El escenario político argentino atraviesa una etapa de fuerte reconfiguración. Mientras el Gobierno nacional busca consolidar su proyecto con nuevos acuerdos políticos, la oposición enfrenta dificultades para construir una alternativa unificada. Sobre este panorama se refirió el licenciado en Ciencias Políticas Nahuel Baridón, quien realizó un análisis de la coyuntura durante una entrevista con el programa Debate Abierto.

Según el analista, uno de los momentos más complejos para la administración de Javier Milei en los últimos meses estuvo vinculado al denominado "caso Adorni", situación que, a su entender, produjo uno de los mayores impactos negativos sobre la imagen del Presidente y de su hermana, Karina Milei.

No obstante, Baridón consideró que el oficialismo logró atravesar esa etapa sin mayores consecuencias institucionales gracias al respaldo político de un grupo de gobernadores.

"El Gobierno consiguió sostener la gobernabilidad con el apoyo de 14 mandatarios provinciales, algunos motivados por la necesidad de recursos nacionales y otros por conveniencia electoral, ya que comparten parte del electorado con La Libertad Avanza", explicó.

Uno de los aspectos que, según Baridón, mejor explica el momento político actual es la incorporación de Diego Santilli a un lugar estratégico dentro del gabinete nacional.

En ese sentido, sostuvo que este movimiento también ayuda a interpretar la postura adoptada por el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio, quien semanas atrás manifestó públicamente su intención de construir un frente electoral junto a La Libertad Avanza.

Para el politólogo, Frigerio se anticipó a un proceso de integración política que ya venía gestándose entre dirigentes del PRO y el espacio libertario, donde hoy ocupan lugares destacados figuras como Patricia Bullrich, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y ahora Santilli.

A su criterio, este esquema no solo apunta a fortalecer la gestión nacional, sino también a proyectar el escenario electoral de los próximos años.

"Se empieza a visualizar una estrategia que busca consolidar la reelección de Javier Milei y, al mismo tiempo, posicionar a Diego Santilli como una figura de peso en la provincia de Buenos Aires", analizó.

En contrapartida, Baridón describió un panorama complejo para la principal fuerza opositora.

Consideró que el peronismo no logró capitalizar políticamente los momentos de mayor dificultad del Gobierno nacional y advirtió que la interna entre el kirchnerismo y el gobernador bonaerense Axel Kicillof atraviesa un nivel de confrontación que excede una simple disputa por candidaturas.

A su entender, la falta de una estrategia común y la profundización de las diferencias internas debilitan las posibilidades del espacio para presentarse como una alternativa de gobierno en el corto plazo.

En el cierre de su análisis, Baridón sostuvo que la combinación entre una oposición fragmentada y una leve mejora en algunos indicadores económicos favorece al oficialismo.

"Esta desunión opositora termina siendo una buena noticia para el Gobierno nacional, que comienza a mostrar un leve repunte en su imagen pública apoyado en el control de la inflación", concluyó.

De esta manera, el analista consideró que, pese a las turbulencias políticas de los últimos meses, el oficialismo logró recuperar iniciativa y comienza a delinear una estrategia con proyección hacia los próximos desafíos electorales.

Al referirse al caso, el mandatario señaló que la causa investiga el otorgamiento de préstamos falsos destinados a emprendedores que, según la investigación judicial, terminaban en manos de funcionarios. "La Justicia tiene la obligación de investigar. No estoy dispuesto a judicializar la política, como tampoco politizo la Justicia. Exijo que la Justicia se ocupe y llegue hasta las últimas circunstancias", sostuvo.

Frigerio remarcó que el objetivo principal debe ser reparar el daño causado a la sociedad. "La mayor reparación para los entrerrianos no es solo que haya condenas, sino que se recuperen los fondos públicos que les fueron robados. La Justicia se tiene que ocupar de encontrar esa plata que se robaron", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que esos recursos pertenecen a todos los entrerrianos y deben volver al Estado para transformarse en obras, servicios y políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la población.

El gobernador consideró además que la investigación debe permitir reconstruir el recorrido de los fondos públicos y esclarecer el alcance completo de la maniobra.

"No sé quién es responsable, hasta qué instancia de Gobierno hay responsabilidades en este como en todos los casos de corrupción que han salido a la luz de esos años, pero claramente hay una responsabilidad política, no se pueden hacer los sonsos", expresó.

Finalmente, Frigerio insistió en que los entrerrianos tienen derecho a conocer toda la verdad sobre estos hechos, a que se determinen todas las responsabilidades y a que el Estado recupere cada peso posible de los recursos públicos que fueron desviados.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, firmaron este jueves un acuerdo en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), un mecanismo impulsado por el Gobierno nacional para compensar y regularizar deudas entre la Nación y las provincias.

La rúbrica se llevó a cabo en Casa de Gobierno, durante la visita que el titular de la cartera económica nacional realizó a Entre Ríos para desarrollar una agenda de actividades institucionales junto a autoridades provinciales.

Uno de los puntos centrales del convenio establece la transferencia a favor de la provincia de distintos inmuebles pertenecientes al ex Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear). Los bienes serán incorporados al patrimonio provincial tomando como referencia el valor determinado por las tasaciones correspondientes.

Además, el acuerdo contempla el reconocimiento por parte del Estado nacional de acreencias a favor de Entre Ríos vinculadas a la actualización del Consenso Fiscal, así como también de un saldo pendiente derivado de convenios firmados con anterioridad entre ambas jurisdicciones.

Desde el gobierno entrerriano destacaron que la firma del entendimiento representa un paso importante para avanzar en el ordenamiento de las obligaciones financieras entre Nación y provincia, permitiendo además generar nuevas herramientas para el desarrollo de políticas públicas.

En ese sentido, señalaron que la incorporación de los inmuebles provenientes del ex Procrear podría contribuir a fortalecer iniciativas vinculadas al desarrollo urbano y al acceso a la vivienda, dos áreas que continúan siendo prioritarias para la gestión provincial.

El acuerdo se enmarca en la estrategia impulsada por el Gobierno nacional para regularizar las relaciones financieras con las provincias, mediante la compensación de créditos y deudas existentes entre las distintas jurisdicciones.

El gobierno nacional autorizó un nuevo adelanto financiero de coparticipación para Entre Ríos por 150.000 millones de pesos, en el marco de un esquema destinado a asistir transitoriamente a las provincias con necesidades de liquidez. La medida fue oficializada este jueves mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial.

Con este nuevo desembolso, la provincia acumulará 370.000 millones de pesos en adelantos financieros durante 2025, considerando los 220.000 millones otorgados a comienzos de año. El decreto establece un límite total de 400.000 millones de pesos para este mecanismo, que alcanza también a otras jurisdicciones del país.

Se trata de fondos coparticipables que corresponden a cada provincia y que son girados de manera anticipada por la Nación para atender necesidades financieras transitorias. Posteriormente, esos recursos son reintegrados mediante descuentos automáticos sobre las futuras transferencias de coparticipación federal.

Desde el gobierno provincial destacaron que el adelanto recibido a principios de año viene siendo cancelado según lo previsto. De hecho, aproximadamente la mitad de los 220.000 millones ya fue devuelta a través de las retenciones automáticas establecidas en el acuerdo.

La operatoria contempla una tasa de interés anual del 15 por ciento, considerablemente inferior a las condiciones que actualmente ofrecen los mercados financieros, donde las provincias deberían afrontar costos mucho más elevados para obtener financiamiento.

El mecanismo de adelantos financieros no es una herramienta nueva. Ha sido utilizado por distintos gobiernos nacionales a lo largo de los años y se encuentra previsto dentro de la normativa vigente para asistir a las provincias en situaciones coyunturales de caja, evitando en muchos casos la necesidad de recurrir a endeudamiento en el mercado.

Además de Entre Ríos, el decreto incluye a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Desde la administración provincial consideran que estos recursos permiten fortalecer la previsibilidad financiera y garantizar la continuidad de programas, obras y servicios públicos, en un contexto económico que sigue planteando desafíos para las cuentas provinciales.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció este jueves un paquete de medidas destinadas a aliviar la situación de los pequeños comerciantes de la provincia. Entre las iniciativas se destacan la exención del impuesto sobre los Ingresos Brutos para monotributistas de las categorías A, B y C y un subsidio en la tarifa eléctrica que comenzará a aplicarse a partir de julio.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, acompañado por el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; el director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Jesús Korell; y el secretario de Energía, Jorge Tarchini.

"Estamos dando un mensaje a miles de entrerrianos que todos los días levantan una persiana, atienden un negocio, pagan salarios y sostienen una parte importante de nuestra economía local", expresó Frigerio al presentar las medidas.

El mandatario provincial explicó que ya firmó el proyecto de ley que fue remitido a la Legislatura para eximir del pago de Ingresos Brutos a los comerciantes adheridos al monotributo en las categorías A, B y C.

"Estamos hablando de más de 20.000 comercios entrerrianos que no van a tener que pagar más ese impuesto", precisó.

La medida apunta especialmente a pequeños comerciantes que, según señaló el gobernador, enfrentan no solo las dificultades económicas generales sino también transformaciones en los hábitos de consumo y nuevas formas de comercialización que incrementan la competencia.

Además, quienes se encuentren en categorías superiores del monotributo accederán a la exención de una cuota anual del régimen simplificado, siempre que hayan cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales.

Otra de las medidas anunciadas es un subsidio en la factura de energía eléctrica destinado a los mismos contribuyentes alcanzados por la exención impositiva.

Frigerio explicó que el beneficio busca compensar parte de uno de los principales costos operativos de los pequeños comercios.

"Vamos a estar subsidiando lo que representa, por ejemplo, el consumo de una heladera donde se exhiben productos o un equipo de aire acondicionado. No podemos impedir los cambios en los hábitos de consumo, pero sí acompañar a quienes sostienen la actividad comercial de nuestras ciudades", afirmó.

Por su parte, el secretario de Energía, Jorge Tarchini, indicó que el beneficio se aplicará automáticamente mediante un cruce de información entre ATER, Enersa y las cooperativas eléctricas de la provincia.

"No será necesario realizar ningún trámite. El descuento se verá reflejado directamente en la factura a través de la bonificación del cargo fijo", explicó.

La medida tendrá vigencia inicial hasta el 31 de diciembre, aunque no se descarta su continuidad una vez evaluados los resultados.

El director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, estimó que más de 50.000 contribuyentes se verán beneficiados por el conjunto de medidas anunciadas.

Asimismo, informó que el costo fiscal para la provincia rondará los 3.000 millones de pesos de aquí a fin de año.

"Es un esfuerzo importante que puede sostenerse gracias al proceso de ordenamiento y eficiencia del gasto público que viene llevando adelante la provincia", señaló.

En cuanto a la implementación de la exención de Ingresos Brutos, el ministro Fabián Boleas aclaró que una vez sancionada y reglamentada la ley, el beneficio será automático y no requerirá gestiones por parte de los contribuyentes.

Durante la conferencia, Frigerio también invitó a los municipios a sumarse con medidas similares de alivio tributario.

El gobernador recordó que la provincia viene impulsando distintos incentivos para la inversión privada y consideró importante que los gobiernos locales acompañen con políticas de reducción de cargas fiscales.

"La política de alivio impositivo a quienes trabajan, producen y generan empleo forma parte de nuestro ADN como gestión. Queremos que los municipios también se sumen a este esfuerzo para acompañar a un sector que hoy atraviesa desafíos importantes", concluyó.

El gobernador de Entre Ríos reglamentó la Ley Nº 11.210 mediante el Decreto Nº 1315/2026, una medida que marca un hito en la gestión del patrimonio público provincial. La puesta en marcha de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de la Provincia de Entre Ríos (AABIPER) centralizará el control de los inmuebles estatales bajo una estructura unificada.

La nueva agencia fue concebida como el órgano rector de todas las actividades vinculadas con los bienes inmuebles sobre los cuales la Administración Pública provincial posee dominio o derechos adquiridos. Su creación apunta a concentrar en una sola institución la administración, el control, la regularización y el aprovechamiento de los inmuebles estatales, una tarea que hasta ahora se encontraba distribuida entre distintas dependencias.

Con la reglamentación aprobada, la Provincia busca avanzar hacia una gestión más eficiente y coordinada de su patrimonio territorial, estableciendo mecanismos que permitan mejorar el control de las tierras fiscales, optimizar el uso de los inmuebles públicos y fortalecer la planificación de las políticas vinculadas al suelo estatal.

Uno de los aspectos centrales del decreto es el traslado integral de recursos desde la Dirección de Administración de Tierras Fiscales y la Unidad de Control de Inmuebles de la Fiscalía de Estado hacia la nueva agencia.

La decisión implica que la AABIPER asumirá plenamente las funciones, competencias y responsabilidades que hasta ahora desarrollaban esos organismos.

El decreto fija como fecha límite para esta etapa transitoria el 31 de julio de 2026, plazo durante el cual se prevé completar la organización interna necesaria para que la agencia opere con autonomía administrativa.

La reglamentación también aborda la distribución de los recursos que genere la actividad inmobiliaria de la agencia, un aspecto previsto por la ley que dispuso su creación.

Con esta reglamentación, el Ejecutivo provincial pone en marcha una reforma institucional orientada a concentrar la administración del patrimonio inmobiliario estatal en un único organismo especializado. La medida pretende mejorar el control de las tierras fiscales, ordenar la información sobre los inmuebles públicos y dotar al Estado de una herramienta específica para planificar, administrar y aprovechar de manera más eficiente sus bienes territoriales.

El departamento Victoria alberga aproximadamente 128 mil hectáreas pertenecientes al Estado provincial sobre un total de 432.500 hectáreas que conforman el humedal, según datos actualizados de Catastro.

Históricamente, la Dirección de Tierras Fiscales administró estos campos aptos para la ganadería, una actividad que atraviesa un período favorable en términos de rentabilidad. A ello se suma la apicultura que, con las recientes disposiciones que permiten exportar con tasa cero, aparece como una alternativa productiva de creciente interés.

En distintas épocas estuvo vigente un sistema de arrendamiento denominado “tenencia precaria”, mediante el cual los ocupantes debían abonar un canon anual, además de los tributos provinciales correspondientes.

La extensión de estas islas, ubicadas en un territorio prácticamente despoblado, también dio origen a numerosos litigios que aún se tramitan o fueron resueltos en la Justicia. Sobre este punto, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, sostuvo oportunamente que estas tierras se encuentran “fuera del comercio”, condición que implica dos características fundamentales: la inalienabilidad y la imprescriptibilidad. En otras palabras, no pueden venderse ni transferirse a particulares.

Muchos de los reclamos se promovieron bajo la figura de la usucapión o posesión veinteañal por parte de ocupantes que alegaban haber permanecido durante más de veinte años en esos terrenos. Según datos que hemos recabado, las acciones judiciales no prosperaron y las tierras continuaron bajo dominio provincial.

A partir de ahora, estas hectáreas quedarán bajo la administración de la nueva agencia, lo que abre interrogantes sobre las políticas que se aplicarán en un territorio de importante potencial productivo. En el futuro, mediante sistemas de concesión o arrendamiento, podría impulsarse el crecimiento de la actividad ganadera, ya que la agricultura intensiva se encuentra prohibida en estas áreas.

Se trata de extensiones que actualmente carecen de inversiones significativas por su condición de bienes estatales, pero que podrían convertirse en una herramienta de desarrollo si se implementan mecanismos adecuados de aprovechamiento y control.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, desarrolló este viernes una agenda de actividades en la ciudad de Victoria que incluyó la puesta en funcionamiento de la nueva base operativa de la Brigada Forestal de la Policía de Entre Ríos, la inauguración de obras de ampliación en el hospital geriátrico Dr. Domingo Cuneo y la entrega de financiamiento para proyectos de infraestructura urbana.

La primera actividad estuvo vinculada a la habilitación de la base operativa de la Brigada Forestal, una infraestructura destinada a fortalecer la prevención y el combate de incendios en el sur entrerriano y la zona de islas. La obra demandó una inversión superior a los 277 millones de pesos, financiada en un 90 por ciento con recursos provinciales.

Durante el acto, Frigerio destacó la importancia estratégica de la ubicación elegida y recordó que la obra había quedado inconclusa en 2023. Además, señaló que el traslado del equipamiento y del personal especializado permitirá optimizar los tiempos de respuesta ante emergencias ambientales.

La nueva dependencia funcionará como centro operativo permanente y espacio de capacitación para brigadistas, fortaleciendo el trabajo coordinado con otras instituciones vinculadas a la gestión de riesgos y la protección ambiental.

Posteriormente, el mandatario provincial encabezó la inauguración de la ampliación del hospital geriátrico Dr. Domingo Cuneo, institución que alberga actualmente a 72 personas mayores.

La obra incluyó la construcción de tres nuevos consultorios y demandó una inversión cercana a los 39 millones de pesos. Durante la recorrida, Frigerio destacó la labor cotidiana del personal del establecimiento y valoró el compromiso de quienes desempeñan funciones en el lugar.

La jornada concluyó con la formalización de un aporte financiero destinado a la Municipalidad de Victoria para la ejecución de obras de infraestructura urbana.

Se trata de un préstamo de 249,4 millones de pesos proveniente del Fondo Fiduciario de Infraestructura Municipal (FFIM), que será destinado al programa “El Barrio a la Calle”. La iniciativa contempla la pavimentación de 21 cuadras en distintos sectores de la ciudad considerados prioritarios por sus necesidades de conectividad y accesibilidad.

Al referirse a la herramienta financiera, el gobernador destacó que el fondo fue creado para brindar a los municipios una alternativa de financiamiento que les permita ejecutar obras sin depender exclusivamente de recursos propios.

Según se informó, las intervenciones previstas beneficiarán a barrios ubicados dentro de los bulevares de Victoria y contribuirán a mejorar la infraestructura urbana y la calidad de vida de los vecinos.

Con esta asignación, Victoria se convirtió en el quinto municipio entrerriano en acceder a financiamiento a través del FFIM, instrumento mediante el cual ya se han destinado más de 1.186 millones de pesos para proyectos de infraestructura en distintas localidades de la provincia.

De las actividades participaron también la intendenta de Victoria, Isa Castagnino; los ministros de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob; y de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; además de autoridades policiales, sanitarias y legislativas provinciales.

Junto al mandatario entrerriano estuvo el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, además del presidente comunal de Las Tunas, Fernando Merke, y el intendente de Libertador San Martín, Darío Heinze.

Durante el encuentro, Frigerio destacó el valor simbólico e histórico del acuerdo y definió el vínculo entre ambas comunidades como “una historia de hermanos”, construida sobre valores comunes como el trabajo, la honestidad y el esfuerzo colectivo.

El mandatario entrerriano remarcó además la importancia de recuperar los vínculos humanos en la política y sostuvo que la cercanía entre dirigentes y comunidades es fundamental para reconstruir la confianza social.

“Tenemos que volver a generar agendas de desarrollo basadas en valores compartidos y en el diálogo”, expresó.

Frigerio también puso el foco en el papel estratégico de la Región Centro dentro del país y aseguró que Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba representan una de las zonas de mayor potencial productivo de Argentina.

“Esperamos que vuelva el verdadero federalismo y que el país adopte esta cultura del trabajo y del esfuerzo que caracteriza a nuestra región”, afirmó.

En otro tramo de su discurso, el gobernador reivindicó el rol de la educación como uno de los pilares de la identidad entrerriana y consideró que este hermanamiento también fortalece ese perfil histórico de la provincia.

“Estamos convencidos de que Entre Ríos tiene muchísimo más para dar”, concluyó.

Por su parte, el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro valoró el acuerdo como un “hecho fundacional” basado en la historia común y en la identidad compartida entre ambas localidades.

El mandatario sostuvo que tanto Santa Fe como Entre Ríos representan “la fuerza del trabajo y del interior productivo” y defendió el modelo de integración regional como herramienta para impulsar el desarrollo del país.

“La salida de la Argentina está en la regionalización y en la capacidad de trabajar juntos”, señaló.

El convenio firmado establece oficialmente que Las Tunas y Libertador San Martín pasan a ser “ciudades hermanas”, habilitando el desarrollo de proyectos conjuntos en áreas como educación, salud, cultura, turismo y preservación del patrimonio histórico y arquitectónico.

La relación entre ambas comunidades tiene profundas raíces históricas vinculadas al surgimiento del proyecto educativo adventista en la región. Según se recordó durante el acto, el primer colegio adventista funcionó en Las Tunas mientras se construían las instalaciones definitivas en Entre Ríos, proceso que posteriormente dio origen a la actual Universidad Adventista del Plata.

Ese origen común consolidó lazos familiares, culturales y sociales que permanecen vigentes hasta hoy.

Además, ambas localidades comparten características vinculadas a la inmigración europea, el desarrollo agropecuario y lechero, así como una fuerte identidad asociada a la educación, la salud y el trabajo comunitario.

Del acto participaron también el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el vicerrector de la Universidad Adventista del Plata, Carlos Marí; y representantes de la Región Centro de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, entre otras autoridades.

La actividad contó además con la presencia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto a autoridades provinciales, municipales y directivos de Enersa.

Durante el acto, Frigerio remarcó la importancia de la obra para el desarrollo industrial de la ciudad y aseguró que uno de los principales objetivos de la gestión provincial es eliminar los obstáculos que frenan la inversión y la generación de empleo.

“Ramírez tiene un parque industrial en expansión y necesitaba contar con la energía suficiente para seguir creciendo”, expresó el mandatario entrerriano. En ese sentido, sostuvo que “no podemos permitir que falten obras básicas que condicionen el desarrollo de nuestras industrias”.

El gobernador también destacó los cambios impulsados en materia energética y aseguró que Entre Ríos logró reducir significativamente el costo de la electricidad. “Teníamos la energía más cara del país y muchas obras pendientes. Hoy estamos ejecutando infraestructura y somos una de las provincias con la energía más barata”, afirmó.

Frigerio valoró además el vínculo de trabajo conjunto con Santa Fe y señaló que ambas provincias comparten problemáticas y desafíos comunes dentro de la región centro productiva.

“Hemos aprendido mucho de la experiencia santafesina y de la gestión de Pullaro. Siempre es positivo mirar lo que hacen bien otras provincias, adaptarlo y trabajar de manera coordinada”, manifestó.

Por su parte, Pullaro elogió el ritmo de inversiones que atraviesa Entre Ríos y consideró que la nueva infraestructura energética representa una herramienta clave para potenciar el sector productivo.

“Es notable la cantidad de obras que se están llevando adelante. Esta subestación fue pensada para fortalecer la industria y acompañar el crecimiento del parque industrial de Ramírez”, señaló el gobernador santafesino.

El acto contó también con la presencia de la intendenta de General Ramírez, Flavia Pamberger; el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; y el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, entre otras autoridades.

La nueva infraestructura energética fue ejecutada por Enersa con una inversión cercana a los 900 millones de pesos.

La subestación está ubicada sobre la Ruta Nacional Nº 12, a la altura del kilómetro 385,73, en cercanías del camino vecinal lindante al cementerio municipal.

Los trabajos incluyeron la construcción de dos campos de transformadores equipados con máquinas de 5 MVA de potencia cada una, además de cuatro salidas de distribución de 13,2 kilovoltios, una sala de comando, sistemas de comunicación y control, e integración al sistema Scada.

Gracias a esta tecnología, la operación podrá ser supervisada y controlada de manera remota desde el Centro de Control de Enersa, ubicado en Paraná.

La concentración está prevista desde las 10 de la mañana en Plaza Mansilla y se desarrollará pocas horas antes de la sesión convocada por el Senado provincial, donde la iniciativa oficial tomará estado parlamentario. Desde el gremio docente manifestaron un fuerte rechazo a la propuesta y advirtieron sobre el impacto que tendría tanto en trabajadores activos como en jubilados.

“Para frenar el proyecto contra el pueblo entrerriano, sus trabajadores y jubilados nos movilizamos frente a Casa de Gobierno”, expresaron desde Agmer mediante un comunicado difundido en las últimas horas.

Bajo la consigna “No a la reforma previsional”, el sindicato sostuvo además que “la Ley 8732 no se toca”, en referencia al régimen jubilatorio provincial que consideran una conquista histórica de los trabajadores estatales entrerrianos.

En ese marco, cuestionaron duramente al gobierno provincial al señalar que la reforma “empobrecerá aún más” a trabajadores y jubilados. También remarcaron que las jubilaciones del sector “no son de privilegio” y reclamaron que el ajuste no recaiga sobre quienes aportaron durante toda su vida laboral.

“Que paguen quienes deben pagar, no quienes trabajamos toda nuestra vida para una vejez digna”, sostuvieron desde la conducción gremial.

La protesta buscará además interpelar a los legisladores provinciales de cara al tratamiento parlamentario del proyecto. “Exigimos a nuestros senadores que estén a la altura de lo que la ciudadanía les demanda”, señalaron.

El Senado provincial tiene previstas dos convocatorias para sesionar: una este miércoles a las 13 horas y otra para el jueves a las 11. En ese contexto, la movilización docente intentará visibilizar el rechazo sindical y social a una iniciativa que ya comenzó a generar tensión en distintos sectores del ámbito estatal entrerriano.

Desde Agmer insistieron en la necesidad de “hacerse escuchar” para evitar el avance de una reforma que consideran perjudicial para el sistema previsional provincial y para las futuras condiciones de retiro de los trabajadores públicos.

La celebración, marcada por una fuerte impronta patriótica y popular, incluyó el tradicional Tedeum en la Catedral San José, un desfile cívico-militar en el Parque de la Estación y el despliegue del Gran Pericón Nacional, del que participaron más de 2.000 parejas de baile, consolidando una de las postales más destacadas de la jornada.

Durante su discurso oficial, Frigerio invitó a reflexionar sobre el significado actual de la libertad y el compromiso ciudadano en la construcción del país.

“Cada 25 de mayo nos obliga a hacernos una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Qué hacemos con la libertad que heredamos?”, expresó el mandatario, al recordar que la Revolución de Mayo de 1810 representó el momento en que un pueblo decidió comenzar a hacerse cargo de su propio destino.

En ese marco, el gobernador sostuvo que gobernar implica asumir decisiones profundas para ordenar el Estado y erradicar privilegios, con el objetivo de consolidar una administración más transparente y sostenible.

Asimismo, remarcó la necesidad de superar divisiones y construir consensos duraderos para avanzar en las transformaciones estructurales que el país necesita.

“Estoy convencido de que las únicas transformaciones duraderas son las que se construyen con diálogo, con consensos y con la capacidad de pensar más allá de nosotros mismos”, enfatizó Frigerio.

En ese sentido, convocó a recuperar una visión patriótica basada en el respeto, la convivencia democrática y la posibilidad de debatir ideas sin confrontaciones destructivas.

El mandatario llamó a fortalecer una ciudadanía comprometida, capaz de sostener diferencias políticas o ideológicas dentro de un marco de respeto mutuo y construcción colectiva.

Por su parte, el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, resaltó la importancia histórica de la fecha y valoró la consolidación de esta celebración como una auténtica expresión de la identidad local y las tradiciones entrerrianas.

“Sigamos luchando por ser libres, porque la libertad es convivencia, es respeto sin sumisión, diálogo sin imposición”, afirmó el jefe comunal.

Davico también convocó a la ciudadanía a trabajar de manera conjunta, más allá de las diferencias, para construir un país con mayores oportunidades y una convivencia social basada en el respeto y la participación.

La jornada patriótica contó con una amplia convocatoria de vecinos, estudiantes, instituciones, fuerzas de seguridad y agrupaciones tradicionalistas, que acompañaron cada una de las actividades desarrolladas en distintos puntos de la ciudad.

El Tedeum, el desfile cívico-militar y el tradicional Gran Pericón Nacional reafirmaron el carácter cultural, histórico y comunitario de la conmemoración, en un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

Dirigentes de gremios de estatales, docentes y municipales comenzaron el análisis del proyecto de reforma previsional y dieron sus primeras impresiones ante la consulta de los medios de comunicación. Coincidieron en valorar la instancia de diálogo abierta por el gobierno, destacaron los cambios que encontraron reflejados en el texto que será debatido en la Legislatura y reconocieron la necesidad de avanzar en una reforma que permita sostener el sistema previsional y preservar el 82 por ciento móvil.Desde UPCN remarcaron que el gobierno tomó aportes del sindicato, aunque advirtieron que seguirán planteando diferencias sobre distintos aspectos. En Suoyem destacaron la posibilidad de participar de la discusión y resaltaron la reducción de años de servicio y la propuesta sobre la movilidad. Desde UDA, en tanto, consideraron que la iniciativa apunta a sostener el sistema y a preservar el 82 por ciento móvil.

“El gobierno escuchó las posiciones de los sindicatos que decidimos dar la discusión. Ahora pasamos a la etapa de estudio del proyecto y del análisis legislativo, donde se dará el debate de fondo”, expresó ante la consulta de la prensa la secretaria adjunta de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Carina Domínguez.

“El gobierno tomó algunos de nuestros aportes y el debate no está cerrado. Desde UPCN creemos que fue importante que el gobierno haya abierto la discusión”, expresó la dirigente y formuló “un llamado a la dirigencia sindical y política para que en Entre Ríos pensemos en el conjunto y no solamente en posiciones individuales y sectoriales”.

Consultada sobre los aportes que el proyecto prevé que realicen los trabajadores con sueldos mayores a 3 millones de pesos, Domínguez consideró que “tiene lógica en un marco de crisis escalonar los aportes de acuerdo a los ingresos”, aunque advirtió que “para el escalafón general que representa UPCN este aspecto no sería crucial porque no estamos dentro de esos valores”.

Más adelante, la dirigente valoró que se haya reducido de 30 a 20 años el período tomado para calcular el haber inicial. “Lo logramos en la discusión”, explicó. No obstante, anticipó que seguirán insistiendo para que quede como está actualmente y advirtió que “el gobierno tiene un margen para disminuir los 240 meses que dice el texto”.

Acerca de la edad jubilatoria similar para hombres y mujeres que la iniciativa plantea comenzar a alcanzar paulatinamente a partir de los cinco años de vigencia de la norma, Domínguez opinó que “hay que considerarle a las mujeres una serie de contemplaciones vinculadas a la cuestión de género, como el hecho de tener hijos y el cuidado familiar, tal como se hace en otros países”.

Respecto de la movilidad, la dirigente advirtió: “Se ha buscado confundir a los trabajadores diciendo que iba a regir el índice de Anses cuando todos sabemos el empobrecimiento que generó ese sistema. Ahora el índice estará basado en un criterio salarial del escalafón general”, precisó.

Más adelante, Domínguez dijo que la declaración de la emergencia previsional, “más allá de que se hablaba en los vectores, apareció como un hecho importante en el proyecto y fue sorpresivo”, pero señaló que “hay que ver realmente el alcance y cómo está planteado”.

“Es honesto decir que con UPCN ha habido voluntad de diálogo y debate y que el gobierno se ha mostrado permeable a algunas consideraciones que hemos hecho, aunque no nos hemos puesto de acuerdo en muchas cosas”, resumió luego.

“Es momento de reflexión y de abrir posibilidades para ver qué es lo mejor para nuestros trabajadores, nuestros jubilados y nuestra provincia”, completó Domínguez, antes de informar que UPCN va a realizar un recorrido por los departamentos “para hablar con los trabajadores, los jubilados y la prensa”.

“Cuando se empezó a hablar de este tema teníamos una postura bastante negativa, pero con el tiempo fuimos convocados junto a otros sectores, pudimos participar y pudimos aportar”, explicó Fernando García, representante del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem).

El dirigente destacó que el aumento en los años de servicio -que en el proyecto pasan de 30 a 35- comenzará a aplicarse después de los cinco años de vigencia de la ley. “Eso fue una pelea porque había posturas para que la aplicación fuera ni bien se aprobara la norma y va a ser gradual”, precisó.

“Otra de las cosas en las que insistimos fue en que no se tomaran 30 años para calcular el haber inicial. Dijimos que era imposible, dimos esa pelea y en el proyecto se bajó a 20 años, es decir que alguna repercusión tuvo nuestra posición”, explicó García. “Ahora vamos a insistir para que se sostengan los 10 años”, agregó

“Hay cosas con las que podemos no estar de acuerdo, pero sí estamos de acuerdo en la participación”, señaló el dirigente y anticipó que irán a la Legislatura a continuar con el debate.

García también mencionó que en el inicio de la discusión se habló de aplicar un índice como el de Anses. “Para nosotros no era beneficioso, se generó el debate y eso también se logró”, resaltó.

Por último, el dirigente se refirió a los aportes que tendrían que hacer durante la emergencia los trabajadores con salarios superiores a los 3 millones de pesos. “Nuestro sector queda totalmente excluido porque nosotros no llegamos a cobrar 3 millones”, puntualizó.

Desde el sector docente, Mirta Raya, consideró “que era justo y necesario que nos pusiéramos a trabajar el gobierno y los sindicatos con la Caja de Jubilaciones porque realmente era importante sostener el 82 por ciento móvil, que no todos tienen en la Argentina”.

“Este proyecto busca trabajar temas centrales, como la movilidad jubilatoria, las edades de acceso al beneficio y otros factores estructurales”, enumeró la secretaria general de la Unión Docentes Argentinos (UDA).

“Lo que se busca con estas adecuaciones es priorizar la estabilidad del sistema previsional para las futuras generaciones de entrerrianos”, acotó.

“En este proyecto que se presentó hoy estuvimos tratando de hacer nuestros aportes para que la Caja de Jubilaciones pueda seguir sosteniéndose”, finalizó la dirigente.

El Gobierno de Entre Ríos presentó Raíces, una nueva línea de créditos hipotecarios que redefine el acceso a soluciones habitacionales con un esquema más abierto, continuo y accesible. El nuevo sistema elimina los sorteos y los reemplaza por un mecanismo de evaluación permanente que busca brindar mayor previsibilidad, transparencia y certezas a quienes buscan construir, ampliar o mejorar su vivienda.

Durante una conferencia de prensa encabezada por el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; junto al presidente del IAPV, Manuel Schönhals; el vicepresidente del organismo, Pablo Omarini; y el vocal Eduardo Horacio Lopez Segura; se presentó esta nueva etapa de la política habitacional provincial.

"Estamos impulsando un profundo cambio de paradigma respecto de cómo venía trabajando el IAPV. Cuando hablamos de cambio de paradigma hablamos de generar más soluciones habitacionales optimizando al máximo los recursos con los que contamos y eso estamos haciendo con Raíces que es una línea de créditos para construcción y refacción que va a dinamizar la economía y fortalecer el acceso a la vivienda en toda la provincia", sostuvo Colello.

"Construir viviendas sigue siendo una herramienta necesaria y por eso vamos a terminar cada una de las viviendas que encontramos iniciadas, además de avanzar en un proceso de normalización dominial que permita que miles de familias accedan finalmente a su escritura", agregó el funcionario, y señaló que  "por decisión del gobernador estamos llevando adelante en Entre Ríos un verdadero plan de vivienda que amplía las herramientas disponibles para dar más soluciones habitacionales y adaptarse a la realidad de cada familia".

Por su parte, el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, indicó que "la experiencia de las operatorias anteriores también nos marcó la necesidad de modificar el mecanismo. Entre el sorteo y la adjudicación detectamos que muchas personas tenían la documentación en condiciones pero quedaban afuera del proceso. Ahora vamos a priorizar el padrón de inscriptos existente -2.390 personas- y avanzar con una evaluación continua que permita dar respuestas más previsibles".

Los créditos hipotecarios IAPV Raíces incorporan un cambio central al dejar atrás el esquema de sorteos y pasar a un modelo de evaluación continua.

Quienes cumplan con los requisitos podrán avanzar en el proceso mediante validación de documentación, situación económica y capacidad de cumplimiento, dentro del cupo disponible.

"El objetivo es transformar un proyecto habitacional en una certeza previsible. Que quien cumple los requisitos tenga una respuesta y no dependa del azar", explicó el vicepresidente del IAPV, Pablo Omarini.

Además, el nuevo sistema amplía el universo de destinatarios, ya que podrán acceder personas solas, no será obligatorio conformar grupo familiar y se flexibilizan condiciones de acceso como la antigüedad laboral mínima, que pasa a ser de seis meses.

El programa contempla dos operatorias:

Construcción de vivienda en terreno propio: financiamiento de hasta 46.000 UVI, equivalente -actualmente- a aproximadamente 65 millones de pesos, para viviendas de hasta 70 metros cuadrados.

Terminación, ampliación o refacción: con financiamiento de hasta 20.000 UVI  (aproximadamente 27,9 millones de pesos).

Los créditos se otorgan sin tasa de interés, ajustados por unidad UVI. Las cuotas se definirán según el monto financiado y los ingresos del grupo solicitante, con un tope de afectación del 20 por ciento de los ingresos.

Podrán postularse personas:

Mayores de 18 años.

Residentes en Entre Ríos.

Con ingresos formales y comprobables entre 2 y 10 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles inscriptas en el Registro de Demanda Habitacional del IAPV con datos actualizados.

Para la línea de construcción será requisito acreditar titularidad del terreno y no poseer vivienda propia. Para ampliación, terminación o refacción deberá acreditarse la titularidad del inmueble y no contar con otra vivienda.

El esquema admite postulaciones individuales o grupales.

Durante esta primera etapa, el IAPV comenzó a contactar por correo electrónico a quienes ya estaban registrados en el sistema anterior y no habían resultado beneficiados.

"Quienes ya estaban inscriptos y cumplan con los requisitos tendrán prioridad para avanzar en el proceso. Y quienes todavía no se hayan anotado podrán hacerlo desde hoy a través del IAPV", explicó Colello.

Con Raíces, el gobierno provincial busca consolidar una política habitacional orientada a acompañar proyectos concretos, ampliar oportunidades de acceso y construir un sistema más cercano, transparente y adaptado a las distintas realidades de las familias entrerrianas.

La creciente digitalización de la vida cotidiana y los nuevos riesgos asociados al uso de las redes sociales y dispositivos móviles fueron eje de debate este jueves en Paraná, durante el Primer Congreso Regional de Cibercrimen del Programa Federal Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (Ocedic) y TikTok, un espacio que reunió a especialistas, funcionarios judiciales, docentes y autoridades provinciales.

El encuentro se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, organizado por Ocedic de la Universidad Austral, y abordó temáticas vinculadas al cibercrimen, la evidencia digital en investigaciones criminales y su tratamiento en procesos judiciales, además de los desafíos preventivos que plantea el uso masivo de la tecnología en la infancia y adolescencia.

En ese contexto, el gobernador Rogelio Frigerio subrayó la necesidad de asumir estos problemas desde la gestión pública y no ignorarlos.

“Ante los problemas tenemos dos caminos: o los ocultamos o los enfrentamos. Nosotros elegimos siempre enfrentarlos porque para eso entendemos también que está la política”, sostuvo.

Durante su intervención, Frigerio puso el foco en el impacto de la revolución tecnológica y en la velocidad con la que las nuevas herramientas digitales modifican hábitos, vínculos y formas de socialización.

Advirtió que el fenómeno excede lo tecnológico y atraviesa directamente la vida social de niños y adolescentes.

El mandatario compartió un dato que consideró alarmante: el 95 por ciento de los chicos tiene acceso a teléfonos con internet, mientras que la edad promedio de inicio en el uso de estos dispositivos ronda los 10 años, aunque reconoció que en muchos casos ese vínculo comienza incluso antes.

“Dentro de los teléfonos y pantallas se socializa, se conocen personas, se forman ideas y comunidades. Y si bien esto es muy potente porque multiplica la forma de aprender, también trae grandes riesgos porque cambiaron muchas cosas, pero lo que no cambia son los que quieren sacar provecho”, afirmó.

En ese sentido, vinculó estos riesgos con episodios recientes como la ola de amenazas en escuelas entrerrianas, que generó preocupación social, intervenciones institucionales y costos operativos para el Estado.

“No fue un juego. Provocó mucho miedo. Trajo grandes problemas y grandes erogaciones para el Estado”, remarcó.

Frigerio también mencionó fenómenos como el grooming, el ciberbullying y el acoso digital, advirtiendo que se trata de problemáticas que impactan de manera directa en la salud mental de niños y adolescentes.

Frente a ese escenario, planteó que el desafío no pasa por rechazar la tecnología, sino por aprender a utilizarla con inteligencia y responsabilidad.

“Lo peor que podemos hacer es negar la tecnología. Tenemos que usarla de forma inteligente y siempre a nuestro favor”, expresó.

Destacó además el trabajo articulado entre la Provincia, la Universidad Austral, Ocedic, el Poder Judicial y el Consejo General de Educación.

Pero, por encima de cualquier herramienta tecnológica o institucional, remarcó una dimensión que consideró esencial:

“Hay una herramienta que es irreemplazable: el diálogo”.

El gobernador definió al aula como uno de los ámbitos más importantes para prevenir situaciones de violencia digital, exposición riesgosa y conflictos vinculados a redes sociales.

Sostuvo que la modernización educativa debe convivir con la preservación de espacios de encuentro humano y escucha activa.

“El aula es uno de los lugares privilegiados para prevenir estos problemas. La modernización es indispensable, pero no podemos perder la esencia: el encuentro cara a cara, el tiempo compartido, el hablar en la mesa, porque no todo se nota y escuchar también es cuidar”.

Y cerró con una definición que sintetizó el enfoque preventivo del encuentro:

“Si articulamos el control de la tecnología con la escucha activa, vamos a evitar grandes problemas”.

Durante el congreso también tomó la palabra la directora de Ocedic, Daniela Dupuy, quien explicó que el organismo desarrolla una doble tarea: prevención comunitaria y capacitación judicial.

Detalló que el programa visita escuelas de distintas provincias para generar conciencia en niños, niñas y adolescentes sobre el uso seguro de redes sociales y herramientas digitales.

Al mismo tiempo, trabajan en la formación de jueces, fiscales y defensores que intervienen en investigaciones vinculadas al ciberdelito.

“No se trata de dejar de interactuar en redes sociales o de no utilizar tecnología, sino de hacerlo de manera segura y cuidada”, sostuvo.

Dupuy además destacó la importancia de recolectar y tratar correctamente la evidencia digital para lograr investigaciones eficaces que puedan sostenerse en juicio.

Otro de los anuncios relevantes de la jornada fue la firma de un convenio entre Ocedic y el Consejo General de Educación (CGE), destinado a impulsar capacitaciones y actividades de prevención en el ámbito escolar.

El presidente del CGE, Carlos Cuenca, agradeció el acompañamiento institucional y confirmó que el acuerdo permitirá trabajar con docentes, padres y estudiantes.

Además, adelantó que ya se proyectan jornadas específicas en distintos puntos de la provincia.

“Ya tenemos fechas de jornadas que las estaremos anunciando. Seguramente una en Paraná, otra en Concordia, y a la vez trabajar capacitaciones más específicas en otra etapa del año”, informó.

El Congreso Regional de Cibercrimen dejó en claro que los delitos digitales ya no son una problemática aislada del ámbito judicial o tecnológico.

Se trata de un fenómeno que atraviesa escuelas, familias, vínculos sociales y salud mental.

En ese contexto, Entre Ríos comenzó a dar pasos para fortalecer la prevención y la formación.

Y el desafío, como quedó planteado en Paraná, no será solamente controlar dispositivos.

También aprender a escuchar detrás de cada pantalla.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, mantuvo una reunión con la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, y el director ejecutivo de Anses, Guillermo Arancibia, con el objetivo de avanzar en la firma de un convenio entre el Gobierno nacional y la provincia por la compensación de la Caja de Jubilaciones no transferida.

El encuentro representó un paso clave dentro de las gestiones que la administración provincial viene desarrollando para reclamar recursos vinculados al sistema previsional entrerriano y regularizar una deuda histórica que la Nación mantiene con la provincia.

Durante la reunión, las autoridades analizaron los resultados de auditorías recientes sobre la Caja de Jubilaciones, un proceso técnico que no se realizaba desde 2017 y que resulta fundamental para determinar con mayor precisión los montos que le corresponden a Entre Ríos en concepto de compensación previsional.

Frigerio destacó la importancia del proceso al considerar que se trata de una instancia central tanto desde lo técnico como desde lo político, ya que permitirá avanzar en la organización y regularización de una situación histórica vinculada al financiamiento del sistema jubilatorio provincial.

El mandatario entrerriano remarcó además el valor del trabajo articulado con el Gobierno nacional para alcanzar acuerdos que impacten de manera positiva en la provincia.

Según señalaron desde el Ejecutivo, la definición de estos montos podría representar un alivio financiero para Entre Ríos y fortalecer la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones, uno de los ejes sensibles dentro de la administración provincial.

La reunión se enmarca en una agenda de gestiones que Frigerio viene impulsando ante distintos organismos nacionales con el objetivo de defender los intereses de Entre Ríos y garantizar recursos que permitan mejorar la administración del Estado y sostener áreas estratégicas.

Desde el Gobierno provincial entienden que avanzar en este convenio con Nación podría significar un paso importante para dar previsibilidad al sistema jubilatorio y mejorar el equilibrio financiero en materia previsional.

En declaraciones al programa Debate Abierto, el legislador concordiense consideró que las medidas de ajuste implementadas por la administración nacional eran necesarias para ordenar la situación económica heredada, aunque reconoció que tuvieron un fuerte impacto en las provincias y en el poder adquisitivo de los trabajadores.

Según sostuvo, la formación económica de Frigerio permitió anticiparse a un escenario que podría haber resultado aún más complicado para Entre Ríos.

“El ajuste impactó directamente en los recursos provinciales y en el salario disponible de los trabajadores, pero el gobernador tuvo capacidad de maniobra para afrontar una situación compleja”, señaló López.

En otro tramo de la entrevista, el dirigente radical se refirió al debate legislativo sobre una eventual eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), postura sobre la cual manifestó reservas.

“El argumento del ahorro económico no es suficiente para desmantelar un sistema con tradición democrática”, expresó el diputado.

Además, se mostró a favor de que las elecciones provinciales se desarrollen separadas de las nacionales, al considerar que eso permite que la ciudadanía pueda concentrarse en los temas locales y municipales sin que la discusión quede absorbida por el escenario político nacional.

En relación con la situación de Concordia, López elogió la gestión del intendente Francisco Azcué y afirmó que, tras cuatro décadas de administraciones peronistas, el municipio logró ordenar sus cuentas públicas.

Según indicó, ese equilibrio fiscal permitirá ejecutar un plan de obras públicas superior a los 20.000 millones de pesos financiado íntegramente con recursos municipales, cifra que calificó como “récord” para la ciudad.

Por otra parte, el legislador también se refirió al futuro político de la coalición gobernante y consideró que tanto Frigerio como Azcué tienen derecho a buscar una eventual reelección si así lo deciden, aunque aclaró que todavía es prematuro hablar de definiciones electorales.

Finalmente, López sostuvo que, pese al impacto del ajuste económico, existe una expectativa positiva en parte de la sociedad respecto a una futura recuperación económica.

“El electorado mantiene la esperanza en un despegue económico y está dispuesto a realizar el esfuerzo necesario para superar la crisis heredada”, concluyó.

La reunión se desarrolló en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno y contó con la participación de funcionarios provinciales y dirigentes de las principales entidades agropecuarias de Entre Ríos, quienes destacaron el diálogo abierto y el trabajo conjunto con la administración provincial.

Tras el encuentro, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, explicó que uno de los principales puntos abordados fue la actualización del impuesto inmobiliario rural, cuyo incremento se ubicará por debajo de la inflación.

“El eje del encuentro fue presentarle al gobernador el acuerdo que se había alcanzado. Y se repasó otra agenda en común que es la de los caminos rurales. Este es un proceso sobre el que trabajamos mucho y esperamos tener mejores resultados. El gobernador planteó mantener abiertas las alternativas para seguir conversando y mejorar mecanismos de ejecución”, señaló el funcionario.

Bernaudo indicó además que durante la reunión se analizó la situación del sector arrocero, afectado por la caída de la superficie sembrada y por el contexto económico nacional.

En relación al impuesto inmobiliario rural, el ministro recomendó a aquellos productores que hayan recibido incrementos superiores al 30 por ciento —tope fijado para la actualización— que realicen consultas ante Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) o a través de las entidades que integran la Mesa de Enlace, ya que algunos aumentos podrían deberse a descuentos aplicados el año anterior que actualmente dejaron de regir.

“Fue una reunión muy productiva”, resumió el titular de Desarrollo Económico.

Por su parte, la presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, valoró el espacio de diálogo con el Ejecutivo provincial.

“Es una buena oportunidad conversar con el gobernador y con todo su gabinete que siempre está predispuesto a encontrar estos espacios de diálogo que son los que realmente llevan a la construcción de las políticas públicas que necesitamos a largo y mediano plazo”, expresó.

Además, sostuvo que desde el sector agropecuario existe predisposición para acompañar a los gobiernos provinciales “en momentos muy críticos y en situaciones que nos afectan a todos”.

En tanto, el presidente de Federación de Cooperativas Federadas (Fedeco), Ronald Garnier, calificó el encuentro como “muy positivo” y destacó la continuidad del trabajo conjunto con el gobierno provincial.

Garnier remarcó especialmente la necesidad de avanzar en soluciones para los caminos rurales, una problemática histórica en Entre Ríos. “La producción agropecuaria va en aumento y necesitamos estructuras de camino y puertos diferentes para seguir trabajando y poder sacar nuestra producción”, afirmó.

Finalmente, aseguró que las entidades rurales continuarán colaborando con el Ejecutivo provincial para buscar soluciones conjuntas a las demandas del sector.

Del encuentro participaron además el presidente de la Sociedad Rural Argentina Distrito Entre Ríos, Diego Etchevehere; el titular de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), Sergio Dalcol; el referente de la regional Entre Ríos de la FAA, Matías Martiarena; el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; y el director de ATER, Jesús Rafael Korell.

En ese marco, el mandatario felicitó a la nueva presidenta de la UIER, Celeste Valenti, quien asumió recientemente al frente de la institución, y también reconoció la labor del dirigente saliente, Gabriel Bourdin. “Quiero felicitarla por esta nueva responsabilidad en la presidencia de la Unión Industrial de Entre Ríos y agradecerle a Gabriel por estos años de compromiso y dedicación al trabajo gremial y de representación sectorial”, expresó.

Frigerio subrayó además el carácter histórico de la nueva conducción al remarcar que se trata de la primera mujer en ocupar ese cargo dentro de la entidad. “Este es más importante que otros cambios porque Celeste es la primera mujer presidenta de la UIER”, afirmó, al tiempo que destacó la necesidad de sostener una línea de trabajo más allá de los nombres propios. “Más allá de los cambios, hay algo esencial que es la continuidad en el norte, porque para que el trabajo rinda frutos tiene que ser sostenido en el tiempo”, agregó.

Durante su discurso, el gobernador planteó una mirada crítica sobre ciertas prácticas políticas del pasado y llamó a encarar transformaciones estructurales que permitan un desarrollo sostenido. “Es cómodo elegir el camino fácil, el que da los aplausos inmediatos, pero los atajos no se sostienen en el tiempo y no constituyen verdadero desarrollo ni generan innovación”, sostuvo. En esa línea, aseguró que su gestión busca asumir los desafíos de fondo: “No vinimos a trasladar ese costo al que produce ni a patear los problemas hacia adelante, sino a hacernos cargo”.

En la antesala del Día del Trabajador, Frigerio hizo especial énfasis en la necesidad de generar empleo genuino en el sector privado. “Durante mucho tiempo se habló de los trabajadores, pero no de cómo generar trabajo real, genuino y de calidad”, indicó. Y agregó: “El cambio que estamos impulsando es casi contracultural: es volver a poner al trabajo productivo en el centro y hacer que el Estado sea un facilitador y no una fuente de empleo”.

El mandatario también destacó algunas de las principales medidas impulsadas por su administración para mejorar las condiciones de inversión en la provincia. En ese sentido, remarcó el avance del régimen de incentivo a las nuevas inversiones, que ya cuenta con una importante cantidad de empresas interesadas. “Le sacamos el pie de encima al que produce. Hoy hay casi 130 empresas tramitando su adhesión a este régimen”, señaló. Según precisó, estas iniciativas representan inversiones por alrededor de 300.000 millones de pesos y la posibilidad de generar cerca de 2.000 nuevos puestos de trabajo en Entre Ríos.

En materia impositiva, Frigerio reiteró el compromiso de aliviar la carga sobre el sector productivo. “Tomamos la decisión de que los impuestos bajen en términos reales y que no haya un solo impuesto que suba más que la inflación”, afirmó. Asimismo, planteó la necesidad de avanzar en la eliminación de tributos distorsivos, como Ingresos Brutos, las retenciones o el impuesto al cheque, mediante un trabajo coordinado entre los distintos niveles del Estado.

Otro de los ejes abordados por el gobernador fue la modernización administrativa y la simplificación de trámites, aspectos que consideró clave para mejorar la competitividad. “Renovamos la legislación ambiental con un certificado único digital que reemplaza procesos que antes podían demorar hasta siete años”, destacó, al tiempo que remarcó la importancia de seguir invirtiendo en infraestructura para acompañar el crecimiento del sector productivo.

Finalmente, Frigerio convocó a sostener un rumbo de largo plazo basado en la articulación entre el Estado y el sector privado. “No podemos abandonar la idea de un Estado que ordena, que escucha y que genera condiciones para quienes producen y dan trabajo”, expresó. Y concluyó: “Tenemos que sostener este norte en el tiempo y, si lo hacemos, no tengo dudas de que los entrerrianos vamos a estar cada vez más cerca de lo que podemos ser”.

La participación del mandatario en la Asamblea de la UIER volvió a poner de relieve la centralidad que el sector industrial tiene en la agenda provincial, en un contexto económico desafiante que exige consensos, previsibilidad y políticas sostenidas para impulsar el desarrollo y la generación de empleo.

"Entre Ríos 2050" expresó su beneplácito con la aprobación de la Ley del Régimen General de Concesiones, cuya sanción definitiva se dio este martes por la noche en la Cámara de Senadores. El grupo empresario consideró que se trata de "un hito para la modernización de la provincia", que permitirá mantener y potenciar la red vial, revertir años de atraso y dotarla de competitividad para el desarrollo regional. El grupo empresario propicia estas prácticas para el recupero de las rutas entrerrianas, donde no llega la inversión pública.

La normativa aprobada en la Legislatura habilita las concesiones de obras, infraestructuras públicas y servicios públicos de la provincia. Se trata de una herramienta legal que habilitará la implementación del sistema de peajes a las empresas que lleven adelante trabajos de construcción, mantenimiento, conservación de rutas, puentes y otras obras complementarias, una de las banderas que desde el sector privado reclama para aquellos lugares donde el Estado no llega con recursos propios.

Desde "Entre Ríos 2050" valoraron la iniciativa y recordaron que se trata de una de las herramientas que promovió y sostuvo el grupo desde su fundación como eje central para la modernización de la provincia, en sintonía con los modelos de provincias y países vecinos. Resaltaron que resulta vital su implementación para la optimización de la circulación vial del territorio, fundamental para el desarrollo provincial.

En esa línea, plantearon la necesidad urgente de poner en valor la trama vial de Entre Ríos, en especial aquellas rutas y caminos que resultan indispensables para las comunidades y sectores productivos que agregan valor tierras adentro. Desde esa perspectiva, instan a mantener la Ruta Nacional 12, en especial el tramo Paraná - Crespo y el resto de los caminos secundarios de la zona.

El grupo integrado por empresarios, productores y comerciantes de la provincia, también insistió sobre uno de los vectores de desarrollo que sostienen desde sus inicios, hace siete años, y refiere a la importancia de impulsar nuevas trazas viales, con sistema de autovías, que acorten distancias entre la provincia y Buenos Aires. La iniciativa propone unir Paraná, Crespo, Nogoyá, Victoria y Urdinarrain con concesiones y sistema de peajes que garantice la circulación y seguridad de vehículos particulares y camiones que transportan diversos insumos y productos terminados. Forman parte del grupo Héctor Motta, Felipe Berruhet, Héctor Fratoni, Elvio Guía, Alcides Balla, Alfredo Calabrese, Alfredo Bel, Luis Jacobi y Daniel Rodríguez, además de Matías Ruiz -en licencia- y con la invitación especial de Luciano Filipuzzi y Horacio Rizzo.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, confirmó que la Ruta Provincial 45, en Ibicuy, será la primera en ser concesionada bajo un esquema de inversión privada, con el objetivo de encarar una solución definitiva al grave deterioro de la traza. Los pobladores de la región, que quedarán exentos del pago de este peaje, ven pasar por esa ruta desde hace más de una década, camiones que se llevan el recurso mineral entrerriano con destino a Vaca Muerta, generando el consabido deterioro de esa ruta hoy casi intransitable. El camino necesita ser reconstruido y hacerlo costará entre 40 y 50 millones de dólares. Es evidente que el gobernador Frigerio pretende que lo paguen quienes le dan un uso intensivo transportando cargas, y no el tránsito vecinal.

La ruta 45 ha sido destruida por el paso de 400 camiones diarios en la última década, para embarcar arena entrerriana en el puerto de Ibicuy con destino a Vaca Muerta.

La obra esperaba su implementación una vez que la Legislatura aprobara la Ley de Concesiones, hecho que se concretó anoche (martes 21). Según detalló el mandatario, requerirá una inversión estimada entre 40 y 50 millones de dólares, destinada a la repavimentación integral del corredor.