Este martes, el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, vocal Leonardo Portela, encabezó el acto de apertura del Año Judicial 2025, destacando los desafíos que enfrenta el Poder Judicial y las medidas adoptadas para garantizar un servicio eficiente. En su discurso, Portela señaló que "2024 fue un año difícil, con obstáculos económicos y financieros que retrasaron e incluso frenaron la ejecución de varios proyectos", aunque manifestó su esperanza en que estos puedan concretarse este año.

El evento contó con la presencia del gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, así como de las principales autoridades judiciales: la vicepresidenta del Alto Cuerpo, vocal Laura Mariana Soage; los vocales Germán Carlomagno, Susana Medina, Claudia Mizawak, Miguel Ángel Giorgio, Gisela Schumacher y Carlos Federico Tepsich. También participaron el Procurador General de la provincia, Jorge Amílcar García, y el Defensor General, Maximiliano Benítez.

Durante su discurso, Portela resaltó la convocatoria para cubrir cargos ocupados de manera interina, la regularización de la planta de personal y la renovación de la flota vehicular del Poder Judicial sin costo, a partir del uso de vehículos secuestrados a organizaciones delictivas. También destacó la incorporación del lenguaje claro en la redacción de sentencias y actos administrativos, permitiendo a los ciudadanos comprender mejor las decisiones judiciales.

Otro de los puntos sobresalientes fue la realización de 34 juicios por jurados en 2024, superando ampliamente la estimación inicial de 14 debates anuales. Sin embargo, Portela advirtió sobre la problemática financiera de este sistema, dado que el costo promedio por juicio ascendió a 5,8 millones de pesos y en algunos casos alcanzó los 9,4 millones. En este sentido, señaló que existe una propuesta de reforma de la ley de juicios por jurados en la Legislatura para hacer el sistema sostenible.

El presidente del STJ también valoró la creación de 70 nuevos cargos en el Poder Judicial, aunque recordó que la solicitud inicial contemplaba la necesidad de 152 para garantizar un servicio acorde a las demandas actuales. La mayoría de estos nuevos puestos serán destinados a equipos técnicos que trabajan en casos de violencia de género y doméstica.

Portela hizo referencia a las restricciones presupuestarias impuestas por el gobierno nacional y su impacto en la obra pública judicial, lo que llevó al STJ a suspender el inicio de nuevas construcciones hasta contar con un panorama más claro. Asimismo, mencionó diversas iniciativas presentadas en la Legislatura para obtener recursos, tales como:

Proyecto de ley de "remanentes financieros".

Creación de un fondo anticíclico.

Implementación de un canon al agente financiero por el uso gratuito de fondos depositados en cuentas judiciales.

Mecanismos de recupero de costos en juicios por jurados.

Tratativas con la Embajada de China para financiar un laboratorio de genética forense.

Creación de Juzgados de Familia en las cuatro principales ciudades de la provincia y un Juzgado del Trabajo en Concordia.

El presidente del STJ expresó su preocupación por la brecha entre las expectativas sociales sobre el Poder Judicial y sus posibilidades reales de acción, señalando que la falta de recursos impide una respuesta más efectiva en temas como la violencia de género.

También cuestionó el tratamiento que algunos medios de comunicación brindan a la información judicial, denunciando que "en algunos casos se tergiversan hechos, se instalan sospechas infundadas o se utilizan titulares sugestivos sin respaldo". En este sentido, abogó por un periodismo judicial responsable que informe con veracidad.

El juez federal Enrique Lavié Pico desestimó este mediodía el recurso de amparo presentado por el exsenador Edgardo Kueider para ser restituido en su banca. La resolución confirma, por el momento, el apartamiento del legislador, decidido por la Cámara alta.

Lavié Pico rechazó “in limine” el pedido de Kueider, negando la posibilidad de una medida cautelar que lo reincorporara al Senado. En su fallo, el magistrado también avaló la participación de la vicepresidenta Victoria Villarruel como titular de la Cámara alta, el mismo día que el presidente Javier Milei viajó a Italia. Kueider había cuestionado esta circunstancia, argumentando que Villarruel debería haber estado al frente del Poder Ejecutivo durante la sesión en la que se votó su destitución.

El juez afirmó que la presencia de Villarruel en la sesión del Senado se limitó estrictamente a lo establecido en el artículo 57 de la Constitución Nacional, que define el rol del vicepresidente como presidente del Senado, sin derecho a voto salvo en caso de empate. Según el fallo, su actuación no influyó en el resultado de la votación, ya que ningún otro senador objetó su participación.

Además, Lavié Pico argumentó que aceptar el planteo de Kueider implicaría una “nulidad por la nulidad misma”, concepto que calificó de inaceptable.

La defensa de Kueider había solicitado la nulidad de su destitución, considerando que la sesión estuvo viciada por la ausencia de Milei y el rol asumido por Villarruel. Este pedido fue acompañado por denuncias de persecución política y presunto prejuzgamiento por parte de la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien lleva adelante una causa en su contra.

Paralelamente, el exsenador enfrenta graves acusaciones de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho, tráfico de influencias y lavado de dinero. En este marco, Kueider y su secretaria, Iara Costa, solicitaron la eximición de prisión y la recusación de la jueza Arroyo Salgado.

La magistrada ha pedido la extradición de Kueider y Costa, actualmente bajo prisión domiciliaria en Paraguay, para indagarlos. Además, solicitó a las autoridades paraguayas el secuestro de dispositivos electrónicos, como celulares y computadoras, para determinar si fueron manipulados y recuperar posibles evidencias.

Mientras la Cámara alta sostiene la destitución de Kueider y la Justicia avanza en las investigaciones en su contra, el futuro del exsenador continúa siendo incierto. Sus abogados insisten en que se trata de una persecución política, mientras que las causas por corrupción y lavado de dinero siguen su curso, marcando un capítulo complejo en la carrera política de Kueider.

** No vaya a creer que no hay buenas noticias, lo que decae es su proporción frente a las malas, que están ganando terreno. No voy a recaer en la aprendida lista de cosas buenas que agradecemos a Dios cada día por el solo hecho de despertar. Me refiero a cosas trascendentes en el campo de la astronomía, ciencia dedicada a buscar, en el universo, nuevos ‘lotes’ donde armar ranchada para nuestros descendientes, porque no van a tener cabida en esta esfera a la que hemos llamado tierra, nombre que nos viene del dios Gea o Gaia de la mitología griega. Esto es así, a menos que les salga bien a los que hoy tienen a la humanidad en un puño y planean ir barriendo con los viejos y débiles, para hacerles lugar a los chicos, mediante pandemias programadas. En eso están y no les gusta fallar.

En un esfuerzo continuo por mejorar la calidad de sus servicios y fortalecer la transparencia en la gestión pública, el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos (TCER) ha dado un paso significativo en su proceso de renovación y actualización del sitio web institucional. En esta ocasión, el organismo ha lanzado un nuevo paquete de datos sobre la Ejecución Presupuestaria 2022 de las Comunas de la Provincia, ampliando así su compromiso con la difusión de información clave para la ciudadanía.

Este conjunto de información estadística presupuestaria se suma a la ya existente para los Municipios, la cual ha sido publicada de manera constante desde 2014. De esta manera, el TCER consolida su posición como el principal órgano de control externo de la administración pública en la provincia, desempeñando un papel crucial en el monitoreo de las Administraciones Comunales.

El propósito principal de esta iniciativa es facilitar el acceso de la ciudadanía a datos relevantes sobre la ejecución presupuestaria de las comunas, ofreciendo transparencia en los ingresos, inversiones y erogaciones de cada una de ellas. Este paso en la dirección de la apertura y accesibilidad de la información demuestra el compromiso del TCER con la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

El TCER, en su calidad de ente fiscalizador, opera en consonancia con lo establecido en la Constitución Provincial, la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y la Ley Orgánica de las Comunas. Una de sus funciones primordiales es llevar a cabo el control externo de las Administraciones Comunales, y en este contexto, los Presidentes Comunales tienen la obligación de presentar anualmente la rendición de cuentas por los fondos que administran directa o indirectamente.

Como parte integral de la Rendición de Cuentas Anual, que debe ser presentada por todas las Comunas antes del 30 de abril de cada año, el TCER recibe las Planillas de Ejecución Presupuestaria. Estas planillas detallan la percepción efectiva de los ingresos previstos y los gastos comprometidos, así como los montos de Deuda Flotante y Deuda Consolidada.

Además de las auditorías en sede que realiza en las distintas Comunas, el Cuerpo de Auditores del Tribunal de Cuentas procesa esta valiosa información y genera diversas estadísticas que ofrecen una visión integral de la ejecución presupuestaria en las Administraciones Comunales. Esta labor complementaria refuerza la labor del TCER como garante de la eficiencia, transparencia y responsabilidad en la administración de los recursos públicos a nivel local.

Con este lanzamiento, el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos reafirma su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información, brindando a la ciudadanía las herramientas necesarias para evaluar y participar activamente en el control de la gestión pública a nivel comunal.

La información puede ser consultada en: https://www.tcer.gob.ar/informacion/ejecuciones-presupuestarias-comunas.php

Hoy, el Centro Provincial de Convenciones de Paraná fue testigo de un evento trascendental: la apertura de las VI Jornadas Nacionales y IV Internacionales de Justicia de Paz y Juzgado de Faltas. Con la consigna "Juezas y Jueces para la Paz motivo de orgullo", el evento reunió a destacados representantes del ámbito judicial de diferentes países y provincias.

En sus palabras de bienvenida, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), Susana Medina, elogió la labor de los jueces y juezas de Paz, describiéndolos como "un profundo orgullo de los Tribunales superiores y de las Cortes de las provincias argentinas". Destacó la importancia de la Justicia cercana a la población más vulnerable y necesitada, elogiando el compromiso diario de quienes la imparten.

"Ustedes son nuestra cara visible. Nuestro reconocimiento y profundo agradecimiento por el trabajo que hacen cada día y sepan que estamos para servirles y que ustedes sirvan a la ciudadanía de la mejor manera", afirmó Medina. En un gesto de homenaje, recordó a las "pioneras" que allanaron el camino para el reconocimiento de los derechos y la labor de los juzgados de Paz, destacando a María Luisa Lucas e Isabel Elisa Strizik. También rememoró que el movimiento de jueces y juezas de Paz tuvo sus raíces en Entre Ríos durante la presidencia en el STJER de la vocal Claudia Mizawak, y el título del encuentro fue propuesto por la vocal Gisela Schumacher.

El acto fue encabezado por Susana Medina, Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Leonardo Portela. También participaron la ministra del Superior Tribunal de la provincia de Misiones, Cristina Irene Leiva; el presidente de la Comisión de Acceso a Justicia y Mediación de Ju.Fe.Jus y juez del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, Fernando Augusto Niz; la vocal de la Corte Suprema de Tucumán, Eleonora Rodríguez Campos; y el presidente de la Junta Federal de Justicia de Paz de Argentina (JU.FE.PAZ), Guillermo Vega.

María del Carmen Battaini, presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y CABA (JUFEJUS), saludó a los participantes de manera virtual y elogió a los organizadores del evento. Destacó la importancia de los jueces y juezas de Paz como la "cara cercana a la gente" y resaltó el convenio entre Ju.Fe.Paz y la OEA.

En su intervención, Fernando Niz subrayó la creciente importancia y visibilidad de la Justicia de Paz, describiéndola como un espacio cada vez más cercano y esencial, con un reconocimiento internacional en aumento. Para Niz, los jueces y juezas de Paz representan el potencial de la Justicia argentina.

Guillermo Vega, presidente de JU.FE.PAZ, elogió la justicia de Paz como la herramienta más formidable de acceso a la justicia para los ciudadanos en todo el país. Destacó el orgullo que representa la labor de las juezas y jueces de Paz y el modo ejemplar en que desempeñan sus funciones.

Cristina Irene Leiva resaltó la labor de los juzgados de Paz como espacios para que la ciudadanía encuentre la paz necesaria, siendo el lugar donde se establece contacto directo con la gente y se ejecutan medidas provenientes de los Poderes del Estado, haciendo efectivas las políticas públicas.

Claudia Mizawak, en su rol de presidenta del Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (REFLEJAR), propuso la articulación de capacitaciones dirigidas por los propios jueces y juezas de Paz, adaptadas a sus necesidades específicas.

Eleonora Rodríguez Campos agradeció la invitación y mencionó el programa de fortalecimiento de la Justicia de Paz en la provincia de Tucumán. La jornada se presenta como un espacio propicio para el intercambio de experiencias y el impulso de iniciativas que fortalezcan la labor de la Justicia de Paz en todo el país.

En el primer día de las jornadas hubo 142 personas acreditadas.

Estuvieron presentes delegaciones de Buenos Aires; Catamarca; Chaco; Chubut; Córdoba; Corrientes; Entre Ríos; Formosa; La Rioja; Mendoza; Misiones; Neuquén; Santa Fe; San Juan; Santiago del Estero; Santa Cruz; Tierra del Fuego y Tucumán. Y las delegaciones de los países de Argentina; Perú y Paraguay.

Las jornadas, destinadas a jueces, juezas, secretarios y secretarias de Paz y Faltas de Argentina y Latinoamérica, son organizadas por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JuFeJus) y la Junta Federal de Justicia de Paz (JuFePaz) y se desarrollan en el Centro Provincial de Convenciones de la capital entrerriana. Los trabajos en la preparación se realizaron coordinadamente con el Instituto Juan Bautista Alberdi del STJER.