Según un relevamiento de la empresa Adecco, siete de cada diez compañías esperan que los cambios tengan un impacto favorable en las condiciones de contratación. Sin embargo, el verdadero desafío radica en cómo cada empresa adapta sus procesos internos a este nuevo escenario.

“Este nuevo marco representa una oportunidad para que las organizaciones revisen y fortalezcan su gestión interna. Comprender la norma es el primer paso, pero el verdadero diferencial está en cómo se implementa”, explicó Patricio Dewey, director comercial y de marketing de Adecco Argentina.

Uno de los ejes centrales de la reforma es la ampliación de las modalidades contractuales y la mayor discrecionalidad en la organización del trabajo. Esto permite a las empresas ajustar sus dotaciones con mayor precisión frente a cambios en la demanda o ciclos productivos.

No obstante, esta flexibilidad también implica nuevos desafíos. Las compañías deberán definir con mayor criterio técnico qué puestos requieren estabilidad estructural y cuáles pueden adaptarse a esquemas más dinámicos.

En este contexto, la tercerización a través de partners especializados aparece como una alternativa para acceder a esquemas flexibles sin asumir toda la carga operativa ni los riesgos asociados a errores contractuales.

Otro aspecto clave de la reforma es la modificación de los esquemas indemnizatorios, que ahora presentan criterios más claros en cuanto a base de cálculo, topes y pisos. Esto otorga mayor previsibilidad a las empresas al momento de proyectar costos laborales.

Sin embargo, esta ventaja exige una actualización inmediata de los modelos de costeo, la revisión de contratos vigentes y la adaptación de procesos internos.

“En este nuevo contexto, acompañar a las organizaciones en la planificación de dotaciones y el costeo laboral actualizado es clave para transformar el marco normativo en decisiones concretas”, señaló Dewey.

La reforma también redefine la responsabilidad en los procesos de tercerización, acotando la exposición legal de las empresas usuarias. Esto configura un escenario más previsible, aunque con mayores exigencias en materia de control documental.

La correcta elección de proveedores se vuelve así un factor determinante. Una gestión documental deficiente o la contratación de partners sin respaldo puede reactivar riesgos legales que la norma busca reducir.

Frente a este panorama, trabajar con empresas especializadas y con trayectoria aparece como una estrategia para garantizar cumplimiento y reducir contingencias.

A pesar de los cambios introducidos por la reforma, el mercado laboral argentino continúa enfrentando un problema estructural: la falta de talento calificado en sectores clave.

Áreas como Minería, Energía, Tecnología y Logística mantienen brechas significativas de perfiles técnicos, lo que obliga a las empresas a reforzar sus estrategias de formación y desarrollo.

Además, el rol de los mandos medios cobra especial relevancia en la implementación del nuevo marco normativo y en la gestión del clima organizacional.

En este escenario, la combinación entre flexibilidad contractual y políticas activas de desarrollo de talento será determinante para sostener la competitividad.

“La reforma no solo flexibiliza: también ordena y protege, si se gestiona correctamente. Trabajar con partners especializados permite operar con mayor control y enfocarse en el negocio con mayor tranquilidad”, concluyó Dewey.

Trabajadores de la empresa avícola Granja Tres Arroyos (GTA), la principal productora de pollos del país, se encuentran en asamblea desde la madrugada de este martes 10 de marzo en la ciudad de Concepción del Uruguay, ante versiones que indican una posible quiebra de la firma en medio de una profunda crisis que afecta a sus plantas en Entre Ríos y Buenos Aires.

La información fue publicada por el diario La Calle. En paralelo, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, visitó este martes las instalaciones de Fepasa en la misma ciudad.

La medida de fuerza responde a la incertidumbre generada por los rumores de quiebra, que se suman a los conflictos salariales que la empresa arrastra desde hace meses. GTA ya enfrentaba reclamos por deudas salariales en su planta La China, en Concepción del Uruguay, y también en su establecimiento de Pilar, en la provincia de Buenos Aires.

La crisis empresarial se profundizó durante el último año y derivó en cerca de 400 desafectaciones de personal, entre despidos, retiros voluntarios y acuerdos. En tanto, la planta de Pilar también registró paralizaciones en su actividad debido a reclamos por salarios adeudados.

Los representantes gremiales informaron que actualmente no existe diálogo con la empresa. Así lo señalaron el secretario general del Sindicato de la Alimentación, Miguel Klenner, y el referente del Sindicato de la Carne, Sergio Vereda. Según indicaron, desde marzo de 2024 los trabajadores vienen percibiendo sus salarios en cuotas, llegando a cobrarlos en hasta cinco partes.

En la planta trabajan alrededor de 1.000 personas, muchas de las cuales atraviesan una situación económica crítica. De acuerdo con lo manifestado por los empleados, varios tienen dificultades para afrontar el pago de alquileres y presentan problemas financieros, incluso con tarjetas de crédito bloqueadas, lo que limita su acceso a alimentos y otros bienes básicos.

Ante este escenario, la planta de faena se encuentra paralizada y el sector de carga permanece bloqueado hasta tanto la empresa regularice el pago de los salarios adeudados.

Por su parte, el dirigente Sergio Vereda expresó su preocupación por la falta de comunicación de la empresa con los trabajadores, lo que ha generado un clima de incertidumbre y angustia en el sector.

Mientras tanto, el gobernador Rogelio Frigerio realizó una visita a las instalaciones de Fepasa en Concepción del Uruguay, aunque hasta el momento no trascendieron detalles sobre posibles gestiones vinculadas a la situación que atraviesa Granja Tres Arroyos.

La crisis laboral en la avícola es seguida de cerca por autoridades provinciales y organizaciones sindicales, que se mantienen en estado de alerta frente a la evolución del conflicto.

El presidente Javier Milei promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, sancionada por el Congreso de la Nación Argentina el pasado 27 de febrero, mediante el Decreto 137/2026. La norma introduce una reforma estructural del sistema laboral argentino, con modificaciones que abarcan desde la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 hasta el régimen de convenios colectivos, el derecho de huelga y la creación de nuevos mecanismos de financiamiento para indemnizaciones.

La promulgación fue firmada también por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Según el Gobierno, la reforma busca modernizar el mercado laboral, incentivar la formalización del empleo y promover inversiones productivas, mientras que distintos sectores sindicales y políticos advierten que la normativa implica una reducción de derechos laborales históricos.

La nueva legislación modifica el alcance de la Ley de Contrato de Trabajo al excluir expresamente a los trabajadores independientes, prestadores de servicios de plataformas tecnológicas y personas privadas de libertad.

Además redefine el concepto legal de trabajo como “toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración”.

Uno de los cambios más relevantes es que se limita la presunción de relación de dependencia cuando el trabajador emite facturas o recibe pagos mediante transferencias bancarias, lo que podría impactar en disputas judiciales vinculadas a vínculos laborales encubiertos.

La ley modifica el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y establece que la indemnización por despido sin causa será equivalente a un mes de sueldo por cada año de antigüedad, calculada sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año.

La norma define como remuneración “habitual” a los conceptos percibidos al menos seis meses durante el último año calendario.

También determina que la indemnización laboral será la única reparación procedente frente a la extinción sin justa causa, lo que impide iniciar acciones civiles o extracontractuales paralelas, salvo cuando exista un ilícito penal.

Además, el nuevo esquema permite que las indemnizaciones se paguen en cuotas: hasta 12 en empresas grandes y hasta 18 en micro, pequeñas y medianas empresas.

Uno de los ejes centrales de la reforma es la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), patrimonios separados que los empleadores deberán constituir para afrontar obligaciones indemnizatorias.

Las contribuciones obligatorias serán:

Los aportes se calcularán sobre las remuneraciones base del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Los fondos serán administrados por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores y entrarán en vigencia el 1° de junio de 2026, con posibilidad de prórroga de seis meses por parte del Poder Ejecutivo.

El Gobierno señaló que las empresas que integren estos fondos recibirán una reducción equivalente en sus contribuciones patronales a la seguridad social.

La ley incorpora un marco específico para trabajadores de plataformas tecnológicas de movilidad y reparto, estableciendo que serán considerados trabajadores independientes y no empleados en relación de dependencia.

Las empresas deberán brindar:

Los prestadores tendrán libertad de horario, conexión y rechazo de pedidos, según establece la normativa.

La reforma introduce cambios en la organización del tiempo de trabajo.

Las vacaciones deberán otorgarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril, aunque la ley establece que el trabajador tendrá derecho a disfrutarlas en temporada estival al menos una vez cada tres años. Además, podrán fraccionarse en períodos no menores a siete días.

También se incorpora un sistema de banco de horas, que permite compensar tiempo trabajado en exceso con reducción de jornada en otro momento. En ese marco, la jornada máxima podrá extenderse hasta 12 horas, siempre que exista un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas.

La norma modifica el régimen de conflictos colectivos y establece nuevos niveles obligatorios de prestación durante huelgas:

Entre los servicios esenciales se incluyen:

En tanto, como servicios trascendentales se incorporan sectores como:

La ley también introduce modificaciones a la Ley de Convenios Colectivos N° 14.250.

Los convenios colectivos vencidos solo mantendrán vigentes sus cláusulas normativas hasta que se firme uno nuevo, mientras que las cláusulas obligacionales solo continuarán si las partes acuerdan su prórroga.

Asimismo, se fijan límites a los aportes establecidos en los convenios colectivos:

La normativa también establece que los delegados sindicales dispondrán de hasta 10 días al mes para tareas gremiales dentro de la jornada laboral, y que las asambleas requerirán autorización del empleador.

La ley crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), vigente por un año desde el segundo mes posterior a la promulgación.

Los empleadores que incorporen trabajadores no registrados o desempleados pagarán una contribución patronal reducida del 2% durante los primeros cuatro años de la relación laboral.

También se establece el Programa de Promoción del Empleo Registrado (PER), que permite regularizar trabajadores con condonación de hasta el 70% de las deudas con la seguridad social.

En materia tributaria, la ley crea el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), destinado a micro, pequeñas y medianas empresas.

El esquema incluye:

La normativa dispone que, a partir del 1° de enero de 2027, quedarán derogados varios estatutos laborales especiales, entre ellos:

Estos sectores pasarán a regirse por el régimen general.

Además, la ley aprueba el acuerdo de transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo al fuero laboral de la Ciudad de Buenos Aires, firmado el 9 de febrero de 2026 entre el Estado nacional y el Gobierno porteño.

Las causas ya iniciadas continuarán tramitándose bajo la normativa vigente hasta completarse el proceso de traspaso.

La reforma laboral impulsada por el Gobierno de Milei representa uno de los cambios más profundos en la legislación laboral argentina en décadas, con impacto directo en la organización del trabajo, las indemnizaciones, la negociación colectiva y el derecho de huelga.

La economista Marina Dal Poggetto advirtió que la transición hacia un nuevo régimen macroeconómico ya está generando destrucción de empleo formal, deterioro en las hojas de balance de las empresas y un fuerte impacto sobre el consumo interno. Según sostuvo, el proceso de apertura y normalización financiera impulsado por el Gobierno implica costos que comienzan a hacerse visibles en la estructura productiva y laboral.

“Estás transitando de un régimen a otro”, planteó por Splendid AM 990 la directora ejecutiva de EcoGo, al describir el pasaje desde un modelo con alta brecha cambiaria, tasas reales negativas y fuerte protección comercial hacia otro con menor distorsión cambiaria, tasas positivas y apertura de importaciones.

En el esquema anterior, explicó, la economía funcionaba con una lógica de arbitraje: “Tomabas todos los pesos baratos que había en el sistema, comprabas todos los dólares baratos que te daba el Banco Central y si podías fijar precio eras Gardel”.

En contraste, sostuvo que el actual escenario implica “normalizar la macro”, con una brecha cambiaria que “tendió a desaparecer” y tasas de interés que ya no son negativas. “Hoy sí importa la demanda y parte de esa demanda es abastecida con un aumento en las importaciones”, afirmó, al señalar que los bienes de consumo y los autos muestran una fuerte expansión de compras externas.

Dal Poggetto remarcó que el Gobierno utiliza el tipo de cambio como ancla para frenar la inflación. “Hay una discusión detrás que tiene que ver con el uso del dólar como ancla y un tipo de cambio que lo estás volviendo a atrasar”, indicó.

Tras la devaluación inicial que llevó el dólar oficial de 360 a 800 pesos, el tipo de cambio real alcanzó niveles elevados, pero luego comenzó a descender. A su entender, si el dólar se mantiene estable mientras la inflación ronda el 2,9% mensual, el tipo de cambio real vuelve a apreciarse rápidamente y afecta la competitividad. “Si lo dejás clavado en estos niveles con una inflación en torno al 2,9% mensual, en dos meses volvés a bajarlo”, advirtió.

En ese marco, describió una presión creciente sobre los costos empresarios. “Empezás a ver una distorsión en la hoja de balance”, explicó, al señalar que muchos sectores enfrentan precios que evolucionan por debajo del promedio mientras sus costos avanzan por encima. Algunos lograron recapitalizarse en el ciclo anterior, pero otros operan ahora con márgenes estrechos en un contexto recesivo.

En el plano laboral, destacó que si bien la tasa de desempleo mostró una suba moderada —del 5,7% al 6,6% en los últimos datos—, el fenómeno central es la composición del empleo. “Lo que sí estás viendo es destrucción de empleo formal y creación de empleo semiformal, fundamentalmente monotributo”, afirmó.

Sobre la reforma laboral en debate, consideró que apunta a actualizar una legislación “muy rezagada”, pero advirtió que se aplica en una economía que pierde puestos registrados. “Le estás bajando alícuotas o el costo de las contribuciones patronales a lo nuevo en una economía que está perdiendo empleo”, señaló. Además, alertó sobre la dimensión fiscal del proceso: la recaudación “está cayendo y probablemente siga cayendo”, mientras el ajuste se sostiene con contención del gasto.

En materia inflacionaria, anticipó que febrero y marzo mostrarán registros elevados por subas en carne, combustibles, colegios y tarifas. “Febrero va a ser alta y marzo probablemente siga estando en esos niveles”, dijo, aunque estimó que abril podría ubicarse más cerca del 2% mensual si el esquema cambiario se sostiene.

La economista también puso el foco en el deterioro del poder adquisitivo. Explicó que el índice de precios refleja una canasta promedio, pero cada hogar enfrenta una estructura distinta. “Hay una parte de los servicios, sobre todo de la clase media, que son bastante inelásticos”, señaló, en referencia a prepagas, colegios, expensas y tarifas, rubros que subieron por encima de la inflación desde el inicio de la gestión. “Están indexados a una inflación donde los ingresos no están yendo con la inflación”, subrayó.

Finalmente, sostuvo que el cambio de precios relativos y la apertura comercial impactan directamente en la sostenibilidad de algunas compañías. “El cambio de los precios relativos tiene implicancias sobre las hojas de balance, sobre todo en un contexto recesivo”, concluyó, al advertir que el proceso de estabilización y apertura tiene costos sociales y productivos que todavía se están desplegando.

El diputado, que rechazó el proyecto del gobierno nacional,    señaló que la Argentina necesita una legislación laboral moderna y adaptada a los cambios tecnológicos y productivos, pero sostuvo que las reformas estructurales deben construirse con consensos amplios, diálogo federal y participación real de provincias, trabajadores y sectores productivos.

El ex mandatario remarcó además la situación laboral de Entre Ríos, donde —según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo analizados por el CEPA— entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 se registró una caída de 10.575 trabajadores formales y 774 empleadores. “No hablamos de teorías, hablamos de familias y empresas reales”, expresó.

Desde el plano técnico, indicó que la ley reduce la protección frente al despido, flexibiliza la jornada laboral mediante sistemas de banco de horas y debilita la negociación colectiva, medidas que —según afirmó— difícilmente generen el círculo virtuoso de inversión y empleo prometido.

En la misma línea, el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, a través de su Instituto de Derecho del Trabajo, emitió un pronunciamiento rechazando la normativa por considerarla regresiva y contraria a principios fundamentales del derecho laboral y a tratados internacionales de derechos humanos.

Finalmente, Bordet afirmó que el país necesita una reforma que combine competitividad con protección social, productividad con estabilidad y reglas claras con desarrollo federal. “El desafío es construir normas equilibradas que generen empleo y preserven derechos. Esta ley no cumple con esos objetivos”, sentenció.

Este viernes por la madrugada, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó la reforma laboral con 135 votos afirmativos, 115 negativos y ninguna abstención. Tras una extensa sesión y luego de intensas negociaciones, el oficialismo consiguió dar media sanción al proyecto de modernización laboral, que ahora deberá regresar al Senado de la Nación Argentina para su tratamiento final debido a las modificaciones introducidas a último momento.

El avance de la iniciativa se consolidó luego de que el Gobierno aceptara eliminar los artículos que modificaban el régimen de licencias médicas, un punto que había generado cuestionamientos incluso entre bloques aliados. Con esa concesión, los espacios que habían manifestado reparos mantuvieron su respaldo al texto impulsado por La Libertad Avanza.

Entre los bloques que acompañaron el proyecto se destacaron el Propuesta Republicana (PRO), la Unión Cívica Radical (UCR) y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). También resultaron determinantes los votos aportados por aliados provinciales, entre ellos legisladores de Tucumán (Independencia) y de San Juan (Producción y Trabajo), que inclinaron la balanza a favor del oficialismo.

En contraposición, Unión por la Patria se consolidó como la principal bancada opositora y votó en contra de la reforma. Al rechazo se sumaron los integrantes del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, Encuentro Federal y la Coalición Cívica.

Asimismo, expresaron su disconformidad algunos espacios provinciales como Elijo Catamarca, Primero San Luis y el monobloque Defendamos Córdoba, integrado por la diputada Natalia de la Sota. En tanto, dentro de Provincias Unidas e Innovación Federal se registraron posiciones divididas: algunos de sus miembros acompañaron la propuesta oficialista, mientras que otros votaron en contra.

En la nómina de ausentes figuraron los legisladores Sergio Casas (Unión por la Patria, La Rioja), Ignacio García Aresca (Provincias Unidas, Córdoba) y Juan Schiaretti (Provincias Unidas, Córdoba).

Con este resultado, la Cámara baja otorgó media sanción al proyecto de modernización laboral, que deberá volver al Senado debido a las modificaciones acordadas durante el debate. El oficialismo prevé que la iniciativa alcance estatus de ley el próximo viernes 27 de febrero, casi al límite del cierre del período de sesiones extraordinarias.

De concretarse ese escenario, el Gobierno sumará una de sus principales apuestas legislativas en materia económica y laboral, en un contexto de fuerte debate político y sindical sobre el alcance de los cambios propuestos.

Autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (CPCEER) y de la Secretaría de Trabajo mantuvieron un encuentro en el que analizaron los avances en el proceso de digitalización de documentación laboral y las dilaciones en la obtención de firma digital.

En ese marco, desde el Consejo transmitieron la preocupación de sus matriculados en relación a distintas dificultades que se han encontrado para la gestión y obtención de firma digital, requisito indispensable para operar dentro del Sistema de Presentación y Rúbrica de Documentación Laboral (SIDREL).

Atendiendo este planteo, y reafirmando el compromiso del gobierno provincial de acompañar el proceso de adaptación, se decidió habilitar de manera excepcional hasta el 27 de febrero próximo la presentación en formato papel de la documentación adeudada de 2025. De esta manera, se brinda la posibilidad a todos los empleadores de regularizar su situación.

En la misma línea, quienes se encuentran tramitando su firma digital podrán presentar en formato papel la documentación correspondiente a los primeros meses de 2026, con el objetivo de que puedan cumplir con sus obligaciones antes del primer vencimiento, establecido para el 27 de febrero para Planilla de Personal y Libro de Sueldo de enero 2026.

Por su parte, el Consejo solicitado extender los vencimientos para las presentaciones digitales hasta el 30 de abril, debido a las dificultades para la obtención de la firma digital. Desde la cartera provincial se asumió el compromiso de analizar el pedido.

Vale señalar que desde 2026, los empleadores con cuatro o más trabajadores registrados deben realizar sus presentaciones dentro del sistema digital, conforme a los plazos establecidos por la normativa vigente. En tanto, los de uno a tres tienen la posibilidad de optar por continuar con las presentaciones en papel o adherirse al formato digital.

Luego de la reunión, la Secretaría de Trabajo comenzó a comunicar esta medida a través de los datos de contacto declarados en el Registro Digital de Empleadores a fin de garantizar una difusión directa y efectiva a esta decisión.

“Que los empresarios se concentren en generar trabajo privado digno en lugar de señalar a quienes garantizamos derechos”, reclamó la dirigente gremial, al tiempo que advirtió que este tipo de planteos forman parte de un proceso más amplio. “La reforma laboral no empieza en el Congreso. Empieza en los informes que estigmatizan a los trabajadores”, afirmó.

Domínguez cuestionó que el documento empresario haga énfasis en la cantidad de trabajadores estatales entrerrianos, tanto activos como pasivos, y en el gasto en personal. En ese marco, se preguntó: “¿Por qué el Consejo Empresario de Entre Ríos habla siempre del empleo público y no de su responsabilidad en la generación de empleo privado digno?”. Y agregó: “¿Qué están buscando cuando ponen al trabajador estatal en el centro del problema? ¿A quién beneficia instalar que el Estado sobra y los derechos molestan?”.

La secretaria adjunta de UPCN también rechazó la afirmación que sostiene que los niveles de desempleo en Entre Ríos son inferiores al promedio nacional “en parte debido a la elevada participación del empleo público”. “Cuando dicen que el empleo público ‘mantiene estable’ la desocupación, lo que hacen es señalar a quienes garantizamos derechos, como si fuéramos una carga y no una necesidad social”, sostuvo.

En ese sentido, Domínguez advirtió que “estos discursos no son casuales” y los vinculó con un avance hacia la flexibilización laboral. “Son el prólogo de la reforma laboral: precarización, pérdida de derechos y debilitamiento de las condiciones de trabajo”, señaló.

Por último, la dirigente gremial revalorizó el rol de los trabajadores estatales en la provincia. “Los empleados públicos no sostenemos números: sostenemos escuelas, hospitales, políticas sociales y la presencia del Estado en cada rincón de Entre Ríos”, afirmó, y concluyó: “No vamos a aceptar que nos usen como chivo expiatorio. Defender al empleo público es defender a los entrerrianos”.

Nogoyá.- La oferta y la demanda laboral del departamento, pretende estar concentrada en una plataforma digital donde los trabajadores podrán postularse a ofertas laborales, o cargar sus perfiles para que los posibles empleadores filtren su búsqueda sin necesidad de abrir convocatorias de manera particular.

La propuesta nace en la Delegación Departamental de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social que se encuentra a cargo de Gisel Zárate, quien expresó en una entrevista brindada a Del Éxodo Nogoyá que, desde su gestión, no desea que la delegación de trabajo sea vista como un organismo administrativo, que no solo sea ente de contralor, sino que a su vez brinde servicios. “Entonces en esa búsqueda surge esta idea en base a la experiencia de la gente que acercaba su currículo y no tenía como trascender su experiencia laboral. Mediante un convenio marco celebrado con la Dirección Departamental de Escuelas y la Tecnicatura en Desarrollo de Software, cinco estudiantes están desarrollando la plataforma que piensa estar disponible para la comunidad en poco más de un mes.

“En este sitio, toda persona se podrá registrar, cargar sus datos y la plataforma misma va creando un perfil, acorde a sus conocimientos, capacitaciones, títulos y esto no solo que va a tener un perfil para trabajadores, sino también orientará un perfil para las empresas” explicó la funcionaria de trabajo, contando que en el origen de esta idea realizó las consultas con el Secretario de Trabajo de provincia Mariano Camoirano, “quien me dijo que le pareció una muy buena la idea y se analizará a futuro si se pueden sumar diferentes departamentos entrerrianos para llevarlo a cabo”.

“Como siempre lo digo y lo sostengo, el trabajo en red es fundamental en diferentes organismos, siempre hay que ver como fusionarnos y seguir trabajando de esa manera en bloques. Eso es lo que nosotros queremos generar, una confianza tanto de trabajador como de la empresa a la hora de utilizar esta plataforma. Con la Oficina de Empleo Municipal estamos en dialogo, para poder articular, porque ellos ya cuentan con una base de datos y eso a nosotros también nos va a servir porque nos va a dar un puntapié” detalló Gisel Zárate, quien agregó que una vez que esté lanzada la plataforma, el organismo saldrá a territorio, a recorrer distintos barrios para comentar los alcances de esta propuesta, enseñar como ingresar e incluso acompañar a los interesados en el proceso.

“Calculamos que en un mes y medio ya se podría lanzar. Hoy en día, necesitamos utilizar las tecnologías a nuestro favor, entonces esto permitirá además de cargar datos sumar las experiencias y conocimientos, porque muchas veces hay trabajadores que no tienen un certificado de capacitación, pero si una experiencia comprobable que le genera un perfil valioso en conocimiento, el que podrá poner en esta red mediante su celular sin tener que confeccionar e imprimir un currículo”.

La firma del convenio marco fue realizada por la Directora Departamental de Escuelas, Claudia Sosa, la rectora de la Escuela Normal Haydee Riffel y la delegada departamental Gisel Zárate. Como profesora coordinadora se encuentra Verónica Steven, y los estudiantes que desarrollan por estas horas los últimos detalles del sitio web son Jessica Vigliano, Valentina Zarate, Lucila Castillo, Emanuel Montero y Sebastián Dorsch.

En una nueva instancia de diálogo con los gremios estatales, el gobierno provincial presentó y acordó este lunes una propuesta salarial que incluye el pago de una asignación fija, no remunerativa y no bonificable de 50.000 pesos mensuales para los trabajadores activos y 25.000 pesos para los pasivos, por un período de tres meses.

La medida fue aceptada por los gremios UPCN y ATE, luego de que el Ejecutivo mejorara la oferta inicial presentada en horas de la mañana. El pago de estas sumas se realizará con los haberes de julio, agosto y septiembre, y apunta a aliviar el impacto de la inflación sobre los ingresos más bajos del sector público.

Según explicaron desde el Gobierno, la asignación representa un incremento aproximado del 6% en el salario de bolsillo para quienes se encuentran en los tramos más bajos de la escala salarial estatal. “Es una medida que impacta de inmediato y de forma más significativa en los sectores con menores ingresos”, subrayó Fanny Maidana, representante paritaria del Ejecutivo.

Asimismo, Maidana destacó que la propuesta fue elaborada “luego de un proceso de escucha activa” de los planteos de los gremios: “Hemos considerado con atención la preocupación legítima de los trabajadores ante la coyuntura actual. La propuesta es responsable, tanto con los trabajadores como con las finanzas públicas”.

Desde los gremios UPCN y ATE, que venían reclamando medidas urgentes frente a la pérdida del poder adquisitivo, se valoró que la oferta oficial haya sido mejorada y que el Ejecutivo haya mostrado predisposición al diálogo. La propuesta fue aceptada en el marco de la mesa de negociación, aunque las organizaciones adelantaron que seguirán evaluando la evolución de la inflación y el costo de vida.

Ambas partes acordaron una nueva instancia de revisión salarial para fines de septiembre, donde se retomará el análisis de la situación económica y la evolución de los ingresos de los trabajadores estatales.

El acuerdo alcanzado este lunes se enmarca en un contexto de fuerte presión inflacionaria y búsqueda de medidas que mitiguen su impacto, especialmente entre quienes perciben los salarios más bajos. Con esta decisión, el Gobierno provincial apunta a garantizar una recomposición parcial inmediata mientras se prepara un nuevo esquema de actualización para el último trimestre del año.

Nogoyá.- La Dirección Departamental de Escuelas y la delegación local de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social celebraron un convenio marco para las prácticas profesionales de estudiantes de la Tecnicatura Superior en Análisis y Desarrollo de Software y de esta manera fortalecer la formación académica y la experiencia laboral.

Paralelo 32 entrevistó a Gisel Zárate, Delegada Departamental de la Secretaría de Trabajo, quien detalló diversos aspectos de la idea que comenzó a gestarse en base a una necesidad que surgió en el ámbito del organismo y culminó con un trabajo en redes entre el sector público, el privado y el estudiantil. 

“Conectamos Trabajo” se denomina el proyecto que comienzan a desarrollar estudiantes de nuestra ciudad. Zárate dijo a nuestro medio que funcionará mediante una aplicación y su correspondiente pagina web para dar respuesta a la falta de centralización a nivel local de la oferta y la demanda laboral. 

Para ello, la Secretaría de Trabajo firmó un convenio con la Dirección Departamental de Escuelas para que los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Análisis y Desarrollo de Software realicen en su práctica profesional la diagramación, programación y ejecución de la plataforma digital. 

Es decir que aquella persona que esté buscando trabajo, ya no deberá preocuparse en confeccionar e imprimir el currículos vitae para distribuirlo, sino que ingresando a la plataforma completará sus datos como nombre, apellido, edad, contacto y podrá formar un perfil laboral acorde a sus experiencias o saberes. En tanto, el potencial empleador podrá ingresar a la plataforma y mediante filtros de búsqueda formará el perfil de empleado que busca. Asimismo podrán dar a conocer las diferentes convocatorias laborales que posean.

Gisel Zárate mencionó que la mayor dificultad en la demanda laboral se presenta en el rubro de personal de casas particulares, donde existe amplia oferta y demanda, pero los interesados no tienen un punto de encuentro para conocer los perfiles, de igual forma sucede con personal especializado en oficios. 

“Con esto además de fortalecer el mercado laboral, promover la equidad e impulsar la economía local; se busca crear un monitor en tiempo de real del perfil que buscan las empresas y así poder pensar en el futuro en un proyecto de carreras prioritarias para el departamento Nogoyá” agregó la Delegada Departamental de Trabajo.

Desde los próximos días y durante cuatro meses, cinco estudiantes de la Tecnicatura Superior en Análisis y Desarrollo de Software tendrán entre sus objetivos poner en servicio la plataforma a la que podrán acceder todos los trabajadores y empresarios del departamento Nogoyá que buscan la inserción en el mundo laboral. Por estos días han mantenido dialogo con empresarios, autoridades y trabajadores para plasmar las bases de la plataforma digital a crear. La firma del convenio marco fue realizada por la Directora Departamental de Escuelas Claudia Sosa, la rectora de la Escuela Normal Haydee Riffel  y la delegada departamental Gisel Zárate.

El programa nacional Fomentar Empleo, articulado por la Municipalidad de Paraná, generó una importante respuesta por parte de la ciudadanía, con 170 personas postuladas para ocupar 24 puestos distribuidos en 13 empresas locales. Las actividades correspondientes a estos entrenamientos comenzarán en el mes de junio, según se informó desde el área de Producción municipal.

El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, valoró el impacto del programa al señalar que “hay una continuidad en la utilización de esta herramienta para la promoción del empleo local por parte de comercios y empresas de la ciudad”. Además, resaltó el complemento que representa junto a Te Conecto, iniciativa impulsada durante la gestión de la intendenta Rosario Romero, que busca enlazar oportunidades laborales con vecinos y vecinas que necesitan empleo.

Los puestos ofrecidos abarcan distintas áreas como ventas, operarios, ayudantes de cocina, bacheros y atención al público, entre otros. Según explicó la directora de Empleo y Trabajo, Paola Barbieri, además de los entrenamientos iniciados este mes, también se concretaron cinco nuevas inserciones laborales en tres empresas locales, como resultado de entrenamientos previos realizados a través del mismo programa.

Quienes estén interesados en participar de Fomentar Empleo o del programa Te Conecto, pueden acercarse personalmente a la Dirección de Empleo y Trabajo, que funciona en Presidente Perón 573, de 7 a 13 horas.

Por su parte, los comercios y empresas que deseen sumarse para ofrecer entrenamientos laborales o puestos de trabajo, pueden contactarse por teléfono al 0343 155015194 o acercarse también a las oficinas de Perón 573.

En tanto, los interesados en postularse a las búsquedas laborales activas a través de Te Conecto, pueden ingresar y completar los formularios disponibles en el sitio oficial www.parana.gob.ar/convocatorias o seguir las publicaciones que se realizan en las redes sociales de la Subsecretaría de Producción de Paraná.

En medio de las políticas de ajuste destinadas a equilibrar las cuentas, que incluyeron la desaparición de la obra pública, se perdieron casi 185 mil empleos formales en los primeros doce meses de gestión de Javier Milei.

Los datos son oficiales y corresponden al período que va de diciembre de 2023 a noviembre de 2024.

En ese período el empleo privado asalariado registrado se redujo en 119.000 personas, al bajar de 6.385.000 a 6.266.000 trabajadores.

Además, el empleo público se achicó en 51.000 personas (desde 3.484.000 a 3.433.000 millones) y el personal de casas particulares, en 15.000 (de 464.000 a 449.000).

En cambio, los monotributistas aumentaron en 25.000 (de 2.037.000 a 2.062.000 millones).

El total de trabajadores registrados se redujo de 13.392.000 a 13.281.000 trabajadores, según los datos de la Secretaría de Trabajo, que depende del Ministerio de Capital Humano.

En noviembre, el trabajo registrado se redujo apenas 0,1% mensual, lo que implicó 16.500 trabajadores menos, tras un retroceso semejante en octubre, lo que marca una desaceleración en la pérdida de puestos, aunque aún no se nota una recuperación. 

El empleo formal cumplió 11 de 12 meses con retrocesos o sin crecimiento desde diciembre de 2023, cuando asumió la gestión actual.

En cuanto al empleo privado, hubo una creación de 2.400 puestos en noviembre, lo cual equivale a una tasa de variación mensual sin estacionalidad de 0,0%.

El informe señala que el crecimiento del empleo formal acumulado durante los últimos cuatro meses es “acotado con relación a la contracción verificada en los meses previos y en comparación con la expansión de la actividad económica observada durante los últimos meses”.

Es decir, la economía se empieza a recuperar pero eso no se refleja en el crecimiento de la demanda laboral.

A su vez, el empleo formal presenta un incremento intermensual oscilante, y no llega a estabilizarse. 

En septiembre y octubre la creación neta de empleo se aceleró con respecto a agosto, pero en diciembre volvió a desacelerarse hasta alcanzar un valor similar al verificado en agosto, dice el reporte.

De acuerdo a la información que brinda la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), el empleo privado cayó 0,2% en diciembre con relación al mes anterior, que las autoridades lo atribuyeron a "factores estacionales".

El informe consigna que el empleo privado solo creció levemente en la Industria manufacturera (0,1%), mientras que se estancó en Comercio, restaurantes y hoteles (0,0%), Transporte, Servicios financieros y Sociales mostraron valores negativos (entre 0,0% y -0,5%8), y la Construcción cayó (1,9%).

Desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2024, el salario promedio registrado tuvo en cada mes variaciones interanuales menores a la inflación. Recién en noviembre, la variación salarial fue superior a la de los precios.

La remuneración nominal bruta promedio de noviembre de 2024 fue de $1.423.257 y creció 172,8% con relación al mismo mes del año anterior, mientras que la inflación fue del 166%. 

El gobierno de Entre Ríos informó que los empleadores deberán realizar el empadronamiento de manera online hasta el 30 de diciembre a través del nuevo sistema digital creado con el objetivo de ordenar y agilizar los trámites laborales. La medida, dispuesta por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Gobierno y Trabajo, establece la necesidad de regularizar la información del sistema de registros de empleadores de la provincia.

El secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, explicó que este nuevo sistema se enmarca en el proceso de transformación digital del sector público. “Estamos llevando adelante una transformación digital para agilizar los trámites en todos los sectores. Este registro permite operar de forma más eficaz y segura, mejorando la comunicación entre las empresas, comercios y emprendimientos con la provincia”, afirmó.

Para registrarse, los empleadores deberán ingresar al portal oficial trabajo-entrerios.com.ar y completar el formulario de empadronamiento con la siguiente información:

Aquellos que ya se hayan empadronado bajo la Resolución N° 0025/14 MT (S.I.PR.O.D.) deberán actualizar sus datos para operar en el nuevo Sistema Provincial de Registro y Administración de Rúbrica de Libros y Documentación Laboral (SIDREL). Además, quienes cuenten con autorización para la centralización de documentación laboral en otra jurisdicción deberán adjuntar la resolución correspondiente.

La Secretaría de Trabajo informó que, debido a la implementación del nuevo sistema, se suspenderán todas las presentaciones de documentación laboral durante el mes de enero de 2025, según lo establece la Resolución N° 0581/24 STySS. En consecuencia, el empadronamiento y la actualización de datos serán obligatorios antes de fin de año.

Quienes no cumplan con el registro no podrán realizar rúbricas, habilitaciones o intervenciones de documentación laboral ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Además, podrán ser sancionados según lo estipula el Régimen General de Sanciones por Infracciones Laborales (Ley Nacional N° 25.212, ratificada por Ley Provincial N° 9297).

El Registro Digital de Empleadores, creado mediante la Resolución N° 580/24, es la primera etapa de la implementación del SIDREL, que entrará en funcionamiento a partir de 2025. Este sistema permitirá realizar todas las presentaciones de documentación laboral vía web y con firma digital, facilitando un proceso más eficiente y seguro.

Para realizar el trámite, los interesados pueden acceder a:

En junio de 2024, el empleo asalariado formal privado en la provincia de Entre Ríos experimentó una baja significativa, marcando una reducción del 4% en comparación con el mismo periodo del año anterior, indica el informe del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo Empresario de Entre Ríos al que tuvo acceso Paralelo 32. Según los datos oficiales, el número de empleados privados registrados descendió a 134.538, lo que representa 5.167 trabajadores menos respecto a junio de 2023. En tanto, el empleo en el sector público también presentó una caída, aunque menor, del 1,4%, totalizando 90.295 empleados, lo que equivale a una disminución de 1.295 puestos.

El retroceso en el empleo asalariado privado situó a Entre Ríos en un promedio de 94 empleados por cada mil habitantes, cifra inferior a los valores históricos entre 2013 y 2017, cuando el promedio superaba los 100 empleados por cada mil habitantes. Esta tendencia preocupa especialmente si se considera que en la Región Centro las provincias de Santa Fe y Córdoba experimentaron caídas menores en el empleo asalariado privado, del 2,6% y 2,4%, respectivamente. A nivel comparativo, Santa Fe cuenta con 139 empleados por cada mil habitantes, mientras que Córdoba tiene 132, evidenciando la brecha laboral entre Entre Ríos y sus pares regionales.

Para que Entre Ríos pueda alcanzar los niveles de empleo registrados en Santa Fe, debería crear aproximadamente 65 mil empleos adicionales, es decir, un incremento del 49% en el sector privado. Si la meta es igualar a Córdoba, la provincia necesitaría un incremento del 41%, equivalente a 55 mil nuevos empleos.

El desglose de empleo por rama de actividad para el cuarto trimestre de 2023 muestra variaciones diversas en los sectores más representativos de Entre Ríos. El comercio al por mayor y menor registró un incremento del 7%, mientras que la industria manufacturera apenas creció un 1%. La enseñanza, otro sector importante, aumentó un 3%. Por otro lado, el sector de agricultura, ganadería, caza y silvicultura cayó un 3%, reflejando la volatilidad en este ámbito.

El sector público provincial en Entre Ríos también se mantuvo en tendencia descendente, alcanzando en junio de 2024 un total de 90.295 empleados, con una tasa de 63 empleados públicos por cada mil habitantes. A nivel de escalafones, los sectores docentes y general, que representan el 41% y el 29% del total de empleados públicos, registraron caídas del 0.5% y 3.8%, respectivamente. Solo algunos escalafones como el de salud y justicia mostraron ligeros aumentos, sumando 76 empleados en conjunto.

Un análisis detallado de los costos muestra que el gasto total en personal del Estado provincial ascendió a 157.542 millones de pesos en junio de 2024, lo que incluye salarios, aportes y el pago de la primera cuota del aguinaldo.

El primer informe del Observatorio del Mercado Laboral de la Provincia de Entre Ríos ha revelado cifras preocupantes sobre el desempleo juvenil, que ha superado en un 120% el promedio general en los últimos cinco años. Este estudio, realizado en colaboración entre el Gobierno provincial y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), proporciona un panorama detallado del mercado laboral en la región.

El informe, que abarca datos del primer trimestre de 2024 y un adelanto del segundo trimestre, también ofrece un análisis del período comprendido entre el primer trimestre de 2019 y el mismo período de 2024. Se puede consultar en la página web de la Facultad de Ciencias Económicas: Observatorio del Mercado Laboral.

El informe destaca que los hombres presentan tasas de ocupación 15 puntos porcentuales superiores a las mujeres, aunque esta brecha ha comenzado a disminuir en los últimos trimestres. Además, las mujeres tienen una tasa de desempleo promedio 0,6 puntos porcentuales más alta en los últimos cinco años. Esto sugiere que, a pesar de ciertos avances, persisten desigualdades significativas en el acceso al empleo entre géneros.

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La evaluación del mercado laboral indica que, si bien ha habido una menor incidencia del desempleo en general, el nivel de ocupación se ha visto afectado, especialmente en el aglomerado de Concordia. A pesar de que las medidas implementadas por el nuevo gobierno han impactado negativamente en casi todos los sectores, el primer trimestre de este año no mostró una caída clara en el nivel de ocupación. Sin embargo, se anticipa que el segundo trimestre refleje una disminución tanto respecto al trimestre anterior como al mismo trimestre del año anterior, lo que podría frenar la disminución de la tasa de desempleo que se había observado desde el final de la pandemia.

El informe subraya la alarmante situación de los jóvenes, con tasas de desempleo que son significativamente más altas que el promedio general. La tasa de desempleo entre los jóvenes ha sido un 120% superior al promedio en los últimos cinco años, evidenciando una crisis que demanda atención inmediata.

En cuanto a la estructura del empleo, el sector comercio se destaca como el que presenta la mayor ocupación, abarcando el 21% del total de los ocupados. Durante el último periodo analizado, este sector ha experimentado un crecimiento significativo. Además, otros sectores como la industria, la construcción, la salud y la educación también han mostrado un aumento en la ocupación en los últimos cinco años. Se ha observado que el crecimiento de los empleos en el sector privado ha superado al del sector público, con un leve descenso en el porcentaje de empleados en entidades estatales.

Un reciente informe elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA reveló que el 36,4% de los trabajadores en relación de dependencia en Argentina no están registrados en la seguridad social, lo que representa una significativa tasa de informalidad laboral. El estudio, coordinado por los economistas Roxana Maurizio y Luis Beccaria, destaca que esta situación afecta principalmente a los jóvenes y las mujeres.

En la comparación interanual, la tasa de informalidad registró una leve disminución del 0,4%, tras haber caído por debajo del 36% durante algunos trimestres de 2023 y principios de 2024. Sin embargo, la informalidad laboral sigue siendo un desafío estructural, ubicándose en niveles similares a los de 2008 y 2010. La pandemia de 2020 revirtió la tendencia, que hasta entonces mostraba tasas entre el 32% y 35,7%.

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El informe señala que la informalidad laboral tiene una mayor incidencia entre las mujeres que entre los hombres. En el primer trimestre de 2024, la tasa de informalidad femenina fue del 37,2%, tres puntos porcentuales más alta que la masculina (34,2%). A pesar de esta diferencia, la mayor proporción de hombres en el total del empleo asalariado (54%) significa que los varones representan el 52% de la informalidad general.

El informe subraya que la informalidad afecta con mayor intensidad a los jóvenes. En el primer trimestre de 2024, la tasa de informalidad para este grupo etario alcanzó el 58%, 23 puntos porcentuales por encima del promedio general. Esto significa que casi seis de cada diez jóvenes asalariados no están cubiertos por la normativa laboral ni por la seguridad social, lo que refleja las dificultades que enfrenta este sector en el mercado de trabajo argentino.

El estudio pone en evidencia las profundas desigualdades en el mercado laboral y la necesidad de políticas públicas que busquen mejorar las condiciones de trabajo y reducir la precarización, especialmente entre los sectores más vulnerables como las mujeres y los jóvenes.