El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó este martes una reunión con representantes de los principales gremios estatales con el objetivo de avanzar en el análisis del proyecto de reforma previsional de la provincia. El encuentro marcó el inicio de una instancia formal de diálogo para abordar la situación de la Caja de Jubilaciones y explorar posibles consensos en torno a modificaciones del sistema.

La reunión se desarrolló en el Salón de los Gobernadores de la Casa de Gobierno, en Paraná, y contó con la participación del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; y el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat.

Tras el encuentro, la secretaria adjunta de Unión del Personal Civil de la Nación, Carina Domínguez, valoró la apertura del espacio de diálogo y destacó que “se escucharon varias opiniones” en una mesa que consideró necesaria para el tratamiento de un tema de alta sensibilidad. En ese sentido, remarcó que todos los sectores deben formar parte del debate y advirtió que cualquier eventual ajuste no debe recaer exclusivamente sobre los trabajadores estatales.

Domínguez también señaló que los ejes planteados por el Gobierno —como la edad jubilatoria y los años de aporte— constituyen variables técnicas esperables dentro del análisis, aunque aclaró que ello no implica acuerdo por parte de los gremios. Además, anticipó que se avanzará en reuniones sectoriales para profundizar cada uno de los puntos y que se presentaron propuestas alternativas vinculadas al financiamiento del sistema previsional.

La dirigente sindical subrayó que la continuidad de los gremios en la mesa refleja una oportunidad para discutir la reforma más allá de la existencia de un proyecto legislativo. Según indicó, el objetivo es evitar conflictos y perjuicios sectoriales, al tiempo que se busca avanzar hacia un sistema sostenible y equitativo tanto para trabajadores activos como para jubilados.

Por su parte, el representante del Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (Suoyem), Fernando García, calificó el encuentro como positivo y destacó la expectativa de los trabajadores por participar del proceso. “Se abre una etapa de trabajo sostenido, con seguimiento y aportes sectoriales, en defensa de los derechos adquiridos”, afirmó.

En esa línea, García sostuvo que el debate debe contemplar soluciones estructurales frente a una problemática de fondo. “Estamos avanzando y vamos a aportar porque creemos que el gobernador ha planteado que existe una problemática muy profunda. Es un camino a futuro que nos toca resolver o al que debemos aportar desde nuestro lugar”, expresó.

Del encuentro participaron representantes de diversos gremios, entre ellos Asociación Trabajadores del Estado, Asociación del Magisterio de Entre Ríos, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, Sindicato Argentino de Docentes Privados, Unión de Docentes Argentinos, Asociación del Personal Legislativo, Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Asociación Judicial de Entre Ríos, Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales y el propio Suoyem.

El Gobierno provincial apuesta a sostener el diálogo con los distintos sectores en busca de consensos que permitan avanzar en una reforma previsional que atienda el déficit del sistema sin afectar de manera desproporcionada a los trabajadores. Mientras tanto, los gremios se mantienen en estado de análisis y participación activa en una discusión que consideran clave para el futuro del régimen jubilatorio entrerriano.

Desde la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) emitieron un comunicado en el que expresan su preocupación ante los trascendidos sobre un nuevo e importante recorte de horas extras en distintos ámbitos de la administración pública entrerriana, principalmente en Ministerios y algunos organismos del Estado. Bajo el interrogante “¿Llegó Milei a la provincia?”, el sindicato reclamó al Gobierno provincial una urgente aclaración y advirtió que los trabajadores “no están dispuestos a soportar más esfuerzo” ni a seguir perdiendo poder adquisitivo.

La secretaria gremial de UPCN, Cristina Melgarejo, señaló que el sindicato fue contactado por trabajadores de varios Ministerios debido a versiones que dan cuenta de un recorte “importante e indiscriminado” de las horas extras.“Ante esto nos preguntamos: Milei, ¿llegó a Entre Ríos?”, expresó la dirigente, al tiempo que aclaró que hasta el momento no han logrado confirmar la existencia de una directiva oficial en ese sentido, motivo por el cual exigen respuestas concretas.

Melgarejo explicó que la falta de actualización salarial afecta a todos los trabajadores del Estado, aunque algunos sectores se verían particularmente perjudicados si se avanza con un nuevo recorte de ingresos en un concepto que, en muchos casos, ya es considerado parte del salario habitual.“Esta incertidumbre genera malestar e impotencia, sobre todo en organismos que han trabajado intensamente durante enero para cerrar el 2025, como los contables, o para cumplir con las recategorizaciones, como sucedió en Recursos Humanos”, sostuvo.

En ese marco, la dirigente remarcó que la situación amerita una urgente aclaración por parte del Gobierno provincial y reclamó conocer de primera mano cuál es el plan oficial para sostener el poder adquisitivo, que —según indicó— “viene deteriorándose sucesivamente”.“Conocemos la realidad y la crisis que atraviesa el país, pero no vamos a permitir que se siga retrocediendo en perjuicio de los trabajadores”, subrayó.

Melgarejo también cuestionó cuáles son las variables que se están considerando para mantener el equilibrio fiscal y reclamó que los esfuerzos sean compartidos por todos los sectores.“Se habla tanto de transparencia y de eficacia en la administración pública, pero que no se equivoquen: eso no lo garantizan los funcionarios con un discurso político. Se logra con la tarea cotidiana que requiere la presencia y disposición de los trabajadores”, afirmó.

Si bien UPCN se mantiene a la espera de la paritaria, la dirigente advirtió que, ante la problemática específica de las horas extras, es necesaria una pronta reunión para discutir la situación y definir cómo continuará el tema. En ese sentido, reprochó que “con estas decisiones unilaterales el gobierno apura la conflictividad”.

Desde el sindicato plantearon como gesto urgente que el Ejecutivo provincial convoque a UPCN para brindar información clara y poder transmitirla “de manera seria y responsable” a los trabajadores. Asimismo, Melgarejo indicó que, en caso de confirmarse un recorte, será fundamental saber si se tratará de una medida transitoria o permanente, y qué tipo de compensaciones estarían previstas.

“En medio de una crisis que es evidente, entendemos que cualquier quita de ingresos es un tema muy sensible en el que no podemos permanecer indiferentes”, remarcó, y concluyó:“Esperemos que la pregunta sobre si Milei llegó a Entre Ríos sea solo una confusión administrativa”.

La empresa Urcel Argentina S.A. emitió en la tarde de este lunes un comunicado dirigido a la opinión pública, en el que expuso su postura frente al conflicto gremial que en las últimas horas derivó en la paralización total del Puerto de Concepción del Uruguay, con bloqueos de accesos e interrupción de la operatoria portuaria.

Según detalló la firma, la situación se desencadenó a partir de la obstrucción del ingreso a las instalaciones portuarias por parte de personas ajenas al ámbito operativo, lo que impidió el normal desarrollo de las tareas previstas. En ese marco, la empresa señaló que se vio afectada la carga del buque Días Well, programada para el sábado, y que un segundo buque, el African Piper, debió permanecer en espera debido a la paralización total de actividades durante dos días consecutivos. La situación, indicaron, derivó además en desmanes dentro del predio portuario.

En el comunicado, Urcel Argentina sostuvo que el conflicto “resulta completamente ajeno a la empresa y a sus trabajadores”, y atribuyó su origen a una disputa intergremial entre dos sindicatos que reclaman la representación de los trabajadores en los puertos de Concepción del Uruguay e Ibicuy. En ese sentido, la firma afirmó que su accionar se orientó en todo momento a priorizar la paz social y la defensa de las fuentes laborales directas e indirectas vinculadas a la operatoria portuaria.

Asimismo, la empresa manifestó su confianza en la intervención de las autoridades competentes para que, a través de los canales legales correspondientes, se arbitren soluciones que permitan resolver el conflicto y garantizar la continuidad de la actividad en los puertos entrerrianos. “Nuestra empresa es ajena a los conflictos internos de los gremios en disputa y se limita a generar trabajo genuino, con salarios dignos”, expresaron.

Urcel Argentina remarcó además que desde 2018 sostiene de manera ininterrumpida la actividad en los puertos de Concepción del Uruguay e Ibicuy, generando —según detalló— más de 500 puestos de trabajo directos en cada puerto y más de mil empleos indirectos en la cadena productiva y comercial del sector forestal. En ese marco, destacó que en todas sus operaciones se emplea mano de obra local y que se ha dado cumplimiento a la legislación laboral vigente, acuerdos paritarios, pago bancarizado de salarios y normas de seguridad laboral.

Finalmente, la empresa reafirmó su disposición al diálogo y su voluntad de realizar los esfuerzos necesarios para arribar a una solución definitiva que permita continuar con la actividad y el desarrollo del sistema portuario entrerriano.

El pronunciamiento empresarial se conoció en un contexto de fuerte tensión en el Puerto de Concepción del Uruguay. El paro total de actividades iniciado el domingo derivó en la declaración de estado de alerta por parte de la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA), que advirtió sobre la posibilidad de un paro total nacional en respaldo a los trabajadores locales. Desde el SUPA Concepción del Uruguay denuncian precarización laboral, desconocimiento de su representación sindical y el desplazamiento de mano de obra local.

Ante la escalada del conflicto, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos dictó la conciliación obligatoria por un plazo de 15 días hábiles, a partir del lunes 26 de enero de 2026. Durante ese período, el sindicato deberá suspender las medidas de fuerza y la empresa abstenerse de aplicar represalias. Además, se convocó a una audiencia de conciliación para el martes 10 de febrero, en la ciudad de Paraná.

Mientras tanto, el conflicto continúa bajo seguimiento de las autoridades provinciales y nacionales, con impacto en una actividad considerada estratégica para la economía regional y con derivaciones que podrían extenderse al sistema portuario de todo el país si no se alcanza un acuerdo.

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) mantuvo un encuentro con el director general del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Entre Ríos, Luciano Fettolini, con el objetivo de avanzar en propuestas que mejoren las condiciones laborales y el funcionamiento del organismo.

De la reunión, realizada este viernes en Paraná, participaron la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, la secretaria gremial, Cristina Melgarejo, y José Cabral, junto a otros integrantes de la Comisión Directiva del sindicato.

Entre los ejes abordados se destacaron las instancias de capacitación, los concursos de personal, el funcionamiento de las guardias y la modernización del organismo. En este marco, se acordó avanzar en la digitalización de los procedimientos, en línea con la nueva impronta que el gobierno provincial busca darle a los Registros.

“Fue una reunión muy productiva en la que prevaleció el diálogo”, expresó Domínguez, quien resaltó la buena disposición del funcionario: “Se mostró muy receptivo a nuestras propuestas y planteos”.

La dirigente sindical aseguró que UPCN mantiene la voluntad de trabajar en conjunto para alcanzar un servicio eficiente y jerarquizado, que redunde en beneficios tanto para los trabajadores como para la ciudadanía.

“Acordamos continuar el diálogo con las autoridades del Registro, reafirmando nuestro compromiso con los trabajadores”, concluyó Domínguez.

Representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos se reunieron esta semana con autoridades de la Secretaría de Justicia para manifestar su rechazo al recorte de horas extras en la Dirección General del Notariado, Registros y Archivos.

Según informó el sindicato, la medida de ajuste impacta fuertemente en los ingresos de los trabajadores y trabajadoras del organismo. “Los recortes superan el 30% —llegando al 42% en muchos casos—, a diferencia del resto de las dependencias del Estado”, detallaron desde ATE, al tiempo que calificaron la decisión como un “daño muy grande al salario”.

El gremio también reclamó la convocatoria a una mesa de trabajo que incluya todas las demandas pendientes y se comprometió a elevar a las autoridades un relevamiento sobre las condiciones laborales de las distintas dependencias de la Dirección. Desde la Secretaría de Justicia, en tanto, se comprometieron a dar una respuesta “de manera urgente”.

El conflicto se suma a la situación de reclamo que atraviesa el Registro de la Propiedad Inmueble por cuestiones salariales. En este marco, el secretario de Justicia, Julián Maneiro, viene manteniendo reuniones con los gremios estatales con el objetivo de encontrar una salida consensuada.

“La situación del Registro de la Propiedad se está abordando mediante un diálogo permanente, con la convicción de que a través del consenso y el trabajo conjunto se puede arribar a una solución equilibrada y sustentable”, sostuvo Maneiro.

El funcionario destacó especialmente la disposición de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN): “Estamos conversando de manera muy positiva. La decisión de otorgar una tregua y poner distintas alternativas sobre la mesa demuestra voluntad de diálogo y compromiso con una salida consensuada”. Según indicó, las propuestas acercadas por el gremio están siendo analizadas por el Gobierno provincial.

Maneiro subrayó además que el conflicto no solo afecta a los trabajadores, sino que repercute en sectores de la sociedad y en la economía provincial. “Hemos dialogado con los colegios profesionales de escribanos, abogados, ciencias económicas e incluso con representantes del Banco Nación, quienes nos transmitieron su preocupación porque estas medidas de fuerza generan demoras e inconvenientes en el otorgamiento de créditos hipotecarios y en líneas de financiamiento vigentes. Eso perjudica a los entrerrianos, al acceso al crédito de la clase media y al movimiento económico en general”, afirmó.

Finalmente, el secretario pidió comprensión a los trabajadores: “Sabemos que entienden que no se trata únicamente de un aspecto profesional, sino de un perjuicio concreto para los entrerrianos. Por eso es tan importante seguir transitando el camino del diálogo y la cooperación, que es la mejor manera de alcanzar soluciones duraderas”.

En diálogo con el programa Crespo en Vivo (93.7 Boing Crespo y streaming), Elbio Schaab, representante del Sindicato de la Carne, brindó detalles de diversas actividades y proyectos que la entidad está desarrollando, en un contexto económico que definió como “difícil para todos los sectores”.

Schaab informó que, como cada año, se entregarán juguetes y bolsitas de golosinas a los hijos de afiliados, de hasta 11 años, en la sede de calle Pesante. La distribución comenzará en los próximos días y se realizará en los horarios habituales de atención: de 9 a 13 y de 16 a 20 horas. Entre los obsequios habrá pelotas de fútbol y vóley, además de una variedad de juegos acordes a las distintas edades.

Respecto de la situación laboral, explicó que ya se cerraron las paritarias para el sector de Carnes Blancas con un incremento cercano al 4% por tres meses, mientras que en Carnes Rojas continúan las negociaciones. “Lo que ofrecen los empresarios no acompaña la inflación real que enfrentamos en los comercios y supermercados”, señaló, remarcando que “no es un momento alegre para los trabajadores, pero hay que mirar hacia adelante”.

A pesar de las dificultades, el sindicato mantiene su compromiso con la integración y el bienestar de sus afiliados. Schaab confirmó que la tradicional fiesta anual se realizará el 22 de noviembre en el Club Sarmiento, con cena, show musical, sorteos y baile, tal como en ediciones anteriores.

En cuanto a proyectos, anunció una “muy buena noticia”: la compra de un terreno de 6.000 metros cuadrados sobre la ruta a Racedo, frente a la empresa DIVA, destinado a un espacio recreativo y social, con posibilidad de camping, salones de eventos y, eventualmente, natatorio. La iniciativa responde a la decisión de dejar de alquilar uno de los salones actuales y centralizar las actividades en un predio propio.

Schaab destacó que este logro es fruto de “años de ahorro y trabajo en equipo” y reiteró que el gremio “siempre tiene las puertas abiertas” para atender a sus afiliados. “Las cosas cuestan, pero con sacrificio y una mirada positiva, se logran”, concluyó.

Crespo (1 de agosto).- En una postura unificada, la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM) expresó su rechazo absoluto al proyecto de Estatuto del Personal de la Administración Pública Municipal de Crespo, el cual fue presentado por el Departamento Ejecutivo ante el Honorable Concejo Deliberante “de manera unilateral y sin consulta previa con los trabajadores”, indicaron.

La declaración fue emitida tras una reunión sindical llevada a cabo en la noche del jueves 31 de julio en la sede del SUOYEM Crespo, donde representantes de diferentes sectores debatieron sobre la iniciativa impulsada por el Ejecutivo local.

“En Crespo se presentó un Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal ‘aprobando’ el Estatuto del Personal de la Administración Pública Municipal de Crespo ante el Honorable Concejo Deliberante en forma unilateral y sin la participación previa de los trabajadores en el análisis del mismo”, manifestaron desde FESTRAM.

La federación sindical remarcó que la medida “ignora el principio básico de participación en la elaboración de normativas que afectan los derechos laborales” y advirtió que el Estado municipal “cree erróneamente que puede dictar normativas de derecho laboral sin la participación de los trabajadores”, señalando además que el proyecto “quita derechos y modifica en forma negativa condiciones de trabajo, violentando el principio de progresividad”.

En ese sentido, la FESTRAM no solo expresó su “rechazo total” al proyecto de Estatuto, sino que también manifestó su solidaridad con la familia municipal de Crespo, encabezada por la dirigente gremial Noelia Gotte, al tiempo que exigió al Ejecutivo local “abrir instancias de participación real de las y los trabajadores en el debate de la reforma del Estatuto”.

Por su parte, el Sindicato de Empleados Municipales de Crespo también alzó su voz frente a la situación, compartiendo un mensaje directo en el que los trabajadores expresan una serie de reclamos y exigencias vinculadas tanto a las condiciones laborales como a la gestión institucional.

“Los empleados del Municipio de Crespo queremos trabajar correctamente, con herramientas correctas y maquinaria en funcionamiento. Queremos condiciones dignas de labor. Queremos sentarnos a dialogar con el Intendente como lo hacíamos en la gestión anterior”, expresaron.

Además, exigieron el cumplimiento de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo “como se le exige a cualquier empresa privada” y reclamaron ingresos al municipio “de manera transparente, con trabajadores y capataces aptos para la labor”. Dentro del ámbito laboral municipal, también denunciaron prácticas de vigilancia laboral inadecuadas: “Queremos a los jefes controlando en los lugares de trabajo como debe ser, no detrás de cámaras de video”.

El comunicado cierra con un mensaje tajante: “¡Basta de aprietes! Estatuto legal”.

El bloque de diputados y diputadas “Más Para Entre Ríos” mantuvo este lunes al mediodía una reunión con los integrantes de la Intersindical en Defensa del Iosper, con quienes coincidieron en rechazar el proyecto de ley impulsado por el gobernador Frigerio para la creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), lo que lleva aparejada la disolución del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper).

Entre otros aspectos, los dirigentes gremiales rechazaron los términos utilizados por el gobernador y sus funcionarios -en especial el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso- respecto de los supuestos “curros” e irregularidades que plantean combatir, argumento utilizado para descalificar a quienes tienen una visión diferente respecto de los planes del Poder Ejecutivo.

En ese sentido, coincidieron los representantes de gremios y entidades en que no es necesario disolver el Iosper para corregir las supuestas falencias de su funcionamiento, y también remarcaron que el Instituto de Obra Social está sometido a numerosos controles, por lo que resultan discutibles las sospechas de corrupción que desde el Ejecutivo provincial se han difundido. Incluso se indicó que parte del déficit del organismo al que se refiere la actual intervención, fue generado por la decisión del actual Ejecutivo provincial de demorar el pago de los aportes que debe realizar mensualmente.

Durante el encuentro se criticó también el cambio en la composición del directorio que se plantea en el nuevo proyecto, donde tendrá la última palabra el representante del gobierno provincial. También se criticó que sólo estarán representados dos gremios estatales provinciales, excluyendo a la mayoría de los trabajadores y jubilados estatales del ámbito de decisión de la obra social. De esta forma, las decisiones quedarán en manos del Ejecutivo provincial, respondiendo a la declarada intención del “manejar la caja” como lo ha afirmado en numerosas oportunidades el gobernador Frigerio, menoscabando los derechos de los trabajadores estatales, que son los verdaderos titulares de la obra social y no el gobierno de turno.  

Igualmente remarcaron que desde el inicio de la intervención las prestaciones del Iosper han empeorado, que no se resolvió ninguno de los problemas señalados inicialmente; y que a la vez se han generado mayores complicaciones en aspectos como la entrega de medicamentos y una mayor conflictividad judicial por incumplimientos con los afiliados, además de haber casi quintuplicado el valor de los coseguros.

Los miembros del bloque justicialista, por su parte, señalaron que mantendrán su oposición a la creación de la OSER, y que también sostendrán el debate en las escasas reuniones de comisión previstas para esta semana. Las autoridades de la Cámara de Diputados programaron reuniones de comisión para el lunes 2 y martes 3 de junio con la intención de obtener rápidamente un dictamen favorable y poder completar la sanción de la nueva ley el próximo viernes.En ese sentido, las y los diputados coincidieron con los representantes gremiales en que es necesario debatir con mayor tiempo aspectos que mejoren el Iosper, aunque ello implique extender el plazo de la actual intervención, cuyo mandato inicial concluye el 12 de junio. También remarcaron que para ello se requiere de la voluntad del oficialismo de receptar las posturas de los sectores involcucrados, lo que no ocurrió con las Comisiones del Senado donde el dictamen del oficialismo no contempló la mayoría de las posturas expuestas en ese ámbito.

Este miércoles por la mañana, cientos de trabajadores estatales, afiliados a distintas organizaciones sindicales, marcharon por las calles del centro de Paraná para expresar su contundente rechazo al proyecto de ley que impulsa la creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), en reemplazo del actual Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER).

La manifestación, convocada por el frente gremial compuesto por AGMER, AJER, ATE y otras entidades agrupadas en la Intersindical, tuvo su punto de partida en la sede central del IOSPER. Desde allí, una columna multitudinaria avanzó hasta la Casa de Gobierno con cánticos, batucadas, bengalas de colores y carteles que dejaban claro el mensaje: “El IOSPER no se vende”.

Más de 15 mil personas de diferentes puntos de la provincia —entre trabajadores activos, jubilados, organizaciones políticas y sociales— participaron de la movilización. En todo el recorrido, las consignas hicieron foco en la defensa del carácter solidario de la actual obra social provincial y en el rechazo rotundo al proyecto impulsado por el gobierno de Rogelio Frigerio.

Durante la marcha se pudieron ver pancartas con las caras de senadores acompañadas de la frase “Estás decidiendo sobre tu vida”, volantes con la consigna “Cañete conducción”, y afiches generados por inteligencia artificial con imágenes críticas al gobernador. También se denunciaba al interventor Mariano Gallegos, a quien se responsabiliza por el vaciamiento de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Obsba), y se lo acusa de replicar ese modelo en Entre Ríos.

En los cánticos se escuchaban frases como: “El IOSPER no se vende, se defiende”, “Unidad de los trabajadores”, y una dura advertencia dirigida a los legisladores: “Escuchen los senadores, tienen la chance de no ser unos cagones. Diganle no al proyecto de la OSER, porque IOSPER no se toca”. La intensidad del reclamo fue acompañada por bombas de estruendo, banderas provinciales y una presencia activa de organizaciones como el MST, La Cámpora, el Centro de Jubilados y la Confederación de Trabajadores Municipales.

En la explanada de la Casa Gris, sin presencia policial visible, se leyó un extenso documento elaborado por las organizaciones convocantes. En él se denunció la intervención actual de IOSPER como una maniobra arbitraria y se advirtió que el proyecto de ley representa una amenaza directa al derecho al acceso a la salud de los afiliados.

“Nuestra obra social, en su esencia, representa un sistema profundamente solidario que hoy se ve seriamente amenazado. El gobierno, en lugar de fortalecerla, impuso una intervención que agravó la situación”, señaló el comunicado.

También se denunció que, desde la intervención, se han registrado demoras en la aprobación de medicamentos, caída de convenios con prestadores, aumento de coseguros, recortes de prestaciones y un manejo discrecional de los datos de los afiliados. “Esta intervención ha provocado un deterioro alarmante del servicio”, subrayaron.

Uno de los fragmentos más enfáticos del documento advirtió a los senadores:

“Cada mano levantada en apoyo al proyecto será una estafa a nuestra historia. Advertimos a nuestros legisladores: no pueden ser rehenes de prebendas ni carpetazos. Tienen la oportunidad de impedir que se perpetúe el calamitoso resultado de la actual política sanitaria”.

El acto cerró con la entonación del Himno Nacional, la Marcha de la Bronca y un nuevo llamado a la unidad para continuar defendiendo el sistema solidario que representa IOSPER. Entre aplausos y nuevas consignas, los manifestantes comenzaron a desconcentrarse, dejando un claro mensaje de alerta para el oficialismo y el Poder Legislativo.

El proyecto de ley impulsado por el gobierno provincial busca reemplazar al IOSPER por la nueva Obra Social de Entre Ríos (OSER), en el marco de una reforma que el oficialismo considera necesaria para “transparentar y eficientizar” el sistema de salud de los trabajadores estatales. Sin embargo, los gremios denuncian que se trata de un intento de vaciamiento, que responde a intereses privados y pone en riesgo el acceso equitativo a la salud.

Este martes, el gobernador Rogelio Frigerio encabezó una nueva reunión de gabinete provincial en la que uno de los ejes centrales fue el análisis del proyecto de reforma del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper). En este contexto, se ratificó que el texto en debate en el Senado garantiza la continuidad del carácter solidario del sistema, la cobertura familiar total, la estabilidad de las delegaciones y, especialmente, la prohibición explícita de cualquier posibilidad de privatización.

Finalizado el encuentro de trabajo, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, brindó declaraciones sobre los avances y aspectos centrales del proyecto, que está siendo evaluado por tres comisiones conjuntas de la Cámara Alta provincial. “En este proceso se han recibido múltiples aportes de legisladores, sindicatos y sectores de la sociedad civil, y en base a ellos se han introducido precisiones al proyecto original para despejar cualquier duda o interpretación errónea”, señaló.

Uno de los puntos más destacados por el funcionario fue la ratificación del sistema solidario de prestaciones. “El servicio y las prestaciones serán iguales para todos los afiliados, independientemente de sus ingresos y, por ende, de sus aportes”, subrayó Troncoso.

Además, aseguró que el proyecto mantiene la cobertura familiar completa. “Cada beneficiario y su grupo familiar estarán incluidos en el sistema, asegurando la protección integral sin excepciones”, puntualizó.

En cuanto al aporte mensual, Troncoso confirmó que se mantendrá en el 3 por ciento, descartando cualquier incremento. También se refirió al personal actual de Iosper: “La estabilidad laboral de los trabajadores está garantizada. Todos mantendrán su situación de revista”, aseguró.

Uno de los aspectos que más debate generó desde que comenzó el tratamiento legislativo fue la posibilidad de una privatización parcial o total del organismo. Al respecto, el ministro fue enfático: “OSER será un ente del sistema público. No hay lugar para la privatización. Para evitar interpretaciones erróneas, eliminamos expresiones como ‘gerenciamiento’ o ‘tercerización’ del texto de la ley”.

Por otra parte, remarcó que no habrá cierre de delegaciones. “Se garantiza la estabilidad de todas las delegaciones que tiene Iosper en la provincia, algo clave para asegurar el acceso de los afiliados a los servicios”.

En lo que respecta a la participación gremial, Troncoso anunció que el nuevo Consejo Directivo incluirá dos vocales sindicales y se creará un consejo consultivo con representación de todas las entidades gremiales con voz activa en las decisiones.

Para cerrar, el ministro sostuvo que la reforma propuesta tiene como objetivo modernizar y fortalecer el sistema de salud para los trabajadores del Estado. “Esta transformación se hace con diálogo, sin imponer nada, y con el compromiso absoluto de proteger a los afiliados, a los prestadores y a la comunidad entrerriana en su conjunto”, concluyó.

Este lunes por la mañana, en la sede de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) en Paraná, la Intersindical en Defensa del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) brindó una conferencia de prensa en la que anunció un paro y movilización para el próximo miércoles, en rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno provincial que propone disolver el organismo.

El secretario general de Agmer, Marcelo Pagani, fue el primero en tomar la palabra y respondió a recientes declaraciones del ministro de Gobierno, Manuel Troncoso. “Queremos un debate en serio, no chicanas ni confundir a la gente como lo hace el Gobierno a través de las redes sociales”, expresó. Afirmó que el petitorio presentado por la Intersindical a las autoridades provinciales constituye un derecho constitucional y rechazó que se trate de un acto violento. “Las máximas autoridades deben aceptar que los trabajadores vamos a presentar nuestras demandas ante ellas”, subrayó.

Pagani insistió en la necesidad de un diálogo real con contenido, y no basado en generalidades. “No queremos discursos vacíos como ‘irregularidades’, ‘corrupción’, ‘chorros’, ‘déficit estructural’. No hay un solo punto del Gobierno que responda a lo que nosotros estamos planteando”, señaló. Además, manifestó su preocupación por los aspectos no contemplados en el proyecto oficial, especialmente en lo que respecta al funcionamiento de las prestaciones, las afiliaciones y la continuidad laboral del personal.

En esa línea, el dirigente reclamó que si existen sospechas de corrupción, sea la Justicia quien actúe. También criticó la posible intervención del Iosper, a la que calificó como “una prueba piloto”. Finalmente, confirmó que el gremio docente realizará un paro este miércoles en el marco de la medida impulsada por la Intersindical.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Empleados de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Seosper), Horacio Rodríguez, ratificó el rechazo del gremio al proyecto desde su presentación inicial. “Exigimos que se establezcan reglas claras y que se escuche a los trabajadores”, indicó. A su vez, confirmó la adhesión de Seosper al paro del miércoles, y garantizó que se mantendrán guardias mínimas para la atención de los afiliados.

Otro de los oradores fue Oscar Muntes, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), quien reconoció que es necesaria una actualización de la ley vigente, pero advirtió sobre los riesgos del actual proceso de modificación. “Se pueden introducir elementos peligrosos”, alertó, y remarcó que el hecho de que el proyecto esté siendo modificado evidencia que “lo que dice el Gobierno provincial no va a ser ley”. También expresó su preocupación por la posible pérdida del principio de solidaridad que sustenta al sistema. “¿Cómo no vamos a considerar esto como un problema si el Gobierno nacional dinamitó la economía del país?”, cuestionó.

Muntes llamó a marchar este miércoles en defensa del Iosper y aseguró la participación de ATE en el paro convocado por la Intersindical.

Consultados sobre la adhesión de otros sectores, representantes de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) confirmaron que están manteniendo reuniones con delegados de toda la provincia para definir acciones, pero expresaron su respaldo a lo trabajado por la Intersindical. “Nos preocupa especialmente preservar el principio de solidaridad de la obra social”, destacaron.

También anunciaron su adhesión al paro el Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná, la Asociación del Personal Superior de la Municipalidad de Paraná (APS), y jubilados nucleados en ATE.

La Intersindical en Defensa del Iosper está conformada por los siguientes gremios y organizaciones:

Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)

Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer)

Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER)

Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (Apler)

Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram)

Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET)

Sindicato de Empleados Públicos de Entre Ríos (Seper)

Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem)

Sindicato de Empleados de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Seosper)

Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales

Además, se suman agrupaciones de trabajadores activos y jubilados como la organización Dignidad (de policías retirados), el Centro de Jubilados Docentes, y la Comisión de Cesanteados de la Dictadura Cívico-Militar, entre otros.

En medio de un clima de creciente tensión por el futuro del sistema de salud de los trabajadores estatales entrerrianos, el gobernador Rogelio Frigerio protagonizó este miércoles un intercambio directo y frontal con representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) en la ciudad de Gualeguaychú.

Durante la conversación, que fue registrada en video y rápidamente se difundió, el mandatario provincial defendió la reforma del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) y la creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), dos iniciativas que han generado fuertes críticas desde distintos sectores gremiales y políticos. Frigerio argumentó que el modelo de salud seguirá siendo solidario, pero que es urgente revertir una situación de crisis financiera y estructural profunda.

Al recibir el petitorio de AGMER, Frigerio aseguró: “Estamos en línea con esto, va a seguir siendo un sistema solidario, no se va a privatizar, va a volver a los afiliados la obra social, que era un desastre, con 42.000 millones de pesos de deuda, 3.000 millones de déficit todos los meses, directores que cobraban 16 millones de pesos”.

En ese sentido, aclaró que ya se han presentado denuncias formales ante el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía, y que se prevé avanzar con nuevas acciones judiciales: “Es mentira que no se hicieron las denuncias como escuché. Hay dos denuncias y van a venir seguramente otras dos más”, afirmó.

Frigerio subrayó que detrás de la crítica situación del organismo podría haber actos de corrupción o de una enorme impericia administrativa. “El que sufre es el afiliado, muchos de los cuales son afiliados también al sindicato de ustedes. La obra social tiene que volver a los afiliados, como corresponde, que sea eficiente, eficaz”, expresó ante los dirigentes docentes.

Durante el encuentro, el mandatario denunció también graves deficiencias en la atención médica: “No puede ser que haya un solo prestador de prótesis como había antes, con mil cirugías urgentes esperando durante meses porque ese único proveedor no enviaba las prótesis. Hay que cambiar todo esto”, sentenció.

Frigerio defendió la iniciativa oficial como una forma de transparentar y mejorar el sistema: “Nosotros decidimos tomar el toro por las astas y modificar lo que encontramos mal, en la oscuridad, sin controles”, explicó.

Por su parte, Natalia Zucol, secretaria general de AGMER Gualeguaychú, pidió al gobernador que se respete la actual Ley de la Obra Social, vigente hasta hoy. La respuesta de Frigerio fue categórica: “Esta ley es la que nos llevó a esta situación, por eso tenemos que cambiar la ley”.

DiDi, la plataforma de intermediación de movilidad que está disponible en Paraná desde noviembre de 2024, anunció una inversión de más de USD 160 millones para continuar su expansión en Argentina y potenciar el acceso a soluciones de movilidad eficientes, seguras y accesibles. Desde que llegó a esta ciudad, en tan solo 5 meses, más de 100.000 ciudadanos realizaron al menos un viaje con la app. 

En lo que va del año, la plataforma ya desembarcó en seis nuevas ciudades –San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Salta, Resistencia y Posadas–, alcanzando un total de 87 localidades y ciudades en 11 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Destacan que esta inversión apuesta por el mercado argentino y potencia el desarrollo de la economía colaborativa en ciudades como Paraná.

Eduardo Coello, Director de Moto & Expansión para DiDi Hispanoamérica, explica que esta inversión tendrá un impacto directo en la microeconomía de los ciudadanos de Paraná. Durante un período determinado, ofrecerán hasta 60% de descuento para pasajeros en mañanas y tardes de lunes a sábados; y promociones para conductores que les permitirán generar ganancias de hasta $120.000 extras por semana. Además, la compañía anunció que busca tener la comisión por uso de la app más baja del mercado para que los conductores puedan percibir mayores ganancias por cada viaje realizado, estimando unas ganancias de $90.000 por día si para los conductores que opten por conectarse más horas y maximizar sus ganancias diarias.

“Nuestro objetivo es claro: llevar a más ciudades argentinas opciones de movilidad seguras y accesibles, y ofrecer nuevas formas de generar ganancias en un contexto económico desafiante”, 

explica Coello, y agrega: 

”Desde que llegamos a Argentina por primera vez en 2020 hasta hoy, más de 8 millones de personas se trasladaron con viajes en auto o moto a través de la plataforma. Estas cifras demuestran que DiDi no solo es una app de intermediación de movilidad, es una herramienta de impacto socioeconómico”.

En noviembre de 2024, DiDi desembarcó en la ciudad con sus opciones de DiDi Express, que conecta usuarios para el transporte de pasajeros en vehículos privados; y con DiDi Poné Tu Precio, que permite negociar el valor del viaje entre conductor y pasajero. La llegada y crecimiento de la app en la ciudad se apalanca en tecnología de vanguardia: mediante algoritmos avanzados e inteligencia artificial, la plataforma optimiza rutas, mejora la experiencia de viaje y reduce los tiempos de traslado hasta un 30%.

En un país con un contexto económico desafiante, DiDi se posiciona como una alternativa real tanto para quienes buscan ahorrar en sus traslados como para quienes necesitan generar ganancias adicionales o incluso principales. Más del 60% de los conductores activos utiliza la plataforma como fuente principal para generar ganancias, y el modelo de negocio permite a cada persona decidir cuándo y cuánto manejar, adaptándose a sus necesidades personales.

En paralelo, la cantidad de conductores, a nivel nacional, que generaron ganancias al menos una vez con la app se duplicó. De esta manera y luego de casi 5 años de estar presentes en el país, hoy más de 450.000 conductores de auto y moto generaron ganancias manejando con DiDi, de los cuales más del 70% destaca la flexibilidad como el principal motivo para utilizar la plataforma. Según datos relevados por la compañía en marzo de 2025, un conductor que maneja con la plataforma cinco días a la semana durante unas 9 horas por día podría generar alrededor de $600.000 semanales, superando los $2.400.000 mensuales. A su vez, DiDi reafirma su rol como herramienta de inclusión económica. En este sentido, Coello reveló que 6 de cada 10 mujeres que se registran como conductoras lo hacen para mejorar su independencia económica, y un 64% son el sostén principal del hogar.

Por otro lado, la compañía constantemente invierte en tecnología para desarrollar y mejorar herramientas de seguridad que reducen los riesgos antes, durante y después de cada viaje. Por ejemplo, la plataforma ofrece botón de emergencia, monitoreo en tiempo real, la posibilidad de compartir el traslado con hasta cinco contactos de confianza y atención 24/7. Recientemente, DiDi lanzó dos nuevas funcionalidades: la verificación de cuentas de nuevos pasajeros y la posibilidad de grabar audio durante el trayecto. Gracias a estas medidas, el 99,99% de los viajes se realizaron sin incidentes reportados en 2024. 

“Estamos convencidos de que la movilidad inteligente puede ser un motor de desarrollo socioeconómico en Paraná. Por eso, seguiremos apostando por la expansión territorial, la inclusión y la innovación, mejorando nuestra propuesta de valor para pasajeros y conductores locales. DiDi no es solo una app, sino que le abre la puerta a nuevas oportunidades a miles de argentinos”, concluyó Coello

Nogoyá.- El actual secretario general de la Seccional 442 de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Edgardo Maier, fue electo como delegado regional del gremio el pasado lunes. 

Desde la entidad sindical dijeron que se cerró una importante etapa con la elección de nuevas autoridades regionales, “en un proceso democrático que contó con la participación de las distintas seccionales que las integran".

“La Lista Verde "Eva Perón", encabezada por Arturo Edgardo Maier fue consagrada en esta importante jornada, reafirmando el respaldo al liderazgo de nuestro Secretario General Nacional, José Voytenco” expresaron desde la UATRE, asegurando que el triunfo fortalece la conducción del secretariado nacional y consolida el compromiso con la institucionalidad.

Al culminar la jornada, el nuevo delegado regional realizó un balance del trabajo realizado y el significado que representa el logro electoral: “escuche con mucha paciencia a cada uno de los compañeros, dijeron lo que había que decir delante de la junta Electoral, hoy digo gracias a la Junta Electoral Nacional, a todos los Secretarios Generales por acompañarnos en este día tan importante para todos nosotros”. 

Maier recordó que su gestión inició con los objetivos “que nuestro compañero Jose Voytenco nos indicó como guía, hacer de la UATRE un gremio más federal e inclusivo, lo que tiene un significado claro para nosotros. Cuando hablamos de federalismo, hablamos de que cada una de las delegaciones tengan la misma consideración a la hora de asignar recursos y esfuerzos, para que lleguen a los trabajadores y cuando hablamos de inclusión, representa la posibilidad de gestionar con quienes piensen distinto a nosotros, escuchando a todos y encontrar para todos un lugar, porque cada uno de nosotros tiene la experiencia y un largo camino recorrido en nuestro gremio”.

El delegado regional puso en valor la impronta de su gestión para “poner de pie el gremio, somos de cercanía y damos respuesta a los compañeros. Ahora comienza el momento de expansión, crecimiento y formación para aquellos que tienen que tomar la posta y encarar este camino. Nos caracteriza el dialogo y el consenso, no realizamos revanchismo, siempre pensamos en engrandecer nuestra UATRE, sabemos de las necesidades de las seccionales, no creemos en las conducciones de escritorio, preferimos siempre hablar con los compañeros” destacó. 

“Entre varios logros patrimoniales hoy estoy orgulloso de decir que tenemos nuestro edificio, el que es de todos los trabajadores rurales, es un sueño hecho realidad y simboliza el esfuerzo y el compromiso” concluyó.

Por primera vez desde su fundación en 1914, la familia Etchevehere ya no figura entre los accionistas de El Diario de Paraná. La decisión judicial que autorizó la transferencia total del paquete accionario a favor del empresario rosarino Gustavo Scaglione marca un hito en la historia del medio.

El juez Ángel Moia, en el marco del concurso preventivo de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), editora del diario, avaló la operación luego de que Scaglione lograra acuerdos de pago con un grupo de acreedores que exige la ley. Además, la justicia le permitió adquirir el medio a un precio reducido en función de la situación concursal.

Según la evaluación realizada a mediados de 2024, SAER posee bienes valuados en 2.481.691.663 pesos (2,481 millones de dólares tomando como referencia el MEP de ese momento). Sin embargo, arrastra un pasivo de 715.169.792 pesos, compuesto por deudas laborales, honorarios de profesionales, aportes previsionales, impuestos y tasas.

El concurso preventivo de El Diario distingue dos tipos de acreedores: quirografarios y privilegiados. Los primeros incluyen proveedores, prestadores de servicios y empleados con sueldos atrasados. Los privilegiados abarcan organismos como la AFIP, ATER, la Municipalidad de Paraná, además de indemnizaciones por despido.

El acuerdo que permitió a Scaglione tomar el control del medio se alcanzó con los acreedores quirografarios y fue homologado por el juez. La propuesta incluyó el pago del 70% de los créditos verificados sin intereses en cinco cuotas anuales iguales y consecutivas.

En cuanto a la revaluación de las acciones, el magistrado explicó: "La determinación del valor a pagar a los accionistas debe someterse a un sacrificio congruente con el de los acreedores. Así, quedará reducido proporcionalmente considerando la disminución del pasivo concursal quirografario producido por el acuerdo".

Gustavo Scaglione es propietario de los diarios Uno de Paraná y Santa Fe, La Capital de Rosario, el vespertino El Litoral, así como de múltiples radios y señales televisivas. Además, recientemente ingresó como accionista del Grupo América, asociándose con Daniel Vila, José Luis Manzano y Claudio Belocopitt.

La compra de SAER se realizó a través de la empresa Difutec S.A., cuyo objeto social abarca negocios inmobiliarios, financieros y la explotación de medios de comunicación. En los papeles, la sociedad es representada por los abogados Alexis Weitemeier y Natalin Belén Martínez, quienes trabajan con el estudio jurídico CMS Abogados, especializado en conflictos societarios y reestructuración de pasivos.

Pese al cambio de dueño, existen serias dudas sobre la continuidad de El Diario como empresa periodística. En el trasfondo de la operación podría haber un negocio inmobiliario, considerando el valioso patrimonio de la empresa.

Entre los bienes de SAER figuran:

El edificio de la esquina de Urquiza y Buenos Aires (885 millones de pesos).

Un galpón en Avenida Zanni 1591.

Terrenos en los barrios privados Puerto Urquiza y Puerto Barrancas.

Un estacionamiento en Santa Fe 322, frente a Casa de Gobierno.

Una propiedad en Los Vascos 745, ocupada por la familia Etchevehere.

Un inmueble en Pueblo El Carmen, General Racedo.

Un campo en Mojones Norte.

Estos bienes suman en total 1.641.920.091 pesos (1.641 millones de pesos), aunque su tasación se realizó a valor fiscal y no de mercado.

En este contexto, el destino de El Diario de Paraná parece incierto. Lo que alguna vez fue un símbolo del periodismo entrerriano ahora enfrenta un futuro donde su valor como medio de comunicación podría ser eclipsado por el atractivo de sus activos inmobiliarios.

El convenio contempla una actualización mensual de los salarios según el índice de precios al consumidor (IPC), cambios en la base de cálculo de los haberes, una suma fija remunerativa y bonificable por docente con más de 10 años de antigüedad, un aumento del 10,7% en el fondo de incentivo docente y conectividad, y la implementación de un boleto docente urbano con descuento.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, destacó la importancia de este acuerdo anual, remarcando que Entre Ríos es una de las pocas provincias que ha logrado cerrar una paritaria de estas características: "El acuerdo paritario alcanzado para todo el año 2025 es una gran noticia y refleja este compromiso con la educación y con los docentes. Es importante resaltar que Entre Ríos es una de las pocas provincias del país que ha firmado un acuerdo paritario anual, lo que no solo refleja la madurez de nuestra gestión, sino también la voluntad de generar un marco de previsibilidad y estabilidad para los trabajadores de la educación".

A su vez, Troncoso señaló que "la negociación ha sido seria, responsable y, sobre todo, comprometida con la mejora de la educación en nuestra provincia. Para nosotros, como gobierno, y lo marca nuestro gobernador Rogelio Frigerio, lo más importante sigue siendo la calidad educativa y el bienestar de nuestros gurises".

En la misma línea, la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese, celebró el acuerdo alcanzado con los gremios: "Felices de poder arribar a este acuerdo junto a los gremios docentes. Pocos antecedentes debe haber a nivel nacional de cerrar el año en materia salarial a esta altura del año y con el ciclo lectivo recién iniciado".

El acuerdo salarial establece una actualización mensual de los salarios docentes basada en el IPC del mes inmediato anterior, aplicándose desde febrero hasta diciembre de 2025. La base de cálculo se modificará en distintas etapas:

Con los haberes de marzo, se tomará como referencia el sueldo de enero.

De abril a agosto, la base de cálculo será el sueldo de marzo.

De septiembre a noviembre, se considerará el sueldo de agosto.

Desde diciembre, se usará el sueldo de noviembre de 2025.

Además, se acordó el pago de una suma fija remunerativa y bonificable de $25.000 para los docentes con más de 10 años de antigüedad. Este monto se aplicará a partir de febrero de 2025 y se distribuirá de la siguiente manera:

Para cargos docentes: $25.000.

Para horas cátedra: $25.000 a partir de 15 horas y proporcional para menos de 15 horas.

El pago comenzará con los sueldos de marzo, incluyendo la retroactividad de febrero.

En cuanto al Fondo Provincial de Incentivo Docente y Conectividad, se acordó un aumento único del 10,7% en cada ítem, a partir de febrero de 2025 y abonado con los haberes de marzo.

Uno de los puntos destacados del acuerdo es la implementación de un boleto docente urbano con un 50% de subsidio, que se gestionará a través del sistema SUBE. El gobierno se comprometió a agilizar su tramitación para que entre en vigencia lo antes posible.

Asimismo, las partes acordaron continuar con las discusiones dentro de las Comisiones Técnicas creadas en la paritaria de 2024, especialmente la de Nomenclador. En caso de alcanzar nuevos acuerdos en estas instancias, se solicitará la reapertura de la paritaria para su homologación.

En la firma del acuerdo participaron la presidenta del CGE, Alicia Fregonese, y los paritarios Bruno Frizzo y Conrado Lamboglia. Por el sector docente, estuvieron presentes el secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Marcelo Pagani; el representante de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Carlos Varela; la representante de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Mirta Raya; y la representante del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), Alejandra Frank.

El pasado viernes, la ciudad de Crespo fue escenario de un evento significativo en la educación y la formación laboral de los trabajadores municipales. En el marco del convenio tripartito entre el Municipio de Crespo, el Sindicato de Empleados Municipales de Crespo (SUOYEM) y el Instituto de Oficios, 28 alumnos recibieron sus certificados por haber completado sus estudios secundarios. La ceremonia, cargada de emotividad, contó con la presencia de autoridades locales, sindicales y educativas.

El acto de colación se desarrolló en un clima de celebración y reconocimiento al esfuerzo de los graduados, quienes culminaron su formación académica en un programa que combina educación formal y capacitación en oficios. Entre los asistentes destacados estuvieron el intendente de Crespo, Marcelo Cerutti; la viceintendenta, Jacinta Eberle; funcionarios municipales, concejales, la Secretaria General de SUOYEM Crespo, Noelia Gotte; el tutor Hernán Miño; Carlos Zapata, representante de la Federación Entrerriana de Sindicatos Municipales (FESTRAM); y Francisco Garcilazo, del Instituto de Oficios.

Durante la ceremonia, se compartieron palabras de agradecimiento y reflexión sobre la importancia de este logro, no solo para los estudiantes, sino también para la comunidad en su conjunto. "Este es un día muy especial, donde celebramos el esfuerzo y la dedicación de estos jóvenes, quienes hoy ven coronado un camino de superación y crecimiento", expresó el intendente Cerutti.

Los 28 alumnos recibieron sus certificados en medio de aplausos y muestras de afecto por parte de sus familias, docentes y compañeros. El evento culminó con un almuerzo en el que se compartieron experiencias y se destacó el valor de la educación como herramienta de transformación social.

Este programa, impulsado por el convenio entre el municipio, el sindicato y el Instituto de Oficios, busca brindar oportunidades de formación integral a los jóvenes, combinando el aprendizaje académico con la capacitación en oficios que les permitan insertarse en el mercado laboral. La iniciativa ha sido destacada como un modelo de cooperación entre el sector público, los trabajadores y las instituciones educativas.

La Federación Entrerriana de Sindicatos Municipales (FESTRAM) resaltó la importancia de este tipo de proyectos, que no solo promueven la educación, sino que también fortalecen el tejido social y económico de la región. "Este es un ejemplo de cómo el trabajo conjunto entre el Estado, los sindicatos y las instituciones educativas puede generar oportunidades reales para los jóvenes", afirmó Carlos Zapata, representante de FESTRAM.

Por tercer mes consecutivo, los precios de la nafta y el gasoil experimentarán un incremento en diciembre, estimado en un 3%, de acuerdo con las proyecciones del sector. Este ajuste está siendo evaluado por las compañías, pero factores como la depreciación del peso argentino del 2% bajo la política de "crawling peg" del Gobierno y el aumento en la cotización internacional del barril de Brent, referencia clave para el mercado local, configuran las principales razones detrás del incremento.

La suba también dependerá de la decisión que tome YPF, la compañía estatal que domina la mayor porción del mercado y que tradicionalmente define el rumbo de los precios en el sector.

El aumento en los combustibles no es un hecho aislado. Se suma a otros ajustes programados para diciembre, como los de tarifas de servicios, medicina prepaga, cuotas escolares y alquileres, que presionarán aún más los bolsillos de los consumidores. Este escenario inflacionario se da en un mes tradicionalmente marcado por un repunte en los precios debido al mayor consumo estacional y a la expectativa del Gobierno de reducir la inflación mensual a un nivel cercano al 1%.

A pesar del contexto, las ventas de combustibles mostraron un repunte mensual en octubre, con un incremento del 7,57%. Sin embargo, los niveles siguen por debajo de los de 2023. De hecho, octubre marcó el undécimo mes consecutivo con retrocesos interanuales, al registrar una caída del 8,8% respecto al mismo mes del año pasado.

La baja fue liderada por la nafta Premium, que sufrió una caída del 19,55%, seguida por el gasoil tradicional, con una merma del 17,08%, y el diésel de menor cantidad de azufre, que presentó un descenso del 3,65%. Por su parte, la nafta súper fue la única que mostró una leve recuperación, con un aumento del 0,13%.

Según datos de la Secretaría de Energía, en octubre se despacharon 1.434.689 metros cúbicos de combustibles, frente a los 1.601.452 metros cúbicos comercializados en el mismo mes de 2023.

El aumento en los combustibles tendrá implicancias directas sobre el costo de vida, el transporte y la cadena de precios en general. Además, reflejará una presión adicional sobre un mercado de consumo que intenta recuperarse tras meses de retracción. Este contexto complejiza el panorama inflacionario en un mes clave, en el que las expectativas gubernamentales buscan estabilizar precios en un marco económico cada vez más exigente.

En un paso significativo para fortalecer las oportunidades de formación profesional, el Centro Comercial de Crespo anunció la firma de un convenio con la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). Este acuerdo, gestionado con el apoyo del Instituto Universitario de Crespo como intermediario, tiene como objetivo acercar nuevas propuestas de capacitación a los socios del Centro Comercial.

El convenio permitirá que la UCES ofrezca, a través del Centro Comercial, su amplia oferta educativa a toda la comunidad empresarial y comercial de Crespo. La iniciativa busca facilitar el acceso a herramientas formativas que impulsen el desarrollo profesional de los socios, brindando soluciones adaptadas a las demandas del sector.

“El Instituto Universitario de Crespo no solo fue el nexo clave para concretar este convenio, sino que también acompañará activamente su implementación y desarrollo”, detalló el comunicado oficial del Centro Comercial.