El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, encabezaron este jueves en Paraná la apertura de una nueva reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, un ámbito que reúne a ministros y responsables de las finanzas públicas de todo el país para coordinar políticas vinculadas a la administración de los recursos del Estado.

Durante el encuentro, realizado en la capital entrerriana, ambos funcionarios coincidieron en la necesidad de profundizar la responsabilidad fiscal y avanzar hacia un esquema de mayor autonomía provincial, en el marco de los debates que se proyectan sobre una futura reforma tributaria.

Al dirigirse a los representantes de las distintas jurisdicciones, Frigerio destacó el valor institucional del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y sostuvo que el país atraviesa una etapa que exige nuevos acuerdos entre la Nación y las provincias.

"Estamos en condiciones de escribir el próximo capítulo del pacto fiscal", afirmó el mandatario, quien además reivindicó el papel del federalismo como una construcción que requiere herramientas institucionales sólidas para sostenerse en el tiempo.

En ese sentido, señaló que espacios de coordinación como el Consejo permiten fortalecer la relación entre los distintos niveles del Estado y generar reglas comunes para la administración de los recursos públicos.

El gobernador recordó además su participación histórica en iniciativas vinculadas a la coordinación fiscal entre provincias y Nación, y valoró la continuidad del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas.

Durante su intervención también hizo referencia a los desafíos que enfrenta Entre Ríos en materia de desarrollo económico y transformación productiva. Como ejemplo mencionó la evolución del Mirador Tec, convertido en un espacio vinculado a la economía del conocimiento y la innovación tecnológica.

Por su parte, el ministro de Economía de la Nación sostuvo que la Argentina atraviesa un proceso de transformación basado en el equilibrio de las cuentas públicas, la reducción de la presión tributaria y la generación de condiciones que favorezcan la inversión privada.

"Tenemos que seguir todos por el camino de la responsabilidad fiscal, la baja de impuestos y el respeto por la propiedad privada", expresó Caputo.

El funcionario consideró que esos factores resultan fundamentales para generar confianza y estimular la actividad económica, tanto a nivel nacional como provincial.

Asimismo, planteó la necesidad de avanzar hacia un esquema de mayor federalismo, con provincias más fortalecidas y con menor dependencia financiera del gobierno nacional.

La reunión contó además con la participación del ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos, Fabián Boleas, junto a equipos técnicos provinciales y representantes del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.

El organismo funciona como un ámbito de coordinación entre las distintas jurisdicciones del país y tiene entre sus objetivos promover la transparencia en la gestión de los recursos públicos, el equilibrio fiscal y la adopción de buenas prácticas en la administración estatal.

La realización del encuentro en Paraná volvió a ubicar a Entre Ríos como sede de una instancia clave para el análisis de las políticas fiscales y financieras que involucran a la Nación y las provincias, en un contexto donde el debate sobre el federalismo y la distribución de recursos vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública.

El gobierno nacional autorizó un nuevo adelanto financiero de coparticipación para Entre Ríos por 150.000 millones de pesos, en el marco de un esquema destinado a asistir transitoriamente a las provincias con necesidades de liquidez. La medida fue oficializada este jueves mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial.

Con este nuevo desembolso, la provincia acumulará 370.000 millones de pesos en adelantos financieros durante 2025, considerando los 220.000 millones otorgados a comienzos de año. El decreto establece un límite total de 400.000 millones de pesos para este mecanismo, que alcanza también a otras jurisdicciones del país.

Se trata de fondos coparticipables que corresponden a cada provincia y que son girados de manera anticipada por la Nación para atender necesidades financieras transitorias. Posteriormente, esos recursos son reintegrados mediante descuentos automáticos sobre las futuras transferencias de coparticipación federal.

Desde el gobierno provincial destacaron que el adelanto recibido a principios de año viene siendo cancelado según lo previsto. De hecho, aproximadamente la mitad de los 220.000 millones ya fue devuelta a través de las retenciones automáticas establecidas en el acuerdo.

La operatoria contempla una tasa de interés anual del 15 por ciento, considerablemente inferior a las condiciones que actualmente ofrecen los mercados financieros, donde las provincias deberían afrontar costos mucho más elevados para obtener financiamiento.

El mecanismo de adelantos financieros no es una herramienta nueva. Ha sido utilizado por distintos gobiernos nacionales a lo largo de los años y se encuentra previsto dentro de la normativa vigente para asistir a las provincias en situaciones coyunturales de caja, evitando en muchos casos la necesidad de recurrir a endeudamiento en el mercado.

Además de Entre Ríos, el decreto incluye a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Desde la administración provincial consideran que estos recursos permiten fortalecer la previsibilidad financiera y garantizar la continuidad de programas, obras y servicios públicos, en un contexto económico que sigue planteando desafíos para las cuentas provinciales.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció este jueves un paquete de medidas destinadas a aliviar la situación de los pequeños comerciantes de la provincia. Entre las iniciativas se destacan la exención del impuesto sobre los Ingresos Brutos para monotributistas de las categorías A, B y C y un subsidio en la tarifa eléctrica que comenzará a aplicarse a partir de julio.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, acompañado por el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; el director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Jesús Korell; y el secretario de Energía, Jorge Tarchini.

"Estamos dando un mensaje a miles de entrerrianos que todos los días levantan una persiana, atienden un negocio, pagan salarios y sostienen una parte importante de nuestra economía local", expresó Frigerio al presentar las medidas.

El mandatario provincial explicó que ya firmó el proyecto de ley que fue remitido a la Legislatura para eximir del pago de Ingresos Brutos a los comerciantes adheridos al monotributo en las categorías A, B y C.

"Estamos hablando de más de 20.000 comercios entrerrianos que no van a tener que pagar más ese impuesto", precisó.

La medida apunta especialmente a pequeños comerciantes que, según señaló el gobernador, enfrentan no solo las dificultades económicas generales sino también transformaciones en los hábitos de consumo y nuevas formas de comercialización que incrementan la competencia.

Además, quienes se encuentren en categorías superiores del monotributo accederán a la exención de una cuota anual del régimen simplificado, siempre que hayan cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales.

Otra de las medidas anunciadas es un subsidio en la factura de energía eléctrica destinado a los mismos contribuyentes alcanzados por la exención impositiva.

Frigerio explicó que el beneficio busca compensar parte de uno de los principales costos operativos de los pequeños comercios.

"Vamos a estar subsidiando lo que representa, por ejemplo, el consumo de una heladera donde se exhiben productos o un equipo de aire acondicionado. No podemos impedir los cambios en los hábitos de consumo, pero sí acompañar a quienes sostienen la actividad comercial de nuestras ciudades", afirmó.

Por su parte, el secretario de Energía, Jorge Tarchini, indicó que el beneficio se aplicará automáticamente mediante un cruce de información entre ATER, Enersa y las cooperativas eléctricas de la provincia.

"No será necesario realizar ningún trámite. El descuento se verá reflejado directamente en la factura a través de la bonificación del cargo fijo", explicó.

La medida tendrá vigencia inicial hasta el 31 de diciembre, aunque no se descarta su continuidad una vez evaluados los resultados.

El director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, estimó que más de 50.000 contribuyentes se verán beneficiados por el conjunto de medidas anunciadas.

Asimismo, informó que el costo fiscal para la provincia rondará los 3.000 millones de pesos de aquí a fin de año.

"Es un esfuerzo importante que puede sostenerse gracias al proceso de ordenamiento y eficiencia del gasto público que viene llevando adelante la provincia", señaló.

En cuanto a la implementación de la exención de Ingresos Brutos, el ministro Fabián Boleas aclaró que una vez sancionada y reglamentada la ley, el beneficio será automático y no requerirá gestiones por parte de los contribuyentes.

Durante la conferencia, Frigerio también invitó a los municipios a sumarse con medidas similares de alivio tributario.

El gobernador recordó que la provincia viene impulsando distintos incentivos para la inversión privada y consideró importante que los gobiernos locales acompañen con políticas de reducción de cargas fiscales.

"La política de alivio impositivo a quienes trabajan, producen y generan empleo forma parte de nuestro ADN como gestión. Queremos que los municipios también se sumen a este esfuerzo para acompañar a un sector que hoy atraviesa desafíos importantes", concluyó.

Crespo.- Vuelto a primera instancia el recurso de amparo presentado por la abogada Sonia Spreafico contra la designación de la terna que compitió por la titularidad del Juzgado de Paz y Familia de Crespo, se produjo un nuevo rechazo a la presentación de la demandante.

En esta oportunidad, el caso fue revisado por el doctor Alejandro Grippo, vocal de Juicio y Apelaciones Nº 6 de Paraná, que declaró “inadmisible” la presentación de la profesional.

El fallo fue apelado y volverá a instancia de revisión ante el Superior Tribunal de Justicia. Solo resta saber si la nueva revisión será realizada por la misma composición que actuó la primera vez o si se formará una nueva composición de vocales del STJ.

Spreafico había presentado Acción de Amparo - Habeas Data contra la Municipalidad de Crespo y contra el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos para que ambas entidades brinden el acceso a la información pública y a publicar todos los actos administrativos correspondientes a la integración, conformación y documentación respectiva en relación a la terna de candidatos a Juez de Paz. Además, pidió la nulidad de la norma municipal que dispuso la conformación de la terna de postulantes conformada por Jorge Kriger (elegido para el cargo), Rocío Weber y Rocío Rodríguez Mayer.

En un escrito de veinte páginas, Grippo destacó en uno de los párrafos centrales de su fallo, que “no se advierte prima facie que el Departamento Ejecutivo Municipal ni el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Crespo hayan obrado por fuera del marco de legalidad o juridicidad que rige la actividad de la administración en todo su ámbito de actuación para su normal desenvolvimiento. Ya que en principio, todo acto administrativo se presume legítimo, y la arbitrariedad denunciada debe emanar de forma evidente, manifiesta y palmaria para dar cauce a esta acción, lo cual no sucede en estos autos”.

El magistrado agregó que “también cabe rechazar la alegada inconstitucionalidad del procedimiento llevado a cabo para la conformación de la terna destinada a cubrir el cargo de Juez de Paz de la ciudad de Crespo, pues tal planteo no solo que se confunde con el objeto (ampliado) de la presente acción, sino que no se encuentra suficientemente fundado como para habilitar la declaración de inconstitucionalidad de una norma, que es de última ratio y de carácter excepcional”.

Más adelantó, Grippo subrayó que la abogada Spreafico “ni siquiera ha podido cumplimentar su carga procesal de demostrar, como mínimo un actuar ilegítimo de las partes demandadas, ya que no surge ni de lo invocado por la misma en su demanda, ni de la documentación por ella presentada ni de la adjuntada por las partes demandadas. Por todo ello, entiendo no se verifican las condiciones legales de procedencia de la acción de amparo”.

Con costas a cargo de Spreafico, el doctor Grippo reguló honorarios por 1.738.424,40 pesos, equivalente a 20 juristas (86921,22 pesos cada jurista, nombre que recibe la unidad de regulación de honorarios en la Justicia), a favor del abogado de la Municipalidad de Crespo, Francisco Ferrer. Otro tanto a favor de los abogados de la Fiscalia de Estado de la Provincia, Martín Rettore Elena y Juan Francischelli; cada uno percibirá 869.212,20 pesos.

En el fallo original del Superior Tribunal de Justicia, que mandó a revisar el procedimiento, se pidió que se incluya la opinión de los tres ternados en torno a la controversia entre Spreafico y Municipalidad/Provincia. Sólo respondieron Kriger y R. Mayer.

• Kriger expuso que la parte actora “debió demostrar el carácter de manifiestamente ilegítimos” de los decretos del Concejo Deliberante de Crspo y del Gobierno provincial. Señaló que “son actos administrativos dictados por organismos del Estado con facultades para emitirlos” y que “no han sido motivo de impugnaciones por la vía correspondiente en el período posterior a su publicación en los respectivos boletines oficiales”. Entiende que corresponde declarar “inadmisible” la presentación de Spreafico y destacó “la situación de

‘derecho adquirido’” que reviste su nombramiento. El abogado solicitó que “se rechace la demanda con la adición de la causal de inadmisibilidad, se declare la pérdida de objeto del presente amparo por haberse tornado abstracta la cuestión debatida”.

• Rodríguez Mayer expresó “que su interés y vinculación en el trámite de designación de Juez de Paz de Crespo culminó con la elección del colega Dr. Jorge Kriger, no teniendo más que manifestar sobre el procedimiento ejecutado ni sobre el presente proceso”.

El diputado nacional Darío Schneider comenzó en diciembre pasado su actividad parlamentaria dentro del bloque de la Unión Cívica Radical, uno de los bloques aliados del oficialismo libertario de La Libertad Avanza. A nivel provincial, el bloque trabaja con el gobierno de Rogelio Frigerio, defendiendo posiciones e intereses de Entre Ríos.

Schneider participa de ocho comisiones de labor parlamentaria. Es secretario de la comisión de Obras Públicas, vicepresidente primero de la de Transportes; y vocal en las de Asuntos Municipales; Deportes; Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios; Población y Desarrollo Humano; Relaciones Exteriores y Culto; y Vivienda y Ordenamiento Urbano.

Luego del acto de inicio de obras en la Escuela N°105 Patria Libre, dialogó con Paralelo32 sobre sus actividades legislativas y sus opiniones y posiciones en un punto neurálgico de la vida política nacional: la Cámara de Diputados de la Nación.

Sobre la actividad parlamentaria que actualmente domina en la Cámara Baja, Schneider comentó que actualmente está en tratamiento en comisión el ‘súper RIGI’ (proyecto de ley del oficialismo que amplía los beneficios para grandes inversiones que estableció el RIGI-Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, N. de R.) y está en estudio también el proyecto de ‘Ley de Lobby’. “Hoy es lo que estamos trabajando en Diputados”, comentó.

– ¿Qué es la ley de Lobby?

-- Se busca transparentar la acción de empresas o sectores que buscan modificar determinadas leyes. Se plantea que se transparente eso porque no hay nada de malo en que una empresa, un sector empresarial o gremial, plantee que ‘tal ley se modifique’ o ‘que diga tal cosa’. Queremos que se reglamente para evitar faltas de transparencia. Hubo una propuesta en ese sentido durante la presidencia de Macri. Hoy se trabaja en un proyecto similar. Desde el bloque radical vamos a hacer algunas consideraciones, porque ahora se está debatiendo el proyecto que llega desde el oficialismo. Acompañamos ese proyecto, pero también hacemos nuestras propias sugerencias desde el bloque radical.

– ¿Cuáles son sus proyectos de autoría propia?

-- La semana pasada hemos presentado el proyecto de ‘Régimen Nacional de Mecenazgo Deportivo’. Es una ley que ya tenemos en la provincia de Entre Ríos, pero no está reglamentada a nivel nacional. Es para que pueda permitir al sector privado acompañar las actividades deportivas y que de ese acompañamiento tenga un beneficio compensatorio en materia fiscal o desde un punto de vista impositivo. De eso se trata el proyecto, que en las próximas semanas tendrá giro a alguna de las comisiones, seguramente la Comisión de Deportes, donde yo estoy como integrante. También a la Comisión de Presupuesto, supongo. Me pareció importante proponerlo, uno traslada a leyes lo que pasa también en su comunidad. En nuestro Crespo querido vemos como las empresas aportan todo el tiempo a los clubes. Hace poquito se inauguró un gimnasio en Cultural, donde una empresa hizo un aporte. Me parece que esas cosas hay que rescatarlas; incentivar la posibilidad de que las empresas puedan hacer aportes a una institución o a un deportista en particular, con un incentivo fiscal a cambio.

Schneider votó a favor de los cambios en la Ley de Glaciares, una iniciativa del gobierno libertario que tuvo y tiene un fuerte rechazo de la oposición política y de las organizaciones ambientalistas del país. El rechazo a ese voto se observó con fuerza en redes sociales donde ‘de cada 20 opiniones 19 criticaron’ el voto de Schneider.

Al dar su explicación, el legislador señaló: “No solamente voté a favor, sino que expuse y di la justificación de mi voto y de todo mi bloque desde el punto de vista constitucional”

Recordó que la ley de glaciares ya existía, y lo que hizo la reforma fue ordenar las competencias provinciales desde un punto de vista constitucional. Destacó que los glaciares tienen un nivel alto de protección, no solamente por la Ley de Glaciares, sino también por otras leyes; también por formar parte del Inventario Nacional de Glaciares y por formar parte de parques nacionales que tienen una ley específica que los protege. “Los glaciares no se tocan, como dije en mi intervención, eso tiene que quedar claro”, subrayó Schneider.

Continuó diciendo que el tema fue impulsado por las provincias cordilleranas, que tienen larga tradición en la administración del agua, que en esas zonas es un recurso crítico. “Uno, por ahí opina desde lejos, y quiere enseñarles a San Juan o a Mendoza cómo se administra el agua cuando en San Juan y en Mendoza saben sobre la escasez y ellos mismos son quienes van a cuidar este recurso; no van a hacer una intervención productiva, minera o de lo que sea, para perjudicarse a sí mismos”, dijo.

Agregó que “me parece que tenemos que darle esa potestad y esa responsabilidad también a las provincias que ya la tienen por la Constitución Nacional, para que puedan decidir y explotar los recursos naturales que tienen”. El legislador crespense dijo que se busca generar condiciones para que la inversión privada, “minera u otra actividad productiva”, se pueda desarrollar “en zonas que hoy están vedadas”.

Con respecto al Inventario Nacional de Glaciares que se hizo (el primer informe se presentó en 2018, N. de R.), Schneider dijo que “hoy la situación debe haber cambiado muchísimo. Hay zonas que estaban dentro de ese inventario, que pueden ser retiradas de allí porque ya no hay una reserva estratégica de agua, debido al cambio climático”.

“Se está buscando la posibilidad de generar inversión en zonas que hoy ya no tiene ningún sentido que estén protegidas porque no estamos hablando de glaciares en sí”. Finalmente, subrayó que “los recursos estratégicos como recursos hídricos no van a ser tocados”.

El entrevistado acompañó en general y en capítulos específicos el proyecto de Presupuesto 2026 del gobierno nacional, primer presupuesto aprobado en la gestión del presidente Javier Milei. Previamente, y durante sus dos primeros años, el gobierno libertario había reconducido en 2024 y 2025 el presupuesto 2023, último presupuesto del gobierno del Frente de Todos. La nueva ‘ley de leyes’ consolidó el ajuste de partidas que castigó fuerte la obra pública, los traspasos a las provincias, las inversiones en salud y educación, entre otros temas.  En la votación en particular, Schneider se abstuvo en el capítulo 11, artículo 75, que había impuesto un fuerte recorte a la universidad pública y en discapacidad.

– Muchos esperaban un voto negativo de su parte en esos puntos. ¿Qué pasó?

-- Tenemos un bloque donde uno va consensuando cosas, pero en esto me abstuve. Creo que en definitiva al gobierno nacional le faltó un poco de ‘cintura’ para poder incorporar o sacar algunos temas de ese capítulo 11 completo. Las leyes se votan por capítulo, dentro de esos capítulos hay distintos artículos y en este caso, había una serie de artículos que perjudicaban el financiamiento de las universidades, que fue lo que motivó muchos votos negativos o abstenciones como la mía.

Pero, Schneider destacó algunas diferencias de fondo. “Yo creo que la inversión pública es absolutamente necesaria e indispensable y tiene que estar presente el Estado. En este punto, el estado provincial y el gobernador Frigerio acompañan también esta idea”, señaló.

Agregó: “Sobre las incumbencias a nivel nacional, tenemos las rutas nacionales, tenemos un montón de cosas donde hoy está faltando esa inversión. No tanto en la provincia de Entre Ríos porque hay obras nacionales en la ruta 12, la 18, la 14. Mal que mal, se están llevando adelante, están teniendo continuidad y se van a terminar”. Pero subrayó: “Creo que el gobierno nacional no puede eternamente decir ‘no voy a invertir más en obra pública’ porque de esa manera no es posible desarrollar un país”.

Schneider dijo que “esto nosotros lo defendemos y lo decimos sin un problema. Obviamente, uno entiende también las restricciones presupuestarias que hay cuando el presidente dice ‘no hay plata’. Y no hay plata”. Rescató el diálogo y los acuerdos del gobierno provincial con la Nación, que permiten la continuidad de obras. “No como uno quisiera, con celeridad, pero hay continuidad en la provincia, en distintos lugares”.

Finalizó diciendo que “es el camino que tenemos que seguir, acompañando el gobierno nacional para que le vaya bien, porque en definitiva, si le va bien al gobierno nacional nos va a ir bien a todos. Es lo que pretendemos, desde nuestro lugar como dirigentes políticos”.

– ¿Es difícil hacer acuerdos de diálogo con el sector libertario? Uno ve al presidente  Milei y algunos de sus funcionarios muy confrontativos. A veces ‘meten en la misma bolsa’ a todos los legisladores.

-- Bueno, son dos sectores que están confrontados. Entre la oposición más dura, que es el kirchnerismo, y La Libertad Avanza, hay mucha confrontación. Hoy por hoy el diálogo no se ve. Eso se traslada también al trabajo en las comisiones, donde muchas veces hay situaciones de mucha agresión verbal.

En ese contexto, Schneider reivindica el diálogo político. “Uno es dialoguista, tiene otra mirada de la política. Pero hoy el escenario es de mucha confrontación, mucha agresión verbal. A veces, hasta hay falta de respeto. Y la verdad que así no se puede construir un futuro que tiene que ser consolidado entre todos los argentinos”. En este punto, el diputado nacional subrayó: “No puede haber alguien excluido de eso”.

– ¿Le hace ‘ruido’ con su identidad radical votar cosas por exigencias partidarias, por acuerdos?

-- Bueno, todo el tiempo uno va votando según sus convicciones, pero nunca sentí que estuviese faltando a esos principios. En la UCR somos un partido que ha sido reformista siempre. Hemos participado de un gobierno como Cambiemos, que buscó reformas profundas que no se no llegaron a concretar. Hoy tenemos un gobierno con esa mirada disruptiva, que va a fondo.

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales del Senado provincial continuaron este martes el análisis del proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo. En esta oportunidad expusieron representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación del Personal Superior Municipal (APS), quienes formularon observaciones a distintos aspectos de la iniciativa.

La reunión se desarrolló en el Salón de los Escudos de la Casa de Gobierno, mientras en las inmediaciones se concentraban afiliados de UPCN encabezados por su secretario general, José Allende. Paralelamente, en Plaza Mansilla continuaba el acampe de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), integrante de la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones.

En representación de UPCN, la secretaria adjunta Carina Domínguez solicitó mantener el requisito de 30 años de aportes y cuestionó la propuesta de ampliar de 120 a 240 meses el período utilizado para calcular el haber jubilatorio inicial. Consideró que la modificación resulta inconveniente en un contexto de bajos salarios e incertidumbre económica.

Otro de los puntos objetados por el gremio fue la posibilidad de incrementar hasta en un 8% el aporte personal de los jubilados en el marco de la emergencia previsional. Domínguez sostuvo que la medida podría elevar la retención total a cerca del 27% de los haberes, porcentaje que calificó como “confiscatorio”.

Por su parte, la dirigente de UPCN Sandra Varas advirtió que la redacción actual del proyecto podría dejar fuera de regímenes especiales a determinados sectores laborales, entre ellos tipógrafos, operadores de aeronavegación y parte del personal de salud. También cuestionó que el Ejecutivo tenga facultades para declarar estados de emergencia sin intervención legislativa.

Desde APS, la secretaria general Alejandra Levrand expresó reparos sobre la posibilidad de prorrogar la emergencia previsional más allá de 2027. A su entender, ello implicaría otorgar facultades excesivas al Poder Ejecutivo.

La dirigente municipal también se refirió al impacto que tendría el aumento de la edad jubilatoria en determinados trabajadores, especialmente aquellos que desarrollan tareas físicas exigentes. Además, cuestionó la equiparación de la edad jubilatoria entre hombres y mujeres sin contemplar las tareas de cuidado no remuneradas.

Durante el intercambio con los legisladores, representantes de ambos gremios señalaron que no tuvieron acceso a estudios actuariales que fundamenten la reforma propuesta. En ese sentido, sostuvieron que esos datos resultan indispensables para evaluar el impacto futuro de los cambios previstos.

Mientras se desarrollaba la reunión, UPCN realizó una movilización hasta la Casa de Gobierno para acompañar la exposición de sus representantes.

Al dirigirse a los manifestantes, José Allende defendió la participación del sindicato en la discusión legislativa y rechazó las críticas de otros sectores gremiales. “No hay forma de representar y defender los derechos de los trabajadores si no estamos en una mesa de discusión”, afirmó.

El dirigente sostuvo que UPCN impulsa modificaciones al proyecto para resguardar los derechos de trabajadores activos y jubilados. Entre otros planteos, mencionó la necesidad de que los futuros aumentos jubilatorios contemplen las paritarias estatales y docentes, y propuso la creación de una mesa permanente de seguimiento de la Caja de Jubilaciones.

Allende también cuestionó el eventual incremento de los aportes jubilatorios y reclamó que los déficits de las cajas municipales sean afrontados por los respectivos municipios. Asimismo, sugirió analizar mecanismos específicos de financiamiento para sectores ajenos a la administración pública y una caja diferenciada para el personal retirado de la Policía.

Sobre el final de su discurso, reivindicó la estrategia de diálogo adoptada por UPCN y aseguró que la presencia del sindicato en las instancias de negociación ha sido clave para evitar medidas de ajuste sobre los trabajadores estatales.

En medio del debate legislativo sobre una eventual reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, el senador provincial Jaime Benedetti (Juntos por Entre Ríos) advirtió sobre la magnitud del déficit que registra actualmente el organismo previsional y sostuvo que resulta imprescindible avanzar en una discusión profunda para asegurar su sostenibilidad futura.

Según explicó el legislador, el déficit mensual de la Caja ronda actualmente los 45.000 millones de pesos, una cifra que, a su entender, permite dimensionar la gravedad de la situación financiera.

“Ese déficit absorbe la totalidad de la renta que generan los campos agrícolas de la provincia”, señaló Benedetti al comparar el rojo previsional con uno de los principales sectores productivos de Entre Ríos.

El senador indicó que la provincia cuenta con aproximadamente 1,8 millones de hectáreas agrícolas y que el valor promedio de los arrendamientos ronda los 25.000 pesos mensuales por hectárea. Incluso bajo esas condiciones, afirmó, la renta generada apenas alcanzaría para cubrir el déficit actual del sistema jubilatorio.

Benedetti remarcó que la situación no es reciente ni responde a una coyuntura particular. Según detalló, entre 2011 y 2015 el déficit de la Caja representaba el equivalente a 6,5 pesos por cada 100 pesos de recursos corrientes de la provincia, mientras que entre 2021 y 2025 esa relación aumentó a 9,2 pesos por cada 100.

A su entender, esta evolución implica que una porción creciente de los recursos públicos debe destinarse a cubrir el déficit previsional, limitando la capacidad de inversión en otras áreas del Estado.

“Cada vez más recursos que podrían destinarse a salud, educación, seguridad, infraestructura o desarrollo terminan siendo absorbidos por un sistema que requiere correcciones para garantizar su sustentabilidad”, sostuvo.

Durante las reuniones desarrolladas en las comisiones del Senado, los representantes gremiales expresaron una firme oposición al proyecto impulsado por el oficialismo provincial.

Sobre este punto, Benedetti reconoció que los sindicatos plantearon objeciones de carácter constitucional, político y económico, y coincidió en que los trabajadores activos y los jubilados no son responsables de la situación financiera que atraviesa el organismo.

“Los trabajadores y jubilados no son responsables de la situación actual”, afirmó el legislador.

Sin embargo, consideró que reconocer esa realidad no elimina la necesidad de encontrar soluciones estructurales para evitar que el déficit continúe creciendo.

El senador también hizo referencia a las propuestas que sugieren cubrir el déficit mediante nuevos tributos o aportes especiales.

Si bien señaló que los recursos transferidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) contribuyen a financiar parte del sistema, advirtió que esos fondos resultan insuficientes para resolver el problema de fondo.

“Cuando el déficit de la Caja equivale a toda la renta agrícola de la provincia, resulta evidente que la dimensión del problema exige discutir algo más que nuevas fuentes de financiamiento”, expresó.

En el tramo final de su análisis, Benedetti sostuvo que el desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la preservación de los derechos previsionales y la sostenibilidad financiera del sistema.

“No se trata de perjudicar a nadie ni de desconocer derechos adquiridos. Se trata de encontrar una solución sostenible que fortalezca la Caja de Jubilaciones y resguarde el interés de todos los entrerrianos”, afirmó.

El legislador consideró que el debate debe desarrollarse escuchando todas las posiciones y evaluando alternativas que permitan asegurar la continuidad del sistema tanto para los actuales beneficiarios como para las futuras generaciones.

La discusión sobre la reforma previsional continúa en el ámbito legislativo y se mantiene como uno de los temas centrales de la agenda política provincial, en un contexto marcado por la preocupación sobre el crecimiento sostenido del déficit de la Caja de Jubilaciones.

Mediante un comunicado, el Bloque de Senadores Justicialistas de Entre Ríos objetó al Gobierno provincial la decisión de remover al director del Hospital Falucho de Maciá, Julián Capurro.

“Resulta llamativo que una conducción que contaba con reconocimiento público, respaldo de los trabajadores y una articulación positiva con el municipio haya sido desplazada sin que se conozcan razones suficientemente claras que justifiquen una decisión de semejante impacto institucional”, manifestó.

Además, el Bloque indicó que acompañará el pedido de explicaciones formulado por distintos sectores de Maciá. “Expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores y vecinos que han manifestado su preocupación por una decisión que, lejos de fortalecer el sistema de salud, corre el riesgo de debilitar los consensos y la confianza construidos durante años de trabajo conjunto”.

Asimismo, los legisladores remarcaron que no es la primera vez que la Provincia toma medidas “sorpresivas”: “Nos preocupa la reiteración de situaciones en las que municipios, trabajadores, instituciones y vecinos se enteran de decisiones trascendentes una vez consumadas, sin instancias previas de consulta o intercambio. La construcción de políticas públicas sólidas requiere participación, articulación y respeto por quienes sostienen diariamente los servicios esenciales en cada localidad”.

En ese sentido, sentenciaron: “Reafirmamos nuestra convicción de que las instituciones sanitarias deben estar al servicio de los vecinos y alejadas de cualquier lógica que priorice intereses políticos por encima del bienestar de la comunidad”.

El Congreso Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos resolvió este sábado la expulsión del intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, y de su asesor legal, Guillermo Reggiardo, al considerar acreditadas conductas incompatibles con los deberes de lealtad y disciplina partidaria establecidos en la Carta Orgánica.

La decisión fue adoptada durante una reunión realizada en Paraná, que contó con la participación de congresales de distintos puntos de la provincia, además de dirigentes, intendentes, legisladores, concejales y autoridades partidarias.

Según informó oficialmente el PJ entrerriano, la sanción implica la exclusión definitiva de ambos dirigentes del padrón de afiliados, la pérdida de sus cargos como congresales provinciales y la caducidad de cualquier representación partidaria vigente.

Durante la misma sesión también se aprobó la suspensión de afiliación de un grupo de dirigentes que fueron candidatos por otras fuerzas políticas durante el proceso electoral de 2025. La medida alcanza a Carolina Gaillard, Paola Rubattino, Héctor Maya, Gustavo Guzmán, María Rosa Vergara, Graciela Trinidad, Claudia Quiróz y Luna González.

La resolución establece que los sancionados no podrán ser candidatos por el Partido Justicialista durante los próximos dos turnos electorales. No obstante, el Congreso incorporó una cláusula que habilita al Tribunal de Disciplina a revisar cada situación en 2027 y determinar si corresponde mantener o levantar la sanción.

La decisión generó una inmediata reacción del sector referenciado en Daniel Rossi. Según trascendió, los dirigentes expulsados consideran que la votación carece de validez y sostienen que el Congreso perdió quórum antes de tratar las expulsiones.

De acuerdo con la postura difundida tras la reunión, varios congresales abandonaron el recinto durante el debate, situación que, a criterio de los cuestionadores, habría impedido continuar con las deliberaciones.

“Las expulsiones son nulas porque fueron votadas sin quórum y sin respetar las reglas básicas de funcionamiento partidario”, señalaron en un comunicado difundido luego de la sesión.

Rossi y Reggiardo también denunciaron que no pudieron ejercer plenamente su derecho de defensa. Según expresaron, el intendente de Santa Elena solicitó hacer uso de la palabra antes de la votación, pero el pedido habría sido rechazado por las autoridades partidarias.

En el mismo documento responsabilizaron directamente a Guillermo Michel, Rosario Romero y José Cáceres por el avance de las sanciones y sostuvieron que la medida responde a diferencias políticas internas. “Michel, Romero y Cáceres expulsaron a Rossi y Reggiardo por denunciar la corrupción”, afirmaron.

Desde ese espacio adelantaron además que impulsarán las presentaciones partidarias y judiciales que consideren necesarias para cuestionar la legalidad de las decisiones adoptadas.

Por su parte, el Partido Justicialista de Entre Ríos defendió la legitimidad de las resoluciones aprobadas y destacó que las sanciones fueron adoptadas sobre la base de los dictámenes emitidos por el Tribunal de Disciplina, en cumplimiento de los procedimientos previstos por la Carta Orgánica.

En el documento difundido tras el Congreso, la conducción partidaria señaló que la reunión permitió abordar distintos temas vinculados a la situación institucional del partido y a la realidad política provincial.

Entre las definiciones adoptadas, el PJ manifestó su respaldo a la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), expresó reparos frente a la reforma previsional impulsada por el gobierno provincial cuando implique pérdida de derechos para trabajadores y jubilados, y planteó objeciones al modelo de Boleta Única de Papel propuesto para Entre Ríos.

Asimismo, se analizó la situación económica y financiera de la fuerza política y la necesidad de fortalecer los mecanismos de financiamiento partidario previstos en la Carta Orgánica.

Las sanciones aprobadas por el Congreso representan uno de los hechos disciplinarios más significativos de los últimos años dentro del peronismo entrerriano y vuelven a exponer las tensiones internas que atraviesan al espacio político.

Mientras la conducción partidaria sostiene que las medidas buscan preservar el cumplimiento de las normas internas y la identidad política del PJ, los sectores sancionados denuncian persecución política y anticipan una disputa que probablemente continuará tanto en el ámbito partidario como en los estrados judiciales.

Representantes de la Liga de Intendentes Justicialistas de Entre Ríos participaron este martes de un encuentro de la Federación Argentina de Municipios (FAM) realizado en la ciudad santafesina de Pérez, donde se reunieron cerca de un centenar de jefes comunales de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

La jornada estuvo orientada al análisis de la situación que atraviesan actualmente los gobiernos locales y permitió intercambiar experiencias sobre los desafíos comunes que enfrentan los municipios de la Región Centro.

Entre los principales temas abordados figuraron la disminución de los recursos coparticipables, la paralización de obras públicas, la reducción de transferencias nacionales y el impacto que tiene en las administraciones locales la quita de subsidios a servicios esenciales como el transporte y la energía.

Durante el encuentro, los intendentes debatieron además distintas estrategias para fortalecer el desarrollo de las comunidades y coincidieron en la necesidad de avanzar en acciones coordinadas entre los gobiernos locales.

La producción, el empleo, la educación y el crecimiento urbano fueron algunos de los ejes que formaron parte de la agenda de trabajo, con el objetivo de promover iniciativas que permitan sostener el desarrollo regional en un contexto económico complejo.

Los participantes también destacaron la importancia de consolidar espacios de diálogo y articulación entre municipios para compartir experiencias de gestión y generar respuestas conjuntas ante problemáticas que afectan a las distintas localidades.

Desde la Liga de Intendentes Justicialistas de Entre Ríos señalaron que uno de los puntos centrales del encuentro fue la preocupación por la situación financiera de los municipios y por las dificultades que enfrentan para sostener obras, servicios y programas destinados a la comunidad.

En ese marco, reafirmaron la necesidad de defender las autonomías locales y garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de los gobiernos municipales, en un escenario marcado por la caída de ingresos y la reducción de aportes provenientes del Estado nacional.

El intendente de Hernández, Luis Gaioli, participó de la firma del Convenio Marco de Colaboración y Asistencia Recíproca para la Urbanización y Desarrollo de Gobiernos Locales, una iniciativa que forma parte del Programa Sistema de Ciudades Entrerrianas y que busca fortalecer el trabajo conjunto entre municipios, organismos provinciales e instituciones académicas.

El acuerdo tiene como objetivo promover herramientas de planificación territorial, impulsar el desarrollo urbano sostenible y generar ámbitos de cooperación e intercambio de experiencias entre las distintas localidades de la provincia.

Desde el municipio destacaron que la participación en este tipo de programas permite acceder a instancias de capacitación, asistencia técnica y articulación institucional para abordar desafíos vinculados al crecimiento de las ciudades y comunas entrerrianas.

La iniciativa reúne a diferentes actores del ámbito público y académico con la finalidad de construir estrategias comunes que favorezcan un desarrollo ordenado de los centros urbanos, atendiendo las necesidades actuales y futuras de cada comunidad.

En ese marco, Hernández se incorpora a un esquema de trabajo colaborativo orientado a fortalecer las capacidades de gestión local y a generar proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

El Programa Sistema de Ciudades Entrerrianas apunta a consolidar una red de gobiernos locales que compartan experiencias, intercambien conocimientos y desarrollen políticas públicas vinculadas al ordenamiento territorial, la infraestructura y el crecimiento sostenible de las localidades de la provincia.

El Concejo Deliberante de Crespo celebrará este miércoles 10 de junio, desde las 20, una nueva sesión ordinaria en la que abordará diversos proyectos de ordenanza vinculados al ordenamiento urbano, tránsito, ambiente y desarrollo de la ciudad.

Sin embargo, el tema que concentra la mayor atención política y que podría generar un intenso debate entre oficialismo y oposición será el tratamiento del proyecto impulsado por el Departamento Ejecutivo Municipal para aprobar, por vía de excepción, el desarrollo de un Centro Comercial a Cielo Abierto promovido por Organización Avanzar S.R.L. en el Distrito Comercial Norte, sobre uno de los accesos a la ciudad.

Según trascendió, los bloques opositores no acompañarían la iniciativa en los términos planteados por el Ejecutivo, por lo que el expediente se perfila como uno de los puntos más controvertidos del orden del día.

La propuesta busca declarar de interés municipal el emprendimiento privado y autorizar una serie de excepciones urbanísticas para posibilitar su desarrollo.

De acuerdo con los fundamentos elevados por el Ejecutivo, el proyecto contempla la creación de una nueva centralidad comercial y de servicios, con calles internas, veredas, galerías comerciales, espacios comunes y una importante oferta de locales destinados a actividades comerciales y gastronómicas.

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la autorización para ocupar la totalidad del inmueble donde se emplazará el emprendimiento, exceptuándolo de la restricción prevista en el Código de Planeamiento Urbano respecto de las franjas destinadas a futuras colectoras sobre rutas nacionales y provinciales.

Desde el municipio argumentan que los antecedentes técnicos existentes y los estudios de trazado realizados para las futuras colectoras permiten compatibilizar ambas situaciones sin afectar proyectos viales futuros.

Otro de los puntos relevantes del proyecto es la autorización excepcional para subdividir y comercializar locales internos de las galerías con superficies mínimas de 23 metros cuadrados, inferiores a las establecidas con carácter general para el Distrito Comercial Norte.

La medida se aplicaría exclusivamente a este emprendimiento y no modificaría las exigencias urbanísticas vigentes para otros desarrollos de la ciudad.

El texto aclara además que cualquier subdivisión, mensura o registración definitiva deberá contar con la aprobación de los organismos provinciales competentes, sin que la Municipalidad garantice la viabilidad registral de las operaciones.

La ordenanza también establece que las calles internas, galerías y espacios comunes continuarán siendo de propiedad privada, aunque estarán afectados a servidumbres permanentes de uso público.

Esto permitirá garantizar la circulación de peatones y vehículos dentro del predio, así como el acceso irrestricto de servicios de emergencia.

El mantenimiento de la infraestructura, incluyendo calles, veredas, iluminación, desagües, redes sanitarias y señalización, quedará a cargo exclusivo de la empresa desarrolladora.

Asimismo, el emprendimiento deberá contar con un reglamento de uso, convivencia y seguridad, además de un plan integral de tránsito y emergencias que deberá ser aprobado por las áreas técnicas municipales.

Entre los fundamentos expuestos por el Departamento Ejecutivo se sostiene que el proyecto contribuirá al crecimiento económico local, ampliará la oferta de bienes y servicios, favorecerá la generación de empleo formal y permitirá ordenar el desarrollo comercial en uno de los sectores de mayor expansión de la ciudad.

La iniciativa también contempla la instalación de sanitarios públicos, reservas individuales de agua para los sectores gastronómicos y condiciones específicas de accesibilidad, seguridad vial y evacuación.

Además de este expediente, los concejales deberán analizar proyectos relacionados con la regulación del uso de veredas, excepciones urbanísticas particulares, la nominación de nuevas calles, modificaciones en sentidos de circulación vehicular y la creación del Eco-Jardín Educativo y Vivero Municipal, que será declarado Bien de Interés Histórico Natural Municipal.

También se tratará una propuesta para aceptar la restitución de una fracción de terreno ubicada en calle Pepe Biondi y destinarla posteriormente a la conformación de lotes sociales.

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos fue sede este martes de la presentación de un informe que analiza el peso económico de la Región Centro y su contribución a la recaudación nacional. El trabajo concluye que las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba realizan un aporte al Estado nacional superior a los recursos que posteriormente reciben a través de distintos mecanismos de distribución fiscal.

El estudio, denominado “Región Centro, importancia de su actividad productiva y aporte tributario en el contexto nacional”, fue impulsado por el Foro de Entidades Empresarias de la Región Centro y elaborado por un equipo integrado por profesionales de las Bolsas de Comercio de Córdoba, Rosario y Santa Fe, el Consejo Empresario de Entre Ríos y la Fundación Apertura. El proyecto contó con financiamiento del Gobierno de Santa Fe a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Durante la presentación se destacó que la Región Centro constituye uno de los principales motores productivos del país. Según los datos expuestos, genera en promedio el 19,1% del Valor Agregado Bruto nacional, concentra una proporción similar de la población y del empleo privado registrado, y reúne cerca del 23% de las empresas formales de Argentina.

Además, tiene una participación determinante en distintas cadenas productivas. La región concentra casi la mitad de la producción nacional de granos, una importante participación en la actividad avícola, porcina y cárnica, cerca del 50% de la producción automotriz y más del 38% de las exportaciones argentinas.

Los especialistas remarcaron que la infraestructura logística y portuaria existente en las tres provincias refuerza su papel estratégico como uno de los principales polos agroexportadores del país.

Uno de los principales datos del informe señala que, en promedio, la Región Centro aportó a la Nación un 30,1% más de recursos de los que recibió entre los años analizados.

De acuerdo con el estudio, por cada 100 pesos generados en concepto de recaudación nacional, las provincias de la región recibieron aproximadamente 69,9 pesos a través de la coparticipación federal, leyes especiales y otras transferencias.

En el caso particular de Santa Fe, la diferencia fue aún mayor, con una brecha promedio del 36,5% entre 2011 y 2023.

La apertura del encuentro estuvo a cargo del presidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Diego Camuñas. También participaron la secretaria de Región Centro e Integración Regional de Santa Fe, Claudia Giaccone; el presidente del Ente Región Centro e Integración Regional, Atilio Benedetti; el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares; y el ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos, Fabián Boleas.

Durante las exposiciones, los funcionarios coincidieron en la importancia de contar con información técnica para enriquecer el debate sobre el federalismo fiscal y la distribución de recursos entre la Nación y las provincias.

Benedetti destacó el valor de disponer de estudios que permitan fundamentar propuestas orientadas a construir un sistema tributario más equilibrado, mientras que Giaccone resaltó el trabajo conjunto y los consensos alcanzados para concretar la investigación.

Por su parte, Olivares sostuvo que Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos han sido históricamente protagonistas de la discusión sobre el federalismo fiscal y remarcó que el informe aporta datos objetivos para ese debate.

En tanto, Boleas señaló que las tres provincias cumplen un rol central en la economía argentina y consideró necesario avanzar en una discusión integral sobre el sistema tributario y las responsabilidades de cada nivel de gobierno.

El trabajo también analiza variables sociales y económicas y concluye que la Región Centro presenta indicadores superiores al promedio nacional en aspectos como escolarización, niveles de pobreza estructural y distribución del ingreso.

No obstante, los especialistas advirtieron que la productividad laboral de la región registró una caída del 11% entre 2011 y 2023, atribuida principalmente a los efectos de la recesión económica y la sequía.

A pesar de ello, la región mantiene niveles de exportaciones por habitante considerablemente superiores a la media argentina, consolidando su papel como una de las principales generadoras de divisas del país.

Los responsables del estudio indicaron que el informe será de acceso público y busca aportar elementos objetivos para el análisis de las políticas de desarrollo regional, la distribución de recursos fiscales y el fortalecimiento del federalismo argentino.

A pesar de la magnitud del siniestro y de los importantes daños materiales registrados, no se reportaron personas lesionadas.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 14 cuando un camión Mercedes Benz 1114 con acoplado circulaba en sentido este-oeste con destino hacia Rosario.

El vehículo era conducido por Fernando Rossetti, de 43 años, domiciliado en Rosario del Tala. Por causas que se investigan, el conductor habría mordido la banquina y, al intentar regresar a la calzada, perdió el control de la unidad.

Como consecuencia, el camión y su acoplado terminaron volcados sobre la ruta, ocupando parte de la cinta asfáltica y generando una situación de riesgo para los vehículos que circulaban detrás.

Detrás del transporte siniestrado circulaban otros dos camiones de carga que debieron realizar maniobras de emergencia para evitar un choque de mayores consecuencias.

El segundo vehículo involucrado fue un Iveco 450 con acoplado, conducido por Neri Beltrame, de 43 años, oriundo de Villaguay. Al advertir el vuelco ocurrido delante suyo, el conductor accionó bruscamente los frenos para evitar impactar contra el camión atravesado sobre la ruta.

La maniobra permitió evitar una colisión directa, aunque el vehículo perdió estabilidad y terminó chocando contra el guardarraíl ubicado a un costado de la calzada.

El tercer transporte involucrado fue un Scania 420 con acoplado, conducido por Paulo Roberto Silva Do Nascimento, de 41 años y nacionalidad brasileña.

De acuerdo con el informe policial, el camionero logró frenar a escasa distancia del lugar del accidente y detener completamente la unidad sin colisionar con los otros vehículos ni con las defensas metálicas de la ruta.

Como consecuencia del vuelco y de la ubicación en que quedaron los transportes, el tránsito permaneció parcialmente interrumpido durante varias horas mientras se realizaban las tareas de asistencia y remoción.

En el lugar trabajaron efectivos de la Jefatura Departamental Nogoyá, personal del Puesto de Control Vial, Bomberos Voluntarios de Nogoyá y operarios de la empresa constructora Pitón.

Las tareas estuvieron orientadas a despejar la calzada, retirar los vehículos involucrados y garantizar condiciones seguras para restablecer la circulación normal sobre uno de los corredores viales más transitados de la provincia.

El hecho no dejó personas heridas, aunque volvió a poner de manifiesto los riesgos que generan las maniobras de emergencia en rutas de intenso tránsito pesado.

A través de un documento conjunto, las organizaciones que integran el foro sostuvieron que la situación financiera del sistema previsional representa uno de los principales desafíos para las cuentas públicas provinciales y advirtieron sobre sus efectos en el desarrollo económico y productivo.

Según manifestaron, el creciente déficit de la Caja absorbe recursos que podrían destinarse a áreas como infraestructura, educación, salud, seguridad, promoción de inversiones y generación de empleo.

Las entidades remarcaron que el debate sobre el sistema previsional excede el ámbito de los trabajadores estatales y jubilados, al considerar que el desequilibrio financiero tiene consecuencias sobre el conjunto de la economía provincial.

En ese sentido, valoraron que el proyecto impulsado por el Ejecutivo reconozca la magnitud del problema y proponga una transición gradual orientada a recuperar la sustentabilidad del sistema, preservando los derechos adquiridos de jubilados y pensionados.

Desde el sector empresario señalaron además que corregir los desequilibrios previsionales resulta una condición necesaria para fortalecer las finanzas públicas y generar un contexto más favorable para la inversión privada y la creación de empleo.

En el documento, el foro también solicitó que el tratamiento parlamentario de la iniciativa se lleve adelante con “seriedad institucional, transparencia y vocación de diálogo”, aunque advirtió sobre la necesidad de evitar demoras que profundicen el problema financiero.

Las entidades sostuvieron que una postergación de las reformas podría incrementar el desfinanciamiento del sistema y afectar la capacidad de la provincia para afrontar otras políticas públicas vinculadas al desarrollo económico y social.

Asimismo, afirmaron que la continuidad de los desequilibrios estructurales podría derivar en menores niveles de inversión, pérdida de competitividad y una reducción de las oportunidades de crecimiento para Entre Ríos.

El pronunciamiento fue suscripto por las organizaciones que integran el Foro de Entidades Empresarias de Entre Ríos:

De esta manera, el sector empresario se sumó al debate abierto en torno a la reforma previsional, una iniciativa que genera posiciones encontradas y que deberá ser analizada por la Legislatura provincial en las próximas semanas.

A través de un comunicado, la entidad que nuclea a 35 organizaciones empresariales vinculadas al comercio, la industria, los servicios y el turismo sostuvo que muchas firmas atraviesan un escenario cada vez más complejo para sostener su funcionamiento y mantener las fuentes de trabajo.

Desde FEDER señalaron que, desde el inicio del actual proceso económico, el sector privado acompañó las medidas de ordenamiento impulsadas a nivel nacional y realizó esfuerzos para adaptarse a nuevas condiciones de mercado. Entre ellos mencionaron la incorporación de tecnología, cambios en las estrategias comerciales, reducción de costos y reorganización de estructuras operativas.

No obstante, la entidad consideró que esas medidas ya no alcanzan para garantizar la sustentabilidad de numerosas empresas entrerrianas.

Según indicó la federación, la combinación de menores niveles de consumo, aumentos en las tarifas de servicios, mayores costos laborales y una elevada carga tributaria está afectando la rentabilidad de los establecimientos comerciales y productivos.

"Los gastos fijos y la pérdida de rentabilidad conforman un escenario cada vez más difícil de afrontar para quienes generan empleo e invierten en la provincia", sostuvieron desde la organización.

La situación también alcanza al sector turístico, una actividad que en los últimos años se consolidó como uno de los motores económicos de Entre Ríos. De acuerdo con el comunicado, la disminución del movimiento turístico repercute directamente sobre hoteles, restaurantes, comercios y otros rubros vinculados a la actividad.

Desde FEDER remarcaron que las empresas no reclaman beneficios especiales, sino condiciones que permitan desarrollar sus actividades con previsibilidad y competitividad.

En ese sentido, solicitaron la implementación de políticas orientadas a estimular el consumo, aliviar los costos que afectan a la producción y fortalecer al turismo como una actividad estratégica para el desarrollo provincial.

La entidad advirtió además sobre el impacto que tiene el cierre de comercios, la reducción de actividades empresariales y la pérdida de puestos de trabajo en las economías locales.

Finalmente, la federación ratificó su disposición al diálogo con los distintos niveles del Estado, aunque insistió en la necesidad de visibilizar las dificultades que enfrentan actualmente comerciantes, industriales, emprendedores y prestadores de servicios de toda la provincia.

"La defensa de la producción, el comercio, los servicios y el turismo es, en definitiva, la defensa del empleo y del desarrollo de todos los entrerrianos", concluyeron desde la entidad.

Nogoyá.– Una grave denuncia por presuntas irregularidades en el manejo de las arcas públicas ha sacudido la tranquilidad de la comuna de XX de Septiembre. La Unidad Fiscal local, procedió a la apertura formal de una Investigación Penal Preparatoria (IPP) que tiene como principal imputada a la presidenta comunal de dicha localidad, Adriana Hernández. Las actuaciones judiciales se iniciaron a raíz de sospechas fundadas sobre la supuesta comisión de los delitos de peculado, apropiación y malversación de fondos públicos, todos ellos relacionados de manera directa con las partidas presupuestarias afectadas a la ejecución de la obra del Salón de Usos Múltiples (SUM) de la comunidad.

Más allá del impacto político que genera el inicio de una causa de estas características contra una autoridad electa, advierten que la gravedad del escenario radica en el denso contenido de las pruebas y las sospechas que sustentan el expediente. Ante este panorama, desde la fiscalía interviniente se han dispuesto medidas procesales concretas de alto impacto administrativo para intentar esclarecer si existió un desvío de los recursos estatales o una administración infiel del patrimonio comunitario.

En este sentido, el fiscal Martínez libró una serie de órdenes destinadas a requerir informes técnicos y detallados al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, al Tribunal de Cuentas provincial y a la Dirección de Comunas y Juntas de Gobierno. El objetivo central de estos requerimientos es reconstruir de manera minuciosa e histórica el recorrido completo y la trazabilidad de cada uno de los fondos y partidas que fueron enviados a la administración de Veinte de Septiembre desde el año 2012 hasta la fecha actual para el desarrollo de la mencionada obra edilicia.

La investigación judicial apunta a poner bajo la lupa un extenso archivo de documentos públicos que incluye transferencias bancarias, subsidios otorgados, expedientes de obra, balances contables, decretos comunales y la totalidad de los movimientos de las cuentas bancarias institucionales. Asimismo, los peritos judiciales pretenden determinar si existieron intimaciones previas u observaciones por parte de los organismos de control ante la posible falta de presentación de información pública y rendiciones de cuentas por parte de la comuna, en una causa que promete sumar nuevos capítulos en los tribunales de nuestra ciudad a medida que ingresen las respuestas a los oficios emitidos.

La reforma previsional retoma un debate que Entre Ríos viene postergando desde hace casi tres décadas, cuando un proyecto de ley impulsado por el entonces gobernador Jorge Pedro Busti en diciembre de 1997 ya proponía los mismos ejes centrales que hoy contiene la Ley 11.130: elevación de las edades jubilatorias, base de cálculo del haber inicial sobre 15 años de aportes y una nueva metodología de movilidad. Aquel proyecto no prosperó. El problema previsional, sí.

En efecto, el proyecto de reforma previsional que se debate en estos días en la Legislatura de Entre Ríos —incorporado a la Ley 11.130 de Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional— no constituye una novedad conceptual. En 1997, durante la gobernación de Jorge Pedro Busti y con la firma del entonces ministro Ricardo Drewanz, el Poder Ejecutivo provincial elevó a la Honorable Legislatura un proyecto de reforma del Régimen Previsional Provincial cuyos contenidos centrales son, en lo esencial, los mismos que la presente gestión propone hoy.

Aquella iniciativa de 1997 no obtuvo sanción legislativa. Las advertencias técnicas que motivaban su redacción, en cambio, se mantuvieron y se profundizaron con el paso de los años. La inacción de casi tres décadas explica buena parte del desequilibrio estructural que el sistema previsional entrerriano arrastra hoy.

El proyecto Busti–Drewanz fundamentaba la necesidad de elevar las edades jubilatorias con estas palabras:

"La edad jubilatoria, para todos los sectores, ha quedado relegada con relación al régimen nacional y de otras provincias. Esto se torna absolutamente impostergable de corregir".

Mensaje de elevación del Poder Ejecutivo — Cámara de Diputados, 30 de diciembre de 1997

El proyecto de 1997 proponía elevar la edad de la jubilación ordinaria común a 63 años para varones y 60 para mujeres, con 33 años de servicios. La reforma de 2026 retoma el mismo eje —equiparación con los estándares nacionales y de otras provincias— y propone 65 años con 35 años de servicios, con una gradualidad que recién comienza en 2031. Tres décadas más tarde, el diagnóstico es el mismo y la urgencia, mayor.

Uno de los puntos más discutidos del proyecto actual es la modificación del haber inicial, que pasa a calcularse sobre el promedio de las últimas 240 remuneraciones (20 años) en lugar del último cargo desempeñado. Esta no es una idea reciente. El proyecto de 1997 ya proponía exactamente esa lógica, aunque con un horizonte temporal menor —15 años—:

"El haber de la jubilación ordinaria será equivalente al ochenta y dos por ciento (82%) del promedio de remuneración mensual percibida por el afiliado durante los últimos quince (15) años inmediatos anteriores al momento de la cesación en el servicio."

Artículo 15° del proyecto Busti–Drewanz, sustitutivo del Artículo 63° de la Ley 8.732

La fundamentación de aquella propuesta resulta hoy especialmente vigente. El mensaje de elevación señalaba:

“Esto tiende a evitar las desviaciones que ha habido en nuestro régimen, que llevaron a la actual distorsión donde nos encontramos con jubilados o pensionados que perciben un haber equivalente al 500 o 600% sobre el haber promedio sobre el cual aportaron en su vida laboral.”

La actual reforma toma el mismo principio rector —proporcionalidad entre aportes y beneficio— y lo aplica con un período más extendido (20 años), en línea con el estándar de la Ley nacional 24.241 y con la mayoría de los regímenes provinciales armonizados.

Movilidad de las prestaciones: el AMPPO de 1997, antecedente del esquema actual

El proyecto de 1997 introducía además un cambio radical en la lógica de actualización de los haberes jubilatorios, con la creación del Aporte Medio Previsional Provincial Obligatorio (AMPPO). El fundamento técnico era explícito:

"La creación del AMPPO tiene por objetivo obtener un mecanismo de medición de los recursos del sistema de reparto, que permita conocer con base científica el crecimiento de los mismos y garantice el cumplimiento del mandato constitucional de prestaciones móviles".

La propuesta apuntaba a desacoplar parcialmente la movilidad de los haberes pasivos de los cambios discrecionales en la estructura salarial activa, dotándola de una base técnica vinculada a la salud financiera del propio sistema. Aquel concepto, hoy, encuentra reflejo en el nuevo régimen de movilidad que establece el proyecto de la Ley 11.130, atado a las variaciones del Escalafón General de la Administración Pública Provincial.

Más allá de los tres ejes centrales, el proyecto Busti–Drewanz contenía propuestas que la reforma actual incorpora con formulación equivalente:

Retención automática a los Municipios. El proyecto de 1997 ya disponía que el aporte mínimo municipal sería "directamente retenido de la Coparticipación por la Tesorería General de la Provincia" (Art. 2°). La reforma actual lo recupera con un mecanismo equivalente en sus Artículos 14 y 21.

Prohibición de nuevas cajas municipales. El Artículo 3° del proyecto de 1997 prohibía expresamente la creación de cajas de jubilaciones independientes en el ámbito provincial. La preocupación por la atomización del sistema previsional ya estaba presente.

No traslado de adicionales sin aportes. El Artículo 4° de 1997 ya establecía que ningún concepto sobre el cual no se hubieran efectuado aportes podría considerarse para el cálculo del haber. La reforma actual recoge la misma regla en su Artículo 22.

Principio de caja otorgante. El Artículo 23° del proyecto Busti–Drewanz incorporaba expresamente el principio de caja otorgante y reciprocidad jubilatoria, hoy nuevamente puesto en valor en el Artículo 36 de la reforma.

El proyecto de 1997 no obtuvo sanción legislativa. La advertencia que contenía —que el sistema previsional provincial requería una corrección estructural urgente para asegurar su sostenibilidad— no se atendió en su momento. El resultado de esa postergación es el que hoy enfrenta la Provincia: un déficit que pasó de $13.000 millones en 2019 a $124.000 millones en 2023, una relación activo/pasivo de 1,82 cuando el umbral técnico de sustentabilidad es 4, y una carga heredada que el sistema absorbió sin compensación.

La reforma de 2026 no propone soluciones novedosas. Propone, finalmente, atender un diagnóstico que ya estaba escrito sobre la mesa de la Legislatura de Entre Ríos en diciembre de 1997. Lo que cambió en estos casi treinta años no fue la naturaleza del problema, sino su magnitud.

Texto:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos. Titulación y resaltado con negritas: Paralelo32. Referencia documental: Cámara de Diputados de Entre Ríos, Reunión Nro. 10, Diario de Sesiones del 30 de diciembre de 1997 — Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo Provincial (Drewanz–Busti).

La política cambió. No porque hayan cambiado los problemas de la gente, sino porque cambió la forma en que la gente vive, se informa y presta atención. Y quienes aspiramos a representar a nuestros vecinos tenemos la obligación de entender esa transformación.

Durante buena parte del siglo XX, la política se construía en los comités, las unidades básicas, los sindicatos, los centros de estudiantes y las plazas. Eran ámbitos donde se debatían ideas, se formaban dirigentes y se construían identidades colectivas. Hoy, en cambio, el principal espacio de encuentro social cabe en la palma de una mano: el teléfono celular.

Scrollear es ese gesto casi automático mediante el cual deslizamos el dedo sobre una pantalla buscando algo que llame nuestra atención. Lo hacemos mientras viajamos, trabajamos, esperamos un turno o tomamos un café. Diversos estudios muestran que las personas revisan su teléfono decenas de veces por día y pasan varias horas consumiendo contenidos digitales. La atención se ha convertido en uno de los bienes más escasos de nuestra época.

Muchos dirigentes siguen comunicándose como si viviéramos en el mismo mundo de hace treinta años. Elaboran discursos interminables para ciudadanos que reciben miles de estímulos diarios. Hablan durante una hora para audiencias que apenas les conceden unos pocos segundos. La consecuencia es evidente: cada vez cuesta más conectar con la sociedad.

Como dirigente joven de Entre Ríos, estoy convencido de que la discusión no pasa por demonizar las redes sociales ni por idealizar formas de militancia que pertenecen a otro tiempo histórico. El desafío es comprender el mundo tal como es y no como nos gustaría que fuera.

La política ya no ocupa el centro de la vida cotidiana de las personas. Esa es una verdad que debemos asumir con humildad. Los temas políticos apasionan principalmente a quienes hacemos política. Ya no encontraremos comités o unidades básicas repletos de jóvenes leyendo a Perón, a Gramsci o al Manifiesto Comunista. La mayoría de nuestros vecinos está ocupada trabajando, estudiando, criando a sus hijos o intentando resolver los desafíos concretos de cada día.

Por eso, quienes participamos de la vida pública debemos aprender a comunicar de otra manera.

Ahora bien, reconocer el cambio no significa resignarse a la superficialidad. La política del like, cuando se convierte únicamente en una búsqueda desesperada de aprobación instantánea, termina vaciando de contenido el debate público. Un dirigente no puede gobernar a fuerza de tendencias, algoritmos o reacciones emocionales.

La buena política sigue siendo, como enseñaba Aristóteles hace más de dos mil años, aquella que busca el bien común. Esa definición no perdió vigencia. Lo que cambió fueron los canales de comunicación. Hoy tenemos apenas unos segundos para captar la atención de una persona. La tarea consiste en aprovechar esos segundos para transmitir ideas, valores y propuestas, no para reemplazarlos por consignas vacías.

En una sociedad líquida, acelerada y fragmentada, la política tiene una responsabilidad aún mayor: ofrecer sentido, dirección y horizonte. Las redes sociales son una herramienta formidable para llegar a millones de personas, pero ninguna tecnología puede reemplazar la necesidad de construir comunidad, confianza y proyectos compartidos.

Creo en una política que entienda la lógica de los tiempos que vivimos sin renunciar a la profundidad. Una política capaz de comunicar en quince segundos, pero también de gobernar pensando en los próximos quince años. Una política que utilice el celular como puente y no como destino.

Porque los algoritmos pueden ordenar contenidos. Pero solamente la política puede darle un rumbo a una sociedad.