La negociación salarial entre el Gobierno de Entre Ríos y los gremios estatales volvió a fracasar. En una nueva audiencia paritaria, el Ejecutivo ofreció un incremento salarial del 7% en dos tramos, propuesta que fue rechazada tanto por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) como por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

Ante la falta de acuerdo, el Gobierno provincial resolvió avanzar por decreto con la liquidación del primer tramo del aumento, correspondiente al 3% para los haberes de julio, mientras que aseguró que la negociación permanecerá abierta para continuar el diálogo con las organizaciones sindicales.

La oferta presentada contemplaba un incremento del 3% para los salarios de julio y otro 4% para septiembre, tomando como base de cálculo el sueldo del mes inmediatamente anterior en cada caso.

El integrante de la comisión paritaria por el Gobierno, Ricardo Vales, explicó que la decisión de liquidar por decreto el aumento de julio busca que el incremento "impacte rápidamente en el bolsillo de los trabajadores".

Asimismo, sostuvo que la administración provincial "está haciendo el mayor esfuerzo posible dentro de una gestión responsable de los recursos", al tiempo que remarcó que el Ejecutivo mantiene la voluntad de continuar negociando.

"Vamos a seguir dialogando. Con responsabilidad, sin prometer lo que después no se puede cumplir", afirmó el funcionario al término de la reunión.

Desde ATE la respuesta fue contundente. El sindicato rechazó la propuesta en todos sus términos al considerar que resulta insuficiente para recomponer el deterioro salarial acumulado durante los últimos meses.

El secretario general del gremio, Oscar Muntes, sostuvo que el incremento ofrecido no responde al reclamo de recuperación del poder adquisitivo y aseguró que los trabajadores estatales atraviesan una situación económica cada vez más compleja.

"Los trabajadores del Estado no alcanzamos a llegar a fin de mes, tenemos que sacar créditos para poder ir al supermercado", expresó el dirigente, quien estimó que la pérdida salarial supera el 41% desde diciembre de 2023.

Según ATE, la oferta presentada apenas representa un punto porcentual más que la realizada en la reunión anterior y no contempla una recomposición real de los ingresos.

En ese contexto, el sindicato ratificó el paro total de actividades convocado para este miércoles, acompañado por una movilización hacia la Casa de Gobierno y la Legislatura provincial.

La protesta coincidirá con el tratamiento del proyecto de reforma previsional impulsado por el Ejecutivo, iniciativa que también es rechazada por el gremio.

Muntes adelantó que los manifestantes intentarán hacer llegar su postura a los legisladores y cuestionó tanto las políticas de ajuste del Gobierno provincial como las negociaciones políticas que rodean el debate parlamentario.

Pese al nuevo desacuerdo, desde el Gobierno insistieron en que la paritaria no quedó cerrada y que continuarán las reuniones con los representantes sindicales para intentar alcanzar un entendimiento en las próximas semanas.

Mientras tanto, el incremento del 3% correspondiente a julio será abonado por decreto, en un escenario donde la tensión entre el Ejecutivo y los trabajadores estatales vuelve a profundizarse, con reclamos salariales que se suman al rechazo de la reforma previsional impulsada por la administración provincial.

La paritaria docente en la provincia ingresó en una fase litigiosa que presagia una pulseada política a futuro. Este miércoles, en el marco de una nueva audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo bajo el amparo de la Ley Nº 9.624, el Gobierno provincial puso sobre la mesa una propuesta salarial reformulada que calificó de "definitiva y superadora". Sin embargo, la respuesta de la Asociación Gremial del Magisterio (AGMER), el gremio mayoritario que representa al sector, fue un rechazo inmediato en el mismo recinto, lo que derivó en la declaración formal de un escenario de conflicto y la inminente apertura de una instancia de conciliación obligatoria. También trascendió que ante la falta de acuerdo no se descarta que el gobierno dé por terminada la instancia paritaria y ejecute las mejoras por decreto como ocurrió en una instancia anterior.

Desde la óptica oficial, la nueva oferta representa el máximo límite de las posibilidades financieras de las arcas públicas. El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, defendió la propuesta señalando que se atendieron varios de los planteos gremiales formulados el lunes pasado. La oferta gubernamental consiste en un aumento del 3% para los haberes de julio y un 4% para septiembre, con la modificación clave de que la base de cálculo ya no es febrero, sino el mes inmediato anterior.

Asimismo, el esquema oficial eleva el salario mínimo docente para el cargo testigo a 850.000 pesos, de bolsillo, a partir de julio (un 14% de incremento respecto al mínimo previo) y contempla subas de entre el 20% y el 28% en los conceptos del Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y Conectividad. Cuenca lamentó la premura del rechazo sindical, "lo llamativo es que fue rechazada de manera inmediata, sin llevarla a Congreso ni debatirla". El funcionario insistió en que la pauta otorga previsibilidad al superar los índices inflacionarios proyectados y ratificó la voluntad de diálogo, aunque aclaró que los números presentados constituyen el techo de la negociación.

En la vereda opuesta, la representación de los sindicatos docentes justificó el rechazo rotundo al sostener que las modificaciones presentadas respecto al lunes son "ínfimas", en referencia a una reunión previa que pasó a cuarto intermedio para el miércoles, en la que el Ejecutivo ofreció un 6 % en dos tramos. Para el gremio mayoritario, la oferta dista notablemente de compensar el proceso inflacionario acumulado y el encarecimiento del costo de vida, factores que, denuncian, empujan a la docencia a situaciones de pobreza, pluriempleo y sobrecarga laboral.

Uno de los principales puntos de discordia radica en la naturaleza de los fondos. Mientras Cuenca recordó que la provincia debió hacerse cargo con recursos propios del Fopid y la Conectividad tras la quita del Fonid nacional —alcanzando hoy los 240.000 pesos en jornada completa—, desde AGMER fustigaron que el incremento en estos códigos "profundiza los montos en negro". La conducción sindical había exigido formalmente que estas sumas se blanquearan como remunerativas y bonificables, además de demandar un porcentaje de recomposición específico para el mes de agosto, requerimiento que no fue incluido en la propuesta oficial.

Con las posiciones rígidamente enfrentadas, el sindicato declaró el estado de conflicto y solicitó formalmente la fijación de una última audiencia bajo el paraguas de la conciliación administrativa. De acuerdo a los plazos legales, la Secretaría de Trabajo deberá convocar a las partes en un lapso no mayor a los próximos cinco días hábiles. El titular del CGE expresó su expectativa de que la disputa "no repercuta en las clases" ni afecte el derecho de los alumnos, mientras el arco gremial presiona por una contrapropuesta que modifique de raíz la estructura salarial ofrecida.

Este planteo del gremio se muestra incierto, porque el gobierno definitivamente señaló que la propuesta representa "un esfuerzo importante" de la Provincia y confirmó que el Ejecutivo la considera "la propuesta definitiva".

El Gobierno de Entre Ríos presentó este lunes una nueva propuesta salarial a los gremios estatales en el marco de la paritaria 2026. La oferta contempla un incremento del 6% en dos tramos, aunque tanto la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) solicitaron una mejora antes de avanzar hacia un acuerdo.

La reunión concluyó con el pase a un cuarto intermedio, cuya fecha será definida en los próximos días.

La propuesta del Poder Ejecutivo establece un aumento remunerativo del 3% con los haberes de julio y otro 3% con los salarios de septiembre. Además, plantea mantener la suma fija acordada durante la negociación paritaria de mayo.

Durante el encuentro, los representantes sindicales consideraron insuficiente la oferta y solicitaron al Gobierno revisar el porcentaje propuesto.

Ante ese planteo, las partes acordaron suspender momentáneamente la negociación para que el Ejecutivo evalúe la posibilidad de presentar una propuesta superadora.

Tras la reunión, el secretario de Gobiernos Locales y miembro paritario, Ricardo Vales, destacó la continuidad del diálogo entre el Ejecutivo y los sindicatos.

“Presentamos una primera propuesta y ambos gremios solicitaron un cuarto intermedio para que podamos analizar una mejora”, señaló.

El funcionario explicó que la oferta fue elaborada teniendo en cuenta la situación económica de la provincia y las posibilidades financieras del Estado.

“Consiste en un incremento remunerativo del seis por ciento, distribuido en dos tramos: un tres por ciento con los haberes de julio y otro tres por ciento con los haberes de septiembre”, precisó.

Además de la cuestión salarial, durante la reunión también se abordaron distintos planteos vinculados a las condiciones laborales en áreas de la administración pública provincial.

Vales confirmó que el pedido formulado por UPCN y ATE será analizado junto al Ministerio de Hacienda antes del próximo encuentro.

Desde el Gobierno señalaron que existe voluntad de ambas partes para continuar con las conversaciones y buscar un entendimiento.

La intención del Ejecutivo es volver a convocar a la mesa paritaria entre el miércoles y el inicio de la próxima semana, oportunidad en la que se dará una respuesta al planteo realizado por las organizaciones sindicales.

La negociación salarial se desarrolla en un contexto de desaceleración de la inflación, aunque los gremios sostienen la necesidad de que las actualizaciones permitan preservar el poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) resolvió profundizar su plan de lucha y convocó a un paro provincial de 24 horas para el próximo miércoles 1° de julio, jornada que estará acompañada por una movilización a la ciudad de Paraná.

La medida se enmarca en el conflicto que el gremio mantiene con el Gobierno provincial por la política salarial y por el proyecto de ley de reforma previsional que actualmente se encuentra en debate en la Legislatura.

A través de un comunicado, la conducción sindical convocó a docentes de los 17 departamentos entrerrianos a concentrarse en la capital provincial para reclamar una nueva convocatoria a paritarias y expresar su rechazo a las modificaciones propuestas para el sistema jubilatorio.

Desde Agmer sostuvieron que la protesta busca exigir "condiciones salariales dignas" y reiterar su rechazo al proyecto de reforma previsional, al que consideran perjudicial para los trabajadores activos y jubilados.

El paro anunciado se suma a otras medidas impulsadas por el sindicato durante las últimas semanas.

La semana pasada, Agmer también llevó adelante una jornada de huelga con actividades de protesta en distintos puntos de la provincia. En aquella oportunidad se realizaron concentraciones y volanteadas organizadas junto a centros de jubilados y organizaciones que integran la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones.

El gremio considera que el Ejecutivo debe reabrir la negociación salarial para actualizar los ingresos del sector docente frente al contexto inflacionario y, al mismo tiempo, reclama que el proyecto previsional no avance sin un mayor debate con los trabajadores y sus representantes.

La conducción sindical convocó a las seccionales departamentales a organizar la participación de los docentes en la movilización prevista para el miércoles en Paraná, con el objetivo de reforzar el reclamo frente a la Casa de Gobierno y la Legislatura provincial.

La protesta coincidirá con un momento clave del tratamiento legislativo del proyecto de reforma previsional, que continúa siendo analizado por las comisiones del Senado, donde especialistas, exfuncionarios y representantes de distintos sectores vienen exponiendo sus posiciones.

De este modo, el conflicto entre el Gobierno provincial y el principal gremio docente de Entre Ríos suma un nuevo capítulo, mientras los reclamos salariales y el debate sobre el futuro del sistema previsional siguen ocupando un lugar central en la agenda política y sindical de la provincia.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) resolvió convocar a un paro de actividades para el próximo 24 de junio, en reclamo de una nueva instancia de negociación salarial con el Gobierno provincial y en rechazo a la reforma previsional que actualmente genera preocupación entre distintos sectores de trabajadores.

La medida de fuerza coincidirá con la jornada de protesta impulsada por la Multisectorial provincial, que prevé movilizaciones en distintos puntos estratégicos de Entre Ríos para manifestar su rechazo a posibles modificaciones en el sistema jubilatorio.

Desde el principal sindicato docente de la provincia cuestionaron los resultados de la negociación salarial desarrollada durante mayo y calificaron aquel acuerdo como un “fracaso”.

Según expresaron, los incrementos otorgados resultaron insuficientes frente al avance de la inflación y no lograron revertir la pérdida del poder adquisitivo acumulada por los trabajadores de la educación.

El gremio recordó además que días atrás había solicitado formalmente una nueva convocatoria a la mesa paritaria, luego de conocerse los últimos índices inflacionarios, sin obtener hasta el momento una respuesta por parte del Ejecutivo provincial.

Agmer sostuvo que la situación salarial de los docentes requiere una discusión “urgente e impostergable” y advirtió sobre las dificultades económicas que atraviesan tanto trabajadores activos como jubilados.

Entre los argumentos expuestos, el sindicato señaló el creciente endeudamiento de los docentes, la necesidad de recurrir al pluriempleo para complementar ingresos y la sobrecarga laboral que enfrentan muchos trabajadores del sector.

Para la organización gremial, estos factores configuran un escenario que consideran cada vez más complejo y que demanda respuestas concretas por parte del Gobierno provincial.

Otro de los ejes centrales del reclamo es la preocupación por una eventual reforma previsional. Desde Agmer sostienen que cualquier modificación que implique una reducción de derechos o ingresos para trabajadores y jubilados agravaría aún más la situación económica del sector.

Por ese motivo, el paro del 24 de junio se desarrollará en conjunto con las acciones impulsadas por la Multisectorial, que viene manifestando su rechazo a posibles cambios en el sistema previsional entrerriano.

Además del reclamo salarial y previsional, el gremio incluyó entre sus demandas la actualización de las partidas destinadas a comedores escolares y una mayor inversión en infraestructura educativa.

Desde la conducción sindical señalaron que la mejora de las condiciones de enseñanza y aprendizaje requiere no solo una recomposición de los salarios docentes, sino también recursos suficientes para garantizar el funcionamiento de las escuelas y la atención de los estudiantes.

La medida de fuerza impactará en escuelas públicas de todo el territorio entrerriano y se enmarca en un contexto de creciente tensión entre distintos sectores sindicales y el Ejecutivo provincial por la discusión vinculada a una eventual reforma previsional.

A través de un comunicado difundido por el sindicato, Agmer explicó que la decisión de convocar al paro responde a la preocupación por la situación social, económica y laboral que atraviesan trabajadores y jubilados de la provincia.

“El Gobierno no entiende la gravedad de la situación social y económica por la que estamos atravesando las y los entrerrianos”, sostuvo el gremio, al cuestionar la postura de la gestión provincial encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio.

Desde la entidad sindical remarcaron que la protesta también apunta a defender el sistema previsional entrerriano y rechazar cualquier modificación que pueda afectar el funcionamiento de la Caja de Jubilaciones.

“Paramos en defensa de la Ley 8732 y de nuestras condiciones laborales”, expresaron desde Agmer, al advertir sobre un escenario de “empobrecimiento generalizado, deterioro de las condiciones de vida y profundo endeudamiento para cubrir necesidades básicas”.

El gremio afirmó además que el sector docente sufre de manera directa las consecuencias de las decisiones políticas adoptadas por el Ejecutivo provincial, situación que —según indicaron— impacta tanto en el ámbito educativo como en la calidad de vida de los trabajadores.

La jornada de paro afectará el normal dictado de clases en establecimientos educativos públicos de toda Entre Ríos, en una nueva manifestación del conflicto que mantiene el sector gremial con el Gobierno.

La convocatoria se suma a otros reclamos impulsados por sindicatos provinciales que vienen expresando preocupación por la situación económica, salarial y previsional.

Con esta medida, Agmer vuelve a poner en agenda el debate sobre el sistema jubilatorio entrerriano y las condiciones laborales docentes, en un contexto de fuerte discusión política y social en la provincia.

Desde el Instituto de Energía de la Universidad Austral señalaron que la actual estabilidad responde principalmente a una estrategia temporal de contención y advirtieron que persisten fuertes presiones que podrían derivar en nuevos ajustes en los próximos meses.

“El precio de los combustibles hoy no está congelado, sino contenido. Y cuando un precio está contenido, lo que existe es una presión acumulada que en algún momento termina trasladándose, ya sea de manera gradual o más acelerada”, explicó Roberto Carnicer.

Según detalló el especialista, YPF decidió extender por 45 días el esquema de “buffer”, una herramienta que busca amortiguar el impacto inmediato de las subas internacionales del crudo sobre los precios locales.

No obstante, el informe elaborado por el Instituto de Energía sostiene que detrás de esa moderación continúan presentes tres factores clave de presión: el valor internacional del barril Brent, la diferencia entre los precios domésticos y la paridad de importación de refinados, y los impuestos diferidos que aún no fueron aplicados en su totalidad.

“El buffer cumple una función importante desde el punto de vista macroeconómico porque evita trasladar de golpe aumentos que impactan directamente sobre la inflación, el transporte, la logística y toda la cadena productiva. Pero ese mecanismo no elimina el costo: simplemente lo difiere en el tiempo”, sostuvo Carnicer.

El análisis remarca además que uno de los sectores más sensibles a esta situación es el agro, debido al uso intensivo de gasoil.

De acuerdo al informe, el gasoil premium utilizado por el sector agropecuario presenta actualmente un atraso significativo frente a los valores internacionales, lo que evidencia el desfasaje existente entre los precios locales y las referencias externas.

A esto se suma el componente impositivo. El Decreto 302/2026 dispuso una actualización parcial de los impuestos sobre combustibles, aunque dejó pendiente para junio la aplicación completa de los incrementos restantes.

“Argentina atraviesa hoy un equilibrio transitorio. Si el petróleo internacional continúa en niveles elevados y finalmente se aplican los ajustes impositivos postergados, es esperable que aparezcan nuevos aumentos en los surtidores”, advirtió el director del Instituto de Energía.

Carnicer también hizo referencia al escenario estructural que enfrenta el país en materia energética, particularmente por el crecimiento de Vaca Muerta y el desarrollo del shale oil.

“Un petróleo más caro favorece a Vaca Muerta, mejora las exportaciones y fortalece las inversiones en shale oil. Pero al mismo tiempo encarece los combustibles internos y genera tensión sobre consumidores, empresas y transporte”, explicó.

Finalmente, sostuvo que el principal desafío para la política energética será encontrar un equilibrio entre la competitividad internacional y la previsibilidad de los precios internos.

“La Argentina necesita desarrollar su perfil exportador energético sin volver a esquemas de atraso permanente en los precios internos, porque eso termina afectando inversiones, refinación y abastecimiento”, concluyó.

La convocatoria reunió a una heterogénea multitud que comenzó a concentrarse desde las 17 en la Plaza 1º de Mayo. Allí confluyeron agrupaciones sindicales, organizaciones estudiantiles, colectivos sociales, partidos políticos y vecinos que se sumaron de manera independiente a la manifestación.

Con banderas, pancartas y cánticos en defensa de la educación pública, la columna avanzó por las calles céntricas de la capital entrerriana hasta llegar a la explanada de la Casa de Gobierno de Entre Ríos, donde alrededor de las 18:15 se realizó la lectura de un documento consensuado entre las organizaciones convocantes.

Según indicaron fuentes sindicales, el texto leído en Entre Ríos mantuvo los principales lineamientos del documento difundido en la Plaza de Mayo, aunque incorporó reclamos vinculados a la realidad provincial.

Entre ellos, se destacaron los pedidos relacionados con las paritarias docentes y estatales y el rechazo a la intención del Poder Ejecutivo provincial de avanzar con una reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, iniciativa que distintos sectores vienen cuestionando bajo la denominación de Reforma Previsional.

Desde la organización advirtieron que las universidades públicas entrerrianas continúan “en estado de alerta y movilización” luego de agotarse las instancias legales y administrativas para exigir la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, normativa que —según remarcaron— fue ratificada en cinco oportunidades por el Congreso Nacional y respaldada judicialmente, aunque el gobierno del presidente Javier Milei aún no la implementa.

En ese marco, denunciaron un “desmantelamiento” del sistema universitario y científico nacional y alertaron sobre las consecuencias del ajuste presupuestario tanto para trabajadores como para estudiantes.

Uno de los principales reclamos estuvo centrado en la situación salarial de docentes y no docentes universitarios. “El corazón del reclamo es la subsistencia de docentes y trabajadores que hoy están bajo la línea de pobreza. El gobierno les debe el 50% de nuestro salario”, expresaron desde la convocatoria.

Asimismo, remarcaron la necesidad de incrementar las becas estudiantiles y reclamaron mayores partidas presupuestarias para investigación, extensión y desarrollo científico.

En relación con el sistema científico-tecnológico, las organizaciones señalaron que el financiamiento nacional destinado al área cayó a “niveles históricos”, alcanzando apenas el 0,167% del Producto Bruto Interno.

La movilización contó con la participación de representantes de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Autónoma de Entre Ríos, junto a gremios y espacios como AGDU, Sitradu, Asamblea Interclaustros, Interfacultades, Interuniversitaria, la Multisectorial de Entre Ríos, AGMER, AJER, ATE, el Colegio de Trabajadores Sociales y la Multisectorial de Derechos Humanos.

La jornada concluyó frente a Casa de Gobierno con fuertes consignas en defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad, en un escenario atravesado por el debate sobre el financiamiento educativo y el futuro del sistema científico nacional.

La reunión se desarrolló en la Secretaría de Trabajo provincial y contó con la participación de autoridades gubernamentales y representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

Tras el encuentro, las organizaciones sindicales rechazaron la propuesta por considerarla insuficiente y solicitaron una oferta “superadora”. Las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta una fecha a confirmar, no más allá del próximo 12 de mayo.

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, destacó que el Ejecutivo cumplió con el compromiso asumido en la última negociación paritaria.

“El gobierno llegó a esta instancia cumpliendo con su palabra. En el último encuentro prometimos que nos íbamos a sentar a dialogar en el plazo de 90 días y han transcurrido 66”, señaló.

En relación con la oferta salarial, el funcionario remarcó que se trata de un esfuerzo financiero realizado en un contexto económico complejo. “Los niveles de recaudación en la provincia se mantienen en los mismos parámetros y, aun así, trajimos una oferta del 3,5 por ciento que supera el último dato de inflación y es totalmente remunerativa”, afirmó.

Cuenca también sostuvo que la propuesta fue elaborada bajo criterios de responsabilidad fiscal. “A esta reunión trajimos la oferta que responsablemente se puede pagar. No hay ninguna especulación; el objetivo es dar previsibilidad tanto a los trabajadores como a las cuentas públicas”, expresó.

Desde el sector sindical, el secretario general de Agmer, Abel Antivero, confirmó que los gremios resolvieron rechazar la propuesta y solicitar una mejora antes de la próxima audiencia.

“Ponemos en valor que es bonificable y remunerativa, pero aun así, en acuerdo con UDA, Sadop y AMET, definimos que no estaba en condiciones para aceptarse”, sostuvo.

El dirigente también reiteró el reclamo de los gremios respecto del Decreto 500, al considerar que establece aumentos “en negro”, y reclamó el cumplimiento del acuerdo paritario firmado en 2025.

“Todavía se adeuda la actualización correspondiente al mes de diciembre”, afirmó.

Desde Sadop manifestaron además preocupación por el deterioro económico que atraviesa el sector docente y advirtieron sobre el incremento del pluriempleo entre los trabajadores de la educación privada.

“Traemos la voz de los docentes privados y la preocupación por compañeros que la están pasando mal, con aumentos en combustible, alquileres y servicios”, expresaron representantes del gremio.

Durante la conferencia posterior a la reunión, Antivero citó datos del Centro de Investigación Sociales y Política de Entre Ríos (Cisper), según los cuales el salario docente pasó de representar el 70 por ciento de la canasta básica en julio de 2023 al 43 por ciento en marzo de 2026.

“Eso habla a las claras del deterioro del sueldo docente y hace que muchos trabajadores busquen otro empleo o incluso abandonen la docencia”, advirtió.

En ese sentido, el dirigente insistió en que el incremento del 3,5 por ciento “no alcanza para llevarlo a las bases” y aseguró que el reclamo gremial apunta a recuperar la diferencia inflacionaria acumulada desde diciembre, estimada en torno al 12 por ciento.

Mientras tanto, el conflicto salarial continúa abierto y los gremios esperan que el Gobierno provincial presente una nueva propuesta en los próximos días para destrabar la negociación.

El Gobierno de Entre Ríos formalizó este jueves una nueva propuesta salarial para los trabajadores de la administración pública provincial en el marco de la negociación paritaria con los gremios estatales. La oferta contempla un incremento del 3,5% sobre las sumas remunerativas a partir de los haberes de mayo, aunque fue rechazada de inmediato por los sindicatos, que la consideraron insuficiente frente al deterioro del poder adquisitivo.

El encuentro se desarrolló al mediodía entre representantes del Ejecutivo provincial y dirigentes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Tras la reunión, ambas organizaciones adelantaron su negativa a aceptar la propuesta oficial y reclamaron una mejora sustancial.

La oferta presentada por el Gobierno incluye una actualización salarial del 3,5% sobre las sumas remunerativas, porcentaje que, según indicaron desde el Ejecutivo, supera el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido oficialmente. Además, se mantiene la suma fija acordada durante la negociación paritaria de febrero.

En relación con las Asignaciones Familiares, la propuesta establece una adecuación de los tramos de liquidación en la misma proporción del incremento salarial.

El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, cuestionó con dureza la propuesta oficial y sostuvo que no responde a la situación económica que atraviesan los trabajadores estatales.

“Es una propuesta que está muy lejos de lo que necesitamos y pretendemos los trabajadores del Estado; un 3,5% frío, sin ser integral y sin tener consistencia”, afirmó el dirigente sindical al término del encuentro.

Muntes señaló además que existe una fuerte pérdida del poder adquisitivo desde el inicio de la actual gestión provincial. “Planteamos la pérdida del 40% del salario real desde que asumió este gobierno. El 3,5% está muy lejos de lo que necesitamos”, remarcó.

No obstante, el dirigente reconoció un aspecto positivo de la propuesta al destacar que el incremento sería remunerativo. “Eso significa que alcanzará a los jubilados y permitirá sostener recursos para la obra social”, explicó.

ATE también reiteró otros reclamos pendientes, entre ellos la reducción de la jornada laboral y la recuperación del Código 272, puntos sobre los cuales —según indicaron— no hubo avances en la negociación.

Desde UPCN, la secretaria adjunta Carina Domínguez evitó centrar el análisis exclusivamente en el porcentaje salarial y apuntó a las diferencias existentes dentro de la administración pública provincial.

“No vamos a contestar sobre un porcentaje. El análisis es mucho más profundo; es cómo vamos a seguir y qué otros componentes vamos a considerar”, expresó.

Domínguez reclamó además señales concretas por parte del Gobierno provincial hacia los trabajadores estatales. “Necesitamos claramente un gesto para saber qué está dispuesto a hacer el gobierno. ¿Por qué boleto gratuito sí en algunos lugares y para nosotros no? ¿Por qué hay tantas diferencias en la administración pública?”, cuestionó.

Por su parte, la representante gremial Cristina Melgarejo insistió en la necesidad de resolver demandas históricas de sectores específicos, especialmente enfermería y auxiliares de educación.

“Queremos que el gobierno diga claramente que somos importantes los trabajadores públicos. Tienen que mejorar la propuesta e incluirnos”, sostuvo.

Ante el rechazo sindical, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo martes 12 de mayo a las 14. Para esa jornada, ATE convocó a su cuerpo de delegados y al Consejo Directivo Provincial con el objetivo de evaluar los pasos a seguir.

Los gremios esperan que el Ejecutivo provincial presente una propuesta superadora que contemple no solo la evolución inflacionaria, sino también los reclamos sectoriales pendientes dentro de la administración pública entrerriana.

La medida forma parte de un plan de acción gremial en reclamo de mejoras salariales y en rechazo a cambios en el sistema previsional. Bajo consignas como “La educación no se ajusta”, “Urgente aumento salarial” y “No a la reforma jubilatoria”, los trabajadores buscan visibilizar la situación del sector docente en todo el territorio entrerriano.

La modalidad de la protesta será descentralizada, con puntos de encuentro definidos en cada ciudad, principalmente en accesos y lugares de alta circulación, con el objetivo de amplificar el alcance de la manifestación.

Desde el gremio indicaron que los docentes deberán consultar en sus respectivas seccionales para conocer el lugar exacto de concentración en cada localidad.

En el caso de Crespo, la convocatoria tendrá lugar en el pórtico de ingreso a la ciudad, un punto estratégico elegido como referencia para reunir a trabajadores de la educación y a quienes deseen acompañar la actividad.

Al respecto, Claudia Schira, secretaria de la filial Crespo-Seguí, señaló que la jornada tendrá como eje central el reclamo salarial y la defensa de los derechos laborales del sector.

“La educación no se ajusta” será la consigna principal de la protesta, en la que se exigirá un incremento urgente de los salarios y se reiterará el rechazo a la reforma jubilatoria impulsada por el Gobierno provincial.

Con esta acción, Agmer busca sostener la visibilidad del conflicto docente y presionar por respuestas concretas en un contexto de creciente tensión entre el sector educativo y las autoridades provinciales.

Un grupo de diputadas nacionales de Unión por la Patria presentó en el Congreso un proyecto de ley destinado a aliviar la situación financiera de millones de familias argentinas. La iniciativa, denominada “Ley de Segunda Oportunidad para Hogares Endeudados”, busca establecer mecanismos de reestructuración de deudas y facilitar la reinserción en el sistema crediticio formal.

El proyecto fue impulsado por Lucía Cámpora, Julieta Campo y Gabriela Estévez, junto a otros legisladores del bloque, y se suma a una propuesta similar presentada recientemente por el diputado Santiago Roberto bajo el nombre de “Desendeudamiento y Reestructuración de las Familias Argentinas”.

La iniciativa propone la creación de un sistema de reestructuración destinado a personas con deudas de consumo que superen el 30% de sus ingresos, o el 20% en casos de vulnerabilidad económica.

El alcance incluye tanto a entidades financieras tradicionales como bancos, como a plataformas no financieras —entre ellas billeteras virtuales— que, según se advierte, presentan tasas reales superiores al 5% mensual y mayores niveles de morosidad.

Además, el proyecto contempla la creación de un Programa Nacional de Alivio de Deuda Personal, que obligaría a estas entidades a renegociar las deudas de personas físicas en mora mediante un procedimiento administrativo.

Entre los principales puntos, la propuesta establece:

En caso de no alcanzarse un acuerdo, se prevé que el Estado intervenga determinando una reestructuración acorde a la capacidad de pago del hogar.

Asimismo, se propone la creación de un Observatorio de Endeudamiento de los Hogares, con el objetivo de relevar datos sobre niveles de deuda, morosidad y condiciones de financiamiento, y así mejorar el diseño de políticas públicas.

El proyecto se sustenta en datos que reflejan el fuerte endeudamiento de las familias: se estima que el 91% de los hogares argentinos tiene algún tipo de deuda. Según el INDEC, uno de cada cuatro hogares solicitó un préstamo durante el primer semestre de 2025, cifra que asciende a uno de cada tres en sectores de menores ingresos.

Las autoras advierten que gran parte de estos créditos se destina actualmente a cubrir gastos corrientes y consumo básico, en lugar de inversiones, lo que genera un círculo de refinanciación constante y pérdida de ingresos futuros.

En los fundamentos, también se señala que este fenómeno se vincula con la caída del poder adquisitivo, el descenso del consumo y el impacto de las políticas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei.

La iniciativa retoma experiencias previas como el sistema COPREC, implementado durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, así como programas internacionales de desendeudamiento como el brasileño “Desenrola Brasil” y distintos modelos europeos.

El proyecto cuenta además con el acompañamiento de legisladores como Paula Penacca, Julia Strada, Carlos Castagneto, Vanesa Siley, Mario Manrique y otros integrantes del bloque oficialista.

De avanzar en el Congreso, la propuesta buscará dar respuesta a una problemática creciente en la economía doméstica argentina, con el objetivo de aliviar la carga financiera de los hogares y evitar la profundización de situaciones de vulnerabilidad.

La medida fue anunciada luego de que los sindicatos Agmer, AMET, Sadop y UDA resolvieran rechazar la nueva propuesta salarial y convocar a un paro de 24 horas para este martes 3 de marzo.

“Si no lo hacemos por decreto, no le llega a los docentes en el bolsillo rápido, que es lo que nosotros pretendemos”, explicó el mandatario en declaraciones a El Once. “Sí, vamos a sacar un decreto para pagar este aumento por complementaria en los próximos días”, ratificó.

Frigerio se refirió además al comienzo del ciclo lectivo, en una jornada atravesada por el paro nacional dispuesto por Ctera. “Más de la mitad de las escuelas en Entre Ríos dieron clase y creo que eso es una noticia para destacar también”, afirmó.

En relación con la negociación salarial, sostuvo que el diálogo continuará abierto. “Vamos a seguir dialogando. Con responsabilidad, sin prometer lo que después no se puede cumplir”, expresó, y consideró “irresponsable” comprometer recursos sin respaldo financiero en el actual contexto económico.

El gobernador remarcó que durante su gestión se logró que los salarios docentes “le peleen a la inflación”, incluso en meses en los que la recaudación provincial creció por debajo del índice inflacionario. “Cuando uno contabiliza bien el sueldo inicial de nuestra gestión, los docentes le pudieron pelear a la inflación desde el arranque”, afirmó.

La oferta presentada en la paritaria incluía una suma que, según el Gobierno, compensaba la inflación acumulada durante el período estival.

Entre los puntos principales se contemplaba:

Con estas medidas, el Ejecutivo aseguró que un docente recién iniciado no percibiría menos de 750.000 pesos mensuales.

Asimismo, se propuso convocar en un plazo no mayor a 90 días a una nueva instancia paritaria para acordar una suma remunerativa vinculada directamente al crecimiento de los recursos provinciales, de modo que los salarios acompañen la evolución de la recaudación.

Frigerio reconoció que los salarios del sector público resultan insuficientes frente a las responsabilidades y niveles de formación requeridos. “Por supuesto que es insuficiente, como también podríamos decir en el caso de los policías, médicos y enfermeros”, señaló.

No obstante, remarcó que la situación debe analizarse en función del contexto económico heredado y de las restricciones fiscales actuales. “Es la realidad de lo que encontramos en este contexto tan difícil. Por lo menos le peleamos a la inflación”, indicó.

El mandatario destacó también que el Gobierno impulsa políticas integrales en educación, como inversiones en infraestructura escolar, programas de capacitación docente y el plan provincial de alfabetización. Según detalló, en el último año se registró una mejora del 10% en los niveles de lectura y escritura de alumnos de primero a tercer grado.

En cuanto al futuro de la negociación, propuso retomar el diálogo dentro de tres meses para evaluar la evolución de la inflación y la recaudación. “La idea es que en tres meses nos volvamos a juntar con los representantes docentes, veamos cómo viene la inflación y cómo viene la recaudación”, manifestó.

De este modo, en medio del conflicto gremial y la medida de fuerza anunciada, el Gobierno provincial confirmó que la mejora salarial impactará en los haberes docentes en los próximos días, mientras la paritaria docente en Entre Ríos continúa formalmente abierta.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) informó que este lunes por la tarde se llevó a cabo la segunda audiencia de la paritaria salarial docente en la sede de la Secretaría de Trabajo de la provincia. En ese marco, el Gobierno provincial presentó una nueva propuesta que fue rechazada en forma unánime por los cuatro sindicatos del sector, que anunciaron un paro de 24 horas para este martes 3 de marzo.

Del encuentro participaron en representación de Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) los miembros paritarios Abel Antivero, Lía Fimpel, Susana Cogno y Leandro Pozzi, acompañados por el vocal gremial Gustavo Blanc y Juan Carlos Cretazz. También estuvieron presentes representantes de Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Unión Docentes Argentinos (UDA), Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) y funcionarios del Gobierno provincial.

Durante la audiencia, el Ejecutivo presentó una oferta salarial que contempla:

Tras analizar los términos, los cuatro sindicatos docentes rechazaron la propuesta por considerarla insuficiente frente a la situación económica actual y la evolución del costo de vida.

Como medida de fuerza, resolvieron convocar a un paro de 24 horas para este martes 3 de marzo. Asimismo, anunciaron una conferencia de prensa para ese mismo día a las 9.30, en la sede de AMET, ubicada en Montevideo 163, donde brindarán detalles de la decisión y los pasos a seguir.

En paralelo, desde el Consejo General de Educación de Entre Ríos (CGE) se informó que el paro docente convocado este lunes en la provincia registró un nivel de acatamiento inferior al 50 por ciento, según datos oficiales.

El relevamiento de presentismo docente, realizado a partir del monitoreo en los distintos establecimientos educativos, indicó que el nivel más bajo de adhesión se registró en el departamento Diamante, con un 37 por ciento, mientras que en escuelas de Paraná no superó el 40 por ciento.

De acuerdo con el informe del CGE, más de la mitad de los docentes concurrió a sus lugares de trabajo, lo que permitió garantizar el normal dictado de clases en la mayoría de las instituciones educativas de la provincia.

La continuidad del conflicto salarial quedará ahora sujeta a la evolución de las negociaciones y al impacto que tenga la nueva medida de fuerza anunciada por los gremios docentes.

Tras el congreso realizado este lunes por la mañana, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), entidad de base de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), confirmó su adhesión al paro nacional docente y resolvió llevar adelante acciones locales y departamentales en el marco de la medida de fuerza.

La decisión se enmarca en la convocatoria a un paro de 24 horas dispuesto por Ctera para el lunes 2 de marzo, en reclamo de la convocatoria a la paritaria docente nacional, mayor financiamiento educativo y en rechazo al proyecto denominado Ley de Libertad Educativa que impulsa el Gobierno nacional.

Por la tarde, Agmer participó de la primera reunión paritaria del año junto a la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Unión Docentes Argentinos (UDA). Durante el encuentro, el Ejecutivo provincial presentó una propuesta salarial que no logró el aval de los gremios.

La oferta consistió en:

Tras analizar la propuesta, los sindicatos la rechazaron por considerarla insuficiente y se declararon en “estado de beligerancia”, figura contemplada en la Ley de Paritarias Docentes que obliga al Ejecutivo a volver a convocar a los representantes gremiales en un plazo no mayor a cinco días.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina resolvió el paro en un congreso extraordinario realizado el viernes pasado. La entidad, conducida por Sonia Alesso, definió un plan de acción que incluye no sólo el reclamo salarial sino también la discusión de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un aumento urgente del presupuesto destinado al área.

Durante el encuentro, se reiteró además el rechazo a “toda reforma laboral regresiva y al avance de proyectos que promuevan la mercantilización de la educación”, así como la exigencia de condiciones dignas de trabajo, mejoras en infraestructura escolar, recursos pedagógicos adecuados, conectividad y la defensa de los regímenes jubilatorios docentes.

En relación con el proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el presidente Javier Milei, la central sindical anunció que durante todo el mes de marzo impulsará acciones para “informar y esclarecer a la comunidad sobre el verdadero significado de este proyecto y las consecuencias que implicaría para la educación pública”.

Por su parte, los sindicatos docentes enrolados en la CGT, encabezados por la Unión Docentes Argentinos (UDA), advirtieron que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si el Gobierno no convoca a paritarias”, y remarcaron la “grave situación presupuestaria que atraviesa la educación pública”.

Una encuesta nacional reveló que, en paralelo al debate parlamentario por la reforma laboral impulsada por el Gobierno, la preocupación por los ingresos personales y familiares se consolida como uno de los principales problemas para la sociedad.

El estudio, realizado por la consultora Proyeccion entre el 1 y el 7 de febrero sobre 1.464 casos en todo el país, muestra que el 43,9% de las personas consultadas señaló a los bajos salarios como una de sus mayores inquietudes actuales.

El tema aparece apenas por detrás de la inseguridad (46,5%) y por encima de la inflación (34,8%), que en el último mes volvió a acelerarse. La cifra expone el peso creciente del deterioro del poder adquisitivo en la vida cotidiana y el malestar que atraviesa a amplios sectores sociales.

El relevamiento se conoció mientras el Congreso discute un paquete de reformas estructurales que incluye cambios laborales, tributarios y penales, promovidos por el oficialismo.

Según los datos de Proyección, el 45,4% de los encuestados se manifiesta de acuerdo con las reformas impulsadas por el Gobierno, mientras que el 33% expresa su desacuerdo. Un porcentaje significativo, en tanto, declara no tener una posición definida, lo que refleja un escenario de opinión pública aún en proceso de consolidación.

Los números configuran un cuadro social complejo: una parte relevante de la ciudadanía respalda transformaciones estructurales, pero al mismo tiempo persiste una preocupación concreta por los ingresos y la estabilidad laboral, variables directamente vinculadas al debate sobre el mercado de trabajo.

El informe también señala que el Índice de Perspectiva Económica (IPE) se ubica en una zona de estancamiento, aunque más cerca de la estabilidad que del pesimismo extremo.

En el plano doméstico, el sondeo advierte que muchos hogares debieron recurrir a endeudamiento o financiamiento para cubrir gastos corrientes, lo que evidencia tensiones financieras en la economía familiar.

Además, el 70,7% de los consultados afirmó que su situación se mantuvo igual de mal o empeoró en el último año. Dentro de ese grupo, un 44,8% señaló un deterioro directo de su realidad económica. En contraste, el 29,3% percibe mejoras o estabilidad positiva, lo que confirma un clima económico predominantemente desfavorable.

El crecimiento de la preocupación por los ingresos y el empleo instala un telón de fondo social determinante para el tratamiento de la reforma laboral. Mientras el oficialismo defiende los cambios como parte de una estrategia orientada a modernizar el mercado de trabajo y promover inversiones, sectores sindicales y bloques opositores advierten sobre el posible impacto en derechos laborales y niveles salariales.

Con la discusión política en marcha, los números de la encuesta sugieren que el impacto real en el bolsillo y en las condiciones de empleo será uno de los factores centrales para moldear el humor social en los próximos meses, en un escenario donde la economía cotidiana se impone como prioridad para amplios sectores de la población.

Una familia tipo integrada por dos adultos y dos niños necesitó $1.360.299 en enero de 2026 para no ser considerada pobre, de acuerdo con el último informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El mismo hogar requirió $623.990 para no caer en la indigencia, es decir, para cubrir el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

El reporte oficial detalló que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) —que marca el umbral de la indigencia— registró en enero una variación mensual de 5,8%, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) —que determina la línea de pobreza e incluye otros bienes y servicios además de alimentos— aumentó 3,9% respecto de diciembre.

En la comparación interanual, la CBA acumuló una suba de 37,6%, en tanto que la CBT avanzó 31,6% frente al mismo mes del año pasado.

El informe también precisó los ingresos mínimos requeridos según la composición familiar:

Por primera vez en varios años, el dato de la canasta básica se publicó días después del anuncio del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según el Indec, la inflación de enero fue de 2,9% mensual, con un incremento interanual de 32,4%.

La diferencia entre la evolución del IPC y las canastas básicas refleja que los alimentos —que tienen un peso determinante en la medición de la indigencia— mostraron en el primer mes del año un aumento superior al promedio general de precios.

Con estos valores, el inicio de 2026 volvió a poner en foco el impacto del costo de vida sobre los ingresos familiares y el desafío que representa sostener el poder adquisitivo frente a las variaciones mensuales.

Nuevos protagonistas y una mirada más nacional definen el presente de las franquicias en Argentina. Se trata de un modelo cada vez más tentador para los emprendedores, gracias a estructuras probadas, marcas reconocidas y un rápido retorno de la inversión, entre otras ventajas.

Uno de los sectores que lidera el auge en materia de franquicias es el real estate, que lleva años de experiencia y éxito a partir de los recorridos de múltiples marcas internacionales que apostaron por nuestro país. De todos modos, en los últimos años han empezado a expandirse franquicias inmobiliarias nacionales.

Una de las novedades más importantes es la apertura de dos oficinas de Mudafy Select en Núñez y Escobar. Aprovechando la tecnología de la plataforma argentina, buscan atraer a asesores inmobiliarios con experiencia y a nuevos talentos para desarrollar sus carreras en un entorno de innovación.

Ejemplos como el de Mudafy se replican en todo el país, con la consolidación de marcas como RealtyPlus, que ofrece franquicias que se adaptan a diversas aspiraciones y capacidades de inversión (se denominan Iron, Quartz y Star). La franquicia Iron resulta ideal para emprendedores que prefieren un modelo de negocio ágil y móvil. Está dirigida a aquellos que desean operar sin una oficina física: el modelo incluye un gerente y al menos un agente, “proporcionando una estructura simple y eficiente para iniciar o expandir un negocio inmobiliario”.

La red de inmobiliarias de origen español desembarcó recientemente en la provincia de Mendoza. Entre sus propuestas más destacadas se encuentra RealtyPlus Invest, enfocada en atraer a inversionistas a nivel nacional e internacional. Presente en más de 20 países, RealtyPlus invita a unirse a una red de franquicias inmobiliarias líder a nivel mundial. La red de agencias inmobiliarias independientes se sustenta sobre un modelo de colaboración: quienes ya tienen una agencia inmobiliaria y deciden sumarse, no pierden su identidad ni cambian su formato de negocio, sino que reciben el plus de colaborar con otros colegas.

En sintonía, también florecen en distintos puntos del país marcas nacionales y regionales como Realty One Group, Rent a House, Red Inmobiliaria, APL y Central Prop, entre otras. Con el foco puesto en las nuevas tecnologías, en la transparencia en los procesos y en el trabajo colaborativo, todas ellas consiguen brindar experiencias sin fricciones y memorables a sus clientes. Asimismo, ese enfoque impacta positivamente en los resultados comerciales.

“Nuestra marca permite a los profesionales reinvertir en sus negocios con una estructura de comisiones del 100%”, dicen desde Realty One Group, que desembarcó en nuestro país en 2023 y ya suma cinco oficinas nuevas, en La Plata, City Bell y Bariloche. A ese destino patagónico también llegó APL, que recientemente presentó allí su primer desarrollo en el Sur: 90 unidades de alquiler temporario en una de las ciudades más emblemáticas del turismo argentino. Así, además de las tres oficinas en Santa Fe, APL Gattas se destaca ahora en Bariloche.

En tanto, con una amplia red de agentes como gran motor, la empresa Red Inmobiliaria desembarcó hace poco en Córdoba y promete revolucionar el rubro inmobiliario. Se trata de una marca que nació a mediados de 2020 en Neuquén y que se expandió el año pasado a Buenos Aires. La cordobesa es la tercera oficina de Red Inmobiliaria, una empresa innovadora que “ofrece asesoramiento constante y acompaña la conclusión de negocios inmobiliarios”, según cuentan sus creadores.

Por su lado, Grupo Mega es una red con más de 30 locales, “lo que permite al licenciatario disponer de un capital en bienes raíces de más de 40 millones de dólares y más de 1000 propiedades para comercializar”, señalan sus responsables. Solo en la Ciudad de Buenos Aires, Grupo Mega tiene más de 25 oficinas.

Con estos y otros actores que apuestan por el trabajo en red y la transparencia que aportan las nuevas tecnologías, las franquicias inmobiliarias continúan su expansión en todo el país.

La economista paranaense Victoria Lambruschini advirtió que no existen perspectivas de reactivación económica en Argentina si el Gobierno Nacional sostiene el actual esquema de ajuste, al que definió como subordinado casi exclusivamente a evitar un default de la deuda, aun a costa del deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población. El análisis fue realizado en el marco de la movilización convocada por la CGT en Paraná contra la Reforma Laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, al cierre del año 2025.

Según explicó la especialista, el balance del año es marcadamente desigual. “Está terminando de una manera muy heterogénea. A una minoría le ha ido muy bien con este gobierno, pero la inmensa mayoría de la clase trabajadora y muchos sectores económicos han sufrido profundamente las consecuencias de la política económica”, señaló.

Lambruschini sostuvo que, de mantenerse los planes oficiales, no hay señales de un cambio de rumbo. En ese sentido, afirmó que cualquier modificación del escenario actual dependerá de los límites que logre imponer la clase trabajadora organizada, comenzando por la resistencia a la reforma laboral.

Al analizar la iniciativa oficial, la economista comparó la reforma en debate con la aplicada en la década del 90 y cuestionó los argumentos utilizados para justificarla. Indicó que el Gobierno apela a la idea de que las relaciones laborales han cambiado y a la supuesta falta de interés de los jóvenes por el empleo estable, aunque remarcó que la ley aporta muy poco en términos de una verdadera modernización.

“Su verdadero objetivo es avanzar sobre conquistas históricas de la clase trabajadora”, afirmó, y enumeró entre los puntos más sensibles los cambios en los convenios colectivos de trabajo, la eliminación de la ultraactividad y la modificación del régimen de indemnizaciones.

No obstante, Lambruschini consideró que el aspecto más grave de la reforma está vinculado a la organización gremial. “Si bien se mantienen mecanismos que benefician a la burocracia sindical, como la afiliación compulsiva y los descuentos, se intenta avanzar en la prohibición de asambleas en los lugares de trabajo y en el ataque a representantes y delegados”, expresó en declaraciones a Debate Abierto. A esto sumó la ampliación de la figura de servicios esenciales, que interpretó como una vía para restringir el derecho a la protesta y al paro.

Para la economista, este conjunto de medidas implica un claro retroceso en el estatus democrático del país.

En el plano económico, Lambruschini refutó la visión del presidente Milei que explica la inflación únicamente desde la oferta y demanda de dinero. Afirmó que el fenómeno inflacionario expresa relaciones económicas y sociales mucho más complejas y que, pese al ajuste fiscal y la fuerte contracción monetaria, la inflación no ha logrado perforar un piso mensual mínimo. En ese marco, consideró improbable que la inflación colapse a cero a mediados del próximo año.

También cuestionó la lógica del ajuste como estrategia de reactivación. Señaló que la reducción del gasto público, particularmente en obra pública y salarios, es “muy falaz”, ya que la inversión privada depende de expectativas de rentabilidad y de la demanda interna. “La demanda no puede recuperarse si el Gobierno insiste en que las paritarias queden muy por detrás de la inflación, generando una pérdida mensual del poder adquisitivo”, advirtió.

Finalmente, Lambruschini identificó lo que considera el problema estructural de la Argentina. “El Estado está quebrado como consecuencia de la emisión monetaria sin respaldo de los últimos 10 o 15 años”, explicó. En ese contexto, sostuvo que toda la política actual del Gobierno está orientada a no defoltear ni reestructurar la deuda.

“Pero el costo de esa decisión es altísimo: se elige el sudor y la lágrima de la mayoría de los argentinos antes que renegociar la deuda para estirar plazos y aliviar la economía”, concluyó.