Con raíces en las costumbres europeas —principalmente de Italia y España— este pan dulce con forma circular nació como un símbolo del ciclo de la vida y el renacer. Con la llegada de los inmigrantes al país, la receta se adaptó a ingredientes locales y adquirió una identidad propia, donde la crema pastelera se convirtió en su sello distintivo.

A lo largo de las décadas, la preparación de la rosca de Pascua se mantuvo como una tradición familiar profundamente arraigada. En muchas casas, su elaboración se transformó en un ritual compartido entre distintas generaciones, que combina el trabajo artesanal con momentos de encuentro y transmisión cultural. De este modo, la receta no solo perduró en el tiempo, sino que también pasó a formar parte del patrimonio culinario argentino.

Para la masa:

Para la crema pastelera:

Para decorar:

Preparar la esponja:Disolver la levadura fresca en 70 mililitros de leche tibia. Agregar una cucharadita de azúcar y dos cucharadas de harina. Mezclar y dejar reposar hasta que duplique su volumen.

Mezclar la masa:En un bowl grande, colocar la harina en forma de corona. En el centro, incorporar la esponja, los huevos, el azúcar, la sal, la esencia de vainilla y las ralladuras. Integrar los líquidos y luego sumar la harina de los bordes. Añadir la leche restante y, cuando la masa tome consistencia, incorporar la manteca blanda en trozos.

Amasar y dejar levar:Amasar durante unos diez minutos hasta lograr una masa suave y elástica. Formar un bollo, cubrir y dejar levar en un lugar cálido hasta que duplique su tamaño.

Formar la rosca:Desgasificar la masa, darle forma de rosca con un orificio central amplio y colocarla en una placa enmantecada. Cubrir y dejar levar nuevamente.

Preparar la crema pastelera:Mezclar huevos, yemas, azúcar y almidón en una cacerola. Agregar la leche y cocinar a fuego moderado, revolviendo constantemente hasta que espese. Retirar, sumar la vainilla y dejar entibiar.

Decorar:Pincelar la masa con huevo batido. Decorar con crema pastelera, cerezas y azúcar granulada. Opcionalmente, agregar frutas abrillantadas.

Cocinar:Llevar a horno precalentado a 180°C durante 30 a 40 minutos, hasta que esté dorada.

Enfriar y finalizar:Dejar enfriar sobre una rejilla y, si se desea, pincelar con almíbar para darle brillo.

El estudio muestra que Entre Ríos fue la provincia con menor demanda energética dentro de la Región Centro, aunque también destaca que posee tarifas residenciales más bajas en comparación con las otras jurisdicciones analizadas.

De acuerdo al informe, Entre Ríos registró una demanda total de 399.278 MWh, lo que la ubica como la provincia con menor consumo energético de la Región Centro.

Ese volumen representa un 59 % menos que el registrado en Córdoba y un 66 % menos que el de Santa Fe, lo que refleja la diferencia de escala productiva y poblacional entre las provincias.

En términos per cápita, el consumo eléctrico entrerriano fue de aproximadamente 27 MWh por habitante, por debajo de Santa Fe (32 MWh) pero por encima de Córdoba (24 MWh).

Respecto de la evolución del consumo total durante el período analizado, el informe señala variaciones positivas en todas las provincias:

El análisis también compara el costo de la energía para usuarios residenciales con un consumo de 250 kWh mensuales.

En el segmento de mayores ingresos (categoría N1), la tarifa más alta corresponde a Santa Fe, con una factura promedio de $82.878, seguida por Córdoba ($75.109) y Entre Ríos ($72.703).

Este orden se mantiene también en las categorías N2 y N3, por lo que Entre Ríos presenta las tarifas residenciales más bajas dentro de la Región Centro.

Según el informe, esta situación se explica en parte por medidas provinciales adoptadas durante 2025, entre ellas la reducción de la Tasa de Fiscalización y Control (Decreto Nº 943/25) y el congelamiento del Valor Agregado de Distribución (VAD) hasta el 31 de diciembre de 2025.

Entre Ríos registró el menor consumo eléctrico de la Región Centro, según un informe empresarial by Paralelo 32

En el caso de los usuarios comerciales, considerando un consumo de 1.000 kWh mensuales, la factura eléctrica más alta corresponde a Córdoba, seguida por Santa Fe, mientras que Entre Ríos presenta el menor costo.

Para los usuarios industriales en media tensión (216.000 kWh), Santa Fe registra la tarifa más elevada, seguida por Córdoba y Entre Ríos.

En cambio, para la industria en baja tensión (108.000 kWh), el orden cambia levemente: Santa Fe mantiene el primer lugar en costos, seguida por Entre Ríos y Córdoba.

El informe también incorpora un análisis comparativo con las tarifas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el servicio eléctrico es prestado por Edenor y Edesur.

En ese caso, se observan niveles tarifarios relativamente más bajos que en la Región Centro, situación que se explica en parte por la mayor densidad poblacional y las economías de escala en la prestación del servicio.

Según datos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), el Precio Monómico registró una caída del 10 % en dólares, aunque en moneda local aumentó un 28 % en pesos.

Por su parte, el Precio Medio Estacional bajó 18 % en dólares, mientras que subió un 15 % en pesos.

El informe del Consejo Empresario aporta así un panorama actualizado sobre la situación energética en la Región Centro, con foco en el comportamiento del consumo y la evolución de las tarifas hacia finales de 2025.

Renovar un ambiente del hogar o del trabajo puede generar entusiasmo y expectativa, pero también suele venir acompañado de dudas: ¿por dónde empezar?, ¿cómo elegir los colores adecuados?, ¿qué materiales funcionan mejor para cada tipo de uso? Frente a estas inquietudes, desde Revear señalan que el éxito de cualquier renovación depende, ante todo, de una correcta planificación y del análisis preciso de las necesidades del espacio.

En esa línea, la marca destaca tres preguntas esenciales que ayudan a ordenar el proceso creativo, definir prioridades y lograr ambientes equilibrados, funcionales y con identidad propia.

Antes de elegir colores, texturas o materiales, es imprescindible identificar el propósito del ambiente. La funcionalidad guiará todas las decisiones posteriores: un living destinado al descanso requiere una paleta y un diseño que favorezcan la relajación, mientras que una cocina pensada para cocinar y compartir exige superficies resistentes, prácticas y fáciles de limpiar.

Entender cómo se va a usar el espacio permite seleccionar revestimientos ad hoc y evitar errores que luego pueden resultar costosos o difíciles de corregir.

El diseño interior no solo organiza objetos: también crea emociones. Por eso, la elección de colores, texturas y materiales debería responder al tipo de atmósfera que se desea generar.

Si se busca calidez, las terminaciones más rústicas o tonos tierra pueden ser aliados. Para lograr frescura, las paletas claras y superficies lisas suelen funcionar mejor. Y si la intención es aportar sofisticación, los materiales con brillo o las texturas más elegantes ayudan a elevar el ambiente.

Según Revear, pensar en sensaciones antes que en tendencias es clave para obtener resultados más auténticos y duraderos.

Renovar no siempre significa empezar desde cero. Muchas veces, pequeños cambios pueden producir transformaciones profundas. Antes de descartar muebles u objetos, conviene analizar cómo pueden convivir con los nuevos materiales o colores.

Integrar lo que ya existe permite optimizar recursos y, al mismo tiempo, mantener la identidad original del lugar. Una pared acentuada, un revestimiento con textura o detalles decorativos estratégicos pueden renovar por completo un espacio sin necesidad de una reforma total.

La reciente habilitación -ayer miércoles- de 11 kilómetros de la autovía de la Ruta Nacional N° 18, entre los puentes sobre el río Gualeguay y el empalme con la Ruta Provincial N° 20, en el acceso norte a Villaguay, encendió las alarmas en Paso de la Laguna. La comunidad reclama la construcción urgente de un puente peatonal, obra que —según afirman— estaba prevista en los planos y debía ejecutarse antes de la apertura al tránsito.

Durante la mañana de este jueves, vecinos y autoridades comunales se autoconvocaron para visibilizar el pedido. Con un corte parcial de la ruta, quema de cubiertas y carteles, denunciaron que la falta de una pasarela segura pone en riesgo a los 130 alumnos y 40 docentes que a diario cruzan la autovía para llegar al jardín, la escuela primaria y la secundaria del lugar.

“Desde la comuna venimos reclamando porque el puente está en el plano de obra desde hace varios años. La prioridad es el puente peatonal, después la obra en sí. Nadie se opone a la autovía”, señaló Mariel Henchoz, presidenta comunal, quien acompañó la manifestación.

La preocupación se centra en que, con la habilitación del tramo, los vehículos circulan a velocidades autorizadas para una autovía —alrededor de 120 km/h—, lo que dificulta y pone en riesgo el cruce peatonal, especialmente de los más pequeños. Actualmente solo existe una senda provisoria señalizada con pintura y tachos, considerada insuficiente por la comunidad.

Docentes y vecinos remarcaron que la situación no solo afecta a la comunidad educativa, sino también a quienes necesitan cruzar para acceder a la comisaría, el transporte público, el hospital o realizar tareas cotidianas. “Es inaudito que se habilite esto sin antes construir el puente, que es una cuestión obvia”, opinó un maestro presente en el reclamo.

La exigencia no es nueva. En 2023, el entonces senador y actual intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, había gestionado ante Vialidad Nacional la construcción del puente peatonal para la Escuela N° 88 “Tambor de Tacuarí”. En aquel momento, el entonces jefe del distrito Entre Ríos del organismo, Daniel Koch, aseguró que la obra estaba en proceso licitatorio y próxima a adjudicarse. Sin embargo, más de dos años después, el compromiso sigue sin cumplirse.

Mientras Vialidad Nacional destacó que la obra de la autovía busca mejorar la conectividad y reforzar la seguridad vial, los vecinos de Paso de la Laguna sostienen que la seguridad de su comunidad depende de una acción inmediata. “Necesitamos el puente ya, antes de lamentar una tragedia”, coincidieron los manifestantes.

Paraná cuenta desde hace dos décadas con un referente indiscutido en hotelería: Maran Suites & Towers, que este 2025 celebra sus 20 años combinando confort, elegancia y un servicio personalizado pensado tanto para el viajero corporativo como para el turista que busca descubrir los atractivos de la ciudad.

El proyecto nació a comienzos del nuevo milenio como una apuesta ambiciosa de una empresa local que vio el potencial turístico de la capital entrerriana. Ubicado frente al Parque Urquiza y con vistas privilegiadas al río Paraná, el hotel ofrecía desde sus inicios tres tipos de habitaciones adaptadas a distintos perfiles de viajeros, además de un restaurante gourmet que elevó el nivel gastronómico de la ciudad.

A lo largo de los años, Maran incorporó nuevas propuestas y servicios. La apertura del SPA, la renovación de espacios comunes y la inauguración en 2010 de un moderno Centro de Convenciones lo consolidaron como sede habitual de congresos, eventos profesionales, celebraciones sociales y competencias deportivas.

En 2020, adaptándose a los cambios en las formas de trabajar y viajar, sumó Paraná CoWorking, un espacio flexible diseñado para nómades digitales, emprendedores y visitantes que buscan combinar descanso con productividad.

Uno de los diferenciales de Maran es su conexión con el entorno: la inspiración del río, la calidez del equipo humano y la integración de la gastronomía regional forman parte de su sello distintivo. “Nos hemos esforzado en enaltecer lo local y sumar valor a cada experiencia del huésped”, expresaron desde la empresa.

En estas dos décadas, la firma atravesó retos como la pandemia, la inestabilidad económica y cambios en los hábitos de viaje, pero siempre mantuvo como eje el bienestar del huésped y la mejora continua.

En este aniversario, desde Maran Suites & Towers reafirmaron su compromiso con Paraná: “Seguimos creyendo que nuestra ciudad merece un servicio hotelero de excelencia, y trabajamos cada día para brindar una experiencia memorable. Este aniversario es de nuestros huéspedes, comensales, clientes, personal, proveedores, familias, amigos y de todas las personas que han sido parte de esta historia”.

En una entrevista brindada este martes 5 de agosto en el programa Crespo en Vivo, que se emite por FM 93.7 Boing Crespo y streaming, Milagros Bernat, psicopedagoga y persona con discapacidad, habló con firmeza y sensibilidad sobre la crítica situación que atraviesan las personas con discapacidad y los prestadores de servicios en Entre Ríos, a raíz del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Durante la charla, Bernat anunció y convocó a la movilización urgente prevista para este martes 5 de agosto a las 17:00 horas en Plaza Sarmiento de Crespo, en simultáneo con manifestaciones en plazas de toda la provincia. Bajo el lema “Es ahora. Es urgente. No al veto”, la Red de Prestadores de Entre Ríos busca visibilizar el reclamo ante el recorte de derechos y prestaciones esenciales.

“Es una situación realmente de emergencia”, afirmó Bernat. “Venimos luchando desde el año pasado contra el desfinanciamiento en salud y prestaciones. Muchas personas con discapacidad están en situaciones de vulnerabilidad extrema”.

La ley vetada por el Ejecutivo había sido aprobada tanto en Diputados como en el Senado, y buscaba establecer una serie de medidas de protección y financiamiento para asegurar el acceso a prestaciones básicas para personas con discapacidad. Sin embargo, el veto presidencial se publicó recientemente en el Boletín Oficial, generando un fuerte rechazo en distintos sectores.

Bernat explicó que el recorte afecta no solo a los beneficiarios de pensiones por discapacidad, sino también a profesionales y trabajadores del sector. “Nos están quitando pensiones a personas que realmente las necesitan. El costo de vivir con discapacidad es muy alto, y el Estado muchas veces no cubre lo necesario”, señaló.

Desde su doble rol como terapeuta y como persona con discapacidad, Bernat también compartió su realidad económica: “Soy psicopedagoga, tengo tres trabajos y aún así no llego. El nomenclador con los montos que cobramos no se actualiza desde diciembre del año pasado. Amo lo que hago, pero de amor no se vive”.

La situación afecta a cientos de profesionales de la salud y la educación en todo el país, que enfrentan demoras de hasta 60 días en los pagos, con procesos devaluatorios en el medio. Esto obliga a muchos a migrar al sector privado o abandonar la actividad.

La movilización de este martes buscará que los legisladores nacionales rechacen el veto presidencial y ratifiquen la ley, como forma de garantizar derechos esenciales.

“Esperamos que diputados y senadores voten con responsabilidad. No estamos pidiendo privilegios, estamos reclamando derechos. Queremos una vida digna”, expresó Bernat.

La concentración en Crespo será pacífica y silenciosa, con la presencia de prestadores, familiares y personas con discapacidad que buscan que su voz sea escuchada.

📅 Martes 5 de agosto

🕔 17:00 hs

📍 Plaza Sarmiento, Crespo

🪧 Movilización pacífica – “Es ahora. No al veto”

"Nos sentimos invisibilizados y abandonados", cerró Bernat, con una mezcla de frustración y esperanza. El reclamo sigue vigente. La necesidad, más urgente que nunca.

Un informe elaborado por la Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos (Capper) reveló que, en lo que va del año, los precios de los principales cortes de carne porcina se incrementaron muy por debajo de la inflación general, lo que representa un alivio relativo para los consumidores, pero al mismo tiempo refleja la difícil situación que atraviesan los productores del sector.

El estudio, que abarca el período enero-mayo de 2025, indica que los aumentos promedio en los cortes porcinos fueron del 4,4%, mientras que la inflación acumulada durante ese mismo lapso alcanzó el 11,6%, según datos oficiales. Esto desmiente algunas versiones periodísticas que, de manera errónea, interpretaron un repunte de precios basado en una semana puntual y centrado en un solo corte.

La comparación de precios al público en carnicerías entrerrianas muestra que algunos cortes incluso bajaron de precio. Tal es el caso de la bondiola, que pasó de costar $9.150 el kilo en enero a $9.000 en mayo, lo que significa una reducción del 1,7%.

Otros cortes populares tuvieron subas moderadas:

Costeleta de cerdo: de $5.669 a $5.900 por kilo (+4,1%)

Jamón: de $5.217 a $5.293 por kilo (+1,4%)

Nalga: de $7.284 a $7.825 por kilo (+7,4%)

Paleta: de $4.829 a $4.991 por kilo (+3,3%)

Este comportamiento, que contrasta con el aumento sostenido del costo de vida, se explica principalmente por la estabilidad del precio del capón en pie, es decir, del animal listo para faena. Según Capper, los productores no han recibido aumentos en el precio de venta, a pesar del incremento sostenido de los costos de producción en las granjas, lo que incluye alimentación, sanidad, energía y logística.

Desde la entidad advirtieron que este fenómeno tiene una doble lectura: mientras los consumidores encuentran en la carne de cerdo una opción más accesible en relación con otras proteínas animales, los productores enfrentan serias dificultades para sostener la actividad ante la falta de actualización en los valores que perciben por su producción.

La Cámara también destacó que la cadena porcina se encuentra presionada por el alza de costos y la falta de rentabilidad en la fase primaria, lo que podría derivar en consecuencias negativas si no se equilibran los precios en los próximos meses.

Capper concluyó que la carne de cerdo mantiene, por ahora, una posición competitiva en el mostrador, pero instó a revisar con mayor responsabilidad los análisis de mercado para no distorsionar la información ni generar alarma injustificada en consumidores o actores del sector.

La Liga de Intendentes Justicialistas de Entre Ríos expresó su “enorme preocupación” ante el proyecto del Gobierno Provincial que propone una reforma estructural del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER). La iniciativa oficial, que plantea reemplazar el sistema actual por uno centralizado bajo la órbita del Poder Ejecutivo, generó un fuerte rechazo por parte de los jefes comunales, quienes advierten que la medida pone en riesgo la autonomía, el carácter solidario y el control democrático de la obra social.

“Esta iniciativa no sólo afecta directamente a miles de trabajadores municipales, activos y jubilados, que dependen del IOSPER para su atención médica y la de sus familias, sino que también constituye un retroceso institucional”, señalaron mediante un comunicado difundido en las últimas horas.

Si bien desde la Liga valoraron la intención del Ejecutivo de abordar los problemas que atraviesa la obra social y promover su modernización, remarcaron que “la eliminación del modelo actual para crear una nueva estructura estatal no es la solución”. En ese sentido, sostuvieron que la propuesta “se asemeja más a un intento de controlar una caja que a una reforma con sentido democrático y participativo”.

Los intendentes remarcaron que IOSPER no es una obra social estatal, sino una institución financiada exclusivamente por los aportes de sus afiliados: “El Estado provincial no aporta recursos propios para su funcionamiento. Por lo tanto, no corresponde que pretenda apropiarse de su conducción ni definir el destino de fondos que son laborales, no públicos”.

Además, denunciaron que el proyecto elimina la representación gremial en el directorio, reduce la comisión fiscalizadora a un único integrante designado por el Ejecutivo y convierte al organismo en una dependencia del poder político, “suponiendo un grave retroceso democrático”.

La intervención dispuesta por el Gobierno ya lleva seis meses, pero —según denunciaron— los problemas lejos de solucionarse, se agravaron: recortes de prestaciones, demoras en la entrega de medicamentos, falta de autorizaciones, externalización de bases de datos y suba de coseguros.

“Como intendentes, conocemos de cerca el impacto que estas decisiones tienen sobre las y los empleados públicos. Nuestros trabajadores nos lo hacen saber todos los días”, afirmaron. “Nos comprometemos a defender un sistema de salud solidario, autónomo y participativo”.

Finalmente, los mandatarios justicialistas rechazaron “cualquier intento de vaciamiento o apropiación política del IOSPER” y reclamaron “un debate amplio, democrático y con participación real de sus legítimos dueños: los afiliados”.

En una reciente entrevista con el periodista Manuel Paco Lazo, el ex senador nacional Héctor Maya anunció que está trabajando en una propuesta para reducir el costo de la tarifa eléctrica domiciliaria en Entre Ríos. Según Maya, este es un tema urgente debido a la creciente injusticia de los niveles tarifarios actuales y la necesidad de las familias entrerrianas de acceder a un servicio esencial a un precio acorde.

“Los niveles de las tarifas son elevados e injustos para las familias entrerrianas”, afirmó Maya, destacando que desde hace años la provincia ha sufrido una sobrecarga en el costo de la electricidad a pesar de ser uno de los principales generadores de energía del país, gracias a la represa de Salto Grande.

Maya recordó que, en 1984, cuando era diputado nacional, logró modificar la ley de regalías de la represa, aumentando el porcentaje del 8% al 12%, con la justificación de que la represa estaba en periodo de repago de la deuda de construcción. Sin embargo, tras más de tres décadas y con la deuda completamente saldada, el ex senador considera que es posible y necesario elevar las regalías al 50% de lo que se produce en Salto Grande. Esta propuesta ya había sido planteada por el actual gobernador Rogelio Frigerio cuando era diputado nacional en 2023.

“Lo que necesitamos es una compensación justa por la energía que producimos, ya que la política de CAMMESA ha perjudicado a los entrerrianos, modificando las tarifas de manera que no nos pagan adecuadamente ni por el excedente ni por las utilidades que la represa genera”, sostuvo Maya. Además, señaló que la actual injusticia tarifaria no solo afecta la economía de las familias entrerrianas, sino que también impide una distribución equitativa de los recursos generados por la represa.

“El lago de Salto Grande es el combustible de nuestra máquina energética, porque según su volumen y nivel se genera más o menos electricidad. Hoy, con la deuda de la represa completamente saldada, tenemos que acordar con la Nación una compensación adecuada”, agregó el ex legislador, insistiendo en la necesidad de reflotar el proyecto de Frigerio del 2023 y llevar las regalías al 50% para así reducir las tarifas domiciliarias.

Además de su propuesta sobre Salto Grande, Maya detalló una nueva iniciativa técnica para optimizar el uso de los recursos energéticos de la región. Según explicó, es posible aprovechar el agua que sale de la represa mediante la construcción de una instalación en Salto Chico, sin necesidad de grandes obras de infraestructura ni impacto ambiental.

“Es necesario retornar el agua que sale de la represa”, indicó Maya, sugiriendo que esto podría realizarse mediante el uso de pontones y con financiamiento de inversores privados a través de una licitación, similar al modelo utilizado para la construcción de Salto Grande.

En este contexto, el ex senador enfatizó la importancia de que todos los entrerrianos trabajen juntos para mejorar la situación energética de la provincia y aliviar el impacto de las tarifas en las familias. “Nuestro compromiso es con las familias de Entre Ríos, que necesitan respuestas y soluciones concretas, no palabras vacías”, concluyó Maya.

En un giro que moderniza la experiencia de carga de combustible, el gobierno nacional anunció una medida que permitirá a los automovilistas despachar su propio combustible en las estaciones de servicio. A través del Decreto 46/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se habilita esta modalidad, que ya funciona en países como Estados Unidos y varias naciones europeas desde hace décadas. Aunque la figura del playero no desaparecerá, los conductores ahora tendrán la opción de cargar combustible de manera autónoma, guiados por un sistema electrónico.

La Ciudad de Buenos Aires y Mendoza son las primeras jurisdicciones en implementar esta novedad, mientras que Buenos Aires, La Pampa y Jujuy mantienen la prohibición de la medida. El autodespacho representa un cambio cultural en Argentina, donde tradicionalmente el playero ha sido el encargado de atender a los vehículos. Sin embargo, esta transformación busca alinearse con prácticas internacionales y ofrecer mayor flexibilidad a los usuarios.

Los dueños de las estaciones de servicio planean adoptar un modelo híbrido, similar al que funciona en países como Chile, Brasil y Colombia. Esto significa que, aunque los conductores podrán cargar combustible por su cuenta, también tendrán la opción de solicitar asistencia de un playero si lo prefieren. La idea es combinar la eficiencia del autoservicio con la comodidad del servicio personalizado, adaptándose a las necesidades de cada cliente.

El proceso de autodespacho está diseñado para ser intuitivo y seguro. Al llegar a la estación de servicio, el conductor encontrará surtidores señalizados con un tótem electrónico que guiará cada paso. Las opciones disponibles incluyen:

Cargar el tanque completo.

Cargar una cantidad específica de litros.

Cargar un monto de dinero predeterminado.

Una vez seleccionada la opción, el conductor deberá elegir el tipo de combustible: nafta (súper o premium) o gasoil. Tras confirmar la elección, el surtidor se habilitará para comenzar la carga. El sistema está diseñado para garantizar seguridad y precisión en cada transacción.

El pago también se adapta a las nuevas tecnologías. Si el cliente elige abonar con tarjeta de crédito o débito, podrá completar la transacción sin interactuar con ninguna persona. Sin embargo, si prefiere pagar en efectivo o mediante un código QR, deberá acudir a un playero para finalizar la compra. Esta flexibilidad en los métodos de pago busca agilizar el proceso y reducir los tiempos de espera en las estaciones.

El autodespacho de combustible marca un hito en la industria de las estaciones de servicio en Argentina. Aunque para muchos conductores representa un cambio significativo, la medida apunta a modernizar el sector y ofrecer una experiencia más eficiente y acorde con las tendencias globales. Con el tiempo, se espera que más provincias se sumen a esta modalidad, siempre respetando las normativas locales y las preferencias de los usuarios.

Mientras el país se adapta a esta nueva forma de cargar combustible, queda claro que la figura del playero no desaparecerá, pero su rol evolucionará hacia un servicio más especializado y complementario.

En un encuentro realizado en Larroque, Entre Ríos, organizado por la Filial local de la Federación Agraria Argentina (FAA), presidida por Adolfo De Zan, se debatieron las recientes medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, en torno a la baja de retenciones para los principales cultivos. Durante el evento, que contó con la participación del senador Alfredo De Angeli y el diputado Atilio Benedetti, titulares de las Comisiones de Agricultura de ambas Cámaras, el director de FAA Entre Ríos, Elvio Guía, ofreció un análisis crítico de la situación.

“La situación es extremadamente compleja y, aunque esta medida es una buena señal, no alcanza para resolver el quebranto que afecta a los pequeños y medianos productores”, indicó Guía. Según sus declaraciones, la reducción del 6% en soja, aunque significativa, dista del 14% necesario para equilibrar los costos de producción, especialmente en el sur de Entre Ríos, donde las condiciones son más desfavorables.

Guía enfatizó que la continuidad de las retenciones sigue siendo un factor de desestabilización para los productores de menor escala. “Es fundamental eliminar definitivamente las retenciones y establecer una fecha de vencimiento clara para estas medidas, que solo profundizan las desigualdades en el sector agropecuario”, señaló.

El director de FAA destacó que las recientes reducciones anunciadas, vigentes hasta el 30 de marzo, si bien son un paso adelante, responden a una lógica recaudatoria que no considera la difícil realidad de los pequeños productores. “Nuestro sector no da para más. Los beneficios otorgados deberían enfocarse en otros sectores, porque el agro pequeño y mediano está al límite”, afirmó.

Guía también puso de relieve las desigualdades dentro del sistema productivo, señalando que los grandes actores económicos cuentan con ventajas que los pequeños productores no tienen. “Empresas que diversifican riesgos sembrando en varias provincias y acceden a beneficios de escala no enfrentan las mismas dificultades que los pequeños productores, quienes trabajamos con recursos limitados y maquinarias que ya llevan varias campañas”, explicó.

Además, subrayó que, a pesar de estas limitaciones, los pequeños productores son altamente eficientes, obteniendo buenos rindes gracias a su capacidad de adaptación y esfuerzo constante. Sin embargo, aclaró que esta eficiencia no es suficiente frente a las actuales condiciones de mercado y climáticas adversas.

El director de FAA recordó que los productores han mostrado una gran resiliencia frente a las adversidades, pero advirtió que la paciencia se está agotando. “Escuchar que podríamos esperar 20 años más para ver mejoras es inaceptable. El productor ya ha demostrado una enorme paciencia, pero las condiciones actuales exigen respuestas inmediatas y sostenibles”, manifestó.

Finalmente, Guía destacó el compromiso de los gobernadores de la Región Centro (Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio) en la defensa de los intereses de los productores. “Es un ejemplo que debería replicarse en todo el país. Las provincias están haciendo un esfuerzo enorme con recursos limitados, y es necesario que el Gobierno Nacional acompañe este compromiso con medidas más efectivas y a largo plazo”, concluyó.

Este jueves, el interventor del Instituto de Obra Social de Entre Ríos (Iosper), Mariano Gallegos, y la subinterventora, Marina Alegre, ofrecieron una conferencia de prensa en la que dieron a conocer los primeros resultados de la auditoría de corte realizada en la obra social de los empleados públicos de la provincia. Las revelaciones fueron contundentes: la situación del Iosper es mucho más grave de lo que se había anticipado.

Tal como había anticipado el gobernador Rogelio Frigerio al anunciar la intervención del organismo, los interventores detallaron que apenas se conocía "la punta del iceberg". Ahora, tras un análisis exhaustivo, comenzaron a desvelarse las profundas irregularidades en la gestión de la obra social.

Uno de los hallazgos más alarmantes fue el monto de la deuda acumulada, que, según los interventores, duplica lo que había declarado el ex presidente Fernando Cañete. La deuda total asciende a un impresionante 42.871 millones de pesos, de los cuales el 56% corresponde al gasto en medicamentos, lo que pone en evidencia una gestión financiera deficiente y desordenada. Además, la obra social presenta un déficit operativo mensual de 3.000 millones de pesos.

Otro de los aspectos que los interventores destacaron fue la compra y contratación "mal y cara" de bienes y servicios, lo que ha contribuido a la crisis financiera de la institución. "El Iosper es de los afiliados, no de los prestadores", afirmó Gallegos, quien enfatizó que la intervención trabaja con un enfoque centrado en los intereses de los afiliados y no en los de los prestadores.

Además de los problemas financieros, los interventores revelaron prácticas poco transparentes por parte de ex miembros del Directorio. Se detectaron maniobras para ocultar el monto de los sueldos de los directivos, como en el caso del expresidente Cañete, cuya remuneración alcanzaba los 16 millones de pesos. Los pagos se desdoblaban y solo se informaba un monto parcial, lo que generaba dudas sobre la transparencia en el manejo de los recursos.

La intervención también halló un aumento injustificado de los aranceles prestacionales. Un ejemplo de ello fue un incremento del 15% en los aranceles, promovido por Cañete antes de dejar su cargo. Este ajuste habría generado un déficit adicional de 1.000 millones de pesos mensuales, lo que fue impedido por la intervención. Se descubrió, además, que existían actas de ajuste de aranceles sin firmas ni fechas, lo que cuestiona su validez.

En un giro inesperado, los interventores también dieron a conocer que, desde principios de diciembre, las droguerías habían ofrecido un descuento del 15% en la compra de medicamentos, lo que podría haber permitido a Iosper un ahorro significativo de 1.700 millones de pesos si este descuento se hubiese aplicado desde el inicio de 2024. Este dato pone en evidencia la falta de aprovechamiento de oportunidades de ahorro y la mala gestión de los recursos.

El uso indebido de vehículos de la obra social para beneficio personal también fue otro de los hallazgos. El caso más llamativo involucra al gerente de Prestaciones, quien recibía viajes semanales desde la provincia de Corrientes, además de su salario, con gastos de traslado y alojamiento en Paraná, lo que totalizaba un gasto de 10 millones de pesos. A esto se suman irregularidades en el pago de servicios de lavado de vehículos oficiales, cuyos precios superaban los del mercado, y el pago de televisión por cable en oficinas donde no se encontraban televisores.

En resumen, los primeros resultados de la auditoría en el Iosper revelan una gestión plagada de irregularidades, deuda y mala administración de recursos. Los interventores destacaron que las acciones emprendidas hasta el momento buscan garantizar la sustentabilidad del sistema de salud para los empleados públicos de la provincia, con un enfoque en la transparencia y el bienestar de los afiliados. Sin embargo, el camino por recorrer sigue siendo largo y complejo para sanear la obra social y devolverle la estabilidad financiera que necesita.

En medio de un año marcado por una fuerte suba de la inflación en la primera parte del año y la recesión económica, los precios de la nafta y el gasoil en Argentina han alcanzado los niveles más altos en dólares en los últimos seis años, según un informe reciente de la consultora Economía y Energía. Esta escalada de precios ha provocado una caída en la demanda de combustibles, lo que se refleja en una reducción en las ventas y en un cambio en el comportamiento de los consumidores, quienes buscan alternativas más económicas.

Desde diciembre pasado, cuando el Gobierno de Javier Milei decidió liberalizar los precios de los combustibles, los surtidores experimentaron un fuerte incremento de valores. Aunque los precios en pesos constantes se ubicaron en promedio un 7% por debajo de los registrados entre 2019 y 2023, el cálculo en dólares muestra una realidad distinta: los valores actuales son un 25% superiores al promedio de esos mismos años.

El informe señala que los precios en octubre estuvieron un 20% por debajo de los de enero de 2024, cuando el aumento inicial fue más fuerte. Además, el precio del crudo en el mercado local se ha alineado con el valor de exportación, en línea con una antigua demanda de las petroleras y la estrategia del Gobierno. Este alineamiento responde también a una baja en el precio internacional del petróleo, que ronda los USD 70 por barril, el nivel más bajo desde 2021.

La liberalización de precios y el alza de valores en dólares tuvieron un impacto notable en el consumo. En los primeros nueve meses del año, la venta de combustibles cayó un 6% en comparación con el mismo período de 2023. La caída más pronunciada se dio en las naftas premium, cuyas ventas disminuyeron un 21% interanual, evidenciando que los consumidores están optando por opciones más accesibles. En contraste, la venta de nafta súper tuvo una merma más moderada del 2%.

El gasoil, que suele tener una demanda más estable debido a su uso en el sector productivo y el transporte, también experimentó una disminución en ventas del 6% en el mismo periodo de nueve meses. Esta caída está relacionada tanto con la situación económica general del país como con el aumento de precios, que ha llevado a muchos usuarios a reducir el consumo y optar por combustibles de menor costo.

Con este panorama, el sector de combustibles en Argentina enfrenta un desafío importante, ya que los precios elevados en dólares y la contracción del consumo doméstico han impactado de manera directa en la actividad económica y en las estrategias de las petroleras, que ahora ajustan sus expectativas a un mercado recesivo y con una alta presión inflacionaria.

El Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú (CDCI) celebró la reciente derogación de la tasa que los comerciantes debían abonar por el uso del dominio público municipal con fines publicitarios. En una sesión realizada este jueves, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) aprobó por mayoría la eliminación de este tributo, una medida promovida por el intendente Mauricio Davico, que busca promover el comercio local y aliviar la carga impositiva de los empresarios.

La derogación elimina oficialmente la Ordenanza N° 11.724/2012, que había incorporado el cobro de la "Retribución por el uso y/o aprovechamiento del dominio público municipal con fines publicitarios" al Código Tributario y a la Ordenanza General Impositiva. También se anulan el artículo 3° de la Ordenanza N° 11.440/2010 y el título "Retribución por el uso y/o aprovechamiento del dominio público municipal con fines publicitarios", artículo 60° bis de la Ordenanza General Impositiva N° 10.446/2000.

Este tributo había sido un motivo de reclamo constante por parte del CDCI, ya que afectaba la rentabilidad de los comerciantes y prestadores de servicios al exigir un pago por publicitar productos de marcas reconocidas en espacios de dominio público. En algunos casos, estas cargas impositivas limitaban la capacidad de inversión de los empresarios locales y dificultaban la generación de empleo.

En los considerandos de la norma aprobada, se resalta la necesidad de implementar medidas que favorezcan el crecimiento del comercio y promuevan la creación de empleo en la ciudad. La eliminación de esta tasa es vista como un paso importante para fortalecer la relación público-privada y fomentar la llegada de nuevos proyectos comerciales a Gualeguaychú.

El CDCI expresó su satisfacción por esta medida, que consideran una victoria después de años de lucha. La institución destacó que la derogación de este impuesto permitirá a los comerciantes locales mejorar su competitividad, aumentar su capacidad de inversión y seguir generando empleo en la comunidad.

Con esta acción, la gestión del intendente Davico busca promover un entorno más favorable para el desarrollo económico de Gualeguaychú, dando respuesta a las demandas del sector comercial y fortaleciendo el comercio local en un contexto de desafíos económicos.

Esta decisión marca un hito en la relación entre el municipio y el sector privado, subrayando el compromiso de la administración local de facilitar el crecimiento empresarial y de crear condiciones que incentiven nuevas inversiones en la ciudad.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este miércoles que el precio de la Canasta Básica Total (CBT) aumentó un 2,6 % en septiembre, lo que significa que una familia tipo, compuesta por una pareja con dos hijos, requirió ingresos mensuales de al menos $964.619 para cubrir sus necesidades básicas de alimentos, indumentaria y transporte y, así, no caer por debajo de la línea de pobreza.

El organismo también indicó que la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que incluye solo los alimentos esenciales para la subsistencia, aumentó un 1,7 % en el mismo período. Esto elevó el umbral de ingresos necesarios para que una familia no caiga en la indigencia a $428.719.

En los primeros nueve meses de 2024, la CBT acumuló un incremento del 94,6 %, mientras que la CBA subió un 78,1 %. Esta diferencia de aumento entre ambas canastas se explica, en parte, por los incrementos registrados en servicios públicos y transporte, cuyo impacto ha sido más notorio este año en comparación con la administración anterior de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, donde se observaba un menor ajuste en estos rubros.

Las cifras del Indec revelan un contexto económico cada vez más complejo: al cierre del primer semestre de 2024, el índice de pobreza alcanzó el 52,9 %, marcando un aumento respecto al 41,7 % de finales de 2023 y al 40,1 % registrado en el primer semestre de ese mismo año.

Además, el índice de indigencia, que mide a las personas cuyos ingresos no alcanzan para cubrir siquiera los alimentos básicos para la subsistencia, llegó al 18,1 %, en notable aumento frente al 11,9 % a fines del año pasado y al 9,3 % del primer semestre de 2023.

Con la inflación como uno de los principales problemas económicos, las cifras de pobreza e indigencia en Argentina continúan en ascenso, afectando cada vez a más hogares y evidenciando las dificultades de las familias para cubrir sus necesidades esenciales. Este escenario refleja la urgencia de medidas económicas que promuevan una mayor estabilidad y accesibilidad a bienes y servicios básicos, garantizando que las familias argentinas puedan sostener un nivel de vida digno.

Junto al ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Walter Sione; y autoridades del centro de investigación recorrió las instalaciones y las obras de infraestructura en marcha. Se trata de la ampliación de laboratorios financiados por el Gobierno nacional.

Los anfitriones dieron cuenta al gobernador del reciente equipamiento recibido a través del gobierno nacional, un drone de ala fija con sensores de máxima capacidad para relevar y un georradar para relevamiento de subsuelo y estudio de suelos que colapsan. También un GPS (geoposicionador) diferencial, que permite el relevamiento de las barrancas de la localidad.

Tras la recorrida, Sione, destacó que es la primera vez que un gobernador visita este centro, quien dijo "mostró muchísimo interés en muchas cosas que se hacen en este centro, que son de investigación aplicada sin prejuicio de otros temas. Se interesó mucho en temas vinculados a la miel, insectos, trampas para control de insectos, también el trabajo en polen para distintas utilidades y la abeja como polinizadora de cultivos".

Recordó que este centro es tripartito, ya que participa la provincia, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).

Por su parte, el ministro Bernaudo, precisó que el centro recibió recientemente equipamiento a través de dos programas nacionales. Uno es Construir Ciencia, por el que se financió un edificio que está en construcción. El otro Equipar Ciencia, por el que se benefició con  dispositivos que son costosos de acceder de otra manera.

Agregó que "la provincia interviene también a través del programa Proyectos Federales de Innovación, gestionando fondos de nación para proyectos que son de interés para el desarrollo provincial". Señaló que esos son los proyectos que estaban visitando, "uno vinculado a control de plagas, a enfermedades de transmisión vectorial, y otro a tipificación de trazabilidad de mieles".

En el Centro de Investigación Científica y Transferencia Tecnológica a la Producción (Cicyttp), se trabaja en el desarrollo de herramientas para mejorar la salud de los entrerrianos, como también en la producción de materias primas.

Entre las distintas temáticas que abordan se encuentran el desarrollo de trampas orgánicas para combatir la Vinchuca y de un sistema biológico 100 por ciento para controlar plagas agrícolas; así como investigaciones sobre cómo combatir el dengue de manera natural.

El gobernador Rogelio Frigerio recibió a los integrantes del Clúster de Productores Lecheros del Centro Entrerriano en un encuentro que prometió impulsar el desarrollo del sector lechero en la provincia. El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo. La reunión contó con la presencia de productores lecheros y queseros de distintos puntos de Entre Ríos.

Tras la reunión, el secretario de Agricultura, Raúl Boc-Ho, calificó el encuentro como "muy productivo". En consonancia, Beltrán Mihura, presidente del Clúster Lechero del Centro Entrerriano, destacó que se trabajó sobre temas clave como caminos, energía e impuestos. Además, se acordó la formación de una mesa técnica y política para encontrar las mejores soluciones que permitan el crecimiento de la producción lechera en la provincia.

Mihura enfatizó que el objetivo no solo es evitar el cierre de tambos, sino también promover la creación de nuevos establecimientos. "Para eso tenemos que estar todos trabajando en la misma dirección", afirmó. El productor resaltó el apoyo del gobierno provincial a la actividad lechera, destacando la generación de trabajo y arraigo que esta industria proporciona.

El presidente del Clúster señaló que, a pesar de llevar más de 40 años estancados, hay un compromiso por parte del gobierno provincial para fomentar el crecimiento del sector. "El gobierno provincial está de acuerdo en que es una actividad que queremos que crezca. Así que hacia allí iremos", expresó con optimismo.

El Clúster Lechero del Centro Entrerriano tiene una fuerte presencia en la región, donde operan aproximadamente 400 tambos, algo más de la mitad del total provincial. Está compuesto por productores lecheros y queseros de Nogoyá y Rosario del Tala, incluyendo empresas como La Sibila y La Lecherita, la cooperativa El Progreso, y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro). También participan los Colegios de Médicos Veterinarios y de Ingenieros Agrónomos de Entre Ríos.

Desde el ámbito público, el Clúster cuenta con la participación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el Gobierno de Entre Ríos a través de la Dirección de Ganadería, los gobiernos municipales de Nogoyá y Rosario del Tala, las Agencias Paraná, Nogoyá y Rosario del Tala del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Delegación Nogoyá/Tala de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), la Tecnicatura en Producción Agropecuaria de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), y las Escuelas Agrotécnicas Nº 51 Municipalidad de Maciá y La Carola.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dio a conocer este domingo los nuevos valores para las categorías de monotributo tras la ampliación de los montos máximos de facturación dispuestos con la ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes.

Las nuevas escalas regirán a partir del 1 de agosto. Asimismo, se debe tener en cuenta que el organismo recaudador ya había extendido el plazo para la recategorización del monotributo hasta el 2 de agosto.

La tabla de topes de facturación anual completa queda de la siguiente manera:

Categoría A:

Categoría B:

Categoría C:

Categoría D:

Categoría E:

Categoría F:

Categoría G:

Categoría H:

Categoría I:

Categoría J:

Categoría K:

Al mismo tiempo, se aclaró que no ingresarán el impuesto integrado los trabajadores independientes promovidos o aquellos asociados a cooperativas inscriptos en el Registro Nacional de Efectores. Tampoco lo harán los asociados a cooperativas cuando sus ingresos brutos no superen la suma máxima establecida para la categoría A.

Además, quedan exceptuados de ingresar cotizaciones al régimen de la seguridad social y a obras sociales, los siguientes sujetos:

En tanto, los jubilados (por leyes anteriores o ley actual) quedan exceptuados de ingresar aportes a la obra social.