Victoria.- Un estremecedor testimonio vuelve a poner en el centro de la escena al caso del estafador Ramón Piedrabuena. Su ex pareja relata cómo, tras casi una década de relación, terminó siendo víctima de una maniobra que —según denuncia— incluyó manipulación psicológica, engaños y la desaparición de una fortuna.

La víctima, Teresa Oberti, relató a Paralelo32 que mantuvo una relación de nueve años con Piedrabuena, desde 2016 hasta octubre del año pasado, cuando comenzó a confirmar las sospechas que venía acumulando.

Según su relato, durante ese tiempo fue víctima de una estrategia de manipulación que incluyó mensajes de una supuesta “vidente”, que luego sospechó que en realidad pertenecía al entorno del propio acusado. “Estábamos conviviendo con el enemigo”, enfatizó.

Uno de los puntos centrales del caso es la venta de un campo de 576 hectáreas, ubicado en Rincón de Nogoyá, concretada en 2021 por un monto cercano a los 3 millones de dólares.

De acuerdo a su testimonio, parte de ese dinero fue declarado formalmente —unos 600 mil dólares— mientras que el resto habría sido entregado en negro.

En ese contexto, asegura que tanto Piedrabuena como la supuesta vidente la convencieron de no depositar el dinero en bancos, argumentando riesgos inexistentes, lo que la llevó a guardar grandes sumas en su propia vivienda.

Parte del dinero, incluso, habría sido enterrado dentro de la propiedad.

Reconoció entrevistada durante su entrevista con Paralelo32, que siempre fue depresiva y atribuye a esa condición haber establecido un nivel de dependencia de ella y su hijo con el estafador.

La mujer relató que fue sometida a un fuerte condicionamiento psicológico, donde le hacían creer que en su casa había “espíritus malignos” y situaciones paranormales. Esto generó que evitara acercarse a ciertos espacios de la vivienda, justamente donde se encontraba el dinero.

“Cuando teníamos los dólares en caja fuerte en la planta alta, Piedrabuena me decía que no se podía ingresar a esa habitación porque estaba maldecida. Que según la vidente había 8 muertos enterrados en ese terreno” Agregó en su historia de temores, angustias y engaños: “me tenía totalmente manipulada. Yo lo creí ciegamente”, afirmó.

Con el paso del tiempo, el dinero guardado comenzó a desaparecer. La denunciante sostiene que es imposible que semejante suma haya sido gastada, por lo que cree firmemente que fue sustraída y debe estar en algún lugar. “Cuando el se fué ingresamos a la pieza de los dólares y no encontramos absolutamente nada”, señaló,

Incluso, sospecha que el dinero podría estar en la ciudad santafesina de Casilda, lugar donde Piedrabuena fue detenido en más de una oportunidad, por otras causas.

Afirma que, si bien no lo puede comprobar y queda solo en el marco de sospechas, su pareja cocinaba y una empleada una vez le comentó que le había parecido que puso algo en la comida. “Yo estaba como bloqueada, me sentía mal todo el día, después que el se fue, yo fui otra persona”.

El caso suma otro capítulo grave; la venta de una vivienda que anteriormente había sido comprada y puesta a nombre de su hijo: “Yo no sé lo que me puede pasar a mi y quería que Santiago (hijo) le quedaba una casa”, remarcó durante la entrevista, pero, según denunció, la propiedad —adquirida por unos 260 mil dólares— habría sido vendida mediante engaños, haciéndoles firmar documentación bajo la falsa creencia de que se trataba de una simple seña.

“Nos hicieron firmar la escritura sin saberlo”, aseguró. En la maniobra también señala la participación de otras personas, incluyendo profesionales, afirmación que abre el abanico de responsabilidades en esta situación truculenta que deberá esclarecer la justicia.

“Llegaron de noche con 60 millones de pesos y trajeron un escrito para que lo firme mi hijo, diciendo que era una seña y después se conformaría la operación con el resto del dinero”. Agregó que después se dieron cuenta que lo firmado no era un compromiso atado a una seña, si no que era un boleto de compra venta, que lo dejaba sin la vivienda. Menciona a un importante productor agropecuario de nuestro departamento y a un escribano como responsables. “Todo esto esta presentado por mi abogado en la justicia”, remarca.

Actualmente, la situación de la víctima es crítica. Según relató, fue desalojada y se encuentra sin recursos económicos. “No tengo nada. Ni un peso”, expresó.

Gracias a la ayuda de allegados y de sus abogados, logró conseguir alojamiento de manera provisoria. Fue despojada, como se explicó antes, de la única vivienda que le quedaba y había puesto a nombre de su hijo.

Los abogados que representan a la familia damnificada en el caso que involucra a Ramón Piedrabuena, advirtieron que se encontraron con una “estafa prácticamente consumada” al momento de tomar intervención y cuestionaron el avance del proceso de desalojo en paralelo a la causa penal.

El abogado Alejandro Rees -quien interviene junto a su colega Miguel Guridi- explicó a nuestro medio -acompañando ambos a su clienta en esta entrevista- que comenzaron a actuar a mediados de enero, luego de que la familia tomara contacto tras una publicación pública.

“Nos encontramos con una situación de hechos consumados. La estafa ya se había producido sobre todos los bienes de Teresa”, señaló, en diálogo con Paralelo32 Medios.

Según indicaron, el acusado habría llevado adelante un esquema de engaño y manipulación sostenido en el tiempo, incluso luego de existir restricciones judiciales.

Precio “vil” y abuso por inexperiencia de la titular.

En el plano civil, uno de los ejes centrales de la defensa es que la operación de venta de la vivienda se realizó a un valor muy por debajo del mercado. El abogado detalló que ya se ha planteado judicialmente la nulidad de la operación por “precio vil” y abuso de la inexperiencia del vendedor.

“Estamos hablando de una casa que puede rondar los 300 mil dólares y que fue vendida por un monto muy inferior (60 millones de pesos)”, explicó.

Según precisó, la escritura se habría realizado por unos 106 millones de pesos, mientras que el dinero efectivamente recibido habría sido incluso menor.

La defensa también apunta a una posible relación previa entre el comprador de la vivienda y Piedrabuena.

Uno de los puntos más cuestionados por los abogados es el avance del desalojo sin que se resuelva primero la causa penal. “Existe una prejudicialidad penal. Primero debería determinarse si hubo delito y después avanzar en lo civil”, explicaron.

Advirtieron que, de no respetarse ese orden, podrían generarse fallos contradictorios. “Podría devolverse la casa y luego establecerse que el acto fue inválido por estafa. Eso generaría un daño irreparable”, sostuvieron.

Para Guridi, la justicia castiga a la víctima, desde octubre hay una denuncia penal en fiscalía y no han llamado a ningún testigo, mientras que la causa civil curiosamente se resolvió en tiempo record.

Actualmente, la causa avanza en dos frentes: En el ámbito penal, con denuncias por estafa presentadas tanto por Teresa como por su hijo. En el ámbito civil, con el proceso de desalojo en curso y un futuro planteo de nulidad del acto jurídico.

Los abogados anticiparon que impulsarán una instancia de mediación como paso previo a la acción civil. Mientras la Justicia avanza, la familia atraviesa una situación crítica, angustiosa, desesperante.

En este marco los profesionales transmitieron a Paralelo32 que la situación de su clienta es de indigencia y apelan a un llamado solidario a la comunidad, especialmente a mucha gente que conoce esta realidad. Los que quieran colaborar pueden hacerlo al alias de Santiago Bazan (hijo de Teresa) : sb7777

El Consejo General de Educación (CGE) dispuso la implementación de un protocolo de actuación urgente tras la aparición de mensajes intimidatorios relacionados con retos virales en redes sociales. La medida busca garantizar la seguridad de estudiantes y docentes, al tiempo que asegura la continuidad de las clases en toda la provincia.

El protocolo establece que, ante la detección de una amenaza, las instituciones educativas deben dar intervención inmediata a los servicios de emergencia y a las fuerzas policiales, quienes serán las encargadas de evaluar el nivel de riesgo.

En este marco, la directiva central es sostener la presencialidad. Desde el CGE remarcaron que las clases no deben suspenderse, salvo que exista una indicación expresa por parte de la Policía, con el objetivo de evitar la propagación del temor y la desinformación.

En los casos que lo requieran, se prevé la presencia policial en los horarios de ingreso y permanencia en los establecimientos educativos.

Las autoridades educativas recordaron que este tipo de acciones, aunque se presenten como “desafíos” en redes sociales, constituyen un delito tipificado como intimidación pública en el artículo 149 bis del Código Penal.

En ese sentido, se advirtió que la Justicia puede intervenir de oficio y que existen posibles consecuencias penales, incluso cuando los responsables sean menores de edad, alcanzando también a sus representantes legales.

De acuerdo a lo informado, la Policía de Entre Ríos ya logró identificar a varios de los autores de estas amenazas en distintas ciudades, y continúa trabajando en conjunto con la Justicia para avanzar en las investigaciones.

El documento oficial también pone el foco en el abordaje integral de la situación. Se instruyó a los equipos directivos a trabajar junto a los Equipos de Orientación Escolar (EOE) para brindar contención socioemocional a los estudiantes.

Asimismo, se solicitó a las familias informarse únicamente a través de canales oficiales, evitar la difusión de rumores que puedan generar pánico y promover el diálogo con los jóvenes sobre el uso responsable de la tecnología y las consecuencias de la violencia.

“La prioridad es la seguridad, pero también el derecho a la educación en un entorno de calma”, señalaron desde la Coordinación de Políticas Transversales del CGE.

Desde el organismo indicaron que, gracias al trabajo preventivo desplegado, no se registraron hechos de violencia ni situaciones que alteraran el normal desarrollo de las actividades escolares.

En ese marco, todas las instituciones educativas de la provincia funcionaron con normalidad, bajo monitoreo permanente de las autoridades.

La Jefatura Departamental Paraná informó que en la tarde del domingo 7 de septiembre de 2025, personal policial llevó adelante un allanamiento en un domicilio de calle Urquiza, en la ciudad de Hasenkamp, en el marco de una denuncia por violencia de género.

La denuncia, presentada por una ciudadana, permitió a la Justicia otorgar la orden de allanamiento y requisa personal. Durante el procedimiento, los efectivos procedieron al secuestro de varias armas de fuego y municiones.

Entre los elementos incautados se encuentran:

Durante el operativo, el autor de los hechos fue detenido y quedó a disposición de la Justicia. En la causa interviene la Fiscalía de Género, a cargo de la doctora Elizabeth Comas.

El miércoles 23 de abril, la Justicia de Entre Ríos resolvió unificar las condenas impuestas al sacerdote Juan Diego Escobar Gaviria, quien fue hallado culpable de múltiples hechos de corrupción de menores mientras se desempeñaba como párroco en la iglesia San Lucas Evangelista de la localidad de Lucas González, departamento Nogoyá. La pena final fue establecida en 28 años de prisión efectiva, que deberá cumplir en la Unidad Penal Nº 5 de Victoria, donde se encuentra detenido desde 2017 con prisión preventiva.

El tribunal encargado de dictar la sentencia estuvo integrado por los jueces María Carolina Castagno, Maximiliano Otto Larocca Ress y Fernando Martínez Uncal, tras la audiencia de unificación de penas celebrada el pasado 14 de abril. El fiscal Rodrigo Molina, representante del Ministerio Público Fiscal, había solicitado una pena de 30 años, el máximo legal permitido. En tanto, la defensa de Escobar Gaviria, a cargo de los abogados Milton Urrutia y María Alejandra Pérez, pidió una condena menor, de 23 años.

Escobar Gaviria fue condenado por tres hechos de corrupción de menores agravada y uno de abuso sexual simple agravado, ocurridos entre los años 2005 y 2016, durante el período en el que ejerció funciones pastorales en Lucas González. La causa se originó tras una denuncia realizada en 2016 por religiosas de la congregación Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas, responsables del Colegio Castro Barros San José, donde el sacerdote tenía contacto con menores.

La investigación judicial reveló un patrón de abuso sistemático por parte del sacerdote, quien se valió de su posición de poder e influencia para perpetrar los delitos, en un contexto de gran vulnerabilidad para las víctimas.

Silvia Muñoz, madre de una de las víctimas, expresó su conformidad con el fallo en declaraciones al programa radial Puro Cuento (Radio Plaza): “Gracias a Dios se dio. Estoy conforme con los 28 años, porque considerando la edad que tiene (Gaviria), es un montón. Se hizo justicia”, afirmó.

Muñoz también compartió el doloroso proceso que vivieron como familia: “Nos pegaron mucho en la localidad. La mitad me ama y la mitad me odia. Pero estoy tranquila, hice todo por mi hijo y por muchos más. En su momento calculábamos que unos cincuenta chicos sufrieron abusos, pero solo cinco denunciaron”.

Muñoz fue especialmente crítica con la actitud del Vaticano y del Papa Francisco: “Jamás recibimos una respuesta del Papa. Jamás lo apartó de la Iglesia. Con las víctimas jamás se comunicó. Muchos le enviaron cartas. No hubo respuesta de nada”, lamentó.

También denunció que Escobar Gaviria mantiene influencia espiritual desde la cárcel, donde “sigue repartiendo aceites benditos y la gente sigue yendo para que les bendiga”, sin que existan medidas concretas que lo impidan.

Recién en 2023, la Iglesia de Paraná comunicó la finalización del proceso canónico contra Escobar Gaviria, tras años de silencio institucional. Como resultado, se le impuso la prohibición total del ejercicio del ministerio público sacerdotal. No obstante, esta sanción llegó años después de la condena penal y en medio de reiterados reclamos de las víctimas y sus familias.

Este martes, el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, vocal Leonardo Portela, encabezó el acto de apertura del Año Judicial 2025, destacando los desafíos que enfrenta el Poder Judicial y las medidas adoptadas para garantizar un servicio eficiente. En su discurso, Portela señaló que "2024 fue un año difícil, con obstáculos económicos y financieros que retrasaron e incluso frenaron la ejecución de varios proyectos", aunque manifestó su esperanza en que estos puedan concretarse este año.

El evento contó con la presencia del gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, así como de las principales autoridades judiciales: la vicepresidenta del Alto Cuerpo, vocal Laura Mariana Soage; los vocales Germán Carlomagno, Susana Medina, Claudia Mizawak, Miguel Ángel Giorgio, Gisela Schumacher y Carlos Federico Tepsich. También participaron el Procurador General de la provincia, Jorge Amílcar García, y el Defensor General, Maximiliano Benítez.

Durante su discurso, Portela resaltó la convocatoria para cubrir cargos ocupados de manera interina, la regularización de la planta de personal y la renovación de la flota vehicular del Poder Judicial sin costo, a partir del uso de vehículos secuestrados a organizaciones delictivas. También destacó la incorporación del lenguaje claro en la redacción de sentencias y actos administrativos, permitiendo a los ciudadanos comprender mejor las decisiones judiciales.

Otro de los puntos sobresalientes fue la realización de 34 juicios por jurados en 2024, superando ampliamente la estimación inicial de 14 debates anuales. Sin embargo, Portela advirtió sobre la problemática financiera de este sistema, dado que el costo promedio por juicio ascendió a 5,8 millones de pesos y en algunos casos alcanzó los 9,4 millones. En este sentido, señaló que existe una propuesta de reforma de la ley de juicios por jurados en la Legislatura para hacer el sistema sostenible.

El presidente del STJ también valoró la creación de 70 nuevos cargos en el Poder Judicial, aunque recordó que la solicitud inicial contemplaba la necesidad de 152 para garantizar un servicio acorde a las demandas actuales. La mayoría de estos nuevos puestos serán destinados a equipos técnicos que trabajan en casos de violencia de género y doméstica.

Portela hizo referencia a las restricciones presupuestarias impuestas por el gobierno nacional y su impacto en la obra pública judicial, lo que llevó al STJ a suspender el inicio de nuevas construcciones hasta contar con un panorama más claro. Asimismo, mencionó diversas iniciativas presentadas en la Legislatura para obtener recursos, tales como:

Proyecto de ley de "remanentes financieros".

Creación de un fondo anticíclico.

Implementación de un canon al agente financiero por el uso gratuito de fondos depositados en cuentas judiciales.

Mecanismos de recupero de costos en juicios por jurados.

Tratativas con la Embajada de China para financiar un laboratorio de genética forense.

Creación de Juzgados de Familia en las cuatro principales ciudades de la provincia y un Juzgado del Trabajo en Concordia.

El presidente del STJ expresó su preocupación por la brecha entre las expectativas sociales sobre el Poder Judicial y sus posibilidades reales de acción, señalando que la falta de recursos impide una respuesta más efectiva en temas como la violencia de género.

También cuestionó el tratamiento que algunos medios de comunicación brindan a la información judicial, denunciando que "en algunos casos se tergiversan hechos, se instalan sospechas infundadas o se utilizan titulares sugestivos sin respaldo". En este sentido, abogó por un periodismo judicial responsable que informe con veracidad.

El jurado popular que deliberó hasta este viernes en la ciudad de Victoria halló "culpable" a B.E.S. de los delitos de "abuso sexual con acceso carnal reiterado agravado por la condición de educador y agravada por la condición de guardador"; "abuso sexual simple agravado por la condición de educador y agravado por la condición de guardador"; y "abuso sexual con acceso carnal agravado por la condición de educador y guardador".

El veredicto se conoció al término del proceso judicial que se llevó a cabo desde el martes en el salón del Concejo Deliberante de Victoria, ubicado en Ezpeleta y Sarmiento. La audiencia de cesura, en la que las partes presentarán sus argumentos sobre la pena que deberá cumplir el imputado, se realizará el 7 de marzo a las 9 en el salón de audiencias de Gualeguay.

A pesar del veredicto de culpabilidad, el juez dispuso que B.E.S. continúe en libertad hasta que la condena sea ejecutable. El debate se realizó a puertas cerradas por tratarse de delitos contra la integridad sexual.

Las audiencias fueron presididas por el juez técnico Eduardo Crespo, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay. En representación del Ministerio Público Fiscal intervino el fiscal Iván Yedro, mientras que la defensa del acusado estuvo a cargo del abogado Marcelo Sánchez.

Soage y Schumacher se inclinaron por otorgarle el beneficio del arresto domiciliario, mientras que Tepsich consideró que Báez debía continuar detenido en la Unidad Penal N° 1, aunque con un plazo máximo de 18 meses.

El principal eje del planteo fue el riesgo de fuga del ex funcionario, quien fue condenado por delitos contra la administración pública. Su proceso ha concluido en la instancia provincial, restando sólo el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia.

En su voto, Soage sostuvo que los fundamentos del Tribunal de Juicio y la Cámara de Casación Penal para ordenar el arresto preventivo de Báez no fueron refutados por la defensa y que el peligro de fuga "se encuentra debidamente fundado y respaldado". No obstante, coincidió con el argumento de los abogados del ex ministro en que la Fiscalía no demostró por qué la prisión domiciliaria no era suficiente para mitigar este riesgo.

"El marco normativo no deja alternativa ni margen: cuando las circunstancias así lo permitan, debe escogerse la medida cautelar menos gravosa", expresó Soage, criterio al que adhirió Schumacher.

El Tribunal también descartó la posibilidad de equiparar el caso de Báez con el del ex gobernador Sergio Urribarri y su cuñado, Juan Pablo Aguilera, quienes recibieron medidas restrictivas menores en lugar de la prisión preventiva.

La resolución genera un nuevo escenario para la situación del ex ministro, quien continuará bajo arresto, pero con la posibilidad de cumplirlo en su domicilio.

Este jueves al mediodía se conformó el tribunal que deberá resolver sobre la situación procesal de Pedro Báez, exministro de Comunicación y Cultura, quien actualmente cumple prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 de Paraná. Báez fue condenado a seis años y medio de prisión por el delito de corrupción, y su defensa solicitó la libertad ambulatoria.

El tribunal quedó integrado por los jueces Miguel Ángel Giorgio, Gisela Schumacher y Gladys Pinto, según confirmaron fuentes judiciales a la agencia APFDigital. Inicialmente, estaba compuesto por el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Leonardo Portela; el juez Civil, Comercial, Laboral y de Paz, Juan Carlos Coglionesse; y Miguel Ángel Giorgio. Sin embargo, los dos primeros iniciaron sus vacaciones, por lo que fueron reemplazados por Schumacher y Pinto.

El orden de votación establecido en el expediente judicial determina que Miguel Ángel Giorgio será el primero en emitir su voto, seguido por Gisela Schumacher y finalmente Gladys Pinto.

El caso de Pedro Báez ha generado un alto nivel de interés público debido a las implicancias de su condena por corrupción. La decisión del tribunal será clave para definir si el exministro continúa cumpliendo la prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 o si accede al beneficio de la libertad ambulatoria mientras se resuelven instancias judiciales posteriores.

La desaparición de Enrique Fabiani, jubilado de la Policía de Santa Fe de 74 años, continúa siendo un misterio que conmueve a la provincia de Entre Ríos. Siete meses después de que se perdiera su rastro, las circunstancias del caso mantienen en vilo a su familia, mientras la investigación avanza entre interrogantes y sospechas.

Fabiani desapareció el 4 de junio de 2024 mientras participaba de una jornada de caza con amigos en un campo ubicado en Mojones Norte, departamento Villaguay. Su última señal fue un cartucho servido, hallado en el lugar de los hechos, que las pericias confirmaron que fue disparado por el arma que portaba al momento de su desaparición. Desde entonces, el rastro del hombre se perdió por completo.

El abogado Rubén Pagliotto, representante de los hijos de Fabiani, expresó a a la agencia APFDigital: “El anhelo de la familia y la querella es seguir la investigación y la búsqueda. Aunque la espuma haya bajado, seguimos insistiendo”. Pagliotto comparó el caso con el de Loan, el niño correntino cuya desaparición también concentró atención mediática pero cayó en el olvido con el paso del tiempo.

El abogado subrayó que la causa sigue activa, con la producción de pruebas, pero lamentó la falta de avances significativos: “Salvo el hallazgo de esa vaina servida, no se ha encontrado nada más de importancia”.

Pagliotto apuntó a Julio Lodi, dueño del campo donde Fabiani fue visto por última vez: “Hay cosas en su relato y el de su esposa que no son claras y despiertan enormes sospechas. Sus actitudes también generan dudas”.

La noche de la desaparición, Lodi denunció la presencia de un hombre en su propiedad y llamó a la policía. Este hecho, sumado a las inconsistencias en su versión de los hechos, lo ha convertido en el principal foco de la investigación.

El fiscal Mauro Quirolo, a cargo del caso, ordenó el 30 de octubre de 2024 profundizar en las circunstancias en que el vidente Hugo Almará, oriundo de Estación Sosa, encontró un cartucho calibre 20 en la Estancia La Palma, ubicada en Mojones. Este hallazgo ha sido una de las pocas evidencias obtenidas en la búsqueda de Fabiani.

Además de Lodi, las pesquisas también se centran en varios miembros de la Brigada Abigeato de la Policía, quienes estuvieron presentes la noche de la desaparición tras el llamado del dueño del campo.

La desaparición de Enrique Fabiani sigue siendo un tema de gran impacto en Entre Ríos. Los rastrillajes en el campo donde fue visto por última vez no han arrojado resultados concluyentes, y las sospechas sobre los involucrados alimentan la incertidumbre.

La familia insiste en mantener viva la búsqueda y en exigir justicia. Mientras tanto, la provincia de Entre Ríos sigue de cerca un caso que, siete meses después, está lejos de resolverse.

La ex procuradora adjunta y ex fiscal Anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, se pronunció sobre la decisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de otorgar la libertad al exgobernador Sergio Urribarri y su cuñado, Juan Pablo Aguilera, quienes habían estado detenidos tras ser condenados por corrupción.

En declaraciones al programa A Quien Corresponda de Radio Plaza de la ciudad de Paraná, Goyeneche calificó la medida como un "privilegio de excepción" que no sorprendió debido a las señales previas. “Ya se vislumbraba cuando habilitaron feria proponiendo una situación de privilegio y lo consumaron express, en dos días, resolviendo la excarcelación de Urribarri. Es el Superior Tribunal de Justicia que tenemos, lamentablemente”, afirmó.

Consultada sobre el futuro del caso en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Goyeneche expresó que, aunque los tiempos son inciertos, es poco probable que el recurso de Urribarri prospere. Según explicó, el recurso extraordinario concedido por el STJ aborda una cuestión técnica limitada a la validez del acceso a los registros de llamadas telefónicas sin autorización judicial en dos de las cinco causas por las que fue condenado el exgobernador.

“La Corte ya ha establecido que ese tipo de cuestiones no constituyen una cuestión federal simple. Estoy segura de que, cuando los técnicos de la Corte analicen el caso, lo desestimarán rápidamente. No está en discusión la totalidad de la condena de Urribarri, y tampoco hay margen para que la Corte anule todo el proceso”, explicó Goyeneche.

A pesar de esto, indicó que la resolución definitiva podría demorarse entre seis meses y tres años, dependiendo del ritmo de trabajo de la Corte, que actualmente atraviesa un proceso de transición.

Goyeneche fue contundente al señalar irregularidades en el tratamiento del caso por parte del STJ. Cuestionó la celeridad con la que se resolvió la excarcelación y el trato diferencial otorgado a Urribarri en comparación con otros casos similares. “Es absolutamente raro que una persona con sentencia condenatoria firme en todas las instancias provinciales esté discutiendo su prisión preventiva en estas condiciones”, sostuvo.

Criticó también los argumentos utilizados por los jueces que votaron a favor de la liberación. “Portela menciona casos de accidentes de tránsito a nivel nacional que no tienen nada que ver. Es un juego de comparaciones que parece una tomada de pelo a los ciudadanos”, señaló.

Asimismo, destacó el voto disidente del vocal Miguel Ángel Giorgio, quien enfatizó los compromisos internacionales de Argentina en materia de lucha contra la corrupción y denunció un tratamiento privilegiado para Urribarri. “Es evidente la indignación de Giorgio. Él resalta que se le dio a Urribarri un privilegio que no se otorga al resto de los procesados”, remarcó.

Para Goyeneche, el proceso que llevó a la liberación de Urribarri fue “obsceno” y fuera de lo común. Criticó la rapidez con la que se resolvieron cuestiones clave, como la designación de jueces subrogantes y el rechazo de recusaciones, todo en horarios inusuales y en pleno receso judicial. “No es normal que un tribunal distinto al que venía tratando el caso resuelva en tres días la liberación de alguien con sentencia firme. Es alevoso lo que hicieron”, concluyó.

La exfiscal también se mostró confiada en que la condena de Urribarri será confirmada en última instancia y que deberá cumplir su pena. Sin embargo, advirtió sobre el impacto que decisiones como esta tienen en la percepción pública de la justicia y en la lucha contra la corrupción.

En el marco de la feria judicial estival, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), integrado en esta ocasión por los vocales Leonardo Portela, Germán Carlomagno y Miguel Ángel Giorgio, resolvió hoy, por mayoría, hacer lugar a los recursos presentados por Juan Pablo Aguilera y Sergio Daniel Urribarri, revocando las medidas de prisión preventiva dictadas en su contra.

Los vocales Carlomagno y Portela, que conformaron la mayoría, coincidieron en que la sentencia de la Sala de Casación Penal de Paraná—integrada por las vocales Marcela Badano, Marcela Davite y María Evangelina Bruzzo— debía revocarse. Argumentaron que el Ministerio Público Fiscal (MPF) no acreditó de manera indubitable el riesgo de fuga, un requisito indispensable para justificar la restricción de la libertad ambulatoria en casos donde las condenas aún no están firmes.

En su decisión, el tribunal ordenó cumplir con las directivas dictadas el 5 de septiembre de 2024 por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por la vocal Carolina Castagno y los vocales Julián Vergara y Elbio Garzón. Dichas directivas incluyen medidas cautelares proporcionales al estado procesal y al principio de presunción de inocencia.

Los imputados deberán cumplir con las siguientes condiciones:

El periodista Javier Aragón, indicó que “el STJER valoró que Aguilera y Urribarri cumplieron con todas las requisitorias judiciales previas. En el caso de Urribarri, se subrayó su decisión de renunciar al cargo de embajador para ponerse a disposición de la justicia, sin condicionamientos”.

Además, “los vocales señalaron que los argumentos de la Sala de Casación, que justificaron la prisión preventiva, resultaban improcedentes en esta etapa del proceso. Según el tribunal, dichos fundamentos deberían haberse considerado al momento del juicio y no para evaluar la procedencia de una medida cautelar”, informó.

Por último se conoció que el vocal Miguel Ángel Giorgio votó en disidencia, aunque los detalles de su postura no fueron incluidos en el pronunciamiento difundido.

Durante 2024, la provincia de Entre Ríos llevó a cabo un total de 34 juicios por jurados, lo que demandó una inversión de $197.444.111 por parte del Poder Judicial. Esta cifra incluyó pagos a jurados, alquileres de salones, viáticos y otros costos operativos. Si bien se había proyectado realizar 37 juicios, variables propias de los procesos judiciales redujeron la cifra esperada.

Los 34 juicios realizados se distribuyeron en diversas ciudades de la provincia de la siguiente manera:

Desde la implementación del sistema en 2020, se han llevado a cabo 111 juicios por jurados, con un promedio anual de 22. Para 2025, se proyectan 50 juicios, lo que requerirá un presupuesto de $570.700.000.

Cada juicio demandó un promedio de cuatro días, destacándose la agilidad en la selección de jurados (audiencia voir dire) y la posibilidad de iniciar el mismo día las primeras etapas del juicio, según lo permite la Ley 10.746. Esto incluyó la promesa del jurado, el video de sensibilización en cumplimiento de la Ley Micaela y, en algunos casos, los alegatos de apertura.

El tiempo promedio entre la audiencia de admisión de evidencias y la realización del juicio fue de 25 a 40 días, permitiendo a las partes negociar salidas alternativas o preparar sus estrategias para el juicio.

En 2024, 544 ciudadanos cumplieron el rol de jurados, manteniendo la paridad de género. Desde la implementación del sistema, han sido convocadas 7.945 personas para la audiencia de selección, de las cuales 1.776 finalmente participaron como jurados en los juicios realizados.

La Dirección Provincial de Juicio por Jurados cuenta con solo dos cargos específicos creados desde la implementación del sistema, lo que destaca la necesidad de optimizar recursos en conjunto con las Oficinas de Gestión de Audiencias (OGAs).

El objetivo para 2025 es aumentar la cantidad de juicios en las jurisdicciones de Paraná y Concordia, que concentran la mayor cantidad de causas pendientes. Además, se buscará mantener la efectividad en tiempos y recursos, optimizando la coordinación entre las OGAs y la Dirección Provincial.

La implementación del juicio por jurados en Entre Ríos representa un avance en la participación ciudadana en el sistema judicial y un desafío constante en términos de recursos y planificación. Toda la información sobre los juicios realizados está disponible en el sitio oficial del Poder Judicial: https://www.jusentrerios.gov.ar/juicio-por-jurados/.

El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ), vocal Leonardo Portela, ofreció un balance de gestión al cierre de un año marcado por desafíos económicos a nivel nacional. A pesar de las dificultades, aseguró que “el año que termina arroja un balance positivo” y destacó que se logró garantizar el servicio de justicia en la provincia.

Entre febrero y noviembre de 2024, el Poder Judicial concretó 2.367.753 actos procesales y registró el inicio de 77.814 causas judiciales. Además, los abogados y abogadas realizaron más de 1 millón de presentaciones digitales (1.001.920), reflejando la consolidación de herramientas tecnológicas en la gestión judicial.

El trabajo del Poder Judicial incluyó:

Portela subrayó que estas cifras representan solo una parte del trabajo realizado, ya que no incluyen actividades no registradas electrónicamente, como las audiencias voluntarias en Juzgados de Paz.

El presidente del STJ destacó avances en infraestructura, tecnología y organización:

Portela también valoró la implementación de las Oficinas de Gestión Única (OGU) en el fuero de familia, como parte del proceso de modernización y desconcentración administrativa.

Entre los desafíos pendientes, Portela mencionó:

Portela concluyó su balance reconociendo el compromiso del personal judicial, cuya labor considera fundamental en un contexto de crisis social. “Vivimos intentando solucionar conflictos en una sociedad fragmentada y en permanente crisis. Es una actividad que agota física y mentalmente, pero los empleados siguen poniendo el cuerpo y llevando a sus comunidades el fruto de su trabajo de manera sostenida”, destacó.

El presidente del STJ valoró también la actitud de los otros poderes del Estado, que facilitaron la tarea mediante un diálogo permanente y disposición para abordar asuntos relevantes.

Este viernes 20 de diciembre, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado ordenó allanamientos en el Palacio Legislativo y en el anexo del Senado sobre la calle Hipólito Yrigoyen, como parte de la investigación por presunto lavado de activos que involucra al exlegislador entrerriano Edgardo Kueider.

Personal de Gendarmería Nacional, vestido de civil, ingresó al Congreso de la Nación para requisar carpetas, computadoras, pendrives y documentación de las oficinas que utilizaba Kueider. Además, fueron allanadas las oficinas de dos de sus asesores, uno de los cuales facilitó el acceso mediante el sistema de huella digital.

Las oficinas ya estaban clausuradas desde el 12 de diciembre por orden de la misma jueza, tras la aprobación unánime en la Cámara Alta de la remoción de Kueider. Este había sido detenido en Paraguay cuando intentaba cruzar al país vecino con 211.000 dólares sin declarar.

Horas antes del operativo, el juez federal Enrique Lavié Pico rechazó un recurso de amparo presentado por Kueider, en el que se consideraba "inválida" la sesión del Senado en la que se votó su expulsión.

Kueider, quien actualmente cumple detención domiciliaria en Asunción junto a su secretaria Iara Costa, había buscado revertir las decisiones judiciales en su contra, pero las mismas fueron desestimadas.

La jueza Arroyo Salgado solicitó formalmente a la justicia paraguaya la extradición de Kueider y Costa para ser interpelados en Argentina. El pedido también contempla allanamientos en el complejo habitacional donde ambos imputados permanecen bajo prisión domiciliaria en Asunción.

El caso de Edgardo Kueider ha generado un fuerte impacto político, no solo por las implicancias del presunto lavado de activos, sino también por su vinculación con el manejo de fondos y la posible participación de allegados en los hechos investigados.

Mientras avanza la causa en Argentina y Paraguay, las autoridades judiciales continúan recopilando pruebas que podrían dar más claridad a este caso que involucra al exsenador y su entorno más cercano.

El juez federal Enrique Lavié Pico desestimó este mediodía el recurso de amparo presentado por el exsenador Edgardo Kueider para ser restituido en su banca. La resolución confirma, por el momento, el apartamiento del legislador, decidido por la Cámara alta.

Lavié Pico rechazó “in limine” el pedido de Kueider, negando la posibilidad de una medida cautelar que lo reincorporara al Senado. En su fallo, el magistrado también avaló la participación de la vicepresidenta Victoria Villarruel como titular de la Cámara alta, el mismo día que el presidente Javier Milei viajó a Italia. Kueider había cuestionado esta circunstancia, argumentando que Villarruel debería haber estado al frente del Poder Ejecutivo durante la sesión en la que se votó su destitución.

El juez afirmó que la presencia de Villarruel en la sesión del Senado se limitó estrictamente a lo establecido en el artículo 57 de la Constitución Nacional, que define el rol del vicepresidente como presidente del Senado, sin derecho a voto salvo en caso de empate. Según el fallo, su actuación no influyó en el resultado de la votación, ya que ningún otro senador objetó su participación.

Además, Lavié Pico argumentó que aceptar el planteo de Kueider implicaría una “nulidad por la nulidad misma”, concepto que calificó de inaceptable.

La defensa de Kueider había solicitado la nulidad de su destitución, considerando que la sesión estuvo viciada por la ausencia de Milei y el rol asumido por Villarruel. Este pedido fue acompañado por denuncias de persecución política y presunto prejuzgamiento por parte de la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien lleva adelante una causa en su contra.

Paralelamente, el exsenador enfrenta graves acusaciones de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho, tráfico de influencias y lavado de dinero. En este marco, Kueider y su secretaria, Iara Costa, solicitaron la eximición de prisión y la recusación de la jueza Arroyo Salgado.

La magistrada ha pedido la extradición de Kueider y Costa, actualmente bajo prisión domiciliaria en Paraguay, para indagarlos. Además, solicitó a las autoridades paraguayas el secuestro de dispositivos electrónicos, como celulares y computadoras, para determinar si fueron manipulados y recuperar posibles evidencias.

Mientras la Cámara alta sostiene la destitución de Kueider y la Justicia avanza en las investigaciones en su contra, el futuro del exsenador continúa siendo incierto. Sus abogados insisten en que se trata de una persecución política, mientras que las causas por corrupción y lavado de dinero siguen su curso, marcando un capítulo complejo en la carrera política de Kueider.

Daniel González, socio del exsenador Edgardo Kueider, finalmente se presentó esta mañana en la Fiscalía de Concordia, a cargo de José Arias, donde se investiga al exlegislador por presunto enriquecimiento ilícito. González, conocido como “Gonzalito”, llegó acompañado de un abogado, mientras que también se presentó la abogada Adriana Crucitta, socia de González en varias empresas. Según una fuente de la causa, ambos “se pusieron a derecho”.

El caso se desató a partir de una denuncia que apunta a un posible incremento patrimonial injustificado de Kueider, quien actualmente está detenido en Asunción. El socio de Kueider había sido intensamente buscado en las últimas semanas por orden del fiscal Arias y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

La Policía Federal llevó adelante operativos en varias localidades:

En Entre Ríos, se registraron varios domicilios asociados a González, incluida una estancia sobre la Ruta 14 que funcionaba como rotisería con un letrero que rezaba “El Mana de mi Angelito”.

La figura de González cobró relevancia al estar vinculado a la camioneta Chevrolet Trailblazer SUV negra, valuada en USD 40.000, utilizada por Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Consta, para cruzar la frontera hacia Paraguay. González había adquirido el vehículo en junio de 2021 y lo cedió a Kueider para su uso.

El expediente de Concordia, iniciado por una denuncia del vecino Eliseo Blanco tras publicaciones en el sitio El Disenso, reveló la existencia de tres departamentos a nombre de la sociedad Betail SA, vinculada al exsenador.

La causa que lleva adelante el fiscal Arias en Concordia podría quedar bajo la órbita de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien solicitó formalmente al juez de Concordia, Edwin Bastián, la remisión del expediente. Sin embargo, Arias ha mostrado resistencia a desprenderse del caso, llevando adelante nuevos allanamientos y asegurando que la investigación continúe en su jurisdicción.

Con González finalmente compareciendo ante la Justicia, se espera que avance el análisis de las pruebas, incluyendo el peritaje de los dispositivos electrónicos secuestrados. Por ahora, la Fiscalía de Concordia sigue siendo el epicentro de una investigación que promete arrojar más revelaciones sobre el patrimonio del exsenador y su entorno.

Los jueces de los juzgados Laboral N°1 y Civil N°9 de Paraná rechazaron las demandas presentadas por docentes representados por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) contra el Consejo General de Educación (CGE). En sus resoluciones, la Justicia subrayó la importancia de agotar las vías administrativas disponibles antes de recurrir a acciones legales.

En particular, los magistrados hicieron hincapié en la necesidad de utilizar el Reclamo por Error de Liquidaciones (RELI) como primer recurso ante situaciones vinculadas a descuentos por días de paro. Esta herramienta, destacaron, resulta eficiente y adecuada por su naturaleza digital y autogestionada, permitiendo una rápida resolución sin necesidad de judicializar los reclamos.

Los fallos resaltaron que el sistema RELI constituye una vía administrativa legítima y eficaz para resolver conflictos relacionados con errores en las liquidaciones salariales. De esta manera, la Justicia reafirma que los trabajadores deben agotar este mecanismo antes de acudir al ámbito judicial.

Con estas decisiones, los jueces remarcaron que el marco legal vigente debe ser respetado, sentando un precedente importante sobre la obligatoriedad de cumplir las normas en lo referido a descuentos por inasistencias derivadas de medidas de fuerza.

Las resoluciones judiciales no solo desestiman las demandas presentadas por los docentes, sino que también refuerzan la validez de los procedimientos administrativos existentes. Al respecto, se pone en valor el RELI como una herramienta que garantiza la transparencia y la celeridad en la gestión de los reclamos.

Este fallo adquiere especial relevancia en el contexto de los reclamos salariales y las tensiones entre los gremios docentes y el Gobierno provincial. La decisión judicial establece un antecedente jurídico que podría incidir en futuros planteos similares, consolidando la necesidad de cumplir con las instancias administrativas previas antes de acudir a la Justicia.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado envió un exhorto internacional para solicitar la extradición del ex senador Eduardo Kueider y su acompañante, Iara Guinsel Costa, quienes cumplen prisión domiciliaria en un departamento de lujo en Paraguay. La medida tiene como fin tomarles declaración indagatoria en Argentina en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y otros delitos graves.

El pedido formal de extradición ocurre luego de que Kueider fuera expulsado del Senado el jueves pasado por una amplia mayoría, en una sesión presidida por Victoria Villarruel tras la salida del país del presidente Javier Milei. La magistrada también solicitó el traslado de ambos detenidos al Juzgado Federal de San Isidro, así como el secuestro de sus celulares, equipos electrónicos y otros objetos que tenían en su poder al momento de ser interceptados en el puente fronterizo entre Brasil y Paraguay.

Arroyo Salgado lleva adelante una causa en la que Kueider está acusado por presunto enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, cohecho pasivo y activo, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y lavado de dinero. El expediente fue abierto a partir de una denuncia del periodista Christian Sanz, basada en información publicada por la revista Análisis y el sitio El Disenso. Según estas investigaciones, el ex senador poseería al menos tres departamentos con cocheras en un edificio de lujo en Paraná, a través de la sociedad Betail SA, una firma sin actividad que habría sido utilizada como pantalla.

La propiedad de estas unidades salió a la luz cuando Betail SA figuró como titular de las expensas hasta mayo pasado. Luego, las mismas aparecieron a nombre de Guinsel Costa, quien trabajaba en el despacho del entonces senador y con quien mantendría una relación afectiva.

Esta causa está vinculada a otra investigación anterior por el presunto pago de coimas de la firma Securitas Argentina a ENERSA entre 2016 y 2018, periodo en el que Kueider se desempeñaba como secretario general de Gobierno bajo la gestión del peronista Gustavo Bordet.

El pedido de extradición fue cursado por la jueza Arroyo Salgado a la Cancillería argentina, que debe enviarlo a la Embajada en Asunción para su trámite diplomático. Paraguay, a su vez, evaluará la solicitud a través de su Fiscalía y el Poder Judicial. El tratado bilateral de extradición entre ambos países data de 1996 y establece que los delitos imputados deben tener penas superiores a dos años para ser considerados.

Si Kueider acepta ser extraditado, se cerraría la causa en Paraguay. De lo contrario, podrá apelar y demorar el trámite judicial. La justicia paraguaya también lleva adelante una investigación contra el ex senador por intento de contrabando de divisas, delito que contempla penas de entre seis meses y dos años y medio.

La jueza también solicitó a la justicia paraguaya el allanamiento del departamento donde Kueider y Guinsel Costa cumplen prisión domiciliaria, ubicado en el lujoso complejo Tierra Alta de Asunción. La medida incluye el secuestro de celulares, computadoras, discos externos y otros dispositivos electrónicos, con el fin de peritarlos para determinar si fueron manipulados y recuperar información relevante.

Además, solicitó que se le envíen copias legalizadas de la totalidad del proceso penal que tramita en Paraguay, incluyendo declaraciones, peritajes y pruebas digitales. La jueza busca obtener evidencia sobre la empresa Golsur SA, una firma "de maletín" utilizada para realizar inversiones en Paraguay sin que se conozca el origen del dinero involucrado.

El abogado de Kueider, Maximiliano Ruiz, presentó una demanda contra el Poder Ejecutivo Nacional para solicitar la invalidez de la sesión del Senado que derivó en la expulsión del ex legislador. La defensa también pidió que se declare la inconstitucionalidad de la medida y que se restituya a Kueider en su banca.

Mientras tanto, Arroyo Salgado avanza en la conexión de las causas que vinculan al ex senador con presuntos hechos de corrupción y lavado de dinero. La Justicia argentina y la paraguaya continúan intercambiando información en el marco de los acuerdos de cooperación vigentes entre ambos países.

La Cámara de Casación de Paraná resolvió este viernes rechazar el recurso de apelación presentado por los defensores del exministro Pedro Báez y confirmó su prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 de Paraná mientras la sentencia no adquiera firmeza. La decisión se enmarca en la causa conocida como "Causa Compleja", donde se investigaron cinco hechos de corrupción que involucraron fondos públicos.

El tribunal, integrado por las magistradas Marcela Davite, Marcela Badano y Evangelina Bruzzo, ratificó la resolución del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, que había dictaminado la prisión preventiva de Báez tras un pedido del Ministerio Público Fiscal. En su fallo, la Cámara desestimó los argumentos de la defensa, señalando que la resolución “fue producto de una derivación razonada del derecho vigente” y que no presentaba arbitrariedad.

La prisión preventiva fue dispuesta bajo el argumento de que Báez representa un riesgo procesal, debido a sus recursos económicos y su capacidad para abandonar el país o permanecer oculto. Según el fallo, estos elementos podrían facilitar que el exministro evada el cumplimiento de la condena.

Los defensores técnicos de Báez, Ignacio Díaz y José Velázquez, presentaron dos agravios principales contra la resolución original:

Sin embargo, la Cámara desestimó estos planteos, afirmando que los votos conformaron una decisión armónica y razonable, basada en la proporcionalidad de la medida y los riesgos procesales comprobados.

Las magistradas destacaron que la resolución es coherente con precedentes similares del Poder Judicial. Además, subrayaron que Báez aún dispone de recursos económicos significativos, derivados de los delitos investigados, lo que incrementa el riesgo de fuga.

El fallo también hace referencia a la gravedad de los delitos por los que Báez fue condenado, señalando que las características de estos hechos justifican plenamente la medida cautelar adoptada.

Mientras tanto, la sentencia condenatoria contra Báez está en revisión por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de la concesión de un Recurso Extraordinario Federal que cuestiona la condena en la "Causa Compleja". La decisión del máximo tribunal será clave para definir el destino judicial del exministro.

Los abogados entrerrianos Mauro Vazón, Diego Chareun, Tomás Comte y Sebastián Eduardo Salem representaron a la provincia en el destacado encuentro anual de la agrupación Abogados en Acción, celebrado en la Ciudad de Buenos Aires. Este evento reunió a más de 100 profesionales de 17 provincias y se enfocó en temas clave para el fortalecimiento institucional y el desarrollo del sistema judicial argentino.

Durante las dos jornadas del encuentro, los participantes abordaron cuestiones fundamentales como:

Estas discusiones estuvieron lideradas por reconocidos especialistas, entre ellos el Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona; el exministro Germán Garavano; el Ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, y juristas como Federico Pinedo, Antonio María Hernández, Jesús Rodríguez, Luis Cevasco y Lucas Incicco.

1. Nombramiento de jueces por decretoEl análisis giró en torno a la legitimidad del Poder Ejecutivo para designar jueces de la Corte Suprema por decreto en situaciones excepcionales. Se enfatizó la necesidad de priorizar el respeto a la Constitución y fortalecer el diálogo entre poderes para evitar parálisis judiciales.

2. Desafíos electorales: Ficha Limpia y Boleta ÚnicaSe respaldó la implementación del proyecto de Ficha Limpia, que busca reforzar la confianza ciudadana, y la adopción de la Boleta Única papel, destacada como una herramienta para mejorar la transparencia en los comicios.

3. Divorcios administrativosAunque el objetivo del proyecto es agilizar procesos, los profesionales alertaron sobre el riesgo de eliminar la intervención judicial en asuntos que afectan derechos fundamentales, proponiendo alternativas para proteger a las partes más vulnerables.

4. Sucesiones notarialesSe reafirmó el valor del actual sistema judicial sucesorio como garantía de derechos para herederos y terceros. En lugar de su reemplazo, se sugirieron mejoras en plazos y costos para aumentar su eficiencia sin comprometer la seguridad jurídica.

5. Propuestas de los jóvenesLos abogados jóvenes presentaron un análisis basado en el Índice de Confianza en la Justicia (ICJ), identificando una desconexión entre la percepción pública y la eficiencia judicial. Destacaron medidas como el juicio por jurados y mayor transparencia como mecanismos para recuperar la confianza en las instituciones.

Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura de la Nación y líder de la agrupación, cerró el encuentro subrayando la importancia del rol de los abogados: "Nuestra labor no solo defiende derechos individuales, sino que también fortalece las bases de nuestra democracia. Este evento refleja nuestro compromiso con la justicia y el cambio positivo en Argentina."