El sector puesto en funcionamiento se extiende desde el kilómetro 106, en cercanías del puente sobre el arroyo Tigrecito, hasta el kilómetro 135, en la intersección con la Ruta Provincial 6. Este tramo forma parte de un corredor estratégico que busca mejorar la circulación y reducir los riesgos en una de las vías más transitadas de la región.

A través de sus redes sociales, el gobernador Rogelio Frigerio destacó la importancia de la habilitación y la vinculó al trabajo conjunto con el gobierno nacional. “Desde el primer día venimos trabajando para avanzar en la recuperación de las rutas nacionales”, expresó.

El mandatario también subrayó que esta intervención se suma a otras obras en infraestructura vial, como los trabajos en la Ruta Nacional 12 y la concesión de la Ruta Nacional 14, remarcando que la transformación de la ruta 18 es un proyecto iniciado hace más de 15 años y que se encuentra próximo a su finalización.

“Como resultado de estas gestiones, se habilitó un nuevo tramo, un avance concreto en una obra clave para la conectividad y el desarrollo de Entre Ríos”, sostuvo Frigerio.

Desde la Dirección Nacional de Vialidad indicaron que la habilitación se enmarca en un proceso de obra más amplio, orientado a mejorar la seguridad vial y optimizar la conectividad en la provincia. En ese sentido, solicitaron a los conductores respetar la señalización vigente y los sentidos de circulación, teniendo en cuenta la nueva configuración de la calzada.

La puesta en servicio de este tramo representa un paso más en la consolidación de la autovía de la ruta 18, considerada fundamental para la integración regional y el desarrollo productivo entrerriano.

Desde hace años, quienes transitan esta arteria nacional vienen señalando el grave deterioro de la calzada. Sin embargo, el sector comprendido entre ambas localidades se convirtió en un verdadero punto rojo en materia de seguridad vial, con roturas profundas, placas levantadas y sectores prácticamente intransitables, lo que lo transformó en una “trampa mortal”, especialmente para conductores que no conocen la zona.

La preocupación se intensifica durante la temporada estival, cuando miles de turistas eligen Brasil como destino y utilizan esta vía como corredor principal. A ello se suma que, al ingresar en jurisdicción correntina, tras cruzar el puesto caminero de San Jaime hacia el noroeste, las condiciones de la ruta continúan siendo similares.

Los intendentes de las localidades atravesadas por la Ruta Nacional N° 127, junto a legisladores del departamento Federación, elevaron en numerosas oportunidades su reclamo a las autoridades nacionales, exigiendo una intervención urgente. Si bien la reparación de la traza no es competencia provincial, desde los municipios insistieron al menos en la necesidad de una adecuada señalización preventiva para evitar siniestros viales.

Finalmente, con el inicio del año 2026, maquinarias y personal de Vialidad Nacional comenzaron a trabajar en el sector más afectado. Según informó el medio digital Chajarí al Día, la carpeta asfáltica presenta tramos extremadamente peligrosos, con daños estructurales que impedían una circulación segura.

En una primera etapa, se había anticipado la colocación de cartelería de advertencia en un tramo estimado de un kilómetro, considerado el más crítico. Posteriormente, se dio inicio a las tareas de reparación que actualmente se están ejecutando. Las máquinas realizan el levantamiento de las placas dañadas y, si bien no se colocará una nueva capa asfáltica, se intervendrá el sector más comprometido para garantizar condiciones mínimas de transitabilidad.

El inicio de estas obras representa una respuesta largamente esperada por las comunidades de la región y por los miles de conductores que circulan a diario por esta ruta estratégica. No obstante, persiste el pedido de una solución integral y definitiva que permita recuperar completamente la seguridad y funcionalidad de la Ruta Nacional N° 127.

Según se detalló oficialmente, el hecho se registró alrededor de las 06:50 horas, cuando personal del Puesto de Control Vial Victoria tomó conocimiento del accidente y se hizo presente en el lugar. Por causas que aún se tratan de establecer, colisionaron una camioneta pick up Volkswagen Amarok y un camión que circulaban en sentidos opuestos.

La camioneta era conducida por un hombre, quien viajaba acompañado por otra persona, y ambos regresaban desde la provincia de Córdoba con destino a la localidad de Libertador San Martín. Por su parte, el camión involucrado es un Scania modelo 111, con acoplado marca Helvetica, conducido por César, domiciliado en la ciudad de Viale, quien se dirigía hacia el Puerto San Martín.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la pick up resultó con posibles lesiones de gravedad, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Salaverry de la ciudad de Victoria para recibir atención médica. En tanto, se aguardaba información oficial sobre su evolución.

En el lugar del siniestro trabajaron efectivos del Puesto de Control Vial Victoria, personal de Vialidad Nacional, Bomberos Voluntarios y agentes de la Jefatura Departamental Victoria, quienes realizaron las tareas de asistencia, ordenamiento del tránsito y peritajes correspondientes para determinar las circunstancias del choque.

La aclaración fue emitida el 11 de noviembre de 2025, mediante una nota incluida en el expediente electrónico EX-2025-120567924-APN-DNV#MEC, en respuesta a un pedido de la abogada Patricia Almirall, quien había solicitado conocer si el dispositivo contaba con la habilitación nacional correspondiente.

En el documento, Vialidad Nacional precisó que “no ha otorgado habilitación y/o autorización para colocar radares sobre la Ruta Nacional N° 168” en el tramo mencionado. Además, notificó a la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) —responsable del funcionamiento de los cinemómetros en territorio santafesino— para que brinde explicaciones sobre los motivos de la instalación sin la autorización federal.

Ante la consulta periodística al sitio Aire de Santa Fe, el director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres, defendió la competencia provincial para emplazar y operar el radar, y aseguró que los controles realizados son plenamente válidos.

Torres explicó que, si bien existe coordinación con la DNV, no se requiere una autorización formal por parte del organismo nacional para instalar los dispositivos.

“Tenemos una excelente relación con la gente de Vialidad Nacional. Les informamos de las instalaciones por una cuestión de cortesía, pero no necesitamos su autorización. Es una facultad de la Agencia Provincial colocar un cinemómetro, sea en rutas provinciales o nacionales”, señaló el funcionario.

El titular de la APSV recordó que otros radares en las circunvalaciones de Santa Fe y Rosario operan bajo el mismo esquema, sin una habilitación específica de Vialidad Nacional, y aclaró que el dispositivo en cuestión fue verificado y homologado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el único organismo estatal con competencia para certificar su funcionamiento.

“No podemos poner en marcha un radar sin la verificación del INTI. Recién el 26 de agosto obtuvimos la certificación de homologación, y a partir de entonces comenzó a funcionar formalmente”, precisó.

Torres también informó que todas las infracciones registradas antes del 26 de agosto fueron anuladas por la APSV, a fin de evitar confusión entre los conductores.

“Decidimos eliminarlas, aunque el radar ya estaba operativo, porque no contábamos aún con el certificado emitido. Además, las personas que hayan abonado una multa anterior a esa fecha recibirán el reintegro correspondiente”, confirmó.

La situación abrió un debate jurídico y administrativo sobre la competencia en el control del tránsito en rutas nacionales dentro de los territorios provinciales. Mientras Vialidad Nacional insiste en que no emitió permiso alguno, la Agencia Provincial de Seguridad Vial sostiene que el control de velocidad es una potestad local, siempre que los dispositivos cuenten con la homologación técnica del INTI.

Por el momento, el radar de la Ruta 168 en Colastiné Sur continúa en funcionamiento, en medio de un intercambio institucional que promete seguir sumando capítulos en torno a las facultades de control y seguridad vial en las rutas nacionales bajo jurisdicción provincial.

El bloque de diputados “Más para Entre Ríos” mantuvo un encuentro con representantes del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional – Distrito Entre Ríos, en el cual manifestó su preocupación por la paralización de las actividades del organismo en la provincia y por los actos de persecución hacia dirigentes gremiales.

Según informaron desde el bloque, la situación se originó tras la resolución de la Justicia Federal, que en julio de este año suspendió la aplicación del Decreto 461/25, norma mediante la cual el Gobierno nacional pretendía eliminar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) junto a otros entes vinculados a la seguridad en el transporte. Desde entonces, los referentes sindicales denunciaron hostigamientos y medidas disciplinarias que atribuyen a represalias por haber defendido la continuidad del organismo.

El secretario general del distrito Entre Ríos, Raúl Meza, trabajador de planta de la DNV y miembro de la federación nacional del sector, fue objeto de un sumario administrativo en un proceso en el que —según se indicó— no pudo ejercer su defensa, y como consecuencia no percibe sus haberes desde hace varios meses. Casos similares se replican en otras provincias, afectando a dirigentes que promovieron acciones judiciales para frenar el desguace del organismo y el despido de alrededor de 4.000 trabajadores.

Desde el sindicato advirtieron además sobre el desfinanciamiento progresivo del área, el no pago a proveedores, el congelamiento salarial y la incertidumbre laboral que afecta al personal. En Entre Ríos, donde la DNV cuenta con 165 trabajadores, la mayoría con condición contractual precaria pese a tener más de 15 años de antigüedad, la situación ha derivado en el deterioro de la red vial nacional, que abarca más de 2.000 kilómetros e incluye rutas estratégicas como la 12, 14, 18, 127, 130, 131, 135, 136, 174 y A015.

Durante la reunión con los legisladores justicialistas, Meza estuvo acompañado por Sebastián Lallana y el abogado Walter López, quienes expusieron las irregularidades registradas en el distrito y agradecieron la instancia de diálogo con el bloque que encabeza Laura Stratta, destacando la importancia de visibilizar la problemática ante la sociedad entrerriana.

Los diputados del PJ expresaron su respaldo a los trabajadores y remarcaron la necesidad de que el Gobierno nacional garantice el funcionamiento institucional de Vialidad Nacional, al considerar que su parálisis “afecta el desarrollo económico y compromete la seguridad vial en la provincia”.

La Municipalidad de Paraná asumirá la finalización del Acceso Este, una obra clave para la conectividad de la capital entrerriana que había quedado paralizada en 2023 con un 76 % de avance. El anuncio se realizó este miércoles en la intersección de Circunvalación y Miguel David, donde la intendenta Rosario Romero y el gobernador Rogelio Frigerio comunicaron la firma de un convenio con Vialidad Nacional y el Gobierno de Entre Ríos.

El acuerdo establece que el Municipio financiará con recursos propios la culminación de la obra vial, mientras que la Provincia de Entre Ríos ejecutará la iluminación y Vialidad Nacional aportará la señalización vertical y las barandas de seguridad.

La intendenta Romero recordó que el año pasado había solicitado que Nación, Provincia y Municipio compartieran en partes iguales el financiamiento, pero finalmente se definió que la Municipalidad aportará el 90 % del costo total, la Provincia el 8 % (correspondiente a la iluminación) y la Nación el 2 % (señalización).

“Habíamos pedido aportar un tercio cada Estado, pero es un esfuerzo que nos permitirá concretar una obra estratégica para Paraná”, señaló Romero. Y agregó: “Es una obra largamente esperada que va a mejorar la seguridad vial, agilizar el tránsito y potenciar el desarrollo económico de Paraná y de toda el área metropolitana. Vamos a retomar los trabajos por etapas y habilitar tramos priorizando la seguridad, la integración urbana y el ordenamiento vial”.

Por su parte, el gobernador Frigerio destacó: “Es una obra fundamental para Paraná y para toda la provincia. Es el acceso a la capital y merece estar a la altura de su importancia. Esta obra no puede esperar, decidimos encararla y hacerla en conjunto”.

El proyecto abarca el tramo comprendido entre el arroyo Saucesito y avenida Almafuerte. El plan de tareas incluye:

En una primera etapa se trabajará entre calle Hernandarias y avenida Almafuerte, además de la intersección con Miguel David, por la necesidad de compatibilizar con el tránsito actual.

La obra demandará una inversión estimada de 6.000 millones de pesos, que serán afrontados con recursos municipales y ejecutados de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.

Romero concluyó: “Este acuerdo es un paso fundamental para avanzar en una obra estratégica para Paraná que estaba paralizada y que impacta directamente en la vida de la gente, mejorando la circulación y generando más oportunidades para la capital de la provincia”.

Diputados del bloque Juntos por Entre Ríos (JxER) presentaron un proyecto de resolución en el que expresaron su “profunda preocupación por la falta de infraestructura vial y peatonal adecuada a los estándares de seguridad” en la autovía Ruta Nacional N° 18, a la altura de la localidad de Paso de la Laguna, departamento Villaguay.

La iniciativa busca condenar los incumplimientos de la empresa concesionaria y del Estado Nacional, y solicita al Poder Ejecutivo Provincial que exhorte a las autoridades nacionales —Secretaría de Obras Públicas de la Nación y Dirección Nacional de Vialidad— a ejecutar de manera inmediata la obra de infraestructura necesaria para garantizar un cruce peatonal seguro.

En los fundamentos, la autora del proyecto, la diputada Susana Pérez, cuestionó la “abrupta habilitación de un tramo de la autovía entre los puentes sobre el río Gualeguay y el empalme con la Ruta Provincial N° 20, sin la construcción de un puente peatonal”.

Para la legisladora, esta omisión “expone a un riesgo cierto, concreto e inminente a la comunidad de Paso de la Laguna, cuyo tejido urbano se extiende a ambos lados de la calzada”. Y agregó: “El Estado, en todos sus niveles, tiene un deber de seguridad ineludible. En este caso, no sólo debe garantizar la circulación vehicular, sino también la seguridad de peatones y transeúntes”.

Pérez subrayó que los más de 500 habitantes de la localidad —“incluidos niños y ancianos”— deben cruzar diariamente la autovía para acceder a servicios esenciales como escuelas, comisaría, centro de salud y demás espacios comunales.

“Dado que la Ruta Nacional N° 18 es una de las principales vías de la provincia, con un gran flujo de vehículos a alta velocidad, el riesgo de accidentes se maximiza exponencialmente”, advirtió.

La diputada también puso en cuestión la existencia de una senda peatonal provisoria: “No cumple con los estándares de seguridad mínimos e indispensables para contener los riesgos descritos y, por lo tanto, no exime de responsabilidad a las autoridades”.

Finalmente, Pérez concluyó que la Cámara de Diputados debe actuar en defensa de los derechos de los vecinos:

“Corresponde brindar nuestro más firme apoyo a los justos reclamos de la comunidad y acompañar en las gestiones pertinentes para exigir la inmediata construcción del puente peatonal en Paso de la Laguna”.

El proyecto será tratado en las próximas sesiones y se espera que el reclamo provincial tenga eco en las autoridades nacionales.

La reciente habilitación -ayer miércoles- de 11 kilómetros de la autovía de la Ruta Nacional N° 18, entre los puentes sobre el río Gualeguay y el empalme con la Ruta Provincial N° 20, en el acceso norte a Villaguay, encendió las alarmas en Paso de la Laguna. La comunidad reclama la construcción urgente de un puente peatonal, obra que —según afirman— estaba prevista en los planos y debía ejecutarse antes de la apertura al tránsito.

Durante la mañana de este jueves, vecinos y autoridades comunales se autoconvocaron para visibilizar el pedido. Con un corte parcial de la ruta, quema de cubiertas y carteles, denunciaron que la falta de una pasarela segura pone en riesgo a los 130 alumnos y 40 docentes que a diario cruzan la autovía para llegar al jardín, la escuela primaria y la secundaria del lugar.

“Desde la comuna venimos reclamando porque el puente está en el plano de obra desde hace varios años. La prioridad es el puente peatonal, después la obra en sí. Nadie se opone a la autovía”, señaló Mariel Henchoz, presidenta comunal, quien acompañó la manifestación.

La preocupación se centra en que, con la habilitación del tramo, los vehículos circulan a velocidades autorizadas para una autovía —alrededor de 120 km/h—, lo que dificulta y pone en riesgo el cruce peatonal, especialmente de los más pequeños. Actualmente solo existe una senda provisoria señalizada con pintura y tachos, considerada insuficiente por la comunidad.

Docentes y vecinos remarcaron que la situación no solo afecta a la comunidad educativa, sino también a quienes necesitan cruzar para acceder a la comisaría, el transporte público, el hospital o realizar tareas cotidianas. “Es inaudito que se habilite esto sin antes construir el puente, que es una cuestión obvia”, opinó un maestro presente en el reclamo.

La exigencia no es nueva. En 2023, el entonces senador y actual intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, había gestionado ante Vialidad Nacional la construcción del puente peatonal para la Escuela N° 88 “Tambor de Tacuarí”. En aquel momento, el entonces jefe del distrito Entre Ríos del organismo, Daniel Koch, aseguró que la obra estaba en proceso licitatorio y próxima a adjudicarse. Sin embargo, más de dos años después, el compromiso sigue sin cumplirse.

Mientras Vialidad Nacional destacó que la obra de la autovía busca mejorar la conectividad y reforzar la seguridad vial, los vecinos de Paso de la Laguna sostienen que la seguridad de su comunidad depende de una acción inmediata. “Necesitamos el puente ya, antes de lamentar una tragedia”, coincidieron los manifestantes.

La obra de repavimentación de la ruta 12 entre Nogoyá y rotonda Crespo, quedó neutralizada en el día de ayer viernes, lo que significó la baja de 20 obreros, hasta tanto se regularicen los pagos a la empresa José Eleuterio Pitón SA. La neutralización significa paralización, sin que corran los plazos pactados para la terminación de la obra. 

El titular de la empresa de construcciones viales y civiles, Daniel Pitón, dijo a Paralelo32 que están neutralizando la obra “porque no le asignan presupuesto desde el mes de enero, por lo que acordamos con el Distrito (de Vialidad Nacional) que la obra quede neutralizada, y también hemos informado a la gobernación de la provincia”.

Expresó Pitón que están esperando que se hagan gestiones para que se pueda resolver el tema, aunque, desde nuestra óptica, podría haber una demora significativa por cuanto la firma no ha podido presentar los últimos certificados de obra. 

“Se trata de una obra financiada por el Banco Mundial, por lo que no deberían producirse estas situaciones, sin embargo, parte de las certificaciones se pagan con fondos del Tesoro Nacional, que no le está asignando presupuesto a esta obra, razón por lo que la empresa no ha podido certificar los meses mayo, junio y julio, y de aquí en adelante no se sabe que pasará, lo que no nos deja otra opción que neutralizar”, dijo el titular de la firma.

La neutralización de una obra de estas características lleva inevitablemente al despido de personal, porque las empresas deben achicar su estructura, sin opción. Es lo que acaba de suceder con 20 trabajadores, que seguramente serán convocados al reincorporarse si la situación se normaliza. 

La disolución de Vialidad Nacional, cuyas funciones y personal se distribuirán entre el Ministerio de Economía y la Gendarmería nacional, es en parte responsable de estas situaciones. El organismo continúa funcionando como tal, gracias a una medida cautelar a la que hizo lugar la justicia, pero esa situación de precariedad no favorece su normal funcionamiento. 

Esta reorganización ha generado preocupación en diversos sectores, especialmente por la continuidad de obras en curso y el impacto en el empleo y la articulación público-privada, según la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO). 

En cuanto a las obras en curso, Vialidad Nacional llevaba adelante más de 300 proyectos en todo el país, con una inversión superior a los $700 mil millones de pesos, según información de Argentina.gob.ar. Estas obras incluían la construcción de autopistas, autovías, pavimentación de rutas y caminos, así como obras de rehabilitación, mantenimiento y seguridad vial. En la provincia de Entre Ríos se estaban ejecutando más de $37 mil millones en obras que beneficiarían al sector productivo y al turismo, según información de Argentina.gob.ar. Seguramente el gobierno nacional tendrá algo para decir al respecto en los próximos días. 

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, recibió este viernes al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, con el objetivo de avanzar en una estrategia conjunta para destrabar la continuidad de la obra de Circunvalación, específicamente en el ingreso a la ciudad por la Ruta Nacional 12, actualmente paralizada por decisión del Gobierno Nacional.

El encuentro se realizó en la Casa de la Costa y contó con la presencia de empresarios del Parque Industrial de Paraná y de la ciudad de Crespo, junto con funcionarios provinciales y municipales. Allí, Romero solicitó formalmente al mandatario provincial que gestione ante Nación la autorización necesaria para que sea el municipio quien continúe con la obra.

“Es necesario que todos nos unamos para que esta obra se pueda terminar, por eso solicitamos a la Provincia que gestione ante Nación la autorización necesaria para que el municipio se haga cargo”, expresó la jefa comunal, al remarcar el impacto que tiene esta vía para el desarrollo urbano, la conectividad y la actividad productiva de la región.

El gobernador Frigerio se mostró receptivo ante la propuesta y, según el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, desde el próximo lunes se iniciarán las tratativas en Buenos Aires. “Se entiende perfectamente la posición del municipio. Es urgente que se pueda continuar con esta obra, y me parece que es una propuesta que puede tener buena recepción en el Gobierno Nacional”, manifestó Schneider.

La obra del ingreso a Paraná por la Ruta Nacional 12 constituye un tramo vital de conectividad. Según detalló el secretario de Planificación e Infraestructura del Municipio, Eduardo Loréfice, “se trata de un tramo de carácter netamente urbano que actualmente divide sectores consolidados de la ciudad. Necesitamos que esa obra se concrete”.

Durante la reunión, también tomaron la palabra representantes del sector empresarial. Noemí Dellizotti, de la Asociación de Empresarios del Parque Industrial, destacó: “Tenemos 5.000 empleados entrando y saliendo del Parque diariamente. El mal estado de las calles genera situaciones de riesgo constantemente. Este esfuerzo de la Intendenta va a valer la pena para que Paraná vea concretada esta obra".

Por su parte, Héctor Fratoni, del grupo empresario Entre Ríos 2050, subrayó la importancia estratégica de la conexión: “Es necesario que se finalice esta obra que genera conectividad directa entre la Ruta 12 y el Túnel Subfluvial".

Acompañaron a la intendenta en la reunión el viceintendente David Cáceres; el jefe de Gabinete, Santiago Halle; y los secretarios municipales de Legal y Administrativa, Pablo Testa; de Hacienda y Producción, Alexis Bilbao; y de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld. También participaron el director administrador de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, y representantes de empresas locales.

La Justicia Federal dio marcha atrás con el DNU 461/25, que contemplaba la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad junto con otros organismos clave en materia de transporte y seguridad. La decisión judicial fue recibida con satisfacción por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), que conduce Graciela Aleñá, quien calificó la medida como "un freno necesario" ante lo que definió como una ofensiva privatizadora impulsada por el Gobierno nacional.

"Este fallo es una noticia muy positiva", expresó Aleñá, y remarcó que si bien se trata de un paso importante, la lucha no concluye: “Ahora el foco está en el Congreso. Tiene que ser rechazado por ambas cámaras y que no se atrevan más a venir a privatizar, hacer negocios y destruir las rutas nacionales, hoy desfinanciadas por el desvío del Impuesto a los Combustibles”.

La dirigente señaló que esta instancia judicial fue impulsada por otro gremio del sector, y valoró la articulación legal y política como herramienta para frenar el avance del decreto. “Lo que hizo la Justicia nos hace ganar tiempo. El objetivo es trabajar en la agenda parlamentaria para lograr los dictámenes de rechazo en Diputados y Senadores”, subrayó.

Aleñá advirtió que el DNU, promovido por el Ministerio de Desregulación que encabeza Federico Sturzenegger, proponía una “destrucción sin precedentes” de la estructura estatal en materia de infraestructura vial. “Estamos frente a un gobierno autoritario que no escucha. Lo que conseguimos es un parate, pero el tema no está resuelto de fondo. Hay que seguir peleándola”, sentenció.

En ese marco, la secretaria general del STVyARA hizo un llamado a profundizar la articulación política con gobernadores, intendentes y sectores legislativos para impedir la implementación de la medida por vía parlamentaria. “Vialidad Nacional no es un organismo más. Es un eje estratégico para el desarrollo productivo y social del país, ya que más del 90% de la producción argentina se traslada por rutas”, apuntó.

El debate por la continuidad del organismo, que ha despertado un amplio respaldo en distintos sectores, se ha instalado también como un tema de alcance federal. Aleñá destacó que “el caso Vialidad generó un movimiento enorme de solidaridad, como pocas veces se ha visto”, tocando fibras sensibles como el federalismo, las economías regionales y la seguridad vial.

Para finalizar, fue categórica respecto al accionar del Gobierno nacional: “No hay antecedentes en el mundo de que un Estado decida eliminar su organismo vial estratégico. Es una decisión demencial y cruel. Hoy se le puso un límite, pero la lucha continúa”, concluyó.

La situación de la red vial argentina atraviesa una crisis profunda y creciente. Así lo advirtió el presidente de la Fundación Profesional de Transporte y especialista en infraestructura vial, Sergio Ruppel, quien afirmó que la mitad de las rutas del país se encuentra en mal estado, en un contexto de abandono prolongado por parte del Estado nacional.

“La situación es desesperante. No es algo que comenzó este año. Las rutas vienen deteriorándose desde hace mucho tiempo”, sostuvo Ruppel en declaraciones a Rivadavia AM 630. Su diagnóstico no se limita al mal estado del pavimento, sino que apunta a un problema estructural: la desactivación práctica de Vialidad Nacional y la falta de planificación para el mantenimiento, la asistencia y la atención de emergencias.

“La red vial nacional ha quedado completamente desatendida. Hoy tenemos la misma cantidad de rutas que hace décadas, pero con un tránsito que se ha multiplicado. Vialidad Nacional está desactivada de hecho, no interviene de manera significativa desde hace años”, denunció el especialista, dejando una pregunta en el aire: “¿Quién se va a ocupar ahora del mantenimiento, la asistencia y las emergencias en las rutas?”.

El gobierno nacional ha sugerido transferir responsabilidades a las provincias o avanzar hacia la privatización del sistema vial. Sin embargo, Ruppel cuestionó duramente ambas opciones. “Las provincias no tienen fondos. Si no pueden sostener hospitales ni escuelas, mucho menos van a poder hacerse cargo de las rutas”, advirtió. Y agregó: “Cuando el gobierno intentó ofrecer las principales rutas a privados, nadie quiso tomarlas por el nivel de deterioro y el costo de inversión que requieren”.

Ruppel explicó que el modelo de concesiones viales no es aplicable a gran parte del país. “El precio de los peajes sería insostenible para cubrir los costos. Además, los privados no van a ir a lugares como Pino Hachado o a zonas rurales del norte, donde la vialidad cumple funciones vitales en situaciones de emergencia climática o aislamiento”.

A su entender, reducir Vialidad Nacional a una función meramente administrativa sería un error estratégico. “Vialidad no es solo repavimentar. También es presencia estatal, atención en emergencias, despeje de caminos durante tormentas o nevadas. Es un actor clave en la integración territorial”, subrayó.

El especialista también alertó sobre las consecuencias humanas y económicas de este abandono. “¿Quién no tiene un familiar o conocido que haya tenido un accidente de tránsito?”, se preguntó, poniendo el foco en el alto costo que representa para el sistema de salud la accidentología vial. “La inversión en rutas es también una política de salud pública: reduce siniestros, disminuye la carga sobre hospitales y salva vidas”.

En este contexto, Ruppel instó al gobierno a actuar con urgencia. “Estamos desmontando un organismo clave para el desarrollo del país. Si no se revierte esta situación, el colapso de la infraestructura vial va a tener consecuencias gravísimas, no solo para el transporte, sino para la vida cotidiana de millones de argentinos”.

El diagnóstico es contundente: sin rutas seguras, no hay conectividad, no hay producción, no hay salud ni seguridad. La voz de alerta está dada. Falta saber si será escuchada.

El anuncio se realizó este lunes en una conferencia de prensa encabezada por Adorni en Casa Rosada, donde se presentó un video con fragmentos del juicio por la denominada “Causa Vialidad”, que tuvo como figura central a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada en 2022 por administración fraudulenta. A partir de esa introducción, el funcionario expuso que la medida forma parte de una “reestructuración histórica” que busca “cerrar la etapa de corrupción en la obra pública”.

“El presidente Javier Milei firmó el decreto que dispone el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, anunció Adorni.

Según explicó, las competencias de fiscalización vial pasarán a una nueva entidad: la Agencia de Controles y Servicios Públicos del Transporte, que reemplazará a la CNRT. Asimismo, se abrirá una licitación para intervenir en 9.120 kilómetros de rutas nacionales, muchos de ellos “en estado crítico”, según palabras del vocero.

“El Gobierno da así un acta de defunción a la corrupción en la obra pública. Es una decisión que simboliza el fin de una etapa de despilfarro y contratos irregulares”, señaló Adorni, aludiendo a las causas judiciales que motivaron el cambio estructural.

La medida se enmarca dentro del último día de vigencia de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, autorizadas por el Congreso a través de la Ley de Bases. Adorni defendió el uso que el gobierno hizo de esta herramienta, asegurando que no se prorrogó su aplicación y que se utilizó “con responsabilidad institucional”.

“El presidente Milei no pidió extender las facultades delegadas. Las usó para promover reformas y generar un ahorro estimado en 2 mil millones de dólares, con 65 decretos que aliviaron la carga fiscal del Estado”, dijo.

Además, contrastó este uso con gobiernos anteriores, al señalar que “el kirchnerismo prorrogó estas facultades durante años y las usó para concentrar poder y aumentar impuestos”.

Adorni también cuestionó duramente a la gestión anterior por su uso de las delegaciones legislativas durante la pandemia y por el aumento de la presión fiscal. “Encerraron a los argentinos, cerraron escuelas y actividades productivas, prohibieron reuniones privadas. El problema no es la herramienta, sino cómo se usa”, enfatizó.

Finalmente, sostuvo que la administración de Milei busca “reparar el daño causado por décadas de políticas irresponsables” y que “el cierre de Vialidad Nacional es parte de un rediseño integral del Estado”.

La gestión del puente Rosario-Victoria pasó oficialmente a manos de Vialidad Nacional, tras la finalización del contrato de concesión que mantenía Caminos del Río Uruguay, marcando un cambio significativo en la administración del Corredor Vial 18. Como consecuencia directa, se interrumpió el cobro de peaje, una medida que representa un alivio económico para los automovilistas que transitan a diario esta importante vía de conexión interprovincial.

Con esta transición, el organismo nacional inició tareas de mantenimiento en la cabecera entrerriana del puente, enfocadas en la recomposición del material asfáltico deteriorado. Según se informó a Paralelo 32, las intervenciones comprenden la repavimentación con capas de asfalto de entre 7 y 10 centímetros, dependiendo del grado de deterioro de cada sector.

Además del puente Rosario-Victoria, Vialidad Nacional levantó las barreras de peaje en varias estaciones clave del corredor:

Zárate (Km 85.4 RN 12)

Colonia Elía (Km 100.74 RN 14)

Yeruá (Km 240.21 RN 14)

Piedritas (Km 362.6 RN 14)

Isla Deseada (Km 5.2 RN 174)

La medida responde a la necesidad de garantizar la libre circulación en las rutas nacionales 12, 14 y 174, las cuales son parte de un eje estratégico para el comercio internacional, y que en los últimos años sufrieron un fuerte deterioro debido a la falta de inversiones por parte de la empresa concesionaria saliente.

Vialidad Nacional implementó un plan integral de recuperación, que incluye las siguientes acciones:

Corte de pastos y desmalezado de banquinas: se trabajará sobre más de 3.000 hectáreas para mejorar la visibilidad y seguridad vial.

Provisión y colocación de mezcla asfáltica en caliente: se aplicarán unas 4.624 toneladas de material, permitiendo trabajos de bacheo y repavimentación.

Señalización: se reforzará la infraestructura de seguridad vial con la instalación de balizas, vallas, tambores refractarios y canalizadores de tránsito, elementos esenciales para mejorar la seguridad de todos los usuarios.

Desde el organismo nacional señalaron que se trata de un proceso de normalización urgente, con el objetivo de recuperar el estado de las rutas que integran el corredor y devolver condiciones de circulación seguras y eficientes a transportistas y conductores particulares.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, se reunió en Buenos Aires con el gerente Operativo de Obras y Proyectos de Vialidad Nacional, Víctor Farre, para insistir en la necesidad de reactivar la obra inconclusa del ingreso a la ciudad por la Ruta Nacional 12, una infraestructura clave que actualmente presenta un avance del 76% y cuya finalización es considerada prioritaria para la ciudad y la región.

Durante el encuentro, Romero gestionó el reinicio de los trabajos, remarcando que se trata de una obra estratégica para el desarrollo urbano y regional, ya que conecta la Ruta Nacional 12 con la Avenida Circunvalación, proyectada como autovía hasta el Túnel Subfluvial. Esta vinculación potenciaría la circulación dentro del corredor bioceánico del MERCOSUR, fortaleciendo la logística, el comercio y la seguridad vial.

“Fui a hacer el reclamo que tenemos que hacer los paranaenses para que esa obra, que costó millones y que está en riesgo de deterioro, la termine el gobierno nacional”, expresó Romero, quien recordó que también había planteado esta demanda al gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, quien a su vez elevó el reclamo a Nación.

La intendenta manifestó que, si bien no recibió una respuesta definitiva, desde Vialidad Nacional le comunicaron que hay posibilidades de reactivación, aunque sin plazos concretos. En este marco, Romero cuestionó la paralización de proyectos clave en el país: “Es un despropósito dejar abandonada esta obra como tantas otras. Son importantes porque ayudan al bienestar de nuestra ciudad, por eso no vamos a dejar de hacerla”.

En ese sentido, comentó que el gobierno nacional trabaja en un nuevo plan de concesión de rutas, donde se incluye la Ruta 18 y el cruce Rosario-Victoria, y que en ese contexto podría incluirse la finalización de la conexión por Ruta 12 como una obra complementaria.

Romero también ofreció una alternativa de colaboración mixta: “Desde el gobierno municipal podemos asumir algunas labores menores, si Nación nos hace un aporte económico. Nosotros podríamos contribuir con mano de obra, iluminación, señalización y medidas de seguridad”, explicó.

El tramo total del proyecto alcanza los 3.780 metros, y para su conclusión se necesita completar:

Ejecución de terraplenes, especialmente en la zona del barrio 9 de Julio.

Aplicación de carpetas asfálticas.

Instalación de señalización vial, guardarrails y dispositivos de seguridad.

Colocación de sistema de iluminación.

La Dirección Nacional de Vialidad informó que continúa en marcha la transformación de la Ruta Nacional 18 en una autovía a lo largo del eje este-oeste de la provincia de Entre Ríos, desde el cruce con la Ruta Nacional 12 hasta su intersección con la Ruta Provincial 20. La obra atraviesa estratégicamente Colonia Avellaneda, Sauce Montrull, Viale, Villaguay y otras localidades, consolidándose como un corredor clave entre el río Paraná y la costa del Uruguay.

El proyecto se encuentra dividido en dos tramos. El primero, ubicado en el departamento Paraná, se extiende entre el arroyo Sauce Grande y el paraje Las Tunas. Incluye la construcción de la segunda calzada, retornos, intersecciones y un importante conjunto de obras de arte mayores sobre los arroyos Sauce, Espinillo, Talita, Los Chañares, Las Torrillas, Cañada Grande, Curupí, Quebracho, Malo, Bueno y Teodoro Ríos. También se prevé un sobre nivel en la intersección con las vías del Ferrocarril General Urquiza y otro en el cruce con la Ruta Provincial 32.

Actualmente, se avanza con trabajos simultáneos en varios frentes: se ejecutan terraplenes, sub bases y alcantarillas en la intersección con la Ruta 32; se completan accesos al puente Quebracho; y se desarrollan tareas de base y carpeta asfáltica en las inmediaciones del arroyo Sauce Grande y del puente Los Chañares.

El segundo tramo, de 67,85 kilómetros, se desarrolla desde Las Tunas hasta la Ruta Provincial 20, en el corazón de la provincia. Comprende obras similares: segunda calzada, retornos, cruces con la Ruta Provincial 6 y estructuras mayores sobre los cursos de agua Moreyra, Tigrecito, Torito, brazo del río Gualeguay y el propio Gualeguay.

Desde Vialidad Nacional se recuerda a los usuarios que, debido al avance de los trabajos, se mantienen desvíos en los accesos a Seguí, Viale y en el cruce con la Ruta 32. Se solicita extremar precauciones al circular, respetar las velocidades máximas y atender a las indicaciones del personal vial.

La construcción de esta autovía se enmarca en los lineamientos de la ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, y apunta a reforzar la conectividad de la provincia, mejorar la seguridad vial y fortalecer el desarrollo regional. Una vez finalizada, la nueva traza conectará de manera fluida las rutas nacionales 12 y 14, uniendo las ciudades cabeceras de los departamentos Paraná, Villaguay, San Salvador y Concordia, y beneficiando a una extensa red de localidades intermedias como San Benito, Aldea San Antonio, Seguí, Tabossi, Lucas Sud y General Campos.

La empresa Caminos del Río Uruguay S.A. (CRUSA) comenzó a enviar telegramas de despido a su personal, notificando la finalización de los contratos laborales con fecha efectiva al 22 de abril de 2025. En las comunicaciones, firmadas por el apoderado Alberto Cantarella, se invoca el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo para justificar el pago del 50% de la indemnización correspondiente por antigüedad, alegando “falta de trabajo no imputable al empleador”.

La firma argumentó que el vínculo laboral se tornó inviable tras la finalización del contrato de concesión del Corredor Vial Nº18, que incluía las rutas nacionales 12, 14 y el puente Rosario-Victoria, el cual estaba bajo su gestión hasta la semana pasada. “El vínculo contractual con el Estado Nacional, único cliente de la empresa, ha concluido, y con ello la viabilidad económica de continuar con la actividad”, sostiene el documento enviado a los trabajadores.

Sin embargo, los empleados despedidos rechazan esta justificación y cuestionan la utilización del artículo 247. “Nos despidieron con base en una norma que les permite pagar la mitad de lo que corresponde, pero la concesión no terminó por causas externas, sino por los incumplimientos de CRUSA con el contrato”, indicaron en declaraciones al medio Diario Junio.

Los trabajadores aseguran que hubo reiteradas fallas en el mantenimiento del Corredor 18, lo cual derivó en la rescisión anticipada del contrato por parte del Estado. “La empresa no cumplió con lo comprometido en cuanto al estado de la traza vial, y eso fue determinante para que se pusiera fin a la concesión”, afirmaron.

En ese sentido, fuentes oficiales señalaron que la Dirección Nacional de Vialidad calculó una deuda cercana a los 60 mil millones de pesos en sanciones aplicadas a CRUSA. Las penalidades se generaron por múltiples incumplimientos contractuales, entre ellos deficiencias en obras, señalización y mantenimiento.

Mientras tanto, se conoció la conformación actual del directorio de la firma, vigente según el Estatuto Constitutivo de 1990 y un acta del 28 de diciembre de 2020. La presidencia está en manos del ingeniero Juan Guillermo Insua, acompañado por el vicepresidente Hilario Carlos Magliano. También forman parte del directorio Federico Insua Lehoux, Diego Luis Piatti, Carlos Mai y Mariana Gorostiaga Luro, entre otros. Varios de ellos integran empresas del rubro vial, energético e infraestructura.

Desde el sector sindical, ya se anticipan acciones legales contra la empresa. “Muchos empleados tienen más de 20 años de antigüedad. Esta maniobra no solo es injusta, sino que no se ajusta a la verdadera causa de los despidos”, denunció un delegado gremial que prefirió no revelar su identidad.

Se espera que en los próximos días se judicialicen los primeros casos individuales por despido, y no se descarta que se impulsen acciones colectivas o manifestaciones en las rutas y sedes de CRUSA. El conflicto promete escalar en un escenario de alta tensión laboral y con fuertes cuestionamientos al accionar empresarial.

El Gobierno Nacional confirmó que Vialidad Nacional asumirá el control de la Ruta del Mercosur tras la finalización del contrato con la concesionaria Caminos del Río Uruguay S.A. Sin embargo, transportistas y conductores siguen alertando sobre el precario estado de la vía, en especial en la Autovía 14, un corredor clave para el comercio con Brasil, Paraguay y Uruguay.

Delia Flores, presidenta de la Cámara Libreña de Transportistas de Cargas y Afines (Calibre), expresó su inquietud por las condiciones peligrosas de la ruta. "Desde Calibre veníamos reclamando en los medios que se levante el cobro de los peajes debido al mal estado de las rutas", señaló. Flores detalló que hay tramos con huellas profundas que generan accidentes frecuentes, poniendo en riesgo la vida de los conductores.

Además, mencionó problemas crónicos, como un puente roto en "cuatro bocas", que obliga a los camioneros a desviarse por caminos improvisados. "Lleva años sin repararse, y aunque el Estado ahora retoma el control, lo urgente es garantizar la seguridad", enfatizó.

Ante las críticas, Vialidad Nacional anunció un plan de mantenimiento que incluye:

4.600 toneladas de asfalto para reparar baches.

Corte de pastos y desmalezado en zonas críticas.

Mejora en la señalización vial.

Asistencia con grúas para vehículos averiados.

Este traspaso forma parte de un plan más amplio de reestatización de rutas, que abarca más de 9.000 kilómetros de carreteras. Durante la transición, no se cobrarán peajes, aunque el proceso de licitación para una nueva concesión aún está en curso.

Flores advirtió que los procesos de licitación suelen ser lentos y que las medidas temporales podrían no ser suficientes. "El Estado tiene que actuar rápido. La Ruta 14 sigue siendo muy peligrosa, y no hay margen para esperar", afirmó.

Mientras tanto, transportistas y conductores esperan acciones concretas para evitar más accidentes y garantizar condiciones seguras de circulación. La Ruta del Mercosur, vital para el comercio regional, sigue siendo un punto crítico que demanda atención inmediata.

Desde hoy, Vialidad Nacional asumió el control de las rutas 12, 14 y 174 tras la rescisión del contrato con la empresa Caminos del Río Uruguay. La decisión del Gobierno Nacional implica la toma de posesión de todos los bienes del Corredor Vial 18, el levantamiento de las barreras de peaje y la implementación de un plan de emergencia para garantizar la libre circulación y mejorar la seguridad vial.

Vialidad Nacional aseguró que se mantendrá la asistencia a los usuarios con servicio gratuito de grúa, emergencias y atención 24/7 a través del Centro de Atención al Usuario, con líneas 0800 habilitadas y un botón de emergencia en su sitio web oficial. Además, anunció un plan de acción inmediata que incluye:

Corte de pastos y desmalezado en más de 3.000 hectáreas.

Bacheo con 4.624 toneladas de mezcla asfáltica en caliente.

Incorporación de señalética y elementos de seguridad vial en tramos críticos.

“El corredor es una vía estratégica para el comercio internacional. Vamos a sostener la conectividad y la seguridad con recursos del Estado hasta que se concrete la nueva licitación”, indicaron desde el Ministerio de Obras Públicas.

La finalización de la concesión dejó sin empleo a más de 500 trabajadores en diferentes provincias, de los cuales más de 200 son de Entre Ríos. Ante este escenario, el Gobierno de Rogelio Frigerio recibió al Sindicato único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA) y se comprometió a gestionar una instancia de diálogo ante la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Facundo Moyano, secretario adjunto del gremio, cuestionó duramente la medida y la falta de previsión en la transición. “No están definidos los pliegos ni cómo se operará el sistema vial. Toman como rehenes a los trabajadores de corredores viales”, sostuvo. Por su parte, Vialidad Nacional respondió que la situación laboral de los empleados es responsabilidad exclusiva de la empresa concesionaria saliente y que la prioridad del Estado es garantizar la continuidad operativa del servicio.

El traspaso de la gestión tuvo su imagen simbólica en la estación de peaje de Zárate–Brazo Largo, donde Vialidad Nacional izó su bandera mientras los gendarmes supervisaban el operativo. Entre despedidas emotivas, el jefe de estación, Ricardo Cuñat, cerró más de dos décadas de servicio con palabras de agradecimiento a su equipo de trabajo.

En paralelo, el Gobierno entrerriano sigue trabajando en alternativas para los empleados afectados. El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, se comprometió a continuar con las gestiones ante la Nación para encontrar soluciones laborales.