Uno de los momentos centrales de FARO 2026 fue la disertación de Andrés Malamud, profesor de la Universidad de Lisboa y especialista en relaciones internacionales. En su charla “El mundo sin árbitro: qué es el G-Zero y por qué importa al agro”, analizó cómo la pérdida de liderazgo global modifica las relaciones entre países y plantea nuevos desafíos para la producción y el comercio de alimentos.

Malamud partió del concepto de G-Zero, formulado por el analista Ian Bremmer para describir un escenario en el que ninguna potencia consigue ejercer un liderazgo efectivo sobre el sistema internacional. En ese contexto, las reglas pierden capacidad de imponer límites, los acuerdos se vuelven más frágiles y las actividades productivas quedan expuestas a una mayor incertidumbre geopolítica.

“Los problemas se tienen que resolver por la fuerza de uno o por el acuerdo de dos, no por la decisión independiente neutra de un tercero”, sostuvo el politólogo.

Según explicó, la debilidad de los mecanismos de arbitraje internacional, como los vinculados a la Organización Mundial del Comercio (OMC), deja al comercio más condicionado por las relaciones de poder entre los países que por la aplicación de reglas compartidas.

En ese escenario, Malamud destacó la importancia de contar con mecanismos imparciales para resolver controversias. “La diplomacia es el second best. Si no podés conseguir lo mejor, que es un juez, conseguí lo segundo mejor, que es acordar entre las partes”, señaló.

El conflicto en Medio Oriente fue uno de los ejemplos utilizados para explicar las consecuencias de la falta de coordinación internacional. Malamud señaló que Estados Unidos intentó durante años evitar quedar atrapado en guerras prolongadas, pero volvió a involucrarse en un enfrentamiento con Irán.

En su análisis, advirtió sobre las dificultades de Washington para coordinar sus decisiones con Europa, las Naciones Unidas y los países árabes, en un escenario atravesado por intereses contrapuestos y alianzas cambiantes.

También puso el foco en la identidad persa de Irán y en las relaciones que el país construyó en la región. Desde esa perspectiva, advirtió que las grandes potencias pueden asumir elevados costos políticos, económicos y militares sin conseguir los resultados que buscan.

“En el G-Zero perdemos todos”, resumió.

Sin embargo, el especialista marcó una diferencia entre la seguridad internacional y la economía. Mientras los conflictos y las disputas entre potencias condicionan cada vez más las decisiones políticas, las relaciones comerciales mantienen su dinámica de interconexión.

La demanda de alimentos, además, continúa vinculada a factores estructurales, entre ellos el crecimiento y los cambios demográficos.

“La economía nos sigue interconectando aunque la política nos separe”, afirmó. Para la agroindustria, esta dinámica plantea una oportunidad: aun cuando aumentan las tensiones geopolíticas y aparecen nuevas barreras, las cadenas de valor internacionales siguen funcionando y sostienen la demanda de materias primas y alimentos.

Al trasladar su análisis a la Argentina, Malamud se refirió a la situación fiscal del país en un contexto internacional en el que numerosas economías desarrolladas mantienen elevados niveles de déficit.

“Por una vez estamos haciendo lo contrario que el resto, no tenemos reputación para gastar, así que no nos queda más remedio que equilibrar”, expresó, en referencia al esfuerzo argentino por sostener el equilibrio de las cuentas públicas.

Pero su planteo incluyó otro factor que consideró estratégico para el futuro de la agroindustria: la distancia geográfica respecto de los principales focos de conflicto internacional.

“Lo que siempre nos perjudicó hoy nos beneficia, que es la distancia. La distancia era cara y hoy la distancia es segura”, afirmó.

La idea apunta a una transformación en la valoración de la ubicación geográfica. Si durante décadas la lejanía de los principales mercados representó un costo logístico para la producción argentina, en un escenario de creciente inestabilidad internacional también puede ofrecer una ventaja relativa por la distancia respecto de determinadas zonas de conflicto.

Para el sector agroindustrial, esta condición puede adquirir relevancia en un comercio internacional cada vez más influido por cuestiones de seguridad, abastecimiento y estabilidad de las cadenas de suministro.

El desafío para la Argentina no consiste únicamente en aumentar la producción, sino también en aprovechar sus recursos, desarrollar valor agregado y fortalecer su capacidad de abastecer mercados internacionales.

En un mundo con reglas más débiles y alianzas cambiantes, la capacidad de producir y exportar alimentos desde una región relativamente alejada de los principales conflictos puede convertirse en un diferencial estratégico. Ese fue uno de los ejes centrales del análisis de Malamud en FARO 2026.

Las fotomultas instaladas en el acceso a Oro Verde comenzarán a generar sanciones económicas desde el jueves 15 de octubre, cuando finalizará la etapa de prueba y concientización implementada por la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos.

El sistema funciona sobre la Ruta 11, a la altura del kilómetro 6,5, en el sector del arco de acceso a la localidad. Las cámaras están destinadas a detectar dos infracciones: circular sin cinturón de seguridad y utilizar el teléfono celular mientras se conduce.

Hasta el miércoles 14 de octubre, las actas continuarán teniendo carácter educativo y no implicarán una sanción económica. Desde el día siguiente, las infracciones constatadas mediante el sistema comenzarán a ser sancionadas.

Las sanciones se calculan mediante Unidades Fijas (UF), por lo que el monto en pesos puede variar de acuerdo con el valor vigente de cada unidad.

Con una UF establecida actualmente en $2.130, los valores difundidos son:

El monto final depende de la cantidad de unidades aplicadas en cada caso y del valor vigente de la UF al momento de la infracción.

La falta de cinturón alcanza a todos los ocupantes del vehículo, mientras que la normativa prohíbe la utilización de teléfonos móviles durante la conducción.

Durante el período de prueba, el sistema permitió registrar la frecuencia de estas conductas.

Según los datos difundidos por la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, se detectan aproximadamente 35 infracciones diarias por falta de cinturón y otras 65 por utilización del celular.

En total, se trata de alrededor de 100 infracciones por día, aunque las autoridades aclararon que las cifras son aproximadas y pueden variar.

Anteriormente, durante julio y agosto, las cámaras habían registrado 780 y 520 infracciones, respectivamente, mientras las notificaciones tenían carácter informativo y no generaban multas.

Los dispositivos instalados en el acceso a Oro Verde permiten observar al conductor y al acompañante delantero y funcionan en ambos sentidos de circulación.

El objetivo del sistema es detectar conductas consideradas de riesgo para la seguridad vial, particularmente aquellas que pueden reducir la capacidad de reacción del conductor o aumentar las consecuencias de un siniestro.

La Policía de Entre Ríos señaló que el cinturón de seguridad constituye una medida fundamental de protección para todos los ocupantes del vehículo, mientras que el uso del teléfono genera una distracción durante la conducción.

Antes de comenzar con las sanciones económicas, personal de las áreas de Operaciones Viales y Educación Vial realizó controles preventivos y actividades de concientización en el acceso a Oro Verde.

Durante ese período se informó a los conductores sobre el funcionamiento de las cámaras y las conductas que serían controladas.

El miércoles 14 de octubre será el último día de advertencias sin costo.

Desde el jueves 15, quienes circulen por el sector deberán tener en cuenta que las infracciones detectadas por las cámaras podrán convertirse en multas económicas de acuerdo con la normativa vigente.

Para los conductores que transiten habitualmente por la Ruta 11, la recomendación es concreta: todos los ocupantes deben llevar colocado el cinturón y el celular debe permanecer fuera de uso durante la conducción.

Creo que deberíamos hacernos una pregunta diferente: ¿qué política de seguridad vial queremos construir para nuestra ciudad?

Las fotomultas pueden ser una herramienta útil para ordenar el tránsito y prevenir conductas peligrosas. Pero una cámara y una multa, por sí solas, no constituyen una política pública.

El Estado tiene una responsabilidad que va mucho más allá de sancionar. Tiene que prevenir, educar, planificar y rendir cuentas.

Por eso, si Paraná decide avanzar con un sistema de fotomultas, debería hacerlo sobre tres pilares: pedagogía, transparencia y planificación.

Primero, pedagogía. Si queremos cambiar conductas, tenemos que explicar. El vecino debería saber por qué se coloca una cámara en determinado lugar, qué problema se busca resolver y qué conducta se pretende prevenir. La seguridad vial no puede construirse únicamente desde el miedo a una sanción. También debe construirse desde la comprensión de las reglas y del cuidado de los demás.

Segundo, transparencia. Cuando el Estado controla, sanciona y recauda, tiene que explicar qué hace con esos recursos. ¿Cuánto se recauda? ¿En qué se utiliza? ¿Cuánto vuelve a la seguridad vial? Esa información debería estar al alcance de todos.

Incluso podría establecerse un criterio sencillo: que una parte claramente identificada de lo recaudado vuelva a la ciudad en forma de educación vial, señalización, infraestructura segura y prevención.

La transparencia no es solamente publicar números. Es demostrarle al ciudadano para qué sirve una política pública.

Y tercero, planificación. Antes de colocar una cámara deberíamos conocer el problema que queremos resolver. ¿Dónde se producen más siniestros? ¿Qué calles presentan mayor riesgo? ¿Qué infracciones se repiten? ¿En qué horarios? ¿Dónde las velocidades son más elevadas?

Una cámara no debería instalarse simplemente porque allí resulta sencillo controlar. Debería instalarse porque los datos indican que allí existe un problema que queremos resolver.

Acá aparece un concepto central de las políticas públicas: la evaluación.

Una vez implementada una medida, tenemos que poder determinar si funciona. Si instalamos una cámara para reducir la velocidad, debemos medir si efectivamente disminuyó la velocidad. Si el objetivo es reducir siniestros, debemos comprobar si bajaron los accidentes y sus consecuencias.

Y si una política no funciona, debemos tener la capacidad institucional de modificarla.

Porque gobernar no es solamente tomar decisiones. Es tomar decisiones, explicar por qué se toman, medir sus resultados y corregir cuando no funcionan.

Ese debería ser el verdadero debate sobre las fotomultas.

No se trata de elegir entre un Estado que sanciona y un Estado que no hace nada. Se trata de construir un Estado que utilice sus herramientas con inteligencia, responsabilidad y sentido común.

Una política vial seria debería combinar controles, educación, señalización, infraestructura, campañas de prevención y datos abiertos.

Y debería tener un objetivo muy concreto: que cada vez haya menos accidentes y que más personas puedan volver a sus casas sanas y salvas.

Las fotomultas pueden formar parte de esa política. Pero la verdadera discusión es otra: si queremos seguir administrando los problemas cuando aparecen o empezar a planificar políticas públicas para prevenirlos.

Yo creo que Paraná necesita lo segundo.

Porque cuando hablamos de tránsito, no hablamos solamente de multas, cámaras o automóviles. Hablamos de personas. Y cuando el Estado tiene la posibilidad de prevenir que una persona resulte herida o pierda la vida, planificar no es una opción: es una responsabilidad.

El gobernador Rogelio Frigerio y el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, firmaron este lunes un convenio de cooperación que busca profundizar la participación de Entre Ríos en la cadena productiva de Vaca Muerta, con eje en la producción de arenas silíceas y el desarrollo de infraestructura para mejorar la logística.

El acuerdo fue suscripto en las oficinas de YPF en Buenos Aires y contempla también iniciativas vinculadas con proveedores entrerrianos, desarrollo minero, electromovilidad, almacenamiento y modernización de servicios de la provincia.

“Es un acuerdo de cooperación y de interacción con la empresa más importante de la Argentina, y tiene que ver con la posibilidad de integrar a Entre Ríos a ese gran mundo que representa Vaca Muerta, con el potencial enorme y la realidad que tiene”, sostuvo Frigerio.

El gobernador remarcó además que la provincia cuenta con recursos y capacidades que pueden incorporarse a la cadena energética. “No tenemos solo arena, tenemos muchos proveedores que pueden servir para potenciar este desarrollo que está llevando adelante YPF y queremos que sean tomados en cuenta”, afirmó.

Uno de los puntos centrales del convenio es potenciar la producción de arenas silíceas, utilizadas como insumo en la actividad no convencional de Vaca Muerta.

Marín destacó la calidad de la producción entrerriana y afirmó: “Es la que usamos para nuestros pozos y es la mejor que se ha encontrado en la Argentina hasta ahora”.

En ese marco, Entre Ríos e YPF analizarán alternativas para desarrollar la actividad minera y mejorar la infraestructura necesaria para transportar la producción.

El objetivo planteado es avanzar en obras y alternativas de transporte vial, ferroviario y fluvial, para hacer más eficiente la logística y reducir costos dentro de la cadena productiva.

El convenio apunta a que la provincia no participe únicamente como proveedora de arenas silíceas, sino que pueda incorporar a empresas y proveedores locales vinculados con la actividad energética.

La agenda conjunta contempla aprovechar las capacidades productivas y la ubicación logística de Entre Ríos para sumar actividades y servicios relacionados con el desarrollo de Vaca Muerta.

Desde YPF señalaron que una mayor eficiencia logística puede contribuir al desarrollo de la actividad tanto de la compañía como de otras empresas vinculadas al sector.

Otro de los ejes incluidos en el acuerdo es la electromovilidad.

Entre las iniciativas previstas se encuentra el análisis de proyectos para ampliar la infraestructura de carga destinada a vehículos eléctricos.

También se contempla incorporar sistemas de telemetría a la flota de vehículos públicos provinciales, con el objetivo de mejorar el seguimiento, la administración y el uso de los recursos.

El convenio también incluye el análisis de alternativas para reconvertir y aprovechar activos de YPF en proyectos de almacenamiento vinculados con la producción agroindustrial, particularmente para aceites vegetales.

A su vez, se prevé trabajar junto con municipios en el análisis de herramientas e incentivos fiscales que puedan favorecer la llegada de nuevas inversiones privadas a Entre Ríos.

El acuerdo marco no establece por sí mismo erogaciones presupuestarias específicas para Entre Ríos.

Los proyectos que eventualmente surjan de la cooperación deberán instrumentarse mediante acuerdos particulares, en los que se definirán las inversiones, responsabilidades, condiciones y plazos correspondientes.

El convenio tendrá una vigencia inicial de tres años.

La firma abre así una agenda de trabajo entre Entre Ríos e YPF que busca ampliar la participación provincial en la cadena de Vaca Muerta, con énfasis en las arenas silíceas, la infraestructura logística, los proveedores locales y nuevas alternativas de inversión.

El micro ofrece una de las alternativas más económicas para viajar de Buenos Aires a Córdoba, con tarifas que parten desde aproximadamente $30.000 por tramo en servicio semicama. El recorrido demanda alrededor de 9 horas y 41 minutos y, debido a la cantidad de empresas y horarios disponibles, permite ajustar el gasto sin depender de una única salida. 

Para quien organiza una escapada, visita familiares o necesita trasladarse entre dos de las principales ciudades argentinas, el precio del transporte puede modificar bastante el presupuesto final. En este corredor, además, existe una diferencia considerable entre viajar en semicama y optar por prestaciones de mayor comodidad.

Una de las ventajas de este trayecto es la competencia entre compañías. Flecha Bus, Urquiza, 20 de Junio, Chevallier, Sierras de Córdoba, Fono Bus, El Práctico, Balut y Platabus se encuentran entre las empresas que conectan Buenos Aires con Córdoba.

Eso deja un margen interesante para quien prioriza el precio. No hace falta limitar la búsqueda a una compañía determinada, ya que una salida nocturna de una empresa puede costar menos que otra ubicada apenas unas horas antes.

Como referencia, el esquema puede pensarse de esta manera:

Desde Retiro hay servicios a lo largo de prácticamente toda la jornada, con primeras partidas poco después de la medianoche y últimas salidas cercanas al final del día. La cantidad de servicios y los precios pueden variar según la fecha consultada.

Quienes estén buscando pasajes a Córdoba pueden comparar compañías, categorías de asiento y horarios antes de definir la compra. Central de Pasajes, concentra estas alternativas en una misma búsqueda, algo particularmente práctico en una ruta donde unos pocos cambios de horario pueden representar varios miles de pesos de diferencia.

Llegar a Córdoba no significa necesariamente quedarse todo el viaje dentro de la capital. La ciudad funciona también como una puerta de acceso a distintos valles serranos, cada uno con un paisaje y una dinámica propios.

Antes de seguir camino, Córdoba capital merece al menos una jornada. El área histórica, las iglesias, las construcciones jesuíticas, los museos y barrios como Güemes permiten armar un recorrido urbano bastante diferente del que se espera a pocos kilómetros, cuando empiezan las sierras.

Para quienes disponen de varios días, una posibilidad es dividir el itinerario. Primero, recorrer la capital; después, continuar hacia alguna localidad de Punilla, Calamuchita o Traslasierra.

A unos 90 kilómetros al sur de Córdoba capital, Villa General Belgrano es uno de los nombres más reconocibles del Valle de Calamuchita. Su identidad mezcla tradición serrana con una marcada herencia centroeuropea y una oferta gastronómica donde conviven cervezas artesanales, pastelería y platos de inspiración alemana.

No hace falta esperar a la tradicional Fiesta Nacional de la Cerveza para encontrar motivos para ir. Hay senderos, espacios verdes, museos y miradores, además de un centro que invita a recorrerlo sin demasiada prisa.

Más adentro de Calamuchita aparece La Cumbrecita, a unos 120 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Su propuesta cambia por completo el ritmo del viaje.

La localidad se caracteriza por su sector peatonal y por un entorno dominado por pinares, arroyos, cascadas y senderos. Entre las actividades habituales figuran las caminatas, cabalgatas, pesca y propuestas de aventura. Su gastronomía conserva asimismo una fuerte influencia alemana y austríaca.

Es una buena alternativa para quienes llegan desde Buenos Aires con la intención de dedicar más tiempo al paisaje que a las actividades urbanas.

Villa Carlos Paz tiene una lógica diferente. Cercana a Córdoba capital, combina vida urbana, espectáculos, gastronomía y el paisaje del lago San Roque, por lo que suele funcionar bien tanto para una escapada breve como para una estadía de varios días.

Su ubicación también permite continuar hacia otras localidades del Valle de Punilla. Es precisamente ese corredor el que conduce, más al norte, hacia Cosquín, La Falda, La Cumbre y Capilla del Monte.

La costanera, el lago y la cartelera teatral concentran buena parte del movimiento, sobre todo durante el verano y los fines de semana largos.

La primera medida es sencilla: comparar antes de comprar. En una ruta con decenas de partidas diarias, buscar únicamente una hora específica puede dejar afuera tarifas más bajas disponibles esa misma jornada. 

También ayuda separar el presupuesto en cuatro grandes gastos: transporte, alojamiento, comidas y traslados dentro de Córdoba. Si el objetivo es recorrer más de una localidad, esta última partida merece atención. Las distancias entre la capital, Calamuchita, Punilla y Traslasierra hacen que un itinerario demasiado ambicioso termine consumiendo tiempo y dinero en traslados.

En ese contexto, pagar menos por el trayecto Buenos Aires-Córdoba puede liberar una porción apreciable del presupuesto. Un semicama desde $30.000 coloca el piso de ida y vuelta cerca de $60.000; desde allí, la decisión pasa por cuánto confort se quiere sumar y cuánto margen existe para mover las fechas.

Para revisar servicios desde el celular y tener alternativas a mano antes de elegir, descargá la App iOS de Central de Pasajes, lider en venta online de pasajes en micro.

Esta semana el gobierno de la provincia publicó que, a través de la intervención de la Secretaría de Transporte de Entre Ríos, las empresas de colectivos nacionales que realizan recorridos dentro del territorio provincial adecuaron el precio de los pasajes a la tarifa vigente establecida por la provincia. Agregan que la medida beneficia a miles de usuarios con reducciones significativas en distintos corredores.

“A partir de un trabajo de fiscalización e intimaciones, llevado adelante por la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, las empresas nacionales que suben y descienden pasajeros en localidades entrerrianas comenzaron a aplicar la tarifa regulada por la provincia en los tramos interurbanos”.

Los controles se realizaron en Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Rosario del Tala, Colón y otras localidades, con el objetivo de garantizar que las empresas respetaran la tarifa máxima fijada para los recorridos que se desarrollan dentro de la provincia.

Sigue la información explicando que “la adecuación se produjo luego de que el gobierno de Entre Ríos advirtiera a las empresas que el incumplimiento de la normativa podría derivar en la suspensión de los subsidios provinciales que perciben por los servicios de jurisdicción. Tras las intimaciones, las firmas comenzaron a ajustar el valor de los boletos”.

El secretario de Transporte de Entre Ríos, Aníbal Steren, explicó que una resolución dictada en mayo de este año estableció una tarifa máxima de 147 pesos por kilómetro para los servicios de jurisdicción provincial.

Finalmente sostienen que la provincia continuará con las tareas de fiscalización para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y sostener una política de transporte que priorice el acceso de los usuarios a tarifas justas y acordes con los servicios que se prestan en Entre Ríos.

Ante esta información, Paralelo32 consultó en las ventanillas de empresas que cubren el transporte de pasajeros interurbano en la terminal local. Desde nuestra ciudad a Paraná, Gualeguay y Gualeguaychú no experimentaron ninguna reducción en los precios de pasajes de las empresas Jovi Bus, Nuevo Expreso, San José, Rápido Tata. incluyendo una línea que hace escala en Crespo.

La única frecuencia que bajó el monto fue a Nogoyá y viceversa, según tarifa de las empresas San José | Rápido Tata, Costera Criolla, Río Uruguay.

-       Paraná $18.000 (sin modificación)

-       Gualeguay $ 15.500 (sin mod.)

-       Gualegchú $ 27.500 (sin mod.)

-       Nogoyá $ 6.000 (antes costaba $ 8.000)

Rosario $ 14.000 (sin mod.)

La circulación vehicular en distintos sectores de Crespo tendrá modificaciones a partir de la entrada en vigencia de la Ordenanza Nº 45/2026, mediante la cual el Concejo Deliberante aprobó el cambio de sentido de circulación en tres calles de la ciudad.

Según informó la Municipalidad, la medida responde a criterios de seguridad vial y ordenamiento del tránsito, luego de estudios técnicos realizados por el Área de Prevención y Seguridad Urbana.

Las modificaciones alcanzan a las siguientes arterias:

La ordenanza también establece que el estacionamiento de vehículos deberá realizarse únicamente sobre el lado derecho, de acuerdo con el sentido de circulación de cada calle.

Desde el municipio indicaron que la nueva disposición busca ordenar la movilidad urbana y brindar mayor previsibilidad tanto para conductores como para peatones.

De acuerdo con la fundamentación del proyecto, la decisión se tomó a partir de estudios elaborados por el Área de Prevención y Seguridad Urbana.

El análisis concluyó que, en algunos casos, las calles presentan un ancho reducido que dificulta la circulación en doble sentido, mientras que en otros sectores la modificación responde a razones de seguridad y a la necesidad de optimizar el tránsito.

La Municipalidad solicitó a los conductores prestar atención a la nueva señalización vial y respetar los cambios de circulación para favorecer una movilidad más segura y ordenada en la ciudad.

La iniciativa fue abordada durante una reunión de trabajo realizada en el Centro de Interpretación del Túnel Subfluvial “Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis”, encabezada por los directores del organismo, Aníbal Vergara, por Entre Ríos, y Sebastián Barbona, por Santa Fe.

Del encuentro participaron además el subsecretario de Transporte y Logística santafesino, Jorge Henn; el gerente general de Renault Argentina, Martín Miguel Morales; y representantes de empresas vinculadas al sector del transporte y la industria automotriz.

La jornada se desarrolló bajo modalidad híbrida, con participación presencial y virtual, y tuvo como objetivo definir los principales aspectos técnicos y de infraestructura que deberán analizarse antes de concretar las pruebas.

Los bitrenes son unidades de transporte de gran porte que pueden alcanzar hasta 30 metros de longitud y transportar cargas de hasta 74 toneladas. Debido a sus características, el ensayo requerirá condiciones especiales de seguridad y operación.

Según se informó, durante la prueba se prevé incorporar un tractor adicional y equipamiento complementario que permita responder ante una eventual detención del vehículo dentro del túnel. Además, el operativo se realizará en horario nocturno para evitar interferencias con el tránsito habitual de una de las principales conexiones viales del corredor bioceánico.

Desde el Ente Interprovincial destacaron que la evaluación busca determinar si la infraestructura actual puede adaptarse a las exigencias que implica la circulación de este tipo de unidades, utilizadas cada vez con mayor frecuencia para optimizar costos logísticos y mejorar la eficiencia del transporte de cargas.

La iniciativa está vinculada al desarrollo de los clústeres automotrices de Córdoba y Santa Fe, donde operan terminales, empresas autopartistas y proveedores estratégicos. En particular, la provincia de Santa Fe impulsa una estrategia productiva basada en 49 cadenas de valor, entre las cuales el complejo automotriz-autopartista ocupa un lugar destacado.

De concretarse la habilitación, el tránsito de bitrenes por el Túnel Subfluvial podría representar una mejora significativa para la logística regional, fortaleciendo la integración productiva entre las provincias del centro del país y contribuyendo a una mayor competitividad del sector industrial.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial, que elimina el esquema mediante el cual el Estado nacional reconocía parcialmente a las empresas el costo de esos boletos establecidos por ley.

Hasta ahora, ese sistema alcanzaba a beneficiarios contemplados en distintas normativas nacionales: personas con discapacidad, pacientes trasplantados o en lista de espera del SINTRA y niños bajo tratamiento oncológico.

Desde el Ejecutivo nacional sostienen que el esquema de subsidios había sido creado en un contexto de emergencia y respondía a un modelo de fuerte intervención estatal sobre el sistema de transporte.

Con la desregulación del transporte interjurisdiccional impulsada por el Decreto 883/2024, el Gobierno considera que las empresas ahora cuentan con mayor libertad para fijar tarifas, recorridos y horarios, por lo que deberían incorporar ese costo dentro de su estructura operativa.

En otras palabras: el Estado deja de compensar económicamente a las empresas, pero mantiene la obligación legal de otorgar esos pasajes gratuitos.

La nueva resolución no elimina el derecho de acceso gratuito al transporte para los sectores protegidos por ley.

Las personas con discapacidad, pacientes trasplantados y menores con cáncer seguirán pudiendo solicitar pasajes sin cargo en micros de larga distancia, tal como lo establecen las leyes nacionales vigentes.

Desde Nación remarcaron que el cambio impacta exclusivamente en la relación financiera con los operadores privados, no en los derechos de los pasajeros.

La decisión genera atención en provincias como Entre Ríos, donde miles de usuarios dependen del transporte terrestre de larga distancia para tratamientos médicos, trámites y derivaciones hacia centros de mayor complejidad.

Ciudades como Paraná, Crespo, Nogoyá, Victoria, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Concordia y La Paz mantienen una fuerte conexión terrestre con centros sanitarios de referencia en Buenos Aires, Rosario, Santa Fe y Córdoba, destinos habituales para pacientes oncológicos, trasplantados o personas con discapacidad que requieren atención especializada.

En ese contexto, la preocupación podría centrarse en dos puntos:

Al dejar de percibir la compensación estatal, las compañías podrían absorber internamente ese costo operativo. Aunque la normativa las obliga a seguir otorgando los pasajes, el sector privado podría plantear reclamos o advertir sobre impacto económico, especialmente en corredores de menor rentabilidad.

En una provincia donde el micro de larga distancia continúa siendo clave para conectar localidades medianas y pequeñas con grandes centros urbanos, el acceso efectivo al beneficio dependerá del control estatal.

Por eso, la resolución encomienda a la CNRT mantener las tareas de fiscalización para garantizar que las empresas cumplan con la entrega de boletos gratuitos.

En Entre Ríos, muchas familias utilizan este beneficio para viajes frecuentes vinculados a tratamientos médicos complejos, rehabilitación, controles o derivaciones sanitarias fuera de la provincia.

Si bien el Gobierno asegura que no se pierde el derecho, el desafío será verificar si el nuevo esquema se traduce en un acceso normal al servicio o si aparecen dificultades operativas, demoras o restricciones informales en la asignación de pasajes.

Por ahora, la gratuidad continúa vigente. Pero el impacto real de la medida comenzará a observarse en los próximos meses, especialmente en provincias como Entre Ríos, donde el transporte terrestre sigue siendo una herramienta esencial de conectividad social y sanitaria.

La Dirección General de Prevención y Seguridad Vial informó la entrada en vigencia del Decreto Nº 835/2026-E-GER-GOB, mediante el cual se incorporan nuevas disposiciones para la emisión de licencias profesionales interjurisdiccionales de las clases C, D y E en la provincia de Entre Ríos.

Entre los principales cambios, se establece como requisito obligatorio y excluyente para tramitar la Licencia Profesional Clase D, en todas sus subclases, no figurar en el Registro de Deudores Alimentarios de la provincia. La medida se enmarca en la adhesión a las exigencias fijadas por el Decreto 196/2025.

Desde el organismo provincial señalaron que la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial será la autoridad encargada de solicitar, recepcionar y evaluar la información necesaria para validar la aptitud de cada solicitante.

Asimismo, explicaron que los trámites vinculados a la categoría D4 asociada a clases particulares A o B no impactan automáticamente en el Sistema de Infracciones y Antecedentes Federales (SIAF), situación que impide realizar el control digital habitual. Debido a ello, y de manera transitoria, los Centros Emisores de Licencias deberán requerir a cada postulante el Certificado de Libre Inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

El certificado es gratuito y puede gestionarse de manera online a través del portal oficial del Gobierno de Entre Ríos: Portal de Formularios del Gobierno de Entre Ríos.

Desde la Provincia recordaron que para completar el trámite es necesario contar con un correo electrónico válido. Además, el plazo de emisión del certificado es de hasta 48 horas y su validez se extiende por 60 días.

Finalmente, indicaron que una vez presentada toda la documentación correspondiente, el Centro Emisor validará la aptitud del solicitante para continuar con el trámite de la licencia profesional.

El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, firmó un convenio junto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el municipio de Seguí para avanzar en la implementación de la Licencia Nacional de Conducir y del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito.

El acuerdo se enmarca en las políticas impulsadas por el gobierno provincial para reducir la siniestralidad vial y fortalecer los mecanismos de control y seguridad en todo el territorio entrerriano.

Durante la firma, Roncaglia destacó la importancia de incorporar Centros Emisores de Licencias (CEL) al sistema nacional. “La implementación de Centros Emisores de Licencias es fundamental para garantizar que el otorgamiento de habilitaciones de conducir se realice bajo un criterio unificado de evaluación y seguridad vial”, afirmó el funcionario.

A partir de este convenio, el municipio de Seguí contará con un Centro Emisor de Licencias Tipo A, considerado de carácter avanzado, que permitirá emitir todas las clases de licencias de conducir, incluyendo categorías particulares y profesionales, como las clases C, D y E, tanto de alcance jurisdiccional como interjurisdiccional.

La integración al sistema nacional permitirá además que el municipio consulte de manera directa los registros nacionales de antecedentes de tránsito antes de emitir cada licencia, garantizando así estándares uniformes de control y seguridad vial.

Por su parte, la directora general de Prevención y Seguridad Vial, Ana Elle, remarcó la relevancia de descentralizar este tipo de servicios administrativos. “Estos centros permiten que los ciudadanos accedan a trámites de certificación de aptitudes sin necesidad de desplazarse a grandes centros urbanos, fomentando la descentralización administrativa y la equidad territorial”, sostuvo.

El documento fue rubricado también por el presidente municipal de Seguí, Edgardo Müller, junto a autoridades provinciales. Ahora, el proceso continuará con la homologación final por parte de la Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tras un mes sin servicio, este lunes se reanudará el transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Concepción del Uruguay, luego de que la Municipalidad alcanzara un acuerdo con las empresas prestatarias Bajo Uruguay S.R.L. y Uruguay Bus S.R.L.. El convenio incluye un aporte económico por parte del Estado local para garantizar la continuidad del sistema en un contexto de crisis que afecta al sector.

La firma del acuerdo estuvo encabezada por el presidente municipal, José Lauritto, junto al secretario de Gobierno, Oscar Noir, y el secretario de Hacienda, Fernando Picart, quienes rubricaron el entendimiento con los representantes de ambas firmas.

Desde el Ejecutivo local explicaron que la reactivación del servicio se da en un escenario complejo, atravesado por el aumento de los costos operativos y la eliminación de subsidios nacionales y provinciales que durante años sostuvieron el transporte público. Esta situación había derivado en la interrupción total del servicio durante el último mes.

En ese marco, Noir destacó el rol clave que cumple el transporte urbano en la vida cotidiana. “Es un servicio público esencial, porque permite que vecinos y vecinas puedan trasladarse a las escuelas, sus trabajos, centros de salud y distintas actividades diarias”, expresó.

El funcionario también explicó que la estructura de costos actual vuelve inviable trasladar los aumentos al valor del boleto. “Si se aplicaran todos los incrementos, la tarifa rondaría los 5 mil pesos, algo imposible para la mayoría de los usuarios. Por eso el Municipio decidió intervenir para sostener el servicio”, afirmó.

Cabe recordar que días atrás la Municipalidad había declarado desierta la Licitación Pública Nº 31/2025, destinada a la concesión del transporte urbano, ante la falta de oferentes. Frente a este escenario, se resolvió de manera excepcional y transitoria mantener la prestación en manos de las empresas actuales hasta definir un nuevo esquema.

Uno de los ejes centrales del acuerdo es la implementación del boleto estudiantil gratuito, que alcanzará a alumnos de nivel primario, secundario y universitario. El beneficio se aplicará a través de la Tarjeta SUBE, que será el único medio habilitado para registrar y controlar los viajes.

Según se informó, esta política apunta a garantizar el acceso a la educación, evitando que las dificultades económicas o las distancias dentro de la ciudad representen un obstáculo para asistir a clases.

“El convenio responde a la necesidad de instrumentar una política pública de gratuidad educativa en el transporte urbano, con mecanismos claros de validación y control”, sostuvo Noir.

En el caso de los estudiantes de nivel primario y secundario, el beneficio estará disponible para quienes cumplan con los requisitos establecidos por el Municipio y se encuentren correctamente registrados en el sistema.

Asimismo, se implementará el boleto universitario gratuito para alumnos de instituciones de educación superior radicadas en la ciudad. Este beneficio deberá gestionarse y renovarse conforme a las condiciones administrativas que serán informadas en los próximos días.

El Gobierno de Entre Ríos puso en marcha un nuevo trámite digital que permite a los conductores gestionar la constancia que acredita que la Verificación Técnica Vehicular (VTV) no es obligatoria dentro del territorio provincial. La iniciativa se enmarca en el proceso de modernización del Estado y busca simplificar gestiones para los ciudadanos.

La medida está destinada a vehículos particulares radicados en la provincia, cuyos titulares tengan domicilio en Entre Ríos. A través de la plataforma Mi Entre Ríos, los usuarios pueden obtener de manera online el certificado que avala la exención de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), conocida como VTV en otras jurisdicciones.

El ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, destacó que la incorporación de este trámite representa “un paso más en el proceso de digitalización” impulsado por la gestión provincial. En ese sentido, remarcó que la iniciativa se suma a otras medidas recientes, como la digitalización de turnos de salud, la simplificación de trámites en ATER y la implementación del sistema SUBE en el transporte público.

Por su parte, el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza, subrayó que el trámite es ahora “100% digital” y puede completarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Según explicó, anteriormente el procedimiento debía realizarse de manera presencial, incluso en puestos camineros, lo que implicaba mayores demoras para los usuarios.

En la misma línea, el secretario de Transporte, Aníbal Steren, señaló que la digitalización forma parte de un trabajo articulado entre distintas áreas del Estado provincial. Además, aclaró que se continuará controlando que las empresas de transporte cumplan con la revisión técnica obligatoria, mientras se facilita la gestión para los particulares.

Cabe recordar que, mediante el Decreto N° 4331/98, la Revisión Técnica Obligatoria se encuentra suspendida en Entre Ríos. Sin embargo, la constancia resulta necesaria para circular por rutas nacionales o en otras provincias donde la VTV sí es exigida. El certificado tiene una vigencia de 120 días desde su emisión y se otorga de manera gratuita.

Para obtener la constancia, los interesados deben ingresar a la plataforma Mi Entre Ríos —o utilizar su aplicación móvil—, seleccionar la opción “Nuevo trámite” y buscar “Constancia de excepción de Revisión Técnica Vehicular (VTV)”. Luego deberán completar el formulario con los datos solicitados y adjuntar imágenes del DNI del titular y de la Tarjeta Verde del vehículo.

Una vez aprobado, el sistema enviará el documento en formato PDF, listo para su descarga, impresión y presentación ante los controles correspondientes.

La situación, que se viene agravando desde fines de marzo, encendió señales de alarma en toda la comunidad educativa. Familias, docentes y directivos temen que, de no mediar una respuesta urgente del Gobierno provincial, cientos de alumnos queden sin acceso a las aulas.

El transporte escolar en zonas rurales no es un servicio complementario, sino una herramienta clave para garantizar el derecho a la educación. En muchas localidades dispersas, representa el único vínculo entre el hogar y la escuela.

Sin embargo, según denunciaron los transportistas, la actividad atraviesa una “lenta agonía”. El aumento sostenido de costos —especialmente combustible y mantenimiento—, sumado a la falta de actualización en los pagos que reciben, ha generado un escenario insostenible.

A esto se suman factores estructurales como las largas distancias y el mal estado de los caminos rurales, que aceleran el desgaste de los vehículos y elevan aún más los gastos operativos.

En el documento difundido por el sector, los trabajadores describen con preocupación el deterioro del sistema:

“El aumento sostenido de los costos operativos —principalmente el combustible—, sumado a la falta de una actualización acorde en los valores que se perciben por los recorridos, ha generado un desfasaje que pone en riesgo la continuidad del servicio”.

También remarcan que, pese al compromiso diario de los transportistas, los ingresos actuales “no alcanzan para cubrir los costos básicos de funcionamiento”.

Las imágenes que circulan en redes sociales —vehículos deteriorados y falta de inversión— reflejan, según el comunicado, un sistema que podría colapsar si no se toman medidas urgentes.

Desde distintas comunidades educativas del interior entrerriano advierten que la problemática ya comienza a sentirse. La posibilidad de interrupciones en el servicio genera incertidumbre en miles de familias.

“Este no es un problema sectorial, impacta directamente en la educación”, sostienen en el comunicado. En zonas rurales, donde las distancias son extensas y las alternativas escasas, la suspensión del transporte implicaría la imposibilidad concreta de asistir a clases.

Padres y docentes coinciden en que, sin una recomposición de los valores del servicio, el sistema podría resentirse en el corto plazo.

Pese a los reiterados planteos del sector, los transportistas aseguran que hasta el momento no han recibido una solución concreta por parte de las autoridades provinciales.

La incertidumbre crece mientras el conflicto escala. La pregunta que comienza a instalarse en las comunidades es clara: qué ocurrirá si el servicio deja de funcionar.

Desde el gremio explicaron que la medida se realizó “en solidaridad” con el conflicto judicial que involucra a trabajadores de la empresa Buses Paraná, quienes reclaman su reincorporación en la firma San José, actual concesionaria del servicio en la ciudad.

La protesta generó demoras, incertidumbre y numerosas quejas entre los pasajeros que arribaron a la terminal en las primeras horas del día. Muchos usuarios se encontraron con la medida sin previo aviso, lo que complicó viajes previstos por motivos laborales, educativos, trámites personales o turnos médicos.

El secretario gremial de UTA Entre Ríos, Gustavo Rupp, señaló que la medida se tomó “en apoyo a los 237 trabajadores y familias que estamos esperando para ser reincorporados a la nueva empresa San José”. En ese sentido, remarcó que existen fallos judiciales favorables a los trabajadores: “Han salido cuatro fallos y hay una cautelar vigente. Más allá de esto, hay 237 familias que la están pasando muy mal”.

Rupp describió además la difícil situación social que atraviesan los empleados afectados: “Hay compañeros que en algunos casos están siendo desalojados por no poder pagar el alquiler. Cuando falta el plato y el vaso de leche para sus hijos, es muy complicado”.

Si bien reconoció que la medida impactó en usuarios ajenos al conflicto —a quienes definió como “rehenes” de la situación—, sostuvo que “hay veces que no encontrás otra forma de tratar de resolver la problemática”.

El dirigente también informó que este mismo martes, a las 13, se realizará una nueva audiencia entre las partes involucradas —empresa, Municipio y Provincia— con el objetivo de avanzar en una solución. “Esperamos que las partes se acerquen al diálogo como ha estado UTA siempre”, expresó en declaraciones a Canal 9 Litoral.

En ese marco, cuestionó el rol del Estado local: “Tenemos un municipio que es el ente regulador y controlador que debería obligar. La intimamos desde UTA a que obligue a la empresa a cumplir con la cautelar. La empresa sigue sin acatar”, afirmó, y lamentó que en encuentros anteriores algunos actores no se hayan presentado.

La falta de información previa fue uno de los principales reclamos de los pasajeros afectados. Muchos indicaron que se enteraron del paro al llegar a la terminal, sin posibilidad de reorganizar sus viajes con anticipación.

Entre las principales dificultades mencionadas se destacaron la imposibilidad de asistir al trabajo, rendir exámenes, cumplir con turnos médicos o realizar conexiones con otros servicios de transporte.

A través de un comunicado conjunto, instituciones como la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Bolsa de Comercio de Rosario y la Bolsa de Cereales de Entre Ríos —entre otras— advirtieron que los conflictos generan serias complicaciones en la logística y en el normal funcionamiento de la actividad agroindustrial.

Según señalaron, en los últimos días se registraron protestas y manifestaciones en puntos clave de las principales zonas productivas y en accesos a puertos, lo que derivó en demoras en la circulación de camiones, interrupciones en el flujo de mercaderías y dificultades en la operatoria comercial y de exportación.

Las entidades destacaron que la situación se produce en un momento clave del año para el sector agroindustrial, lo que agrava su impacto tanto en los mercados como en el conjunto de la economía nacional. En ese sentido, alertaron sobre las consecuencias que puede tener la falta de normalidad en el transporte sobre el cumplimiento de contratos, la cadena de suministros y el ingreso de divisas.

Frente a este escenario, las Bolsas instaron a las partes involucradas —transportistas, productores y autoridades— a retomar y sostener instancias de diálogo que permitan resolver el conflicto en el corto plazo.

Asimismo, remarcaron la necesidad de restablecer condiciones que garanticen la libre circulación de cargas, al considerarla un principio esencial para el desarrollo de la actividad económica y el correcto funcionamiento de los mercados.

El pronunciamiento lleva la firma de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, la Bolsa de Cereales de Córdoba y la Bolsa de Comercio de Santa Fe, entre otras instituciones representativas del sector.

El documento refleja la creciente preocupación del entramado agroindustrial frente a un conflicto que amenaza con profundizarse y afectar uno de los principales motores de la economía argentina.

Banco Entre Ríos presenta una promoción exclusiva para que sus clientes puedan moverse todos los días sin gastar de más. Quienes paguen el transporte público con MODO a través de la app del banco, obtendrán un 100% de reintegro, transformando cada viaje en una experiencia más simple, digital y conveniente.

Bajo el lema “Viajá gratis con Banco Entre Ríos”, la promoción estará vigente hasta el 22 de febrero. Durante ese período, los usuarios que paguen sus viajes en colectivo utilizando MODO desde la app o desde la aplicación de Banco Entre Ríos recibirán un reintegro del 100% del importe, con un tope mensual de $10.000 por cliente.

El beneficio aplica a pagos realizados mediante QR, promoviendo así medios de pago ágiles y seguros que simplifican la vida cotidiana. De esta manera, el banco continúa impulsando soluciones digitales que acercan beneficios concretos y acompañan el día a día de sus clientes.

Para pagar con QR en el transporte, los pasos son muy simples:1)      Entrar a la app del banco (Modo > Pagar con QR).2)      Generar el código QR “Transporte”.3)      Acercar el QR al validador.4)      Confirmar el pago para iniciar el viaje.

Toda la información de este beneficio se puede consultar en https://www.bancoentrerios.com.ar/personas/beneficios.

Detalle de líneas habilitadas: https://www.argentina.gob.ar/transporte/ya-podes-pagar-el-colectivo-con-tarjetas-de-debito-credito-o-qr-desde-el-celular.

Con esta iniciativa, Banco Entre Ríos reafirma su compromiso de ofrecer herramientas innovadoras que generan ahorro real y fomentan la adopción de pagos digitales, permitiendo que más personas puedan trasladarse de manera cómoda, rápida y con ventajas económicas.

Desde este viernes y durante todo el fin de semana, el Área de Tránsito de Crespo y la Guardia Urbana de Crespo, en conjunto con la Policía de Crespo, llevan adelante un esquema de controles viales móviles en distintos puntos de la ciudad de Crespo, con el objetivo de reforzar la prevención y promover una conducción responsable.

Según se informó a Paralelo 32, los operativos comenzaron en la tarde-noche del viernes y se extenderán durante el sábado y el domingo. La modalidad implementada prevé puestos móviles que se desplazan estratégicamente por diferentes sectores del ejido urbano, evitando la instalación fija de los controles y ampliando el alcance de las fiscalizaciones.

En las primeras horas del operativo, los agentes trabajaban en la intersección de las calles Alberdi y Otto Sagemüller, aunque desde la organización se anticipó que, a lo largo de la noche, el dispositivo continuaría rotando hacia otros puntos de la ciudad.

Desde el Área de Tránsito destacaron que esta modalidad móvil busca incrementar la presencia preventiva en la vía pública, controlar la documentación obligatoria de los vehículos, verificar el uso de las medidas de seguridad correspondientes y desalentar conductas de riesgo al volante. Asimismo, remarcaron que el eje central de estas acciones es la concientización de los conductores, más allá de la eventual aplicación de sanciones.

Finalmente, las autoridades adelantaron que este tipo de operativos se continuará desarrollando en distintos días y horarios, como parte de una política sostenida de seguridad vial orientada a reducir riesgos y mejorar la convivencia en el tránsito urbano.

En diálogo con Paralelo 32, Ríos señaló que uno de los ejes centrales del trabajo fue la reorganización de la circulación en distintos sectores de la ciudad. “Se vienen planificando y se han hecho muchas intervenciones. Trabajamos junto con el Concejo Deliberante en el cambio de circulación de alrededor de 18 calles, especialmente calles que eran doble mano y pasaron a ser mano única”, explicó.

Según detalló, esta política se implementa de manera progresiva, partiendo desde el centro hacia los barrios, con el objetivo de ordenar la trama vial, mejorar la seguridad y agilizar el tránsito.

Otro punto destacado fue la instalación de nuevos reductores de velocidad, principalmente en tramos rectos donde los conductores tienden a circular a alta velocidad. Se trata de tiras plásticas que obligan a disminuir la marcha sin generar daños en los vehículos.

Ríos reconoció que se evaluaron distintas alternativas: “Cuando el acceso Libertad se asfaltó, decidimos darle una oportunidad a la calle para ver qué pasaba, pero nadie bajaba la velocidad. Lamentablemente no hay otra opción. O están las sendas elevadas o los reductores”.

El funcionario subrayó que este sistema es, por ahora, el que menos impacto negativo genera. “Con los reductores de plástico no hemos tenido casi quejas. Es el sistema que menos conflictos acarrea y obliga a frenar. Además, es automático: calle que se asfalta, vecinos con quince o veinte firmas pidiendo reductores”, comentó.

En ese sentido, aclaró que la mayoría de los pedidos surgen directamente de los vecinos. “Tomamos nota, nos reunimos, evaluamos y estudiamos si es necesario. Hay calles donde no se colocan porque el tránsito no lo justifica y el pedido respondió a una situación excepcional”, explicó.

Ríos también remarcó el avance en la demarcación con pintura vial, una demanda histórica de la comunidad. “Era una necesidad que la gente estaba pidiendo. Por ejemplo, la pintura en la vía aeróbica, desde Falucho a Pesante, trajo muchos beneficios. Nunca se había pintado, ni siquiera los cruces peatonales. Es un lugar muy utilizado por los crespenses y se ve claramente la función positiva que cumplen las señalizaciones”, sostuvo.

En cuanto a la cartelería, indicó que prácticamente toda la ciudad cuenta con nomencladores en las esquinas. “Prácticamente no hay esquina que no tenga su cartel, sea el barrio que sea. Sólo nos queda pendiente el loteo del Acceso Libertad”, puntualizó.

Con estas acciones, desde el área de Prevención y Seguridad Urbana se busca consolidar una ciudad más ordenada, segura y señalizada, priorizando el diálogo con los vecinos y el trabajo planificado para acompañar el crecimiento de Crespo.