La Dirección General de Prevención y Seguridad Vial informó la entrada en vigencia del Decreto Nº 835/2026-E-GER-GOB, mediante el cual se incorporan nuevas disposiciones para la emisión de licencias profesionales interjurisdiccionales de las clases C, D y E en la provincia de Entre Ríos.

Entre los principales cambios, se establece como requisito obligatorio y excluyente para tramitar la Licencia Profesional Clase D, en todas sus subclases, no figurar en el Registro de Deudores Alimentarios de la provincia. La medida se enmarca en la adhesión a las exigencias fijadas por el Decreto 196/2025.

Desde el organismo provincial señalaron que la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial será la autoridad encargada de solicitar, recepcionar y evaluar la información necesaria para validar la aptitud de cada solicitante.

Asimismo, explicaron que los trámites vinculados a la categoría D4 asociada a clases particulares A o B no impactan automáticamente en el Sistema de Infracciones y Antecedentes Federales (SIAF), situación que impide realizar el control digital habitual. Debido a ello, y de manera transitoria, los Centros Emisores de Licencias deberán requerir a cada postulante el Certificado de Libre Inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

El certificado es gratuito y puede gestionarse de manera online a través del portal oficial del Gobierno de Entre Ríos: Portal de Formularios del Gobierno de Entre Ríos.

Desde la Provincia recordaron que para completar el trámite es necesario contar con un correo electrónico válido. Además, el plazo de emisión del certificado es de hasta 48 horas y su validez se extiende por 60 días.

Finalmente, indicaron que una vez presentada toda la documentación correspondiente, el Centro Emisor validará la aptitud del solicitante para continuar con el trámite de la licencia profesional.

El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, firmó un convenio junto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el municipio de Seguí para avanzar en la implementación de la Licencia Nacional de Conducir y del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito.

El acuerdo se enmarca en las políticas impulsadas por el gobierno provincial para reducir la siniestralidad vial y fortalecer los mecanismos de control y seguridad en todo el territorio entrerriano.

Durante la firma, Roncaglia destacó la importancia de incorporar Centros Emisores de Licencias (CEL) al sistema nacional. “La implementación de Centros Emisores de Licencias es fundamental para garantizar que el otorgamiento de habilitaciones de conducir se realice bajo un criterio unificado de evaluación y seguridad vial”, afirmó el funcionario.

A partir de este convenio, el municipio de Seguí contará con un Centro Emisor de Licencias Tipo A, considerado de carácter avanzado, que permitirá emitir todas las clases de licencias de conducir, incluyendo categorías particulares y profesionales, como las clases C, D y E, tanto de alcance jurisdiccional como interjurisdiccional.

La integración al sistema nacional permitirá además que el municipio consulte de manera directa los registros nacionales de antecedentes de tránsito antes de emitir cada licencia, garantizando así estándares uniformes de control y seguridad vial.

Por su parte, la directora general de Prevención y Seguridad Vial, Ana Elle, remarcó la relevancia de descentralizar este tipo de servicios administrativos. “Estos centros permiten que los ciudadanos accedan a trámites de certificación de aptitudes sin necesidad de desplazarse a grandes centros urbanos, fomentando la descentralización administrativa y la equidad territorial”, sostuvo.

El documento fue rubricado también por el presidente municipal de Seguí, Edgardo Müller, junto a autoridades provinciales. Ahora, el proceso continuará con la homologación final por parte de la Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Gobierno de Entre Ríos puso en marcha un nuevo trámite digital que permite a los conductores gestionar la constancia que acredita que la Verificación Técnica Vehicular (VTV) no es obligatoria dentro del territorio provincial. La iniciativa se enmarca en el proceso de modernización del Estado y busca simplificar gestiones para los ciudadanos.

La medida está destinada a vehículos particulares radicados en la provincia, cuyos titulares tengan domicilio en Entre Ríos. A través de la plataforma Mi Entre Ríos, los usuarios pueden obtener de manera online el certificado que avala la exención de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), conocida como VTV en otras jurisdicciones.

El ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, destacó que la incorporación de este trámite representa “un paso más en el proceso de digitalización” impulsado por la gestión provincial. En ese sentido, remarcó que la iniciativa se suma a otras medidas recientes, como la digitalización de turnos de salud, la simplificación de trámites en ATER y la implementación del sistema SUBE en el transporte público.

Por su parte, el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza, subrayó que el trámite es ahora “100% digital” y puede completarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Según explicó, anteriormente el procedimiento debía realizarse de manera presencial, incluso en puestos camineros, lo que implicaba mayores demoras para los usuarios.

En la misma línea, el secretario de Transporte, Aníbal Steren, señaló que la digitalización forma parte de un trabajo articulado entre distintas áreas del Estado provincial. Además, aclaró que se continuará controlando que las empresas de transporte cumplan con la revisión técnica obligatoria, mientras se facilita la gestión para los particulares.

Cabe recordar que, mediante el Decreto N° 4331/98, la Revisión Técnica Obligatoria se encuentra suspendida en Entre Ríos. Sin embargo, la constancia resulta necesaria para circular por rutas nacionales o en otras provincias donde la VTV sí es exigida. El certificado tiene una vigencia de 120 días desde su emisión y se otorga de manera gratuita.

Para obtener la constancia, los interesados deben ingresar a la plataforma Mi Entre Ríos —o utilizar su aplicación móvil—, seleccionar la opción “Nuevo trámite” y buscar “Constancia de excepción de Revisión Técnica Vehicular (VTV)”. Luego deberán completar el formulario con los datos solicitados y adjuntar imágenes del DNI del titular y de la Tarjeta Verde del vehículo.

Una vez aprobado, el sistema enviará el documento en formato PDF, listo para su descarga, impresión y presentación ante los controles correspondientes.

La situación, que se viene agravando desde fines de marzo, encendió señales de alarma en toda la comunidad educativa. Familias, docentes y directivos temen que, de no mediar una respuesta urgente del Gobierno provincial, cientos de alumnos queden sin acceso a las aulas.

El transporte escolar en zonas rurales no es un servicio complementario, sino una herramienta clave para garantizar el derecho a la educación. En muchas localidades dispersas, representa el único vínculo entre el hogar y la escuela.

Sin embargo, según denunciaron los transportistas, la actividad atraviesa una “lenta agonía”. El aumento sostenido de costos —especialmente combustible y mantenimiento—, sumado a la falta de actualización en los pagos que reciben, ha generado un escenario insostenible.

A esto se suman factores estructurales como las largas distancias y el mal estado de los caminos rurales, que aceleran el desgaste de los vehículos y elevan aún más los gastos operativos.

En el documento difundido por el sector, los trabajadores describen con preocupación el deterioro del sistema:

“El aumento sostenido de los costos operativos —principalmente el combustible—, sumado a la falta de una actualización acorde en los valores que se perciben por los recorridos, ha generado un desfasaje que pone en riesgo la continuidad del servicio”.

También remarcan que, pese al compromiso diario de los transportistas, los ingresos actuales “no alcanzan para cubrir los costos básicos de funcionamiento”.

Las imágenes que circulan en redes sociales —vehículos deteriorados y falta de inversión— reflejan, según el comunicado, un sistema que podría colapsar si no se toman medidas urgentes.

Desde distintas comunidades educativas del interior entrerriano advierten que la problemática ya comienza a sentirse. La posibilidad de interrupciones en el servicio genera incertidumbre en miles de familias.

“Este no es un problema sectorial, impacta directamente en la educación”, sostienen en el comunicado. En zonas rurales, donde las distancias son extensas y las alternativas escasas, la suspensión del transporte implicaría la imposibilidad concreta de asistir a clases.

Padres y docentes coinciden en que, sin una recomposición de los valores del servicio, el sistema podría resentirse en el corto plazo.

Pese a los reiterados planteos del sector, los transportistas aseguran que hasta el momento no han recibido una solución concreta por parte de las autoridades provinciales.

La incertidumbre crece mientras el conflicto escala. La pregunta que comienza a instalarse en las comunidades es clara: qué ocurrirá si el servicio deja de funcionar.

El Gobierno nacional tomó distancia del conflicto que mantienen transportistas de carga en distintas regiones del país, quienes reclaman una actualización en las tarifas de referencia ante el aumento de costos. Desde la Secretaría de Transporte de la Nación Argentina, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación Argentina, aseguraron que los acuerdos deben establecerse exclusivamente entre productores y prestadores del servicio, sin intervención estatal.

La postura oficial se fundamenta en la eliminación de la denominada “Mesa de Negociación”, un ámbito que anteriormente reunía a representantes del sector para acordar tarifas. Según explicaron desde el organismo, la decisión respondió a una demanda de los propios actores, que consideraban ese espacio “poco funcional” y una instancia que complejizaba el sistema.

De acuerdo con el comunicado difundido —al que accedió la Noticias Argentinas—, la disolución de la mesa permitió avanzar hacia un esquema de libre negociación entre transportistas y productores de cereales, oleaginosas y sus derivados. En ese sentido, remarcaron que la medida, vigente desde 2025, apunta a consolidar principios de libertad económica y desburocratización.

Asimismo, la Secretaría sostuvo que el mecanismo anterior no lograba reflejar las distintas realidades regionales ni responder adecuadamente a las demandas del sector. Como consecuencia, el Estado nacional dejó de intervenir en la fijación de tarifas y se desligó de cualquier responsabilidad en los acuerdos que puedan alcanzarse entre las partes.

Sin embargo, la decisión se da en un contexto de creciente conflictividad. En las últimas horas, agrupaciones de transportistas intensificaron protestas en rutas de la provincia de Buenos Aires y otros puntos del país, en reclamo de una recomposición tarifaria que oscile entre el 30% y el 35%.

El principal argumento del sector radica en el incremento de costos, especialmente del combustible, que —según señalaron— aumentó más de un 20% desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, impactando de lleno en la rentabilidad de la actividad.

Ante este escenario, los transportistas exigieron la conformación de una mesa de diálogo con el Gobierno nacional. Advirtieron que, de no obtener una respuesta en un plazo de 48 horas, podrían avanzar con un paro a nivel nacional, una medida que pondría en riesgo la circulación de granos en las principales zonas productivas de la Argentina.

La comuna de María Teresa, ubicada a 170 kilómetros de Rosario en el departamento General López, decidió avanzar con medidas más severas para combatir el uso de motos con escapes libres y ruidos molestos, una problemática que afecta a numerosas localidades del país. Tras la implementación de las nuevas disposiciones, el presidente comunal Gonzalo Goyechea celebró los resultados: “Este fin de semana hubo paz”.

En declaraciones radiales, el jefe comunal explicó que la situación había generado un fuerte malestar en la comunidad. “Los vecinos y las vecinas ya estaban podridos, cansados del ruido que generan en forma voluntaria”, afirmó, y remarcó que el problema se intensifica durante el verano, alterando la convivencia cotidiana.

Goyechea fue enfático al señalar que no se trata de desperfectos accidentales. “No es que hacen ruido porque se les rompió el caño de escape: modifican las motos para que hagan ruido. Incluso hacen cortes para que suenen como disparos, y compiten entre ellos”, describió.

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Si bien la comuna realizaba controles en conjunto con la policía, reconoció que las herramientas habituales no alcanzaban. “No perseguimos motos a alta velocidad por infracciones de tránsito, porque eso puede provocar que se lastimen ellos o terceros. Después, encima, los tenemos que atender con la salud pública”, explicó.

Ante la persistencia del problema, la gestión comunal resolvió aplicar sanciones indirectas de carácter económico y administrativo. “Si el que anda haciendo ruido o algún familiar es proveedor de la comuna, no le compramos más. Si es prestador de servicios, no lo contratamos más”, sostuvo el presidente comunal.

Las restricciones también alcanzan beneficios y trámites. “Si reciben ayuda social de la comuna, no la van a tener. Y cuando vengan a buscar la licencia de conducir, no se la vamos a dar si no tienen libre deuda”, advirtió Goyechea. “Por más que digan que la necesitan para trabajar, lo hubiesen pensado antes”, agregó.

La medida fue anunciada públicamente el sábado pasado y tuvo un impacto inmediato. “Este fin de semana, en María Teresa hubo una tranquilidad enorme. No hubo ruido, no hubo motos molestando”, aseguró, y contó que fueron los propios vecinos quienes se lo manifestaron sorprendidos por el cambio.

Desde la comuna aclararon que el control se complementa con políticas de acompañamiento. “De forma gratuita, si una moto tiene el caño de escape en condiciones, se le entrega una oblea que indica que está habilitada para circular”, explicó Goyechea. Además, indicó que si un vecino no puede afrontar una reparación básica, la comuna brinda asistencia: “Si no tiene luces o se le rompió el escape y no puede arreglarlo, se lo arreglamos nosotros”.

“Queremos proteger al que anda en la moto y mejorar la seguridad de todas las personas”, remarcó el mandatario local, y subrayó que la decisión respondió a un reclamo sostenido de la comunidad.

Finalmente, Goyechea consideró que lo ocurrido en María Teresa refleja una problemática extendida en distintas ciudades del país. “Es una situación que se repite en muchos lugares, donde no se respeta nada y no se sabe qué hacer”, afirmó, aunque destacó que la experiencia local demuestra que “cuando se toma una determinación firme, la convivencia mejora”.

En plena temporada de verano, una de las provincias más visitadas del país anunció una reducción en los montos de las multas de tránsito. Se trata de Córdoba, donde la Policía Caminera confirmó una baja en el valor de las sanciones, una medida que impacta directamente en el bolsillo de vecinos y turistas que circulan por rutas, autovías y caminos serranos.

La actualización se produjo el pasado lunes 12 de enero, cuando la provincia modificó el valor de la Unidad Fija de Multa (UF), parámetro que se utiliza para calcular el importe de cada infracción. La decisión se vinculó a la baja en el precio del litro de nafta súper de YPF, lo que derivó en una reducción del 3,8% en el valor de la UF, que pasó de $1.696 a $1.631 en comparación con diciembre de 2025.

Este ajuste alcanza a todo el esquema de infracciones, desde las más leves hasta las consideradas máximas, entre las que se encuentran el cruce de semáforos en rojo, el exceso de velocidad y la alcoholemia positiva.

Con la actualización, los montos de las sanciones en Córdoba comienzan en torno a los $30.000 y pueden superar ampliamente los $3.000.000, además de implicar quita de puntos en la licencia.

Comprenden entre 20 y 100 UF, con multas que van de $32.620 a $163.100. La quita de puntos puede llegar hasta 2. Un ejemplo es fumar mientras se conduce.

Oscilan entre 100 y 200 UF, con sanciones de $163.100 a $326.400 y pérdida de entre 2 y 5 puntos, como en el caso de circular con luces apagadas.

Van de 200 a 400 UF, con multas de entre $326.400 y $652.800. Incluyen faltas como cruzar semáforos en rojo, circular en contramano o exceder la velocidad permitida. En estos casos se pueden perder hasta 20 puntos.

Corresponden a alcoholemia positiva o destrucción de infraestructura pública. Las sanciones van de 1.200 a 2.000 UF, lo que representa montos que oscilan entre $1.957.200 y $3.262.000. Estas faltas incluyen, además, inhabilitación para conducir y, según el caso, posibles denuncias penales.

Con esta medida, Córdoba recibe a los turistas de la segunda quincena del verano 2026 con una noticia favorable en términos económicos, aunque sin modificar el rigor de los controles viales. Desde el gobierno provincial remarcan que el objetivo es acompañar el contexto económico sin resignar seguridad, manteniendo la vigencia de las normas de tránsito como herramienta central para prevenir siniestros.

Concepción del Uruguay – La Municipalidad informó oficialmente el inicio del proceso de licitación pública destinado a otorgar la concesión del servicio de transporte urbano de pasajeros, en el marco de las facultades que posee el Departamento Ejecutivo Municipal para brindar concesiones y subsidios en esta materia.

La medida fue impulsada por la Secretaría de Gobierno, que planteó la necesidad de garantizar la continuidad y mejora del servicio mediante un nuevo llamado a licitación, con el objetivo de optimizar la prestación para los usuarios del sistema de transporte público de la ciudad.

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto N.º 29.113, las empresas interesadas podrán adquirir el pliego de bases y condiciones en la Tesorería Municipal hasta las 10 horas del 9 de diciembre.

Las ofertas presentadas serán abiertas públicamente el día siguiente, también a las 10 horas, en un acto formal que contará con la participación de representantes municipales y oferentes, garantizando la transparencia y publicidad del proceso.

El actual esquema del transporte urbano en Concepción del Uruguay cuenta con una trayectoria de más de una década.

Mediante el Decreto Municipal N.º 22.126, fechado el 3 de agosto de 2009, el Municipio adjudicó la concesión del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros a la empresa “Buses del Uruguay”, por un plazo inicial de diez (10) años, con opción de prórroga por cinco (5) años adicionales.

Posteriormente, a través del Decreto Municipal N.º 28.193, del 2 de agosto de 2023, se autorizó la ampliación de la concesión a favor de las firmas “Bajo Uruguay S.R.L.” y “Uruguay Buses S.R.L.”, extendiendo el período de prestación por dos años adicionales, contados desde el 1° de octubre de 2023.

Cumplido ese período, la Secretaría de Gobierno, junto con las áreas técnicas y jurídicas del Municipio, elaboró el nuevo Pliego de Bases y Condiciones que regirá la próxima adjudicación.

El documento contempla requisitos técnicos, económicos y de seguridad, con especial atención a la renovación y accesibilidad de la flota, la incorporación de medidas de seguridad y el cumplimiento de normativas ambientales vigentes.

Asimismo, busca promover la competitividad entre oferentes y asegurar la calidad del servicio para los vecinos, en un marco de transparencia administrativa y control ciudadano.

En mayo de 2013, Paralelo 32 publicaba una nota titulada “Sanciones más duras al no uso de casco y las picadas”, en la que se detallaban las medidas impulsadas por la Ordenanza 7/13, sancionada el 12 de abril de ese año y modificatoria de la Ordenanza 28/11. A más de una década de su aprobación, las disposiciones allí establecidas siguen representando un marco normativo fundamental para el trabajo de control y prevención que realiza el área de Tránsito municipal.

La normativa facultó a la Subdirección de Tránsito y Seguridad Vial a intervenir en dos situaciones que hasta ese momento no estaban contempladas en el Programa de Educación y Seguridad Vial:

Con su aplicación, se introdujo además un nuevo sistema de sanciones económicas para quienes incurran en estas faltas. Desde entonces, el Juzgado de Faltas puede aplicar el cobro de un valor equivalente a entre 100 y 500 litros de nafta súper por la retención de un rodado, sumado al costo del traslado al depósito municipal —equivalente a 30 litros de nafta súper— y un adicional diario de 10 litros de combustible por cada día que el vehículo permanezca retenido.

En el caso de las motocicletas, el juez también quedó facultado para exigir la modificación del caño de escape antes de restituir la unidad, una medida orientada a responder a los reclamos por ruidos molestos y a promover el cumplimiento de las normas de convivencia urbana.

Las reformas introducidas por la Ordenanza 7/13 se enmarcaron en la adhesión municipal a la Ley Provincial Nº 10.025 y la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, y fueron aprobadas por unanimidad en sesión del Concejo Deliberante.

Entre las principales modificaciones se incorporaron nuevos incisos a los artículos 15º y 16º de la normativa original:

Además, se actualizó el inciso 4 para precisar los requisitos de documentación necesarios al momento de retirar el vehículo.

Aunque han pasado más de diez años desde su implementación, la ordenanza conserva plena vigencia y continúa siendo una herramienta clave para el ordenamiento del tránsito y la educación vial en Crespo.

Las sanciones establecidas, sumadas a las campañas de concientización desarrolladas desde el municipio, buscan reducir la siniestralidad y promover conductas responsables en la conducción de motos y automóviles.

El uso del casco, el respeto a las normas y la erradicación de las picadas son pilares esenciales para mejorar la seguridad vial en la ciudad, un objetivo que —tal como señalaba aquella publicación de 2013— sigue siendo un compromiso compartido entre las autoridades y la comunidad.

La ciudad de Paraná amaneció este viernes 5 de septiembre sin servicio de transporte urbano, debido a un paro impulsado por la empresa BUSES Paraná, medida que desde el municipio calificaron como “injustificada” y orientada únicamente a “perjudicar a los paranaenses”.

Desde la Municipalidad de Paraná recordaron que cada mes se realizan en tiempo y forma los depósitos correspondientes al financiamiento del sistema de transporte, por lo que —según señalaron— no existe motivo que justifique la interrupción del servicio.

En ese sentido, remarcaron que la decisión de la prestataria deja sin cobertura a miles de usuarios que dependen del colectivo para trasladarse diariamente.

Pese al malestar generado, el municipio confirmó que mantiene un diálogo permanente con el Gobierno de Entre Ríos, en busca de una solución conjunta que permita superar el conflicto.

También recordaron que la concesión de BUSES Paraná para prestar el servicio urbano en la capital entrerriana vence en diciembre, por lo que la situación de la empresa se encuentra bajo revisión.

Mientras tanto, la medida de fuerza impacta de lleno en trabajadores, estudiantes y vecinos en general, que quedaron sin la principal alternativa de transporte público.

La Municipalidad insistió en que la responsabilidad del conflicto es de la prestataria y reiteró que “no hay razones que justifiquen dejar sin servicio a los ciudadanos”.

Desde el lunes 7 de julio, las y los docentes de Paraná y el área metropolitana podrán tramitar el boleto docente con un 50% de descuento, según informó el gobierno provincial a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios. La medida se enmarca en los compromisos asumidos en la última paritaria del sector educativo y beneficiará a quienes no perciben el adicional por movilidad (código 029).

Se estima que el beneficio alcanzará a unos 4.500 trabajadores y trabajadoras de la educación, con domicilio en Paraná, Oro Verde, San Benito, Colonia Avellaneda, Sauce Montrull y Villa Fontana.

Para acceder al boleto docente con descuento, el trámite deberá realizarse de forma presencial, presentando los siguientes documentos: tarjeta SUBE, DNI y el certificado I.S. que se gestiona a través del sistema SAGE del Consejo General de Educación (CGE).

Los puntos habilitados para concretar el trámite son:

Unidad de gestión SUBE (calle Almafuerte, Paraná): para quienes utilizan el transporte urbano de la capital provincial.

Terminal de ómnibus de Paraná: para usuarios de la línea Metropolitana que conecta con localidades vecinas.

Ambas oficinas atenderán de lunes a viernes, de 8 a 12 horas, y desde la Secretaría de Transporte recomendaron aprovechar el receso invernal para realizar el trámite con mayor comodidad y evitar demoras.

El secretario de Transporte, Juan Elsesser, destacó que “en conjunto con el Ministerio de Gobierno y Trabajo, estamos dando cumplimiento a un compromiso asumido en las instancias de paritarias y donde reconocemos el esfuerzo de los trabajadores de la educación. Este beneficio es una herramienta concreta para acompañar la labor diaria de los docentes”.

Finalmente, desde la Secretaría también informaron que se están gestionando acuerdos con municipios de otras localidades entrerrianas para extender el beneficio del boleto con descuento en aquellas ciudades que cuenten con sistema de transporte urbano, a la espera de la autorización correspondiente de SUBE Nación.

Desde la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial (Dgpsv) de la Policía de Entre Ríos y del Observatorio de Seguridad Vial del Ministerio de Seguridad y Justicia brindaron información importante para tener en cuenta antes de salir a la ruta.

Durante el viaje

Documentación necesaria para circular en la vía pública

El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, anunció la puesta en marcha del "Boleto Docente", un beneficio que otorgará un 50% de descuento en el transporte público urbano a los docentes de nivel primario y secundario de la provincia. La medida, acordada en la paritaria docente 2025, busca brindar previsibilidad y apoyo al personal educativo en su traslado diario.

El secretario de Transporte, Juan Diego Elsesser, detalló que la provincia cubrirá el 50% del valor de cada pasaje incluido en el beneficio. "Esta iniciativa respalda el compromiso diario de los docentes y promueve un sistema de transporte más equitativo, con tarifas accesibles", afirmó.

El descuento regirá en las localidades con transporte bajo jurisdicción provincial y en los municipios que adhieran al programa mediante convenio. La administración estará a cargo de la Unidad de Gestión SUBE Provincial.

Vigencia: Desde el inicio del ciclo lectivo hasta el cierre de mesas de examen en diciembre, solo en días hábiles escolares (de 05:00 a 23:59). No aplica fines de semana, feriados ni receso invernal.

Límite mensual: 40 pasajes con descuento. Los viajes adicionales se pagarán a tarifa completa.

Frecuencia: Solo un uso cada 15 minutos para prevenir fraudes.

Los docentes deberán presentar:

Último recibo de sueldo con verificación.

Certificación del Consejo General de Educación (CGE) que acredite su actividad.

DNI vigente con domicilio en Entre Ríos.

Tarjeta SUBE o sistema electrónico equivalente.

El trámite es personal y podrá realizarse de forma presencial o digital. Por ahora, la atención se concentrará en la Unidad de Gestión SUBE Paraná (Av. Almafuerte 233), de lunes a viernes de 8 a 13, hasta que se habiliten más oficinas.

Esta política se enmarca en el compromiso del gobierno provincial de mejorar las condiciones laborales de los docentes, facilitando su movilidad y reduciendo gastos en un contexto económico desafiante. Con el Boleto Docente, Entre Ríos avanza hacia un transporte más inclusivo, priorizando a quienes forman a las futuras generaciones.

Para más información, los interesados pueden consultar en la página oficial de la Secretaría de Transporte de Entre Ríos.

El Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) presentó su informe anual de actividad, en el que analiza el desempeño de los sectores productivos de la provincia durante el 2024, un año marcado por desafíos macroeconómicos, políticos y sociales que impactaron en la dinámica local. El documento destaca una mejora en la producción agrícola respecto a 2023, pero con retrocesos en ganadería, consumo y empleo, evidenciando una recuperación frágil y desigual.

Tras un 2023 con caídas en arroz, soja y maíz, el 2024 mostró una recuperación generalizada en las cosechas:

Soja: +360% interanual.

Maíz: +270%.

Sorgo: +100%.

Trigo y arroz: +12%.

Este crecimiento se explica por mejores condiciones climáticas y mayor superficie sembrada, aunque la rentabilidad del sector sigue afectada por un tipo de cambio poco competitivo, bajos precios internacionales y alta presión fiscal, lo que limita inversiones en tecnología y expansión.

El sector ganadero enfrentó un año complejo:

Bovinos: caída del 15-25% en faena, con una leve recuperación a mediados de año.

Porcinos: variación negativa al inicio, pero cierre con leve aumento.

Avícolas: sin cambios significativos.

La incertidumbre económica y costos elevados impactaron en la producción, aunque se observa una tendencia a la estabilización hacia fin de año.

Las ventas en supermercados cayeron hasta un 24% en septiembre, con una recuperación parcial en los últimos meses, pero sin alcanzar los niveles previos. Entre las causas:

Ajuste en precios relativos.

Deterioro del salario real en el primer semestre.

Cambio en los hábitos de consumo (mayor preferencia por comercio online y tiendas especializadas).

Energía eléctrica: sin variaciones significativas frente a 2023, pero con caídas del 9% (industrial) y 30% (residencial) respecto a 2022.

Patentamiento de autos: desplome del 40% en el primer trimestre por incertidumbre cambiaria, pero recuperación posterior por mejor acceso al crédito y reducción de impuestos.

Empleo privado: caída del 4% a mediados de año, con una leve mejora hacia diciembre, aunque aún 3% por debajo de 2023.

El informe del CEER concluye que, pese a cierta estabilización en el segundo semestre, la economía entrerriana sigue frágil, con baja competitividad, presión fiscal y un mercado laboral debilitado. Para asegurar un crecimiento sostenible, se requieren:

Políticas que reduzcan la carga tributaria.

Incentivos a la inversión productiva.

Reformas laborales que fomenten la formalidad.

"El 2024 fue un año de ajuste, pero la provincia necesita medidas estructurales para consolidar su recuperación", advierte el documento, subrayando que el contexto nacional sigue siendo clave para el desempeño local.

Este miércoles, en un acto que marcó un paso importante para el futuro del transporte urbano en la ciudad de Paraná, se llevó a cabo la apertura de sobres correspondientes a la licitación pública para la concesión del sistema de transporte urbano masivo de pasajeros. La ceremonia tuvo lugar en la Casa de la Costa, y participaron tres empresas que presentaron sus propuestas: ETACER S.R.L., Transporte San José S.A. U.T. y Micro Ómnibus Saavedra Sataci.

El viceintendente David Cáceres, quien encabezó la apertura, destacó la trascendencia del evento, calificándolo como un "hecho histórico" para la ciudad. "Estamos ante un hito en lo que tiene que ver con el transporte urbano masivo de pasajeros en la ciudad de Paraná. Tenemos muchas expectativas de empezar el proceso de evaluación para que estas ofertas se ajusten al pliego propuesto y que, entre otras líneas, plantea la sustentabilidad del servicio, pero fundamentalmente que brinde soluciones a quienes utilicen este medio de transporte", expresó Cáceres.

El viceintendente subrayó que el proceso de licitación forma parte de un plan de transformación más amplio que busca resolver los problemas estructurales del transporte en la ciudad, que han persistido durante muchos años. "Con la decisión política de nuestra presidenta municipal, Rosario Romero, de realmente dar un vuelco y barajar y dar de nuevo en lo que tiene que ver con la prestación de este transporte, estamos ante un hito histórico en la movilidad de la ciudad", afirmó Cáceres. Además, destacó el trabajo conjunto realizado con universidades, asociaciones intermedias y vecinos para llegar a esta instancia.

En cuanto al rol del Concejo Deliberante, Cáceres agradeció la participación de todas las fuerzas políticas, que han trabajado de manera participativa, abierta al debate y a la proposición de ideas, culminando el proceso con una audiencia pública en la que se recepcionaron muchas inquietudes de los vecinos.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Katherina Stickel, explicó que ahora comienza el proceso de análisis de las propuestas presentadas, que se basará en una evaluación técnica y económica. "Estimamos que el plazo para la selección de la empresa adjudicataria será de no menos de 30 días. La documentación es extensa y el pliego establece un análisis riguroso", señaló Stickel. Además, destacó que el pliego ofrece a las empresas la posibilidad de presentar una propuesta sostenible, un factor clave para la ciudad de Paraná.

Stickel también resaltó que el sector privado confía en el municipio, incluso en un contexto adverso para el área de transporte, lo que permitirá a la ciudadanía tener varias opciones a analizar. "El Ejecutivo municipal tendrá 60 días para analizar y elegir la mejor propuesta", concluyó.

El nuevo pliego de licitación contempla 11 líneas de transporte urbano, divididas en tres grupos, que corresponden a la jurisdicción municipal. La licitación pone énfasis en un sistema orientado al usuario, obligando a las empresas a garantizar niveles de satisfacción elevados. También establece que las empresas deben contar con una flota sostenible y ofrece amplias facultades a la autoridad de aplicación y a los usuarios para fiscalizar el servicio.

Una de las novedades más destacadas del pliego es la exigencia de “atractores de viajes”, en lugar de los recorridos fijos y estáticos tradicionales. Este cambio responde a las dinámicas de circulación de la ciudad, las cuales cambian constantemente debido al crecimiento urbano. Además, el pliego otorga mayor puntaje a las empresas que presenten flotas modernas, que deberán cumplir con metas de calidad de impacto ambiental y social. En un plazo de siete años, las empresas deberán presentar un plan de modernización de su flota, alcanzando el 100 por ciento de los vehículos con la norma EURO V o superior.

El municipio de Paraná será el encargado de ejercer el control, la fiscalización, la supervisión y la auditoría de la operación del servicio. En caso de incumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato, se podrán aplicar sanciones y multas a las empresas adjudicatarias.

Con estos nuevos lineamientos, el municipio busca garantizar un servicio de transporte público más eficiente, sostenible y alineado con las necesidades de los usuarios, mejorando la movilidad urbana y contribuyendo al desarrollo de la ciudad.

Desde el 5 de marzo, los ciudadanos de Paraná que tramiten su licencia de conducir ya no deberán abonar infracciones de tránsito de otras jurisdicciones para obtener el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT). Esta decisión fue adoptada por la intendenta Rosario Romero, quien el 3 de enero derogó el decreto N.º 1996, poniendo fin a la exigencia que obligaba a los conductores locales a pagar multas de otras ciudades, como Buenos Aires, Córdoba y Misiones.

La medida responde a diversos fallos de la Cámara en lo Contencioso Administrativo N.º 1 de Paraná, que consideró que el cobro compulsivo de multas de otras provincias violaba la garantía del debido proceso de los solicitantes de licencias de conducir o sus renovaciones. De esta manera, se resguarda el derecho de los ciudadanos a contar con una notificación y posibilidad de defensa antes de verse obligados a abonar sanciones impuestas en otras jurisdicciones.

Con la nueva disposición, quienes deseen obtener o renovar su licencia de conducir en Paraná solo deberán abonar las infracciones cometidas dentro de la ciudad. Estas multas podrán consultarse a través de la plataforma digital Mi Paraná, lo que permitirá una mayor transparencia y accesibilidad para los conductores.

La notificación de infracciones también se optimizará para garantizar que los ciudadanos puedan conocer sus deudas de tránsito de manera oportuna y sin intermediaciones engorrosas.

Según lo expresado en los fundamentos de la resolución, la anterior exigencia derivada del convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial resultaba costosa para los ciudadanos. El sistema obligaba a los conductores a realizar la consulta previa al CENAT y, en caso de registrar infracciones en otras provincias, a pagarlas antes de continuar con el trámite.

Este martes, los ex legisladores Héctor Maya y Flavia Maidana presentaron un proyecto denominado "Panamá Seco Entrerriano", cuyo objetivo principal es mejorar la infraestructura vial en la provincia de Entre Ríos. La iniciativa busca regular el tránsito internacional y destinar recursos a la reparación de las rutas provinciales, además de generar puestos de trabajo genuinos.

En simultáneo con la presentación del proyecto, Maya y Maidana elevaron una nota al gobernador Rogelio Frigerio solicitando su aprobación urgente. Asimismo, la iniciativa fue ingresada en la Mesa de Entrada de la Legislatura provincial para ser analizada por todos los ediles, sin distinción partidaria.

Al referirse a la propuesta, Héctor Maya destacó: "Este proyecto tiene el potencial de generar una recaudación millonaria para la provincia, sin que los entrerrianos deban destinar un solo peso. Además, tendrá un impacto directo en las familias, ya que creará cientos de puestos de trabajo, tanto en la implementación de la recaudación como en los trabajos de reparación, construcción y mantenimiento de rutas en toda la provincia".

En la misma línea, agregó: "Estamos cansados de escuchar que nuestros jóvenes se van en busca de oportunidades. A esas familias, a esas madres, debemos darles una propuesta concreta. Aquí está la primera. Seguiremos trabajando para lograr más".

Por su parte, Flavia Maidana subrayó: "Este proyecto es el resultado de varios meses de trabajo, en colaboración con distintos sectores, gremios, cámaras empresariales e instituciones intermedias. Es una propuesta que replantea qué tipo de oposición debemos ofrecer a la sociedad. Y nuestra respuesta es clara: queremos ser una oposición propositiva, que priorice el sentir entrerriano y que aporte soluciones concretas para el trabajo y el desarrollo de nuestra provincia".

El proyecto fue elaborado en conjunto con sindicatos, destacándose la participación de UPCN y de referentes de distintas regiones, como Facundo Ruiz Díaz de Concordia. También se llevaron a cabo reuniones con los intendentes de Colón, San José, Victoria, Nogoyá, Tala y Gualeguay, localidades afectadas por el tránsito internacional.

"Este proyecto ya no es de Maidana y Maya, sino de cada entrerriano que quiere un mejor futuro para la provincia", afirmó Héctor Maya. "Seguiremos dialogando y manteniendo reuniones con quienes se quieran sumar para mejorar este proyecto y pensar otros".

La iniciativa propone la creación de un nuevo tributo, denominado "Pasaporte" o "Canon", cuyo objetivo exclusivo será financiar el mantenimiento y conservación de las rutas provinciales de Entre Ríos.

Este tributo se aplicará a los camiones que transiten por rutas provinciales y no estén radicados en la provincia ni tengan residencia habitual en ella.

La implementación de este nuevo tributo representa una oportunidad estratégica para asegurar la sostenibilidad de la infraestructura vial provincial, generando ingresos de manera equitativa y ajustada a las necesidades del sistema vial entrerriano, en un contexto donde los recursos para este tipo de proyectos son limitados.

Con este enfoque, el proyecto "Panamá Seco Entrerriano" busca no solo mejorar la infraestructura provincial, sino también promover el desarrollo económico y generar empleo en toda la región.

Paraná.- Este domingo 15 de diciembre, durante la audiencia pública sobre el transporte urbano de la ciudad, la Defensora del Pueblo, Marcia López, planteó una serie de observaciones críticas y propuestas en torno al proyecto de concesión del servicio de colectivos. López destacó la necesidad de frecuencias que no excedan los 15 o 20 minutos, un diseño de recorridos eficiente y una mayor cantidad de unidades disponibles. Además, consideró excesivo el plazo de 12 años para la concesión y solicitó la participación activa de los usuarios y de la Defensoría en las instancias de control.

La audiencia, convocada por el Ejecutivo Municipal, reunió a vecinos, concejales y funcionarios en la Sala Mayo de Paraná. López inició su exposición agradeciendo el espacio para expresar las inquietudes de la ciudadanía y mencionó que los principales reclamos que recibe la institución están relacionados con largas esperas en paradas, recorridos ineficientes, falta de accesibilidad y deficiencias en el estado de las unidades.

López señaló que el pliego de concesión no define con claridad las frecuencias ni los recorridos específicos para cada línea. Subrayó que el tiempo de espera entre colectivos no debería superar los 15 o 20 minutos y pidió que se establezcan parámetros para días no laborales y períodos de receso escolar. Además, destacó la importancia de un sistema de información en tiempo real para que los usuarios puedan conocer la ubicación y los horarios de las unidades.

Respecto a la cantidad de colectivos, López cuestionó el mínimo de 70 y el máximo de 100 unidades propuesto en el pliego, considerando que el parque actual de 90 unidades ya resulta insuficiente para garantizar frecuencias adecuadas. También enfatizó la necesidad de incorporar unidades accesibles de manera inmediata, en lugar de hacerlo de forma gradual, para garantizar el ascenso y descenso sin obstáculos, especialmente para personas con discapacidad, adultos mayores, embarazadas y niños.

La Defensora calificó de excesivo el plazo de 12 años con posibilidad de prórroga para la concesión y recordó experiencias anteriores donde la duración prolongada no benefició a los usuarios. Asimismo, pidió que el Observatorio de Movilidad, propuesto en el pliego, incluya representación de los usuarios y de la Defensoría del Pueblo para garantizar un monitoreo efectivo del servicio.

López también resaltó la importancia de capacitaciones para los choferes, con énfasis en garantizar un trato adecuado a los pasajeros y abordar la atención a personas con discapacidad, tema recurrente en los reclamos recibidos por la Defensoría.

Finalmente, López pidió que se definan con claridad aspectos como gratuidades, cobro de multas y compensaciones en el pliego. “Es esencial que el servicio se diseñe pensando en las necesidades reales de los usuarios, para que sea eficiente y elegido por toda la ciudadanía”, concluyó.

En un evento que marcó un paso importante hacia la mejora del transporte urbano en Paraná, concejales y vecinos participaron activamente en una audiencia pública organizada para debatir el pliego de licitación del servicio de transporte de pasajeros. Este espacio de intercambio permitió que los ciudadanos expresaran sus preocupaciones y propuestas, mientras que las autoridades destacaron la relevancia de la participación ciudadana para transformar un sistema que enfrenta serias falencias.

El concejal Enrique Ríos (Más para Entre Ríos) calificó la audiencia como una herramienta esencial para abordar los desafíos del transporte público. “Siempre el balance de una instancia que significa participación ciudadana es positivo. Hoy hemos escuchado a diversos actores de la sociedad en torno a una problemática profunda que afecta a los usuarios”, afirmó. Además, subrayó la importancia del consenso y del trabajo conjunto para generar un servicio más eficiente y accesible.

Por su parte, Silvia Campos (Juntos por Entre Ríos) destacó que los aportes ciudadanos serán clave para enriquecer el debate en la Comisión de Movilidad, donde se analizan los detalles del pliego de bases y condiciones. “Celebro la participación de la ciudadanía. Esto no es solo algo que pueda hacer un gobierno, lo tenemos que construir entre todos para ofrecer un servicio público de calidad que recupere la confianza de los usuarios”, sostuvo.

Desde otra perspectiva, el concejal Darío Báez (La Libertad Avanza) enfatizó que la audiencia marca un punto de partida para un cambio estructural: “Esto es un inicio. El transporte público es una demanda con décadas de déficit, y hoy la sociedad se involucra y propone. Es una oportunidad para repensar y transformar el sistema de manera integral”.

El protagonismo ciudadano fue central en la audiencia, con representantes de diferentes barrios exponiendo las dificultades cotidianas que enfrentan y sugiriendo mejoras.

Estefanía Andreoli, de la vecinal Tiro Federal, señaló problemas vinculados a los galpones de la empresa Ersa ubicados en su barrio: “Los colectivos estacionan en la calle, generando ruidos, gases y problemas de limpieza. Hemos sido escuchados, pero esperamos soluciones concretas”.

Jonathan Álvarez, presidente de la Comisión Vecinal Gobernador López Jordán, destacó la necesidad de mayor frecuencia, señalización y garitas, mientras que Cristian Cabaña, del Barrio Cuarteles, subrayó la urgencia de recuperar la confianza en el sistema: “El transporte público es fundamental para trabajar, estudiar y llevar a nuestros hijos a la escuela. Necesitamos un sistema que realmente funcione para los paranaenses”.

La audiencia pública dejó en evidencia las falencias del sistema actual, pero también la voluntad de los ciudadanos y las autoridades de trabajar juntos por un cambio significativo. Tanto las propuestas de los vecinos como las posturas del Concejo Deliberante serán claves para definir el nuevo pliego de licitación, cuyo objetivo es garantizar un servicio de calidad que responda a las necesidades de los usuarios.

La Municipalidad de Paraná instaló 28 nuevas garitas para el transporte público de pasajeros en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar la infraestructura del servicio y garantizar mayor comodidad y seguridad para los usuarios.

El proceso incluyó la identificación de las paradas donde resultaba necesario el reemplazo de garitas antiguas o la colocación de nuevas estructuras, además de mejoras en la pintura para acondicionar los espacios de espera.

La secretaria de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Katherina Stickel, destacó:

“En este camino que ha planteado la intendenta Rosario Romero de ir hacia un transporte de calidad, creemos que la infraestructura de apoyo es fundamental, en este caso destinada a los usuarios para que puedan esperar el servicio en condiciones de comodidad y de seguridad”.

Stickel también subrayó que estas acciones forman parte de un plan municipal más amplio para ampliar la cobertura del transporte público y fomentar el cuidado de los pasajeros.

Entre las garitas instaladas se destacan:

Además, dos de las nuevas estructuras reemplazaron a garitas deterioradas en los mismos puntos, específicamente en Larramendi al 1493 y calle Jozami (Blas Parera 3348).