La Dirección General de Prevención y Seguridad Vial informó la entrada en vigencia del Decreto Nº 835/2026-E-GER-GOB, mediante el cual se incorporan nuevas disposiciones para la emisión de licencias profesionales interjurisdiccionales de las clases C, D y E en la provincia de Entre Ríos.

Entre los principales cambios, se establece como requisito obligatorio y excluyente para tramitar la Licencia Profesional Clase D, en todas sus subclases, no figurar en el Registro de Deudores Alimentarios de la provincia. La medida se enmarca en la adhesión a las exigencias fijadas por el Decreto 196/2025.

Desde el organismo provincial señalaron que la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial será la autoridad encargada de solicitar, recepcionar y evaluar la información necesaria para validar la aptitud de cada solicitante.

Asimismo, explicaron que los trámites vinculados a la categoría D4 asociada a clases particulares A o B no impactan automáticamente en el Sistema de Infracciones y Antecedentes Federales (SIAF), situación que impide realizar el control digital habitual. Debido a ello, y de manera transitoria, los Centros Emisores de Licencias deberán requerir a cada postulante el Certificado de Libre Inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

El certificado es gratuito y puede gestionarse de manera online a través del portal oficial del Gobierno de Entre Ríos: Portal de Formularios del Gobierno de Entre Ríos.

Desde la Provincia recordaron que para completar el trámite es necesario contar con un correo electrónico válido. Además, el plazo de emisión del certificado es de hasta 48 horas y su validez se extiende por 60 días.

Finalmente, indicaron que una vez presentada toda la documentación correspondiente, el Centro Emisor validará la aptitud del solicitante para continuar con el trámite de la licencia profesional.

El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, firmó un convenio junto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el municipio de Seguí para avanzar en la implementación de la Licencia Nacional de Conducir y del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito.

El acuerdo se enmarca en las políticas impulsadas por el gobierno provincial para reducir la siniestralidad vial y fortalecer los mecanismos de control y seguridad en todo el territorio entrerriano.

Durante la firma, Roncaglia destacó la importancia de incorporar Centros Emisores de Licencias (CEL) al sistema nacional. “La implementación de Centros Emisores de Licencias es fundamental para garantizar que el otorgamiento de habilitaciones de conducir se realice bajo un criterio unificado de evaluación y seguridad vial”, afirmó el funcionario.

A partir de este convenio, el municipio de Seguí contará con un Centro Emisor de Licencias Tipo A, considerado de carácter avanzado, que permitirá emitir todas las clases de licencias de conducir, incluyendo categorías particulares y profesionales, como las clases C, D y E, tanto de alcance jurisdiccional como interjurisdiccional.

La integración al sistema nacional permitirá además que el municipio consulte de manera directa los registros nacionales de antecedentes de tránsito antes de emitir cada licencia, garantizando así estándares uniformes de control y seguridad vial.

Por su parte, la directora general de Prevención y Seguridad Vial, Ana Elle, remarcó la relevancia de descentralizar este tipo de servicios administrativos. “Estos centros permiten que los ciudadanos accedan a trámites de certificación de aptitudes sin necesidad de desplazarse a grandes centros urbanos, fomentando la descentralización administrativa y la equidad territorial”, sostuvo.

El documento fue rubricado también por el presidente municipal de Seguí, Edgardo Müller, junto a autoridades provinciales. Ahora, el proceso continuará con la homologación final por parte de la Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tras un mes sin servicio, este lunes se reanudará el transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Concepción del Uruguay, luego de que la Municipalidad alcanzara un acuerdo con las empresas prestatarias Bajo Uruguay S.R.L. y Uruguay Bus S.R.L.. El convenio incluye un aporte económico por parte del Estado local para garantizar la continuidad del sistema en un contexto de crisis que afecta al sector.

La firma del acuerdo estuvo encabezada por el presidente municipal, José Lauritto, junto al secretario de Gobierno, Oscar Noir, y el secretario de Hacienda, Fernando Picart, quienes rubricaron el entendimiento con los representantes de ambas firmas.

Desde el Ejecutivo local explicaron que la reactivación del servicio se da en un escenario complejo, atravesado por el aumento de los costos operativos y la eliminación de subsidios nacionales y provinciales que durante años sostuvieron el transporte público. Esta situación había derivado en la interrupción total del servicio durante el último mes.

En ese marco, Noir destacó el rol clave que cumple el transporte urbano en la vida cotidiana. “Es un servicio público esencial, porque permite que vecinos y vecinas puedan trasladarse a las escuelas, sus trabajos, centros de salud y distintas actividades diarias”, expresó.

El funcionario también explicó que la estructura de costos actual vuelve inviable trasladar los aumentos al valor del boleto. “Si se aplicaran todos los incrementos, la tarifa rondaría los 5 mil pesos, algo imposible para la mayoría de los usuarios. Por eso el Municipio decidió intervenir para sostener el servicio”, afirmó.

Cabe recordar que días atrás la Municipalidad había declarado desierta la Licitación Pública Nº 31/2025, destinada a la concesión del transporte urbano, ante la falta de oferentes. Frente a este escenario, se resolvió de manera excepcional y transitoria mantener la prestación en manos de las empresas actuales hasta definir un nuevo esquema.

Uno de los ejes centrales del acuerdo es la implementación del boleto estudiantil gratuito, que alcanzará a alumnos de nivel primario, secundario y universitario. El beneficio se aplicará a través de la Tarjeta SUBE, que será el único medio habilitado para registrar y controlar los viajes.

Según se informó, esta política apunta a garantizar el acceso a la educación, evitando que las dificultades económicas o las distancias dentro de la ciudad representen un obstáculo para asistir a clases.

“El convenio responde a la necesidad de instrumentar una política pública de gratuidad educativa en el transporte urbano, con mecanismos claros de validación y control”, sostuvo Noir.

En el caso de los estudiantes de nivel primario y secundario, el beneficio estará disponible para quienes cumplan con los requisitos establecidos por el Municipio y se encuentren correctamente registrados en el sistema.

Asimismo, se implementará el boleto universitario gratuito para alumnos de instituciones de educación superior radicadas en la ciudad. Este beneficio deberá gestionarse y renovarse conforme a las condiciones administrativas que serán informadas en los próximos días.

El Gobierno de Entre Ríos puso en marcha un nuevo trámite digital que permite a los conductores gestionar la constancia que acredita que la Verificación Técnica Vehicular (VTV) no es obligatoria dentro del territorio provincial. La iniciativa se enmarca en el proceso de modernización del Estado y busca simplificar gestiones para los ciudadanos.

La medida está destinada a vehículos particulares radicados en la provincia, cuyos titulares tengan domicilio en Entre Ríos. A través de la plataforma Mi Entre Ríos, los usuarios pueden obtener de manera online el certificado que avala la exención de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), conocida como VTV en otras jurisdicciones.

El ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, destacó que la incorporación de este trámite representa “un paso más en el proceso de digitalización” impulsado por la gestión provincial. En ese sentido, remarcó que la iniciativa se suma a otras medidas recientes, como la digitalización de turnos de salud, la simplificación de trámites en ATER y la implementación del sistema SUBE en el transporte público.

Por su parte, el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza, subrayó que el trámite es ahora “100% digital” y puede completarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Según explicó, anteriormente el procedimiento debía realizarse de manera presencial, incluso en puestos camineros, lo que implicaba mayores demoras para los usuarios.

En la misma línea, el secretario de Transporte, Aníbal Steren, señaló que la digitalización forma parte de un trabajo articulado entre distintas áreas del Estado provincial. Además, aclaró que se continuará controlando que las empresas de transporte cumplan con la revisión técnica obligatoria, mientras se facilita la gestión para los particulares.

Cabe recordar que, mediante el Decreto N° 4331/98, la Revisión Técnica Obligatoria se encuentra suspendida en Entre Ríos. Sin embargo, la constancia resulta necesaria para circular por rutas nacionales o en otras provincias donde la VTV sí es exigida. El certificado tiene una vigencia de 120 días desde su emisión y se otorga de manera gratuita.

Para obtener la constancia, los interesados deben ingresar a la plataforma Mi Entre Ríos —o utilizar su aplicación móvil—, seleccionar la opción “Nuevo trámite” y buscar “Constancia de excepción de Revisión Técnica Vehicular (VTV)”. Luego deberán completar el formulario con los datos solicitados y adjuntar imágenes del DNI del titular y de la Tarjeta Verde del vehículo.

Una vez aprobado, el sistema enviará el documento en formato PDF, listo para su descarga, impresión y presentación ante los controles correspondientes.

La situación, que se viene agravando desde fines de marzo, encendió señales de alarma en toda la comunidad educativa. Familias, docentes y directivos temen que, de no mediar una respuesta urgente del Gobierno provincial, cientos de alumnos queden sin acceso a las aulas.

El transporte escolar en zonas rurales no es un servicio complementario, sino una herramienta clave para garantizar el derecho a la educación. En muchas localidades dispersas, representa el único vínculo entre el hogar y la escuela.

Sin embargo, según denunciaron los transportistas, la actividad atraviesa una “lenta agonía”. El aumento sostenido de costos —especialmente combustible y mantenimiento—, sumado a la falta de actualización en los pagos que reciben, ha generado un escenario insostenible.

A esto se suman factores estructurales como las largas distancias y el mal estado de los caminos rurales, que aceleran el desgaste de los vehículos y elevan aún más los gastos operativos.

En el documento difundido por el sector, los trabajadores describen con preocupación el deterioro del sistema:

“El aumento sostenido de los costos operativos —principalmente el combustible—, sumado a la falta de una actualización acorde en los valores que se perciben por los recorridos, ha generado un desfasaje que pone en riesgo la continuidad del servicio”.

También remarcan que, pese al compromiso diario de los transportistas, los ingresos actuales “no alcanzan para cubrir los costos básicos de funcionamiento”.

Las imágenes que circulan en redes sociales —vehículos deteriorados y falta de inversión— reflejan, según el comunicado, un sistema que podría colapsar si no se toman medidas urgentes.

Desde distintas comunidades educativas del interior entrerriano advierten que la problemática ya comienza a sentirse. La posibilidad de interrupciones en el servicio genera incertidumbre en miles de familias.

“Este no es un problema sectorial, impacta directamente en la educación”, sostienen en el comunicado. En zonas rurales, donde las distancias son extensas y las alternativas escasas, la suspensión del transporte implicaría la imposibilidad concreta de asistir a clases.

Padres y docentes coinciden en que, sin una recomposición de los valores del servicio, el sistema podría resentirse en el corto plazo.

Pese a los reiterados planteos del sector, los transportistas aseguran que hasta el momento no han recibido una solución concreta por parte de las autoridades provinciales.

La incertidumbre crece mientras el conflicto escala. La pregunta que comienza a instalarse en las comunidades es clara: qué ocurrirá si el servicio deja de funcionar.

Desde el gremio explicaron que la medida se realizó “en solidaridad” con el conflicto judicial que involucra a trabajadores de la empresa Buses Paraná, quienes reclaman su reincorporación en la firma San José, actual concesionaria del servicio en la ciudad.

La protesta generó demoras, incertidumbre y numerosas quejas entre los pasajeros que arribaron a la terminal en las primeras horas del día. Muchos usuarios se encontraron con la medida sin previo aviso, lo que complicó viajes previstos por motivos laborales, educativos, trámites personales o turnos médicos.

El secretario gremial de UTA Entre Ríos, Gustavo Rupp, señaló que la medida se tomó “en apoyo a los 237 trabajadores y familias que estamos esperando para ser reincorporados a la nueva empresa San José”. En ese sentido, remarcó que existen fallos judiciales favorables a los trabajadores: “Han salido cuatro fallos y hay una cautelar vigente. Más allá de esto, hay 237 familias que la están pasando muy mal”.

Rupp describió además la difícil situación social que atraviesan los empleados afectados: “Hay compañeros que en algunos casos están siendo desalojados por no poder pagar el alquiler. Cuando falta el plato y el vaso de leche para sus hijos, es muy complicado”.

Si bien reconoció que la medida impactó en usuarios ajenos al conflicto —a quienes definió como “rehenes” de la situación—, sostuvo que “hay veces que no encontrás otra forma de tratar de resolver la problemática”.

El dirigente también informó que este mismo martes, a las 13, se realizará una nueva audiencia entre las partes involucradas —empresa, Municipio y Provincia— con el objetivo de avanzar en una solución. “Esperamos que las partes se acerquen al diálogo como ha estado UTA siempre”, expresó en declaraciones a Canal 9 Litoral.

En ese marco, cuestionó el rol del Estado local: “Tenemos un municipio que es el ente regulador y controlador que debería obligar. La intimamos desde UTA a que obligue a la empresa a cumplir con la cautelar. La empresa sigue sin acatar”, afirmó, y lamentó que en encuentros anteriores algunos actores no se hayan presentado.

La falta de información previa fue uno de los principales reclamos de los pasajeros afectados. Muchos indicaron que se enteraron del paro al llegar a la terminal, sin posibilidad de reorganizar sus viajes con anticipación.

Entre las principales dificultades mencionadas se destacaron la imposibilidad de asistir al trabajo, rendir exámenes, cumplir con turnos médicos o realizar conexiones con otros servicios de transporte.

A través de un comunicado conjunto, instituciones como la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Bolsa de Comercio de Rosario y la Bolsa de Cereales de Entre Ríos —entre otras— advirtieron que los conflictos generan serias complicaciones en la logística y en el normal funcionamiento de la actividad agroindustrial.

Según señalaron, en los últimos días se registraron protestas y manifestaciones en puntos clave de las principales zonas productivas y en accesos a puertos, lo que derivó en demoras en la circulación de camiones, interrupciones en el flujo de mercaderías y dificultades en la operatoria comercial y de exportación.

Las entidades destacaron que la situación se produce en un momento clave del año para el sector agroindustrial, lo que agrava su impacto tanto en los mercados como en el conjunto de la economía nacional. En ese sentido, alertaron sobre las consecuencias que puede tener la falta de normalidad en el transporte sobre el cumplimiento de contratos, la cadena de suministros y el ingreso de divisas.

Frente a este escenario, las Bolsas instaron a las partes involucradas —transportistas, productores y autoridades— a retomar y sostener instancias de diálogo que permitan resolver el conflicto en el corto plazo.

Asimismo, remarcaron la necesidad de restablecer condiciones que garanticen la libre circulación de cargas, al considerarla un principio esencial para el desarrollo de la actividad económica y el correcto funcionamiento de los mercados.

El pronunciamiento lleva la firma de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, la Bolsa de Cereales de Córdoba y la Bolsa de Comercio de Santa Fe, entre otras instituciones representativas del sector.

El documento refleja la creciente preocupación del entramado agroindustrial frente a un conflicto que amenaza con profundizarse y afectar uno de los principales motores de la economía argentina.

Banco Entre Ríos presenta una promoción exclusiva para que sus clientes puedan moverse todos los días sin gastar de más. Quienes paguen el transporte público con MODO a través de la app del banco, obtendrán un 100% de reintegro, transformando cada viaje en una experiencia más simple, digital y conveniente.

Bajo el lema “Viajá gratis con Banco Entre Ríos”, la promoción estará vigente hasta el 22 de febrero. Durante ese período, los usuarios que paguen sus viajes en colectivo utilizando MODO desde la app o desde la aplicación de Banco Entre Ríos recibirán un reintegro del 100% del importe, con un tope mensual de $10.000 por cliente.

El beneficio aplica a pagos realizados mediante QR, promoviendo así medios de pago ágiles y seguros que simplifican la vida cotidiana. De esta manera, el banco continúa impulsando soluciones digitales que acercan beneficios concretos y acompañan el día a día de sus clientes.

Para pagar con QR en el transporte, los pasos son muy simples:1)      Entrar a la app del banco (Modo > Pagar con QR).2)      Generar el código QR “Transporte”.3)      Acercar el QR al validador.4)      Confirmar el pago para iniciar el viaje.

Toda la información de este beneficio se puede consultar en https://www.bancoentrerios.com.ar/personas/beneficios.

Detalle de líneas habilitadas: https://www.argentina.gob.ar/transporte/ya-podes-pagar-el-colectivo-con-tarjetas-de-debito-credito-o-qr-desde-el-celular.

Con esta iniciativa, Banco Entre Ríos reafirma su compromiso de ofrecer herramientas innovadoras que generan ahorro real y fomentan la adopción de pagos digitales, permitiendo que más personas puedan trasladarse de manera cómoda, rápida y con ventajas económicas.

Desde este viernes y durante todo el fin de semana, el Área de Tránsito de Crespo y la Guardia Urbana de Crespo, en conjunto con la Policía de Crespo, llevan adelante un esquema de controles viales móviles en distintos puntos de la ciudad de Crespo, con el objetivo de reforzar la prevención y promover una conducción responsable.

Según se informó a Paralelo 32, los operativos comenzaron en la tarde-noche del viernes y se extenderán durante el sábado y el domingo. La modalidad implementada prevé puestos móviles que se desplazan estratégicamente por diferentes sectores del ejido urbano, evitando la instalación fija de los controles y ampliando el alcance de las fiscalizaciones.

En las primeras horas del operativo, los agentes trabajaban en la intersección de las calles Alberdi y Otto Sagemüller, aunque desde la organización se anticipó que, a lo largo de la noche, el dispositivo continuaría rotando hacia otros puntos de la ciudad.

Desde el Área de Tránsito destacaron que esta modalidad móvil busca incrementar la presencia preventiva en la vía pública, controlar la documentación obligatoria de los vehículos, verificar el uso de las medidas de seguridad correspondientes y desalentar conductas de riesgo al volante. Asimismo, remarcaron que el eje central de estas acciones es la concientización de los conductores, más allá de la eventual aplicación de sanciones.

Finalmente, las autoridades adelantaron que este tipo de operativos se continuará desarrollando en distintos días y horarios, como parte de una política sostenida de seguridad vial orientada a reducir riesgos y mejorar la convivencia en el tránsito urbano.

En diálogo con Paralelo 32, Ríos señaló que uno de los ejes centrales del trabajo fue la reorganización de la circulación en distintos sectores de la ciudad. “Se vienen planificando y se han hecho muchas intervenciones. Trabajamos junto con el Concejo Deliberante en el cambio de circulación de alrededor de 18 calles, especialmente calles que eran doble mano y pasaron a ser mano única”, explicó.

Según detalló, esta política se implementa de manera progresiva, partiendo desde el centro hacia los barrios, con el objetivo de ordenar la trama vial, mejorar la seguridad y agilizar el tránsito.

Otro punto destacado fue la instalación de nuevos reductores de velocidad, principalmente en tramos rectos donde los conductores tienden a circular a alta velocidad. Se trata de tiras plásticas que obligan a disminuir la marcha sin generar daños en los vehículos.

Ríos reconoció que se evaluaron distintas alternativas: “Cuando el acceso Libertad se asfaltó, decidimos darle una oportunidad a la calle para ver qué pasaba, pero nadie bajaba la velocidad. Lamentablemente no hay otra opción. O están las sendas elevadas o los reductores”.

El funcionario subrayó que este sistema es, por ahora, el que menos impacto negativo genera. “Con los reductores de plástico no hemos tenido casi quejas. Es el sistema que menos conflictos acarrea y obliga a frenar. Además, es automático: calle que se asfalta, vecinos con quince o veinte firmas pidiendo reductores”, comentó.

En ese sentido, aclaró que la mayoría de los pedidos surgen directamente de los vecinos. “Tomamos nota, nos reunimos, evaluamos y estudiamos si es necesario. Hay calles donde no se colocan porque el tránsito no lo justifica y el pedido respondió a una situación excepcional”, explicó.

Ríos también remarcó el avance en la demarcación con pintura vial, una demanda histórica de la comunidad. “Era una necesidad que la gente estaba pidiendo. Por ejemplo, la pintura en la vía aeróbica, desde Falucho a Pesante, trajo muchos beneficios. Nunca se había pintado, ni siquiera los cruces peatonales. Es un lugar muy utilizado por los crespenses y se ve claramente la función positiva que cumplen las señalizaciones”, sostuvo.

En cuanto a la cartelería, indicó que prácticamente toda la ciudad cuenta con nomencladores en las esquinas. “Prácticamente no hay esquina que no tenga su cartel, sea el barrio que sea. Sólo nos queda pendiente el loteo del Acceso Libertad”, puntualizó.

Con estas acciones, desde el área de Prevención y Seguridad Urbana se busca consolidar una ciudad más ordenada, segura y señalizada, priorizando el diálogo con los vecinos y el trabajo planificado para acompañar el crecimiento de Crespo.

En plena temporada de verano, una de las provincias más visitadas del país anunció una reducción en los montos de las multas de tránsito. Se trata de Córdoba, donde la Policía Caminera confirmó una baja en el valor de las sanciones, una medida que impacta directamente en el bolsillo de vecinos y turistas que circulan por rutas, autovías y caminos serranos.

La actualización se produjo el pasado lunes 12 de enero, cuando la provincia modificó el valor de la Unidad Fija de Multa (UF), parámetro que se utiliza para calcular el importe de cada infracción. La decisión se vinculó a la baja en el precio del litro de nafta súper de YPF, lo que derivó en una reducción del 3,8% en el valor de la UF, que pasó de $1.696 a $1.631 en comparación con diciembre de 2025.

Este ajuste alcanza a todo el esquema de infracciones, desde las más leves hasta las consideradas máximas, entre las que se encuentran el cruce de semáforos en rojo, el exceso de velocidad y la alcoholemia positiva.

Con la actualización, los montos de las sanciones en Córdoba comienzan en torno a los $30.000 y pueden superar ampliamente los $3.000.000, además de implicar quita de puntos en la licencia.

Comprenden entre 20 y 100 UF, con multas que van de $32.620 a $163.100. La quita de puntos puede llegar hasta 2. Un ejemplo es fumar mientras se conduce.

Oscilan entre 100 y 200 UF, con sanciones de $163.100 a $326.400 y pérdida de entre 2 y 5 puntos, como en el caso de circular con luces apagadas.

Van de 200 a 400 UF, con multas de entre $326.400 y $652.800. Incluyen faltas como cruzar semáforos en rojo, circular en contramano o exceder la velocidad permitida. En estos casos se pueden perder hasta 20 puntos.

Corresponden a alcoholemia positiva o destrucción de infraestructura pública. Las sanciones van de 1.200 a 2.000 UF, lo que representa montos que oscilan entre $1.957.200 y $3.262.000. Estas faltas incluyen, además, inhabilitación para conducir y, según el caso, posibles denuncias penales.

Con esta medida, Córdoba recibe a los turistas de la segunda quincena del verano 2026 con una noticia favorable en términos económicos, aunque sin modificar el rigor de los controles viales. Desde el gobierno provincial remarcan que el objetivo es acompañar el contexto económico sin resignar seguridad, manteniendo la vigencia de las normas de tránsito como herramienta central para prevenir siniestros.

La Municipalidad de Crespo informó que el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad, en la última sesión ordinaria de noviembre, una ordenanza que establece modificaciones en el sentido de circulación vehicular en distintas calles de la ciudad. La medida apunta a optimizar el tránsito urbano, reducir los riesgos de accidentes y agilizar los tiempos de desplazamiento.

El proyecto, impulsado desde el Ejecutivo municipal y respaldado por todas las bancadas del Concejo, introduce cambios clave en arterias de alto tránsito. Entre ellos, se destaca la transformación de la calle Rivadavia, que pasará de doble mano a mano única en el tramo comprendido entre Estanislao López y Rodríguez Peña, con sentido sur–norte, unificando así la dirección en toda su extensión.

Asimismo, la ordenanza dispone la unificación del sentido de circulación en la calle Alem, que ahora será de norte–sur desde Berutti hasta French, buscando mejorar la fluidez vehicular en una zona donde confluyen comercios, instituciones y viviendas.

Mientras tanto, personal municipal ya trabaja en la colocación de la cartelería y señalización vial correspondiente para garantizar que los cambios se implementen de manera segura. Estas tareas se complementan con acciones de difusión y campañas de concientización destinadas a informar a vecinos y conductores sobre las nuevas disposiciones.

Desde el municipio destacaron que las modificaciones responden a estudios previos de tránsito y a la necesidad de ordenar la circulación en sectores donde se detectaron situaciones de riesgo. La medida forma parte de un plan integral de movilidad urbana que busca, progresivamente, mejorar la convivencia vial en Crespo y fortalecer la seguridad de peatones y automovilistas.

La Municipalidad de Paraná presentó oficialmente las 77 unidades 0 km que conforman la flota del Nuevo Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros, a cargo de la empresa San José S.A.. Los colectivos, que comenzarán a funcionar este domingo con nuevos recorridos, representan un paso clave en la modernización del servicio y la mejora de la movilidad en la ciudad.

La presentación se realizó en el centro operativo de la empresa, encabezada por la intendenta Rosario Romero, el gerente general de San José, Hugo Ruiz, y el viceintendente David Cáceres. Integrantes de la Mesa de Diálogo Interreligioso llevaron a cabo una bendición de las unidades, pidiendo por un servicio seguro y eficiente para usuarios y trabajadores.

Durante el acto, la intendenta Romero destacó el esfuerzo conjunto que permitió concretar la renovación de la flota:“La ciudad mejorará con la vuelta del transporte masivo, recuperando un colectivo de calidad. Esto se hizo con esfuerzo de la ciudad”, expresó. Agradeció además “a los equipos municipales, a los concejales y a los vecinos que aportaron para llegar a este momento”.

Romero remarcó que esta transformación es resultado del nuevo marco regulatorio y el proceso licitatorio impulsado por el Municipio: “Es muy importante que todos cuidemos cada una de las unidades. Las ciudades más modernas del mundo priorizan el transporte masivo y financian servicios de calidad”.

El gerente general de San José, Hugo Ruiz, celebró el inicio de esta nueva etapa:“Es un día especial. El desafío más fuerte es ser confiables y estar cuando el cliente lo necesita”.

El viceintendente David Cáceres subrayó el rol del Concejo Deliberante en la elaboración del pliego: “Los usuarios necesitaban un nuevo servicio y se trabajó con todos los sectores. Se hizo todo para que los vecinos decidan volver al colectivo”.

En tanto, el jefe de Gabinete, Santiago Halle, señaló que la confianza será clave: “Se recupera con comodidad, confort, nuevas unidades y una aplicación moderna que acompañará al sistema”.

El exintendente Adán Bahl valoró el avance del nuevo servicio:“Esto va a funcionar muy bien. El transporte público es lo más barato y eficiente en todo el mundo”.

También tomó la palabra Melisa, una de las cinco conductoras mujeres que se suman a la empresa:“Es un orgullo enorme. Es un incentivo para muchas mujeres: sí se puede”.

Desde las vecinales, Clelia Zapata, presidenta de Artigas, celebró la renovación:“Estamos muy contentas con este cambio. Es un comienzo nuevo y genera muchas expectativas”.

El servicio presentado incorpora mejoras tecnológicas y operativas orientadas a modernizar la experiencia del usuario:

La nueva aplicación oficial —disponible en celulares y en versión web— permitirá:

Con la adjudicación de la licitación y la entrada en vigencia del nuevo sistema, Paraná inicia una etapa definida por la sustentabilidad, la innovación tecnológica y la participación ciudadana. El proceso incluyó audiencias públicas, reuniones con vecinales y recepción de propuestas, metodología que continuará en la fase de implementación.

La Municipalidad destacó que este es un nuevo modelo de transporte que prioriza al usuario, la calidad del servicio y el ordenamiento integral de la movilidad urbana.

Concepción del Uruguay – La Municipalidad informó oficialmente el inicio del proceso de licitación pública destinado a otorgar la concesión del servicio de transporte urbano de pasajeros, en el marco de las facultades que posee el Departamento Ejecutivo Municipal para brindar concesiones y subsidios en esta materia.

La medida fue impulsada por la Secretaría de Gobierno, que planteó la necesidad de garantizar la continuidad y mejora del servicio mediante un nuevo llamado a licitación, con el objetivo de optimizar la prestación para los usuarios del sistema de transporte público de la ciudad.

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto N.º 29.113, las empresas interesadas podrán adquirir el pliego de bases y condiciones en la Tesorería Municipal hasta las 10 horas del 9 de diciembre.

Las ofertas presentadas serán abiertas públicamente el día siguiente, también a las 10 horas, en un acto formal que contará con la participación de representantes municipales y oferentes, garantizando la transparencia y publicidad del proceso.

El actual esquema del transporte urbano en Concepción del Uruguay cuenta con una trayectoria de más de una década.

Mediante el Decreto Municipal N.º 22.126, fechado el 3 de agosto de 2009, el Municipio adjudicó la concesión del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros a la empresa “Buses del Uruguay”, por un plazo inicial de diez (10) años, con opción de prórroga por cinco (5) años adicionales.

Posteriormente, a través del Decreto Municipal N.º 28.193, del 2 de agosto de 2023, se autorizó la ampliación de la concesión a favor de las firmas “Bajo Uruguay S.R.L.” y “Uruguay Buses S.R.L.”, extendiendo el período de prestación por dos años adicionales, contados desde el 1° de octubre de 2023.

Cumplido ese período, la Secretaría de Gobierno, junto con las áreas técnicas y jurídicas del Municipio, elaboró el nuevo Pliego de Bases y Condiciones que regirá la próxima adjudicación.

El documento contempla requisitos técnicos, económicos y de seguridad, con especial atención a la renovación y accesibilidad de la flota, la incorporación de medidas de seguridad y el cumplimiento de normativas ambientales vigentes.

Asimismo, busca promover la competitividad entre oferentes y asegurar la calidad del servicio para los vecinos, en un marco de transparencia administrativa y control ciudadano.

En mayo de 2013, Paralelo 32 publicaba una nota titulada “Sanciones más duras al no uso de casco y las picadas”, en la que se detallaban las medidas impulsadas por la Ordenanza 7/13, sancionada el 12 de abril de ese año y modificatoria de la Ordenanza 28/11. A más de una década de su aprobación, las disposiciones allí establecidas siguen representando un marco normativo fundamental para el trabajo de control y prevención que realiza el área de Tránsito municipal.

La normativa facultó a la Subdirección de Tránsito y Seguridad Vial a intervenir en dos situaciones que hasta ese momento no estaban contempladas en el Programa de Educación y Seguridad Vial:

Con su aplicación, se introdujo además un nuevo sistema de sanciones económicas para quienes incurran en estas faltas. Desde entonces, el Juzgado de Faltas puede aplicar el cobro de un valor equivalente a entre 100 y 500 litros de nafta súper por la retención de un rodado, sumado al costo del traslado al depósito municipal —equivalente a 30 litros de nafta súper— y un adicional diario de 10 litros de combustible por cada día que el vehículo permanezca retenido.

En el caso de las motocicletas, el juez también quedó facultado para exigir la modificación del caño de escape antes de restituir la unidad, una medida orientada a responder a los reclamos por ruidos molestos y a promover el cumplimiento de las normas de convivencia urbana.

Las reformas introducidas por la Ordenanza 7/13 se enmarcaron en la adhesión municipal a la Ley Provincial Nº 10.025 y la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, y fueron aprobadas por unanimidad en sesión del Concejo Deliberante.

Entre las principales modificaciones se incorporaron nuevos incisos a los artículos 15º y 16º de la normativa original:

Además, se actualizó el inciso 4 para precisar los requisitos de documentación necesarios al momento de retirar el vehículo.

Aunque han pasado más de diez años desde su implementación, la ordenanza conserva plena vigencia y continúa siendo una herramienta clave para el ordenamiento del tránsito y la educación vial en Crespo.

Las sanciones establecidas, sumadas a las campañas de concientización desarrolladas desde el municipio, buscan reducir la siniestralidad y promover conductas responsables en la conducción de motos y automóviles.

El uso del casco, el respeto a las normas y la erradicación de las picadas son pilares esenciales para mejorar la seguridad vial en la ciudad, un objetivo que —tal como señalaba aquella publicación de 2013— sigue siendo un compromiso compartido entre las autoridades y la comunidad.

Desde la Municipalidad de Crespo informaron que cuatro calles de la ciudad modificaron su sentido de circulación, con el objetivo de mejorar la transitabilidad, organizar la movilidad vehicular y reforzar la seguridad vial en distintos sectores urbanos.

Las arterias afectadas se encuentran en los barrios Jardín, La Paz y San Cayetano, y la medida forma parte de un plan municipal de ordenamiento del tránsito que busca optimizar la circulación y reducir los puntos de conflicto vehicular.

Los tramos con sentido único son los siguientes:

Además, el municipio estableció que en cada uno de estos tramos el estacionamiento será únicamente sobre la mano derecha, respetando el sentido de circulación.

Desde el área de Tránsito y Seguridad Vial se recordó a los vecinos la importancia de prestar atención a la nueva señalización instalada y de respetar las normas vigentes, para contribuir a una circulación más segura y ordenada en la ciudad.

La Municipalidad de Paraná intimó formalmente a las empresas Transporte Mariano Moreno S.R.L., ERSA Urbano S.A. y Buses Paraná a cumplir con el contrato de concesión y reanudar de manera inmediata el servicio de transporte urbano de pasajeros, interrumpido desde hace cinco días. La medida se adoptó tras finalizar los procesos administrativos correspondientes.

El Ejecutivo municipal ratificó que cumplió en tiempo y forma con los aportes destinados al financiamiento del sistema. Según se informó, el pasado 4 de septiembre se transfirieron 223.231.211 pesos a favor de las prestatarias ERSA Urbano y Mariano Moreno. Cada firma recibió 111.615.606 pesos, distribuidos en:

Pese a estos desembolsos, las empresas interrumpieron el servicio, afectando a miles de ciudadanos que dependen del transporte público, en especial estudiantes y trabajadores que se movilizan diariamente dentro del ejido urbano.

Desde el Municipio se recalcó que “no existe motivo justificable para el incumplimiento del servicio establecido en el contrato de concesión”, y se advirtió que, de no restituirse de manera inmediata, se iniciarán acciones civiles y penales contra las prestatarias por la afectación a un servicio público considerado esencial.

La ciudad de Paraná amaneció este viernes 5 de septiembre sin servicio de transporte urbano, debido a un paro impulsado por la empresa BUSES Paraná, medida que desde el municipio calificaron como “injustificada” y orientada únicamente a “perjudicar a los paranaenses”.

Desde la Municipalidad de Paraná recordaron que cada mes se realizan en tiempo y forma los depósitos correspondientes al financiamiento del sistema de transporte, por lo que —según señalaron— no existe motivo que justifique la interrupción del servicio.

En ese sentido, remarcaron que la decisión de la prestataria deja sin cobertura a miles de usuarios que dependen del colectivo para trasladarse diariamente.

Pese al malestar generado, el municipio confirmó que mantiene un diálogo permanente con el Gobierno de Entre Ríos, en busca de una solución conjunta que permita superar el conflicto.

También recordaron que la concesión de BUSES Paraná para prestar el servicio urbano en la capital entrerriana vence en diciembre, por lo que la situación de la empresa se encuentra bajo revisión.

Mientras tanto, la medida de fuerza impacta de lleno en trabajadores, estudiantes y vecinos en general, que quedaron sin la principal alternativa de transporte público.

La Municipalidad insistió en que la responsabilidad del conflicto es de la prestataria y reiteró que “no hay razones que justifiquen dejar sin servicio a los ciudadanos”.

La medida, que rige desde las 22 del jueves 4 de septiembre por un plazo de quince días hábiles, busca garantizar la prestación del servicio urbano de pasajeros y abrir un espacio de diálogo entre las partes.

Se convocó a audiencia de conciliación para el jueves 11 de septiembre y se intimó a trabajadores y empresas a abstenerse de medidas o represalias, bajo apercibimiento de sanciones.

El Gobierno provincial reafirma su compromiso de resguardar los derechos de los trabajadores y de los usuarios del transporte público.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció este jueves un paro del transporte urbano en Paraná que comenzará a regir a partir de las 00:00 de este viernes. La medida de fuerza fue resuelta debido a la falta de pago total de los haberes de agosto por parte de las empresas concesionarias Ersa y Mariano Moreno.

Desde el gremio señalaron que los trabajadores solo percibieron el 50% de los salarios, además de diferencias de viáticos calculadas sobre $12.000 por días trabajados en julio.

La Agrupación de Empresas Buses, que nuclea a las concesionarias, respaldó la decisión gremial y responsabilizó al Municipio de Paraná por lo ocurrido. En un comunicado, afirmaron que el Ejecutivo mantiene una deuda superior a $1.500 millones en lo que va del año, monto que corresponde a costos operativos básicos (salarios, combustible, insumos y repuestos).

Además, las empresas indicaron que en agosto dejaron de percibir cerca de $200 millones porque la Comuna se desligó de los aportes destinados a compensar el costo del kilómetro, en cumplimiento de la Resolución Provincial N°1615/25.

“De esta manera —expresaron— el Municipio incumple el contrato de concesión y el marco regulatorio, impidiendo deliberadamente que las concesionarias perciban la retribución allí establecida a cambio de la prestación de los servicios”.

Las firmas también cuestionaron la diferencia entre el costo del kilómetro reconocido en la actual concesión, fijado en $2.374, y el que se estableció en la reciente adjudicación a la nueva operadora, que asciende a $5.267,73, monto que deberá sostenerse entre tarifas y aportes municipales.

Por su parte, la Municipalidad de Paraná emitió este jueves un comunicado en el que aseguró haber depositado en tiempo y forma los aportes correspondientes al financiamiento del sistema, por un total de $223 millones. Según se precisó, ese monto incluye el Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU) y otras contribuciones al sostenimiento del transporte urbano de pasajeros.

La medida de fuerza de la UTA dejará a miles de usuarios sin servicio de colectivos urbanos desde la medianoche, en un conflicto que refleja una vez más las tensiones entre gremio, empresas y Municipio respecto del financiamiento del sistema de transporte en la capital entrerriana.