El día 23 de enero del corriente año personas hasta el momento desconocidas accedieron mediante un ardid informático a la cuenta una empresa crespense, y desde ella, haciéndose pasar por personal de la misma, solicitaron claves tokens para operar en la cuenta bancaria del Banco Macro, sucursal Crespo, vía Home Banking.

Según supimos, el banco en cuestión, contrariando todos los protocolos y estándares de seguridad establecidos por el BCRA, brindó a quienes estaban detrás de la maniobra información sensible para la seguridad de la cuenta, lo cual fue llevado a cabo por uno de los agentes comerciales de la entidad, valiéndose para ello de un canal no autorizado como la aplicación de mensajería antes mencionada.

Aquella mañana, desde la administración de la empresa, ante la persistencia de dificultades para acceder a los fondos y llevar a cabo pagos a proveedores, se intentó resolver el inconveniente manteniendo comunicación fluida con el oficial de cuentas del banco, sin lograr resolver el problema en más de tres horas, durante las cuales se probó absolutamente todo lo que desde le entidad se les requería.

Aprovechando tales dilaciones, pocas horas después del mediodía, quienes habían accedido ilegítimamente a la cuenta, lograron realizar una serie de transferencias totalizando una cifra multimillonaria, desapoderando a sus dueños de la totalidad del dinero. Dicha maniobra fue advertida de forma tardía por el sistema antifraude de la entidad.

Sobre el particular hablamos con uno de los abogados de la firma crespense, doctor Germán Palomeque.

--¿Por qué se recurre a Defensa del Consumidor para accionar contra el Banco, además de una denuncia penal contra NN (estafadores anónimos)?

_En primer lugar porque desde esta parte confiamos (hasta el momento) en que, quienes llevaron a cabo la maniobra delictiva, son personas ajenas a la entidad y que, por parte del Banco Macro de Crespo, se ha tratado de una imprudencia grave, pero sin ánimo de defraudación.

Sin perjuicio de ello, fue el propio empleado del banco quien en aquel momento brindó las instrucciones al personal de la empresa para que en horas de la tarde de ese mismo viernes se realizara la denuncia policial, la cual en la actualidad tramita ante la Fiscalía especializada de la ciudad de Paraná, y en la cual nos hemos constituido como querellantes particulares. Simultáneamente, en aquel momento instruyeron a los damnificados a realizar el reclamo interno ante el propio Banco. Pero, transcurridos los diez días hábiles que otorga la normativa del BCRA para que el prestador del servicio dé una respuesta y se expida al respecto, ello nunca ocurrió, la respuesta nunca llegó y desde la sucursal local se limitan a contestar que a eso “lo manejan desde Buenos Aires”.

-- Trataré de ser específico con la pregunta: El oficial de cuentas decía ‘les pasé el token’ y desde la empresa respondían que no le habían pedido ninguno. Al parecer en ese momento no se preguntó a quién se lo estaba enviando, quizás a algún hacker. Y, sin embargo, varias horas más tarde, permitieron un total de 14 extracciones de dinero completamente inusuales para la actividad de esa cuenta. ¿Es asi?

_Efectivamente así fue. Hubo un doble error: Se brindó información que no debía brindar y se hizo por un canal que no era el autorizado. Todo esto resulta especialmente llamativo en una época en la que este tipo de maniobras están tan en boga, son hartamente conocidas e incluso existen campañas de concientización para los usuarios en las que se les dice: “no brinde información por WhatsApp”, y terminó siendo el propio banco el que la brindó en este caso, sin dudas es paradójico y lamentable que así haya sido.

--¿Cómo calificaría usted el comportamiento del oficial de cuentas del Macro, negligente o sospechoso?

En este caso sin lugar a dudas es de una negligencia extrema, pero también hay que decir que esto excede al oficial de cuentas. Falló el banco en su conjunto, porque después de haber dado a los delincuentes las claves y haber privado de esa manera al usuario del acceso a sus fondos, durante el resto de la mañana no lograron darles acceso a la plataforma por ningún medio, los hicieron formular la llamada a la línea de ayuda en más de una ocasión sin lograr resolver el problema, mientras en ese entones ya estaban en pleno conocimiento de que los destinatarios del token otorgado no eran los titulares de la cuenta.

Otra cosa que llama mucho la atención es que el teléfono celular que contiene la app de Macro Empresa no fue intervenido, y para poder realizar operaciones mis clientes necesitaban hacer una validación usando dicha app como parte de un protocolo de seguridad. La pregunta que nos hacemos es ¿con qué token de seguridad se autorizaron las 14 transferencias?

--Evidentemente las falencias de la entidad bancaria fueron varias, ¿podría enumerarlas?

_En primer lugar, el prestador de servicios bancarios incumplió su propia normativa del B.C.R.A. al brindar información sensible para la seguridad de la cuenta por un canal no autorizado; en segundo término, ninguno de los empleados intervinientes contó con la lucidez para advertir la maniobra que se estaba gestando cuando las respuestas de sus clientes daban cuenta del desconcierto por no haber solicitado ningún código con anterioridad. En tercer lugar, varias horas más tarde, el banco permitió y convalidó un total de 14 operaciones completamente inusuales para la actividad de la cuenta (todas fueron a CVU siendo que la empresa sólo transfiere a CBU, es decir, a entidades bancarias) fallando por completo la detección de fraudes.

Si todo ello no fuera suficiente, luego de radicada la denuncia y formulado el reclamo administrativo dilataron la entrega de información útil para el bloqueo de fondos que podían llegar a quedar en las cuentas receptoras. No conformes con ello, agotado el plazo de 10 días hábiles desde iniciado el reclamo, no se dignaron siquiera a dar una repuesta negativa explicando, aunque más no sea, los motivos por los cuales no se responsabilizaban por lo ocurrido.

Idéntica actitud indiferente adoptaron con la denuncia interpuesta ante defensa al consumidor, no contestando ninguno de los cuestionamientos que sintéticamente explicamos aquí. Aunque vale decir, que dicha vía no está agotada todavía.

Pero sin lugar a dudas, la frutilla del postre es que, aquel empleado bancario que dio la información y que luego no tuvo “reflejos”, en el ínterin fue promovido a gerente de la sucursal y jamás nació de él contactar a las víctimas, siempre hubo que ir a su encuentro para recibir evasivas, demostrando de mínima, falta de compromiso y empatía con sus clientes.

--¿Cómo cree que va a continuar esta situación tanto en la vía penal como en la civil?

Uno como abogado no puede garantizar bajo ningún tipo de circunstancias los resultados de un proceso que se está tramitando, pero sí puedo decir que la causa penal ha tenido avances significativos, aunque es difícil llegar al destinatario final de los fondos porque se utilizan cuentas “mula” para triangularlos y que la trazabilidad sea compleja.

En cuanto al reclamo contra el banco, estamos convencidos de que su seguridad resultó completamente permeable; la información de la mesa de ayuda imprecisa e inútil; la prevención humana tanto como la automatizada totalmente inexistente; la colaboración con la investigación fue tardía y la respuesta por la vía formal hasta el momento es nula, por lo que estamos convencidos de que deberá responder por sus fallas y que de ser necesario lo llevaremos hasta las últimas instancias para que así sea.

Diputados del bloque Juntos por Entre Ríos (JxER) presentaron un proyecto de resolución en el que expresaron su “profunda preocupación por la falta de infraestructura vial y peatonal adecuada a los estándares de seguridad” en la autovía Ruta Nacional N° 18, a la altura de la localidad de Paso de la Laguna, departamento Villaguay.

La iniciativa busca condenar los incumplimientos de la empresa concesionaria y del Estado Nacional, y solicita al Poder Ejecutivo Provincial que exhorte a las autoridades nacionales —Secretaría de Obras Públicas de la Nación y Dirección Nacional de Vialidad— a ejecutar de manera inmediata la obra de infraestructura necesaria para garantizar un cruce peatonal seguro.

En los fundamentos, la autora del proyecto, la diputada Susana Pérez, cuestionó la “abrupta habilitación de un tramo de la autovía entre los puentes sobre el río Gualeguay y el empalme con la Ruta Provincial N° 20, sin la construcción de un puente peatonal”.

Para la legisladora, esta omisión “expone a un riesgo cierto, concreto e inminente a la comunidad de Paso de la Laguna, cuyo tejido urbano se extiende a ambos lados de la calzada”. Y agregó: “El Estado, en todos sus niveles, tiene un deber de seguridad ineludible. En este caso, no sólo debe garantizar la circulación vehicular, sino también la seguridad de peatones y transeúntes”.

Pérez subrayó que los más de 500 habitantes de la localidad —“incluidos niños y ancianos”— deben cruzar diariamente la autovía para acceder a servicios esenciales como escuelas, comisaría, centro de salud y demás espacios comunales.

“Dado que la Ruta Nacional N° 18 es una de las principales vías de la provincia, con un gran flujo de vehículos a alta velocidad, el riesgo de accidentes se maximiza exponencialmente”, advirtió.

La diputada también puso en cuestión la existencia de una senda peatonal provisoria: “No cumple con los estándares de seguridad mínimos e indispensables para contener los riesgos descritos y, por lo tanto, no exime de responsabilidad a las autoridades”.

Finalmente, Pérez concluyó que la Cámara de Diputados debe actuar en defensa de los derechos de los vecinos:

“Corresponde brindar nuestro más firme apoyo a los justos reclamos de la comunidad y acompañar en las gestiones pertinentes para exigir la inmediata construcción del puente peatonal en Paso de la Laguna”.

El proyecto será tratado en las próximas sesiones y se espera que el reclamo provincial tenga eco en las autoridades nacionales.

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) lleva adelante este martes una jornada nacional de protestas, con cortes de rutas y manifestaciones en distintos puntos del país, en reclamo de paritarias justas y en rechazo a la oferta salarial presentada por el sector empleador agropecuario, a la que calificaron como “miserable” y “provocadora”.

Las medidas de fuerza se dan en un contexto de fuerte tensión gremial, tras el fracaso de la última reunión de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), celebrada el pasado viernes 18 de julio, donde no se logró ningún acuerdo entre las partes.

En un duro comunicado, la conducción nacional del sindicato encabezada por José Voytenco acusó a las entidades agropecuarias que integran la CNTA —CRA, CAME, CONINAGRO y FAA— de haber saboteado el diálogo con una actitud “intransigente, provocadora y ofensiva”.

“Las entidades se niegan sistemáticamente a reconocer el brutal deterioro del poder adquisitivo de nuestros compañeros. Pretenden imponer aumentos que ni siquiera alcanzan para cubrir la canasta básica. Quieren institucionalizar el salario de hambre y consolidar la pobreza del trabajador rural”, denunciaron desde UATRE.

La organización fue contundente: “No vamos a convalidar paritarias de miseria ni a firmar ningún acuerdo que legitime la explotación y el empobrecimiento del peón rural. La dignidad de nuestros trabajadores no se negocia”.

La jornada de lucha se despliega en diversas provincias y en puntos estratégicos de circulación, afectando parcialmente el tránsito en rutas nacionales y provinciales.

En Entre Ríos, la delegación gremial realizará un corte sobre la ruta principal de acceso a la provincia, en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales dignas.

En Villa María (Córdoba), las protestas se concentrarán en un punto clave de intersección entre la Ruta Nacional 9, la Ruta Provincial 5 y la Ruta 158 del Mercosur, afectando el tránsito regional y nacional.

Las delegaciones de Salta y Jujuy se movilizarán en conjunto a Salta Capital, con una concentración frente a la sede local de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), a partir de las 10:30 horas.

La paritaria pasó a cuarto intermedio hasta el martes 22, pero desde el gremio advirtieron que las medidas podrían profundizarse si no hay una respuesta concreta del sector empresarial.

El reclamo central de UATRE se basa en la necesidad urgente de actualizar los salarios del sector rural, uno de los más golpeados por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo en los últimos meses. El sindicato sostiene que las ofertas actuales “condenan a los trabajadores a la pobreza estructural” y que los empleadores se niegan a reconocer la crisis social del campo argentino.

La jornada nacional marca un punto de inflexión en la disputa paritaria, y desde el gremio ya anticipan que no firmarán ningún acuerdo que no contemple una mejora real y sostenida para los trabajadores.

“Esto no es solo una pelea salarial. Es una defensa de la dignidad del trabajo rural, que no puede seguir siendo la variable de ajuste del sector agropecuario”, concluyeron desde la conducción sindical.

Nunca estuvimos tan conectados… ni tan solos. La adicción a las pantallas se ha instalado en nuestras vidas casi sin darnos cuenta. Afecta a adolescentes, adultos y hasta niños. Y está poniendo en peligro algo esencial: nuestra salud mental. 

Saltamos de una app a otra, de una notificación a un video, del celular al televisor y otra vez al celular. Dormimos con el teléfono al lado, comemos mirando una pantalla, trabajamos sin pausa entre chats, mails y reuniones virtuales, viviendo en un mundo de fantasía y obteniendo información de lugares remotos que nada nos incumben. 

El problema no es la tecnología. El problema es que no saber parar. La adicción a la pantalla en los jóvenes está compitiendo con la adicción a las drogas y sobre todo en los menores de 15 años los padres asustados cuando los niños arman berrinches y les quitan el teléfono acuden cuando ya es tarde a pedir ayuda al psiquiatra. 

Este uso compulsivo y constante tiene efectos claros: ansiedad, insomnio, irritabilidad, aislamiento, baja autoestima. Y lo más alarmante es que estos síntomas están apareciendo a edades cada vez más tempranas. Los adolescentes viven comparándose en redes sociales y perdiendo contacto con su mundo interno. Y los adultos no estamos tan lejos: llenamos el silencio con estímulos, sin espacio para la introspección. 

Tampoco hay límite entre la vida personal y laboral. Vivimos en estado de alerta, siempre disponibles, siempre conectados, pero cada vez más desconectados de nosotros mismos.  La mente sobreestimulada no descansa. El cuerpo tampoco. La salud emocional se deteriora cuando no hay pausas reales, cuando no hay respiro. ¿La solución? No es apagar todo y mudarse al campo. Es recuperar el equilibrio. Reaprender a usar la tecnología a nuestro favor, sin que nos controle. 

Desde El Arte de Vivir, hace más de dos décadas enseñamos técnicas de respiración, meditación y manejo de la mente. Herramientas prácticas, accesibles, que permiten cortar con la inercia del ruido y reconectar con el momento presente. Porque cuando aprendés a calmar la mente, bajás el nivel de ansiedad. Cuando respirás conscientemente, recuperas claridad. Cuando meditás, volvés a vos. 

El poder de decidir sobre nuestros deseos e impulsos sólo es posible con una mente serena. Solo con una mente en calma podés decir: ‘No voy a sacar el teléfono del bolso’ o ‘Este fin de semana voy a responder mensajes solo por la mañana o por la noche, y no voy a entrar a las redes’. Pero cuando la mente está agitada, te arrastra. La adicción toma el control, y perdemos la libertad de elegir.

Los resultados demuestran que estas técnicas milenarias patrimonio cultural de la humanidad, reducen el estrés en un 56%, disminuyen la ansiedad en un 71%, y eliminan la depresión en un 67%. Además, elevan el sistema inmunológico, mejorando los niveles de presión sanguínea, aumentando las enzimas antioxidantes, mejorando el foco mental, y ayudando a lograr un sueño profundo hasta tres veces más reparador. Con nuestro equipo ofrecemos acompañamiento personalizado y grupal para niños y adultos que necesitan recuperar el control sobre sus hábitos y su bienestar emocional.

El Centro de Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas) denunció públicamente la matanza de decenas de vizcachas, especie protegida por la ley provincial N° 4841, en un campo ubicado en las cercanías de San Jaime de la Frontera, al norte de Entre Ríos. La denuncia fue acompañada por un video que se viralizó rápidamente, generando repudio e indignación en gran parte de la comunidad entrerriana.

En el video, de apenas 14 segundos, puede verse a un grupo de cazadores furtivos jactándose del aniquilamiento masivo de estos roedores autóctonos, mientras exhiben sus cuerpos sin vida apilados y faenados. “Son cazadores muy conocidos por aquí; hacen desastres, la policía los conoce y sabe lo que hacen, pero no interviene”, manifestó un vecino de la localidad, bajo condición de anonimato.

La vizcacha, un roedor de hábitos nocturnos que cumple una importante función ecológica en los pastizales naturales, está protegida por la ley provincial N° 4841, que prohíbe su caza en todo el territorio de Entre Ríos. Desde Ceydas recordaron que la normativa vigente busca preservar especies autóctonas cuya supervivencia se ve amenazada por el avance del hombre, el deterioro de los ecosistemas y la caza indiscriminada.

“La matanza de estas vizcachas constituye un delito ambiental. No sólo porque se viola una ley vigente, sino porque se atenta contra la biodiversidad que Entre Ríos tiene el deber de proteger”, señalaron desde la organización ambiental.

El episodio ocurrido en San Jaime de la Frontera vuelve a poner en el centro del debate la falta de control estatal sobre la caza furtiva en la provincia. Desde Ceydas y otras organizaciones ambientalistas coinciden en que "la ausencia de fiscalización y el desinterés político por proteger la fauna autóctona han convertido a Entre Ríos en un matadero de animales silvestres”.

Este hecho se suma al asesinato de un puma en enero pasado en la localidad de Larroque, donde también un grupo de personas difundió imágenes posando con el animal muerto, en lo que fue otra violación a la ley ambiental que terminó sin sanciones visibles para los responsables.

Desde Ceydas exigen una rápida intervención judicial y administrativa, así como la identificación y sanción a los responsables de esta cacería ilegal. También reclaman mayor presencia del Estado en zonas rurales y un plan efectivo de control y fiscalización por parte de la Dirección de Recursos Naturales y de la Policía de Entre Ríos.

Con fondos provenientes del Gobierno de Entre Ríos, se encuentra en etapa final la obra de pavimentación de la ruta que une las localidades de San Rafael y Santa Rosa, en el departamento Paraná. Esta semana concluyeron las tareas de demarcación horizontal en los más de seis kilómetros que componen el tramo, acercando así su habilitación definitiva.

La obra, que había estado paralizada durante un tiempo al igual que otras en la provincia, fue retomada por decisión del gobernador Rogelio Frigerio y representa una mejora sustancial para la conectividad en una zona de gran relevancia productiva.

Para supervisar los avances en la señalización del trayecto, el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, recorrió la traza junto al director subadministrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Alfredo Bel.

“El impacto de esta obra es enorme. Es una zona extremadamente productiva, avícola, porcina, y con muchas actividades intensivas. Este pavimento significa respaldo a los productores, a los trabajadores y también a los usuarios cotidianos como vecinos y estudiantes que asisten a las escuelas”, señaló el ministro Schneider durante la visita.

Por su parte, Alfredo Bel destacó la importancia de la decisión política que permitió reactivar y finalizar los trabajos: “Es una satisfacción ver que se esté concluyendo esta obra que estuvo detenida como muchas otras. Que hoy esté cerca de terminarse habla del esfuerzo del gobernador Frigerio para cumplir con los compromisos y sostener las obras con financiamiento del tesoro provincial”.

Desde el área de Inspección de Vialidad informaron que, en el último mes, se llevaron adelante trabajos fundamentales como perfilado de cunetas, ejecución de cauces y canales para el escurrimiento de agua, movimientos de suelo para mejorar la hidráulica del camino, colocación de cartelería para señalamiento vertical y demarcación horizontal con líneas de borde y eje de calzada.

Además, se pavimentaron las boquillas en cruces con caminos secundarios y se realizaron tareas de limpieza de alcantarillas.

Para la finalización total de la obra, resta la ejecución de bandas óptico-sonoras reductoras de velocidad —aplicadas por extrusión a lo ancho de la calzada—, flechas direccionales, tachas reflectivas para mejorar la visibilidad nocturna, limpieza final de cunetas, alcantarillas y de todo el tramo.

En declaraciones al programa “Hoy y Mañana” de LT 14, Gallegos brindó precisiones sobre la iniciativa oficial y fue categórico al justificar la necesidad del cambio: “El gobernador no vino a mirar los problemas, vino a resolverlos. Y la salud de 300 mil afiliados no podía esperar más”.

Según sostuvo el interventor, la propuesta de reemplazar el IOSPER por una nueva estructura institucional apunta a mejorar la calidad de las prestaciones a través de una conducción colegiada con mayor protagonismo del Estado, sin excluir a los gremios docentes y estatales, pero sí modificando el actual esquema de administración.

“La gestión anterior fue, al menos, muy mala. Pagábamos medicamentos y prótesis carísimas, incluso sin que se entregaran. No encontré un solo afiliado satisfecho con su obra social”, aseguró Gallegos, al detallar las condiciones críticas en que halló el organismo. Señaló además que la deuda acumulada y el déficit operativo fueron factores determinantes para impulsar una transformación estructural del sistema de salud que asiste a los empleados públicos provinciales.

En ese sentido, remarcó que el IOSPER presenta una estructura legal que considera anómala: “Es una rareza jurídica. Es una obra social provincial en los hechos, pero controlada por los gremios”, dijo, en alusión al actual directorio compuesto exclusivamente por representantes sindicales.

El nuevo proyecto contempla una integración mixta, con el Estado como actor clave junto a los dos gremios mayoritarios. En caso de empate en las decisiones, el presidente del directorio tendrá voto doble.

Ante la inquietud de los trabajadores por el posible impacto del cambio, Gallegos fue claro: “No se piensa en despidos ni en recorte salarial. Todos los empleados pasarán a formar parte del nuevo ente. Quien trabaja, es bienvenido”, subrayó. Además, destacó que el personal es necesario para avanzar en la recuperación del sistema.

Uno de los aspectos centrales del nuevo proyecto será la reducción del directorio y la fijación de topes salariales para bajar el costo administrativo. “Cada peso que no va a la estructura debe ir a mejorar la salud del afiliado”, expresó Gallegos, como uno de los principios que guiarán la transición hacia el OSER.

A pesar de que el proceso de saneamiento no está finalizado, el interventor destacó avances significativos en el diálogo con prestadores de servicios médicos. “Tenemos reuniones semanales con farmacias, clínicas y médicos. Renegociamos convenios y todos los actores del sistema están trabajando”, indicó.

La intervención al IOSPER continuará hasta el próximo 12 de junio, fecha en la que Gallegos presentará su informe de gestión ante el Poder Ejecutivo. Mientras tanto, el tratamiento legislativo del proyecto avanza, en medio de tensiones con los sindicatos que denuncian una pérdida de representación y temen un recorte de derechos.

El gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, presentó un proyecto de ley que propone la creación de una nueva obra social bajo el nombre de OSER (Obra Social Entrerriana de los Trabajadores). Esta iniciativa genera un fuerte rechazo entre diversos sectores gremiales, quienes critican no solo el cambio en la estructura del Directorio, sino también las implicaciones que tendría para la representación de los trabajadores y jubilados en la administración de la obra social.

Uno de los aspectos más controversiales del proyecto de ley es la reestructuración del Directorio de la nueva obra social. De acuerdo con la propuesta, el órgano directivo pasaría de estar compuesto por siete miembros a una estructura más reducida, conformada por un Presidente y un Vicepresidente designados por el Poder Ejecutivo provincial, además de dos Vocales que representarían a los trabajadores.

La presidenta del Centro de Jubilados de ATE, Juana Ávalos, fue una de las voces más críticas frente al proyecto. En diálogo con APFDigital, Ávalos manifestó su rechazo a la propuesta, señalando que la reforma propuesta "le quita sus verdaderos dueños a la obra social, que son los trabajadores". Cabe recordar que en la estructura previa, dentro de los siete directores, uno de ellos representaba a los jubilados. Sin embargo, en caso de que el proyecto sea aprobado, esta representación desaparecería, lo que genera una gran preocupación entre los afiliados de la tercera edad.

“Con este proyecto, el gobierno se está apoderando de la obra social de los trabajadores”, agregó Ávalos, quien también comparó esta medida con otros cambios implementados por el gobierno en la provincia de Buenos Aires, refiriéndose a una “intervención” en una mutual similar. La crítica más profunda radica en la concentración de poder dentro de una obra social que, hasta el momento, debía ser administrada con un mayor balance de intereses, considerando la inclusión de los jubilados en su dirección.

Ante esta situación, Juana Ávalos anticipó que, como respuesta al proyecto de ley, este miércoles a las 9 de la mañana se llevará a cabo una reunión en la sede de ATE, a la cual están convocados todos los gremios de la provincia. El objetivo de este encuentro es coordinar medidas para "intensificar las acciones en contra de la reforma", dada la preocupación sobre el despojo de poder de los trabajadores y jubilados en la gestión de su obra social.

“Realmente estamos muy desprotegidos, y necesitamos luchar para que no se haga la reforma”, expresó Ávalos, subrayando la grave situación de vulnerabilidad que afecta a los afiliados, especialmente a los jubilados, quienes ya enfrentan dificultades con la atención médica y los altos costos de los medicamentos.

La presidenta del Centro de Jubilados de ATE también criticó la actual intervención de la obra social, señalando que esta "tendría que funcionar mejor, pero no es el caso". De acuerdo con Ávalos, los jubilados se encuentran en una situación especialmente crítica, sin acceso a atención médica adecuada. "Los médicos no atienden por falta de códigos que coincidan con las prestaciones de la obra social", denunció, explicando que esto obedece a la falta de actualización en los procedimientos y códigos necesarios para las consultas.

Además, Ávalos alertó sobre los problemas en el acceso a medicamentos esenciales, donde se ha reducido el porcentaje de reconocimiento de los costos de medicamentos del 70% al 30%. Esto ha llevado a que algunos jubilados deban afrontar el pago de medicamentos de altísimo costo. “Hay medicamentos que valen hasta 90 mil pesos y que a un jubilado le cuesta pagar”, subrayó, resaltando la insostenibilidad de la situación para los afiliados más vulnerables.

La propuesta de creación de la nueva obra social OSER ha desatado un fuerte debate en la provincia. Desde los sectores gremiales, se argumenta que la reforma no solo compromete la autonomía de los trabajadores y jubilados en la gestión de su salud, sino que también profundiza la crisis de desatención que actualmente enfrentan los afiliados a la obra social.

Por el momento, la discusión sigue abierta y se espera que, tras la reunión convocada por ATE, los gremios definan nuevas acciones y estrategias para resistir la implementación de este proyecto. Las próximas semanas serán clave en la definición de cómo avanzará esta propuesta legislativa, que promete seguir generando controversia en el ámbito político y sindical de Entre Ríos.

A través de un comunicado publicado en su página web, Vialidad Nacional precisó que el 9 de abril a las 00:00 tomará posesión de las trazas actualmente concesionadas y que hasta que finalice el proceso de licitación en curso y se otorgue la nueva concesión, llevará adelante las tareas de mantenimiento. Además, aseguró que no se cobrará peaje y se desligó de toda responsabilidad sobre las vinculaciones laborales actuales y futuras de la concesión vial.

Frente a esta situación, la empresa concesionaria Caminos del Río Uruguay (CRUSA) avisó que no tiene los fondos para pagar las indemnizaciones de los casi 500 empleados. Esto ha derivado en medidas de fuerza por parte de los trabajadores, quienes han decidido levantar las barreras en todas las estaciones de peaje del corredor, lo que implica que durante estos días no se generarán ingresos para abonar los sueldos. Según indicó la empresa, el fondo de reserva que tenía se agotó durante la pandemia y no se logró recuperar.

Desde CRUSA mantienen la esperanza de que el Estado intervenga para encontrar una solución que permita la continuidad laboral de los trabajadores. Sin embargo, las señales desde Buenos Aires no son alentadoras. Vialidad Nacional anunció recientemente el despido de 1.600 empleados en distintas reparticiones del país, y el Gobierno nacional intervino la empresa estatal Concesiones Viales con el objetivo de reducir su estructura.

El vocero de Caminos del Río Uruguay, Mariano Bradanini, expresó en una entrevista con "Lo Que Queda del Día" de Oíd Mortales Radio que la incertidumbre es total: "A cuatro días de la finalización de la concesión no hay una comunicación oficial de cómo será la transición y tampoco hay definiciones sobre la continuidad del personal". También indicó que "todas las propuestas presentadas a Vialidad Nacional fueron rechazadas".

Bradanini destacó que la empresa se encuentra en una situación financiera crítica y que el fondo de garantía destinado a cubrir indemnizaciones se utilizó durante la pandemia para abonar sueldos y financiar obras. También cuestionó la falta de organización por parte del Estado para garantizar una transición ordenada: "No existe un antecedente donde los empleados queden cesantes y deban esperar meses hasta que una nueva concesionaria tome posesión".

La empresa aún no ha recibido notificaciones oficiales sobre la entrega de las cabinas de peaje, a pesar del anuncio de Vialidad Nacional. En este contexto, la incertidumbre es total para los trabajadores, quienes continúan con su protesta manteniendo las barreras levantadas sin interrumpir el tránsito.

La falta de definiciones también ha generado un conflicto judicial. Una jueza está evaluando la situación y se espera una resolución en los próximos días. En una reunión reciente entre el Ministerio de Transporte, Vialidad Nacional, la empresa y los sindicatos, se solicitó a la magistrada una definición sobre la situación de los trabajadores. Según Bradanini, "se mantiene la esperanza de que pueda haber alguna solución parcial a través de la vía judicial".

Mientras tanto, la incertidumbre crece entre los trabajadores y sus familias, quienes a días del vencimiento de la concesión desconocen cuál será su futuro laboral. "El Estado tiene que entender que esto es descabellado", concluyó Bradanini, insistiendo en la necesidad de una solución urgente para evitar que 500 empleados queden sin empleo de un momento a otro.

En agosto de 2022, el programa televisivo Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) y el medio Análisis publicaron informes sobre una serie de estafas inmobiliarias que se venían produciendo en Paraná y la región. Uno de los casos más resonantes involucró a un matrimonio de Crespo, Beatriz Ida Waigandt y Edmundo David Smith, quienes invirtieron los ahorros de toda su vida en la compra de un campo, con la intención de dejarlo como herencia para sus hijos. Sin embargo, lo que parecía una oportunidad segura resultó ser un engaño.

El matrimonio denunció y logró la imputación del vendedor Juan Bertagnole y del escribano y exdiputado provincial radical José Luis Zuffiaurre. Tras un acuerdo de reparación a las víctimas, ambos serán sobreseídos, una resolución que, aunque está lejos de lo que pretendían los damnificados, al menos les permitirá recuperar parte de lo perdido.

El fraude se basó en la venta de derechos posesorios falsos, una práctica en la que alguien justifica haber ocupado un terreno por años, lo mensura e inicia un juicio de usucapión. En este caso:

Se ofreció un campo de 420 hectáreas en el paraje El Solar, Departamento La Paz, cerca de la escuela Antequera.

Juan Bertagnole, de una inmobiliaria de San Benito, actuó como vendedor y contactó a Ceferino Garbeza, un hombre desocupado y analfabeto, para que figurara como "propietario" de un derecho posesorio fraudulento.

La operación se llevó a cabo en la escribanía de José Luis Zuffiaurre en Paraná. Según el matrimonio, el escribano los convenció de que los papeles estaban en regla y se quedó con el dinero entregado.

La denuncia fue radicada y el fiscal Martín Wasinger dirigió la investigación, con allanamientos e indagatorias a los involucrados. Un tercer implicado, de apellido Salinas, no fue localizado para un acuerdo.

El 6 de marzo estaba prevista una audiencia en los Tribunales de Paraná para solicitar el sobreseimiento de Bertagnole y Zuffiaurre. Debido a problemas técnicos en la videoconferencia de un abogado defensor, la sesión fue suspendida y reprogramada. Sin embargo, el desenlace fue previsible: el proceso penal se cerrará sin juicio, ya que en casos de estafa es común que la reparación económica sea el camino elegido para concluir la acción legal.

Si bien el matrimonio recibió un monto muy inferior a lo pretendido, optaron por esta vía para al menos recuperar algo de lo perdido. Es una salida habitual en estos casos, ya que las víctimas suelen priorizar la restitución de parte del dinero antes que una condena judicial, aunque ello no compense el daño sufrido.

El caso de Waigandt y Smith no fue el único. Tras la difusión del informe en Análisis, surgieron otras denuncias, como la de una docente de Paraná Campaña que compró un derecho posesorio fraudulento de un terreno en El Espinillo, sobre la Ruta 18. Al intentar ocuparlo, se encontró con que tenía un dueño legítimo que la desalojó. En esta ocasión, el vendedor fue Eduardo Hernán Zárate, pero el escribano fue nuevamente Zuffiaurre.

En respuesta a estos casos, la Dirección de Catastro de Entre Ríos implementó una normativa clave: ahora, la mensura de una propiedad solo puede ser ordenada por un juez en el marco de un juicio de usucapión. Se trata de una medida preventiva que busca evitar fraudes como estos, en los que compradores confiados terminan perdiendo su dinero y, en muchos casos, sus sueños.

El presidente de la Filial Larroque de la Federación Agraria Argentina (FAA) de Entre Ríos, Adolfo De Zan, expresó su preocupación por la difícil situación que atraviesan los pequeños y medianos productores en la provincia. En sus declaraciones, se refirió específicamente a la reciente medida de reducción parcial de retenciones, que estará vigente hasta el 30 de junio.

El dirigente agrario consideró que "toda quita de retenciones es bienvenida", pero advirtió que la reducción parcial no representa un verdadero alivio para el sector. "La baja al pequeño y mediano productor le favorece poco y nada, porque el chacarero está en rojo. Es así que nosotros vamos por la eliminación total, caso contrario, varios quedarán en el camino", sostuvo.

Desde la Filial Larroque de la FAA han mantenido intensas conversaciones sobre este tema y coinciden en que, sin una eliminación completa de las retenciones, muchos productores no podrán sostenerse en el sistema. "Si no se quitan las retenciones, será el final para muchos productores que lamentablemente quedarán fuera del sistema, como tantos otros en tiempos no muy lejanos", afirmó. Además, planteó la preocupante pregunta: "¿Qué va a pasar con esa gente?" y respondió con una dura reflexión: "Seguramente, con un poco de fortuna, ser peón de los grandes grupos concentrados y prestar servicios por unas migajas, con los fierros que le queden".

En este contexto, advirtió que "si no nos escucha el gobierno, el chico seguirá en vías de extinción". También explicó cómo la falta de medidas concretas para los pequeños productores afecta directamente su actividad: "En mi caso, hago un poco de ganadería y presto servicios, ya que sembrar no puedo, dado que los números no cierran de ninguna manera. Además, no tenemos volumen como para negociar precios, como sí ocurre con los grandes inversores que arrasan con todo campo, alquilándolos a precios que nosotros ni en sueños podemos pagar".

Las declaraciones del presidente de la Filial Larroque reflejan la preocupación creciente en el sector agrario, que sigue reclamando políticas más equitativas que permitan la subsistencia de los productores más pequeños, en un escenario cada vez más adverso.

** No es que me haya levantado hoy con ganas de discutir con mis coetáneos y mucho menos pelearme con ellos, pero no daré muchos rodeos para decir que los y las Baby Boomers (nacidos entre 1946 y 1964) nos creemos la mejor generación que pobló la Tierra y rehuimos del mea culpa. 

Recirculamos por las redes sociales un video interpretado por diferentes personas que se hacen cargo de su texto, que dice cosas como… “somos la última generación que respetaba a sus padres y maestros”, enumerando valores y recuerdos de una infancia en la que todos creíamos que éramos felices.

** Hay varias versiones. Una grabada por un tal Wladimiro Coronel (ver Youtube), hombre muy elegante, de mediana edad y excelente vocalización, que propone un brindis por la generación de los que hoy tienen más de 50 años y “nos estamos yendo”, dice, preguntándose “¿Quién nos va a sustituir? Nosotros somos una generación única”. Enumera varias cuestiones relacionadas con la vida en las décadas del 50 – 60 – 70, cuando todo era más simple a los adolescentes y jóvenes se les inculcaban principios y valores. Es una visión bastante idílica, pero si se trata de ganar likes  entre los mayores de 50, está bien.

El impuesto a los Ingresos Brutos se ha convertido en el centro de una disputa entre el gobierno nacional y las provincias, con críticas cruzadas, reclamos sectoriales y tensiones que escalan rápidamente. La polémica se intensificó esta semana luego de que el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, respondiera con dureza a las críticas de Mercado Libre respecto a la ley tributaria 2025, que modificó las alícuotas del impuesto para ciertas operaciones financieras y digitales. Mientras tanto, el Grupo de los Seis, que reúne a las principales entidades empresariales del país, presiona por una reducción de los tributos locales, en línea con la agenda de competitividad impulsada por el gobierno de Javier Milei.

El lunes, Mercado Libre, la empresa fundada por Marcos Galperín, emitió un comunicado en el que cuestionó la ley tributaria 2025 de Santa Fe, que aumentó la alícuota del impuesto a los Ingresos Brutos para las fintech del 5% al 9%. La compañía argumentó que esta medida "golpea los bolsillos de las familias y pone en riesgo miles de negocios que son el motor de la economía local". Además, señaló que la suba afecta principalmente a las billeteras virtuales y a los servicios financieros digitales.

Al día siguiente, el ministro Pablo Olivares respondió en redes sociales con un mensaje contundente. Aseguró que no hubo un aumento generalizado de Ingresos Brutos para las ventas de bienes o servicios a través de plataformas digitales, sino que la medida apuntó a igualar el tratamiento tributario entre las fintech y los bancos. Olivares explicó que el incremento se aplica solo a los intereses que cobran las billeteras virtuales por financiamiento y a los réditos obtenidos por el diferimiento entre el débito al comprador y el crédito al comercio, lo que denominó "bicicleta financiera".

El ministro también reveló que, en diciembre, se detectaron casi 40.000 operaciones en negro en la plataforma de Mercado Libre, lo que, según él, perjudica al comercio formal santafesino. "Estamos cuidando el trabajo y la producción santafesina cuando se la afecta desde la actividad en negro", afirmó.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, respaldó a su ministro y salió al cruce de las críticas de Mercado Libre. En un acto público, Pullaro aseguró que no hubo una suba general de impuestos, sino que se buscó combatir la evasión y la competencia desleal. "No queremos que sigan ganando de manera desleal los que venden en negro y hacen bicicleta financiera", afirmó, en una clara alusión a Marcos Galperín.

Pullaro también defendió la política tributaria de su gobierno, destacando que lo recaudado se destina a obras públicas. "Santa Fe es la única provincia que está llevando adelante obra pública", afirmó, y recordó que el año pasado se invirtieron 500 millones de dólares, con planes de aumentar esa cifra a 1.500 millones en 2025.

La empresa no se quedó callada. En un comunicado, Mercado Libre negó las acusaciones de operar en negro y calificó las declaraciones de Olivares y Pullaro como "difamaciones". La compañía aseguró que cumple con todas las obligaciones tributarias y rechazó cualquier asociación entre las fintech y actividades ilícitas como el lavado de activos. "Es falso y dañino asociar a las fintech con el crimen", afirmó.

Además, Mercado Libre reiteró su reclamo por un régimen tributario más equitativo y pidió que otras provincias revisen sus políticas impositivas para no afectar la competitividad del sector digital.

En paralelo, el Grupo de los Seis (G6), que integran la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural Argentina, la Cámara Argentina de la Construcción y la Asociación de Bancos Argentinos, emitió un comunicado en el que instó a las provincias y municipios a reducir la carga tributaria local.

El G6 destacó que "resulta imposible avanzar con un desarrollo sostenible y federal, con creación de empleo de calidad y recuperación del consumo, si las provincias y municipios no acompañan el horizonte de reducción de la carga impositiva planteado por el gobierno nacional". Además, señaló que el peso de los tributos locales es especialmente alto en el comercio y los servicios, lo que afecta la competitividad de las empresas.

La disputa por los Ingresos Brutos también refleja la tensión entre el gobierno nacional y las provincias. El ministro de Economía, Luis Caputo, relanzó la ofensiva contra este impuesto luego de que los gobernadores de la Región Centro reclamaran la reducción de las retenciones a las exportaciones de granos. Caputo respondió con una rebaja temporal de los derechos de exportación, pero pidió a los empresarios que dirijan sus reclamos a los mandatarios provinciales, apuntando directamente a los Ingresos Brutos.

Mientras tanto, las provincias defienden su autonomía fiscal y argumentan que la presión tributaria nacional es mucho mayor que la local. En este contexto, el debate sobre los Ingresos Brutos parece lejos de resolverse, con actores clave como Mercado Libre, el G6 y los gobiernos provinciales y nacional en posiciones enfrentadas.

En un encuentro realizado en Larroque, Entre Ríos, organizado por la Filial local de la Federación Agraria Argentina (FAA), presidida por Adolfo De Zan, se debatieron las recientes medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, en torno a la baja de retenciones para los principales cultivos. Durante el evento, que contó con la participación del senador Alfredo De Angeli y el diputado Atilio Benedetti, titulares de las Comisiones de Agricultura de ambas Cámaras, el director de FAA Entre Ríos, Elvio Guía, ofreció un análisis crítico de la situación.

“La situación es extremadamente compleja y, aunque esta medida es una buena señal, no alcanza para resolver el quebranto que afecta a los pequeños y medianos productores”, indicó Guía. Según sus declaraciones, la reducción del 6% en soja, aunque significativa, dista del 14% necesario para equilibrar los costos de producción, especialmente en el sur de Entre Ríos, donde las condiciones son más desfavorables.

Guía enfatizó que la continuidad de las retenciones sigue siendo un factor de desestabilización para los productores de menor escala. “Es fundamental eliminar definitivamente las retenciones y establecer una fecha de vencimiento clara para estas medidas, que solo profundizan las desigualdades en el sector agropecuario”, señaló.

El director de FAA destacó que las recientes reducciones anunciadas, vigentes hasta el 30 de marzo, si bien son un paso adelante, responden a una lógica recaudatoria que no considera la difícil realidad de los pequeños productores. “Nuestro sector no da para más. Los beneficios otorgados deberían enfocarse en otros sectores, porque el agro pequeño y mediano está al límite”, afirmó.

Guía también puso de relieve las desigualdades dentro del sistema productivo, señalando que los grandes actores económicos cuentan con ventajas que los pequeños productores no tienen. “Empresas que diversifican riesgos sembrando en varias provincias y acceden a beneficios de escala no enfrentan las mismas dificultades que los pequeños productores, quienes trabajamos con recursos limitados y maquinarias que ya llevan varias campañas”, explicó.

Además, subrayó que, a pesar de estas limitaciones, los pequeños productores son altamente eficientes, obteniendo buenos rindes gracias a su capacidad de adaptación y esfuerzo constante. Sin embargo, aclaró que esta eficiencia no es suficiente frente a las actuales condiciones de mercado y climáticas adversas.

El director de FAA recordó que los productores han mostrado una gran resiliencia frente a las adversidades, pero advirtió que la paciencia se está agotando. “Escuchar que podríamos esperar 20 años más para ver mejoras es inaceptable. El productor ya ha demostrado una enorme paciencia, pero las condiciones actuales exigen respuestas inmediatas y sostenibles”, manifestó.

Finalmente, Guía destacó el compromiso de los gobernadores de la Región Centro (Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio) en la defensa de los intereses de los productores. “Es un ejemplo que debería replicarse en todo el país. Las provincias están haciendo un esfuerzo enorme con recursos limitados, y es necesario que el Gobierno Nacional acompañe este compromiso con medidas más efectivas y a largo plazo”, concluyó.

"Somos provincias agropecuarias y vamos a defender a nuestro principal motor de desarrollo y generación de empleo en cualquier circunstancia. Lo hicimos al inicio de nuestras gestiones, cuando se intentó incrementar los derechos de exportación al sector, y lo seguiremos haciendo cada vez que el campo lo necesite", expresó Frigerio.

La reunión, realizada en la sede del gobierno en Rosario, tuvo como eje la crítica situación que atraviesa el sector agropecuario. Los mandatarios acordaron solicitar al gobierno nacional la inmediata reducción de las retenciones al campo. "Los tres gobernadores de las principales provincias agropecuarias del país estamos en alerta", enfatizó el mandatario entrerriano.

En este marco, los gobernadores destacaron que las provincias han reducido la presión fiscal sobre la producción, con impuestos que no superan el 5 por ciento, mientras que la carga tributaria nacional sobre el sector asciende al 67 por ciento.

Asimismo, anunciaron que cada jurisdicción destinará la totalidad de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural al mejoramiento de la infraestructura para producción agropecuaria. También se conformará una mesa de trabajo integrada por productores y trabajadores rurales para monitorear y evaluar la situación productiva de la región.

Durante la conferencia de prensa, Frigerio explicó que la crisis del sector está relacionada con "una presión impositiva excesiva, precios internacionales a la baja, costos en dólares en alza y una situación climática adversa".

En este sentido, aseguró: "No debería haber ninguna otra prioridad en la política de reducción impositiva del gobierno nacional que no sea aliviar al sector agropecuario".

El gobernador entrerriano estuvo acompañado por el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; el secretario de Presupuesto y Finanzas, Uriel Brupbacher; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc Ho; y el presidente del Ente Región Centro Entre Ríos, Jorge Chemes.

Victoria, Entre Ríos – Este sábado 18 de enero, aproximadamente a las 7:00 horas, un adolescente de 16 años fue víctima de un robo a mano armada en la intersección de las calles 25 de Mayo y Berutti. Según informó la Policía de la Jefatura Departamental de Victoria, un hombre le sustrajo un celular marca Xiaomi Redmi C10 tras intimidarlo con un cuchillo. El presunto agresor fue descrito como un individuo de contextura delgada, cutis oscuro y que llevaba puesta una gorra de color bordó.

Tras recibir la denuncia, los efectivos policiales realizaron recorridas en las inmediaciones y lograron localizar a un hombre que coincidía con las características brindadas por la víctima. El sospechoso fue interceptado en la intersección de las calles Lamadrid y Catamarca. Durante el procedimiento, se encontró en su poder tanto el celular sustraído como el cuchillo utilizado en el robo.

El fiscal de turno fue informado de inmediato y dispuso la detención del sospechoso, un joven de 18 años que cuenta con múltiples antecedentes judiciales. El detenido fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado tras ser sometido a un examen médico. Tanto el celular como el arma blanca fueron secuestrados como evidencia.

En el lugar del hecho y durante el procedimiento intervinieron personal de la División Criminalística, Comando Radioeléctrico y la División Investigaciones.

Si bien no es novedad, desde comienzos de la década existen informes precisos acerca del accionar de organizaciones criminales trasnacionales que utilizan la vía troncal fluvial para llevar cocaína y otras drogas al mercado europeo, asiático e incluso de Oceanía.

El contexto actual vuelve a poner sobre la mesa la gravedad de la crisis de seguridad que implican la falta de controles para evitar que los productos ilícitos alcancen el Océano Atlántico.

Recientemente, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que declarará a los cárteles del narcotráfico como terroristas, lo que llevaría a combatirlos con el mayor poder de fuego e inteligencia disponible en América del Norte.  

Para el experto en seguridad pública, Jorge Luis Vidal, “ Trump lo hace para presionar a México, porque dentro de la ley norteamericana, cuando se declara terrorista a un grupo que tiene incidencia en el delito, con acciones violentas que provocal la muerte de ciudadanos dentro de Estados Unidos, se puede ir tras ellos. Por eso Andrés Manuel López Obrador, el ex presidente mexicano, le dijo a Donald Trump, cuando éste estaba en campaña, que ni se le ocurra llevar adelante esa acción porque se trataría de una violación de la soberanía de México. Es decir, enviar grupos, comandos, a luchar en territorio mexicano para desarticular a aquellas bandas, a aquellos cárteles ya considerados terroristas por Estados Unidos, según Trump, en territorio mexicano. Pero, en principio, es una manera de presionar al Estado mexicano”.

Ahora bien, en Argentina, el aliado político más importante en la región sudamericana de Donald Trump es el presidente, Javier Milei, cuya administración realizará una compulsa internacional para el dragado y balizamiento de la hidrovía Paraná-Paraguay que constituye una autopista fluvial vital para la economía de los países que integran el Mercosur y por donde tienen salida los productos que la región le ofrece al mundo.

Pero no se trata sólo de conciliar la mejor oferta por el servicio logístico. También se trata de una cuestión de seguridad mundial.

La sintonía con la administración republicana que asumirá el control de la Casa Blanca llega al límite de permitir la instalación de militares norteamericanos en la Hidrovía Paraná-Paraguay. La Autoridad General de Puertos (AGP), en una de sus últimas funciones puesto que es un organismo que será eliminado, firmó un memorándum de entendimiento que habilita la llegada del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense en una de las cuencas de agua dulce más grandes del mundo.

Por otra parte, en las últimas horas un informe periodístico del Washington Post, muy detallado, da cuenta de las distintas brechas de seguridad en la Hidrovía que medios como NA vienen señalando desde hace tiempo.

La hidrovía Paraguay-Paraná, con una longitud de aproximadamente 3,400 kilómetros, atraviesa cinco países sudamericanos: Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay. Diseñada para ser un eje clave de la actividad económica, conecta 150 puertos y mueve millones de toneladas de carga al año, alimentando esperanzas de crecimiento económico.

Sin embargo, como señaló The Washington Post, este río de comercio se ha transformado en un río de peligro. Con el tiempo, los traficantes han tomado el control de esta promesa, utilizándola como una ruta clave para el contrabando de cocaína hacia Europa.  

La autopista fluvial fue inaugurada en 1992, para competir con las grandes rutas comerciales globales, enlazando las áreas agrícolas del continente con los mercados mundiales.

La importancia logística para el comercio lícito está fuera de toda duda pero la ONU puso la lupa a través de su oficina contra la Droga y el Delito (UNODC) y reveló un aumento de cinco veces en las incautaciones de cocaína relacionadas con la hidrovía entre 2010 y 2021, lo que destaca su creciente papel en el comercio mundial de drogas.

Con las denuncias en las embajadas y en los despachos gubernamentales se activaron más controles que terminaron por ser insuficientes frente a la imaginación y el poder de corrupción de las redes del crimen organizado.

En junio de 2022, la Aduana argentina tomó la decisión de comenzar a escanear todos los containers que hacen trasbordos en los puertos de Rosario, Buenos Aires o San Nicolás. Especialmente, los provenientes de Paraguay con destino a países de Europa o África. La cocaína que pasa de contrabando proviene de Bolivia y Perú.

Y, estos controles fueron una política de Estado porque se implementaron con Guillemo Mitchel durante el gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa en el ministerio de Economía y continuó durante la breve gestión de Rosana Lodovico en el gobierno de Javier Milei.

El circuito de tráfico ilegal se originó, principalmente, en los puertos de Paraguay, continuaba en barcazas a lo largo de la Hidrovía y luego pasaba a barcos de gran porte en Argentina antes de salir al océano Atlántico.

La Unión Europea da cuenta de una gran cantidad de incautaciones de drogas realizadas en sus países miembros que colocaron, en blanco sobre negro, un original modus operandi que se repetía en el tiempo.

En febrero de 2021, autoridades de la aduana del puerto de Hamburgo, Alemania, decomisaron 16 toneladas de cocaína, que habían llegado ocultos en latas de pintura acrílica, en contenedores procedentes de Paraguay. Fue la mayor cantidad de cocaína confiscada en Europa hasta ese momento. El trasbordo en el puerto de Buenos Aires había sido clave en esa operación, que se presume estuvo a cargo del Primeiro Comando da Capital de Brasil.  

Según el sitio especializado insightcrime.org el, “El Primer Comando Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC), es la red criminal más grande y organizada de Brasil. Se originó en São Paulo en la década de los 90 y se ha abierto un sangriento camino hacia el poder criminal en todo el país. Se presume que el grupo tiene miembros en todos los estados de Brasil y ha expandido sus operaciones a otros países latinoamericanos, además de Europa y Asia”.

En 2022 se descubrieron 4 toneladas de cocaína pura fueron incautadas en el puerto de Rotterdam, en los Países Bajos, escondidas en bolsas que transportaban granos de soja. Pocos meses más tarde, en mayo de 2022, en el puerto de Newcastle, en Australia, se decomisaron 50 kilos de cocaína transportados por un barco cerealero que había zarpado del puerto santafesino de Timbúes.

Ejemplos varios de casos de tráfico de drogas ilícitas que fueron descubiertos. Queda librada a la imaginación del lector la cantidad de casos que nunca fueron revelados y que inundaron de cocaína y otros productos al exigente mercado europeo y asiático.

De cualquier manera, la eficacia de los controles más estrictos en los puertos argentinos dificultó las operaciones ilegales y obligó a los narcotraficantes a adaptarse para continuar con las operaciones. Un tema que conocen desde el origen de sus actividades. Debe ser uno de los sectores más dinámicos de la economía en ese sentido.  En ese contexto, Montevideo y su puerto, se convirtieron en el principal punto de salida, principalmente por la falta de escaners y de radarización en gran parte del país.

Ejemplos del nuevo circuito de exportación hay varios. En junio de 2022 en Bélgica fueron secuestradas 5 toneladas de cocaína oculta en contenedores de arroz en un barco que partió de Montevideo. En septiembre encontraron 1822 kilos en un contenedor de azúcar que también iba rumbo a Bélgica y en noviembre 653 kilos en un contenedor de carne.

El puerto de Montevideo, situado al extremo de la Hidrovía Paraná-Paraguay, se convirtió en un punto de tránsito de cocaína clave. Los grupos criminales ya no solo están enviando cocaína a través de contenedores. También están almacenando drogas en territorio uruguayo, aumentando las preocupaciones.

Lo cierto es que la crisis de seguridad mundial que implica el comercio de drogas ilícitas fue advertida en el año 2021 por las Naciones Unidas cuyos funcionarios redactaron varios dossiers explicando que los narcos en Bolivia estaban creando varios corredores a lo largo de ríos y canales en el país andino, lo que amenaza con complicar los esfuerzos del país por detener el flujo de cocaína a mercados internacionales.

Las Naciones Unidas afirmaron ese mismo año que los narcotraficantes estaban comenzando a utilizar la hidrovía Paraguay-Paraná en la frontera este del país, que lo conecta con sistemas fluviales de toda la región y facilita el acceso a los compradores de África y Europa.

Nadie puede decir que no sabía. Hoy, la Hidrovía no es sólo sinónimo de una licitación millonaria por su dragado también es foco de una cuestión de seguridad mundial. 

Veníamos bien y entusiasmados con las nuevas tecnologías, que sin dudas nos mejoraron mucho la vida, revolucionaron el trabajo, la ciencia, la comunicación, la educación… y al mismo tiempo se constituyen en una prueba más de que el ser humano tiene la misma capacidad para crear maravillas y perfeccionarlas, como para corromperlas perfeccionando cada día el mal que también mora en él. 

Disfrutábamos del email hasta que, desde algún rincón oscuro, se comenzó a vender paquetes con nuestras direcciones, que debían ser privadas, y desde entonces recibimos más basura que mensajes de nuestros contactos. Además, desde algún rincón oscuro, las compañías comenzaron a vender paquetes con nuestras direcciones, que debían ser privadas, y desde entonces recibimos más basura que mensajes de nuestros contactos. 

¡Qué invento genial Facebook!, pero, desde que la verdad fue licuada se degradó de tal suerte que es difícil diferenciar lo real o falso, la realidad de la ficción, la sensatez de la estupidez.

Fue inventado el phishing para pescar contraseñas; llamados de WhatsApp que suplantan la identidad (vishing); mensajes de texto con links apócrifos (smishing) con hackers que se quedan con nuestra cuenta y la de todos nuestros contactos, o el recibo de propuestas de trabajo falsas o esquemas fraudulentos de inversión.

La otra gran maravilla después del teléfono inalámbrico y el SMS fue Whatsapp, que hoy atendemos con desconfianza por temor a las estafas virtuales, que se reinventan día a día y cuando aprendemos a cuidarnos de una ya se inventaron dos más.

Desde mensajes falsos que ofrecen trabajo y correos fraudulentos de Netflix que buscan capturar nuestros datos bancarios, hasta llamados que simulan ser del “gerente de Mercado Pago”. Los bancos han tenido que advertir sobre mensajes que fingen ser oficiales del banco pero son creaciones de ciberdelincuentes para robar claves, datos, o pedir alguna transferencia a un CBU desconocido.

Mercado Pago ha difundido un alerta porque se “propagan engaños como supuestos regalos de aniversario de marcas conocidas, pidiendo reenviar el mensaje a varios contactos, lo que facilita la difusión del fraude y aumenta las posibilidades de engañar a los usuarios”.

Hay muchas formas de estafas on line, y cuando apenas se está alertando a la población sobre la más conocida, ya fue reemplazada por una nueva. Hemos leído que el 31% de los argentinos admite haber sido víctima de un hackeo. Se cree sin embargo que los números son mayores porque solo un pequeño porcentaje de los damnificados hace la denuncia.

Últimamente ha redituado muy bien para los delincuentes el recurso del código QR (“Quick Response” o respuesta rápida). Primero los estafadores adherían al parabrisas un simil multa por mal estacionamiento con un código QR para que el automovilista averiguara allí cuál es su infracción. Al ingresar al código QR de la boleta, caía en una trampa, que permite a los estafadores acceder a información confidencial almacenada en los teléfonos celulares, incluyendo cuentas bancarias y otros datos sensibles, o bien instalar un malware (código maligno).

Aproximándonos al fin del presente año, mientras todos estábamos siendo avisados de esa trampa, los delincuentes trasladaron su invento a las cartas de restaurantes y cafés. Allí ocupan una mesa donde la carta o menú se lee mediante QR (algo cada vez más común), luego pegan sobre ese código QR uno propio, que es una trampa. Luego llegarán otras personas a ocupar esa mesa “intervenida”, abriendo confiadamente el QR (superpuesto) para examinar la carta, siendo sorprendidos con un vaciamiento de datos porque acaban de ingresar a un sitio de estafas. A esto se le llama qrising y consiste en una suplantación de identidad por QR. 

De hecho, cuando dábamos por terminada esta columna recibimos el alerta de otro phfishing; un ofrecimiento de Gas Nea (trucho) alegando un “Nuevo descuento para jubilados y ‘pencionados’ (sic) del 50%”, que es una trampa ajena a la empresa. Bastaría saber que sus redactores no cometerían semejante error ortográfico, que sin embargo pasará desapercibido para muchos.

Disfrutábamos del advenimiento de la Inteligencia Artificial, hasta que supimos que alguien que nos llama desde un número desconocido puede estar grabando nuestra voz para armar con una frase o discurso que nos incrimina, incluso pueden manipular nuestra fotografía dándole movilidad o poniéndola en situaciones reprobables.

Los hackers que ingresan a los sistemas de empresas para pedir rescate; los creadores de virus y gusanos en las redes; los ciber delincuentes en general, y los perejiles que los imitan, descubrieron que no hay fronteras para estafar con su lenguaje universal. 

Los malos tienen el mundo a su merced y nos preguntamos cuántos ‘sing’ más nos acecharán diariamente, hasta convertirnos en seres desconfiados de todo, como perros apaleados.

Hoy queremos invitarlos a reflexionar sobre un asunto filosófico que tiene mala prensa por no ser comprendido cabalmente, a saber, el pesimismo como actitud ante la vida de quienes ven en el sufrimiento, la desilusión y la fatalidad elementos esenciales para entender nuestra existencia. En contraste con el optimismo iluso que impera en las visiones preponderantemente vacías del coaching y la autoayuda postmoderna, que pretenden fijarlo anclado a la idea de progreso, consumo y éxito, el pesimismo emerge como una forma crítica de resistencia. Nuestra intención aquí y ahora es convencerlo, querido lector, de que el pesimismo no es necesariamente una actitud derrotista, sino que puede transformarse en una herramienta necesaria para enfrentar la cruda realidad sin caer en el autoengaño propio de las doctrinas justificadoras del fracaso.

El pesimismo es, por definición, la propensión a ver o juzgar las cosas en su aspecto más desfavorable y, como corriente filosófica, nos acompaña desde los antiguos filósofos griegos hasta nuestros días. Puntualmente, hoy partiremos este viaje con un exponente en el siglo 300 a.C llamado Hegesias de Cirene, un filósofo griego que perteneció a la escuela cirenaica, apodado “Pesisthanatos”, o como decimos en el barrio “el predicador de la muerte”. Hegesias sostenía que la búsqueda del placer, ideal central del hedonismo, era inalcanzable debido a la naturaleza intrínsecamente dolorosa de la vida, llegando a una conclusión bastante radical: la muerte es preferible a la vida, ya que nos libra de todo sufrimiento. En su obra, ahora perdida, titulada “Sobre la muerte”, nuestro pesimista antiguo argumentaba que el objetivo último de la vida no debería ser la búsqueda del placer, sino la indiferencia ante el sufrimiento como actitud para despojarnos de cualquier optimismo ingenuo, reconociendo que los placeres son breves, mientras que los pesares suelen ser prolongados y constantes. Pero no teman, amigos míos, que la idea no es deprimir a nadie sino más bien intentar despertar del sueño profundo del clonazepam simbólico del “¡Sé feliz, hazlo! ¡Tú puedes, si quieres!”.

Como no puede ser de otra manera, tenemos que mencionar al emperador del pesimismo moderno, a saber, Arthur Schopenhauer, uno de los grandes defensores de esta actitud puesto que consideraba que la vida está marcada por el sufrimiento debido a la insaciable voluntad que domina a los seres humanos. Concretamente, en su obra “El mundo como voluntad y representación”, nos deja bien claro que la voluntad es la fuerza ciega que impulsa la existencia, condenando al ser humano a un ciclo interminable de deseo y frustración.

La perspectiva de Schopenhauer nos invita a reconocer la existencia como algo esencialmente doloroso y decepcionante, pero no como una excusa para la desesperación total, sino más bien como una manera de abordar la vida con una actitud más realista. Esta postura pesimista rechaza la idea de un progreso continuo en pos de la felicidad total, nociones populares en muchas corrientes de nuestro tiempo que pregonan una concepción totalmente ingenua que ilustra a un ser humano que se encuentra siempre en control de su destino (mentira grande como una casa).

Bien sabemos que el optimismo vaciado de contenido, alimentado por la creencia en el avance de la técnica, el progreso económico y las recetas de autoayuda individual que exceptúan siempre el contexto del sujeto, han fomentado la idea de que absolutamente todo es perfectible y que la felicidad es una meta accesible para todos por igual. Está claro que este paradigma ignora los aspectos fundamentales de la vida humana, como la finitud, el sufrimiento y la contingencia. En este sentido, recordemos brevemente al filósofo contemporáneo Byung-Chul Han, quien ha criticado el culto hueco a la positividad en su obra “La sociedad del cansancio”, al señalarnos que vivimos en una época que rechaza el sufrimiento y la negatividad, imponiendo una obligación imposible de cumplir: ser exitosos y optimista en todo momento, cueste lo que cueste. En este contexto específico, el pesimismo de Schopenhauer es un llamado a resistir esta tendencia que nos invita a existir de manera superficial y con un permanente estado de autoengaño.

Otra perspectiva interesante, dentro del pesimismo filosófico, nos la provee Miguel de Unamuno, quien en su obra “Del sentimiento trágico de la vida” nos ofrece una perspectiva particular: la vida es una constante lucha entre la razón y el sentimiento, entre el anhelo de inmortalidad y la certeza de la muerte. Visto así, su pesimismo no se limita al sufrimiento material, sino que abarca el conflicto existencial que nos define como seres humanos bajo la premisa de que vivir es constantemente renacer, pero renacer para seguir muriendo.

Evidentemente, Unamuno se distancia de un pesimismo nihilista al afirmar que el valor reside en el enfrentamiento con esta realidad trágica: el reconocimiento de la finitud no nos debe llevar a la locura o a la negación de la vida, sino a una afirmación más auténtica de nuestra existencia. En otras palabras, en lugar de aceptar la idea moderna de que todo  problema tiene una solución, Unamuno nos enseña a vivir con las preguntas sin respuestas, con la angustia y  con la incertidumbre, puesto que quien cree saberselas todas, ni siquiera sabe que existe (ni mucho menos para qué).

Ya en el corazón del siglo XX nos encontramos con el filósofo noruego Peter Wessel Zapffe, quien en su ensayo “El último mesías” plantea que los seres humanos están condenados a una existencia absurda y trágica debido a su capacidad de conciencia. Para él, la conciencia es, lea bien, un “defecto evolutivo” que nos condena a una vida de sufrimiento porque somos capaces de reconocer nuestra propia finitud y la inutilidad de todos nuestros esfuerzos. Ácido como jugo de limón, Zapffe sostiene que los seres humanos emplean cuatro mecanismos de defensa para sobrellevar este dolor: aislamiento, anclaje, distracción y sublimación. Cada uno de estos mecanismos tiene como propósito evitar que la gente se enfrente con la dura verdad de una vida que probablemente no tiene sentido. En otras palabras aún menos amigables, el noruego considera que el ser humano es una paradoja biológica, condenado a ser “demasiado consciente” de su propio destino. Claramente, coincide con Schopenhauer al considerar que el sufrimiento es inherente a la vida, pero su crítica va un paso más allá: la vida no es simplemente dolorosa, sino también absurda. Esta postura extremista del pesimismo no se conforma con renunciar a la voluntad como posible solución al dolor, sino que pisa el acelerador a fondo y llega a sostener que la única forma de superar el absurdo de la existencia sería la extinción de la humanidad. Vaya patán.

Llegados a este punto, es necesario que nos preguntemos lo siguiente, ¿es necesario, aún hoy, el pesimismo filosófico? Pues bien, todos sabemos que vivimos en un mundo que valora la inmediatez, la gratificación instantánea y la positividad hueca como norma y justamente por eso el pesimismo hoy también juega un rol fundamental, puesto que nos ayuda a recordar que la vida es, en última instancia, una combinación de alegrías y penas, y que el sufrimiento es algo inherente a nuestra condición humana. Es cierto, estamos abrazados y bombardeados por un pensamiento banal, cotidiano y mediatizado que nos quiere convencer de la idea de posibilidad de eliminación absoluta de toda negatividad y es por ello que nos encontramos fuertemente desarmados frente a la inevitabilidad del dolor, la enfermedad y la muerte. La crítica pesimista nos ofrece una perspectiva más profunda y honesta sobre la vida, invitándonos a aceptar que no todo puede ser controlado ni mejorado todo el tiempo y en todo lugar.

En fin, el recorrido precedente por las ideas del pesimismo a lo largo de nuestra historia (y tuve que dejar a varios afuera) nos dan un panorama amplio que excede la simple intención de leerlo como una aceptación del sufrimiento. No, es más que eso, se trata de una invitación a la reflexión crítica sobre nuestras condiciones concretas de existencia. Aunque algunos de los precitados autores llevaron el pesimismo a sus últimas consecuencias, proponiendo soluciones radicales como la renuncia a la vida o el anti-natalismo, no estamos obligados a seguir esos pasos hacia un fatalismo resentido contra la vida, todo lo contrario. El pesimismo puede ser entendido no como un fin en sí mismo, sino como una instancia crítica necesaria frente a la ilusión de felicidad constante y progreso ilimitado que dominan la postmodernidad. La actitud que proponemos aquí, que podríamos llamar “pesimismo analógico” no rechaza la vida ni sucumbe al optimismo vacío: en lugar de buscar la negación de la existencia, nos permite adoptar una visión más realista y balanceada, en la que reconocemos el sufrimiento, pero sin dejar de valorar la posibilidad de darle sentido a la experiencia humana en este mundo.

La actitud pesimista, en su mejor versión, nos impulsa a una reflexión más profunda sobre nuestras expectativas y a cuestionar todo aquello que se nos impone como “recomendable” por ser “eficiente” en la cultura contemporánea, puesto que nos advierte sobre los peligros de la ingenuidad y nos llama a ser conscientes de los límites inherentes a la vida. Queda claro, entonces, que esta postura crítica no implica necesariamente el rechazo de la vida o de la esperanza, sino que más bien postula la posibilidad de una esperanza más humilde y sobria, que sepa convivir con la crudeza propia de una realidad que siempre se nos escapa aunque ideamos estrategias banales para dictarle nuestras reglas. Se trata, en definitiva, de una propuesta que invita a una reflexión crítica, atenta, pero no desesperada; una aceptación del dolor sin caer en la resignación, y una esperanza que no ignore la complejidad de la existencia, pero tampoco la abandone: este deseado equilibrio nos abre la puerta a una vida más consciente y auténtica, lejos tanto del fatalismo como de la ingenuidad, en pos de existir de manera más plena, es decir, con sentido a pesar de todo.

El esquema Ponzi, a corto o largo plazo, termina en una estafa piramidal ya que la misma consiste en que aportantes generen una inversión financiera y con ello haya una rentabilidad, pero no existe tal provecho ya que con el tiempo ese dinero no es devuelto.

En los últimos días se registraron diversas denuncias en el país a raíz de la creación de plataformas fraudulentas donde empresas prometen retornos de porcentajes elevados en dólares si se invierte en la aplicación. Uno de los casos con más trascendencia es lo que ocurre en San Pedro.

Frente al riesgo existente y las dudas por las denuncias, hay tres claves a nivel mundial de las que se debe prestar atención para detectar cuándo se trata de una estafa piramidal.

En el mundo estos puntos son fundamentales para poder saber con exactitud si lo que se va a invertir en una plataforma terminará de la peor manera.

El primero al que hay que prestan atención es cuando dicen que se van a obtener beneficios en poco tiempo. Según explican, no existe el “dinero fácil y rápido” ya que todo depende de diversos contextos.

El segundo puesto lo ocupa lo conocido como retornos en porcentajes altos, sobre todo en dólares. Los expertos expresan que es imposible que se pueda garantizar este tipo de acciones.

Por último, y no menos importante, destacan que el reclutamiento de nuevas personas significa que en algún momento la operación terminará en una estafa piramidal.   

El economista Hernán Letcher consignó en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas que el dinero de los nuevos aportantes permite sostener la rentabilidad de los primeros inversores, quienes son los únicos beneficiados.

Según destacó, “el sistema perdura hasta que deja de ingresar capital, y puede ocurrir como consecuencia de una crisis o a que los aportantes sean estafados, al tiempo que estas personas pretenden obtener grandes ganancias al respecto”.

De este modo y frente a las denuncias en distintos puntos de la Argentina, como en San Pedro; Casilda y Alta Gracia, muchos usuarios están preocupados al no obtener respuesta por parte de los creadores y promotores de dichas plataformas.