El Gobierno de Entre Ríos reglamentó la Ley Provincial N.º 10.975 de Control Vehicular de Peso, que establece un régimen para fiscalizar las cargas de los transportes que circulan por la red vial entrerriana.

La medida busca preservar el estado de las rutas, reducir el deterioro prematuro de la calzada provocado por el sobrepeso y reforzar la seguridad vial en los distintos corredores de la provincia.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) será la autoridad de aplicación y coordinará los operativos con la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos.

La reglamentación contempla la instalación progresiva de sistemas de pesaje dinámicos y estáticos para verificar que los vehículos de carga respeten los límites permitidos.

También establece los lugares donde funcionarán los puestos de control y los procedimientos para retirar excedentes de carga o disponer de mercaderías abandonadas.

La selección de los sectores a fiscalizar responderá a criterios técnicos y preventivos, teniendo en cuenta el volumen de tránsito pesado y las necesidades de conservación de cada tramo.

En los operativos, la Policía estará facultada para detener vehículos, solicitar la documentación correspondiente y labrar actas de infracción cuando detecte incumplimientos. Luego deberá informar las actuaciones a la repartición vial.

El régimen establece la responsabilidad solidaria entre el transportista y el cargador, por lo que ambos quedan alcanzados por las disposiciones vinculadas con el exceso de peso.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad señalaron que el fortalecimiento de los controles apunta a prolongar la vida útil de las rutas, optimizar los recursos públicos destinados al mantenimiento y garantizar condiciones equitativas para las empresas que trasladan mercaderías.

El sobrepeso de los vehículos pesados es uno de los factores que inciden en el desgaste de la infraestructura vial, por lo que la normativa busca reforzar la fiscalización de las cargas que circulan por la provincia.

La reglamentación establece una escala de sanciones económicas calculadas en Unidades Fijas (UF), cuyo monto varía de acuerdo con la cantidad de kilogramos que exceda el límite permitido.

Según el esquema informado, las multas van desde 154 UF para excesos de entre 500 y 1.000 kilogramos hasta 20.000 UF para infracciones con sobrepeso igual o superior a los 14.001 kilogramos.

La aplicación de este régimen se enmarca en las medidas provinciales destinadas a controlar el transporte de cargas y preservar la infraestructura vial entrerriana.

Uno de los momentos centrales de FARO 2026 fue la disertación de Andrés Malamud, profesor de la Universidad de Lisboa y especialista en relaciones internacionales. En su charla “El mundo sin árbitro: qué es el G-Zero y por qué importa al agro”, analizó cómo la pérdida de liderazgo global modifica las relaciones entre países y plantea nuevos desafíos para la producción y el comercio de alimentos.

Malamud partió del concepto de G-Zero, formulado por el analista Ian Bremmer para describir un escenario en el que ninguna potencia consigue ejercer un liderazgo efectivo sobre el sistema internacional. En ese contexto, las reglas pierden capacidad de imponer límites, los acuerdos se vuelven más frágiles y las actividades productivas quedan expuestas a una mayor incertidumbre geopolítica.

“Los problemas se tienen que resolver por la fuerza de uno o por el acuerdo de dos, no por la decisión independiente neutra de un tercero”, sostuvo el politólogo.

Según explicó, la debilidad de los mecanismos de arbitraje internacional, como los vinculados a la Organización Mundial del Comercio (OMC), deja al comercio más condicionado por las relaciones de poder entre los países que por la aplicación de reglas compartidas.

En ese escenario, Malamud destacó la importancia de contar con mecanismos imparciales para resolver controversias. “La diplomacia es el second best. Si no podés conseguir lo mejor, que es un juez, conseguí lo segundo mejor, que es acordar entre las partes”, señaló.

El conflicto en Medio Oriente fue uno de los ejemplos utilizados para explicar las consecuencias de la falta de coordinación internacional. Malamud señaló que Estados Unidos intentó durante años evitar quedar atrapado en guerras prolongadas, pero volvió a involucrarse en un enfrentamiento con Irán.

En su análisis, advirtió sobre las dificultades de Washington para coordinar sus decisiones con Europa, las Naciones Unidas y los países árabes, en un escenario atravesado por intereses contrapuestos y alianzas cambiantes.

También puso el foco en la identidad persa de Irán y en las relaciones que el país construyó en la región. Desde esa perspectiva, advirtió que las grandes potencias pueden asumir elevados costos políticos, económicos y militares sin conseguir los resultados que buscan.

“En el G-Zero perdemos todos”, resumió.

Sin embargo, el especialista marcó una diferencia entre la seguridad internacional y la economía. Mientras los conflictos y las disputas entre potencias condicionan cada vez más las decisiones políticas, las relaciones comerciales mantienen su dinámica de interconexión.

La demanda de alimentos, además, continúa vinculada a factores estructurales, entre ellos el crecimiento y los cambios demográficos.

“La economía nos sigue interconectando aunque la política nos separe”, afirmó. Para la agroindustria, esta dinámica plantea una oportunidad: aun cuando aumentan las tensiones geopolíticas y aparecen nuevas barreras, las cadenas de valor internacionales siguen funcionando y sostienen la demanda de materias primas y alimentos.

Al trasladar su análisis a la Argentina, Malamud se refirió a la situación fiscal del país en un contexto internacional en el que numerosas economías desarrolladas mantienen elevados niveles de déficit.

“Por una vez estamos haciendo lo contrario que el resto, no tenemos reputación para gastar, así que no nos queda más remedio que equilibrar”, expresó, en referencia al esfuerzo argentino por sostener el equilibrio de las cuentas públicas.

Pero su planteo incluyó otro factor que consideró estratégico para el futuro de la agroindustria: la distancia geográfica respecto de los principales focos de conflicto internacional.

“Lo que siempre nos perjudicó hoy nos beneficia, que es la distancia. La distancia era cara y hoy la distancia es segura”, afirmó.

La idea apunta a una transformación en la valoración de la ubicación geográfica. Si durante décadas la lejanía de los principales mercados representó un costo logístico para la producción argentina, en un escenario de creciente inestabilidad internacional también puede ofrecer una ventaja relativa por la distancia respecto de determinadas zonas de conflicto.

Para el sector agroindustrial, esta condición puede adquirir relevancia en un comercio internacional cada vez más influido por cuestiones de seguridad, abastecimiento y estabilidad de las cadenas de suministro.

El desafío para la Argentina no consiste únicamente en aumentar la producción, sino también en aprovechar sus recursos, desarrollar valor agregado y fortalecer su capacidad de abastecer mercados internacionales.

En un mundo con reglas más débiles y alianzas cambiantes, la capacidad de producir y exportar alimentos desde una región relativamente alejada de los principales conflictos puede convertirse en un diferencial estratégico. Ese fue uno de los ejes centrales del análisis de Malamud en FARO 2026.

La localidad de Campo García ya tiene fecha para una de sus celebraciones más tradicionales. La Agrupación “San José” confirmó que el 3º Encuentro de Carreros se realizará el sábado 10 de octubre, con una jornada dedicada a homenajear a quienes desarrollaron esta actividad y forman parte de la historia de la región.

La propuesta mantendrá el espíritu de las ediciones anteriores, combinando homenajes, desfile, encuentro comunitario y música.

Uno de los momentos centrales de la jornada será el homenaje a los carreros fallecidos, como reconocimiento a quienes dejaron su huella en la actividad y en la comunidad.

Luego se realizará el tradicional desfile de carreros por las calles de la ciudad, que tendrá como punto de encuentro también un pequeño acto frente al edificio municipal.

La celebración continuará por la noche con un baile popular en el Salón Esperanza.

Como ocurrió en las ediciones anteriores, la jornada tendrá además un fin solidario.

La Cooperadora de la Escuela El Redentor colaborará con la organización y tendrá a su cargo el servicio de cantina y comidas rápidas durante el baile.

Desde la Agrupación “San José” destacaron que se mantendrá también una entrada accesible, con el objetivo de que la propuesta pueda ser disfrutada por la comunidad y quienes se acerquen desde otras localidades.

La organización se encuentra por estos días terminando de definir la cartelera de artistas que acompañará el encuentro.

Los nombres de los músicos y espectáculos serán anunciados próximamente, una vez que quede confirmada la programación completa.

La iniciativa fue abordada durante una reunión de trabajo realizada en el Centro de Interpretación del Túnel Subfluvial “Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis”, encabezada por los directores del organismo, Aníbal Vergara, por Entre Ríos, y Sebastián Barbona, por Santa Fe.

Del encuentro participaron además el subsecretario de Transporte y Logística santafesino, Jorge Henn; el gerente general de Renault Argentina, Martín Miguel Morales; y representantes de empresas vinculadas al sector del transporte y la industria automotriz.

La jornada se desarrolló bajo modalidad híbrida, con participación presencial y virtual, y tuvo como objetivo definir los principales aspectos técnicos y de infraestructura que deberán analizarse antes de concretar las pruebas.

Los bitrenes son unidades de transporte de gran porte que pueden alcanzar hasta 30 metros de longitud y transportar cargas de hasta 74 toneladas. Debido a sus características, el ensayo requerirá condiciones especiales de seguridad y operación.

Según se informó, durante la prueba se prevé incorporar un tractor adicional y equipamiento complementario que permita responder ante una eventual detención del vehículo dentro del túnel. Además, el operativo se realizará en horario nocturno para evitar interferencias con el tránsito habitual de una de las principales conexiones viales del corredor bioceánico.

Desde el Ente Interprovincial destacaron que la evaluación busca determinar si la infraestructura actual puede adaptarse a las exigencias que implica la circulación de este tipo de unidades, utilizadas cada vez con mayor frecuencia para optimizar costos logísticos y mejorar la eficiencia del transporte de cargas.

La iniciativa está vinculada al desarrollo de los clústeres automotrices de Córdoba y Santa Fe, donde operan terminales, empresas autopartistas y proveedores estratégicos. En particular, la provincia de Santa Fe impulsa una estrategia productiva basada en 49 cadenas de valor, entre las cuales el complejo automotriz-autopartista ocupa un lugar destacado.

De concretarse la habilitación, el tránsito de bitrenes por el Túnel Subfluvial podría representar una mejora significativa para la logística regional, fortaleciendo la integración productiva entre las provincias del centro del país y contribuyendo a una mayor competitividad del sector industrial.

La Dirección General de Prevención y Seguridad Vial informó la entrada en vigencia del Decreto Nº 835/2026-E-GER-GOB, mediante el cual se incorporan nuevas disposiciones para la emisión de licencias profesionales interjurisdiccionales de las clases C, D y E en la provincia de Entre Ríos.

Entre los principales cambios, se establece como requisito obligatorio y excluyente para tramitar la Licencia Profesional Clase D, en todas sus subclases, no figurar en el Registro de Deudores Alimentarios de la provincia. La medida se enmarca en la adhesión a las exigencias fijadas por el Decreto 196/2025.

Desde el organismo provincial señalaron que la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial será la autoridad encargada de solicitar, recepcionar y evaluar la información necesaria para validar la aptitud de cada solicitante.

Asimismo, explicaron que los trámites vinculados a la categoría D4 asociada a clases particulares A o B no impactan automáticamente en el Sistema de Infracciones y Antecedentes Federales (SIAF), situación que impide realizar el control digital habitual. Debido a ello, y de manera transitoria, los Centros Emisores de Licencias deberán requerir a cada postulante el Certificado de Libre Inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

El certificado es gratuito y puede gestionarse de manera online a través del portal oficial del Gobierno de Entre Ríos: Portal de Formularios del Gobierno de Entre Ríos.

Desde la Provincia recordaron que para completar el trámite es necesario contar con un correo electrónico válido. Además, el plazo de emisión del certificado es de hasta 48 horas y su validez se extiende por 60 días.

Finalmente, indicaron que una vez presentada toda la documentación correspondiente, el Centro Emisor validará la aptitud del solicitante para continuar con el trámite de la licencia profesional.

A través de un comunicado conjunto, instituciones como la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Bolsa de Comercio de Rosario y la Bolsa de Cereales de Entre Ríos —entre otras— advirtieron que los conflictos generan serias complicaciones en la logística y en el normal funcionamiento de la actividad agroindustrial.

Según señalaron, en los últimos días se registraron protestas y manifestaciones en puntos clave de las principales zonas productivas y en accesos a puertos, lo que derivó en demoras en la circulación de camiones, interrupciones en el flujo de mercaderías y dificultades en la operatoria comercial y de exportación.

Las entidades destacaron que la situación se produce en un momento clave del año para el sector agroindustrial, lo que agrava su impacto tanto en los mercados como en el conjunto de la economía nacional. En ese sentido, alertaron sobre las consecuencias que puede tener la falta de normalidad en el transporte sobre el cumplimiento de contratos, la cadena de suministros y el ingreso de divisas.

Frente a este escenario, las Bolsas instaron a las partes involucradas —transportistas, productores y autoridades— a retomar y sostener instancias de diálogo que permitan resolver el conflicto en el corto plazo.

Asimismo, remarcaron la necesidad de restablecer condiciones que garanticen la libre circulación de cargas, al considerarla un principio esencial para el desarrollo de la actividad económica y el correcto funcionamiento de los mercados.

El pronunciamiento lleva la firma de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, la Bolsa de Cereales de Córdoba y la Bolsa de Comercio de Santa Fe, entre otras instituciones representativas del sector.

El documento refleja la creciente preocupación del entramado agroindustrial frente a un conflicto que amenaza con profundizarse y afectar uno de los principales motores de la economía argentina.

El Gobierno nacional tomó distancia del conflicto que mantienen transportistas de carga en distintas regiones del país, quienes reclaman una actualización en las tarifas de referencia ante el aumento de costos. Desde la Secretaría de Transporte de la Nación Argentina, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación Argentina, aseguraron que los acuerdos deben establecerse exclusivamente entre productores y prestadores del servicio, sin intervención estatal.

La postura oficial se fundamenta en la eliminación de la denominada “Mesa de Negociación”, un ámbito que anteriormente reunía a representantes del sector para acordar tarifas. Según explicaron desde el organismo, la decisión respondió a una demanda de los propios actores, que consideraban ese espacio “poco funcional” y una instancia que complejizaba el sistema.

De acuerdo con el comunicado difundido —al que accedió la Noticias Argentinas—, la disolución de la mesa permitió avanzar hacia un esquema de libre negociación entre transportistas y productores de cereales, oleaginosas y sus derivados. En ese sentido, remarcaron que la medida, vigente desde 2025, apunta a consolidar principios de libertad económica y desburocratización.

Asimismo, la Secretaría sostuvo que el mecanismo anterior no lograba reflejar las distintas realidades regionales ni responder adecuadamente a las demandas del sector. Como consecuencia, el Estado nacional dejó de intervenir en la fijación de tarifas y se desligó de cualquier responsabilidad en los acuerdos que puedan alcanzarse entre las partes.

Sin embargo, la decisión se da en un contexto de creciente conflictividad. En las últimas horas, agrupaciones de transportistas intensificaron protestas en rutas de la provincia de Buenos Aires y otros puntos del país, en reclamo de una recomposición tarifaria que oscile entre el 30% y el 35%.

El principal argumento del sector radica en el incremento de costos, especialmente del combustible, que —según señalaron— aumentó más de un 20% desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, impactando de lleno en la rentabilidad de la actividad.

Ante este escenario, los transportistas exigieron la conformación de una mesa de diálogo con el Gobierno nacional. Advirtieron que, de no obtener una respuesta en un plazo de 48 horas, podrían avanzar con un paro a nivel nacional, una medida que pondría en riesgo la circulación de granos en las principales zonas productivas de la Argentina.

Concepción del Uruguay – La Municipalidad informó oficialmente el inicio del proceso de licitación pública destinado a otorgar la concesión del servicio de transporte urbano de pasajeros, en el marco de las facultades que posee el Departamento Ejecutivo Municipal para brindar concesiones y subsidios en esta materia.

La medida fue impulsada por la Secretaría de Gobierno, que planteó la necesidad de garantizar la continuidad y mejora del servicio mediante un nuevo llamado a licitación, con el objetivo de optimizar la prestación para los usuarios del sistema de transporte público de la ciudad.

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto N.º 29.113, las empresas interesadas podrán adquirir el pliego de bases y condiciones en la Tesorería Municipal hasta las 10 horas del 9 de diciembre.

Las ofertas presentadas serán abiertas públicamente el día siguiente, también a las 10 horas, en un acto formal que contará con la participación de representantes municipales y oferentes, garantizando la transparencia y publicidad del proceso.

El actual esquema del transporte urbano en Concepción del Uruguay cuenta con una trayectoria de más de una década.

Mediante el Decreto Municipal N.º 22.126, fechado el 3 de agosto de 2009, el Municipio adjudicó la concesión del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros a la empresa “Buses del Uruguay”, por un plazo inicial de diez (10) años, con opción de prórroga por cinco (5) años adicionales.

Posteriormente, a través del Decreto Municipal N.º 28.193, del 2 de agosto de 2023, se autorizó la ampliación de la concesión a favor de las firmas “Bajo Uruguay S.R.L.” y “Uruguay Buses S.R.L.”, extendiendo el período de prestación por dos años adicionales, contados desde el 1° de octubre de 2023.

Cumplido ese período, la Secretaría de Gobierno, junto con las áreas técnicas y jurídicas del Municipio, elaboró el nuevo Pliego de Bases y Condiciones que regirá la próxima adjudicación.

El documento contempla requisitos técnicos, económicos y de seguridad, con especial atención a la renovación y accesibilidad de la flota, la incorporación de medidas de seguridad y el cumplimiento de normativas ambientales vigentes.

Asimismo, busca promover la competitividad entre oferentes y asegurar la calidad del servicio para los vecinos, en un marco de transparencia administrativa y control ciudadano.

El Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB) puso en marcha un sistema digital de consulta pública que permitirá verificar de forma rápida y precisa las habilitaciones de las Unidades de Transporte de Alimentos (UTA) registradas en la provincia.

La nueva herramienta, accesible desde cualquier dispositivo móvil o a través del portal web del ICAB, permite buscar información ingresando el dominio del vehículo o el número de registro. Además, los certificados de habilitación ahora incluyen un código QR, lo que agiliza los controles en rutas y ciudades.

El sistema está orientado tanto a los organismos de control como a los titulares de las unidades y al público en general, con el objetivo de garantizar el acceso a la información, reforzar la transparencia y optimizar la fiscalización.

Según explicaron desde el ICAB, la iniciativa se enmarca en el Programa de Control de UTA, que se desarrolla junto a referentes bromatológicos de municipios y comunas, y responde a un acuerdo de la Región Centro que busca que cada jurisdicción cuente con registros públicos y accesibles.

Las UTA deben cumplir con las exigencias establecidas en el Código Alimentario Argentino (CAA), artículo 154 bis, mantener las condiciones sanitarias adecuadas y contar con la habilitación vigente para garantizar la inocuidad de los alimentos que transportan.

La gestión del registro y la consulta de requisitos pueden realizarse íntegramente de forma online a través del sitio oficial del ICAB.

A través de un trabajo articulado entre el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, el Gobierno nacional actualizó la Ley de Tránsito, una normativa con casi 30 años de antigüedad. Las medidas fueron oficializadas hoy mediante el Decreto 196/2025, publicado en el Boletín Oficial.

El principal objetivo de esta modernización es agilizar trámites administrativos y reducir costos tanto para conductores particulares como profesionales. Entre los cambios más relevantes se encuentran la digitalización de la licencia de conducir, la eliminación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) y la implementación de peajes sin barreras en las rutas nacionales.

Uno de los cambios más destacados es la incorporación de la licencia nacional de conducir en formato digital, con validez en todo el país. La renovación será más ágil, ya que los conductores deberán presentar un certificado de aptitud psicofísica de manera online. Los plazos de renovación serán de cinco años para menores de 65 años, tres años para mayores de 65 y anualmente a partir de los 70 años.

En caso de que el conductor tenga antecedentes por infracciones graves, deberá aprobar un examen teórico y práctico para revalidar su licencia. Asimismo, los conductores principiantes seguirán utilizando el cartel identificatorio de su condición durante los primeros seis meses y, si cometen faltas graves en los primeros dos años, la licencia será suspendida.

Los cursos teórico-prácticos y los exámenes de aptitud psicofísica podrán realizarse en forma descentralizada por prestadores públicos y privados, con estándares regulados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Además, la digitalización permitirá que los certificados sean presentados en línea.

Otro aspecto clave de la reforma es la eliminación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI). A partir de ahora, las licencias nacionales de conducir de las categorías C, D y E (profesionales) serán válidas para el transporte interjurisdiccional de cargas y pasajeros, siempre que sean emitidas por jurisdicciones autorizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Se modificaron los plazos para la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Los vehículos 0 km de uso particular ahora deberán realizar su primera revisión técnica a los cinco años de la fecha de patentamiento, mientras que los de uso no particular deberán someterse a la inspección en un plazo máximo de un año. Para los vehículos usados de hasta 10 años de antigüedad, la VTV tendrá una vigencia de dos años, y para aquellos con más de 10 años, la revisión será anual.

El decreto establece que todas las rutas nacionales deberán implementar el sistema de peajes sin barreras, conocido como "free flow", antes de junio de 2027. La Dirección Nacional de Vialidad deberá desarrollar un cronograma de implementación para garantizar una transición eficiente hacia este modelo que busca agilizar el tránsito y reducir demoras.

Por primera vez, la Ley de Tránsito incorpora el concepto de "vehículo autónomo", estableciendo los requisitos técnicos y de seguridad según su nivel de automatización.

En cuanto a los trailers y casas rodantes categoría O1 (con peso de hasta 750 kilos), podrán ser trasladados por cualquier vehículo, eliminando la necesidad de tramitar un Certificado de Seguridad Vehicular (CSV) por cada unidad. Ahora bastará con un solo CSV, lo que permitirá reducir costos y trámites burocráticos para los usuarios.

En el marco de la desburocratización de trámites y la desregulación del transporte automotor, el Gobierno Nacional ha decidido que las jurisdicciones adheridas al Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC) tendrán la facultad de otorgar la Licencia Nacional de Conducir para los conductores de transporte profesional de carga y pasajeros. Esta medida implica la eliminación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI), un cambio significativo en la normativa vigente.

Los conductores que actualmente poseen licencias emitidas bajo legislación municipal o provincial junto con la LiNTI podrán canjearlas por una única Licencia Nacional de Conducir en las categorías C, D o E. Este trámite deberá realizarse en cualquier Centro Emisor de Licencias de Conducir antes de la entrada en vigencia de las modificaciones, establecida dentro de 60 días. Solo aquellos conductores con estas licencias estarán habilitados para realizar transporte interjurisdiccional.

Uno de los cambios más importantes es la ampliación del período de validez de la licencia profesional. A partir de ahora, los conductores de entre 21 y 65 años tendrán una licencia con vigencia de 5 años. Para los mayores de 65 años, el período se reducirá a 2 años, mientras que los conductores mayores de 70 deberán renovarla anualmente. Anteriormente, la validez máxima era de solo 2 años.

Los nuevos requisitos para obtener la licencia profesional establecen que los conductores deberán tener al menos 21 años y contar con un año de antigüedad en la categoría B (automóviles). El trámite podrá realizarse en cualquier jurisdicción adherida al sistema nacional.

Además, será obligatorio realizar un examen psicofísico y un curso teórico-práctico de un mínimo de 20 horas, según la categoría y el tipo de vehículo correspondiente, seguido de una evaluación final. Previamente, el requisito de capacitación era de 16 horas. Al obtener la licencia, inicialmente se otorgará con la categoría de aprendiz.

Para la renovación, también se requerirá un examen psicofísico y un curso de actualización en la clase y subclase respectiva, con una carga mínima de 20 horas. Este requisito representa un incremento significativo en comparación con la normativa anterior, que establecía solo 3 horas de formación.

El proceso de solicitud y renovación de la licencia profesional comenzará de manera remota, con la carga de datos y documentación, y finalizará de forma presencial en los prestadores de formación y médicos habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Estos prestadores deberán estar registrados en un sistema único, gratuito y digital.

Las instituciones formativas y médicas encargadas de las capacitaciones y evaluaciones psicofísicas de los conductores deberán cumplir con los requisitos y obligaciones establecidos por la ANSV. Aquellos prestadores que previamente operaban bajo el Sistema LiNTI tendrán un plazo de 90 días para adaptarse a la nueva normativa.

Otro cambio relevante es que el Estado ya no regulará los valores de las tarifas para estos servicios, a diferencia del esquema anterior.

Este martes, los ex legisladores Héctor Maya y Flavia Maidana presentaron un proyecto denominado "Panamá Seco Entrerriano", cuyo objetivo principal es mejorar la infraestructura vial en la provincia de Entre Ríos. La iniciativa busca regular el tránsito internacional y destinar recursos a la reparación de las rutas provinciales, además de generar puestos de trabajo genuinos.

En simultáneo con la presentación del proyecto, Maya y Maidana elevaron una nota al gobernador Rogelio Frigerio solicitando su aprobación urgente. Asimismo, la iniciativa fue ingresada en la Mesa de Entrada de la Legislatura provincial para ser analizada por todos los ediles, sin distinción partidaria.

Al referirse a la propuesta, Héctor Maya destacó: "Este proyecto tiene el potencial de generar una recaudación millonaria para la provincia, sin que los entrerrianos deban destinar un solo peso. Además, tendrá un impacto directo en las familias, ya que creará cientos de puestos de trabajo, tanto en la implementación de la recaudación como en los trabajos de reparación, construcción y mantenimiento de rutas en toda la provincia".

En la misma línea, agregó: "Estamos cansados de escuchar que nuestros jóvenes se van en busca de oportunidades. A esas familias, a esas madres, debemos darles una propuesta concreta. Aquí está la primera. Seguiremos trabajando para lograr más".

Por su parte, Flavia Maidana subrayó: "Este proyecto es el resultado de varios meses de trabajo, en colaboración con distintos sectores, gremios, cámaras empresariales e instituciones intermedias. Es una propuesta que replantea qué tipo de oposición debemos ofrecer a la sociedad. Y nuestra respuesta es clara: queremos ser una oposición propositiva, que priorice el sentir entrerriano y que aporte soluciones concretas para el trabajo y el desarrollo de nuestra provincia".

El proyecto fue elaborado en conjunto con sindicatos, destacándose la participación de UPCN y de referentes de distintas regiones, como Facundo Ruiz Díaz de Concordia. También se llevaron a cabo reuniones con los intendentes de Colón, San José, Victoria, Nogoyá, Tala y Gualeguay, localidades afectadas por el tránsito internacional.

"Este proyecto ya no es de Maidana y Maya, sino de cada entrerriano que quiere un mejor futuro para la provincia", afirmó Héctor Maya. "Seguiremos dialogando y manteniendo reuniones con quienes se quieran sumar para mejorar este proyecto y pensar otros".

La iniciativa propone la creación de un nuevo tributo, denominado "Pasaporte" o "Canon", cuyo objetivo exclusivo será financiar el mantenimiento y conservación de las rutas provinciales de Entre Ríos.

Este tributo se aplicará a los camiones que transiten por rutas provinciales y no estén radicados en la provincia ni tengan residencia habitual en ella.

La implementación de este nuevo tributo representa una oportunidad estratégica para asegurar la sostenibilidad de la infraestructura vial provincial, generando ingresos de manera equitativa y ajustada a las necesidades del sistema vial entrerriano, en un contexto donde los recursos para este tipo de proyectos son limitados.

Con este enfoque, el proyecto "Panamá Seco Entrerriano" busca no solo mejorar la infraestructura provincial, sino también promover el desarrollo económico y generar empleo en toda la región.

Desde su implementación en noviembre, el Documento Único de Tránsito (DUT) ha emitido más de 20.000 guías de traslado de hacienda en Entre Ríos. Esta herramienta, desarrollada por el Ministerio de Desarrollo Económico bajo el liderazgo del gobernador Rogelio Frigerio, responde a una demanda histórica del sector ganadero, unificando y digitalizando los procesos de traslado de animales.

El DUT permite a los productores ganaderos emitir guías de manera autogestionada y completamente digital, reduciendo tiempos y costos. Además, desde hace poco, se incorporó la posibilidad de abonar mediante débito automático, optimizando aún más la experiencia del usuario.

El director de Producción Animal, Martín Sieber, destacó:"Trabajamos junto a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) para incorporar esta nueva modalidad de pago, lo que mejora significativamente la calidad del servicio, que ha sido ampliamente aceptado por los productores."

Los productores pueden emitir el DUT siguiendo estos pasos:

Acceso al sistema:

Completar el Documento de Tránsito Electrónico (DTE):

Emitir la Guía Provincial en ATER:

Descargar e imprimir:

El DUT incluye tres elementos principales:

Ante dudas o inconvenientes, los productores pueden comunicarse con el servicio de Atención al Contribuyente de ATER al 0810 888 2837, disponible de lunes a viernes de 8 a 13 horas.

Con motivo de los 60 años desde el primer cruce de un camión por el Puente Internacional Getúlio Vargas - Agustín P. Justo, un evento especial unió a las comunidades de Paso de los Libres (Argentina) y Uruguaiana (Brasil). Organizado por la Asociación Brasileña de Transporte Internacional (ABTI) y la Cámara Libreña de Empresarios del Transporte Automotor de Cargas y Afines (CALIBRE), y con el respaldo de los municipios de ambas ciudades, la jornada rindió homenaje a la historia y la relevancia del transporte internacional de cargas en la región.

La jornada comenzó en la antigua estación ferroviaria de Uruguaiana, desde donde partió una caravana de camiones históricos que recrearon aquel primer cruce de 1964. Vehículos emblemáticos de empresas argentinas y brasileñas recorrieron el puente, evocando los inicios de una actividad que hoy es clave para la integración económica y social entre ambos países.

El evento culminó frente a la Municipalidad de Paso de los Libres, en un ambiente festivo que destacó la cooperación entre las comunidades fronterizas.

Delia Flores, presidenta de CALIBRE, expresó la emoción de rememorar este hito:

“Fue muy emotivo porque se congregó toda la familia de empresas de transporte. Este evento no solo nos permitió recordar un momento histórico, sino también poner en valor la relevancia del sector camionero en nuestra región.”

Flores resaltó que el transporte internacional de carga es fundamental para el desarrollo económico de la frontera:

“Todo gira alrededor del transporte: las cargas, el estibaje, los depósitos, el comercio exterior y todos los servicios anexos. Este sector es el motor económico de Paso de los Libres y Uruguaiana.”

Asimismo, destacó el acompañamiento de los intendentes de ambas ciudades, clave para el éxito del evento:

“Contamos con el apoyo de ambos intendentes, lo que demuestra el compromiso con una actividad que es el corazón de nuestra economía.”

El Puente Internacional Getúlio Vargas - Agustín P. Justo, inaugurado en 1947, no solo conecta físicamente a Argentina y Brasil, sino que representa la cooperación binacional. Este evento homenajeó no solo los avances tecnológicos y logísticos del sector transportista, sino también la importancia del puente como un lazo de unión entre las comunidades.

La participación de camiones históricos junto a flotas modernas simbolizó el vínculo entre pasado y presente, reafirmando la relevancia del transporte internacional como motor del desarrollo social y económico en esta región estratégica.

Este aniversario no solo evocó recuerdos, sino que reforzó la visión de un futuro basado en la integración y el crecimiento conjunto, donde el transporte internacional sigue siendo una actividad clave para ambas naciones.

A lo largo de los últimos meses, la situación de los transportistas que transitan por la Ruta Nacional 14 se ha vuelto insostenible. El deterioro del pavimento no solo genera demoras, sino que también provoca daños en los camiones, afectando directamente al sector logístico. Frente a este escenario, la Cámara de Transportistas de Paso de los Libres (CALIBRE) decidió elevar un reclamo formal a la Dirección Nacional de Vialidad, exigiendo la suspensión del cobro del peaje de Piedritas, dado el "desastroso estado" de la ruta.

En respuesta a este reclamo, Vialidad Nacional envió una nota firmada por Martín Nahuel Zangirolami, subgerente de Comunicación y Política del organismo, negando la solicitud de CALIBRE y sorprendiendo a los transportistas con sus argumentos.

"Nos sorprendió muchísimo la respuesta, especialmente porque deja claro que la concesión no incluye el mantenimiento del asfalto", comentó Delia Flores, presidenta de CALIBRE. "A pesar de que la concesionaria sigue renovando su contrato, no se hacen las reparaciones necesarias en la ruta", añadió con evidente desconcierto.

El documento emitido por Vialidad Nacional detalló que las áreas técnicas competentes ya habían intervenido en el reclamo, aclarando que el tramo de la Autovía 14, junto con otros sectores, no está bajo la responsabilidad del concesionario Caminos del Río Uruguay SA. Además, indicaron que las evaluaciones anuales de los pavimentos son parte de los controles de rutina. Sin embargo, esto no fue suficiente para CALIBRE agrégale y para los transportistas que circulan por la ruta del Mercosur. "Nos están diciendo que se realizan controles, pero los transportistas seguimos enfrentando baches y roturas diarias. No se refleja en mejoras reales", expresó Flores.

La situación ha generado frustración entre los miembros de CALIBRE, quienes, pese a pagar el peaje, no ven ninguna contraprestación en términos de infraestructura. "El transporte de carga no recibe ninguna mejora tangible. Lo que necesitamos es un pavimento en condiciones, no solo servicios como auxilio mecánico o señalización", remarcó Flores. Para ella, los servicios mencionados por Vialidad son importantes, pero no atacan el problema central: la falta de mantenimiento del pavimento.

En cuanto a una posible solución, Vialidad informó que ya se están preparando los pliegos técnicos para una nueva licitación pública, que incluiría la repavimentación de sectores críticos de la ruta y la ampliación de la calzada en ciertos tramos. Sin embargo, este proceso todavía está en etapa preliminar. "No podemos esperar a que se lance una nueva licitación. La urgencia es ahora", enfatizó Flores, dejando en claro que la situación requiere una solución inmediata y no solo promesas a futuro.

CALIBRE anunció que en los próximos días evaluará los pasos a seguir frente a la respuesta oficial. "Seguiremos luchando para que se escuchen nuestras voces. No se trata solo de un peaje, se trata de garantizar rutas en condiciones que no pongan en riesgo nuestro trabajo ni nuestras vidas", concluyó Flores, reafirmando su compromiso con los transportistas y la mejora de la infraestructura vial del país.

El secretario de Transporte, Juan Diego Elsesser, acompañó al presidente de la Cámara Empresaria del Transporte de Cargas de Entre Ríos (Cetacer), Ricardo Wagner, en el encuentro que se desarrolló este jueves en Casa de Gobierno con el gobernador Rogelio Frigerio.

Elsesser señaló que se plantearon "inquietudes para trabajar en conjunto, a fin de darle solución a diferentes temáticas". En ese marco, informó que el cronograma planteado a futuro para darle continuidad a las mismas incluye reuniones con equipos de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Vialidad provincial, y la Secretaría de Industria, Comercio y Minería.

A su vez, Wagner valoró el recibimiento por parte del funcionario y el gobernador "para comenzar a darle solución a inquietudes que tiene la cámara. También hablamos de la situación a nivel nacional, de las rutas, y quedamos en seguir conectados para ver temas a futuro".

También fueron parte del encuentro representantes de la cámara provenientes de Gualeguaychú, Chajarí y Paraná, así como de la Cámara de Empresarios de Autotransporte de Cargas (Ceac) a nivel nacional.

La campaña de maíz 2023/24 en Argentina con casi 8,9 millones de hectáreas sembradas, se convierte en un récord histórico para el país. Este logro se ha impulsado gracias a la tecnología de relevamiento satelital, que permitió identificar 280.000 hectáreas adicionales en la región núcleo. Sin embargo, este aumento en el área sembrada no ha sido suficiente para contrarrestar los efectos devastadores de un diminuto pero poderoso enemigo: la chicharrita, un insecto transmisor del Spiroplasma.

Los datos provienen de un reciente informe de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Según Cristian Russo, jefe de la GEA, la situación es crítica. A pesar de sumar 300.000 hectáreas más en comparación con la temporada anterior, el maíz enfrenta una disminución estimada de 3 millones de toneladas en su producción. Russo lamenta que, de no ser por el área adicional encontrada, la pérdida habría sido aún mayor, alcanzando casi los 5 millones de toneladas.

El impacto más severo se ha sentido en la provincia de Córdoba, el epicentro de la producción de maíz en Argentina. Se estima una reducción de 2,76 millones de toneladas en su producción, lo que representa una caída del rendimiento provincial de 11,4 quintales por hectárea en comparación con el mes anterior. Se esperaba que Córdoba superara los 21 millones de toneladas de producción si no hubiera sido por el brote de chicharrita.

El informe de GEA también señala recortes significativos en otras provincias del norte argentino, como Santiago del Estero y Chaco, donde se han registrado pérdidas masivas de áreas que no serán cosechadas para grano comercial, con rendimientos entre 10 y 40 quintales por hectárea. Russo describe la situación como "un desastre impresionante".

A nivel nacional, con un 25% de la cosecha completada, se observa un atraso del 7% en comparación con el año anterior, lo que complica aún más el panorama para los productores locales. A pesar del aumento en el área sembrada, un total de 1,42 millones de hectáreas no entrarán en el circuito comercial, lo que impacta directamente en la estimación de producción total, situada en 47,5 millones de toneladas. Aunque este número representa un aumento del 32% en comparación con el ciclo anterior, está muy por debajo de los niveles esperados.

Mientras tanto, otros cultivos como el trigo y la soja enfrentan sus propios desafíos. El trigo anticipa una mejora en las condiciones de siembra para el ciclo 2024/25, aunque la decisión final de los productores aún no está clara debido a los costos crecientes y la preocupación por completar la cosecha actual. Por otro lado, la soja muestra un avance en la cosecha del 44%, pero se encuentra retrasada en un 30% respecto a una campaña "normal".

El Índice de Costos de Transporte (ICT), elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Faadeeac) y auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), es una herramienta crucial para comprender la dinámica económica del sector. Este índice, que mide 11 rubros directamente relacionados con la actividad del transporte de carga en todo el país, sirve como referencia fundamental para la fijación y ajuste de tarifas.

Según el registro de marzo, el ICT marcó un aumento significativo del 6,41%, lo que refleja un incremento trimestral del 38,7%. Este aumento se produce en un contexto preocupante: mientras los costos aumentan, la productividad del sector ha experimentado un descenso del 40%. Este panorama revela los desafíos continuos que enfrenta el sector del autotransporte de cargas en Argentina.

El análisis anual del Índice FADEEAC revela un aumento acumulado del 302% en los últimos doce meses, lo que subraya la presión constante sobre los operadores del transporte de carga.

En marzo, siete de los rubros medidos mostraron aumentos significativos, incluyendo Personal, Gastos Generales, Combustibles, Reparaciones, Peajes, Lubricantes y Seguros. Solo dos rubros, lubricantes y patentes y tasas, no sufrieron cambios respecto al mes anterior. En contraste, tres rubros experimentaron disminuciones, como material rodante, costo financiero y neumáticos.

Entre los rubros que más inciden en los costos operativos del sector se encuentran Personal y Combustibles. El rubro de Personal refleja el impacto del Acuerdo Paritario con la Federación de Camioneros, que aún no ha sido homologado por la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Además, se destaca un aumento significativo en los Combustibles, con un incremento del 7,31% tanto en el segmento minorista como mayorista del gasoil. Este aumento se suma a los incrementos significativos registrados en diciembre (63,3%) y enero (22,6%), lo que arroja un aumento acumulado del gasoil en el primer trimestre de 2024 cercano al 40%.

"Es crucial reconocer la caída de la actividad en el sector, actualmente estimada en un 40%", enfatiza Roberto Guarnieri, Presidente de Fadeeac. "Esta recesión intensifica aún más la crisis que ya sufre el autotransporte de cargas, un sector clave que impulsa más del 90% de la economía argentina".

En este contexto, resulta evidente la urgencia de implementar medidas que aborden tanto el incremento de los costos como la caída en la actividad económica del sector del autotransporte de cargas en Argentina.

El sector agrícola de Entre Ríos enfrenta desafíos cada vez más significativos debido a los costos de comercialización, particularmente el costo del flete, que ejerce un impacto directo sobre el ingreso bruto del productor. Un reciente análisis de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, revela la magnitud de este impacto y sus implicaciones para los agricultores de la región.

El costo del flete, crucial para el transporte de los productos agrícolas desde las zonas productivas hasta los centros de distribución y exportación, se descuenta de manera proporcional sobre el precio por tonelada cosechada. Esto significa que representa un porcentaje del ingreso bruto del productor, lo que genera un mayor impacto a medida que la distancia de transporte se incrementa.

Un estudio detallado comparó las tarifas de fletes entre dos fechas clave, 10 de enero de 2023 y 7 de febrero de 2024, considerando diferentes distancias de transporte. Se destacan cuatro zonas productivas en Entre Ríos: zona Oeste (Diamante, Nogoyá, Paraná y Victoria), zona Sur (Gualeguay, Gualeguaychú, Tala y Uruguay), zona Norte (Federal, Feliciano, La Paz y Villaguay) y zona Este (Colón, Concordia, Federación y San Salvador), cada una con sus propias características y necesidades logísticas.

Los resultados son reveladores. La tarifa de flete en pesos experimentó un aumento alarmante del 294%, mientras que en dólares se observó una disminución del 13%. Este fenómeno se contextualiza en un escenario de aumento del precio del gasoil del 366% en pesos y del 3% en dólares en el mismo período.

Además, se comparó la variable de flete con el precio pizarra de los principales granos (soja, maíz y trigo) en Rosario, determinando los kilogramos de cereal u oleaginosa necesarios para cubrir el costo del flete de una tonelada y su variación entre las dos fechas. Sorprendentemente, se observó un aumento del 13% en la cantidad de kilogramos necesarios para transportar una tonelada de soja, y del 20% tanto para el maíz como para el trigo.

Es importante resaltar que el costo del flete no varía en función del tipo de grano transportado, sino que se aplica una tarifa fija por tonelada transportada por kilómetro. Por lo tanto, a menor cotización del grano a transportar, mayor será el impacto en el ingreso del productor. En este sentido, el maíz es el más perjudicado en el actual escenario, dada su depreciación donde los tres granos marcaron importantes bajas en el precio pizarra Rosario: la soja cayó un 23%, el maíz 28% y 27% el trigo

Este análisis pone de relieve la urgencia de abordar la problemática de los costos de comercialización en la agricultura de Entre Ríos. La situación actual compromete la rentabilidad de los productores y pone en riesgo la sostenibilidad del sector a largo plazo. Es crucial que las autoridades y los actores relevantes trabajen en conjunto para encontrar soluciones que alivien esta presión sobre los agricultores y promuevan un desarrollo agrícola equitativo y sostenible en la región.

Este fin de semana largo habrá restricción de camiones de más de 3.500 kilos en rutas nacionales y en los principales accesos del AMBA. La restricción será a partir de hoy viernes 9 de 18 a 20:59 horas, el sábado 10 de 7 a 9:59 horas y el martes 13 de 18 a 20:59 horas.

La medida apunta a facilitar el trayecto de las personas que se trasladen hacia los distintos destinos turísticos del país y prevenir siniestros viales.  

En la provincia de Entre Ríos la medida se aplica en Ruta Nacional N12, con restricción de ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú. En lo que respecta al corredor de la Ruta Nacional N14, la restricción de ambas manos será entre Paso de los libres hasta Bernardo de Irigoyen, Misiones. Mientras que, sobre el enlace vial Victoria-Rosario Ruta Nacional N174, la restricción se implementará de ambas manos en los horarios establecidos.

Quedan exceptuados de la medida