El Ministerio Público de la Defensa (MPD) de Entre Ríos realizará este viernes 2 de octubre su reunión anual en la ciudad de Concordia, donde el defensor general de la Provincia, Maximiliano Benítez, presentará el informe de gestión y política institucional del organismo.

La jornada se desarrollará en el Hotel Hathor, ubicado sobre la Ruta Nacional 14, kilómetro 264,5, y reunirá a integrantes de la Defensa Pública provincial.

El encuentro es organizado de manera conjunta por el MPD y la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos (AMFJER), en cumplimiento de las atribuciones establecidas para el defensor general por la Ley Orgánica del Ministerio Público N° 10.407.

Las acreditaciones comenzarán a las 10:00.

A las 11:00 se realizará el acto de apertura, a cargo de Benítez y autoridades de la AMFJER. Posteriormente, el defensor general presentará el informe de gestión y política institucional del Ministerio Público de la Defensa.

Durante la jornada también se desarrollarán talleres de trabajo destinados a abordar y poner en común diferentes temáticas relacionadas con la labor de la Defensa Pública.

Los espacios estarán vinculados con:

El cierre de la reunión está previsto para las 17:30 y estará a cargo de Stella Maris Martínez, quien fue defensora general de la Nación.

Martínez estuvo al frente de la Defensoría General de la Nación entre 2006 y comienzos de 2026.

Durante su trayectoria también ocupó distintos cargos vinculados con la Defensa Pública. Fue secretaria general de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) y del Bloque de Defensores Públicos Oficiales del Mercosur (BLODEPM), además de desempeñarse como coordinadora general del Consejo Federal de la Defensa Pública de la República Argentina.

Entre 2001 y 2006 fue defensora oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y anteriormente ejerció como defensora de Pobres, Ausentes e Incapaces.

Es abogada y licenciada en Criminología por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. También desarrolló una trayectoria vinculada con la docencia universitaria.

Su participación marcará el cierre de la reunión anual del Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos, que tendrá como eje el análisis de la gestión institucional y el intercambio de experiencias entre integrantes de la Defensa Pública provincial.

El Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos (ORSMER) expresó su respaldo a la decisión del Gobierno provincial de declarar la urgencia sanitaria en materia de salud mental, pero advirtió que la medida deberá estar acompañada por los recursos necesarios para que pueda implementarse de manera efectiva.

A través de una nota enviada al gobernador Rogelio Frigerio, el organismo solicitó que se adopten las previsiones presupuestarias, administrativas e institucionales necesarias para poner en marcha las medidas contempladas en el Decreto Provincial N° 2130/26.

La decisión fue adoptada por el Plenario del ORSMER durante su sesión ordinaria del 31 de julio y formalizada mediante una presentación firmada por su secretario ejecutivo, Martín Cabrera.

El organismo consideró que la declaración de urgencia constituye un reconocimiento por parte del Estado provincial de la complejidad que atraviesa actualmente la salud mental y sostuvo que la situación requiere respuestas inmediatas, integrales y sostenidas.

En ese marco, el ORSMER puso especial énfasis en la necesidad de incrementar las partidas destinadas al fortalecimiento del sistema público de salud mental.

Según planteó, las medidas previstas en el decreto difícilmente podrán desarrollarse sin una asignación presupuestaria acorde con las necesidades existentes.

“La efectividad de las acciones previstas requiere de recursos económicos suficientes que permitan su implementación en plazos razonables”, sostuvo el organismo en su presentación.

Entre las acciones previstas por el decreto provincial se encuentran:

Para el ORSMER, la puesta en marcha de estas medidas requerirá no solamente agilizar los procedimientos administrativos y financieros, sino también garantizar fondos suficientes y sostenidos.

El Órgano de Revisión consideró que la declaración de urgencia sanitaria puede convertirse en una oportunidad para avanzar en una transformación estructural del sistema de salud mental entrerriano.

En particular, planteó la necesidad de consolidar un modelo de atención basado en la comunidad, con abordajes interdisciplinarios y con respeto por los derechos humanos.

El organismo recordó además que las políticas públicas en esta materia deben desarrollarse bajo el principio de progresividad y en consonancia con la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, a la que Entre Ríos adhirió mediante la Ley Provincial N° 10.445.

También remarcó las obligaciones asumidas por el Estado a partir de los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.

Otro de los puntos centrales del planteo del ORSMER es la participación de quienes forman parte del sistema de salud mental.

El organismo consideró indispensable que las personas usuarias de los servicios, sus familiares, profesionales y trabajadores participen en el diseño, implementación y evaluación de las políticas que surjan a partir de la emergencia sanitaria.

También reclamó la participación de los equipos técnicos y de las autoridades de las instituciones involucradas.

En particular, destacó el rol que pueden cumplir el Consejo Consultivo Honorario y el propio Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos.

En la presentación enviada al gobernador, el organismo puso a disposición su experiencia institucional y técnica para colaborar con el Gobierno provincial.

Entre las tareas propuestas se encuentran la elaboración de protocolos y recomendaciones, el seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas y el aporte a aquellas iniciativas destinadas a fortalecer las políticas públicas de salud mental en Entre Ríos.

El Plenario del ORSMER está integrado por representantes permanentes del Estado provincial y organizaciones de la sociedad civil.

Por parte del Estado participan el Ministerio Público de la Defensa, la Dirección General de Salud Mental y la Dirección General de Derechos Humanos.

Durante el actual período, la representación de la sociedad civil está conformada por Hogar de Cristo Paraná, la Asociación de Usuarios, Familiares y Amigos de la Salud Mental (Aufasam) y la Asociación de Médicos y Médicas Psiquiatras de Entre Ríos (AMPER).

Desde el organismo remarcaron que la declaración de urgencia sanitaria abre una instancia clave para fortalecer las políticas de salud mental en la provincia, pero advirtieron que la decisión deberá traducirse en presupuesto, recursos y acciones concretas para que la emergencia tenga un impacto efectivo en el sistema público.

La reglamentación de la reforma previsional recientemente sancionada en Entre Ríos comenzó a generar nuevas instancias de diálogo entre el Gobierno y las organizaciones gremiales. En ese marco, la Comisión Directiva y delegados de UPCN mantuvieron este jueves una reunión de trabajo con el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat.

El encuentro se desarrolló en la sede del sindicato y estuvo encabezado por el secretario general de UPCN, José Ángel Allende, junto a integrantes de la conducción, delegados y representantes de distintos puntos de la provincia.

Se trató, según Bagnat, de la primera reunión de trabajo con un gremio después de la aprobación de la reforma previsional.

Durante el encuentro se intercambió información sobre los avances en la elaboración de la reglamentación de la nueva normativa.

Allende señaló que el gremio planteó reparos sobre algunos aspectos que todavía deben ser definidos con mayor precisión.

“Durante la reunión insistimos en que no estamos de acuerdo con algunos puntos, que no compartimos y que creemos necesario se aclaren y estén bien definidos en la reglamentación”, sostuvo el dirigente sindical.

El secretario general de UPCN anticipó además que la organización continuará analizando el proceso junto con su equipo de profesionales.

“Vamos a seguir este tema para que la reglamentación sea acorde a lo que entendemos tiene que ser justo para los trabajadores, y no que sea un avance más sobre nuestros derechos”, afirmó.

La posición del gremio apunta a participar de la discusión de los aspectos reglamentarios antes de que las nuevas disposiciones comiencen a aplicarse plenamente.

Por su parte, Gastón Bagnat destacó el encuentro como el comienzo de una agenda de diálogo con las organizaciones sindicales.

“Hoy iniciamos con UPCN una agenda que continuará con todos los gremios, para trabajar en la reglamentación de la reforma previsional recientemente sancionada”, explicó.

El titular de la Caja de Jubilaciones consideró que el intercambio con los representantes de los trabajadores permitirá incorporar diferentes miradas durante el proceso de implementación.

En ese sentido, señaló que estas reuniones sirven para recibir devoluciones, ajustar aspectos de la reglamentación y preparar al personal encargado de aplicar las nuevas medidas.

Bagnat confirmó que la reunión con UPCN forma parte de una serie de encuentros que se desarrollarán con distintas organizaciones sindicales de la provincia.

El objetivo será recoger observaciones y sugerencias antes de avanzar en la reglamentación definitiva de la reforma previsional.

“Me llevo muchas acotaciones y sugerencias que seguramente van a enriquecer este proceso de reglamentación”, destacó el funcionario.

El encuentro dejó planteado así un nuevo escenario de discusión en torno a la reforma previsional entrerriana, con los gremios buscando incidir en la reglamentación y el organismo previsional abriendo una agenda de diálogo para definir los mecanismos de implementación.