Al cumplirse cuatro meses de la noche del 30 de diciembre que marcó a Victoria y sumió a varias familias en un crudo lamento, la causa judicial por lo ocurrido en el local "Costa Rica" registra avances determinantes en la determinación de responsabilidades. El Dr. Agustín Grecco, abogado de las familias que reclaman justicia, informó que la investigación ha tomado un impulso concreto con la citación de funcionarios claves del ámbito municipal.

El proceso busca esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Nataly García y Agustina Cabrera, y traer algo de paz y sosiego a los demás familiares que no pudieron sobrellevar los hechos posteriores como el fallecimiento de Fabricio Mansilla, ocurrido el 2 de enero.

La intervención de la querella y la decisión del Ministerio Público Fiscal apuntan directamente a las áreas de control. Según detalló el letrado, han sido citados a prestar declaración testimonial los encargados del área de Seguridad y Control Urbano, María Inés Dionisio y Juan Carrizo.

Asimismo, deberán comparecer inspectoras del área de Bromatología. Para la querella, estas declaraciones constituyen el núcleo de la causa, ya que permitirán entender el funcionamiento del sistema de inspecciones y habilitaciones vigentes al momento del siniestro.

El abogado Grecco enfatizó a Paralelo32 que la investigación no se limita a un hecho fortuito, sino que busca reconstruir una cadena de responsabilidades.

“Se investiga un sistema. Se investiga si quienes tenían la responsabilidad de inspeccionar, habilitar y garantizar condiciones de seguridad cumplieron con su deber. De haberse cumplido correctamente, probablemente se habría evitado esta tragedia”.

A cuatro meses de las ausencias de Nataly y Agustina, y ante la cercanía del tercer mes del fallecimiento de Fabricio, las familias exigen que la investigación avance sin dilaciones. "La memoria de las víctimas no admite pausas ni silencios. Nos obliga a sostener el reclamo y a confiar en que la verdad no será esquiva", concluyó el abogado.

Según se indicó oficialmente, la medida fue dispuesta luego de que se decretara la rebeldía del imputado en el proceso penal que tramita en su contra. La orden de localización y detención fue emitida por la Fiscalía de Niñas, Niños y Adolescentes de Paraná, a cargo del Dr. Jorge Sueldo.

A partir de la disposición judicial, personal de la dependencia policial de Crespo inició recorridas y tareas de búsqueda en distintos sectores frecuentados habitualmente por el acusado.

Tras varias horas de operativo, una dotación policial logró encontrar al joven en un sector de un inmueble abandonado ubicado en Barrio del Rosario.

De acuerdo a lo informado por la fuerza, a Paralelo32 el imputado no ofreció resistencia durante el procedimiento y fue aprehendido en el lugar.

Posteriormente, fue trasladado hacia la Alcaidía de Tribunales de Paraná, previo paso por la División Antecedentes Personales y la correspondiente revisión médica de rigor.

El detenido permanecerá alojado a disposición de la Justicia, en el marco de las actuaciones judiciales que requerían su comparecencia.

Desde la Jefatura Departamental Victoria informaron que fueron detenidos los dos hombres que permanecían prófugos en el marco de la investigación por el ataque armado ocurrido el pasado 25 de marzo en la zona de islas del departamento Victoria, donde un hombre de 67 años resultó herido por disparos de arma de fuego.

De acuerdo a la información oficial, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal logró, tras diversas tareas investigativas, identificar a los tres hombres que habrían participado de la agresión, todos oriundos de la ciudad de Rosario.

La investigación ya había permitido, el pasado 9 de abril, la detención de uno de los sospechosos, un hombre de 38 años, en un procedimiento realizado con colaboración de la Prefectura Naval Argentina en la localidad de Arroyo Seco.

Ese acusado permanece actualmente con prisión preventiva en la unidad carcelaria local mientras avanza la causa judicial.

En continuidad con las pesquisas, este martes a las 5:30 de la madrugada se concretaron nuevos allanamientos en las ciudades de Villa Gobernador Gálvez y Rosario.

Los operativos fueron llevados adelante por efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Victoria, con colaboración de la Compañía de Tropa de Operaciones Especiales (TOE).

Como resultado de las medidas judiciales, se logró la detención de los dos prófugos restantes, hombres de 33 y 36 años, quienes quedaron a disposición de la magistratura interviniente.

El hecho investigado ocurrió en marzo en la zona de islas del departamento Victoria, cuando la víctima, un hombre de 67 años, fue atacada con disparos de arma de fuego por parte de tres individuos.

El hecho ocurrió en una vivienda de calle La Rioja, en la ciudad de Diamante, donde efectivos del Comando Radioeléctrico fueron alertados sobre la presencia de un hombre mayor de edad en un estado de fuerte exaltación emocional.

Al arribar al lugar, el personal policial constató la situación y, en conjunto con residentes de la vivienda, procedió a aplicar el Protocolo de Salud Mental previsto para este tipo de intervenciones.

Según se indicó, mediante la implementación de técnicas específicas se logró contener la situación y reducir el estado de crisis del individuo. Posteriormente, con la llegada del personal sanitario, se concretó su traslado al Hospital San José, donde recibió atención integral psico-física.

Desde la Jefatura Departamental de Diamante se informó que personal policial de la Comisaría de Colonia Ensayo continúa desarrollando una estrategia operativa basada en retenes de control y presencia rotativa en distintos horarios, con el objetivo de reforzar la prevención en los loteos de la zona, mediante la identificación de personas y vehículos en tránsito.

En este marco, durante la noche del viernes, y como resultado de uno de estos procedimientos, efectivos policiales llevaron adelante la identificación rutinaria de un individuo en inmediaciones de un local comercial ubicado sobre la Ruta Nacional 11.

Al verificar sus datos, constataron que el hombre poseía un pedido de captura vigente en una causa vinculada a delitos contra la integridad sexual, requerido por uno de los Juzgados de Garantías de Paraná.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención a las autoridades judiciales competentes, quienes dispusieron la detención del individuo, de 44 años de edad y domiciliado en la capital provincial.

El sujeto fue puesto a disposición del órgano judicial interviniente y posteriormente trasladado hacia la Alcaidía de Tribunales en Paraná, donde permanecerá alojado a la espera de nuevas disposiciones en la causa.

Victoria.- La titular de la Departamental de Escuelas de este Departamento, Silvia Garcilazo, confirmó que se activaron protocolos en distintos establecimientos tras la aparición de mensajes amenazantes en baños escolares, lo que generó preocupación en familias y docentes. Hacen referencia a tiroteo, balas, y armas, entre otras menciones.

Según explicó, los hechos comenzaron el jueves con la detección de escritos en instituciones educativas. Ante cada caso, se aplica el protocolo correspondiente: se da aviso al 911, se registran las evidencias y se eleva la información a las autoridades educativas y policiales, que evalúan la gravedad de la situación.

Hasta el momento, no se detectaron armas ni elementos peligrosos en las escuelas de la ciudad. Sin embargo, las autoridades no descartan que se trate de desafíos virales difundidos en redes sociales, lo que igualmente reviste gravedad.

“Esto no es una broma. Implica denuncias y puede involucrar tanto a los estudiantes como a sus familias”, advirtió Garcilazo.

Uno de los aspectos que más preocupa es que este tipo de situaciones también se registraron en escuelas primarias, algo considerado inusual. En ese sentido, se intensificaron las acciones preventivas, reuniones con padres, trabajo en las aulas y articulación con equipos especializados en convivencia y consumos problemáticos.

Además, se destacó el acompañamiento de la policía local, que reforzó la presencia en los horarios de ingreso y egreso de los alumnos como medida disuasiva.

La titular de la Departamental –entrevistada por Paralelo32– sostuvo que la problemática no puede abordarse solo desde la escuela, sino que requiere un trabajo conjunto con las familias. “La escuela es una caja de resonancia de lo que pasa en la sociedad”, señalaron.

También se puso el foco en el uso del celular dentro de las instituciones, un tema que sigue en debate. Mientras algunas escuelas optaron por restringirlo durante el horario escolar, otras aún evalúan cómo regular su uso, especialmente cuando toman imágenes de situaciones de violencia que luego se viralizan en redes.

Por último, indicó que, si bien este año los episodios graves -violencia-  fueron pocos, se continúa trabajando en fortalecer los acuerdos de convivencia escolar y en generar conciencia sobre la responsabilidad de cada acción.

Educación refuerza protocolos y lanza acciones ante el aumento de situaciones de violencia en escuelas. En nuestra provincia hay antecedentes de estudiantes que llevaron armas a los establecimientos escolares en los últimos años, hechos que se produjeron en Concordia, Paraná (varios casos) Nogoyá, Diamante y la semana pasada  un chico ingresó en una escuela de La Paz con una tumbera (arma rudimentaria que utilizan reclusos).

La coordinadora del Área de Cuidado del CGE, Clarisa Zalazar, explicó –la semana pasada-, que el organismo trabaja en la provisión de herramientas concretas destinadas a directivos, docentes y equipos escolares, con el objetivo de garantizar intervenciones rápidas y eficaces ante conflictos o episodios críticos. “Desde el Consejo brindamos herramientas para que, cuando las instituciones se vean afectadas por diversas situaciones, puedan accionar de la mejor manera posible, con eficacia e inmediatez”, señaló.

A modo de ejemplo sostuvo que el directivo o docente tiene que observar en conjunto al alumnado, cuando un chico queda aislado en el recreo o no abandona el aula, tiene mala relación con los compañeros, conductas agresivas, responde mal a las indicaciones de los docentes y esto ocurre en forma frecuente, todo este combo representa la primera alerta.

Lanzaron una “hoja de ruta” que sintetiza las normativas vigentes para el abordaje de problemáticas en el ámbito educativo. Además, se presentó la campaña “ESI en Agenda”, que incluye materiales pedagógicos y tiene como eje central el consentimiento.

Entrevistada por Paralelo32 la funcionaria comentó que el abordaje se realiza desde una perspectiva multidisciplinaria. En ese sentido, el CGE cuenta con la Coordinación de Políticas Transversales, que articula acciones de prevención y seguimiento. 

Este esquema se complementa con una red de referentes distribuidos en los 17 departamentos entrerrianos, que trabajan en articulación con supervisores y equipos escolares para acompañar las situaciones cotidianas en cada institución.

En cuanto a datos estadísticos, Zalazar indicó que durante el año pasado se acompañaron 2.500 situaciones, de las cuales 336 correspondieron a problemáticas de salud mental. Si bien aún no se cuenta con cifras cerradas del presente ciclo lectivo, advirtió que se trata de “un año complejo” y que se prevé un incremento en la demanda de intervenciones.

Por su parte, la integrante del equipo técnico de la Coordinación de ESI, Celeste Ramírez, subrayó la importancia de la formación docente como herramienta clave para la prevención. “Muchas de las situaciones vinculadas a la violencia o la salud mental son construcciones sociales. Nadie nace violento, sino que atraviesa situaciones de violencia”, explicó. Tipificando un fenómeno que se repite en distinto grado, en ámbitos educativos, sumado a la presencia de armas en las escuelas. .

Las autoridades remarcaron que el fortalecimiento de estos dispositivos apunta a mejorar la convivencia escolar y a brindar respuestas frente a un escenario social que impacta cada vez con mayor fuerza en el ámbito educativo.

En los últimos días, distintos mensajes y situaciones de acoso escolar han vuelto a ocupar un lugar central en la conversación social. Audios, capturas de pantalla, relatos de padres y estudiantes circulan con rapidez en redes sociales, exponiendo una realidad que, lejos de ser nueva, parece haberse intensificado: la violencia entre niños y adolescentes dentro y fuera del ámbito escolar.

Sin embargo, el problema no se limita al acoso en sí. Lo verdaderamente preocupante es cómo lo estamos interpretando y abordando.

En muchos casos, frente a situaciones de bullying, la respuesta del sistema educativo tiende a simplificar. Se identifica una conducta disruptiva, se etiqueta rápidamente a uno o varios niños y se intenta intervenir sobre ese comportamiento sin comprender el fenómeno en su totalidad. Aquí aparece un concepto clave: los fenotipos conductuales. Los fenotipos conductuales son descripciones observables de comportamiento: impulsividad, aislamiento, agresividad, dificultad en la regulación emocional, problemas en la interacción social. Son útiles como punto de partida, pero no explican la causa.

El problema surge cuando estos fenotipos se transforman en diagnósticos implícitos o en explicaciones cerradas. Cuando un niño es definido por su conducta sin que se investigue qué está sosteniendo esa conducta.

Un niño que agrede puede estar respondiendo a un entorno hostil. Un niño que se aísla puede estar atravesando ansiedad o depresión. Un niño que no regula puede tener alteraciones en el sueño, en su alimentación o en su desarrollo neurológico. Pero si el sistema se queda en la superficie, todo se reduce a “el que molesta”, “el que no se adapta”, “el problema del aula”.

El acoso escolar, en este contexto, no es solo un conflicto entre pares. Es también un síntoma de un sistema que no logra leer lo que está ocurriendo.

Las escuelas, muchas veces, no cuentan con herramientas suficientes para abordar la complejidad actual. La sobrecarga de alumnos, la falta de formación específica en salud mental, la presión por sostener la dinámica académica y la ausencia de equipos interdisciplinarios generan intervenciones parciales y, en muchos casos, tardías.

A esto se suma un cambio cultural profundo. Los conflictos ya no quedan dentro del aula. Continúan en redes sociales, en grupos de mensajería, en entornos digitales donde la exposición es constante y la agresión puede amplificarse sin límites. El acoso ya no termina cuando suena el timbre.

Este fenómeno tiene consecuencias clínicas concretas. Aumento de síntomas de ansiedad, cuadros depresivos, retraimiento social, dificultades en el aprendizaje y, en situaciones más graves, riesgo de autolesiones. Pero nuevamente, la respuesta suele centrarse en la conducta visible. Se sanciona, se advierte, se llama a los padres. Sin embargo, pocas veces se realiza un análisis profundo del contexto: qué dinámicas grupales están en juego, qué rol cumplen los adultos, qué condiciones emocionales y biológicas tienen los niños involucrados.

El sistema escolar necesita una revisión urgente.

No alcanza con protocolos formales si no hay comprensión real del problema. No alcanza con identificar “víctimas” y “agresores” si no se interviene sobre el grupo, sobre el clima institucional y sobre las condiciones individuales de cada niño. Incorporar una mirada más compleja implica, también, salir del reduccionismo conductual. Implica entender que la conducta es un lenguaje. Que expresa algo. Que no aparece en el vacío. Y esto requiere formación, tiempo y decisión institucional. También requiere trabajar con las familias. Porque muchas veces, lo que ocurre en la escuela tiene continuidad en el hogar y en el entorno digital. Sin un abordaje conjunto, cualquier intervención queda incompleta.

El desafío no es menor. Pero ignorarlo tiene un costo alto.

Cada mensaje que circula, cada caso que se viraliza, no es solo una noticia. Es una señal de que algo no está funcionando. Y mientras sigamos respondiendo desde la superficie, vamos a seguir viendo las consecuencias. El acoso escolar no se resuelve solo corrigiendo conductas. Se resuelve entendiendo qué las genera.

La medida representa un paso clave dentro del contrato de concesión y busca modernizar el tránsito en uno de los corredores viales más importantes de la región. En esta primera etapa, la estación funcionará con dos vías por sentido y sin posibilidad de pago en efectivo.

El sistema implementado contempla dos opciones:

Entre los valores informados, las motocicletas abonarán $521,96 mediante TelePASE, mientras que los vehículos livianos pagarán desde $1.043,92. En el caso de los camiones de mayor porte, las tarifas básicas superan los $5.200 y también se duplicarán si se opta por el pago electrónico.

Desde la concesionaria indicaron que, por el momento, no estará disponible el pago mediante código QR debido a ajustes técnicos en el sistema.

Para facilitar la transición, habrá personal en cabinas asistiendo a los conductores, así como oficinas de atención al usuario abiertas todos los días de 8 a 20. Allí se podrá gestionar de manera gratuita la adhesión al sistema TelePASE.

En paralelo al inicio del cobro, la empresa destacó avances en infraestructura a lo largo del corredor vial. Entre las principales intervenciones se encuentran:

Además, se incorporaron medidas de seguridad como balizamiento en sectores clave del puente principal, instalación de más de mil carteles nuevos y la futura implementación de controles dinámicos de carga para el transporte pesado.

En cuanto a los servicios al usuario, se renovaron sanitarios, se ampliaron las áreas de estacionamiento y se reforzó el patrullaje durante las 24 horas.

Desde la empresa señalaron que “cada intervención tiene como objetivo consolidar un corredor más seguro, moderno y eficiente”, y adelantaron que en mayo se completará el sistema de balizamiento del canal principal de navegación.

La puesta en marcha del peaje marca así una nueva etapa en la gestión del enlace vial Rosario–Victoria, con foco en la modernización y el mantenimiento sostenido de la infraestructura.

Victoria.- El Juez de Garantía, Alejandro Calleja, ordenó la detención de un matrimonio el lunes pasado, en el marco de una investigación por presunto abuso sexual. Los detenidos son dos hombres de  53 y 45 años que se encuentran bajo custodia mientras las autoridades recogen pruebas y testimonios claves para aclarar la situación. La Justicia dictó prisión preventiva por 45 días para los denunciados a instancia de la denuncia presentada por uno de los hijos adoptivos.

La pareja que hoy enfrenta una grave denuncia que involucra a un mayor y cuatro menores. Según la información a la que accedió Paralelo32, recurriendo a fuentes fidedignas, hace algunos años esta pareja adoptó a un niño de 8 años que tenía tres hermanos más que vivían con su madre. La adopción del primer niño se cumplió en el marco de todas las disposiciones legales vigentes a la fecha y también adoptaron otro joven que actualmente tiene alrededor de 20 años. .

En situación de que la madre del niño adoptado y los tres que quedaron con ella, se había instalado en el Refugio del 4° Cuartel hace algunos años, negándose a dejar el lugar, aquel hecho también tuvo cierta repercusión en los medios de Victoria.

La mujer había abandonado a los hijos y mediaba un tema relacionado a adicciones, y finalmente abandonó la ciudad con destino desconocido. Su reaparición final se dio cuando fue detenida y condenada por homicidio en San Lorenzo (SF) y actualmente cumple condena en una cárcel de la vecina provincia.

Los chicos habían quedado solos cuando la madre los abandonó, y en principio fueron acogidos transitoriamente por un familiar que, por determinadas circunstancias, desde el Refugio del Cuarto Cuartel decidieron que fueran derivados y entregados en guarda al matrimonio sobre el que hoy pesa la denuncia, con la idea de que los cuatro hermanos estén juntos. Se desconoce si el procedimiento de este pase se hizo en el marco de las disposiciones vigentes en materia de minoridad.

Con el paso del tiempo adoptaron otro chico adolescente que actualmente tiene 20 años, ampliando la familia. Para entonces, bajo el mismo techo convivían 4 hermanos y un joven mayor. Este último fue el que hizo la denuncia asegurando haber sufrido abusos.

Cuando el caso llegó a la justicia se dictó prisión preventiva para los posibles responsables y con buen criterio, los demás menores fueron separados y trasladados a una residencia en Concordia bajo la tutela del COPNAF.

El tema de esta grave denuncia se maneja en el mayor hermetismo –mientras las redes sociales ya dictaron sentencia- por tratarse de menores y, según datos que hemos recabado, el testimonio del joven denunciante habría aportado evidencias puntuales relacionadas a “cosas” que habían sucedido en el  núcleo familiar, relacionadas a cuestiones intimas.

También transcendió que podrían involucrar a los menores, aunque solo tiene el valor del trascendido y será tarea del fiscal reunir evidencias que sustancien la denuncia.

Lo que agrava la situación de los denunciados es que durante el allanamiento a su vivienda se secuestraron elementos que los vincularían a la causa, además de teléfonos y computadoras que pueden contener o no material valioso para la misma.

Un profesional consultado señaló que la prisión preventiva de 45 días se dictó porque existen pruebas suficientes que justifican esa decisión judicial.

Nogoyá.– El pasado viernes por la noche, un nuevo hecho de violencia familiar y violencia de género conmocionó a la comunidad. El informe oficial indicaba que un hombre de 57 años había ingresado al Hospital San Blas con una grave hemorragia cerebral y fractura de cráneo, provocadas —según su propio testimonio— por un golpe de palo propinado por su hijastro de 19 años. Dada la gravedad del cuadro, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín de Paraná, donde permanece en estado crítico, sedado y con asistencia respiratoria.

Sin embargo, a medida que las horas pasaron, el trasfondo del incidente comenzó a salir a la luz a través del relato de testigos presenciales y vecinos, quienes revelaron una situación de violencia de género extrema previa al desenlace.

Lejos de ser una agresión aislada, personas cercanas al círculo familiar coinciden en que el joven de 19 años actuó movido por la desesperación de proteger a su madre. Según testigos, que decidieron utilizar las redes sociales y los medios radiales para contar su verdad, el hombre, de 57 años, estaba protagonizando un ataque de furia en el que “habría arrastrado a la mujer de los cabellos por la casa y el patio”.

La situación escaló a un punto crítico cuando el agresor, tras romper diversos objetos, habría intentado iniciar un incendio dentro de la vivienda con la mujer en su interior. Fue en ese preciso instante cuando el hijo intervino para frenar el ataque. "Como todo hijo, defendió a su madre para que no la mataran" explicaron allegados, quienes además señalaron que el hombre ya contaría con antecedentes de conductas similares con parejas anteriores.

A pesar de la gravedad del ataque que habría sufrido, la mujer no radicó la denuncia correspondiente contra su pareja. Por el contrario, en sus declaraciones iniciales habría intentado minimizar los hechos, manifestando encontrarse "bien" y dejando así el camino libre para que la Justicia avance penalmente contra su propio hijo.

Este escenario pone de manifiesto la complejidad del ciclo de violencia de género, donde el miedo o la manipulación psicológica impiden que la víctima pueda denunciar, dejando en una vulnerabilidad absoluta a quienes intentan auxiliarla. Actualmente, es el joven de 19 años quien enfrenta el proceso judicial bajo la intervención de la Unidad Fiscal local, mientras el trasfondo de violencia que originó la tragedia espera ser debidamente considerado por los investigadores.

Desde la Jefatura Departamental de Victoria se informó que en las primeras horas de este sábado se registró un violento asalto en una vivienda ubicada sobre calle América, entre Dorrego y Gobernador Sola, donde dos individuos redujeron a un hombre de 44 años y a su grupo familiar.

Según los datos recabados, los delincuentes irrumpieron en el domicilio y, bajo amenazas con al menos un arma de fuego, intimidaron a las víctimas para acceder a una caja fuerte. De su interior sustrajeron una suma de dinero estimada en alrededor de 20 millones de pesos, para luego darse a la fuga.

A pesar de la violencia del episodio, no se registraron personas lesionadas, aunque los integrantes de la familia quedaron en estado de conmoción por lo ocurrido.

Tras el asalto, personal policial desplegó un operativo en la zona y se iniciaron tareas investigativas para identificar a los responsables. La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía local, que trabaja en conjunto con la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Victoria.

En ese marco, la Policía comunicó que se difundió un identikit correspondiente a un posible autor del hecho, con el objetivo de avanzar en su identificación y localización. Desde la fuerza se solicitó la colaboración de la comunidad, remarcando que cualquier dato puede resultar clave para el esclarecimiento del asalto.

Quienes puedan aportar información pueden comunicarse de manera inmediata al 911, concurrir a la Jefatura Departamental Victoria, ubicada en San Martín Nº 23, o dirigirse a la Fiscalía de la ciudad de Victoria. Las autoridades aseguraron que toda la información recibida será tratada con la debida reserva.

El Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación (OFDPN) dio a conocer su Informe Anual correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, en el que confirmó un total de 247 víctimas de femicidio en todo el país.

El registro incluye 200 femicidios directos, 17 femicidios vinculados, 4 transfemicidios, 9 suicidios feminicidas y 17 casos asociados a contextos de narcotráfico y crimen organizado. Si bien las cifras de 2024 y 2025 muestran una leve disminución en relación con el pico alcanzado en 2023, el informe advierte que la problemática se mantiene constante a lo largo del año, sin que ningún mes registre menos de 15 casos.

Del análisis estadístico surge un dato contundente: durante 2025 se cometió un femicidio cada 35 horas en Argentina, lo que equivale a un promedio semanal de casi cinco víctimas de violencia de género extrema.

El informe señala además que el lugar más inseguro para las mujeres continúa siendo el ámbito privado. El 60% de los asesinatos ocurrió en el domicilio de la víctima o en la vivienda compartida con el agresor. En cuanto al vínculo entre las partes, en el 84% de los casos existía una relación previa, mayoritariamente parejas o exparejas. Solo el 5,5% de los hechos fue cometido por personas desconocidas.

En relación con las consecuencias colaterales, el Observatorio contabilizó 133 niñas y niños que quedaron sin madre como resultado de estos crímenes.

Por jurisdicción, la provincia de Buenos Aires encabezó el registro con 95 casos, seguida por Santa Fe con 30. Sin embargo, al analizar la tasa de femicidios en relación con la población femenina, las provincias con los índices más elevados fueron Santa Cruz, Misiones y Neuquén.

El Observatorio de Femicidios, creado en 2016, continúa con su tarea de monitoreo y sistematización de datos con el objetivo de aportar información precisa que permita diseñar y fortalecer políticas públicas orientadas a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género, en el marco de la legislación nacional y los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.

Desde la Jefatura Departamental de Nogoyá se informó que en la madrugada de ayer, domingo 28 de diciembre, alrededor de las 03:30 horas, personal policial debió intervenir en un domicilio ubicado sobre calle Federación, entre Paraná y Sixto Oris, de esta ciudad, tras recibirse un alerta por gritos que provenían del interior de la vivienda pidiendo auxilio.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron una situación de extrema gravedad, encontrando a una mujer mayor de edad con lesiones de carácter grave, entre ellas un profundo corte en la zona del cuello. Asimismo, en el domicilio se hallaba un masculino mayor de edad que presentaba manchas de sangre.

Ante la urgencia del cuadro, la víctima fue trasladada de inmediato al Hospital San Blas y, posteriormente, derivada de manera urgente a la ciudad de Paraná, donde actualmente permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San Martín.

En relación al hombre encontrado en el lugar, y por disposición del fiscal en turno, Dr. René Martínez, se procedió a su detención, quedando a disposición de la Justicia.

Según se indicó, los efectivos fueron alertados sobre una situación violenta en el lugar y, al arribar con rapidez, constataron que un hombre armado con una escopeta se encontraba manteniendo un altercado con su ex pareja y con una hija mayor de edad. Asimismo, se estableció que sobre el individuo pesaban medidas judiciales vigentes en una causa por violencia de género, las cuales estaban siendo incumplidas.

Ante la gravedad de la situación, los agentes procedieron de inmediato a reducir al hombre, de 54 años de edad, quien al advertir la presencia policial intentó ocultar el arma. En el procedimiento se secuestró una escopeta calibre 16 junto con cartuchería, mientras que el personal policial brindó contención y resguardo a las dos mujeres involucradas y a una niña pequeña que también se encontraba en la vivienda.

Tras dar intervención al Ministerio Público Fiscal, se dispuso la inmediata detención del agresor y su traslado a la Alcaidía Policial. El sujeto quedó acusado de los delitos de desobediencia judicial y amenazas calificadas por el uso de arma de fuego, quedando a disposición de la Justicia para el avance de las actuaciones correspondientes.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación (OFDPN) presentó su informe parcial correspondiente al período 1 de enero al 15 de noviembre de 2025. El relevamiento confirmó que 211 mujeres fueron víctimas de femicidio en todo el país.

Si bien la cifra continúa siendo alarmante, el análisis interanual marca un dato relevante: los casos registrados hasta la fecha representan una disminución del 25,2% respecto de 2023, año en el que se contabilizaron 282 femicidios. Con este descenso, 2025 se convierte en el año con los valores más bajos de la serie histórica 2017-2025.

El informe del OFDPN detalla la composición de los 211 femicidios registrados:

Uno de los datos que se mantiene a lo largo de los años es la incidencia del hogar como escenario del hecho. El 62% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima (78 casos) o en el domicilio compartido con el agresor (53 casos).“En el entorno donde las mujeres deberían sentirse más seguras es donde más se vulneran sus derechos”, advierte el observatorio.

El vínculo previo entre víctima y victimario también se consolida como una característica persistente: en el 85% de los casos existía una relación preexistente, principalmente parejas (69 casos) o exparejas (50 casos).

A pesar de esta cercanía emocional y cotidiana, el informe subraya un dato crítico: solo el 16,6% de las víctimas (35 mujeres) había realizado al menos una denuncia previa por violencia de género.

Los métodos más frecuentes utilizados por los femicidas fueron armas de fuego, golpes y apuñalamiento.

El impacto social de esta violencia deja consecuencias profundas: 111 niñas y niños menores de edad quedaron sin madre a causa de estos hechos.

En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires (incluyendo CABA) concentra la mayor cantidad de casos, con 84 femicidios. Le siguen Santa Fe (25) y Misiones (13).

Sin embargo, al analizar la tasa de femicidios en relación con la población femenina —según el Censo 2022—, el panorama se modifica. Las provincias con mayor incidencia proporcional son:

Este indicador permite identificar territorios donde la violencia letal contra las mujeres adquiere un impacto especialmente elevado en términos poblacionales.

Creado en 2016, el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación tiene como objetivo producir estadísticas precisas y confiables para contribuir al diseño y evaluación de políticas públicas de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género. Además, la institución tiene la responsabilidad de comunicar periódicamente estos datos a la Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), la Oficina de Violencia de Género (OVG) del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos presentó un informe que expone un panorama alarmante: entre enero y octubre de 2025 se registraron 10.868 expedientes judiciales, lo que representa un promedio de 1.086 casos mensuales.

Según el relevamiento, en la provincia se formula una denuncia por violencia de género cada 40 minutos.

El estudio confirma que el 88,7% de las víctimas son mujeres o niñas, con una edad promedio de 34 años, lo que evidencia el carácter estructural de esta problemática.

La violencia psicológica continúa siendo la forma predominante, presente en 57% de los casos. Le siguen:

Desde la OVG advirtieron que “la mayoría de las mujeres sufre más de un tipo de violencia de manera simultánea”, lo que complejiza las intervenciones judiciales y la implementación de medidas de protección.

El informe señala que el 79% de los hechos ocurre en el ámbito doméstico, lo que confirma que el hogar continúa siendo el espacio de mayor riesgo para mujeres y niñas.En tanto, el 15% de los episodios se produce en espacios públicos, institucionales o laborales, y el 3% corresponde a situaciones de violencia digital o telemática.

El relevamiento muestra que el 66% de los agresores son parejas o ex parejas de las víctimas. Además, el 97% de las personas denunciadas son hombres, lo que reafirma la dimensión de género de esta forma de violencia.

El 85,5% de las denuncias fueron realizadas por las propias víctimas, aunque el 84,5% de los expedientes ingresó por vía policial.

En materia de riesgo, se registraron 4.680 episodios en diez meses: 1 de cada 2,3 casos corresponde a hechos reiterados con el mismo agresor.

El informe también indica que más de 4.600 mujeres realizaron redenuncias, lo que revela la persistencia de situaciones violentas a pesar de la intervención institucional.

El estudio se elaboró a partir de la información cargada a diario por los organismos judiciales en el sistema REJUCAV, herramienta que permite sistematizar datos, dimensionar la magnitud de la problemática y diseñar políticas públicas más eficientes de prevención y asistencia.

La OVG recordó que las denuncias pueden realizarse:

Una joven de la ciudad de Crespo denunció a su ex pareja por violencia de género, luego de descubrir que el hombre había creado perfiles falsos en redes sociales para difundir imágenes íntimas sin su consentimiento. Según relató la víctima a Radio Plaza (Paraná), la situación formó parte de un patrón de acoso, manipulación y control psicológico que se intensificó durante su embarazo y posterior maternidad.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, la relación comenzó de manera aparentemente normal, pero pronto se tornó posesiva y controladora. Relató que su pareja ejercía celos constantes, la aislaba de su entorno y monitoreaba sus movimientos a través de mensajes y redes sociales. Con el tiempo, las situaciones de hostigamiento se volvieron más graves, afectando su bienestar emocional y el de su hijo.

El hecho más grave, según la denuncia, fue el uso de imágenes privadas para crear cuentas falsas en redes sociales. En ellas, su ex pareja habría publicado fotografías personales y de contenido íntimo, generando una situación de violencia digital que expuso a la joven a mensajes inapropiados y al acoso por parte de desconocidos.

La víctima relató que su expareja justificaba sus acciones con argumentos manipuladores, lo que la llevó a sentirse “atrapada y sin control sobre su propia vida”. También manifestó haber sufrido violencia psicológica, sexual y económica, sumadas al aislamiento social y a la falta de contención institucional tras su denuncia.

La mujer aseguró haber intentado realizar denuncias ante distintos organismos, pero señaló falta de acompañamiento y respuestas ineficaces. Indicó que, si bien desde la Fiscalía de Género se dictaron medidas de restricción, posteriormente otras instancias judiciales modificaron esas disposiciones, generándole mayor sensación de inseguridad.

“Me sentí sola y sin respaldo. Lo que viví fue violencia en muchos niveles, y todavía espero que mi caso sea tomado con la seriedad que merece”, expresó la joven, quien continúa reclamando protección efectiva y acceso a la justicia.

Especialistas advierten que la difusión no consentida de imágenes íntimas constituye un delito y una forma de violencia digital, reconocida en la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. Este tipo de agresión busca dañar la reputación y la integridad de la víctima, extendiendo la violencia más allá del ámbito físico o doméstico.

Desde organismos especializados se insiste en la importancia de denunciar estos hechos, conservar pruebas digitales y acudir a redes de contención como las Oficinas de Violencia de Género, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, o la línea 144, que brinda atención gratuita y confidencial en todo el país, las 24 horas.

El caso pone de relieve la necesidad de que las instituciones fortalezcan sus mecanismos de respuesta ante la violencia de género, especialmente en situaciones donde la víctima denuncia violencia psicológica y digital.

La provincia de Entre Ríos se encuentra conmocionada tras confirmarse el peor desenlace en la búsqueda de Daiana Magalí Mendieta, la joven de 22 años que había sido reportada como desaparecida el 3 de octubre. Su cuerpo fue hallado sin vida este martes dentro de un aljibe en una zona rural de Gobernador Mansilla, en el departamento Tala.

El caso, que se investiga como un posible femicidio, generó una fuerte reacción social y política. Ante la tragedia, la Multisectorial de Mujeres Entrerrianas emitió un comunicado urgente denunciando la gravedad del hecho y apuntando contra la falta de respuestas estatales ante la violencia de género.

“El caso de Daiana es la representación más cruda de la violencia machista que vivimos a diario y de la indiferencia de un gobierno que nos abandona”, expresaron desde la organización, que también llamó a la ciudadanía a movilizarse para exigir justicia y políticas efectivas de prevención.

En ese marco, la Multisectorial convocó a una concentración masiva para este miércoles a las 18:30, frente a los Tribunales de Paraná, bajo la consigna de “emergencia y hartazgo ante la pérdida de vidas”.

“Porque estamos en emergencia, porque nuestras vidas peligran cada vez más, porque no queremos seguir contando pibas muertas, porque estamos HARTAS, porque esto se tiene que terminar”, expresa el llamado difundido en redes sociales y medios locales.

La marcha buscará visibilizar no solo el reclamo de justicia por Daiana, sino también la situación de violencia estructural y desprotección que atraviesan las mujeres en la provincia. Desde la organización señalaron que el caso de Mendieta se suma a una lista de femicidios que “continúan ocurriendo sin que haya políticas reales de prevención, contención y acompañamiento”.

La fiscal Emilce Reynoso confirmó este martes que Daiana Magalí Mendieta, la joven de 22 años que estaba desaparecida desde el viernes y fue hallada muerta dentro de un aljibe en una zona rural de Entre Ríos, fue asesinada de un disparo de arma de fuego. Así lo indicaron los resultados preliminares de la autopsia realizada al cuerpo.

Según detalló la representante del Ministerio Público Fiscal, la víctima fue encontrada vestida dentro de un pozo de unos 10 metros de profundidad, con una herida de bala que habría sido la causa de su muerte, de acuerdo con los informes forenses.

El hallazgo del cadáver se produjo esta mañana en un camino rural apartado, cercano a la ciudad de Gobernador Mansilla, donde residía la joven. La calle —conocida como Los Zorrinos— conecta con la Ruta 12 y está próxima al club de campo El Silencio, a unos cinco kilómetros del acceso principal a la localidad. El cuerpo fue encontrado a unos 500 metros de la autovía.

Daiana había desaparecido el viernes por la tarde, cuando, según su familia, había salido a realizar un mandado. Tres días después, y tras una intensa búsqueda que movilizó a más de 130 personas —entre efectivos policiales, cadetes, bomberos, perros rastreadores y drones—, fue hallada sin vida.

El domingo a la madrugada se había encontrado el vehículo con el que la joven había salido de su casa. El auto, con las llaves puestas, apareció en una zona rural despoblada, a casi cuatro kilómetros del casco urbano de Gobernador Mansilla, una localidad de unos 2.500 habitantes. A partir de ese momento, se intensificó el rastrillaje en la zona, caracterizada por la ausencia de viviendas y monte, lo que complicó la presencia de testigos.

La investigación, encabezada por los fiscales Emilce Reynoso y Sergio Saliski, del Ministerio Público Fiscal de Rosario del Tala, incluye el análisis de cámaras de seguridad, entrevistas a posibles testigos y peritajes sobre teléfonos y vehículos.

En el marco de las pesquisas, el domingo a la madrugada fue detenido un hombre de 55 años, conocido en la zona como “Pino”, quien mantenía un presunto vínculo con la víctima y vivía a solo un kilómetro de su domicilio. Según informó el jefe de Policía del Departamento Tala, Pedro Silva, el sospechoso habría estado en contacto con Daiana poco antes de su desaparición.

El lunes, bajo orden de la jueza de Garantías Silvina Graciela Cabrera, se allanó un galpón alquilado por el detenido en la esquina de Moreno y Pedro Lucero, en Gobernador Mansilla. Durante el procedimiento, se secuestraron dos teléfonos celulares, dos carabinas y una camioneta Toyota Hilux blanca. El hombre fue reducido y arrestado luego de resistirse a la intervención policial e intentar manipular un arma de fuego.

Las autoridades mantienen diversas hipótesis sobre el crimen, sin descartar ninguna. Fuentes policiales indicaron que se investiga la posible simulación de un escenario para encubrir un femicidio.