Un mensaje que circula por redes sociales y WhatsApp advierte sobre un supuesto hackeo a la base de datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), del que habrían sido sustraídos 38 millones de registros. La publicación también alerta sobre posibles estafas en las que delincuentes se harían pasar por la empresa de logística Andreani para obtener información personal y tomar el control de cuentas de WhatsApp.

Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación pública independiente de que se haya producido el supuesto ataque informático. Consultado por Chequeado, ANSES negó que el organismo haya sido hackeado y señaló que “por el momento no tienen ninguna denuncia”.

La información comenzó a circular después de que sitios especializados en ciberseguridad difundieran una publicación de un foro de la dark web en la que un usuario aseguraba tener millones de registros vinculados con el sistema previsional argentino.

Por eso, aunque el mensaje viral plantea una situación que merece atención, es importante distinguir entre una filtración denunciada y un incidente informático efectivamente confirmado.

El 14 de septiembre, los sitios Daily Dark Web y Dark Web Informer informaron sobre una supuesta filtración masiva de datos vinculados con la seguridad social argentina.

Según la publicación original, un usuario de un foro de la dark web aseguraba haber obtenido 38 millones de registros de bases de datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), administrado por ANSES. El mismo mensaje mencionaba información correspondiente a unos 9,5 millones de personas y ofrecía los datos para la venta.

Ambos sitios especializados advirtieron que la información no había sido verificada. Posteriormente, el contenido se difundió en redes sociales y fue replicado por usuarios argentinos.

El mensaje viral sostiene que los delincuentes podrían utilizar esos datos para realizar llamadas telefónicas, hacerse pasar por personal de Andreani y solicitar códigos de verificación de WhatsApp.

No obstante, que una publicación afirme que posee datos personales no demuestra por sí solo que la información sea auténtica ni que haya sido obtenida mediante un ataque a ANSES.

Más allá de la falta de confirmación sobre el supuesto hackeo, las recomendaciones para proteger las cuentas personales siguen siendo importantes.

Una modalidad de fraude consiste en contactar a una persona por teléfono o mensajería, utilizar datos personales para generar confianza y convencerla de que entregue el código de verificación de WhatsApp.

Ese código permite registrar la cuenta en otro dispositivo. Si la víctima lo comparte con un tercero, puede facilitar que otra persona tome el control de su cuenta.

Los estafadores pueden hacerse pasar por empleados de empresas de logística, bancos u organismos públicos y utilizar nombres, direcciones u otros datos para que el contacto parezca legítimo.

La empresa Andreani advirtió en sus canales oficiales que no solicita contraseñas, códigos de verificación ni datos bancarios mediante mensajes o enlaces sospechosos.

Si perdés el acceso a WhatsApp o sospechás que otra persona tomó el control de tu cuenta, es importante actuar rápidamente.

Si el fraude también involucra cuentas bancarias o movimientos de dinero, contactá inmediatamente a tu banco mediante sus canales oficiales.

Ante una posible exposición de información, los especialistas recomiendan revisar las contraseñas utilizadas en los servicios digitales y cambiarlas si existen indicios de que fueron comprometidas.

Es conveniente utilizar claves robustas y diferentes para cada cuenta. Repetir una misma contraseña en varios servicios aumenta el riesgo de que un incidente en una plataforma afecte también a otras.

También se puede recurrir al verificador de contraseñas de Google, disponible en la configuración de la cuenta, para identificar claves guardadas que puedan haber quedado expuestas.

Si se confirma que determinada información personal fue vulnerada, las medidas necesarias dependerán del tipo de dato comprometido. Por ejemplo, si se trata de credenciales de acceso, corresponde cambiarlas y revisar los mecanismos de recuperación de la cuenta.

Además, es recomendable eliminar cuentas que ya no se utilizan y revisar qué servicios conservan información personal.

Los mensajes fraudulentos suelen recurrir a la urgencia, el miedo o la apariencia de legitimidad para conseguir que la víctima actúe sin verificar la información.

Por eso, ante una llamada, un correo electrónico o un mensaje de WhatsApp que solicite datos personales, conviene tener presentes algunas pautas:

La ciudad santafesina de Rafaela será sede desde este miércoles 14 de octubre de la muestra industrial “En el Centro de Todo”, una propuesta que busca ir más allá de las exposiciones tradicionales para convertirse en un espacio de vinculación empresarial, generación de negocios y debate sobre el futuro productivo argentino.

La actividad se extenderá hasta el viernes 16 en la Sociedad Rural de Rafaela e incluirá conferencias, rondas de negocios, encuentros de networking y conversaciones estratégicas sobre los principales desafíos que enfrenta la industria nacional.

Uno de los puntos de interés para Entre Ríos será el debate sobre la Región Centro, integrada por Santa Fe, Córdoba y la provincia entrerriana, como plataforma para impulsar inversiones, mejorar la competitividad y fortalecer las cadenas de valor.

La muestra es organizada por NC Producciones, junto con el Gobierno de Santa Fe, el Gobierno Municipal de Rafaela, la Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación Competitiva Agencia Rafaela (ACDICAR), Región Centro y Prom Argentina.

El presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), Gabriel Corrado; el presidente de la muestra, Juan Carlos Basso, de NC Producciones; y la secretaria de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo de la Municipalidad de Rafaela, Patricia Imoberdorf, presentaron los principales objetivos del encuentro.

La propuesta apunta a reunir a empresarios, universidades, instituciones, organismos públicos y referentes sectoriales para debatir las condiciones necesarias para fortalecer la producción.

“Queremos que sea mucho más que una exposición tradicional. La concebimos como un espacio donde empresarios, instituciones, universidades y gobiernos puedan encontrarse para debatir, generar vínculos y construir oportunidades concretas”, explicó Corrado.

La agenda contempla temas como política industrial, macroeconomía, competitividad tributaria, infraestructura, transformación digital, educación técnica, formación de talento y desarrollo territorial.

Entre las actividades se destaca la conferencia La industria en el centro: hacia una nueva agenda productiva para Argentina, que abordará las condiciones necesarias para promover inversiones, innovación y generación de empleo.

También se analizarán las transformaciones de las cadenas globales de valor, el impacto de los cambios geopolíticos y tecnológicos y las oportunidades que se abren para las empresas argentinas.

Otro de los espacios estará dedicado a los sectores estratégicos de la economía, con especial atención a la energía, el petróleo, el gas, la minería y el agro, y su capacidad para generar inversiones y demanda para las industrias proveedoras.

La innovación y la transformación digital tendrán un lugar destacado, con debates sobre inteligencia artificial, automatización, utilización de datos y nuevas tecnologías aplicadas a los procesos productivos.

La articulación regional será uno de los ejes de la muestra. La organización trabaja para reunir a gobernadores, ministros y referentes institucionales de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos en una conversación sobre el potencial de la Región Centro para impulsar el desarrollo industrial argentino.

La infraestructura, la innovación, la integración económica y la competitividad serán algunos de los temas previstos.

Para las empresas entrerrianas, estos asuntos resultan relevantes por las posibilidades de fortalecer vínculos comerciales con industrias de las provincias vecinas, ampliar mercados y participar en cadenas de abastecimiento de alcance nacional.

La propuesta también busca profundizar el intercambio entre el sector privado, las universidades, los centros tecnológicos y los organismos públicos, con el objetivo de identificar oportunidades de cooperación y desarrollo.

Otro de los espacios destacados será la conferencia organizada por la Federación de Agencias de Desarrollo de la República Argentina (FADELRA), titulada Cómo construir territorios competitivos: instituciones, innovación y articulación para impulsar el desarrollo productivo.

La actividad reunirá a representantes de agencias de desarrollo, universidades, centros tecnológicos, entidades empresarias y especialistas de distintas provincias para intercambiar experiencias sobre el crecimiento de las economías regionales.

Daniel Frana, director ejecutivo de ACDICAR y secretario de la Comisión Directiva de FADELRA, señaló que el desarrollo no depende exclusivamente de las empresas o de los gobiernos, sino también de la capacidad de las instituciones para trabajar de manera coordinada.

“Los territorios que logran desarrollarse no son necesariamente los que cuentan con más recursos naturales o mayores presupuestos, sino aquellos que consiguen conectar empresas, conocimiento, financiamiento, talento e instituciones detrás de objetivos comunes”, sostuvo.

El encuentro tomará como referencia la experiencia de Rafaela, ciudad reconocida por su trayectoria de articulación entre el sector público, las empresas y las instituciones intermedias.

La intención será analizar cómo sostener proyectos colectivos en el tiempo, fortalecer los ecosistemas productivos y generar mejores condiciones para la inversión, la innovación y el empleo.

La muestra tendrá una agenda específica para promover encuentros entre empresas, grandes compradores y proveedores. Se realizarán tres rondas de negocios, una por jornada, con reuniones previamente coordinadas para facilitar contactos y oportunidades comerciales.

Miércoles 14: grandes compradores y cadenas de valor. La primera ronda estará orientada a vincular industrias y proveedores con grandes compañías de sectores como energía, minería, alimentos, agroindustria y manufactura.

Entre las empresas anunciadas figuran EPE, Litoralgas, Techint, Maniagro Argentina, Sinteplast y Adecoagro.

El objetivo será facilitar el contacto con las áreas de compras y abastecimiento de estas organizaciones e identificar posibles proveedores y socios comerciales.

Jueves 15: industria y consumo masivo. La segunda jornada estará dedicada a conectar fabricantes con supermercados, distribuidores, mayoristas, importadores y otros operadores comerciales.

Participarán, entre otras firmas, Cormorán, Grupo SAR, 2000, Montana S.A., Varsa, Alzarsi, Uniagro y Merfixsa.

La propuesta apunta a ampliar los canales de comercialización y facilitar la llegada de productos industriales a nuevos mercados.

Viernes 16: servicios, soluciones y alianzas. La tercera ronda será multisectorial y buscará fortalecer los vínculos entre industrias, comercios y proveedores de servicios especializados.

La nómina difundida por la organización incluye empresas y entidades como Limansky, El Norte, Tecnowatt, CETMA, AFG, MP Imar, Enki, Induquímica, Tauro, Inbio, Latina, Cyrus, Plasticraft, Prosenno, CEDI, AquaR, Inelpa, Fondasy, Basso y VMD, entre otras.

La modalidad de reuniones coordinadas busca que las empresas participantes puedan identificar oportunidades concretas, ampliar sus redes de contactos y avanzar en relaciones comerciales que continúen después del evento.

La muestra industrial se desarrollará durante las tres jornadas en la Sociedad Rural de Rafaela, con entrada libre y gratuita al sector de exposición.

En cambio, el acceso a las rondas de negocios y a las conferencias requiere adquirir el Acceso Full, que permite participar de las actividades previstas durante los tres días.

La información completa y la adquisición de entradas están disponibles en el sitio oficial: www.muestraindustrial.ar.

La Cámara de Diputados tiene previsto debatir el rechazo del DNU 70/2023, una norma que introdujo cambios en distintas áreas de la economía argentina. Si la Cámara baja también vota en contra, el decreto quedaría derogado, luego del rechazo que el Senado aprobó en marzo de 2024.

Un análisis de Zentrix Consultora advierte que los efectos de una eventual derogación se concentrarían especialmente en tres sectores: los alquileres, la medicina prepaga y el comercio exterior. Según el estudio, el principal problema no sería solamente el cambio de las reglas vigentes, sino la falta de una transición que determine con claridad qué normas se aplicarían después.

El informe sostiene que la caída del decreto no necesariamente restablecería de manera automática todas las leyes que fueron derogadas por esa vía. Por eso, la definición del marco normativo y el tratamiento de los contratos existentes serían centrales para evitar conflictos entre particulares y empresas.

Uno de los sectores que podría experimentar cambios es el mercado inmobiliario. El DNU 70/2023 derogó la Ley de Alquileres 27.551 y amplió la libertad de las partes para acordar el plazo, la moneda y los mecanismos de actualización de los contratos.

Según Zentrix, una eventual derogación podría abrir una discusión sobre las reglas que se aplicarían a los nuevos alquileres, incluidos los plazos mínimos y los mecanismos de actualización.

El informe advierte que la coexistencia de contratos celebrados bajo diferentes marcos normativos podría generar incertidumbre para propietarios e inquilinos. También plantea que una eventual vuelta a regulaciones anteriores podría reducir la oferta de viviendas en alquiler y favorecer otras modalidades, como los contratos temporarios.

Sin embargo, estos efectos no serían automáticos. Su alcance dependería de las normas que finalmente resulten aplicables y de las decisiones que adopten propietarios, inquilinos y operadores inmobiliarios.

El estudio también analiza las obligaciones pactadas en moneda extranjera y advierte que los cambios en las reglas sobre el pago de deudas podrían incidir en el financiamiento privado para la compra de inmuebles y bienes de capital.

La salud privada es otro de los ámbitos que el informe identifica como sensible. El DNU modificó el régimen de las empresas de medicina prepaga, al eliminar la autorización estatal previa para sus aumentos, y habilitó cambios en el sistema de derivación de aportes de los trabajadores.

Una eventual derogación podría reabrir el debate sobre los mecanismos de autorización de las cuotas y las condiciones para elegir una cobertura médica.

Zentrix señala que una mayor regulación de los aumentos podría ofrecer previsibilidad a los afiliados en el corto plazo. No obstante, advierte que, si las cuotas no acompañan la evolución de los costos del sistema, podrían aparecer tensiones sobre la calidad de las prestaciones, los copagos y los pagos a clínicas y profesionales.

El alcance de esos efectos dependerá de las disposiciones que se restablezcan y de cómo se resuelva la situación de los afiliados que ya realizaron cambios de cobertura.

El tercer frente señalado por la consultora es el comercio exterior. El decreto limitó las posibilidades de establecer restricciones económicas a las exportaciones e importaciones sin una ley del Congreso.

Si esa disposición dejara de regir, el Poder Ejecutivo podría recuperar facultades para imponer determinadas restricciones mediante otras normas, dentro de las competencias que le reconozca el marco legal vigente.

Para Zentrix, esa posibilidad puede influir en las decisiones de las empresas exportadoras, que suelen organizar sus inversiones y operaciones con meses de anticipación. El informe también advierte sobre el impacto que podrían tener los registros obligatorios y las demoras administrativas en las pequeñas y medianas empresas.

La incertidumbre sobre las reglas comerciales podría afectar especialmente a las firmas que buscan ingresar a mercados externos o que cuentan con menos recursos para afrontar cambios regulatorios.

El análisis incluye posibles modificaciones en las compras públicas, los aranceles de las tarjetas de crédito, las condiciones de acceso a las góndolas de las grandes cadenas comerciales y la regulación de la actividad yerbatera.

De acuerdo con el estudio, una eventual recuperación de mecanismos como el Compre Argentino favorecería la participación de proveedores nacionales en las compras estatales. En contrapartida, podrían aumentar los costos para el sector público.

También podrían modificarse las condiciones para los comercios que operan con tarjetas y para las pequeñas y medianas empresas que buscan espacio en las grandes cadenas de supermercados.

El informe plantea, además, que la derogación podría devolver al Estado herramientas de intervención sobre precios y abastecimiento. El efecto concreto de cada medida dependería de las normas que efectivamente volvieran a regir y de su aplicación.

Para Zentrix Consultora, una eventual derogación no implicaría necesariamente un cambio inmediato en el régimen cambiario, monetario, tributario o laboral, aunque sí podría modificar reglas que afectan las decisiones de hogares y empresas.

El punto central sería determinar qué disposiciones quedarían vigentes después de la caída del decreto y cómo se resolverían las situaciones iniciadas bajo el régimen anterior.

Sin reglas de transición claras, sostiene el informe, podrían aumentar los litigios y postergarse decisiones vinculadas con contratos, inversiones y operaciones comerciales.

El debate sobre el DNU 70/2023, por lo tanto, no se limita a decidir si el decreto continúa vigente. También involucra la definición del marco legal que ordenará las relaciones entre el Estado, las empresas y los ciudadanos una vez resuelta la cuestión legislativa.

El viceintendente de General Ramírez, Carlos “Tito” Troncoso, quedó en el centro de una situación que comenzó como un conflicto de pareja y tomó dimensión institucional por el cargo que ocupa dentro del Ejecutivo municipal.

La situación se hizo pública luego de distintas publicaciones y comentarios en redes sociales. En ese contexto, Eugenia Fugaza, expareja del funcionario, afirmó que se encontraba internada y acusó públicamente a Troncoso de haberla agredido físicamente.

Las declaraciones fueron realizadas en respuesta a una publicación periodística que inicialmente había difundido una versión sobre una supuesta internación del viceintendente. Esa información fue posteriormente desmentida por el propio Troncoso.

Fugaza sostuvo públicamente que era ella quien se encontraba internada y atribuyó su situación a una agresión. También calificó a Troncoso como una persona violenta.

Luego de la repercusión que alcanzó el caso, el viceintendente difundió una carta pública en la que reconoció que atraviesa una situación familiar y de pareja compleja, pero negó haber ejercido violencia física contra Fugaza.

“Estoy bien de salud y no estuve internado. Quien sí se encuentra internada y recibiendo atención profesional es Eugenia, mi expareja”, expresó.

El funcionario rechazó además que la internación de Fugaza haya sido consecuencia de una agresión física de su parte.

“Rechazo totalmente que esto haya sido a causa de cualquier hecho de violencia física de mi parte hacia ella. Al respecto vengo haciendo las presentaciones correspondientes y hay un trámite judicial en marcha”, afirmó.

Troncoso cuestionó también algunas de las versiones que circularon durante los últimos días y señaló que evalúa iniciar acciones legales por la difusión de información que considera falsa o no chequeada.

El viceintendente sostuvo que el conflicto pertenece al ámbito privado y que no involucró a personal municipal. También afirmó que continúa cumpliendo sus funciones y concurriendo diariamente a trabajar.

“Hay chicos de por medio y nuestra prioridad, como adultos, es preservarlos”, manifestó.

Las declaraciones de Fugaza y Troncoso constituyen versiones contrapuestas sobre lo ocurrido. Hasta el momento, no existe una determinación judicial pública que establezca responsabilidades sobre los hechos denunciados.

La situación tuvo además una consecuencia política. El concejal de La Libertad Avanza, César Schanzenbach, presentó un proyecto de resolución en el Concejo Deliberante de General Ramírez para solicitar la renuncia de Troncoso.

La iniciativa plantea que los hechos denunciados comprometen la idoneidad ética requerida para el ejercicio de una función pública y propone que el cuerpo legislativo exprese su repudio institucional.

En uno de sus artículos, el proyecto solicita a Troncoso la “renuncia indeclinable” al cargo de viceintendente por una supuesta pérdida de idoneidad moral sobreviniente.

El concejal también propone que el Ejecutivo municipal, a través de las áreas de Desarrollo Social y Género, garantice asistencia y protección psicológica, médica y legal a las personas afectadas del entorno familiar.

La presentación de Schanzenbach no implica que el Concejo haya resuelto la renuncia del viceintendente. Se trata de un proyecto que deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente.

Troncoso integra la gestión de la intendenta Flavia Pamberger como vicepresidente municipal de General Ramírez. La situación abre ahora un escenario institucional que deberá seguirse en dos planos: por un lado, el trámite judicial al que hizo referencia el propio funcionario; por otro, el tratamiento político que pueda tener el pedido presentado en el Concejo Deliberante.

El caso también puso bajo discusión la respuesta que deberá adoptar el gobierno municipal frente a una denuncia pública que involucra a uno de los principales integrantes del Ejecutivo.

La economía argentina presenta comportamientos diferentes según la región. Mientras algunas zonas muestran un mayor dinamismo de la actividad y mejoras en el empleo, otras atraviesan un escenario de menor crecimiento y deterioro laboral.

Así surge del informe “Drivers regionales de la actividad económica en Argentina”, elaborado por la Universidad Austral con datos disponibles hasta julio de 2026. El trabajo analiza tres regiones vinculadas a actividades productivas con fuerte presencia territorial: la Región Centro, integrada por Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos; la Región Sur, conformada por Neuquén y Río Negro; y la Región Andina, que incluye a Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan y Catamarca.

Durante los primeros siete meses del año, la actividad de la Región Centro aumentó 1,5% en comparación con el mismo período de 2025. El crecimiento fue similar al registrado por el indicador nacional utilizado como referencia, aunque con diferencias importantes cuando se observa el mercado laboral.

El dato más relevante para la Región Centro aparece en el mercado de trabajo. Durante el segundo trimestre de 2026, la tasa de desempleo regional llegó al 10%, luego de aumentar 2,5 puntos porcentuales en un año. Al mismo tiempo, la tasa de empleo cayó 1,1 puntos porcentuales.

El comportamiento contrasta con el de la Región Sur, donde el desempleo bajó al 2,5% y la tasa de empleo aumentó 2,7 puntos porcentuales durante el mismo período.

La diferencia entre ambas regiones alcanza actualmente los 7,5 puntos porcentuales de desempleo. La Región Andina presentó un escenario intermedio. Su desempleo se ubicó en 5,7%, prácticamente sin cambios respecto de un año atrás, aunque la subocupación aumentó hasta el 13,5%.

A nivel nacional, la tasa de empleo fue del 45% y el desempleo alcanzó el 7,9% entre los 31 aglomerados urbanos relevados.

Dentro de la Región Centro, el caso más crítico es Gran Rosario. Durante el segundo trimestre de 2026, el desempleo alcanzó el 11,5%, 3,8 puntos porcentuales más que un año atrás. De acuerdo con los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), se convirtió en la tasa más alta entre los 31 aglomerados urbanos relevados por el INDEC.

Además, la tasa de empleo de Gran Rosario cayó 1,9 puntos porcentuales en términos interanuales. El deterioro también se observó en otros grandes centros urbanos de la región. Gran Córdoba registró un desempleo del 10,5%, con una suba de 1,6 puntos porcentuales en un año, mientras que Gran Santa Fe llegó al 8,6%, 3,1 puntos porcentuales por encima del segundo trimestre de 2025.

La evolución de la Región Sur presenta un contraste marcado. Durante los primeros siete meses de 2026, su actividad económica creció 2,1%, por encima del 1,5% de la Región Centro. En tanto, la Región Andina registró una caída del 2,4%.

El mejor desempeño de la Región Sur también aparece en los indicadores laborales. En particular, Neuquén-Plottier registró un aumento de 3,8 puntos porcentuales en su tasa de empleo, que llegó al 48,9%. En ese aglomerado, el desempleo se ubicó en 3,2%, seis décimas por debajo del nivel registrado un año antes.

Más allá de las diferencias entre regiones, el informe identifica una tendencia común: la economía continúa creciendo, pero a un ritmo cada vez menor. Los índices de la Universidad Austral muestran que las tres regiones analizadas mantuvieron una tendencia positiva durante los últimos doce meses, aunque con una desaceleración progresiva.

La Región Sur conserva el mayor dinamismo, mientras que la Región Andina presenta un crecimiento más moderado y la Región Centro muestra una recuperación todavía débil.

En el caso de la región que integra Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, el informe señala que la tendencia volvió a mostrar variaciones positivas después de la contracción registrada entre mediados de 2023 y fines de 2024. Sin embargo, los incrementos todavía se mantienen cerca de cero.

El estudio de la Universidad Austral busca complementar los indicadores nacionales con una mirada específica sobre las economías regionales. Para elaborar sus Índices Locales de Ciclo Económico (ILCE) se consideran datos vinculados con empleo privado registrado, ventas de combustibles, demanda de electricidad, despachos de cemento, recaudación tributaria y patentamientos.

Los resultados permiten observar que la recuperación económica no tiene la misma intensidad en todo el país. Para Entre Ríos y el resto de la Región Centro, el desafío aparece marcado por una combinación particular: la actividad muestra una recuperación moderada, pero el mercado laboral todavía refleja un deterioro significativo.

El panel estuvo integrado por el Secretario de Justicia de Entre Ríos, Julián Maneiro, el Coordinador de Capacitación y Evaluación de la Secretaría de Deportes, José Martín Amden, y el abogado especialista en Derecho Deportivo, Alcides Fernando Spiazzi.

En su exposición, Maneiro presentó su libro “¿Lo bueno viene en envase chico? Municipios y calidad de la democracia en Argentina”, donde reúne los datos de su tesis doctoral sobre la calidad democrática en 30 municipios del país. Además, abordó la agenda que impulsa el Gobierno provincial en materia de Justicia: Boleta Única de Papel, Ficha Limpia y Ley de Ética Pública.

Por su parte, Amden y Spiazzi detallaron los alcances del proyecto de Ley de Mecenazgo Deportivo que trabajaron junto a la Secretaría de Deportes de Entre Ríos. La iniciativa busca fomentar la participación del sector privado en el financiamiento del deporte.

El mecanismo propone que empresas aportantes puedan derivar parte de lo que tributan en concepto de Ingresos Brutos hacia asociaciones civiles, clubes de barrio o deportistas, obteniendo como contraprestación un beneficio fiscal y la posibilidad de sponsorización.

Del total del aporte, un 20% se retendrá para consolidar un Fondo Solidario destinado a impulsar, estimular y patrocinar actividades deportivas de instituciones o personas que no hayan sido alcanzadas por beneficios previstos en la ley, con especial foco en clubes de barrio y deporte inclusivo para personas con discapacidad.

Crespo.- Un incidente producido el domingo 13 de septiembre, durante un procedimiento de la Guardia Urbana Municipal en la vía pública se viralizó en redes y generó comentarios de diverso tipo. Un adolescente que conducía una moto habría sido agredido por un integrante de la Guardia Urbana Municipal. En un video se podía observar al menor tendido junto al cordón de la calle mientras se aguardaba la presencia del servicio de Emergencias para atenderlo. A raíz del incidente, las autoridades municipales iniciaron un sumario interno y apartaron de sus funciones al agente involucrado en el hecho. Por otro lado, la madre del joven radicó una denuncia en sede policial, trámite que sigue su curso ante la Fiscalía y el Poder Judicial. Desde el ámbito oficial se mantuvo un perfil bajo de exposición del caso, y se destacó que se realizaron las intervenciones establecidas para este tipo de hecho.

En ese contexto, el bloque de concejales justicialistas de Más para Entre Ríos, presentó un proyecto de Resolución en el que expresa la necesidad de fortalecer mecanismos institucionales de prevención, capacitación, supervisión y control de la Guardia Urbana Municipal. Entre otros puntos, la iniciativa exige al Departamento Ejecutivo:

• Revisar y fortalecer los protocolos de actuación aplicables a GUM, en procedimientos que involucren situaciones de conflicto, interceptación de vehículos, personas que intenten evadir controles y aquellos en los que participen niños, niñas o adolescentes.

• Implementar instancias periódicas de capacitación obligatoria para el personal de la GUM en manejo y desescalada de conflictos, derechos humanos, actuación con niños, niñas y adolescentes, primeros auxilios, prevención de la violencia;

• Fortalecer mecanismos de supervisión del personal operativo y de responsabilidad de los niveles jerárquicos de GUM, garantizar mecanismos periódicos que permitan acreditar la aptitud requerida para el desempeño de las funciones operativas correspondientes

• Frente a situaciones irregulares o incompatibles con las funciones asignadas, además de analizar las eventuales responsabilidades individuales, se debe efectuar una evaluación institucional del procedimiento para detectar posibles deficiencias en materia de capacitación, protocolo, supervisión o conducción y adoptar las medidas correctivas correspondientes.

Entre sus argumentos, el bloque opositor destacó que “la adopción de una medida disciplinaria respecto de un agente, por sí sola, no debería impedir el análisis de los mecanismos institucionales de prevención, capacitación, conducción y supervisión”.

La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) expresó su respaldo al proyecto de reforma del Código Procesal Laboral de Entre Ríos y consideró que la iniciativa puede contribuir a modificar el nivel de litigiosidad vinculado con accidentes y enfermedades laborales.

El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo provincial a la Legislatura, propone cambios en el sistema de peritajes, entre ellos la creación de un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos dentro del Poder Judicial, la aplicación obligatoria del baremo oficial para determinar incapacidades y un nuevo esquema para regular los honorarios de los peritos.

La propuesta también contempla eliminar el requisito que actualmente obliga al empleador condenado a depositar el monto de la condena o constituir un embargo como condición para acceder a una apelación. Según los fundamentos del proyecto, se busca evitar que ese requisito económico limite el acceso a una segunda instancia.

En su análisis, la UART señaló que Entre Ríos registró 2.502 nuevos juicios por Riesgos del Trabajo durante 2025, un 25% más que el año anterior.

La entidad también indicó que el índice de judicialidad pasó de 69 a 87 demandas cada 10.000 trabajadores cubiertos. Según sus datos, entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 la cantidad de juicios aumentó un 38%, el mayor incremento entre las nueve principales jurisdicciones del país.

La organización comparó además esos valores con otros sistemas de riesgos laborales. Según la UART, España registra alrededor de 8,5 demandas cada 10.000 trabajadores y Chile aproximadamente 5,8.

Estos datos forman parte de la argumentación de la entidad aseguradora para plantear la necesidad de reducir la litigiosidad en el sistema entrerriano. Se trata, en este caso, de estadísticas y una interpretación aportadas por la propia UART.

Uno de los cambios centrales consiste en crear un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos, con sede en Paraná y competencia en toda la provincia, destinado a intervenir en procesos vinculados con riesgos del trabajo y accidentes laborales.

El proyecto prevé tres cargos de peritos médicos, seleccionados mediante concurso público, con dedicación exclusiva y dependencia del Poder Judicial.

La iniciativa también establece que las pericias deberán utilizar obligatoriamente el Baremo Nacional de Incapacidades Laborales, con el objetivo de unificar los criterios técnicos utilizados para determinar incapacidades.

Otro de los cambios alcanza a los honorarios de los peritos. La propuesta busca que no estén vinculados al monto económico del juicio ni al porcentaje de incapacidad establecido, sino que sean determinados por el juez en función de la naturaleza, complejidad, extensión y utilidad del trabajo realizado.

Desde la UART consideraron que estas modificaciones representan un primer paso y señalaron que su impacto dependerá de la implementación efectiva de las nuevas herramientas.

La entidad planteó como aspectos centrales la conformación y funcionamiento del cuerpo médico, la aplicación uniforme del baremo y el reconocimiento del trabajo técnico de las Comisiones Médicas como instancia administrativa especializada.

Para la UART, una reducción de la litigiosidad permitiría limitar costos e incertidumbres asociados al sistema de Riesgos del Trabajo. La entidad sostiene además que un nivel elevado de judicialización puede afectar a las empresas y, según su planteo, tener consecuencias sobre la actividad productiva y el empleo.

El proyecto continúa ahora su tratamiento en la Legislatura de Entre Ríos, donde deberá ser analizado y debatido antes de una eventual sanción.

El Concejo Deliberante de Aldea María Luisa aceptó este jueves 1° de octubre la renuncia indeclinable presentada por el presidente municipal Luis Pablo Schönfeld, quien dejó el cargo después de seis años y nueve meses al frente del gobierno local. 

En la nota enviada al cuerpo deliberativo, Schönfeld explicó que tomó la decisión por “cuestiones de índole personal y el estado de salud actual que me afecta”, circunstancias que, según señaló, le impiden continuar desempeñando sus funciones con la dedicación y las exigencias propias de la conducción del Departamento Ejecutivo Municipal.

En el mismo escrito, el ahora ex presidente municipal agradeció al personal que lo acompañó durante sus años de gestión y a los integrantes del Concejo Deliberante.

También expresó su deseo de que la localidad continúe con su desarrollo y que la gestión municipal pueda completar el período con buenos resultados para la comunidad.

Durante la misma sesión, el Concejo Deliberante designó a Elisabeth María Celeste Pando como nueva presidenta municipal de Aldea María Luisa, para completar el período constitucional que se extiende hasta diciembre de 2027.

Pando dejó de esta manera la presidencia del Concejo Deliberante para asumir la conducción del Departamento Ejecutivo Municipal.

Schönfeld había asumido como intendente en diciembre de 2019, cuando Aldea María Luisa pasó a tener rango municipal. Hasta este mes de octubre de 2026, Pando desempeñó funciones como viceintendenta de la localidad.

Con el cambio de autoridades, Aldea María Luisa inicia una nueva etapa de gestión municipal, con Pando al frente del Ejecutivo hasta la finalización del actual período constitucional.

La Fundación para el Desarrollo Entrerriano Gobernador Raúl Lucio Uranga (FUNDER) lanzó el ciclo de políticas públicas “Gobernar con Método”, una propuesta de formación y debate abierta a funcionarios, equipos técnicos y ciudadanos interesados en la gestión pública.

La iniciativa busca generar un espacio para analizar y elaborar propuestas vinculadas con las necesidades actuales de Entre Ríos, con especial atención al Departamento Diamante.

Según explicaron desde FUNDER, el ciclo apunta a fortalecer herramientas para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, además de promover el intercambio entre quienes participan de la gestión y ciudadanos interesados en los asuntos públicos.

La propuesta contempla encuentros destinados a abordar la gestión desde una perspectiva metodológica, con el objetivo de transformar el análisis de problemas en propuestas y herramientas concretas para la provincia.

Desde la organización señalaron que la intención es generar un espacio de participación para “pensar y armar propuestas concretas para la Entre Ríos de hoy y la que queremos construir”.

Las personas interesadas en participar pueden completar el formulario de inscripción disponible en línea.

Formulario de inscripción a “Gobernar con Método”

La Fundación para el Desarrollo Entrerriano Gobernador Raúl Lucio Uranga tiene su sede en Paraná y fue creada en 1990 por el licenciado Lucio Uranga. La institución señala entre sus objetivos contribuir al desarrollo económico, político y social de Entre Ríos y mantener la memoria del exgobernador Raúl Uranga, quien estuvo al frente de la provincia entre 1958 y 1962.

El ciclo “Gobernar con Método” se suma así a las actividades de la fundación vinculadas con el análisis de políticas públicas y la generación de propuestas para la provincia.

Con la participación de estudiantes de escuelas secundarias de General Ramírez, concluyó una nueva edición del Concejo Deliberante Juvenil, una propuesta dependiente del Honorable Concejo Deliberante que busca acercar a los jóvenes al funcionamiento de las instituciones y a la elaboración de proyectos para la ciudad.

Durante esta edición fueron aprobadas cinco iniciativas, presentadas por estudiantes de distintos establecimientos educativos.

Uno de los proyectos plantea la creación de un Programa Municipal de Identificación Universal de Comercios e Instituciones mediante pictogramas y sistema Braille, destinado a comercios, industrias e instituciones públicas y privadas. La iniciativa fue presentada por la E.S.J.A. 30 de Octubre y sus autoras son Laura Herminda Eisenacht y Nadina Ailén Pérez.

La E.E.T. N° 114 Justo José de Urquiza presentó un proyecto para la creación de un mural y una campaña de concientización sobre el cuidado responsable de mascotas. La propuesta estuvo a cargo de Clara Elizabeth Chávez Ojeda y Xiomara Nahir Ramos.

Desde el Instituto D-129 Jesús de Nazareth, Catalina Hohnstein y Jazmín Guadalupe Ibarra Blason impulsaron un proyecto de resolución para declarar de interés y promover la realización de un mural por el Día Mundial de la Concientización sobre la Migraña.

La Escuela N° 4 Francisco Ramírez presentó dos iniciativas. Una propone declarar de interés municipal la puesta en valor, ornamentación, diseño estético y embellecimiento de la rotonda principal de ingreso a General Ramírez. La otra solicita incorporar en el sitio web oficial del municipio una sección denominada “Familias de Abrigo-COPNAF”. Los proyectos fueron elaborados por Estefanía Eichhorn y Maximiliano Mansilla.

Por último, desde el Instituto D-176 Madre de Jesús, Carla Belén Sánchez y Haydeé Seidel Herbel presentaron un proyecto de resolución para solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que gestione la incorporación de nuevas carreras terciarias y universitarias en la ciudad.

La Municipalidad destacó la participación de los estudiantes y su involucramiento en temas vinculados con la vida cotidiana y el desarrollo de General Ramírez.

El Concejo Deliberante Juvenil cerró así una nueva edición con iniciativas que ponen sobre la mesa demandas relacionadas con la accesibilidad, el ambiente, la salud, los espacios públicos, las políticas sociales y las oportunidades educativas para los jóvenes.

La Cámara de Senadores de Entre Ríos tendrá una nueva semana de actividad legislativa en el marco del 147º Período Legislativo, con sesiones ordinarias previstas para este martes 29, miércoles 30 de septiembre y jueves 1° de octubre.

Las sesiones se realizarán a las 18:00, 13:00 y 11:00, respectivamente. Como es habitual, podrán seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Cámara de Senadores.

Además de las sesiones, durante el miércoles se desarrollará una agenda de reuniones de comisiones en las que se analizarán distintos proyectos de ley.

A las 9:00 se reunirá en forma conjunta las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.

Los legisladores continuarán con el análisis del Expediente N° 26.785, correspondiente al proyecto de ley sobre Transparencia y Ética Pública.

A las 10:00 se reunirá de manera conjunta las Comisiones de Legislación General y de Salud Pública y Drogadicción.

Uno de los proyectos en análisis será el Expediente N° 15.363, que propone establecer una Red Integral de los Cuidados de la Salud Mental y Bienestar Psicosocial en Territorios Entrerrianos.

Para aportar al debate fueron convocados representantes de la Mesa de Salud Mental de Entre Ríos y distintas organizaciones vinculadas con la atención y el abordaje de la salud mental.

Participarán Sandra Cislaghi, de la Agencia de Salud Mental; Javier Billordo, del Movimiento Social "Ni un Pibe menos por la droga"; Alicia Ferrer, del Centro de Día Casa Club y la Asamblea por la Salud Mental de Gualeguaychú; y Martín Cabrera, secretario ejecutivo del Órgano de Revisión del Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos.

La comisión también analizará el Expediente N° 15.399, que propone prohibir el acceso a sitios de apuestas online mediante redes públicas de internet brindadas por organismos estatales.

Otro de los proyectos es el Expediente N° 27.866, mediante el cual se plantea que Entre Ríos adhiera a la Ley Nacional N° 26.529, referida a los derechos de los pacientes en su relación con los profesionales e instituciones de salud.

Para abordar estas iniciativas fue convocado el ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Ulises Blanzaco.

A las 11:30 se reunirá la Comisión de Salud Pública y Drogadicción para analizar el Expediente N° 28.734.

El proyecto propone que Entre Ríos adhiera a la Ley Nacional N° 27.797, conocida como Ley Nicolás, que establece un régimen de calidad y seguridad sanitaria en el sistema de salud.

También está prevista la participación del ministro Blanzaco.

A las 12:00 se realizará una reunión conjunta de las Comisiones de Mercosur, Turismo y Deportes, y de Educación, Ciencia y Tecnología.

Los legisladores analizarán el Expediente N° 26.966, que propone declarar Patrimonio Histórico Arquitectónico Cultural de Entre Ríos a la Casa de Retiros "Stella Maris", perteneciente a la Sociedad del Verbo Divino y ubicada en el ejido de Aldea Protestante, departamento Diamante.

Finalmente, a las 12:30, se reunirá la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.

Entre los proyectos incluidos en el temario se encuentra el Expediente N° 15.393, que propone crear el Museo Abierto Provincial "Héroes Entrerrianos de Malvinas", con sede en Paraná.

También se analizará el Expediente N° 28.050, que plantea la adhesión de Entre Ríos a la Ley Nacional N° 27.671 y establece la capacitación obligatoria, periódica y permanente sobre la "Cuestión de las Islas Malvinas" para quienes se desempeñen en la función pública provincial.

El tercer proyecto, identificado como Expediente N° 25.426, propone colocar carteles en todos los edificios escolares públicos de la provincia, existentes y a crearse, con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas".

El Proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Poder Ejecutivo Nacional plantea un escenario de equilibrio fiscal, crecimiento económico y desaceleración de la inflación. Sin embargo, un análisis elaborado por Zentrix Consultora advierte que el cumplimiento de esas metas depende de una serie de supuestos que considera exigentes.

Según el estudio, el proyecto contempla gastos de la Administración Nacional por $202,1 billones y recursos por $202,35 billones, con un resultado financiero prácticamente equilibrado. El gasto total implicaría un crecimiento real del 3,4% respecto del crédito vigente de 2026, utilizando como referencia una inflación promedio del 21,1%.

La Oficina Nacional de Presupuesto identifica oficialmente al proyecto de Ley de Presupuesto 2027 entre la documentación presupuestaria nacional disponible.

Uno de los principales puntos señalados por Zentrix está en los ingresos tributarios.

El proyecto requiere que la recaudación total aumente 5,6% en términos reales durante 2027. Dentro de ese cálculo, el IVA debería crecer 5,9% real y el impuesto a los créditos y débitos, 3,9%.

El análisis compara esas metas con el desempeño acumulado hasta agosto de 2026 y señala que, durante ese período, la recaudación total habría registrado una caída real del 3,8%, mientras que el IVA y el impuesto a los créditos y débitos también mostraron retrocesos.

Para la consultora, el presupuesto supone así un cambio de tendencia en los ingresos del Estado.

El proyecto oficial contempla para 2027 un crecimiento del 4%, una inflación de 18% entre diciembre de 2026 y diciembre de 2027 y un tipo de cambio de $1.847,6 por dólar al cierre del año.

Zentrix advierte que esa combinación supone una apreciación real del peso por segundo año consecutivo.

El análisis también señala que el proyecto prevé un superávit comercial de USD 15.560 millones, por debajo de los USD 16.951 millones proyectados para 2026.

La consultora utiliza como antecedente las diferencias entre las previsiones del Presupuesto 2026 y las estimaciones actuales para ese mismo año. El presupuesto aprobado había contemplado una inflación del 10,1% y un crecimiento del 5%, mientras que el proyecto 2027 estima ahora una inflación del 29% y un crecimiento del 3% para 2026.

Otro de los puntos centrales del informe está en el margen entre el resultado primario y los intereses de la deuda.

Para la Administración Nacional, Zentrix calcula un superávit primario de $15,36 billones frente a intereses de deuda por $15,11 billones. La diferencia es de apenas $0,25 billones, equivalente al 1,6% del superávit primario.

Según el análisis, ese margen reducido significa que una desviación relativamente pequeña en los ingresos o en los gastos podría modificar el resultado previsto.

El estudio también recuerda que el proyecto establece como objetivo cerrar la ejecución presupuestaria con un resultado financiero equilibrado o superavitario.

El análisis de Zentrix divide las 29 funciones presupuestarias en dos grupos: 17 tendrían aumentos reales y 12 registrarían reducciones.

Entre las mayores subas aparece Relaciones Interiores, que incluye una partida de $520.093 millones destinada a la organización de las elecciones de 2027.

También se destaca Salud, con un incremento real del 15,4%, asociado principalmente a la asistencia financiera al PAMI.

En sentido contrario, Energía y Combustibles registra una caída real del 16,8%, vinculada a la reducción de subsidios, mientras que Inteligencia presenta una reducción real del 12,8%, según la metodología utilizada por la consultora.

El servicio de la deuda, por su parte, tendría una reducción real del 4%.

Una de las partidas que más crece es Obligaciones a cargo del Tesoro, que pasa de $5,6 billones a $14,8 billones, de acuerdo con el análisis.

Zentrix aclara que no se trata de un ministerio, sino de una jurisdicción administrada por la Secretaría de Hacienda que contempla asistencia financiera a organismos y empresas públicas.

Dentro de esa partida aparecen $7,68 billones identificados como “otras asistencias financieras”, cuyo destino se define durante la ejecución presupuestaria. El informe incluye allí una reserva de $1,45 billones para salarios públicos y $5,31 billones destinados a transferencias sociales.

El proyecto también modifica la composición de los recursos que reciben las provincias.

Según el análisis, si se cumple la recaudación prevista, la coparticipación federal crecería 7% en términos reales, hasta alcanzar unos $103,7 billones.

En cambio, las transferencias que dependen directamente del presupuesto nacional caerían 2,1% real, mientras que las destinadas a obras registrarían una reducción del 20,1%.

Zentrix también analiza la situación de las obras nacionales y señala que, sobre una cartera de 2.339 proyectos, 1.683 fueron dadas de baja o se encuentran en proceso de rescisión y 457 pasaron a provincias y municipios, que asumirían su financiamiento.

El análisis incorpora además distintos escenarios de riesgo para la ejecución del presupuesto.

Uno de ellos contempla qué ocurriría si el dólar se ubicara 10% por encima del valor previsto por el Gobierno. Según la estimación de la consultora, ese movimiento incrementaría en alrededor de $1,7 billones los intereses de la deuda en moneda extranjera, una cifra que compara con el margen fiscal de $0,25 billones mencionado anteriormente.

El estudio también contrasta la proyección oficial de $1.847,6 por dólar a diciembre de 2027 con una estimación de mercado de $2.015 y una inflación proyectada de 20,5%, frente al 18% previsto oficialmente.

Estos últimos valores corresponden a estimaciones y escenarios analizados por Zentrix, no a proyecciones oficiales.

Para la consultora, el punto central del Presupuesto 2027 no está solamente en los montos proyectados, sino en la capacidad de la economía para cumplir con los supuestos utilizados para construir esas cifras.

El informe identifica como variables relevantes la recuperación de la recaudación, el crecimiento económico, la evolución del tipo de cambio, el financiamiento de la deuda y el comportamiento del comercio exterior.

El proyecto fue remitido al Congreso de la Nación y, según el análisis de Zentrix, el debate legislativo comenzará el 7 de octubre.

El estudio aclara que sus comparaciones se realizan contra el crédito vigente de 2026 y que las variaciones reales utilizan una inflación promedio del 21,1%. Para los datos de ejecución de 2026, la consultora señala como fuentes a ARCA, IARAF, IIEP y la Oficina de Presupuesto del Congreso.

En definitiva, el proyecto propone mantener el equilibrio fiscal, pero su ejecución estará condicionada por la evolución de los ingresos y por el cumplimiento de las variables macroeconómicas utilizadas para elaborar las proyecciones.

La reciente reunión de mujeres peronistas en Concordia volvió a poner esa discusión sobre la mesa: la necesidad de avanzar hacia una paridad real, promover la renovación generacional y reconstruir una alternativa política frente al actual contexto socioeconómico. La convocatoria reunió a mujeres de distintas corrientes internas del peronismo y de organizaciones gremiales que, más allá de sus diferencias, demostraron la madurez necesaria para construir un posicionamiento común.

En Entre Ríos, el protagonismo femenino excede ampliamente lo numérico: somos una pieza fundamental del entramado social y comunitario. Muchas veces somos las mujeres quienes sostenemos el hogar, los comedores comunitarios y las tareas cotidianas de salud, educación y cuidado. Frente a las dificultades, respondemos con sacrificio, organización y creatividad. Que las mujeres movemos el mundo es una realidad que todavía encuentra resistencia en las miradas patriarcales que persisten en nuestra sociedad.

Por eso la paridad no puede agotarse en el cumplimiento formal de un porcentaje: debe traducirse en una participación efectiva en la conducción y en la definición de los procesos electorales.

Desde Concordia buscamos recuperar y fortalecer la organización de la rama femenina del Movimiento Nacional Justicialista, cuya participación algunos han pretendido descalificar estigmatizando al feminismo. No aceptamos quedar relegadas a un papel testimonial: queremos intervenir en las decisiones, aportar nuestra experiencia y asumir responsabilidades en la construcción política.

En la sede del Partido Justicialista de Concordia se planteó la necesidad de unificar criterios y se advirtió sobre el impacto de la quita de políticas sociales en los sectores más vulnerables. A través de un documento conjunto, dirigentes y militantes llamaron a construir una "gran mesa de unidad", con la mirada puesta en la reconstrucción de una alternativa electoral para 2027.

"No vamos a resignarnos, no vamos a naturalizar el abandono y no vamos a aceptar que los derechos conquistados sean presentados como privilegios", sintetizó la declaración emitida tras la reunión.

De allí surge también un fuerte llamado a la unidad:

Unidad para afrontar un proceso de reorganización partidaria y los desafíos electorales que vienen.

Unidad para recordar que quienes aspiren a ocupar lugares de responsabilidad deberán poner entre sus prioridades la recuperación de los derechos perdidos y la situación de las mujeres, otra vez relegadas por las políticas públicas.

Unidad aun cuando existan diferencias internas sobre las respuestas que debemos dar a los problemas generados por la derecha extrema liberal que gobierna.

El llamado surgido en Concordia trasciende las paredes del partido. La reconstrucción del peronismo entrerriano no será posible a espaldas de las mujeres que sostienen el territorio en los momentos más difíciles.

La unidad demostrada no puede quedar reducida a una foto de ocasión: es también una exigencia dirigida a las estructuras partidarias tradicionales. Nuestra participación debe expresarse en la conducción del proceso político hacia 2027.

La paridad no se negocia: se ejerce. Y debe ser parte fundamental de un proyecto que aspire a recuperar la esperanza, la justicia social y el gobierno de Entre Ríos.

El 213° Congreso Extraordinario de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) resolvió este viernes rechazar por unanimidad la última propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial en el marco de la paritaria docente.

La decisión fue adoptada en Paraná luego de analizar los mandatos surgidos de las asambleas realizadas en las escuelas de los distintos departamentos de la provincia.

La propuesta oficial contemplaba aumentos remunerativos del 3,5% en septiembre, 1,5% en noviembre y 2% en diciembre. Además, establecía una actualización de la base de cálculo al mes inmediato anterior en cada período en el que se aplicara el incremento.

Desde el Gobierno provincial se había señalado que el esquema representaba una recomposición acumulada superior al 7% y que otorgaba previsibilidad salarial hasta fin de año.

La propuesta había sido presentada durante la audiencia paritaria del martes 22 de septiembre y trasladada por AGMER a sus asambleas para su evaluación.

Tras el debate, AGMER consideró que la oferta resulta insuficiente frente a la evolución de los precios y al deterioro que, según el sindicato, acumularon los salarios docentes.

La organización reclamó al Ejecutivo provincial una nueva propuesta que permita una recomposición por encima de la inflación, tomando como referencia los haberes de diciembre de 2025.

El planteo mantiene el eje de la posición que AGMER había expresado al recibir la oferta, cuando sus representantes paritarios señalaron que los salarios se encontraban retrasados respecto del proceso inflacionario.

El Congreso resolvió además dar continuidad al plan de lucha y facultó a la Comisión Directiva Central para definir las acciones gremiales que considere necesarias en caso de que no haya una nueva propuesta salarial.

Por el momento, AGMER no estableció fechas ni modalidades para eventuales paros o movilizaciones.

La definición deja abierta una nueva instancia de negociación entre el gremio y el Ejecutivo provincial, en el marco de la paritaria docente.

El exgobernador Sergio Urribarri, el exministro Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera mantuvieron este jueves su primera audiencia de conocimiento con la jueza de Ejecución de Penas de Paraná, Cecilia Bértora, desde la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú.

Las entrevistas se realizaron por videoconferencia y tuvieron como objetivo establecer un primer contacto entre la magistrada y los tres condenados, además de conocer aspectos relacionados con su adaptación al régimen penitenciario y las condiciones en las que cumplen sus penas. También participaron la fiscal Fernanda Ruffatti y los defensores Miguel Ángel Cullen, por Urribarri y Aguilera, y José Velázquez, por Báez.

Durante su audiencia, Urribarri puso el foco en las condiciones de alojamiento y en los insultos que, según relató, recibe cuando debe desplazarse por sectores comunes del establecimiento.

El exgobernador contó que durante su primera semana estuvo alojado en un espacio común junto a otros internos y describió ese período como “siete días horribles”.

Según relató, posteriormente fue trasladado a otro sector junto a Aguilera. Desde entonces, sostuvo que evita los espacios compartidos por temor a posibles agresiones.

“No puedo compartir ningún espacio común. A un exgobernador que tomó decisiones que afectaron a familiares o a ellos mismos, no les resulta grato verme”, manifestó.

También explicó que actualmente su rutina transcurre principalmente dentro del sector donde está alojado. Al mismo tiempo, reconoció la actuación del personal penitenciario después del traslado y señaló que no tenía cuestionamientos contra los agentes. Según expresó, considera que realizaron un esfuerzo para garantizar su seguridad.

Ante el planteo, Bértora explicó que las restricciones para circular por determinados sectores por temor a agresiones no son una situación exclusiva de Urribarri.

“Esto sucede con un porcentaje alto de la población penal: internos que no pueden salir por miedo a ser agredidos o que deben volver al confinamiento”, explicó la magistrada.

La jueza señaló que corresponde al Servicio Penitenciario evitar el contacto entre personas que mantienen conflictos y sostuvo que situaciones de este tipo también se presentan en otros establecimientos penitenciarios.

“Entiendo que la privación de la libertad es lo más doloroso para un ser humano, pero quiero decirle que no es la única persona en esta situación”, expresó.

Urribarri respondió que desconoce las condiciones particulares del resto de los internos y planteó si existe un régimen específico para un exgobernador. “No, la verdad que no”, contestó Bértora, quien explicó que los regímenes penitenciarios se organizan de acuerdo con las características de la población alojada y no contemplan una categoría especial para quienes ocuparon cargos políticos.

Los tres condenados fueron trasladados desde la Unidad Penal Nº 1 de Paraná a la UP Nº 9 de Gualeguaychú a comienzos de septiembre. El Servicio Penitenciario dispuso posteriormente su alojamiento en un sector que originalmente había sido destinado al área de Sanidad.

Actualmente cuentan con 14 habitaciones, cuatro baños —dos fuera de servicio— y climatización centralizada, según la descripción realizada durante la audiencia. El espacio es utilizado exclusivamente por Urribarri, Báez y Aguilera.

El traslado al sector se produjo luego de que se registraran presiones e insultos por parte de otros internos.

Durante la entrevista, Bértora también recomendó a Urribarri realizar tratamiento psicológico, sugerencia que extendió a Báez y Aguilera.

La magistrada explicó que, cuando corresponda analizar eventuales salidas, se tendrán en cuenta distintos aspectos de la evolución de cada condenado durante el cumplimiento de la pena, además de su conducta.

La audiencia también permitió conocer aspectos personales y educativos de los tres condenados. Urribarri contó que cursó hasta quinto año de Ciencias Económicas y que abandonó la carrera cuando asumió como intendente de General Campos. Ante la consulta de la jueza, manifestó que actualmente no tiene interés en retomar una propuesta educativa dentro del establecimiento.

En el caso de Aguilera, en cambio, durante su audiencia manifestó su intención de continuar con sus estudios universitarios y ya inició gestiones con el área de Educación de la unidad para avanzar en esa posibilidad.

Las audiencias constituyeron el primer contacto formal entre Bértora y los tres condenados desde su traslado a la Unidad Penal Nº 9, dentro del seguimiento judicial de sus respectivas penas.

Con un auditorio colmado, la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) presentó este jueves 24 de septiembre el libro “¿Lo bueno viene en envase chico? Municipios y Calidad de la Democracia en Argentina”, del abogado y actual secretario de Justicia de Entre Ríos, Julián Maneiro.

La obra, publicada por la Editorial Uader dentro de la colección Andamios, surge de una investigación desarrollada a partir de la tesis doctoral del autor y pone el foco en la calidad de las instituciones democráticas en el ámbito municipal.

El rector de Uader, Luciano Filipuzzi, fue el encargado de dar la bienvenida y destacó la importancia de la publicación en el contexto actual.

“Cada vez que se presenta un libro es un hecho importante para la Universidad, en tiempos de inteligencia artificial, donde no podemos perder la lógica del libro y la lectura”, expresó.

Filipuzzi también se refirió al papel de los municipios como espacios de contacto directo entre las instituciones y la ciudadanía.

“Los sistemas municipales son las fuentes más importantes, donde más hay que trabajar los fundamentos democráticos. Son la primera línea, donde la relación con el vecino es inmediata y constante”, sostuvo.

El politólogo Miguel De Luca, investigador y docente de la UBA, la Universidad de Florencia y el Conicet, fue el encargado de prologar la obra y participó de un diálogo con Maneiro durante la presentación.

De Luca señaló que el libro trasciende el ámbito estrictamente académico y consideró que puede resultar de interés para quienes trabajan o participan en la vida pública y comunitaria.

El investigador explicó que durante buena parte del desarrollo de los estudios sobre democracia, la mirada estuvo concentrada en los sistemas políticos nacionales.

Según planteó, con el tiempo comenzó a observarse que los niveles de democracia no necesariamente se reproducían de la misma manera en el ámbito municipal.

En ese contexto ubicó el trabajo de Maneiro, que propone trasladar la mirada hacia la política subnacional y analizar las condiciones en las que se desarrolla la vida democrática en los gobiernos locales.

Durante la presentación, Maneiro explicó el origen de la investigación y la pregunta que dio título al libro.

El autor recordó que comenzó a interesarse por la relación entre derecho y ciencia política durante sus primeros años de docencia, después de graduarse en la Facultad de Derecho.

“Ya en ese momento, interesado en la ciencia política, noté que muchas de las respuestas que hay que dar en el ámbito público exceden al derecho”, recordó.

Sobre la hipótesis central de la obra, sostuvo:

“La respuesta es positiva, la democracia funciona mejor en lugares chicos, de hasta 50 mil habitantes”.

Sin embargo, aclaró que esa conclusión está vinculada también con las condiciones socioeconómicas de esas comunidades.

“La calidad democrática es mejor cuando esas comunidades tienen altos parámetros socioeconómicos de integración, es decir, una sociedad con las necesidades básicas satisfechas”, explicó.

Maneiro aclaró que no se trata de una respuesta definitiva, sino de una conclusión que permite plantear la importancia de fortalecer el trabajo en el ámbito local.

El estudio analiza la calidad democrática de 30 municipios argentinos, ocho de ellos de Entre Ríos.

Para construir el índice utilizado en la investigación, se consideraron distintos aspectos vinculados con el funcionamiento institucional: participación, control, transparencia activa, acceso a la información pública, rendición de cuentas, competitividad y cumplimiento de la ley y el Estado de derecho.

“El libro construye un índice de calidad democrática, no mide gestiones de gobierno, sino instituciones municipales”, aclaró Maneiro.

En ese sentido, tanto el autor como De Luca plantearon que el trabajo puede funcionar como una herramienta para legisladores y responsables de la toma de decisiones, especialmente a la hora de analizar posibles reformas institucionales.

La propuesta apunta a utilizar datos y evidencia empírica como base para evaluar cambios en las instituciones públicas.

La investigación toma como período de análisis los años 2003 a 2011 y utiliza distintas fuentes oficiales.

Entre ellas se encuentran resultados electorales, indicadores demográficos, registros del INDEC y datos de opinión pública recopilados por el área de Fortalecimiento Institucional que funcionaba durante ese período en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de la Nación.

De esta manera, el libro propone analizar las instituciones municipales a partir de indicadores que permiten observar diferentes dimensiones de la calidad democrática.

La presentación contó con la presencia del presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Germán Carlomagno; la secretaria Académica de Uader, Alfonsina Kohan; y el decano de la Facultad de Ciencias de la Gestión, Román Scattini, además de autoridades universitarias y de gobierno, estudiantes y allegados al autor.

La publicación se incorpora así al catálogo de la Editorial Uader con una investigación que pone el foco en un nivel de gobierno especialmente cercano a la ciudadanía: el municipio y su funcionamiento institucional.

El gobierno de Entre Ríos presentó un nuevo programa destinado a ordenar el acceso al crédito y reducir el impacto del endeudamiento sobre los haberes de empleados públicos y jubilados provinciales. La iniciativa será instrumentada principalmente a través de Sidecreer e incluye cambios en los límites de descuento, nuevas líneas de financiamiento y un plan de refinanciación.

El anuncio fue realizado por el gobernador Rogelio Frigerio, junto al secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, y el presidente de Sidecreer, Mariano Reyno Buch.

La propuesta también contempla avanzar con la incorporación de educación financiera en las aulas, a través del Consejo General de Educación.

Uno de los principales cambios establece un límite del 40% del haber para contraer préstamos personales o ayudas económicas mediante código de descuento con entidades habilitadas por la provincia.

Además, se creó un código exclusivo de compra que permitirá descontar hasta el 30% del salario por consumos realizados con la tarjeta Sidecreer.

Frigerio explicó que la intención es evitar que el crédito termine generando una carga excesiva sobre los ingresos.

“Muchas veces el crédito, que debería ser una solución, termina transformándose en un problema”, sostuvo el gobernador.

Según señaló, aunque Entre Ríos presenta niveles de sobreendeudamiento inferiores a los de otras provincias, la situación representa un problema para las familias que atraviesan dificultades para afrontar sus compromisos.

El segundo eje contempla una nueva línea de adelanto de haberes a través de Sidecreer, con un cupo total de $2.000 millones.

El financiamiento podrá devolverse en hasta 12 meses y tendrá una tasa nominal anual del 45%, según lo informado durante la presentación.

La gestión podrá realizarse de manera digital a través de la aplicación de Sidecreer. La empresa entrerriana actualmente dispone de una aplicación que permite realizar distintas operaciones y consultar información de la cuenta.

El tercer componente es un nuevo plan de refinanciación de deudas de Sidecreer.

La propuesta permitirá refinanciar saldos de la tarjeta en hasta 48 meses, con una tasa del 35% y un límite de $5 millones por usuario.

El programa se presenta como complemento del Plan de Alivio Financiero impulsado junto al Banco de Entre Ríos.

Para acceder al proceso de desendeudamiento y reordenamiento crediticio, Reyno Buch explicó que los interesados podrán iniciar el trámite por las sucursales, correo electrónico o WhatsApp, aunque deberán realizar posteriormente una instancia presencial para analizar cada situación.

El cuarto eje establece un nuevo orden de prelación para los descuentos sobre los recibos de haberes.

El objetivo informado por el gobierno es ordenar la manera en que se aplican los distintos consumos y obligaciones, buscando brindar mayor previsibilidad a trabajadores y jubilados y evitar prácticas que considere abusivas.

Durante el anuncio, Frigerio también confirmó que la provincia trabaja, a través del Consejo General de Educación, en la incorporación de contenidos de educación financiera en las aulas.

El gobernador planteó que el Estado tiene también un papel en la formación de los jóvenes para que puedan adquirir herramientas vinculadas con el manejo del dinero, el crédito y el endeudamiento.

“Tenemos que educar desde temprana edad y de manera creciente en esta materia”, afirmó.

Para quienes ya cuentan con la tarjeta, la nueva línea de adelantos podrá gestionarse mediante la aplicación, según explicó el presidente de Sidecreer.

En tanto, quienes necesiten iniciar un proceso de reestructuración de deuda deberán comunicarse con la empresa y realizar un análisis particular de su situación.

Los empleados públicos y jubilados que todavía no poseen una tarjeta Sidecreer pueden solicitarla mediante los canales digitales de la empresa o acercándose a sus puntos de atención. Sidecreer informa que sus servicios están dirigidos a empleados públicos, jubilados y pensionados del Gobierno provincial y de organismos, municipios y entidades adheridas.

La empresa también mantiene oficinas de atención en distintas localidades de Entre Ríos y canales de contacto telefónico y digital para realizar consultas.

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) incorporó esta semana 1.006.013 metros cuadrados de construcciones que no estaban declaradas en 6.013 partidas inmobiliarias de los municipios de San José y Gualeguaychú.

Las propiedades figuraban registradas como terrenos baldíos y fueron detectadas mediante herramientas de relevamiento catastral y tecnología satelital.

Del total incorporado, 1.428 partidas y 243.893 m² corresponden a San José, mientras que 4.585 partidas y 762.120 m² pertenecen a Gualeguaychú.

Con este operativo, ATER informó que durante 2026 ya incorporó 2.078.473 m² de construcciones correspondientes a 12.480 partidas inmobiliarias.

Los relevamientos alcanzaron hasta el momento a los municipios de Concepción del Uruguay, San Salvador, Bovril, Nogoyá, San José y Gualeguaychú.

Según el organismo, la superficie incorporada durante este año triplica la que habitualmente se registra en un período anual a través de los distintos mecanismos de actualización, como los municipios, las oficinas de ATER, las declaraciones voluntarias de contribuyentes y las presentaciones de profesionales.

Desde ATER estimaron que las mejoras incorporadas tendrán un impacto de aproximadamente $3.200 millones en el Impuesto Inmobiliario.

El tributo es coparticipable, por lo que el incremento en la recaudación también se traducirá en recursos para los municipios involucrados.

El organismo provincial señaló que estos fondos podrán regresar a las administraciones locales para fortalecer sus gestiones y la prestación de servicios.

Para detectar las construcciones que no figuraban en los registros, ATER combina información del Visor Catastral con relevamientos mediante imágenes satelitales.

El procedimiento permite identificar inmuebles que aparecen registrados como baldíos pero que cuentan con construcciones. Entre los casos detectados existen edificaciones de distintas dimensiones y destinos, incluso algunas con más de 1.000 metros cuadrados sin declarar.

Una vez identificadas, las superficies se incorporan a la información catastral y son consideradas para la liquidación del Impuesto Inmobiliario.

El director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, vinculó los resultados con la política fiscal impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, orientada, según explicó, a ampliar la base imponible y mejorar los controles.

“Cada metro cuadrado que incorporamos permite que un inmueble tribute de acuerdo con su situación real. Cuanto más completa y actualizada está la base, más justo es el sistema y menos esfuerzo recae sobre los contribuyentes que pagan en tiempo y forma”, sostuvo Korell.

Según el organismo, las incorporaciones masivas realizadas durante 2026 representan un cambio de escala en este tipo de controles, con antecedentes de una magnitud similar que no se registraban en la provincia desde hace aproximadamente tres décadas.

Los contribuyentes que consideren que la superficie incorporada no coincide con la situación real de su inmueble pueden ingresar a los servicios de ATER en ARCA y realizar la rectificación correspondiente mediante la Declaración Jurada.

La información presentada queda posteriormente sujeta a fiscalización por parte del organismo tributario.