Según se indicó oficialmente, la medida fue dispuesta luego de que se decretara la rebeldía del imputado en el proceso penal que tramita en su contra. La orden de localización y detención fue emitida por la Fiscalía de Niñas, Niños y Adolescentes de Paraná, a cargo del Dr. Jorge Sueldo.

A partir de la disposición judicial, personal de la dependencia policial de Crespo inició recorridas y tareas de búsqueda en distintos sectores frecuentados habitualmente por el acusado.

Tras varias horas de operativo, una dotación policial logró encontrar al joven en un sector de un inmueble abandonado ubicado en Barrio del Rosario.

De acuerdo a lo informado por la fuerza, a Paralelo32 el imputado no ofreció resistencia durante el procedimiento y fue aprehendido en el lugar.

Posteriormente, fue trasladado hacia la Alcaidía de Tribunales de Paraná, previo paso por la División Antecedentes Personales y la correspondiente revisión médica de rigor.

El detenido permanecerá alojado a disposición de la Justicia, en el marco de las actuaciones judiciales que requerían su comparecencia.

El primero de los casos se registró en la madrugada del domingo, alrededor de las 6:30, cuando personal policial acudió a un domicilio ubicado sobre calle Ortiz tras un llamado de emergencia. Según indicaron fuentes oficiales, la víctima alertó que su ex pareja se había presentado en la vivienda con actitud violenta y que había logrado ingresar tras dañar la puerta de acceso.

Al llegar al lugar, los efectivos lograron reducir y detener al agresor, quien fue posteriormente trasladado a la Alcaidía de Tribunales. El hombre quedó a disposición de la Fiscalía de Género, que interviene en este tipo de delitos.

En otro procedimiento, ocurrido en la noche previa cerca de las 21:30, un transeúnte interceptó a un móvil policial para advertir sobre una situación sospechosa en calle Remedios de Escalada.

De acuerdo al testimonio, una persona había ingresado a un vehículo con aparentes intenciones delictivas. Ante la alerta, el personal de calle acudió rápidamente y logró demorar a pocos metros a un menor de edad señalado como presunto autor del hecho.

Si bien el joven no alcanzó a sustraer elementos del interior del rodado, se constató que provocó daños en la guantera del automóvil. Por este motivo, se dio intervención a la Fiscalía de Menores, que dispuso la entrega del menor a su progenitora. Posteriormente, se recibió la denuncia correspondiente por parte del damnificado.

Ambos hechos quedaron bajo investigación judicial, mientras que desde la policía destacaron la rápida intervención que permitió controlar las situaciones sin que se registraran personas lesionadas.

Ramírez- En un tiempo donde gran parte de nuestra vida transcurre en lo digital, también allí se reproducen formas de violencia que muchas veces pasan desapercibidas o se naturalizan. Y eso no debe suceder.

En General Ramírez se encontraron para hablar, escuchar y pensar sobre la violencia digital: cómo se manifiesta, cómo atraviesa y, sobre todo, qué herramientas existen para abordarla y prevenirla.

Este espacio contó con las valiosas miradas de Ayelén Acosta, Secretaria de Políticas del Cuidado del Gobierno de Entre Ríos, y la Lic. Carolina Barone, magíster en Políticas Públicas.

“Generar estos espacios es fundamental. Porque poner en palabras lo que sucede es el primer paso para reconocerlo, acompañar a quienes lo atraviesan y construir entornos más seguros, también en lo virtual”, indicaron desde el Municipio.

Victoria.- El Juez de Garantía, Alejandro Calleja, ordenó la detención de un matrimonio el lunes pasado, en el marco de una investigación por presunto abuso sexual. Los detenidos son dos hombres de  53 y 45 años que se encuentran bajo custodia mientras las autoridades recogen pruebas y testimonios claves para aclarar la situación. La Justicia dictó prisión preventiva por 45 días para los denunciados a instancia de la denuncia presentada por uno de los hijos adoptivos.

La pareja que hoy enfrenta una grave denuncia que involucra a un mayor y cuatro menores. Según la información a la que accedió Paralelo32, recurriendo a fuentes fidedignas, hace algunos años esta pareja adoptó a un niño de 8 años que tenía tres hermanos más que vivían con su madre. La adopción del primer niño se cumplió en el marco de todas las disposiciones legales vigentes a la fecha y también adoptaron otro joven que actualmente tiene alrededor de 20 años. .

En situación de que la madre del niño adoptado y los tres que quedaron con ella, se había instalado en el Refugio del 4° Cuartel hace algunos años, negándose a dejar el lugar, aquel hecho también tuvo cierta repercusión en los medios de Victoria.

La mujer había abandonado a los hijos y mediaba un tema relacionado a adicciones, y finalmente abandonó la ciudad con destino desconocido. Su reaparición final se dio cuando fue detenida y condenada por homicidio en San Lorenzo (SF) y actualmente cumple condena en una cárcel de la vecina provincia.

Los chicos habían quedado solos cuando la madre los abandonó, y en principio fueron acogidos transitoriamente por un familiar que, por determinadas circunstancias, desde el Refugio del Cuarto Cuartel decidieron que fueran derivados y entregados en guarda al matrimonio sobre el que hoy pesa la denuncia, con la idea de que los cuatro hermanos estén juntos. Se desconoce si el procedimiento de este pase se hizo en el marco de las disposiciones vigentes en materia de minoridad.

Con el paso del tiempo adoptaron otro chico adolescente que actualmente tiene 20 años, ampliando la familia. Para entonces, bajo el mismo techo convivían 4 hermanos y un joven mayor. Este último fue el que hizo la denuncia asegurando haber sufrido abusos.

Cuando el caso llegó a la justicia se dictó prisión preventiva para los posibles responsables y con buen criterio, los demás menores fueron separados y trasladados a una residencia en Concordia bajo la tutela del COPNAF.

El tema de esta grave denuncia se maneja en el mayor hermetismo –mientras las redes sociales ya dictaron sentencia- por tratarse de menores y, según datos que hemos recabado, el testimonio del joven denunciante habría aportado evidencias puntuales relacionadas a “cosas” que habían sucedido en el  núcleo familiar, relacionadas a cuestiones intimas.

También transcendió que podrían involucrar a los menores, aunque solo tiene el valor del trascendido y será tarea del fiscal reunir evidencias que sustancien la denuncia.

Lo que agrava la situación de los denunciados es que durante el allanamiento a su vivienda se secuestraron elementos que los vincularían a la causa, además de teléfonos y computadoras que pueden contener o no material valioso para la misma.

Un profesional consultado señaló que la prisión preventiva de 45 días se dictó porque existen pruebas suficientes que justifican esa decisión judicial.

Nogoyá.– El pasado viernes por la noche, un nuevo hecho de violencia familiar y violencia de género conmocionó a la comunidad. El informe oficial indicaba que un hombre de 57 años había ingresado al Hospital San Blas con una grave hemorragia cerebral y fractura de cráneo, provocadas —según su propio testimonio— por un golpe de palo propinado por su hijastro de 19 años. Dada la gravedad del cuadro, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín de Paraná, donde permanece en estado crítico, sedado y con asistencia respiratoria.

Sin embargo, a medida que las horas pasaron, el trasfondo del incidente comenzó a salir a la luz a través del relato de testigos presenciales y vecinos, quienes revelaron una situación de violencia de género extrema previa al desenlace.

Lejos de ser una agresión aislada, personas cercanas al círculo familiar coinciden en que el joven de 19 años actuó movido por la desesperación de proteger a su madre. Según testigos, que decidieron utilizar las redes sociales y los medios radiales para contar su verdad, el hombre, de 57 años, estaba protagonizando un ataque de furia en el que “habría arrastrado a la mujer de los cabellos por la casa y el patio”.

La situación escaló a un punto crítico cuando el agresor, tras romper diversos objetos, habría intentado iniciar un incendio dentro de la vivienda con la mujer en su interior. Fue en ese preciso instante cuando el hijo intervino para frenar el ataque. "Como todo hijo, defendió a su madre para que no la mataran" explicaron allegados, quienes además señalaron que el hombre ya contaría con antecedentes de conductas similares con parejas anteriores.

A pesar de la gravedad del ataque que habría sufrido, la mujer no radicó la denuncia correspondiente contra su pareja. Por el contrario, en sus declaraciones iniciales habría intentado minimizar los hechos, manifestando encontrarse "bien" y dejando así el camino libre para que la Justicia avance penalmente contra su propio hijo.

Este escenario pone de manifiesto la complejidad del ciclo de violencia de género, donde el miedo o la manipulación psicológica impiden que la víctima pueda denunciar, dejando en una vulnerabilidad absoluta a quienes intentan auxiliarla. Actualmente, es el joven de 19 años quien enfrenta el proceso judicial bajo la intervención de la Unidad Fiscal local, mientras el trasfondo de violencia que originó la tragedia espera ser debidamente considerado por los investigadores.

El Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación (OFDPN) dio a conocer su Informe Anual correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, en el que confirmó un total de 247 víctimas de femicidio en todo el país.

El registro incluye 200 femicidios directos, 17 femicidios vinculados, 4 transfemicidios, 9 suicidios feminicidas y 17 casos asociados a contextos de narcotráfico y crimen organizado. Si bien las cifras de 2024 y 2025 muestran una leve disminución en relación con el pico alcanzado en 2023, el informe advierte que la problemática se mantiene constante a lo largo del año, sin que ningún mes registre menos de 15 casos.

Del análisis estadístico surge un dato contundente: durante 2025 se cometió un femicidio cada 35 horas en Argentina, lo que equivale a un promedio semanal de casi cinco víctimas de violencia de género extrema.

El informe señala además que el lugar más inseguro para las mujeres continúa siendo el ámbito privado. El 60% de los asesinatos ocurrió en el domicilio de la víctima o en la vivienda compartida con el agresor. En cuanto al vínculo entre las partes, en el 84% de los casos existía una relación previa, mayoritariamente parejas o exparejas. Solo el 5,5% de los hechos fue cometido por personas desconocidas.

En relación con las consecuencias colaterales, el Observatorio contabilizó 133 niñas y niños que quedaron sin madre como resultado de estos crímenes.

Por jurisdicción, la provincia de Buenos Aires encabezó el registro con 95 casos, seguida por Santa Fe con 30. Sin embargo, al analizar la tasa de femicidios en relación con la población femenina, las provincias con los índices más elevados fueron Santa Cruz, Misiones y Neuquén.

El Observatorio de Femicidios, creado en 2016, continúa con su tarea de monitoreo y sistematización de datos con el objetivo de aportar información precisa que permita diseñar y fortalecer políticas públicas orientadas a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género, en el marco de la legislación nacional y los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.

Desde la Jefatura Departamental de Nogoyá se informó que en la madrugada de ayer, domingo 28 de diciembre, alrededor de las 03:30 horas, personal policial debió intervenir en un domicilio ubicado sobre calle Federación, entre Paraná y Sixto Oris, de esta ciudad, tras recibirse un alerta por gritos que provenían del interior de la vivienda pidiendo auxilio.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron una situación de extrema gravedad, encontrando a una mujer mayor de edad con lesiones de carácter grave, entre ellas un profundo corte en la zona del cuello. Asimismo, en el domicilio se hallaba un masculino mayor de edad que presentaba manchas de sangre.

Ante la urgencia del cuadro, la víctima fue trasladada de inmediato al Hospital San Blas y, posteriormente, derivada de manera urgente a la ciudad de Paraná, donde actualmente permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San Martín.

En relación al hombre encontrado en el lugar, y por disposición del fiscal en turno, Dr. René Martínez, se procedió a su detención, quedando a disposición de la Justicia.

Según se indicó, los efectivos fueron alertados sobre una situación violenta en el lugar y, al arribar con rapidez, constataron que un hombre armado con una escopeta se encontraba manteniendo un altercado con su ex pareja y con una hija mayor de edad. Asimismo, se estableció que sobre el individuo pesaban medidas judiciales vigentes en una causa por violencia de género, las cuales estaban siendo incumplidas.

Ante la gravedad de la situación, los agentes procedieron de inmediato a reducir al hombre, de 54 años de edad, quien al advertir la presencia policial intentó ocultar el arma. En el procedimiento se secuestró una escopeta calibre 16 junto con cartuchería, mientras que el personal policial brindó contención y resguardo a las dos mujeres involucradas y a una niña pequeña que también se encontraba en la vivienda.

Tras dar intervención al Ministerio Público Fiscal, se dispuso la inmediata detención del agresor y su traslado a la Alcaidía Policial. El sujeto quedó acusado de los delitos de desobediencia judicial y amenazas calificadas por el uso de arma de fuego, quedando a disposición de la Justicia para el avance de las actuaciones correspondientes.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación (OFDPN) presentó su informe parcial correspondiente al período 1 de enero al 15 de noviembre de 2025. El relevamiento confirmó que 211 mujeres fueron víctimas de femicidio en todo el país.

Si bien la cifra continúa siendo alarmante, el análisis interanual marca un dato relevante: los casos registrados hasta la fecha representan una disminución del 25,2% respecto de 2023, año en el que se contabilizaron 282 femicidios. Con este descenso, 2025 se convierte en el año con los valores más bajos de la serie histórica 2017-2025.

El informe del OFDPN detalla la composición de los 211 femicidios registrados:

Uno de los datos que se mantiene a lo largo de los años es la incidencia del hogar como escenario del hecho. El 62% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima (78 casos) o en el domicilio compartido con el agresor (53 casos).“En el entorno donde las mujeres deberían sentirse más seguras es donde más se vulneran sus derechos”, advierte el observatorio.

El vínculo previo entre víctima y victimario también se consolida como una característica persistente: en el 85% de los casos existía una relación preexistente, principalmente parejas (69 casos) o exparejas (50 casos).

A pesar de esta cercanía emocional y cotidiana, el informe subraya un dato crítico: solo el 16,6% de las víctimas (35 mujeres) había realizado al menos una denuncia previa por violencia de género.

Los métodos más frecuentes utilizados por los femicidas fueron armas de fuego, golpes y apuñalamiento.

El impacto social de esta violencia deja consecuencias profundas: 111 niñas y niños menores de edad quedaron sin madre a causa de estos hechos.

En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires (incluyendo CABA) concentra la mayor cantidad de casos, con 84 femicidios. Le siguen Santa Fe (25) y Misiones (13).

Sin embargo, al analizar la tasa de femicidios en relación con la población femenina —según el Censo 2022—, el panorama se modifica. Las provincias con mayor incidencia proporcional son:

Este indicador permite identificar territorios donde la violencia letal contra las mujeres adquiere un impacto especialmente elevado en términos poblacionales.

Creado en 2016, el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación tiene como objetivo producir estadísticas precisas y confiables para contribuir al diseño y evaluación de políticas públicas de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género. Además, la institución tiene la responsabilidad de comunicar periódicamente estos datos a la Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), la Oficina de Violencia de Género (OVG) del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos presentó un informe que expone un panorama alarmante: entre enero y octubre de 2025 se registraron 10.868 expedientes judiciales, lo que representa un promedio de 1.086 casos mensuales.

Según el relevamiento, en la provincia se formula una denuncia por violencia de género cada 40 minutos.

El estudio confirma que el 88,7% de las víctimas son mujeres o niñas, con una edad promedio de 34 años, lo que evidencia el carácter estructural de esta problemática.

La violencia psicológica continúa siendo la forma predominante, presente en 57% de los casos. Le siguen:

Desde la OVG advirtieron que “la mayoría de las mujeres sufre más de un tipo de violencia de manera simultánea”, lo que complejiza las intervenciones judiciales y la implementación de medidas de protección.

El informe señala que el 79% de los hechos ocurre en el ámbito doméstico, lo que confirma que el hogar continúa siendo el espacio de mayor riesgo para mujeres y niñas.En tanto, el 15% de los episodios se produce en espacios públicos, institucionales o laborales, y el 3% corresponde a situaciones de violencia digital o telemática.

El relevamiento muestra que el 66% de los agresores son parejas o ex parejas de las víctimas. Además, el 97% de las personas denunciadas son hombres, lo que reafirma la dimensión de género de esta forma de violencia.

El 85,5% de las denuncias fueron realizadas por las propias víctimas, aunque el 84,5% de los expedientes ingresó por vía policial.

En materia de riesgo, se registraron 4.680 episodios en diez meses: 1 de cada 2,3 casos corresponde a hechos reiterados con el mismo agresor.

El informe también indica que más de 4.600 mujeres realizaron redenuncias, lo que revela la persistencia de situaciones violentas a pesar de la intervención institucional.

El estudio se elaboró a partir de la información cargada a diario por los organismos judiciales en el sistema REJUCAV, herramienta que permite sistematizar datos, dimensionar la magnitud de la problemática y diseñar políticas públicas más eficientes de prevención y asistencia.

La OVG recordó que las denuncias pueden realizarse:

Una joven de la ciudad de Crespo denunció a su ex pareja por violencia de género, luego de descubrir que el hombre había creado perfiles falsos en redes sociales para difundir imágenes íntimas sin su consentimiento. Según relató la víctima a Radio Plaza (Paraná), la situación formó parte de un patrón de acoso, manipulación y control psicológico que se intensificó durante su embarazo y posterior maternidad.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, la relación comenzó de manera aparentemente normal, pero pronto se tornó posesiva y controladora. Relató que su pareja ejercía celos constantes, la aislaba de su entorno y monitoreaba sus movimientos a través de mensajes y redes sociales. Con el tiempo, las situaciones de hostigamiento se volvieron más graves, afectando su bienestar emocional y el de su hijo.

El hecho más grave, según la denuncia, fue el uso de imágenes privadas para crear cuentas falsas en redes sociales. En ellas, su ex pareja habría publicado fotografías personales y de contenido íntimo, generando una situación de violencia digital que expuso a la joven a mensajes inapropiados y al acoso por parte de desconocidos.

La víctima relató que su expareja justificaba sus acciones con argumentos manipuladores, lo que la llevó a sentirse “atrapada y sin control sobre su propia vida”. También manifestó haber sufrido violencia psicológica, sexual y económica, sumadas al aislamiento social y a la falta de contención institucional tras su denuncia.

La mujer aseguró haber intentado realizar denuncias ante distintos organismos, pero señaló falta de acompañamiento y respuestas ineficaces. Indicó que, si bien desde la Fiscalía de Género se dictaron medidas de restricción, posteriormente otras instancias judiciales modificaron esas disposiciones, generándole mayor sensación de inseguridad.

“Me sentí sola y sin respaldo. Lo que viví fue violencia en muchos niveles, y todavía espero que mi caso sea tomado con la seriedad que merece”, expresó la joven, quien continúa reclamando protección efectiva y acceso a la justicia.

Especialistas advierten que la difusión no consentida de imágenes íntimas constituye un delito y una forma de violencia digital, reconocida en la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. Este tipo de agresión busca dañar la reputación y la integridad de la víctima, extendiendo la violencia más allá del ámbito físico o doméstico.

Desde organismos especializados se insiste en la importancia de denunciar estos hechos, conservar pruebas digitales y acudir a redes de contención como las Oficinas de Violencia de Género, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, o la línea 144, que brinda atención gratuita y confidencial en todo el país, las 24 horas.

El caso pone de relieve la necesidad de que las instituciones fortalezcan sus mecanismos de respuesta ante la violencia de género, especialmente en situaciones donde la víctima denuncia violencia psicológica y digital.

La provincia de Entre Ríos se encuentra conmocionada tras confirmarse el peor desenlace en la búsqueda de Daiana Magalí Mendieta, la joven de 22 años que había sido reportada como desaparecida el 3 de octubre. Su cuerpo fue hallado sin vida este martes dentro de un aljibe en una zona rural de Gobernador Mansilla, en el departamento Tala.

El caso, que se investiga como un posible femicidio, generó una fuerte reacción social y política. Ante la tragedia, la Multisectorial de Mujeres Entrerrianas emitió un comunicado urgente denunciando la gravedad del hecho y apuntando contra la falta de respuestas estatales ante la violencia de género.

“El caso de Daiana es la representación más cruda de la violencia machista que vivimos a diario y de la indiferencia de un gobierno que nos abandona”, expresaron desde la organización, que también llamó a la ciudadanía a movilizarse para exigir justicia y políticas efectivas de prevención.

En ese marco, la Multisectorial convocó a una concentración masiva para este miércoles a las 18:30, frente a los Tribunales de Paraná, bajo la consigna de “emergencia y hartazgo ante la pérdida de vidas”.

“Porque estamos en emergencia, porque nuestras vidas peligran cada vez más, porque no queremos seguir contando pibas muertas, porque estamos HARTAS, porque esto se tiene que terminar”, expresa el llamado difundido en redes sociales y medios locales.

La marcha buscará visibilizar no solo el reclamo de justicia por Daiana, sino también la situación de violencia estructural y desprotección que atraviesan las mujeres en la provincia. Desde la organización señalaron que el caso de Mendieta se suma a una lista de femicidios que “continúan ocurriendo sin que haya políticas reales de prevención, contención y acompañamiento”.

Un trágico hallazgo conmociona a la comunidad de Gobernador Mansilla, en el departamento Tala. Este martes, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de una mujer dentro de un aljibe ubicado en una zona rural del lugar.

El descubrimiento se produjo en el marco de la intensa búsqueda de Daiana Magalí Mendieta, una joven de 22 años que había sido vista por última vez el pasado viernes. Aunque todavía se aguardan las pericias forenses para confirmar la identidad del cuerpo, las primeras informaciones oficiales indican que se trata de una mujer.

“El cuerpo está dentro de un aljibe y se confirma que es el de una mujer, pero aún no confirmado que sea ella”, señaló el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, en declaraciones a Elonce. El funcionario se encuentra en el lugar del hallazgo junto al jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, coordinando las tareas de investigación.

Efectivos policiales y peritos de Criminalística trabajan en la zona para recolectar evidencias y determinar las circunstancias de la muerte. La zona rural donde se produjo el hallazgo permanece acordonada mientras continúa la labor de los equipos de rescate y de la fiscalía interviniente.

La desaparición de Daiana había generado una amplia movilización en la localidad y en todo el departamento Tala, con la participación de vecinos, bomberos voluntarios y fuerzas de seguridad en los operativos de búsqueda.

Las autoridades solicitaron cautela y respeto mientras avanza la investigación y se esperan los resultados que confirmen la identidad del cuerpo hallado.

La Jefatura Departamental Paraná informó que en la tarde del domingo 7 de septiembre de 2025, personal policial llevó adelante un allanamiento en un domicilio de calle Urquiza, en la ciudad de Hasenkamp, en el marco de una denuncia por violencia de género.

La denuncia, presentada por una ciudadana, permitió a la Justicia otorgar la orden de allanamiento y requisa personal. Durante el procedimiento, los efectivos procedieron al secuestro de varias armas de fuego y municiones.

Entre los elementos incautados se encuentran:

Durante el operativo, el autor de los hechos fue detenido y quedó a disposición de la Justicia. En la causa interviene la Fiscalía de Género, a cargo de la doctora Elizabeth Comas.

Con el objetivo de seguir fortaleciendo las políticas públicas con enfoque de género, el Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos, a través de la Dirección de Mujeres y en articulación con el Área Mujer del municipio de Crespo, llevó adelante una jornada de capacitación destinada a trabajadoras y trabajadores del gobierno local.

La actividad tuvo lugar en el edificio NIDO de Crespo y contó con la participación de más de 60 personas, entre funcionarios, responsables de áreas y personal técnico. Esta instancia se desarrolló en el marco de la Ley Provincial N° 10.768, que adhiere a la Ley Nacional N° 27.499, conocida como Ley Micaela, la cual establece la obligatoriedad de capacitar en género y violencia contra las mujeres a todas las personas que desempeñan funciones en el Estado en sus tres poderes y niveles.

“El desafío es avanzar en una verdadera transversalización de la perspectiva de género en el Estado. Para eso, estas capacitaciones son clave: permiten cuestionar visiones arraigadas y construir entornos institucionales más justos”, destacaron desde la Dirección de Mujeres.

Durante la jornada, las capacitadoras introdujeron a los participantes en los conceptos básicos de la perspectiva de género, abordaron estereotipos, roles asignados culturalmente y los mecanismos de socialización de género que se replican incluso en ámbitos estatales.

Uno de los ejes centrales fue el abordaje de las violencias por motivos de género como problemática estructural y social. Se profundizó en el marco legal vigente a nivel provincial, nacional e internacional, así como en los tipos y modalidades de violencia, los mitos más frecuentes y los llamados micromachismos, formas sutiles pero constantes de discriminación.

Además, se brindaron herramientas prácticas para la identificación, orientación y derivación en casos de violencia de género, lo que resulta esencial para quienes integran equipos estatales con funciones de atención al público o toma de decisiones.

“La formación en género no es un contenido más: es una responsabilidad institucional que transforma la manera en que gestionamos políticas públicas y atendemos a la ciudadanía”, señalaron desde el equipo capacitador.

Esta acción se inscribe en una política sostenida por el Ministerio de Desarrollo Humano, que impulsa la implementación de la Ley Micaela en todo el territorio provincial, mediante articulación con los municipios y comunas, con el fin de garantizar que todos los niveles del Estado actúen con enfoque de derechos y equidad de género.

Desde la Comisaría de la ciudad de Crespo se informó que ayer miércoles 30 de julio, y por disposición del Juzgado de Paz con competencia en Familia, a cargo de la Dra. Vanesa Visconti, se llevó a cabo un control sobre el cumplimiento de medidas cautelares impuestas a un ciudadano de 36 años en el marco de una causa por violencia de género.

La orden judicial contemplaba, entre otras disposiciones, una prohibición de acercamiento hacia la mujer denunciante, quien reside en el Barrio San Cayetano. Promediando las 19:30 horas, una comisión policial se constituyó en el domicilio de la víctima para verificar el cumplimiento de la medida.

Al llegar, los efectivos constataron que el hombre denunciado se encontraba dentro de la vivienda, violando así de forma flagrante la resolución judicial vigente. Ante el evidente incumplimiento, se procedió inmediatamente a su detención.

Informado de la situación, el Fiscal de Género en turno, Dr. Facundo Etienot, ordenó el traslado del aprehendido a la Alcaidía de Tribunales de Paraná. Previamente, fue derivado a la Oficina de Antecedentes Personales y sometido a la evaluación médica correspondiente.

El detenido quedó alojado en sede judicial bajo la imputación de Desobediencia Judicial en Flagrancia, en el contexto de un proceso por Violencia de Género. Desde la Justicia no descartan nuevas medidas que podrían ser dictadas por el Juzgado de Paz y Familia de Crespo.

Durante el primer trimestre de 2025, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) atendió a 4.746 personas, lo que equivale a un promedio de 53 asistencias diarias, en el marco de situaciones vinculadas a distintos tipos de violencia en el ámbito familiar.

Según el informe difundido por el portal Diario Judicial, se procesaron 2.643 denuncias formales, un 9% más que en el mismo período de 2024, lo que representa a 3.331 personas afectadas. A esto se suman 2.103 consultas de orientación, marcando un incremento del 4%.

El segmento más numeroso de víctimas estuvo compuesto por mujeres adultas de entre 18 y 59 años, que representaron el 52% de los casos. Le siguieron los menores de edad, con el 29%, y una edad promedio de 9 años. Los hombres adultos alcanzaron el 10%, y las personas mayores de 60 años, el 9%.

En total, el 73% de las víctimas eran mujeres y el 27% hombres. Sólo en los tramos de edad más bajos (0 a 5 años y 6 a 10 años), los niños varones superaron en cantidad a las niñas como víctimas.

Además, se identificaron cuatro personas con identidades de género no binarias (mujer trans/travesti, varón trans y otras), todas entre 30 y 49 años.

En el grupo de víctimas masculinas (884 personas), el 53% eran menores de 18 años, una cifra que marca la vulnerabilidad infantil en entornos familiares violentos.

En cuanto a los 2.849 acusados, el 71% eran hombres y el 29% mujeres. La mayoría tenía entre 22 y 49 años (54%) y una edad promedio de 40 años. También se identificaron 21 adolescentes (14 a 17 años) como presuntos agresores.

En cuanto a sus condiciones socioeconómicas, el 38% no terminó la secundaria, el 30% estaba desocupado, el 31% tenía problemas con el consumo de alcohol y el 29% con drogas u otras sustancias psicoactivas. El 9% poseía armas, y el **2% pertenecía a fuerzas de seguridad.

Las relaciones más frecuentes entre víctima y agresor fueron las de pareja o ex pareja (47%), seguidas por vínculos parentales directos (33%), y otros tipos de familiares o allegados. Entre las relaciones de pareja, el 74% correspondía a ex parejas, un dato que alerta sobre la persistencia de la violencia post ruptura.

La violencia psicológica fue el tipo más común, presente en el 95% de los casos. Le siguieron la violencia física y simbólica (44%), la ambiental (30%), la económica o patrimonial (26%), la social (8%), la sexual (7%) y la digital (4%).

El equipo médico de la OVD evaluó a 566 personas, de las cuales 511 presentaban lesiones físicas.

El 99% de las denuncias fueron derivadas a la Justicia Nacional en lo Civil, el 12% a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional, el 68% al fuero Penal y Contravencional porteño, y el 27% al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires.

En la madrugada de este viernes 4 de julio, personal del Comando Radioeléctrico de Victoria detuvo a un hombre de 41 años por violar medidas cautelares vigentes y presentarse en el domicilio de una mujer que tenía en su favor una orden de prohibición de acercamiento.

El hecho ocurrió alrededor de las 03:20 horas, cuando un llamado telefónico alertó a la Policía sobre la presencia del individuo en una vivienda ubicada en calle Montenegro y Matheu. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el hombre se encontraba en el interior del domicilio de la denunciante.

Según informaron fuentes policiales, el detenido tenía en su poder un cuchillo tipo navaja, el cual fue inmediatamente secuestrado por los agentes intervinientes. La situación fue informada de forma inmediata a la Unidad Fiscal de turno, que dispuso la detención del sujeto bajo el cargo de Desobediencia Judicial, además del secuestro del arma blanca y la realización de las diligencias de rigor.

En el procedimiento también intervino el galeno policial de turno, cumpliendo con los protocolos establecidos para este tipo de casos.

Victoria.- La violencia de género es un problema grave en nuestro país y también en nuestra ciudad, donde se han sucedido casos trágicos en los últimos años. El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza de Emergencia para Casos de Violencia de Género, que se piensa ampliar para perfeccionar las políticas preventivas. En el marco de esta norma, actualmente en vigencia, Andrés Marchese, presidente del Concejo Deliberante, mantuvo esta semana reuniones con áreas específicas del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), con el objetivo de ampliar las posibilidades de asistencia al sector afectado por este fenómeno.

Específicamente, se reunió con el área de Violencia de Género del STJER para consensuar acciones y firmar un convenio marco que permita implementar medidas preventivas y brindar ayuda financiera. “Muchos dudaban sobre la importancia de esta norma. Hoy se comprueba que es una declaración, una bandera, un estandarte que abre puertas, como ocurrió esta semana”, expresó Marchese.

Este acuerdo permitirá involucrar a la fuerza policial, la fiscalía y los juzgados específicos, para coordinar protocolos y acciones orientadas a mejorar la asistencia y la prevención. En forma concreta, se planteó ante el organismo judicial la compra de tobilleras magnéticas, con el fin de perfeccionar los controles coordinados con el 911. Al respecto, existen antecedentes con buenos resultados en Paraná.

Con la firma del convenio, se podrán realizar acuerdos con la policía, el Poder Judicial y la fiscalía para la implementación de medidas concretas. Según Marchese –entrevistado por Paralelo 32–, el Superior Tribunal tenía hasta el año pasado un convenio de ayuda con la Nación para estos delitos, pero quedó sin efecto. A partir de ese hecho, el Poder Judicial de la provincia está gestionando, tanto con el Poder Ejecutivo como con presupuesto propio, la restauración del programa de asistencia en casos de violencia de género en todos los niveles.

Por otra parte, explicó que la elaboración de la ordenanza de emergencia llevó tiempo y fue resultado de consultas con el Juzgado de Familia, el Colectivo Femenino –que además presentó una propuesta ante el Concejo Deliberante– y el Área de la Mujer del municipio, que actualmente lleva contabilizados más de 400 casos de violencia de género. Esta cifra coincide con los registros del Poder Judicial. “La redacción y los considerandos de la ordenanza fueron recopilados de todas las instituciones consultadas, reflejando que el problema es realmente grave”, señaló.

Asimismo, comentó que, una vez firmado el convenio marco, será enviado a distintas instituciones, lo que permitirá diseñar políticas que mejoren la situación de las mujeres que sufren violencia. Entre ellas, la posibilidad de habilitar el uso de tobilleras para los agresores, además de otras medidas que se generen en conjunto.

Finalmente, explicó que se enviará copia del convenio a distintos municipios de la provincia, junto con la ordenanza que declara la emergencia, ya que, hasta el momento, Victoria toma la iniciativa en la lucha contra este flagelo.