo; cuando ganamos una elección representamos a todos", sostuvo.

Explicó su apoyo a la reforma por "sentido común" y negó motivaciones políticas o personales. Señaló que, tras negociar modificaciones al proyecto oficial, rechazarlo hubiera sido incoherente. Aunque reconoció que el bloque opositor consideraba superior su propuesta alternativa, admitió que carecía de votos para aprobarla.

Con su intervención, Miranda no solo respaldó explícitamente la reforma previsional del Ejecutivo provincial, sino que abrió un nuevo frente de tensión dentro del peronismo entrerriano al exigir una profunda autocrítica sobre los años en que el PJ gobernó con mayoría sin resolver el sistema previsional.

La iniciativa obtuvo 10 votos afirmativos y 7 negativos, gracias al respaldo del bloque oficialista de Juntos por Entre Ríos y al acompañamiento de las senadoras justicialistas Gladys Domínguez y Nancy Miranda. Ahora el proyecto deberá ser tratado por la Cámara de Diputados.

La sesión se desarrolló en un clima de alta tensión frente a la Casa de Gobierno, donde gremios y organizaciones nucleadas en la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones se movilizaron para expresar su rechazo a la reforma.

Durante varios momentos de la jornada se registraron golpes sobre las puertas y ventanas del edificio legislativo e incluso hubo intentos de avanzar hacia el interior de la Casa Gris, situación que fue contenida por un cordón policial dispuesto en los accesos.

Los sindicatos sostienen que la reforma implica un ajuste sobre trabajadores activos y jubilados, mientras que el Gobierno provincial asegura que resulta indispensable para garantizar la sustentabilidad financiera del sistema previsional.

Durante el debate, el senador Rafael Cavagna (Juntos por Entre Ríos) sostuvo que tanto el dictamen oficialista como el presentado por el bloque justicialista coincidían en la necesidad de introducir cambios en el sistema previsional.

El legislador destacó que el proyecto original fue enriquecido durante su tratamiento legislativo mediante reuniones con gremios, especialistas y exfuncionarios.

"Fue una construcción colectiva", afirmó, al tiempo que valoró la tarea desarrollada por el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, quien recorrió distintos puntos de la provincia explicando los alcances de la iniciativa.

También señaló que durante el proceso se incorporaron más de veinte modificaciones como resultado de los aportes recibidos en las audiencias.

Desde la oposición, el senador Juan Pablo Cosso cuestionó el momento elegido para impulsar la reforma, en medio del complejo escenario económico que atraviesan la provincia y el país.

El legislador defendió el dictamen alternativo elaborado por el bloque justicialista y aseguró que permitía garantizar la sustentabilidad del sistema "sin afectar derechos adquiridos ni modificar el 82 por ciento móvil".

"Detrás de cada número hay trabajadores y jubilados que confiaron en el Estado durante toda una vida de aportes", expresó.

En la misma línea se pronunciaron los senadores Víctor Sanzberro, Marcelo Berthet y Martín Oliva, quienes advirtieron sobre el impacto que la reforma podría tener sobre los futuros haberes jubilatorios y cuestionaron que el tratamiento legislativo se realizara durante el receso invernal.

Uno de los momentos más destacados del debate fue la intervención de la senadora Gladys Domínguez, quien explicó los motivos por los cuales decidió votar junto al oficialismo.

La legisladora sostuvo que el proyecto incorporó modificaciones importantes durante el tratamiento parlamentario, entre ellas la reducción de 20 a 15 años del período considerado para calcular el haber inicial, la eliminación del artículo que fijaba la jubilación a los 68 años para nuevos empleados públicos y cambios en los aportes patronales de los municipios.

"Mi responsabilidad es actuar antes de que el problema sea irreversible", afirmó.

También acompañó la iniciativa la senadora Nancy Miranda, quien explicó que decidió respaldar el proyecto luego de que se incorporaran modificaciones que había solicitado durante el debate.

Miranda rechazó las críticas recibidas desde sectores del peronismo y defendió su decisión.

"No estoy vendida ni quebrada. Me hago cargo de lo que hago", sostuvo, al tiempo que cuestionó la conducción partidaria y recordó que durante anteriores gobiernos peronistas también existieron intentos de avanzar sobre el sistema previsional.

Con la aprobación del Senado, la iniciativa será ahora analizada por la Cámara de Diputados, donde continuará el debate sobre una de las reformas más importantes impulsadas por la administración provincial.

Mientras el Gobierno sostiene que la ley permitirá garantizar la viabilidad financiera de la Caja de Jubilaciones, los gremios ya anticiparon que continuarán con las medidas de protesta para intentar frenar su sanción definitiva.